4 septiembre,2018 6:52 am

Presentó cuatro reportes con información distinta a la oficial del caso Ayotzinapa, informa la CNDH

Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Guerrero
Chilpancingo, Guerrero, 4 de septiembre de 2018. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez informó que ese organismo ha presentado cuatro reportes con información distinta a la llamada “verdad histórica”, que ha avalado el presidente de la República Enrique Peña Nieto, según la cual los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
El presidente de la CNDH asistió ayer a las instalaciones de esa escuela en donde los integrantes del Mecanismo de Seguimiento de las investigaciones del caso presentaron su informe preliminar.
“Siempre estaremos atentos a apoyar y acompañar los esfuerzos para que se conozca la verdad de lo acontecido”, dijo en su intervención después de que los integrantes de la CIDH presentaron su informe ante los padres de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Aseguró que en las investigaciones del organismo se ha comprobado la colusión de al menos autoridades políticas y policiales, “que en contubernio de autoridades de Iguala y policías de Cocula y Huitzuco con la delincuencia organizada dedicada al tráfico de drogas y al secuestro, propiciaron que el 26 y 27 de septiembre se cometieran violaciones graves a derechos humanos, como la privación de la vida de seis personas, la lesión de 32 y la desaparición de los 43 estudiantes de esta Normal”.
“Esta salvajada visibilizó la aparente normalidad que existe, visibilizó esa geografía del horror que significan las desapariciones en el país”, expuso y añadió que por eso la CNDH inició un expediente de queja por violaciones graves a los derechos humanos.
Informó que desde el inicio de su gestión ejerció una postura exigente y demandante ante la autoridad para que se respetara el derecho a la verdad, el derecho al acceso a la justicia, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa y del equipo de futbol Los Avispones, que fueron dos eventos paralelos.
Informó que por eso se creó la oficina para la investigación del caso Iguala, que encabeza José Larrieta.
Agregó que la CNDH ha elaborado cuatro reportes: el primero el 23 de julio 2015 sobre el estado de la investigación en el que formuló 32 observaciones y propuestas, 26 a la PGR, tres a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dos a la Fiscalía de Guerrero y uno a la alcaldía de Iguala, en las que se establecieron las bases que la autoridad ministerial debería de seguir para el esclarecimiento de los hechos, y reorientar nuevas líneas de investigación.
El segundo reporte fue el 14 de abril de 2016 en torno al indicio de la participación de la Policía Municipal de Huitzuco, y de por lo menos dos agentes de la Policía Federal en la desaparición de los normalistas en el puente El Chipote de Iguala que contiene 17 observaciones y propuestas a la PGR, reporte que ha sido retomado por el Mecanismo de la CIDH.
En este reporte la CNDH sostiene que no todos los 43 jóvenes normalistas desaparecidos fueron sustraídos del autobús 1568, sino que existió una segunda ruta de desaparición que conduciría al municipio de Huitzuco como punto de tránsito o de destino final de los normalistas.
Informó que en este reporte se establece que el autobús 1531 en el que viajaba un grupo de normalistas fue forzado a detenerse en el puente el Chipote por policías encapuchados de Iguala, y que los entre 15 y 20 normalistas que viajaban en ese autobús fueron agredidos física y verbalmente y obligados a descender de la unidad.
El presidente de la CNDH agregó que al lugar llegaron tres patrullas de policías de Huitzuco en las que subieron a los normalistas, así como en otra de Iguala, y que en ese momento llegaron dos patrullas de la Policía Federal de las cuales bajaron dos agentes que entablaron diálogo con los policías municipales de Iguala.
Añadió que después los estudiantes serían trasladados a Huitzuco ante la presencia de una persona que se identificó como El Patrón, presumiblemente líder de una organización criminal que decidiría el destino de los jóvenes.
El tercer reporte del 11 de julio de 2016 es en torno al asesinato de Julio César Mondragón en el que se plantearon cuatro observaciones a la PGR, una a la Fiscalía General del Estado y tres a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en el que la CNDH determinó que el estudiante fue torturado, “golpeado brutalmente con saña y crueldad, atrozmente agredido y sometido por más de un victimario”.
Informó que de las 57 observaciones y propuestas formuladas a las autoridades solamente nueve podrían considerarse como totalmente atendidas, 36 se encuentran en vías de atención y dos no atendidas.
El cuarto reporte se emitió el 18 de junio pasado y está relacionado con la identidad de La Rana o El Güereque, presunto partícipe de la desaparición de los normalistas y a quien se confundió con Erik Uriel Sandoval Rodríguez, detenido actualmente, “lo que muestra cómo se puede afectar el derecho a la verdad”.
Dijo que la PGR lo detuvo indicando que era clave en las investigaciones, cuando la CNDH encontró que los acusados que lo vincularon nunca mencionaron nombre alguno, mucho menos el de Erik Uriel Sandoval Rodríguez, pero fue detenido sin que hubiera evidencia alguna que demostrara que se referían a él.
Asimismo explicó que este nombre aparece por primera vez en el expediente de la nada en el primer pliego de consignación, pero que en ninguna parte consta cómo se determinó el nombre.
Añadió que el nombre de La Rana o el Güereque es otro y que los datos le fueron proporcionados a la PGR desde octubre de 2017, cinco meses antes de que detuvieran a Erik Uriel, “es decir 5 meses antes se conocía el nombre de la persona presuntamente participante según los testimonios que lo involucraron, y aún así se consignó a Erik”.
Informó que la CNDH está en la etapa final del análisis de 72 expedientes por presuntos hechos violatorios a derechos humanos relativos a detenciones arbitrarias, así como trato cruel y degradante en la detención.