El vocero Sabás Aburto informa que en la asamblea en San Luis Acatlán las comunidades se declararon en alerta contra la operación de la Guardia Nacional y contra la imposición de la presa La Parota.
Chilpancingo, Guerrero, 18 de marzo de 2019. Conforman alianza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC), y el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) ante la estrategia de desarme que pretende realizar el secretario de Seguridad Pública, Alfonzo Durazo Montaño, y la imposición de la hidroeléctrica La Parota por la Secretaría de Gobernación.
Ayer en la asamblea de cinco horas realizada en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán donde acudieron 36 autoridades comunitarias como consejeros, coordinadores y comisarios municipales se declararon en “alerta” ante la estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública y rechazaron la operación de la Guardia Nacional en las comunidades indígenas donde opera la CRAC, informó el vocero Sabás Aburto Espinobarros.
El vocero informó por teléfono que han solicitado a los senadores Nestora Salgado García y Félix Salgado Macedonio su intervención durante los tres foros a los que han asistidos los integrantes de la CRAC en el Senado en la Ciudad de México, el último realizado el 6 de marzo.
“Les planteamos que a través de ellos nos busquen una reunión con la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero y el secretario de Seguridad Pública, Alfonzo Durazo, para plantear los temas que nosotros traemos como CRAC-PC. Últimamente hemos recibido información de que en estas dos secretarías tienen su propio plan.
En Seguridad el plan es desarmar a todos los grupos armados incluyendo la CRAC-PC del estado, y luego también desarmar a los grupos que están fuera de la Ley 701, todos, ese es su plan nosotros tenemos esa información. “Luego tenemos información de que la Secretaría de Gobernación, (tiene) el proyecto de ejecución de la presa (hidroeléctrica) La Parota, porque va. Esto es un amenaza para todos los pueblos originarios, para todo el pueblo comunitario y núcleos agrarios donde hay concesiones mineras desde hace muchos años, eso nos pone en alerta a todos”.
Asimismo dijo que en la asamblea de ayer se volvieron a reunir por segunda vez con integrantes del FUPCEG, luego de un primer acercamiento en la Ciudad de México, en el último foro realizado el 6 de marzo. Este grupo es el mismo que desde el pasado 11 de noviembre de 2018 irrumpió en la comunidad de Filo de Caballos, y mantiene a un grupo de personas desplazadas, 400 de ellas desde hace un mes en plantón afuera de Palacio Nacional.
Precisó que esta alianza entre las dos organizaciones es con el único objetivo de no permitir el desarme de los grupos de policías comunitarios pero que “son nombrados por sus asambleas, respaldadas por sus asambleas y comunidades, sean indígenas o no indígenas, afros y mestizos.
“Estamos tejiendo una coordinación para defendernos. Nosotros lo hemos dicho, aunque hay esperanzas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero confianza total no, por lo que ha ocurrido en otros estados sobre los megaproyectos”.
Además cree que el presidente no va a traicionar a la CRAC-PC, de la que conoce muy bien su trabajo, sin embargo ante el desarme “nos vamos a preparar”.
Indicó que una vez más las autoridades manifestaron su rechazo a que la Guardia Nacional opere en las comunidades indígenas donde la CRAC-PC tiene presencia, y por ello se han estado realizando reuniones en todas los pueblos donde se están levantando actas de rechazo al nuevo modelo policial.
Aburto Espinobarros dijo que estas actas de rechazo están fundamentadas bajo los artículos del convenio 169 de la OIT, de la declaración de Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas, “entonces no es un invento de nosotros sino es algo que ya está reconocido”.
Afirmó que la CRAC-PC está dispuesta a coordinarse con la Guardia Nacional como lo ha hecho con las fuerzas del estado, “pero no vamos a depender de la Guardia Nacional porque tenemos otro sistema de usos y costumbres. Esto no lo puede echar abajo ni López Obrador”.
El vocero afirmó que hay señalamientos “desvirtuados” contra el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero de su relación con grupos criminales como se ha señalado incluso por el gobierno del estado, pero que con esta organización la CRAC-PC coincide en defender a las Policías Comunitarias que se han creado por necesidad y ante el abandono de las propias autoridades a dar seguridad, “nosotros no conocemos al cien a todos los grupos, pero sí coincidimos en rechazar el desarme”.
El representante comunitario incluso dijo que hay comunidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que participaran, y son donde los ciudadanos ya no reconocen a los dirigentes Bruno Plácido Valerio y Ernesto Gallardo Grande.
Texto: Jacob Morales Antonio / Foto: Jesús Guerrero
