Alicia de los Ríos es una historiadora y docente. Como miles de familiares en todo México, se ha dedicado los últimos lustros de su vida a buscar a su madre. Alicia de los Ríos Merino fue víctima de desaparición forzada en 1978 a manos de la Brigada Especial. También conocida como Brigada Blanca, este grupo policiaco-paramilitar del régimen tenía tareas explícitas de terrorismo de Estado contra sus opositores. Según testigos sobrevivientes, Alicia fue retenida en el Campo Militar Número 1 durante al menos seis meses.
No obstante, Alicia, su hija, manifestó en su cuenta de X, antes Twitter, la desagradable sorpresa de no encontrar a su madre en el más reciente censo realizado por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las y los desaparecidos en el país: “Mientras las autoridades federales anuncian que la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada (nuevo censo de desaparecidos) no ha borrado a nadie, mi mamá Alicia de los Ríos Merino (desapareció en 1978 y denuncié en la PGR en 2002) no aparece en ninguna categoría. Fue borrada”.
Como en el caso de Alicia, hay decenas de notorias omisiones dentro de esta nueva estrategia presidencial para maquillar el doloroso número de desapariciones en el país ante la inminencia de las elecciones presidenciales. El censo de personas desaparecidas anunciado en junio pasado por AMLO, conocido hoy como Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, tiene como finalidad exclusivamente política demostrar que el sexenio del actual mandatario no es el de mayor número de desapariciones de la historia. Sin embargo, tan sólo 40 por ciento de los reportes de desaparición de este mismo censo han ocurrido durante la actual administración federal, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Un reportaje del periodista Efraín Tzuc para Quinto Elemento Lab y A Dónde Van los Desaparecidos, publicado este lunes 22 de enero, recoge y da voz a varios casos como el de Alicia. Pero no sólo eso. Hace ver con evidencias sólidas e historias humanas que, en efecto, el presidente que ha optado por dar el mayor poder e impunidad a los militares en la historia reciente de México tiene “otros datos” sobre la crisis de desapariciones. Datos equivocados que insultan y revictimizan a miles de familias víctimas de esta tragedia sin fin.
Un primer ejemplo revelador citado por Efraín Tzuc dentro del tramposo censo ordenado por López Obrador, es el del defensor comunal de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia, desaparecido hace un año por luchar contra la imposición de la minera Ternium. Su caso, junto al del abogado Ricardo Lagunes Gasca, adquirió inusual notoriedad a nivel internacional. Sin embargo, dentro de esta nueva “estrategia” desesperada por desaparecer a los desaparecidos, Antonio Díaz Valencia está registrado como “persona ubicada”.
Cita dentro de su reportaje Tzuc a Keivan Díaz, hijo de Antonio: “El hecho de que a mi papá lo tomen en esa categoría es totalmente mentira porque no hay indicios. ¿Qué significa eso? ¿Hay un carpetazo por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda hacia el caso de mi papá? ¿Qué va a pasar? Genera mucha incertidumbre, da bastante coraje”.
La investigación revela aún más: “Bajo las categorías de ‘Personas ubicadas’/’Con indicios’, ‘Se requiere información de identidad’ y ‘Con identidad sin datos adicionales’/’Se busca reportante’ se encuentran víctimas que cuentan con resoluciones internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición, emitidas por los comités contra la Desaparición Forzada (CED) y para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y también casos mediáticos sobre los que las familias buscadoras han hecho declaraciones durante años, según pudo constatar este medio”.
El reportaje señala que las categorías para las desapariciones del censo de AMLO ni siquiera están incluidas en la Ley General de Víctimas y tampoco en la Ley General en Materia de Desapariciones, ni existen en el Protocolo Homologado de Búsqueda que asienta el método y los pasos para la búsqueda de personas desaparecidas. En fin: una ocurrencia.
Todo esto sucede mientras el gobierno federal da muestras de querer reventar las investigaciones del caso Ayotzinapa con miras al final de sexenio. Desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se está litigando para frenar la investigación que el propio presidente de México asumió –arbitrariamente– como responsabilidad personal. Los militares le han puesto freno de mano.
El desastre en el intento por rasurar radicalmente la crisis de desapariciones en México con fines electorales y, sobre todo, pasando por encima de las familias de las víctimas, ocasionará un clima de incertidumbre y desconfianza absolutos. Por no hablar de la carta abierta para que esta pesadilla continúe perpetuándose durante un sexenio más. A fin de cuentas, de lo que hablamos no es de regatear cifras con fin ideológico ni para lavarle la cara a un líder autoritario. De lo que hablamos es de vidas humanas. De lo que hablamos es de dignidad. Algo que a los gobiernos –empezando por los federales– parece serles una cualidad ajena y estorbosa.

 

 

El pasado 1 de enero se cumplieron 30 años del alzamiento indígena que sorprendió al mundo, pero sobre todo, que colocó a la autonomía como brújula de los movimientos del sur global.
A decir del pensador Raúl Zibechi, el EZLN “consiguió colocar la autonomía en el centro de los objetivos de algunos movimientos sociales de América Latina. Hasta ese momento no existía una corriente política y cultural orientada en esa dirección, implantada en la mayoría de los países de la región latinoamericana, como sucede en estos momentos”.
Si bien la guerra declarada por el movimiento zapatista contra el Estado mexicano en 1994 fue también un guerra contra el olvido, desde entonces las comunidades zapatistas han ido desarrollando mediante la acción –y muchas veces a partir del error como herramienta aleccionadora de este largo proceso de aprendizaje– una forma autosostenible de vida que abarca la educación como corazón de la propia autonomía, pero también en el ámbito de la salud y el trabajo.
Nada de esto sería posible sin un territorio. A nivel territorial, la recuperación de tierras por parte de los pueblos zapatistas a lo largo de estas décadas ha sido la plataforma para que ese modo de vida digno y autogestivo esté teniendo lugar. En dichas tierras han nacido ya al menos tres generaciones que han visto la luz en plena organización y autosostenibilidad.
A diferencia del grueso del territorio a cargo del Estado mexicano que se encuentra en una guerra simbiótica de la mano del propio crimen organizado, los territorios zapatistas están libres de feminicidios, narcotráfico, asesinatos dolosos y desapariciones forzadas.
Se ha visto hasta el cansancio en los últimos sexenios: si el crimen organizado es la avanzada informal solapada por el Estado para la posterior entrada de la militarización como estrategia de despojo y la subsecuente imposición de megaproyectos extractivistas de los recursos de los pueblos, los territorios zapatistas han resistido además a ese embate. Ello a pesar del sistemático asedio bajo el que los han mantenido los gobiernos mexicanos de todos los partidos políticos hasta la fecha.
Este asedio contra las bases de apoyo zapatistas se ha agravado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mediante una guerra paramilitar de baja intensidad como castigo al EZLN por no haberse alineado a su proyecto monolítico de izquierda capitalista y extractivista, acostumbrado a arrasar en su megalomanía, literalmente, con todo (así lo muestra, por ejemplo, el desastroso ecocidio documentado del mal llamado Tren Maya, al que el EZLN se ha opuesto abiertamente). En esta columna se ha dado registro en los últimos años de que tan sólo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas demostró los casi 200 ataques paramilitares contra comunidades zapatistas en el lapso de 2019 a 2022 del actual gobierno.
En este contexto, y en el marco del festejo por los 30 años del levantamiento zapatista, el subcomandante insurgente Moisés, vocero del EZLN, declaró que “la propiedad debe de ser del pueblo y común. Y el pueblo tiene que gobernarse a sí mismo”. El concepto de “lo común” ha sido reiterado en la presente etapa de reorganización en el proceso autonómico zapatista. Y ahondó: “Compañeros y compañeras bases de apoyo, estamos comprometidos ahora. Estamos solos, como hace 30 años. Porque solos hasta ahorita hemos descubierto ese nuevo camino que vamos a seguir: el común”.
“El común”, luego de un consenso tras largos meses de asambleas entre las bases de apoyo zapatistas y el aprendizaje de todos estos años, en palabras del subcomandante Moi, consiste en “establecer extensiones de la tierra recuperada como del común. Es decir, sin propiedad. Ni privada, ni ejidal, ni comunal, ni federal, ni estatal, ni empresarial, ni nada. Una no propiedad de la tierra. Como quien dice: ‘tierra sin papeles’. Entonces, en esas tierras que se van a definir, si preguntan de quién es ese terreno o quién es el propietario, pues se va a responder: ‘de nadie’, es decir ‘del común’”.
Sigue el subcomandante: “Una parte importante es que, para que se pueda lograr esto, tiene que haber un acuerdo entre los pobladores sin importar si son partidistas o zapatistas. O sea que tienen que hablar entre ellos, no con los malos gobiernos. Eso de buscar el permiso de los malos gobiernos sólo ha traído divisiones y hasta muertes entre mismos campesinos”.
O en palabras del propio Zibechi: “El progresismo es la ofensiva más fuerte contra los pueblos. Está envuelta con los códigos de los pueblos. Y eso representa la 4T. Una de las ofensivas más fuertes contra el EZLN”.

 

La escritora Saidiya Hartman usa el concepto “violencia de archivo” o “silencio archivístico” para referirse al fenómeno del borrado o desaparición de las narrativas, las historias, las vidas humanas de los esclavos negros en Estados Unidos. “Este silencio en los archivos, en conjunto con la solidez del fuerte o del barracón no como una celda de captura o como un espacio de reclusión sino como un episteme*, ha enfocado la historiografía del comercio de esclavos principalmente en cuestiones cuantitativas y en asuntos de mercados y comercio”, afirma Hartman.
En el texto Venus en dos actos, Saidiya Hartman se plantea la dificultad de hallar relatos sobre la esclavitud más allá que como cifras exentas de todo rasgo de humanidad. Guardando sus muy sensibles proporciones, en México no hemos estado muy lejanos durante las últimas dos décadas de un fenómeno vecino: de pronto las masacres cotidianas, los feminicidios, las desapariciones forzadas, han pasado a perder su doloroso rostro humano y de tejido social para volverse frías cifras burocráticas. Cifras que, al adquirir mero carácter administrativo, son mucho más sencillas de manipular por el poder, por el Estado.
Dice Hartman que la pérdida de esos dramas humanos para una familia o comunidad, esas historias no contadas en cada mujer asesinada, en cada desaparición forzada, “agudiza el apetito por ellas. De esta forma es tentador llenar las brechas y proveer un cierre donde no hay ninguno. Crear un espacio para el luto donde éste está prohibido. Fabricar un testigo para una muerte que no es muy percibida”.
En México, el periodismo ha llenado muchas veces estos huecos narrativos tan dolorosos, convirtiéndose así en una especie de comisión de la verdad en tiempo real en medio del infierno. Sólo que a costa, muchas veces, de las propias vidas de esas y esos periodistas.
¿Cuáles serían entonces –se pregunta Hartman– los lineamientos de esta nueva narrativa que parece urgente para llenar los silencios impuestos por el Estado? Dicho de otra forma, “¿cómo escribir la crónica de una muerte anunciada y anticipada, en forma de una biografía colectiva de sujetos muertos, como una contra-historia de lo humano, como una práctica de libertad?”.
Y aún más allá: “¿Cómo puede la narrativa encarnar a la vida en palabras y al mismo tiempo respetar lo que no podemos saber? ¿Cómo escuchar los gruñidos y llantos, las canciones indescifrables, el ruido del fuego en los cañaverales, los lamentos por los muertos, los gritos de victoria, y luego asignarle palabras a todo esto? ¿Es posible construir una historia desde ‘el lugar del habla imposible’ o resucitar vidas de las ruinas? ¿Puede la belleza proveer el antídoto al deshonor, y el amor una manera de ‘exhumar llantos enterrados’ y reanimar a los muertos?
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy persistente en imponer su narrativa desde el poder para silenciar las vidas de miles de personas asesinadas y desaparecidas durante la guerra que él mismo ha decidido mantener durante su sexenio. Incluso ha ido más allá en su monopolio del soliloquio desde el poder: luego de las últimas masacres en Guanajuato de un grupo de cinco estudiantes de medicina en Celaya y al menos 12 personas asesinadas en una posada de Salvatierra el pasado 16 de diciembre, le ha atribuido con toda frialdad la responsabilidad de esos homicidios a las propias víctimas bajo una vieja premisa nixoniana –y después calderonista– dentro de la retórica de la mal llamada guerra contra las drogas: “Ellos se lo buscaron. Estaban metidos en algo malo. Estaban buscando drogas con el cártel equivocado”. Los exámenes toxicológicos de los cinco cuerpos de los estudiantes de Celaya, por principio, han desmentido la insensible estigmatización de AMLO.
El presidente, de nuevo, ha señalado, ha criminalizado a la víctimas, a las familias de los desaparecidos y a sus acompañantes legales. Una vez más, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez –fundamental en el acompañamiento de las luchas de las familias de los casos Ayotzinapa, Tlatlaya o las mujeres de Atenco, por mencionar sólo tres– ha sido víctima injustamente del escarnio enfurecido del patriarca.
No contento con ello, y en su afán patológico por pasar a la historia como un prócer de moral cristiana intachable, AMLO ha avanzado en la que quizá sea una de sus más indignas tareas dentro de su narrativa avasalladora: borrar a los desaparecidos.
El oscuro censo federal de desapariciones hecho a modo –y del que no está en absoluto clara la metodología más allá de llamadas telefónicas– arrojó que la cifra oficial de más de 110 mil desaparecidos bajó a una inexplicable cantidad de sólo 12 mil de un día para otro. ¿Cómo ocurrió eso? Nadie lo sabe más allá del afán de llevar a cabo una doble desaparición de los desaparecidos. Colectivos, familiares y madres de desaparecidos lo han tomado como una burla después de que AMLO tildara su lucha como “una simulación” y de que se ha negado sistemáticamente a recibirlos. Este 18 de diciembre han instaurado por esa razón un plantón frente a las vallas militares en las que se resguarda AMLO en su palacio.
En México la llamada 4T está abriendo un peligroso vacío: está realizando un borrado de víctimas sin verdad ni justicia, un borrado de las experiencias de los cuerpos no combatientes dentro de la guerra informal que padecemos. El silencio y la violencia de archivo en los censos oficiales, en efecto, los está imponiendo hoy en día el poder con toda claridad para borrar el genocidio de los pueblos, de los jóvenes y las mujeres, de la gente de abajo que ocurre diariamente.

* De acuerdo con la RAE, episteme significa:
1. f. Conocimiento exacto.
Sinónimo: conocimiento, ciencia.
2. f. Conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas.
3. f. Saber construido metodológica y racionalmente, en oposición a opiniones que carecen de fundamento.

@tryno

 

En las recientes semanas ha aparecido una serie de comunicados con motivo de la celebración de los primeros 40 años de existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y casi treinta de su alzamiento. En ellos, la comandancia da a conocer la nueva composición de su estructura organizativa, es decir: las nuevas formas que ha adquirido su autonomía luego de décadas de procesos asamblearios entre sus bases.
Los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez) y las Juntas de Buen Gobierno, como afirma el EZLN, “no fueron todo mal. Hay que recordar cómo llegamos a ellos y a ellas. Para los pueblos zapatistas fueron como una escuela de alfabetización política. Una auto alfabetización”.
Los Marez fueron territorios bajo control de las bases de apoyo zapatistas y declarados en autonomía en diciembre de 1994 hasta el pasado 5 de noviembre de 2023. Y fueron, en efecto, hasta este mes un gran laboratorio en la práctica de procesos autonómicos en todos los aspectos de la vida. Estos procesos se volvieron modélicos para organizaciones de todos los continentes. El EZLN como estructura militar acordó desde hace décadas no mantener una participación en dichos espacios de auto gobierno, pues en sus principios básicos inscritos en el Mandar Obedeciendo no está la toma del poder: ningún mando o miembro del Comité Clandestino Revolucionario Indígena pudo ocupar cargos de autoridad o gobierno en estos espacios. Lo mismo para las Juntas de Buen Gobierno.
Los “caracoles” zapatistas, por su parte, eran hasta este año las regiones organizativas de las comunidades autónomas zapatistas. Fueron creados en 2003 como reemplazo de la forma precedente de organización, llamados los “aguascalientes”. Los caracoles, como se sabe, cubrieron también la necesidad de desdoblar la relación entre las comunidades zapatistas, de las comunidades con el EZLN y de las propias comunidades autónomas con el mundo exterior. Las Juntas de Buen Gobierno (JBG) se solían conformar con representantes de los Marez de las comunidades que formaban parte de cada caracol; sus miembros eran rotativos y reemplazables en todo momento.
“La mayoría no sabíamos leer, ni escribir, ni hablar español. Además, hablamos distintas lenguas. Eso fue bueno, porque entonces nuestra idea y nuestra práctica no vino de fuera, sino que tuvimos que buscar en nuestras cabezas, en nuestra historia como indígenas, en nuestro modo pues. Nunca habíamos tenido la oportunidad de gobernarnos. Siempre fuimos gobernados. (…) La situación en la que estábamos pues era de muerte y desesperación. Nos cerraron todo. No había ni puertas, ni ventanas, ni rendijas. Como que querían que muriéramos ahogados. Entonces pues, como quien dice, tuvimos que abrir una grieta en ese muro que nos encerraba y nos condenaba. Como si todo fuera oscuridad y con nuestra sangre prendiéramos una lucecita. Eso fue el alzamiento zapatista, una lucecita en la noche más oscura”.
“Y lo más importante que aprendimos en los Marez es que la autonomía no es de teoría, de escribir libros y hacer discursos. Es de hacer. Y lo tenemos que hacer nosotros como pueblos, y no esperar que alguien viene a hacerlo por nosotros. Todo eso es, digamos que lo bueno de Marez: una escuela de autonomía práctica”.
En palabras del subcomandante insurgente Moisés, “la vocación zapatista, si alguien nos apura a una definición lacónica, es entonces ser buena semilla”.
“Lo que queremos es heredar vida. Lo que hagan con ella otras generaciones será su decisión y, sobre todo, su responsabilidad. Así como nosotros heredamos vida de nuestros ancestros, tomamos lo que consideramos valioso y nos asignamos una tarea. Y, claro, nos hacemos responsables de la decisión que tomamos, de lo que hacemos para cumplir esa tarea, y de las consecuencias de nuestras acciones y omisiones.
“No pretendemos heredar leyes, manuales, cosmovisiones, catecismos, reglas, rutas, destinos, pasos, compañías que, si se ve con detenimiento, es a lo que aspiran casi todas las propuestas políticas.
“Nuestra pretensión es más sencilla y terriblemente más difícil: heredar vida”.

 

METALES PESADOS

 

Este 17 de noviembre se cumplen 40 años del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Libertad. Democracia. Justicia. Salud. Alimentación. Vivienda. Esas eran parte de sus exigencias. Tras la traición del Estado mexicano a los Acuerdos de San Andrés muchos de estos ámbitos han crecido en autonomía y se han vuelto autosuficientes en las comunidades zapatistas que hoy abarcan un considerable territorio ganado al Estado.
La reforma al Artículo 27 constitucional que permitía la privatización de los territorios de los pueblos indígenas y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 1994 –hoy en día ratificado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador– fue el contexto adverso en el que los pueblos cada vez más organizados alzaron la voz para decir que existían, tenían derechos y exigían, por tanto, una profunda reforma del Estado para ser reconocidos en un nuevo proyecto de nación que el liberalismo vino construyendo durante los últimos 200 años.
El levantamiento zapatista implicó una modificación profunda. Creó las posibilidades que ya estaban en una perspectiva distinta. En palabras de Carlos González –miembro de la coordinación del Congreso Nacional Indígena del que forma parte el EZLN–, a partir de entonces “los pueblos empezaron a juntarse distinto a la lógica de aislamiento de la Revolución mexicana; empezaron a generar organización colectiva. Lo que se aceleró con las mesas de San Andrés. Nuestras comunidades adquirieron significativa conciencia de su existencia, de su historia, de su importancia en el conjunto del tejido de la nación. Antes de 1994 nuestros pueblos eran menospreciados. El zapatismo hizo estallar esa inercia. Un impacto decisivo desde los lugares en los cuales luchamos. Tuvo efectos políticos directos sobre los pueblos originarios”.
Pero hubo efectos significativos del EZLN también en las ciudades, en la vida cultural, intelectual y artística del país. En movimientos no sólo de México y no sólo indígenas, sino también de buena parte del mundo. Hay una influencia indiscutible del zapatismo en sectores significativos de las izquierdas latinoamericanas, europeas y de las izquierdas más críticas de los abajos.
“El EZLN vino a cambiar el lenguaje de lo político y le viene a dar un contenido inédito”, afirmó alguna vez la antropóloga Alicia Castellanos. “Un lenguaje democrático que marcaba una postura ética: marcado por la inclusión de género, de la diversidad cultural, sexual, de modos de participación en lo político y que marcó la lucha. Rompía con los discursos de partido, de una izquierda que siempre privilegió lo electoral, y a distanciarse tremendamente de las organizaciones populares. Un discurso poético que atrajo muchísimo a la sociedad civil, que impactó en el ámbito universitario. Propuestas por la ética y por la estética de dimensión nacional e internacional. En la práctica se va consolidando en los procesos organizativos y autonómicos. Además de la participación de las mujeres en la acción y organización como profunda conciencia anti-patriarcal”.
En el más reciente comunicado de noviembre 12, el subcomandante insurgente Moisés detalla la nueva estructura de la autonomía zapatista que han consensuado las comunidades después de 10 años de deliberación entre sus bases:
“La base principal, que es no sólo donde se sostiene la autonomía, también sin la cual no pueden funcionar las otras estructuras es el Gobierno Autónomo Local (GAL). Hay un GAL en cada comunidad donde habitan bases de apoyo zapatistas. Los GAL zapatistas son el núcleo de toda la autonomía. Son coordinados por los agentes y comisariados autónomos y están sujetos a la asamblea del pueblo, ranchería, comunidad, paraje, barrio, ejido, colonia, o como se autonombre cada población. Cada GAL controla sus recursos autónomos organizativos (como escuelas y clínicas) y la relación con pueblos hermanos no-zapatistas vecinos”.
El pensador Raúl Zibechi ha sido enfático en que, a 40 años de la fundación del EZLN, “el gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador está lanzando una guerra de desgaste contra los territorios autónomos zapatistas impulsando a grupos paramilitares”. Y ha dicho que “la autonomía es como la vida práctica de los pueblos: sucede en todo momento, en todos los espacios, independientemente del lugar donde estemos. La autonomía no puede ser sino colectiva. La autonomía no son instituciones. La autonomía son prácticas. Se emparienta con el autogobierno.” Tal como en los procesos de praxis del EZLN.
Debido a todo esto, el EZLN se ha reorganizado este año en estructura y disposición en vías de aumentar la defensa y seguridad de los pueblos y recursos en caso de más “agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales”. Se han preparado, en sus propias palabras, “para que sobrevivan nuestros pueblos, incluso aislados unos de otros”.
“El progresismo es la ofensiva más fuerte contra los pueblos”, ha concluido Zibechi. “Está envuelta con los código de los pueblos. Y eso representa la 4T. Una de las ofensivas más fuertes contra el EZLN”.

Vivimos en condición de “colonialismo interno”. Una condición social que pretende otorgar oportunidades y ciudadanía a los individuos, pero únicamente bajo criterios de exclusión o inclusión similares a los de la situación colonial.
La imposición del pensamiento colonial jerarquizó las culturas letradas por encima de las culturas visuales originarias. No es un hecho anecdótico. Es un proceso de desautorización de esas otras escrituras, de su narrativa y de los pensamientos complejos depositados en esa escritura.
Afirma la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui que en la condición colonial hay una función muy peculiar para las palabras: ellas no designan, no revelan, sino que encubren, velan. A diferencia de las culturas visuales, las culturas de las palabras pueden fácilmente desentenderse de las acciones que reclaman y dan vida a esas mismas palabras. Los relatos de ciencia ficción del escritor contemporáneo Ted Chiang dan muchas veces cuenta de ello.
Se puede escribir y hablar mucho condenando el racismo, el machismo, la injusticia, la corrupción, el capitalismo o el clasismo, mientras esos conceptos subyacen y perviven simultáneamente en las acciones cotidianas de quienes las enuncian.
A lo largo de las últimas semanas han ido apareciendo, uno a uno, los más recientes comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si una lucha de los abajos en nuestros territorios ha resultado modélica en otros continentes, ha sido, sin lugar a dudas, la del EZLN. Pero además, ha sido ejemplar en su uso de la palabra. Una palabra digna y una lucha sabedora de la importancia de ese otro territorio, el territorio de lo simbólico: quizá donde se juega gran parte de las resistencias actuales contra los megaproyectos, despojos y guerras contrainsurgentes emprendidos por los gobiernos neoliberales hoy en día.
1. Los motivos del lobo. En el comunicado difundido el 22 de octubre pasado, el EZLN utilizó como epígrafe el poema del escritor nicaragüense Rubén Darío donde Francisco de Asís se topa con un lobo que está causando estragos en la región. Francisco pacta con el temible lobo para que abandone su naturaleza depredadora y haga una tregua con la aldea. Sin embargo, el lobo regresa inevitablemente a su comportamiento y asola de nuevo los rebaños y a la aldea después de una temporada en la que se desencanta del mendaz comportamiento humano. Cuando Francisco confronta al lobo por las quejas de los aldeanos, él le responde: “Y así, me apalearon y me echaron fuera. / Y su risa fue como un agua hirviente, / y entre mis entrañas revivió la fiera, / y me sentí lobo malo de repente; / mas siempre mejor que esa mala gente. / Y recomencé a luchar aquí, / a me defender y a me alimentar. / Como el oso hace, como el jabalí, / que para vivir tienen que matar. / Déjame en el monte, /déjame en el risco, / déjame existir en mi libertad, / vete a tu convento, hermano Francisco, / sigue tu camino y tu santidad”.
2. ¿Los muertos estornudan? En su siguiente comunicado, una semana más tarde, el EZLN declara “la muerte” simbólica del Subcomandante Galeano –antes conocido como el Subcomandante Marcos–, vocero e integrante del Comité Clandestino Revolucionario Indígena que se alzó en armas contra el (mal) gobierno mexicano en 1994.
3. Dení. Las y los zapatistas dan cuenta de su lectura del momento actual –el despojo, la guerra informal contra los pueblos, el crimen organizado como avanzada de esa pedagogía de terror promovida desde el Estado opresor, patriarcal y capitalista, los estragos del cambio climático–, que ya avizoraban hace más de 10 años: “Como ya sabemos, en todos estos últimos años, nos hemos estado preparando para esta oscuridad. 10 años llevamos preparándonos para estos días de dolor y de pena para quienes somos todos los colores que somos de la tierra. 10 años revisando autocríticamente lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que decimos y callamos, lo que pensamos y miramos. Nos hemos preparado a pesar de traiciones, calumnias, mentiras, paramilitares, cercos informativos, desprecios, rencores y ataques de quienes nos reprochan no obedecerlos. (…) Como zapatistas que somos, nuestro mirar es del tamaño de nuestro corazón, y nuestro caminar no es de un día, un año, un sexenio. Nuestro paso es largo y deja huella, aunque no se mire ahorita o ignoren y desprecien nuestro camino”.
4. Varias muertes necesarias. El más reciente de esta serie de comunicados apareció el pasado 5 de noviembre. En él se da cuenta del consenso de los últimos meses entre las comunidades zapatistas para desintegrar las formas de gobierno conocidas como Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez) y las más antiguas juntas de gobierno. En cambio, los caracoles se mantienen como nodos de autogobierno, pero permanecerán cerrados “hasta nuevo aviso”.
El EZLN anuncia, por último, que en los subsiguientes comunicados se irá detallando el proceso de años bajo el cual se ha ido gestando la nueva estructura de la autonomía zapatista. Una autonomía que al Estado mexicano, sexenio tras sexenio, le ha incomodado y no ha cejado en querer destruir. Los zapatistas, a través de los años han afirmado, sin embargo, que “no morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder”.

@tryno

 

METALES PESADOS

Andrés Manuel López Obrador eligió a las fuerzas armadas como su principal aliado y beneficiario desde su primer día en el poder. Hay indicios sistemáticos, no obstante, que apuntan a que los militares jamás han estado subordinados al Poder Ejecutivo durante este sexenio. Ni tampoco que lo harán en ninguno de los múltiples ámbitos de la vida pública en los que se les ha dado carta abierta. Eso, al menos, durante los próximos seis años.
El sometimiento de AMLO ante los militares no sólo es simbólico sino, en términos materiales, pecuniario: 20 por ciento del PIB anual estará destinado –gracias al partido del presidente en el poder– a los bolsillos castrenses, la élite más privilegiada e intocable de este sexenio.
Hace unas semanas, el periodista John Gibler, autor de la crónica Ayotzinapa: una historia oral de la infamia, publicó a través de Quinto Elemento Lab una entrevista con Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). Desde su estadía confidencial en Estados Unidos –un exilio obligado tras renunciar a su cargo en la UEILCA–, Gómez Trejo afirma que una “orden de Estado” fue lo que llevó a cancelar en 2022 las múltiples órdenes de aprehensión contra 20 de los militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
En cambio, a decir de Gómez Trejo en la detallada entrevista con Gibler, por el mismo mandato de Estado fue en que tan sólo veinticuatro horas se construyó la carpeta que permitió judicializar al ex procurador Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “verdad histórica”.
Quizá lo más revelador de la charla con el ex titular de la UEILCA es cómo desde el propio gobierno se propició el boicoteo y la final desarticulación del órgano supuestamente encargado de las indagaciones sobre la desaparición forzada de los normalistas. Esto a pesar de que el propio AMLO se montó en la desgracia y el dolor de las familias de los desaparecidos para hacerse del poder durante su campaña a la presidencia. (No hay que olvidar nunca que el primer decreto que firmó durante su gobierno fue el acuerdo para resolver el caso de los 43 estudiantes.) Las investigaciones oficiales, no obstante, están prácticamente en el mismo sitio en que el gobierno de Enrique Peña Nieto las dejó.
En el texto de John Gibler se detalla cómo el viernes 12 de agosto de 2022 Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general de la República (FGR), llamó a su oficina al responsable para el caso Ayotzinapa: “Omar –cuenta Gómez Trejo que le dijo el fiscal–, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso, qué hay, qué avances. Tengo un desayuno el próximo lunes”.
Lo que Gómez Trejo no pudo imaginar es que a ese mismo desayuno asistiría el propio presidente AMLO; el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Zaldívar, y el ahora exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas (quien acaba de tirar la toalla en el caso Ayotzinapa y la Comisión de la Verdad sin pena ni gloria para irse, como todos los de su clase, de campaña política).
“Él no lo sabía ni tenía cómo saberlo, pero en ese desayuno todos se pondrían de acuerdo y darían luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del caso Ayotzinapa, y provocarían su salida del país. Ajeno a lo que se desataría ese viernes de verano, en el piso 25 del edificio de la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Trejo le dijo a su jefe que sí, que manos a la obra”, cuenta Gibler en su texto.
“Yo me voy a Israel. Salen las órdenes de aprehensión”, cuenta Gómez Trejo. “Y después, cuando regreso, no tengo policía, no puedo seguir investigando, me van a hacer una auditoría y todo eso. Y hay un equipo por otro lado que está queriendo cancelar las órdenes de aprehensión. Y ahí el fiscal dice: ‘usted ya no se mueva, usted ya no haga nada’. Ahí quedé paralizado”.
En ese lapso, como afirma Gibler, llamó al subsecretario Encinas: “Dijo que estaba pasando algo que no entendía. Es porque judicializaste a militares. Le digo: pero esa fue la petición. O sea, sí hubo una petición, nosotros estábamos listos para judicializar y lo hicimos. Pues no fue así, dijo Encinas, porque te excediste en cuanto al número de militares. Al final me explicaron que al parecer no se pusieron de acuerdo entre las distintas instancias que tomaron esos acuerdos”.
La realidad es mucho más elocuente que cualquier discurso de las conferencias matutinas. AMLO, al final de su sexenio, ha tenido la desfachatez no sólo de proteger a los militares en casos probados de crímenes de lesa humanidad. Sino que, encima, ha condecorado en días pasados a algunos de sus verdaderos patrones. Como el general Salvador Cienfuegos, implicado por la cadena de mando en la desaparición forzada de los 43 normalistas al fungir como secretario de la Defensa Nacional, y además con acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero en una corte de Estados Unidos.

 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador le debe toda su formación política al PRI, el partido de Estado que impuso un régimen unívoco en México durante más de siete décadas. A lo largo del siglo pasado e inicios de éste, a los gobiernos del PRI les debemos decenas de masacres cometidas y justificadas desde el poder; perpetradas muchas de ellas por las fuerzas armadas bajo su mando.
La masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco en 1968. La matanza de al menos 70 estudiantes el 10 de junio de 1971 recordada como “el halconazo”. La matanza de Aguas Blancas en 1995. La masacre de Acteal en 1997. La represión en Atenco en 2006. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, efectuada en 2014 y aún sin verdad ni justicia. Tan sólo por nombrar algunos de los oprobios contra el pueblo de México que el partido formador de actual presidente perpetró.
Leal a la disciplina inculcada en su gen priista, y al cumplirse 55 años de la herida de Tlatelolco, AMLO reivindicó a las fuerzas armadas en un momento sumamente sensible para el país. En su administración han ocurrido 153 mil 941 homicidios dolosos; 42 mil 935 personas desaparecidas; 69 periodistas y 94 personas defensoras de la tierra y el territorio asesinadas; pueblos indígenas desplazados por militares o paramilitares, además de ejecuciones extra judiciales a manos de las fuerzas armadas.
En su conferencia de prensa matutina con motivo de la masacre en Tlatelolco –donde al menos 300 estudiantes fueron acribillados por el Ejército y el llamado Batallón Olimpia– AMLO exculpó al Ejército Mexicano de un crimen que sigue doliendo como la herida no cerrada que es para la sociedad: “Hay que considerar que en esos momentos difíciles como el 2 de octubre del 68 el Ejército recibe órdenes. El Ejército actúa, en casos como esos, no en todos los casos pero sí en casos como esos, recibiendo órdenes del comandante supremo de las fuerzas armadas, en ese entonces era el presidente Gustavo Díaz Ordaz”, fue lo que afirmó el habitante del Palacio Nacional.
Sin embargo, López Obrador entra en una contradicción fundamental en cuanto a su defensa de las fuerzas armadas en el plano actual. Durante esa misma semana, al referirse al caso sin resolver de los 43 normalistas de Ayotzinapa, absolvió públicamente una vez más al Ejército. Sin prueba alguna, y yendo en contra los cientos de pruebas demostradas por el GIEI a lo largo de nueve años y seis informes, afirmó que en la desaparición forzada de los estudiantes sólo participaron algunas manzanas podridas del Ejército y no el comandante supremo en turno. De ninguna manera la institución, ni el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ni mucho menos el “demócrata” del ex presidente Enrique Peña Nieto –dos oscuros personajes por los que AMLO suele meter las manos al fuego.
Pero no sólo eso. Superando la campaña de desprestigio y presión que su antecesor Peña Nieto realizó durante su mandato contra los representantes de las familias de Ayotzinapa y miembros del GIEI para frenar sus labores de investigación en nuestro país, AMLO ha ido más lejos. “Buitres, es temporada de zopilotes”, señaló respecto a colectivos, organizaciones y abogados que durante casi una década han caminado con las familias de Ayotzinapa. En otra de sus homilías matutinas, les dijo: “Ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad. Yo hablaba con ellos (el GIEI) y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui, y otra cosa es la realidad”.
Parece que, en su borrachera de poder o en su analfabetismo selectivo, AMLO ni siquiera se ha enterado de la publicación de los seis extensos y minuciosos informes del GIEI, donde facilitan las líneas claras de investigación para dar con el paradero de los 43 normalistas. Pero, desde luego, la principal de esas líneas conduce directamente a la participación en las desapariciones forzadas de su institución de Estado privilegiada: el Ejército.
AMLO parece olvidar también, en otro ataque de amnesia selectiva, que si alguien se montó sin escrúpulos en el dolor de las familias de Ayotzinapa en su desnuda lucha por el poder, fueron él y sus simpatizantes. La burocratización del dolor a la que su administración ahora ha sometido a los familiares de los desaparecidos no tiene parangón: al menos tres de los padres han perdido la vida durante las búsquedas de sus hijos, la exigencia ante las autoridades por justicia y las protestas por todo el país y el extranjero.
¿Qué le debe AMLO al Ejército Mexicano? ¿Por qué lo tienen tan sometido, al grado de contradecirse a sí mismo en sus principios más básicos, si es que alguna vez los tuvo? ¿Qué fue lo que le ordenó el general Salvador Cienfuegos durante aquella reunión a puertas cerradas en agosto del 2018 antes de la transición al poder? Sólo el tiempo nos los contestará. Tal vez. Y no serán, en definitiva, respuestas gratas ni cómodas para el líder supremo y transformador. En todo caso, terminarán incriminándolo por su responsabilidad como una pieza más de este intrincado mecanismo de encubridores que es el caso Ayotzinapa.

 

METALES PESADOS

El 14 de octubre de 2016, al término del V Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se emitió el comunicado “Que retiemble en sus centros la tierra”. Entre los acuerdos de las mesas de trabajo de la asamblea se consensó, entre otras cosas, llevarse a consulta entre los más de 500 pueblos indígenas que integran el CNI desde 1996, el conformar desde abajo un Concejo Indígena de Gobierno. En él, cada pueblo debería nombrar como representante a dos concejales –un varón y una mujer– y, finalmente, una vocera indígena que hiciera visibles los nueve ejes temáticos de dicha asamblea por todo el país. De paso, también hackear la agenda de la contienda electoral de 2017.
En consecuencia, entre el 26 y el 29 de mayo de 2017, en el Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas AC-Universidad de la Tierra Chiapas (Cideci-Unitierra) se reunió de nuevo, como acostumbra hacerlo desde hace décadas, el Congreso Nacional Indígena (CNI). En esta enorme asamblea de la nominada “casa de los pueblos”, se instauraron tres mesas de trabajo para lograr los resolutivos del histórico primer Concejo Indígena de Gobierno.
Delegados indígenas de todas partes del país –y más allá de las fronteras en las que los estados-nación arbitrariamente los han pretendido cercenar– iban y venían por las instalaciones del Cideci: wixaritaris, chontales, cocas, rarámuris, yaquis, sioux, zapotecos, nahuas… Entre todos ellos y ellas, eran, sin embargo, los rostros encapuchados del EZLN los que atraían las lentes de las cámaras. A lo largo de los siguientes días y meses los medios reproducirían el error de identificar a María de Jesús Patricio –Marichuy, vocera del instaurado Concejo Indígena de Gobierno (CIG)– como la “vocera del EZLN”.
En pleno 2023 los partidos políticos capitalistas presumen la incursión de una primera mujer indígena para ser candidata a presidenta dentro del simulado sistema electoral con el que tienen secuestrada la imaginación política del país. Pero ya desde entonces Marichuy –curandera nahua de Tuxpan, Jalisco– había recorrido cada rincón y cada región de México tejiendo redes desde abajo y a la izquierda. Pero, sobre todo, haciendo algo que la clase política de arriba jamás ha sabido hacer y que se niega a hacerlo: escuchar, tomar nota, llevarse consigo los dolores de los pueblos víctimas del despojo, del militarismo, del paramilitarismo, de la represión, las desapariciones, los asesinatos selectivos y los feminicidios.
El resultado del llamado de Marichuy durante la contienda electoral pasada fue echarles a perder la fiesta a los de arriba, a los poderosos, al dejar en evidencia lo que para muchos es invisible: al sistema necro-político capitalista de partidos le incomoda una mujer indígena elegida en asamblea y no desde las cúpulas criollas.
Aquel fin de semana memorable de 2017 en el Cideci –hoy caracol zapatista Jacinto Canek– se congregó una de las mayores reservas morales en resistencia de México. Y no había otro modo: la lucha de los pueblos indígenas es una lucha a contrarreloj frente al despojo neoliberal que asume diferentes formas de necro-política –ahora en su modalidad 4T–, a las que ellas y ellos llaman con un mismo nombre: capitalismo. Es también una lucha a contrarreloj, por tanto, por la vida.
Pero la lucha y la resistencia anticapitalista no sólo se lleva a cabo en los territorios. Esa resistencia se hace extensiva, además, a las parcelas de la imaginación, al territorio de lo simbólico. Desde su llegada al poder, el mal gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación ha pretendido apropiarse del imaginario y los símbolos de los pueblos indígenas. El bastón de mando vacío –indigno, sin trabajo meritorio que lo respaldara, sin tequio detrás, sin asamblea, meramente cosmético– que AMLO le entregó a su candidata favorita Claudia Sheinbaum para las próximas elecciones presidenciales es el más claro y burdo ejemplo de ese hurto a la imaginación de los pueblos desde el poder.
En vías totalmente opuestas, aquel día de 2017 en que Marichuy acudió a solicitar su constancia de registro ante el INE, se le escuchó decir frente una multitud: “Vamos a caminar al estilo de los pueblos indígenas: con apoyo de las gentes, con el apoyo de nuestras comunidades, así como se hacen las fiestas. Que quede claro que no vamos a recibir ni un solo peso del Instituto Nacional Electoral. Nuestras propuesta es diferente, nuestra propuesta es colectiva; no es como ellos lo tienen diseñado, donde es una persona la que decide y se hace lo que esa persona dice”.
Ante las críticas de la izquierda partidista que decían que la intención de Marichuy era “dividir el voto” por considerarla una amenaza, ella siempre tuvo claro que la propuesta del CIG nunca fue llegar arriba como ellos, los poderosos, sino que la finalidad de su recorrido fue siempre llegar abajo, a los muchos abajos de este país tan lacerado.

 

El Estado es el concepto más violento que se haya creado. El pacto social es el primer acto de violencia que se impone y atraviesa a los seres humanos nacidos en él. El sometimiento de los individuos a una supuesta universalidad común es el primer acto violento. Y se ensaña contra quienes son despojados de toda representación, de recurso simbólico, de rostro. En ese pacto, en ese sistema de Estado-nación, muchos seres humanos se vuelven, por tanto, residuales. Mujeres, indígenas, campesinos, homosexuales…
Los rostros de los más de 110 mil desaparecidos en el México actual son un agujero en la realidad. Un duelo suspendido que jamás llega y que se vuelve intolerable.
Al entrevistar durante la última década a decenas de familiares de desaparecidos, su descripción de ese dolor agónico y prolongado en el tiempo suele coincidir en una metáfora como esta: un desgarrarse del corazón. Cada día. Todos los días desde hace años. Una pesadilla sin fin. Una pesadilla para que la violencia de Estado y el gobierno en turno que lo administra parecería no tener oídos. “No oigo”, dijo Andrés Manuel López Obrador cuando periodistas lo cuestionaron sobre la desaparición de los cinco muchachos de Lagos de Moreno hace unas semanas.
En 2017, tras las luchas y las demandas de los colectivos de las familias de desaparecidos y organizaciones de todo el país, se consolidó la Ley en Materia de Desaparición. Esta ley planteó por primera vez la división funcional entre la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de los hechos; además impulsó la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y las comisiones de búsqueda estatales. A decir de la página del gobierno federal, “la principal obligación de la CNB es llevar a cabo y/o coordinar, junto con las diversas autoridades federales y estatales, acciones de búsqueda (de todo tipo) con la finalidad de dar con la suerte o el paradero de las personas desaparecidas”.
No obstante, los buenos deseos de la CNB, como muchos de los buenos deseos y promesas de campaña de la autoproclamada Cuarta Transformación, no podrían estar más alejados de la cruenta realidad. La renuncia de Karla Quintana –la hasta hace poco titular del organismo del Estado mexicano encargado de coadyuvar a la verdad, memoria y justicia– ocurre en medio de la peor crisis de desapariciones de la historia reciente de México. En un reportaje publicado en la versión en línea de la revista Proceso el 24 de agosto, se afirma que “la renuncia de Karla Quintana Osuna a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tendría de fondo su inconformidad por la realización del censo para confirmar la consistencia del número de personas desaparecidas en el país, proceso del que fue marginada la institución y en el que se incluyó a personal de la Secretaría del Bienestar”.
Esta versión coincidiría con lo dicho en esta columna en entregas pasadas: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene urgencia por rasurar las cifras de desaparecidos con miras a las elecciones presidenciales de 2024.
A AMLO no le inquieta el dolor de las familias –a quienes se ha negado sistemáticamente a recibir–, ni el infierno de las desapariciones en el país que dice gobernar. Le inquieta únicamente su imagen.
De acuerdo con las fuentes consultadas por el semanario Proceso, “el subsecretario Alejandro Encinas fue quien se encargó de exigirle a Quintana que buscara ‘la manera’ de reducir el número de reportes de desaparición, porque el presidente sostiene que están ‘inflados’ los números del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno).”
Esta prisa por maquillar un dato tan doloroso para el país entero coincide además, no hay que olvidarlo, con el próximo 26 de septiembre, fecha en que se cumplirán nueve años sin verdad ni justicia para la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Y parece que la urgencia de AMLO casa de manera perfecta con otra urgencia: la militar. En un comunicado fechado el 23 de agosto pasado, el Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez) denuncia: “El día de ayer, las organizaciones que acompañamos a las familias de Ayotzinapa tuvimos conocimiento de que el general Rafael Hernández Nieto, acusado de delincuencia organizada en el marco del caso Ayotzinapa, recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”.
No es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial, como recuerda el Centro Prodh. En agosto de 2022 había sido acusado de delincuencia organizada y “la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”.
¿Es acaso la mentira militar sistemática la nueva “verdad histórica” que desea implantar la llamada Cuarta Transformación por encima de la verdad y justicia para las familias de los desaparecidos?
En el tiempo que te tomó leer estas páginas, estadísticamente desapareció una persona más en México. Y, a lo largo de este día, ocurrirán 12 desapariciones más en el país.