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Juntan vecinos de Tecpan 630 despensas para familias atacadas con drones en la Sierra

Redacción

Chilpancingo

La comisaria municipal de Papanoa, municipio de Tecpan de Galeana, Margarita Guzmán dio a conocer que con la ayuda de decenas de habitantes de esa localidad y de Santa Rosa, así como de las comunidades de Coyuquilla Norte y Coyuquilla Sur, de Petatlán lograron armar 630 despensas para enviarle a las familias que están sintiendo los efectos de la violencia en la parte alta de la sierra de Petatlán, Coyuca de Catalán y Tecpan de Galeana.
Ayer jueves vía telefónica, doña Margarita Guzmán dijo que la campaña de recolección de víveres que el miércoles 24 de abril y hasta el domingo 26 echaron a andar junto con los comisarios municipales de las comunidades Coyuquilla Norte, Coyuquilla Sur para reunir alimentos y artículos de higiene personal, “tuvo una muy buena respuesta por parte de la gente y estamos muy agradecidos”.
Dijo que hasta este jueves, ya habían hecho llegar 550 despensas a igual número de familias de los ejidos El Durazno y San Antonio de las Texas, de Coyuca de Catalán y las comunidades que están dentro del ejido Bajos de Balsamar en Tecpan de Galeana, como son La Sierrita, La Piedra y Las Juntas.
También del ejido San Antonio, que sería Los Bayados, que está dentro del municipio de Ajuchitlán, pero pertenece a Coyuca de Catalán, también en El Crucero de San Antonio y en la comunidad San Antonio, El Tabaquillo, El Aguacate, El Álamo y otras rancherías más chiquitas.
La comisaria de Papanoa agregó que en este fin de semana, harán llegar 80 despensas a las familias que están en El Varillal, Corrales y El Mameycito, en la Sierra de Petatlán y El Puerto, que es una localidad que está en los límites de Tecpan de Galeana y Ajuchitlán, “queremos dar las gracias públicamente a todas las personas que se acercaron ahí a la mesa donde estuvimos juntando la comida para nuestros hermanos de la Sierra y nos arrimaron lo que pudieron”.
Dijo que las familias que se encuentran “en la línea” entre la Sierra y la costa, están resistiendo las agresiones del grupo delincuencial La Familia Michoacana, “con sus ataques con drones, quemando los bosques y las familias de esas comunidades quieren comer, pero no tienen la libertad de salir a sus tierras ante el temor de que sean atacados”.
“A nombre de esas familias, queremos darle las gracias a todas las personas que nos apoyaron, a nombre de esas familias queremos decirles que gracias por tender su mano y ayudar con lo que sea que pudieron, se agradece ese gesto porque como sea, la gente que está allá arriba en la línea es la que está resistiendo y defendiendo a la costa de esas personas”, apuntó.

 

No se irán de El Durazno a pesar de las amenazas del crimen; hay policías y militares, informa la comisaria

Brenda Escobar

Zihuatanejo

La comisaria municipal de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, Azucena Rosas García manifestó que pese al emplazamiento que les dio el grupo criminal que tiene asolada esa región de la Sierra y de la Tierra Caliente, en el sentido de que tienen que entregarles la comunidad a más tardar este tres de enero, las familias que continúan en la localidad se mantienen en calma porque hay policías en el lugar, “nosotros no nos vamos a salir, no se nos hace justo”.
Ayer lunes vía telefónica, Rosas García informó que el 31 de diciembre llegaron a El Durazno más policías ministeriales y mantienen la vigilancia junto a militares, “ahorita no nos han dicho nada (los sicarios), quién sabe si mañana, habiendo gobierno nosotros nos sentimos seguros, ojalá que no nos quiten el apoyo del gobierno”.
“De hecho nosotros no nos queremos salir y aquí vamos a estar mientras esté el gobierno, aquí vamos a estar, no nos vamos a salir”, insistió.
La comisaria municipal reiteró que las familias que todavía permanecen en El Durazno no dejarán la comunidad, “no nos vamos a salir, que el gobierno no se olvide de nosotros y le exigimos al gobierno federal que ponga orden, porque es su deber como encargados, como están al frente de las dependencias de seguridad es su deber darnos la protección y la seguridad para que podamos seguir en nuestra comunidad sin que seamos molestados ni amenazados”.
“No estamos haciendo caso a la amenaza de salirnos porque no se nos hace justo que tengamos que dejar todo sólo porque unos rateros vividores quieren quedarse con lo que es nuestro, pues no, aquí estamos y le exigimos al gobierno que ponga atención en esta situación y que se resuelva esta situación”, demandó.
El 10 de diciembre pasado, un grupo de sicarios entró a la comunidad El Durazno y asesinó a cinco campesinos en la cancha de la escuela primaria, entre ellos a un menor de edad, también dejaron herido a un joven que sigue recuperándose de sus heridas.
Luego cuando ya iban de salida después de balacear unas 15 viviendas y el templo católico del lugar, los agresores se encontraron con otro campesino al que dispararon y a su cuerpo le prendieron fuego junto con la cuatrimoto en la que viajaba.
Desde ese día también está desaparecido un adulto mayor de 78 años y los pobladores creen que el grupo criminal se lo llevó.
De acuerdo a los habitantes, este mismo grupo de la delincuencia organizada los amenazó con que tienen que dejar la comunidad a más tardar el 3 de enero de este año para que ellos puedan hacer uso de todos los bienes y recursos naturales con los que cuenta el ejido El Durazno, entre ellos miles de hectáreas de bosque de pino para aprovechamiento forestal y 322 hectáreas sembradas de aguacate, así como manantiales de agua, entre otras riquezas naturales.

 

Se replegaron los médicos que había en la sierra tras las balaceras del domingo, informa Salud

El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que los hechos de violencia que ocurrieron en la sierra del municipio de Leonardo Bravo y en El Ranchito, Heliodoro Castillo, “desafortunadamente pone en alerta a mis médicos y enfermeras”, por lo que nuevamente se “replegaron”.
Consultado al finalizar los honores a la bandera en el Palacio de Gobierno, De la Peña Pintos reconoció que los médicos se retiraron porque tienen miedo.
Agregó que los médicos no quieren acudir a laborar cuando hay violencia en la sierra porque “en alguna ocasión los retuvieron por algunas horas, los soltaron, no les hicieron nada malo pero esos hechos les provocan miedo”.
El secretario dijo que ha tenido varias reuniones de trabajo con dirigentes y trabajadores de aquella zona de la sierra, a quienes les ha pedido que cuiden los recursos humanos.
Afirmó que los trabajadores ya habían regreasdo a laborar a Tlacotepec por lo que paulatinamente se iba restableciendo el servicio, incluso en las reuniones de trabajo se acordó que iban a conseguir gente de la localidad para tener arraigo y también en Filo de Caballos.
“Pero bueno ayer (el domingo) se presentó una circunstancia (de violencia) que pone en alerta a mis médicos y enfermeras y hasta que no pase esa circunstancia no van a regresar”, advirtió.
En cuanto a toda la zona de la sierra donde continúan cerrados los 16 centros de salud debido a inseguridad, aseguró que ya se mandó a médicos y enfermeras, “pero se presentan estas cosas y nuevamente se repliega”.
¿Si los centros de salud están cerrados, cómo son atendidos los más de 25 mil habitantes?, se le preguntó, y respondió que por medio de brigadas médicas, “es suficiente con las brigadas para dar atención porque la mayoría de las personas ya se desplazó, e incluso hay pueblos que están solos”.
El domingo la Policía Ciudadana reportó que hubo casi una hora de balazos contra dos pueblos de la sierra, pero el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia aseguró que no existieron hechos violentos.
En Tlacotepec y Filo de Caballos operan grupos criminales antagonistas que han provocado mediante la violencia la falta de los servicios.
El 23 de junio integrantes de la Unión de Comisarios de la Sierra acudieron a la Jurisdicción Sanitaria 03 de Chilpancingo para pedir médicos, y que se abriera el Hospital Básico de Filo de Caballos.
La clínica de interrupción legal del embarazo fue clausurada

Informó que no ha dado autorización para el funcionamiento de la Clínica Marie Stopes, que brinda servicios de anticoncepción e interrupción legal del embarazo.
El funcionario estatal indicó que incluso fue clausurada ya que de acuerdo con la verificación sanitaria que se hizo no cumplía con los requerimientos, “por eso fue que se clausuró”.
A pregunta expresa dijo que la Secretaría de Salud sólo le practica la interrupción del embarazo a una mujer cuando tiene la indicación del Ministerio Público (MP), siempre y cuando sea antes de las 12 semanas y de acuerdo con el código penal.
De la Peña indicó que son pocos los casos en los que se ha practicado la interrupción del embarazo de manera legal, “no tengo en mente la cifra pero es muy poco”. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).