El Sur / Ciudad de México, 17 de noviembre de 2020. El plantón en la sede nacional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por parte de familiares de desaparecidos y víctimas de la delincuencia organizada cumple nueve meses este 17 de noviembre sin que haya producido resultados favorables hasta el momento.
La ocupación del lobby del edificio de la CEAV –ubicado en Ángel Urraza 1173, colonia Narvarte– inició en febrero pasado, cuando una familia originaria de Chihuahua llegó para manifestarse ante la falta de atención de funcionarios de esta institución y posteriormente se instaló ahí.
“El servidor público te habla desde atrás de un escritorio pero al final no sale al campo a batallar con la gente, aunque es lo que debería hacer”, dice a El Sur Carlos Vanda, quien fue secuestrado y torturado por integrantes del crimen organizado y lleva 10 años viviendo como desplazado en Ciudad de México .
“Tú me moviste como autoridad –relata–, entonces tu responsabilidad es darme un lugar donde vivir. O regrésame a Chihuahua, pero quítame la delincuencia organizada y yo me voy solito, porque sé que ahí vivo, ahí nací, ahí tengo semilla. Pero si ya me secuestraron una vez, no voy a que me maten”.
Vanda recibe sólo 4 mil pesos para su sustento y el de cinco miembros de su familia, todos desplazados en la capital del país. Su periplo empezó hace más de una década y aún no tiene fin. Pasó de ser atendido por la Fiscalía de Chihuahua –la que se desentendió de su caso cuando lo desplazaron a Ciudad de México, menciona–, a lidiar con la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima) que en 2014 se transformaría en la actual CEAV.
Carlos explica que ninguna autoridad le informó de manera clara acerca de cuáles eran sus derechos como víctima. Recuerda que hace unos siete años, a él y a su familia les dieron alojamiento en un albergue en el sur de la ciudad. Como la CEAV dejó de pagar los gastos, después de un año el albergue los expulsó. Amenazó entonces con instalarse en la sede de esta institución si no les aseguraban una vivienda digna por lo menos para su padre y su madre, que ahora tienen 80 y 67 años.
En ese momento las autoridades les consiguieron un departamento del Infonavit con contrato de comodato. El resto de la familia, Carlos y sus hermanos, se las arreglaron como pudieron.
El pasado 17 de febrero, Carlos y su familia tenían que reunirse con la excomisionada Mara Gómez y las personas encargadas de la CEAV de Chihuahua, pero éstas no acudieron. Al sentir que no estaban tomando en serio su caso, Carlos amenazó con ocupar la CEAV hasta obtener respuesta a sus demandas.
“Nos quedamos aquí en el lobby, pero mandaron bloquear el baño. Todo un día y una noche nos aguantamos de hacer nuestras necesidades, mi padre se puso completamente mal y tuvo que hacerlo aquí adentro. Le hice saber a Mara que estaba violando nuestros derechos humanos pero ella lo negó”, narra Vanda.
Posteriormente funcionarios de la CEAV, entre ellos el director general de Vinculación, Michael Chamberlin, trataron de sacar a Vanda por la fuerza. A raíz de este enfrentamiento, en septiembre pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 39/2020 a la CEAV, en la que se pide inscribir a la familia de Chihuahua en el Registro Nacional de Víctimas a fin de que pueda recibir atención médica y psicológica.
En la recomendación, además, se señala la necesidad de crear, en un plazo de tres meses, mecanismos eficaces para brindar atención especial a las víctimas que hicieron la toma y así impedir nuevas violaciones y su revictimización.
No obstante, Carlos Vanda aún duda de que se vaya a resolver su situación. Con la reciente extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral la CEAV podría quedar del todo inoperante y, con ello, la recomendación a favor de Carlos y su familia.
Atención revictimizante
Al plantón de la CEAV, más modesto respecto de otros realizados en estos meses de pandemia de covid-19, se fueron sumando más personas que lidian desde hace años con las carencias de esta institución federal encargada de proveer una ayuda integral a las víctimas de violación de los derechos humanos.
Delia Quiroa es una de ellas y es también la vocera del plantón. Desde que su hermano Roberto desapareció en Reynosa, Tamaulipas, el 10 de marzo de 2014, Delia se convirtió en activista. En junio 2019 su madre, María Icela Valdez, se hincó frente al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle ayuda, seguridad y recursos en la búsqueda de su hijo.
Juntas tuvieron que salir desplazadas hasta Ciudad de México tras recibir amenazas de muerte por parte de criminales y de la Policía Ministerial de Reynosa. En los últimos años Delia se ha vuelto experta en temas legales. Tras la desaparición de Roberto tuvo que abandonar la carrera de Ingeniería Mecatrónica; al ver que por ser víctima tenía que encarar los infinitos laberintos de la burocracia, decidió estudiar Derecho.
En agosto de 2014, Delia fundó el colectivo 10 de Marzo, que se dedica a realizar búsquedas de personas desaparecidas, y hace dos años dio vida a la asociación Finding Freedom, enfocada en brindar orientación legal a personas desplazadas en la capital del país. Ahora brinda acompañamiento a otras víctimas, les redacta amparos y las orienta en el perenne caos legal. En estos meses varias personas se han presentado en el lobby de la CEAV buscando su ayuda.
“La gente viene muy angustiada –cuenta la activista a El Sur–. Lo primero que hacemos es tranquilizarla. Y como nosotros tenemos mucho tiempo en esto y ya aprendimos a mantenernos calmados, entonces tratamos de escuchar para conocer su problema y luego la orientamos.
“El problema es que mandan a las víctimas a una oficina pero luego les dicen que ahí no es; las mandan a otra y a otra, y así: ¡no hay quién las atienda! En la CEAV están operando con el 30 por ciento de los trabajadores, debería de haber alguien, pero no es así”.
Tras meses de ocupación, la fachada de vidrio de la sede de la CEAV luce tapizada con cartulinas y lonas. Más de una docena de carteles de la asociación civil tamaulipeca Buscando el Camino Hacia Ti capturan la mirada de los transeúntes: enseñan los rostros de mujeres, hombres y varios niños y niñas desaparecidas en años recientes.
En muchas lonas se repite la fotografía de la extitular Mara Gómez, junto con acusaciones de violación a los derechos de las víctimas y de mal uso de los recursos de la institución.
“Para trabajar en la CEAV se necesita mucha vocación –remarca Delia–. Hay gente que viene muy dañada y enojada. Aquí no puede haber cualquier persona para atender este tipo de casos, debería de haber un equipo multidisciplinario y esto no lo han hecho y no lo van a hacer”.
De acuerdo con Delia es muy común que a las víctimas que acuden a la CEAV se les haga repetir hasta tres veces su historia antes de dar con el funcionario que se encargue de su caso: una práctica que puede causar revictimización.
La falta de un apoyo articulado por parte de las autoridades competentes tiene consecuencias negativas. Por gastar tanto tiempo peleando la ayuda inmediata o una efectiva reparación del daño, las víctimas corren el riesgo de perder su empleo, pero también ven lacerarse las relaciones con sus familiares y sus amistades. Como resume Carlos Vanda: “Terminas alejándote de la sociedad”.
Texto: Caterina Morbiato
