José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió al Congreso local un paquete de iniciativas en materia de transparencia, para armonizar con la Constitución estatal la reforma en materia de simplificación orgánica.
El Ejecutivo propone crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, e incluye nuevas leyes de Transparencia y Protección de Datos Personales.
En la sesión de la Comisión Permanente de este jueves, el Congreso local recibió tres iniciativas de la gobernadora para expedir nuevas leyes de Transparencia, de Protección de Datos Personales, de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como parte de la armonización en Guerrero de la reforma constitucional federal en materia de simplificación orgánica.
A nivel federal la reforma eli-minó siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Trans-parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por lo que en el estado determinó extinguir a su similar que es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro).
En la exposición de motivos que envió el poder Ejecutivo estatal al Congreso, asegura que las reformas no eliminan ni restringen los derechos de acceso a la información ni de protección de datos personales, sino que redistribuyen las facultades que antes concentraba el organismo autónomo entre distintas autoridades, conforme al nuevo marco constitucional.
La iniciativa de Ley de Transpa-rencia plantea que la garantía de este derecho recaiga en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de Transparencia para el Pueblo, así como en los órganos internos de control del Congreso, del Poder Judicial, de los ayuntamientos y los organismos autónomos.
También propone crear el Subsistema de Transparencia, instancia que coordinará a los tres poderes, organismos autónomos y municipios para homologar criterios, fortalecer la capacitación y promover políticas públicas en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La nueva Ley de Protección de Datos Personales “mantiene los principios de legalidad, consenti-miento, proporcionalidad y respon-sabilidad en el manejo de infor-mación personal, fortalece los dere-chos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) e in-corpora medidas para proteger
datos sensibles, así como meca-nismos de prevención ante posibles vulneraciones”, dice el documento.
En tanto, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública proponen sustituir la actual Secretaría de Contraloría y Trans-parencia Gubernamental por la Se-cretaría Anticorrupción y Buen Go-bierno, que concentrará funciones de control interno, fiscalización, transparencia, protección de datos personales, integridad pública y combate a la corrupción.

Alejandro Guerrero

Iguala

La investigación en curso en las funerarias y la morgue de Iguala está relacionada con las declaraciones de testigos protegidos, entre ellos El Cabo Gil, y El Neto, hipótesis que fue planteada desde 2016 por el Grupo Independiente de Expertos Independientes (GIEI), aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 208VG-2026 la “desestimó”.
En la vituperada recomendación difundida el jueves pasado por la CNDH que preside Rosario Piedra Ibarra, se habla de la nueva inves-tigación que se desarrolla en las fu-nerarias El Ángel y Rueda, así como la morgue de Iguala que iniciaron el 9 de octubre pasado, aunque señala de forma errónea que “en los últimos dos años se aseguraron las dos funerarias El Ángel de Iguala”.
Menciona las dos primeras detenciones que se realizaron al inicio de estas diligencias, de los propietarios de las funerarias Rueda y El Ángel, Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo Rodolfo Rueda Mazón, de dos policías municipales y del nutriólogo Irving Arroyo Aranda, detenido en un cateo en su casa el 26 de noviembre, a quien define como “un supuesto extrabajador de las funerarias”, aunque sus familiares han negado esa relación laboral.
Revela, además, algo que no se había informado desde octubre que se iniciaron las nuevas investiga-ciones en la morgue y funerarias, que hubo “comunicaciones entre los Rueda y miembros de Guerreros Unidos, como El Gaby (presumiblemente PI-27) y El Chucky (presumiblemente PI-41)”.
La investigación está relacionada con las declaraciones de los testigos protegidos con las claves Neto y Juan o PI-1 en la recomendación de la CNDH, éste último identificado como Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, entonces uno de los jefes de plaza de Guerreros Unidos.
Según los testigos, un grupo de los normalistas, “habrían sido llevados a dos funerarias de Iguala donde hay hornos crematorios y cuyo personal trabajaba con el grupo (Guerreros Unidos), y los que no pudieron incinerarse fueron destazados”.
La CNDH enfatiza la hipótesis de las funerarias, pero resta valor a la declaración del mismo “Juan”, El Cabo Gil, que señaló que también habían llevado a un grupo de estudiantes al 27 Batallón de Infantería, “lo que, sin embargo, se contradice con su primera declaración ministerial, en la que niega ser miembro de Guerreros Unidos”.
También desestima el trabajo de la Covaj del periodo del subse-cretario Alejandro Encinas, argu-mentando que en su primer informe, “le daba preeminencia al testimonio de Juan (PI-1), aunque llamativa porque aparentemente agregaba nuevos elementos a la investigación, y al fin, las pruebas de la parti-cipación de integrantes del 27 Ba-tallón de Infantería, empezando por su comandante AR-5, resultó falsa”.
En el caso del testigo Neto señala que en febrero de 2021 ubicó las funerarias en una inspección ministerial en la que dio fe de los inmuebles, pero ese testigo además de la funeraria El Ángel también mencionó la Urióstegui, de la que no se sabe que tenga hornos crematorios ni que sea parte de la investigación en curso.
“La PGR jamás profundizó en la línea de investigación de las funera-rias. La CNDH ni siquiera la consi-deró. Y el GIEI la desestimó prác-ticamente desde un inicio. De hecho, desechó la posibilidad de que los estudiantes hubieran sido incine-rados o cremados de cualquier mo-do, no solamente en el Basurero de Cocula sino en un horno crematorio, asegurando que en este último caso los huesos se rompen al ser extraí-dos”, se lee en la recomendación que se vuelve a lanzar contra el grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El GIEI en realidad no deses-timó el uso de los hornos ni desechó la posibilidad, sino que en su primer informe argumentó que no había un antecedente de que fuera el modus operandi de Guerreros Unidos ese método atroz y sofisticado de con-vertir hasta las cenizas a sus víc-timas, y “llevar a cabo su desapa-rición hasta convertir sus cuerpos en restos que ni siquiera puedan ser identificados con pruebas de ADN”.
De forma contradictoria, la CNDH reconoce en su misma recomendación, que el GIEI incluyó en sus informes 1, 2, 3, 5 y 6 la versión de las funerarias y los crematorios, pero no hubo eco en las investigaciones.
Menciona que “se está desaho-gando al final la investigación sobre las funerarias como sitio “adonde se habría incinerado a parte de los estudiantes”, y destaca una parte del libro “¡Gracias!” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que incluye parte de la declaración del testigo protegido “Neto”.
“Se leen detalles del traslado de los cuerpos ‘destazados’ de los normalistas en bolsas de plástico negras, a la Funeraria Urióstegui, en la colonia Ruffo Figueroa, y luego, como esta no se diera abasto, al crematorio llamado de “Los Verdes”, ambos en Iguala”, éste último en aparente referencia al Ejército, pero tampoco se profundiza.

Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la nueva fiscalía especial del caso Ayotzinapa, a cargo de Mauricio Pazarán Álvarez, ha tenido una visión distinta sobre las investigaciones, y reiteró la imposibilidad del retorno del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
“El fiscal que está encargado del caso dio una visión completamente distinta, recuperó la investigación científica sobre este tema y ha encontrado también algunas omisiones que se hicieron en las investigaciones previas”.
Añadió que se tiene diálogo con padres y madres, además de que no existen desacuerdos, sino que se mantienen las conversaciones, por lo que hasta que exista una evaluación se dará a conocer a mayor profundidad.
La Presidenta comentó que hay un “problema relevante” con el anterior fiscal, Omar Gómez Trejo y sobre la posibilidad del retorno de los expertos del GIEI, señaló que el grupo ya no existe, no podría acompañar como tal.
“El GIEI ya no existe, eso es algo que es importante que se sepa. No es lo mismo que sean contratados por el gobierno a que sean parte de la asesoría de una institución independiente”, agregó.
Sheinbaum comentó que llevó la propuesta del regreso de los expertos a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México de las Naciones Unidas, pero que la respuesta fue que se propondrían otros expertos.
“Hablé con el Alto Comisionado cuando estuvo en México, si nos podían ayudar a tener algunos expertos independientes que pudieran revisar la investigar la investigación que estamos haciendo”, dijo.
Indicó que ha habido “desencuentros” con organizaciones de derechos humanos con las opiniones e investigaciones del gobierno federal, sin ahondar si entre esos desencuentros está la reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que exonera al Ejército de cualquier participación en la desaparición de los 43.
“No los podemos dar a conocer todavía por respeto a los padres y a las madres de Ayotzinapa, y además a la propia investigación que se está haciendo”, agregó.
Sheinbaum comentó que llevó la propuesta del regreso de los expertos a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México de las Naciones Unidas, pero que la respuesta fue que se propondrían otros expertos.
“Hablé con el Alto Comisionado cuando estuvo en México, si nos podían ayudar a tener algunos expertos independientes que pudieran revisar la investigar la investigación que estamos haciendo”, dijo.
De igual forma indicó que ha habido “desencuentros” con organizaciones de derechos humanos con las opiniones e investigaciones que ha realizado el gobierno federal, sin ahondar si entre esos desencuentros está la recomendación recién emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuestionada por organizaciones de defensa de derechos humanos.
“No los podemos dar a conocer todavía por respeto a los padres y a las madres de Ayotzinapa y además a la propia investigación que se está haciendo”, agregó.

Carmen González Benicio

Tlapa

La  aspirante a la coordinación estatal en Defensa de la Transformación, Esthela Damian Peralta, en su asamblea en Tlapa mencionó que esperará ser notificada  o requerida por las autoridades electorales ante los señalamientos de campaña anticipada y uso de recursos públicos.
La ex consejera jurídica de la Presidencia respondió que no ha sido requerida o formalmente notificada por la Fiscalía  Especializada en Delitos Electorales (FEDE), por una denuncia que presentó quien se asume  como simpatizante de Morena, Luis Alberto Mendoza Ramírez, por su participación en El Foro Guerrero del Futuro promovido por el Instituto Tecnológico y que estará  atenta si lo hacen.
El señalamiento es por uso de instalaciones y recursos oficiales del Instituto Tecnológico.
Aunque  agregó  que fue un acto público en un hotel y no en las instalaciones del Tecnológico y que el director Salvador Herrera Soriano seguramente podría decir cómo se hizo o se  gestionó ese local.
“Pues me parece que si es una denuncia que busca generar solamente ruido, pues está bien, pero yo les digo, hasta les agradezco que lo hagan porque miren de que traigo publicidad, traigo”, en referencia  a que es una de las mujeres  visibles  para coordinar Morena en Guerrero de los 17 registrados.
Sobre  el señalamiento de actos anticipados de campaña por las asambleas que realiza, dijo: “yo no me siento en la capacidad de contestar lo que debiera hacer otra autoridad. Yo te puedo dar un punto de vista, pero no me parece lo más correcto, lo mejor es que dejemos que corra la indagatoria, la carpeta de investigación, que se tengan todos los recursos para que ellos, mismos resuelvan  si hay o no un delito que se cometió”.
Sobre  el comentario del consejero del INE Arturo Castillo Loza  de que  hay actos anticipados de campaña del diputado Javier Taja al pedir el voto para ella en un video, dijo que también lo tendrá que resolver el INE en el pleno porque no es un solo consejero el que decide.
“El pleno del INE  tiene que resolver lo que corresponde,  entonces, aguantemos un poquito y si me notifican se hará público y se los haré saber”.

En asamblea, le piden apoyos como si fuera funcionaria

La asamblea se realizó  en un predio de la calle Añorve, en el barrio de San Diego donde abrió la participación a los asistentes, quienes  exigieron mejoras en las carreteras destrozadas  que comunican  con los municipios  como Cochoapa el  Grande y Metlatónoc, que visitó el miércoles.
Sobre  ese eje carretero, en la  entrevista, dijo que al recorrerla vio que estuvo asfaltada y al ser zona de lluvias se deteriora rápido, pero no se podía  comprometer a repararla porque sería una mentira, pero la necesidad estaba  clara y con gusto  podría hacer la  gestión, sin mentirles.
Mencionó que las mujeres de Cochopa le plantearon el el tema de los servicios de salud  para atender embarazos, a lo que tambien les pidió que debían  prevenirlos, sobre todo en   adolescentes, porque corre riesgo su vida y la del bebé, aunque  consideró que su petición a las na savi debe tener  una atención profunda, “no vas a cambiar la estructura del pensamiento de un pueblo que está acostumbrado a hacerlo de esa manera”.
Sobre las leyes que se impulsan sobre pueblos indígenas y afro-mexicanos  y feminicidio dijo que cualquier instrumento que ayude la gobernabilidad es  importante.
En el acto Damían Peralta reconoció que su trayeectoria política  ha sido en la Ciudad de de México donde fue legisladora, y fue presidenta del  DIF  con la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheimbaum y aceptó  tomar el reto  de venir a Guerrero porque no siempre va estar en un mismo cargo .
La acompañaron jóvenes. En nombre de los empresarios de la ciudad Marian Barrera Avilés le expresó que se necesita seguridad para seguir contribuyendo al desarrollo de la ciudad y bienestar de las familias.
La acompañaron los ex presidentes priistas de Tlapa, Rufino Vázquez; de Olinalá, Saúl Apreza; el ex perredista Lorenzo de Jesús de Xalpatláhuac; emecistas como Leonardo Manzano, Javier Avilés, y los ex regidores morenistas Jorge González y Celia Gómez.
El ex candidato del PRD en Tlacoapa, Martín Rosales Sierra y el abogado  de la Suprema Corte y ex integrante de Tlachinollan Vidul-fo Rosales Sierra, quien llegó al final.
Lo que llamó la atención fue la porra que gritó un grupo mayoritario de personas: “Willy, presente”, en referencia al ex alcalde priista de Tlapa que busca competir en este proceso electoral.
Estuvo la síndica de Morena de Copanatoyac, Florencia Arce Campos, quien denunció violencia política en razón  de género por el alcalde Constancio Sánchez Campos y el tesorero, Rescalvo Jerónimo, quienes le tienen retenidos sus pagos.
El líder cetegista Taurino Rojas González y la ex secretaria de Asuntos  Indígenas y Afrome-xicanos, Reina Mejía y líderes  de Acatepec, Malinaltepec, Huamux-titlán y Xalpatláhuac.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Par-ticipación Ciudadana (IEPC), aprobó el calendario del proceso electoral 2026-2027, que inicia el 7 de septiembre, así como su antepro-yecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2027, por mil 14 millones de pesos.
La presidente Luz Fabiola Matildes Gama indicó que el monto estimado, representa un incremento de 50 por ciento respecto al presupuesto de  2026.
Advirtió que el Congreso local siempre recorta su propuesta, salvo en el presupuesto de financiamiento público a partidos y a campañas, la partida más fuerte y que es obligatoria.
La propuesta contempla el 32 por ciento del presupuesto (329 millones 116 mil 823 pesos) para el financiamiento público y campañas de partidos políticos.
Así como 37 por ciento (378 millones 430 mil 729 pesos) para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2026-2027, y del 11 por ciento (112 millones 9 mil 527 pesos) para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.
El 19 por ciento, alrededor de 195 millones de pesos, es de presupuesto base, para proyectos estratégicos y transversales.
“(La) Cantidad (total) que constituye la previsión de ingresos necesaria para atender el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Instituto durante el ejercicio fiscal 2027”, indicadas en su Programa Operativo Anual 2027, alineado con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2019-2030 y las atribuciones constitucionales y legales conferidas al Instituto, señala el proyecto.
En la sesión también se aprobó el Plan Integral y Calendarios del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2026-2027, que inicia el próximo 7 de septiembre.
Aprobó que sólo el IEPC va a implementar y a operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el acompañamiento de un ente técnico especializado, como hicieron el año pasado.
Matildes Gama recordó que en la elección de 2024 el desarrollo del PREP fue exitoso.
De los informes de la sesión, resaltó los de los foros Participación Político Electoral de las Personas Jóvenes, realizado el 01 de julio, de la Población LGBTTTIQ+, el  2 de julio, y de las Personas con Discapacidad, realizado el 10 de julio, para atender a estos grupos en situación de discriminación.
Confirmó que en la reforma electoral el Congreso limitó  al IEPC, a aprobar acciones afirmativas, con lo que está  señalado expresamente en la ley.
“Lo que hicimos en los foros, a través de la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación, fue evaluar por dónde podemos avanzar con esta limitante”, reveló.
Aclaró que estos foros estaban programados para realizarse desde marzo con el Congreso, pero debido a los movimientos sociales, se fueron posponiendo.
En la sesión también informaron también de la realización de 51 asambleas municipales el 9, 20, 21, 26, 27 y 28 de junio, así como 5 y 12 de julio de 2026, para la designación de la Representación de los Pueblos y Comunidades Indígenas y del Pueblo Afromexicano ante el Consejo General y 12 Consejos Distritales del IEPC.

Una nueva denuncia contra la aspirante a coordinadora estatal en Defensa de la Transformación de Morena, Esthela Damián Peralta, fue presentada este jueves ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), por propaganda colocada en espacios públicos.
De acuerdo con el escrito de la denuncia, a la que El Sur tuvo acceso, el ciudadano Eduardo Carranza Gudiño, solicitó al IEPC iniciar un Proceso Especial Sancionador en contra de Damián Peralta “por hechos propios y de sus simpatizantes”.
En la denuncia se argumenta que Damián Peralta y sus simpatizantes violaron la norma electoral “relativas a la prohibición de colocación y fijación de propaganda político electoral en el equipamiento urbano, y de las normas que prohíben el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios en actos proselitistas”.
Dichas prohibiciones están en los artículos 250 fracción IV, y 286 fracciones I y IV de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
La queja viene acompañada por una serie de fotografías en donde se observa la propaganda de Damián Peralta colocada en postes de luz, de teléfono, así como columnas y bardas de puentes vehiculares en las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo.
“Solicito, se realice la inspección, por esta autoridad, a efecto de verificar y dar fe de la ubicación y existencia de la propaganda colocada, y el acta circunstanciada resultante, se mande agregar a los autos y surta sus efectos legales. Y una vez verificada y certificada la existencia, se emitan las medidas cautelares para que se ordene retirar a la brevedad posible la propaganda del equipamiento urbano”, agrega la denuncia.
Esta es la segunda denuncia en una semana que presentan contra la también ex consejera jurídica de la presidencia de la República. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).

Daniel Velázquez

La aspirante a la coordinación estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Beatriz Mojica Morga, afirmó que “las autoridades electorales tendrán que hacer sus valoraciones al respecto”, sobre el llamado del diputado federal Javier Taja Ramirez a votar por Esthela Damián Peralta.
De la insistencia del PRI para que las asambleas que realizan los morenistas sean consideradas actos de campaña por las autoridades electorales, dijo que serán esas instancias las que definirán esa cuestión.
“Yo les pido a todos los partidos que acudan a la autoridad electoral y nosotros vamos a someternos a las definiciones que se den, porque siempre hemos sido muy respetuosos de la ley, nosotros estamos en un proceso interno que está enmarcado en la legalidad de una convocatoria”.
La senadora con licencia se manifestó a favor de que no haya simulación en las acciones afirmativas que son para dar voz a sectores de la población, y que esta condición debe prevalecer no sólo en la comunidad LGBT, sino en todos los grupos poblacionales como afrodescendientes, indígenas y personas con discapacidad.
Al mediodía de este jueves, Beatriz Mojica encabezó una conferencia de prensa en la que presentó a seis liderazgos ciudadanos que se suman a la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.
En la ronda de preguntas, la senadora con licencia fue consultada sobre la polémica en torno a Javier Taja, quien llamó a votar por Damián Peralta. Mojica Morga dijo que no realizaría descalificaciones a nadie, porque de esa manera contribuye a cuidar el movimiento.
Añadió que el proceso interno de Morena no debe convertirse en una guerra entre los aspirantes, pero respondió a su compañera morenista Esthela Damián que “Guerrero sí es el centro del universo y que las familias de Guerrero son lo mas importante”.
“Hay que respetar la ley, hay que respetar mucho a nuestro movimiento y sobre todo hay que respetar al pueblo de Guerrero. En ese sentido mi punto de vista es fundamental que este proceso no se convierte en una guerra entre compañeras y compañeros, sino que propiciemos la unidad el diálogo por delante y ya las autoridades electorales, pues tendrán que hacer sus valoraciones al respecto, lo que corresponda. A mí en lo particular, lo que me toca es caminar, escuchar al pueblo de Guerrero y cuidar la unidad por tanto, vamos a estar en esa ruta”.

Asambleas no deben ser mítines

A pregunta de un reportero de cuándo realizará un mitin masivo, Mojica Morga informó que en los diez días que lleva de trabajo como aspirante a la coordinación ha realizado 25 asambleas, y no se trata de hacer asambleas multitudinarias: “nosotros hacemos muchas asambleas a la vez que valen tanto como cualquier asamblea grandota”.
Recordó que la información que conoce es que después del Mundial, la dirigencia nacional realizará las encuestas. La primera será la de depuración para determinar quiénes serán los seis aspirantes que serán medidos y entre ellos están incluidos las propuestas del PT y el PVEM.
Informó que el CEN de Morena les aclaró que no les avisaría la fecha exacta en que se aplicaría la encuesta para definir al coordinador y que se hará una encuesta espejo. El sondeo se aplicará en agosto o mediados de agosto y es una facultad del CEN y ella será respetuosa de esas medidas.
Este jueves firmaron una carta de adhesión en defensa de la Soberanía nacional el notario Manlio Fabio Pano Mendoza, el empresario Óscar Athié Furlong, la ex candidata del PAN a la alcaldía de Acapulco Digna Marroquín Cisneros, el activista y promotor de los derechos de los afrodescendientes Sergio Peñaloza, la ingeniera bioquímica Arlett Pamela Silva Hernández, quien participó en un programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y el ex funcionario municipal Mauricio Galeana, promotor de los derechos de las personas con discapacidad.
En la carta de adhesión se lee: “Expresamos nuestra adhesión decidida a la defensa de la soberanía nacional a través de nuestra compañera, Beatriz Mojica Morga, mujer, honesta y cercana al pueblo, como aspirante a la coordinación de los comités de la defensa de la 4T en Guerrero, su trayectoria de servicio, cercanía con la gente y lealtad a los ideales de la Cuarta transformación la posicionan como la mejor opción para liderar esta etapa articulando esfuerzos locales con el proyecto nacional, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum”.
En sus participaciones los firmantes de la carta manifestaron las razones por las que se suman a la 4T en apoyo a Beatriz Mojica, y destacaron las cualidades de la morenista, desde amistad, liderazgo, confianza y preparación académica.

La Comisión Permanente del Congreso local recibió una solicitud de juicio político contra la alcaldesa de Juchitán, Ana Lenis Reséndiz Javier, presentada por el síndico procurador de dicho municipio Wilber Ramírez Rodríguez y otros integrantes del cabildo.
La solicitud fue notificada en la sesión de la Comisión Permanente de este jueves, para remitirla a la Comisión de Examen Previo e iniciar el procedimiento legislativo correspondiente.
La denuncia fue presentada por Wilber Ramírez Rodríguez, quien llegó por la alianza del PRI-PAN-PRD, y los regidores Gisell Ventura García de Morena, Patricia Chávez Rendón de Morena y Misael Parral Ramírez, del PVEM.
El expediente está integrado por un escrito principal de 40 fojas y 35 anexos, además del auto de admisión, el acta de comparecencia y la certificación correspondiente, aunque dichos documentos no los hicieron públicos.
El documento turnado al Congreso del Estado no detalla las conductas o hechos específicos que motivan la denuncia, aunque dicha solicitud ocurre en medio de un conflicto político que desde hace más de un año mantienen la alcaldesa y el síndico, quienes han tenido diferencias públicas por la operación del gobierno municipal y la toma de decisiones dentro del Cabildo.
En el apartado de iniciativas, el diputado Aristóteles Tito Arroyo, de Morena, presentó una de reforma a la Constitución Política del Estado para garantizar la integración “pluricultural” del poder Judicial del estado.
Dicha propuesta busca que la conformación del 30 por ciento de la totalidad de jueces y magistrados del TSJ sean de origen nahua, na’savi, y me’phaa, y otro 10 por ciento afromexicano, para garantizar el respeto a su cosmovisión y a sus sistemas normativos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su dictaminación el diputado Jesús Parra García, del PRI, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Bienestar del estado, para crear un Sistema de Quejas, Denuncias e Inconformidades, para que la población canalice sus inconformidades sobre los programas sociales, propuesta que fue turnada a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.
La diputada Erika Lührs Cortés, de MC, presentó una iniciativa para crear una Ley del Sistema de Cuidados del estado, con el propósito de garantizar el derecho a cuidar, ser cuidado y autocuidarse.
Su propuesta la hizo una semana después de que la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos determinó rechazar una primera iniciativa para incluir en la Constitución el derecho a ser cuidado.
Esta nueva propuesta busca promover “la corresponsabilidad social, la igualdad de género, el bienestar de las personas en situación de dependencia y la dignificación de las labores de cuidado”. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).

Daniel Velázquez

El Tribunal Electoral del Estado (TEE), devolvió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena dos asuntos que el órgano intrapartidista había desechado; ambos son contra el presidente estatal Jacinto González Varona.
En la sesión de este jueves los magistrados resolvieron sin discusión y por unanimidad dos quejas que morenistas han llevado a la CNHJ de ese partido y que ésta los rechazó.
La primera fue promovida por el consejero estatal Galdino Nava Díaz quien acusó a González Varona de usar los recursos del partido para promoción personal. El caso ha estado en varias instancias. La queja contra la CNHJ es que no tomó en cuenta las pruebas que se ofrecieron para demostrar los señalamientos
En su ponencia, el magistrado Daniel Preciado Temiquel señaló que la CNHJ incurrió en “omisiones procesales”, en cuanto a las pruebas presentadas por Nava Díaz. Afirmó que debió haberse pronunciado en torno a esos elementos, “lo que en el caso no ocurrió”.
“Las omisiones advertidas no pueden analizarse de manera aislada, por el contrario revelan una deficiencia estructural en la emisión de la sentencia reclamada”.
“Dichas omisiones constituyen violaciones procesales de carácter trascendente que afectaron la debida integración del procedimiento y comprometieron la validez de la sentencia impugnada”.
Por las omisiones encontradas se resolvió revocar la resolución de la CNHJ del pasado 6 de marzo de 2026 y ordenó a la Comisión la reposición del procedimiento sancionador ordinario del expediente 064/2025.
La segunda queja fue presentada por el morenista Carmelo Loeza Hernández, por las expresiones que usó el dirigente estatal para referirse a la aspirante a la coordinación en Defensa de la Transformación Esthela Damián Peralta, cuando se anunció su interés de buscar ser la coordinadora en Guerrero.
González declaró entonces: “Guerrero está preparado para elegir a alguien y necesita a alguien que conozca sus problemas, que los haya vivido, que los haya caminado, y no a alguien que los venga a imaginar”. Y aclaró que no se refería a Damián Peralta, pero las preguntas de los reporteros fueron sobre la renuncia reciente de ésta como consejera jurídica de la Presidencia.
Los inconformes recurrieron a la Comisión pero ésta desechó el caso el 8 de junio de 2026 por considerarlo frívolo.
La magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz sostiene que en su resolución la CNHJ de Morena violentó el principio de fundamentación y motivación en agravio del quejoso, “porque si bien se expresa el fundamento jurídico de la improcedencia no se razona el porqué dicha norma es aplicable”.
También señala que el órgano intrapartidista no se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por el promovente.
El TEE revocó la resolución de la CNHJ y ordenó resolver la queja con base en su normativa y el marco jurídico aplicable.