28 enero,2025 6:05 am

Señalan dificultades para reconocer los racismos y las discriminaciones de género 

El colectivo Mujeres Colibrí presenta ante diputados y funcionarios estatales el informe Mujeres indígenas y afromexicanas: Recomendaciones interculturales y antirracistas frente a las violencias múltiples

Chilpancingo, Guerrero, 28 de enero de 2025. El colectivo Mujeres Colibrí, una alianza de organizaciones mestizas, indígenas y afromexicanas de la Costa Chica y Montaña de Guerrero con académicas del estado y del país, señalaron las limitaciones en las políticas de interculturalidad que se aplican en Guerrero para reconocer las violencias que producen los racismos y las discriminaciones de género.

Señaló el racismo institucional en los procesos de acceso a la justicia desalientan la denuncia sobre la violencia doméstica, las agresiones sexuales y hasta el feminicidio; en el ámbito laboral, la falta de políticas para proteger a las jornaleras, la violencias que enfrenta la niñez y juventudes que se que van a estudiar a las cabeceras municipales, así como en los servicios de salud, donde las mujeres son sometidas a procedimientos médicos sin su consentimiento.

Urgió a las autoridades estatales y del Congreso del Estado incorporar a las políticas públicas las recomendaciones interculturales y antirracistas de una investigación de cuatro años sobre violencias múltiples y racistas en las instituciones de salud, de justicia, en el campo laboral y en el acceso a la tierra.

El colectivo presentó ante diputados y funcionarios el informe Mujeres indígenas y afromexicanas: Recomendaciones interculturales y antirracistas frente a las violencias múltiples, en el hotel Paradisse Inn, para atender las distintas expre-siones de violencia, con datos de ocho municipios donde tienen pre-sencia, y con datos de los 23 municipios de la Costa Chica y Montaña, recabado de 2021 a 2024.

No politizar datos del informe: Urióstegui

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui, pidió no politizar los datos del informe, y destacó la voluntad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la atención de las mujeres.

Declaró que “no debe existir la politización de estos movimientos, lo digo como titular de la mesa de Coordinación Política. La agenda de las mujeres va más allá de la politización de esta voz”. Celebró la aportación de las organizaciones y ofreció el respaldo de la Legislatura a este ejercicio participativo.

La secretaría de la Mujer, Vio-leta Pino Girón, informó que con-tinuarán con las organizaciones las mesas de trabajo que se instalaron el año pasado, y convocó a los otros órdenes de gobierno a sumarse a la discusión, y a retomar lo que informe encontró, y dónde deben seguir trabajando en materia de salud, derechos agrarios y  justicia.

El secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrome-xicanos, Abel Bruno Arriaga, reconoció que tendría consecuencias no atender las violencias que sufren las mujeres, de acuerdo con otros diagnósticos regionales.

El delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Manuel Vázquez Quintero, ofreció una disculpa porque no se ha logrado atender las necesidades de las mujeres indígenas.

Confió en la coordinación con las organizaciones para la gestión y destacó la participación de diputados locales, que discuten los presupuestos, para que consideren partidas especiales.

Asistieron también las diputadas locales Citlali Calixto Jiménez, Diana Bernabé Vega, la consejera electoral Dulce Merari Villalobos Tlatempa, y representantes de organizaciones feministas.

El acto lo cerró la participación de la luchadora social, coordinadora de la Casa de los Saberes en Ayutla de los Libres, Inés Fernández Ortega, en la lengua tu’ un Savi, quien pidió a las autoridades no olvidar sus compromisos.

Procedimientos médicos sin consentimiento

En la exposición, la coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana (Camia), Manos Unidas de Ometepec, Valeriana Nicolás Benito, señaló que en este análisis identificaron que no hay una atención intercultural en los Centros de Salud; que es deficiente y notable la falta de intérpretes en las clínicas públicas y en los hospitales de la región.

Así como la tendencia de que mujeres indígenas y afromexicanas reciben en la atención médica sin que los procedimientos se den a partir de su consentimiento libre e informado, incluyendo procedimientos anticonceptivos

En cuatro municipios en la Costa Chica y Montaña encontraron de manera sistemática “una cadena de prácticas de violencia obstétrica que inician con el equipo médico ofreciéndole a la mujer desinfor-mación respecto a su estado físico cuando está en el trabajo de parto.

Señaló que hay testimonios de mujeres obligadas a  realizarse cesáreas por las cuales se les cobra el servicio público y en caso de rechazar se les coacciona a firmar altas voluntarias, generando riesgo para la vida de las mujeres y sus bebés.

También participaron en la exposición, la universitaria Marisol Alcocer Perulero; de la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movi-miento, Asunción Salinas y Ana Gabriela Candela.

En general, advirtieron de las limitaciones de las políticas públicas de interculturalidad, que no recono-cen las violencias que los racismos y las discriminaciones de género producen, entendidas como actos y actitudes que desvalorizan las vidas, los conocimientos, los cuerpos, las actividades de mujeres de los pue-blos originarios y afromexicanos, sus comunidades y territorios.

Denunciaron la falta de información desagregada sobre todo a nivel regional y municipal, sobre violencias específicas que viven las mujeres indígenas y afromexicanas y que las invisibilizan.

Señalaron también el racismo institucional en la procuración e impartición de justicia tanto en el trato degradante como con actitudes revictimizantes y de desprecio, donde se les niega el derecho a tener un interprete y traductor, lo que desalientan la denuncia de agravios que las afectan como la violencia domestica hasta las más graves como el feminicidio y la agresiones sexuales.

En el ámbito laboral docu-mentaron el racismo hacia las jor-naleras y la niñez y juventudes indí-genas y afromexicanas que van a  las cabeceras municipales donde se les trata como trabajo esclavo.

En el primer caso, denunciaron que no hay política para las jornaleras agrícolas que garanticen su seguridad durante todo el ciclo migratorio, ni información desagregada por etnia y territorio de las personas y familias jornaleras, lo que repercute en la falta de programas y acciones de atención.

En el caso de la niñez y juventudes la persistencia de prácticas racistas de enganche laboral en el trabajo doméstico a cambio de casa y comida para que puedan estudiar, se da la mayoría de las veces sin ningún pago, y se vuelve urgente políticas estatales de educación para prevenir y erradicar el racismo y la explotación laboral infantil y juvenil.

Señalaron que hay obstáculos de facto para hacer efectivo el acceso a la tenencia de la tierra y la paridad de género en la participación de órganos agrarios, desde la falta de información en las diferentes lenguas indígenas sobre los trámites básicos para sucesiones agrarias y otros procedimientos.

Asimismo, la ausencia de una partida presupuestaria  para apoyar a las mujeres en los trámites, así como la ausencia de programas específicos para mujeres indígenas y afromexicanas en el campo tienen que planearse e instrumentarse con una perspectiva intercultural para cerrar las brechas de género en la realidad.

Mujeres Colibrí

El colectivo Mujeres Colibrí está conformado por activistas y académicas para desarrollar el proyecto Justicia y construcción de paz, pueblos indígenas y afromexicanos contra las violencias múltiples y el racismo en Guerrero, con financiamiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades Tecnolo-gía e Innovación (Secihti), antes Conahcyt.

Participan el Centro de Investi-gaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el Instituto de Investiga-ciones Jurídicas de la UNAM (IIJ–UNAM), la Universidad Iberoame-ricana y defensoras de derechos humanos de las Casas de Salud de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA) de San Luis Acatlán, Ometepec, Metlatónoc, Ayutla, Acatepec, la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento (Muafro), la Casa de los Saberes Gúma Kúma, la Comisión de la Mujer de la Casa de los Pueblos de Ayutla y la Cooperativa Tachi A’ gú de Zapotitlán Tablas.

Texto: Lourdes Chávez/ Foto: Jessica Torres Barrera