El gobernador ha reaccionado casi siempre con el silencio cada vez que sucede una ejecución. Lejos de aparecer en público, de salir a fijar por sí mismo una postura, de ofrecer una respuesta inmediata, de enviar señales que demuestren que está al mando de la lucha contra el crimen organizado, Zeferino Torreblanca Galindo se borra del mapa. Y cuando no, se aleja de la ciudad donde ocurrió algún nuevo asesinato, con el argumento de que también tiene que atender desde cerca las demandas de las regiones del estado.
La excepción fue el día en que ocurrió la balacera del 27 de enero en La Garita, cuando obligado por la extraordinaria circunstancia ofreció esa misma noche una conferencia de prensa con el alcalde Félix Salgado Macedonio y el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), José Martín Godoy Castro.
Pero este fin de semana, ni el asesinato de su cercano colaborador Salvador Melesio Montiel, fue motivo para que siquiera acudiera al funeral. Allí mismo, el sábado, se corrió la versión de que acudiría “en su representación” el subsecretario de Asuntos Políticos, Guillermo Ramírez Ramos, si bien un cercano a Torreblanca, pero ubicado en segundo nivel de la escala gubernamental. Un representante a las exequias del que fuera delegado de la Dirección de Transporte en Acapulco, como si se tratara de un acto cívico o de una obligación burocrática.
Este domingo en que fue sepultado Melesio, el gobernador permaneció en Chilpancingo. Por la mañana, en el auditorio del museo La Avispa, entregó recursos de los programas Jóvenes Emprendedores Rurales y Fondo de Tierra. De allí, el gobernador prefirió irse a Tixtla para atender una invitación a una comida de una familia del lugar.
Ya con anterioridad, Zeferino Torreblanca expuso su tesis de cómo reaccionar ante la violencia: “Darle la vuelta a la página” como, dijo, lo hicieron los ciudadanos de Londres tras las explosiones de julio de 2005 que reivindicaron los fundamentalistas islámicos de Al Qaeda.
Con el sello del crimen organizado, una de las primeras ejecuciones en este año ocurrió la noche del 20 de enero en Acapulco, cuando tres hombres fueron asesinados minutos después de que salieran de una visita a presos en el penal de Las Cruces, mientras que otros dos resultaron heridos. De acuerdo con las versiones de los vecinos de la colonia Libertadores, donde ocurrieron los hechos, los agresores seguían a las víctimas en un automóvil Neón, que al alcanzarlos les dispararon con rifles AR15 y AK47. Los muertos quedaron dentro de un Jetta gris y según una versión eran policías ministeriales.
En esa ocasión, se supo del gobernador hasta el 25 de enero, porque El Sur publicó una versión –ni siquiera por información oficial– de que se había reunido en privado con el dirigente local del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia, Francisco Becerril Sotelo, como parte del inicio de las negociaciones para dar fin al paro que había entonces en los hospitales y centros de salud del estado.
Un día antes, ocurrió otro hecho que marcaba un aumento en los niveles de la violencia. Tres personas murieron y una resultó herida en dos ataques casi simultáneos de madrugada, en los que agresores lanzaron granadas y dispararon fusiles AK-47 y AR-15 contra dos narcotienditas, una en la colonia Progreso y otra en la zona de tolerancia del puerto.
Ese mismo día, el alcalde Félix Salgado Macedonio declaró “alerta amarilla” en Acapulco por las ejecuciones recientes. Pero el gobernador reaccionó hasta el 26, cuando –como casi siempre– se le tuvo que preguntar del tema, durante una conferencia de prensa. Torreblanca Galindo aseguró entonces que “ningún grupo delictivo” ganaría “la partida a la sociedad y al gobierno”.
El 6 de febrero, al cumplirse un año del triunfo electoral de Torreblanca, fueron lanzadas dos granadas a la casa del entonces director de Seguridad Pública del gobierno perredista de Zihuatanejo, Omar Maganda Salazar, quien fuera subprocurador de Justicia en el gobierno de René Juárez Cisneros. Ese mismo día, en una jornada violenta en ese sitio turístico, también fueron asesinados el propietario de una lancha y un pescadore con rifles AK-47 y pistolas .38 súper.
El gobernador no fijó ninguna postura sino hasta el siguiente día, pero de nuevo obligado por los reporteros que le pidieron declaraciones al respecto. Al término de un acto en el que entregó recursos del programa Escuelas de Calidad, en Chilpancingo, Torreblanca Galindo tuvo que improvisar una conferencia de prensa que no tenía considerada, donde aseguró que en el combate al crimen organizado “están ganando los buenos” y reprochó que los medios no hagan énfasis en la “serie de aprehensiones” que, dijo, han logrado “autoridades federales y estatales”. Ninguna, por cierto, relacionada con las más de 80 ejecuciones habidas desde 2005.
El sábado 11 de marzo y el domingo 12 ocurrieron cuatro ejecuciones al estilo del narco. En Coyuca de Benítez fueron encontrados los cadáveres de dos hombres con las manos atadas con esposas y con el tiro de gracia; en Zirándaro el cuñado de un ex alcalde fue asesinado de seis balazos en la cabeza; y en Acapulco, con un balazo de .38 súper en el ojo izquierdo fue ejecutado un comerciante en Renacimiento.
Tras varios días sin actividad pública, el gobernador reapareció hasta el jueves 16 de marzo, y en sus declaraciones de ese día defendió de oficio a su antecesor, el ex gobernador priísta René Juárez Cisneros, de su posible responsabilidad en el cambio de uso de suelo en terrenos del empresario Kamel Nacif., que le dejaron a éste una ganancia de 131 millones de pesos en un proyecto para un fallido desarrollo turístico. “No se vale culpar de todo a René Juárez”, dijo Torreblanca, quien para ese día no dio espacio para hablar más sobre ejecuciones.
El jueves 31 de marzo, a unos pasos de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en Acapulco fueron acribillados los abogados Napoleón Guevara Lacunza y Ranferi Rabadán Gómez, quienes viajaban a bordo de un BMW, en un ataque al que sólo sobrevivió el segundo. El mismo día, también en el puerto, fue asesinado de varios balazos el ex comandante de la Policía Judicial, Javier Rodríguez. Torreblanca Galindo no apareció en público sino hasta cuatro días después, para participar en una mesa de análisis que auspició su gobierno, con intelectuales del grupo de la revista Nexos que encabeza el escritor Héctor Aguilar Camín.
Pero el hecho que evidenció el vacío que hace el gobernador al incremento de la narcoviolencia, fue el de las granadas que fueron lanzadas a la tradicional Feria de Petatlán, los primeros minutos del miércoles 12 de abril, donde el saldo fue de dos muertos y más de 30 heridos. Pero de Zeferino Torreblanca no se supo nada, sino hasta cinco días después, el 17 de abril, pasados ya los días de guardar de la Semana Santa. El gobernador reapareció en Iguala, cuando inauguró una agencia de la Volkswagen, y donde advirtió a los reporteros: “No voy a contestar nada”. Allí mismo evadió responder a las declaraciones del subcomandante Marcos, quien para entonces se encontraba en Guerrero a la cabeza de La Otra Campaña.
No hubo –ni entonces ni hasta ahora– ninguna visita de Zeferino Torreblanca al lugar de los granadazos en Petatlán, para dirigir algún mensaje de ánimo a los familiares de los muertos y a los heridos. Ya ni siquiera para constatar la magnitud del ataque, que por primera vez afectaba a ciudadanos y echaba por tierra la tesis del gobierno zeferinista de que los enfrentamientos sólo se dan “entre los malos”, como eufemísticamente aluden las autoridades a los integrantes de las bandas del crimen organizado o a quienes de algún modo se llegan a relacionar con éstas.