También sufren retrasos en sus remuneraciones y su labor es devaluada, sobre todo, por las instituciones públicas, critican
Ciudad de México, 9 de abril de 2024. Traductores en lenguas indígenas revelan un trato discriminatorio a su profesión, que se refleja tanto en el monto de la remuneración que perciben, muy inferior a la tarifa para otros idiomas, como en el retraso de los pagos correspondientes.
Con motivo de la próxima emisión de la convocatoria para la Licenciatura en Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas, la segunda que imparte la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), especialistas en este campo coinciden en la necesidad de reconocer de forma digna su labor, devaluada sobre todo por las instituciones públicas.
La remuneración por trasladar textos al castellano desde otros idiomas, y viceversa, triplica o cuadriplica –y hasta más– la retribución por el mismo trabajo, advierte el traductor zapoteco Feliciano Carrasco, quien espera que la situación comience a cambiar una vez que los egresados tengan el título de la ULIM y puedan reclamar un pago justo.
“Si pides una traducción en una lengua extranjera, te cobran mil, mil 500, 2 mil o más por una cuartilla, pero si se trata de una lengua originaria, hace dos o tres años te pagaban 400 pesos, ahora son 320 o 350 pesos. Cada vez más se deteriora”, contrasta en entrevista el también cantautor y promotor cultural.
Desde hace más de 15 años aplica un tabulador establecido por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), de entre 400 y 450 pesos por página traducida, el cual debería revisarse y actualizarse, dice, por su parte, el escritor y traductor Germán Bichooxhe, también zapoteco.
Se debería otorgar a las lenguas originarias, en los hechos y en las retribuciones, el estatuto de lenguas nacionales, advierte a Reforma el también abogado y artesano.
“No minimicemos nuestro trabajo. La misma ley dice que el zapoteco, por ejemplo, es igual a una lengua nacional, como el inglés, el francés o el chino, y (las traducciones) tienen que ser pagadas de manera equivalente”, considera.
Jaime Chávez, poeta, traductor y artista plástico otomí, coincide en que la remuneración por este trabajo debería ser igualitaria, en tanto constituye una labor profesional, pero son las instituciones públicas las primeras que se rehúsan a pagar como se debe.
“El Estado mexicano siempre ha tenido esta política de aparentar trabajar por el bien de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo, en la práctica, fomenta la discriminación con estas maneras de trabajar, de tratar a los pueblos indígenas y a las lenguas originarias”, reflexiona.
Un tabulador que garantice un pago digno podría resultar de un pacto entre el INPI, el INALI, asociaciones como el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) y la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (Otigli), junto con la ULIM, sugiere Carrasco.
Pero no solamente se requiere una actualización de las retribuciones, sino también un compromiso para el pago puntual, enfatiza.
“Hay además una irresponsabilidad por parte de las instituciones que contratan a los intérpretes-traductores en lenguas originarias, porque no les pagan cuando debe ser, se tardan meses. A veces uno debe prácticamente mendigar la paga, que no corresponde al trabajo que debe ser”, señala el también matemático.
Instituciones como el propio INPI en sus representaciones estatales han retrasado meses el pago o de plano, como ocurrió años atrás con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), lo han omitido, relata Bichooxhe.
“Hace como 10 años o un poquito más trabajé para el INEA la traducción de un libro de educación para adultos y nunca me pagaron”.
Tampoco le pagó en la administración pasada la entonces CDI cuando le requirieron en Juchitán sus servicios de interpretación para una consulta previa, libre e informada a las comunidades sobre las empresas eólicas.
“Eran audiencias que, digamos, duraban de las 17:00 horas hasta la 01:00 o 2:00 de la mañana. Estábamos (los intérpretes) cansados, y cuando preguntábamos por el pago, ellos decían: ‘Se va a acumular, se va a acumular’. Y tampoco lo pagaron”.
El problema, explica Bichooxhe, radicó en que fueron contratados de manera tácita, no formalmente.
“Nunca se nos ocurrió hacer un contrato con ellos, porque no únicamente fue el INPI (CDI), sino la Secretaría de Energía, la Secretaría de Desarrollo Social, que ahorita es Bienestar; el INALI y varias instituciones más”.
Chávez tuvo una experiencia semejante en la gestión pasada con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) de la Ciudad de México, ahora Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi), que pagó las traducciones que contrató un año después.
“Cuando terminó la administración, a muchos traductores de distintas lenguas nos llegaron a deber un año, entonces hubo una indicación para que pagaran, pero era el último día y, para hacerlo, las instalaciones se quedaron abiertas hasta las 22:00 horas, aproximadamente, de tantos traductores a quienes les debían. Fue una muy mala experiencia”.
Tanto Chávez como Bichooxhe y Carrasco coinciden en señalar que los organismos, instituciones u organizaciones privadas, en general, sí pagan por el trabajo de traducción que contratan.
Texto: Agencia Reforma / Imagen tomada de Facebook
