José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Después de siete años en la con-geladora, el Congreso local aprobó la Ley Número 569 para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas, que era una de las exigencias que tenían los colectivos de búsqueda desde 2018.
Para aprobar dicha ley, el Congreso sesionó tres veces el mismo día, en la primera se presentó la propuesta al pleno de la Comisión Permanente; en la segunda se le dio la primera lectura de ley; y en la tercera, que inició a las 6 de la tarde y culminó cerca de las 8 de la noche, se dio la votación y aprobación.
La reforma establece la creación de un Centro Estatal de Iden-tificación Humana, un Banco Estatal de Datos Forenses y fortalece el Sistema Estatal de Búsqueda para mejorar la localización e identifi-cación de personas desaparecidas.
También establece las bases de coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales.
El dictamen aprobado fue presentado por la diputada de Morena, Araceli Ocampo Manzares, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, ya que fue al interior de dicho órgano que se realizaron las mesas de trabajo con los colectivos de búsqueda para la creación del documento.
Crea también los Centros Temporales de Resguardo Humano, incorpora un Banco Estatal de Datos Forenses, y crea registros estatales “interoperables” con plataformas nacionales para consolidar el Sistema Estatal de Búsqueda.
“La desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos huma-nos”, dijo Ocampo Manzanares y reconoció que la reforma “es resultado del trabajo conjunto con colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes participaron en la construcción de la iniciativa”.
La diputada afirmó que la nueva ley responde a una deuda pendiente con las víctimas y sus familias, al dotar al Estado de herramientas jurídicas e institucionales para fortalecer la búsqueda, investigación e identificación de desaparecidos.
Durante su intervención, dedicó la aprobación a diversas víctimas de desaparición en Guerrero, entre ellas Rosendo Radilla Pacheco, Vicente Suástegui Muñoz y los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Dicha ley estuvo en la congeladora desde 2018, cuando a nivel federal se creó la Ley General en Materia de Desaparición, y Guerrero era uno de los estados que nunca creó su propia ley.
La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los 43 diputados presentes en la sesión, y todos los grupos parlamentarios subieron a tribuna para razonar su voto a favor.
Durante la sesión extraordinaria los diputados también aprobaron la armonización a la Constitución local del Plan B electoral, es decir, aprobaron la no reelección, la prohibición del nepotismo electoral, paridad de género, representación proporcional, reducción de integración de ayuntamientos y austeridad.
Entre las adecuaciones de la armonización se incorpora a la Constitución local la prohibición de la reelección consecutiva para diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos; impide que cónyuges o familiares hasta cuarto grado contiendan de manera inmediata por el mismo cargo de elección popular, para hacerse efectiva en 2030; incorpora la paridad horizontal y vertical en las candidaturas de los 85 municipios; y limita en los cabildos a máxima una sindicatura y 15 regidurías, dependiendo del número de habitantes de cada municipio.

Alejandro Guerrero

Iguala

El colectivo Justicia y Verdad para Los Otros Desaparecidos de Iguala celebró el “triunfo histórico” tras la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada en el Congreso local , para la que demandaron un presupuesto necesario que garantice su aplicación, y que el nombramiento de los titulares de las comisiones de Búsqueda y de Víctimas sea mediante concursos públicos.
El colectivo que preside Adriana Bahena Cruz, celebró el hecho luego de un proceso de diálogo y construcción de más de cuatro años, del que destacan el trabajo coordinado entre los distintos colectivos el Poder Legislativo y las autoridades federales.
En un comunicado de prensa difundido anoche, destacaron el avance legislativo que “representa un compromiso renovado con los derechos humanos y un paso fundamental en la ruta hacia la justicia y la verdad para las familias de personas desaparecidas”.
Verdad y Justicia para los Otro Desaparecidos, reconoció la voluntad política de quienes han intervenido en este proceso, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, (Codehum).
“Valoramos este momento como una oportunidad histórica para fortalecer las instituciones y asegurar que los derechos de las víctimas sean protegidos con la dignidad que merecen”, se lee en la misiva.
Destacan que si bien la aprobación de esta ley es un logro significativo y reiteran su disposición de colaborar con el Estado en el cumplimiento de los retos que se enfrentarán a partir de la aprobación, es necesaria la suficiencia presupuestaria.
“La efectividad de cualquier ley depende de su capacidad operativa; por ello, es fundamental que el marco legal cuente con el presupuesto necesario que garantice su aplicación real y sostenida”, advierten.
Asimismo, plantean la designación de perfiles idóneos bajo principios de transparencia y apertura, y que los nombramientos de los titulares de las comisiones de Búsqueda y de Víctimas “se realice a través de concursos públicos, priorizando la experiencia, la probidad y el compromiso ético con las víctimas”.
Proponen un trabajo de colaboración constante entre el Estado y la sociedad civil para asegurar que los procesos de búsqueda e identificación humana se traduzcan en resultados concretos, para el fortalecimiento del modelo institucional y sentar las bases para alinear los protocolos con la nueva ley.
“Nuestra voluntad es que esta ley sea un instrumento vivo y funcional. Por ello, apostamos por una relación de trabajo institucional basada en el respeto y el rigor técnico, con todas y todos los colectivos del estado, asegurando que cada artículo de esta ley cumpla su propósito de salvaguardar los derechos de quienes más nos necesitan”, plantea el colectivo.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A ocho días de que vecinos del ejido Guajes de Ayala denunciaron ataques del grupo delictivo de la Familia Michoacana a las comunidades de ese núcleo agrario, han sido encontradas cerca de las comunidades cuatro armas largas, al menos tres granadas que no detonaron, 993 cartuchos útiles para armas de diferentes calibres, 34 cargadores y medio kilo de marihuana.
El secretario del Ejido, Javier Hernández Peñaloza declaró que esas son evidencias de la incursión armada al núcleo agrario que niega el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien trató de desmentir la denuncia de los pobladores.
Informó que en medio del monte cerca de las comunidades hace tres días fueron encontrados 350 cartuchos útiles para arma 7.62 x 39mm, en una maleta abandonada, “por sicarios” durante los enfrentamientos armados “dentro de este territorio”. De eso se difundieron fotos y videos.
Agregó que en otro de los puntos de ataque se localizó una granada de fragmentación que no explotó y que el sitio fue marcado como zona de peligro, igual que otros dos donde habían sido localizadas otros dos artefactos, utilizados por el grupo delictivo.
Contó que en una zona un poco más retirada cerca del poblado Las Mesas del Guayabo, municipio de Ajuchitlán del Progreso, soldados del Ejército Mexicano decomisaron cuatro armas largas, 34 cargadores, 993 cartuchos y medio kilo de mariguana, que habrían abandonado los integrantes del grupo delictivo cuando llegaron los militares y policías estatales.
Aclaró que son datos preliminares, “pues aún falta el informe oficial con el total de bajas tras el enfrentamiento entre civiles de la Familia Michoacana y el Ejército Mexicano en el filo de El Tejamanil”, que habría ocurrido entre el viernes y el sábado de la semana pasada.
El dirigente agrario dijo que pese a estos datos, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Rodríguez Cisenros, no ha salido a confirmar la veracidad de los ataques que sufrieron los pueblos del núcleo agrario la semana pasada, pues recordó que inicialmente restó credibilidad a la denuncia y anunció que las fuerzas federales y estatales irían a verificar.
El 8 de julio vecinos de las comunidades del núcleo agrario denunciaron los ataques del grupo delictivo de la Familia Michoacana, y reprocharon que no haya recibido apoyo de los gobiernos federal y estatal con oportunidad.
Soldados del Ejército mexicano y agentes de la Guardia Nacional llegaron hasta el 10 de julio, lo que permitió restablecer la tranquilidad en esas comunidades de la sierra de Coyuca de Catalán.

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), Khaled El-Enany condenó el asesinato del periodista Manuel Alejandro Moreno Serna, mejor conocido como Alex Serna, ocurrido en Zihuatanejo, Guerrero.
En un comunicado de prensa la UNESCO condenó el asesinato, y exigió que el crimen no quede impune y sea investigado por las autoridades correspondientes.
“Condeno el asesinato de Alex Serna. Los periodistas desempeñan un papel crucial para informar al público y garantizar el libre flujo de información. No debe permitirse que los crímenes contra periodistas queden impunes. Hago un llamamiento a las autoridades para que investiguen este crimen y lleven a sus autores ante la justicia”, manifestó El-Enany.
El 20 de junio se reportó la desaparición de Alex Serna, quien se enfocaba en reportar el cuidado ambiental, el 22 de junio fue hallado su cuerpo en la autopista Acapulco-Zihuatanejo, en el municipio de Petatlán y su identificación se dio el tres de julio.
Alex Serna era originario de San Luis la Loma, municipio de Tecpan de Galeana, era licenciado en Ciencias de la Comunicación y en su página de Facebook tenía 27 mil seguidores.
De acuerdo con periodistas de la región, fue privado de su libertad el pasado 20 de junio cuando acudió a la comunidad de La Saladita, en el municipio de Zihuatanejo, para realizar un reportaje relacionado con una empresa deshidratadora de mango.
Dos días después su cuerpo con huellas de tortura fue localizado entre las localidades Arroyo Seco y Coyuquilla Norte, del municipio de Petatlán, cerca de la carretera federal.
Antes de su desaparición el comunicador había denunciado amenazas de muerte en su perfil de Facebook.
El caso se dio a conocer el pasado 3 de julio; el mismo día se informó que el cuerpo del ambientalista permanecía en el Semefo de Zihuatanejo.
Sus restos fueron reconocidos y entregados el domingo 5 de julio para ser trasladado a su natal San Luis la Loma, municipio de Tecpan de Galeana.
Fuentes consultadas en la zona dicen que la familia no ha querido hablar del caso porque la casa del comunicador fue allanada por hombres después de conocerse el crimen. El domingo de la semana pasada aparecieron en el centro de Zihuatanejo y otros lugares públicos pintas y pancartas para exigir a las autoridades esclarecer el homicidio, y justicia para el comunicador.
Serna habría recibido amenazas relacionadas con su trabajo periodístico y la Unesco lo contabiliza como el quinto periodista asesinado en el país en el 2026, además del segundo asesinado tras su desaparición. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de bares, cantinas, discotecas y centros nocturnos de Chilpancingo informaron ayer que autoridades de los gobiernos estatal y municipal les autorizaron dos horas más para que presten el servicio en sus establecimientos, cerrarían a las 4 de la madrugada, luego de que el Cabildo determinó el cierre a la 1:30 con tolerancia a las 2 de la madrugada.
En conferencia de prensa en el kiosco de la alameda Francisco Granados Maldonado, una comisión de representantes de los llamados “giros rojos”, informaron que a cambio, los empresarios se comprometieron a no permitir la entrada a menores de edad, instalar cámaras de seguridad y contratar seguridad privada para la vigilancia en el interior de los negocios.
El 20 de junio el Cabildo de Chilpancingo determinó que el horario del servicio de estos establecimientos sería hasta la 1:30 con tolerancia para el cierre total a las 2 de la madrugada, con el fin de reducir accidentes y los índices de violencia en la capital.
Ayer, los representantes de los giros rojos reconocieron que de acuerdo con el Bando de Policía y Buen Gobierno el horario para prestar el servicio de venta de alcohol es de 5 de la tarde a 2 de la mañana.
Argumentaron que la reducción del horario para la atención de sus clientes les afectó mucho económicamente para el pago de salarios, renta y energía eléctrica, principalmente, y que con ello se ponía en riesgo los ingresos de muchas familias pues tendrían que despedir a una parte de su personal.
Los empresarios, la semana pasada anunciaron mediante las redes sociales un bloqueo a la Autopista del Sol para el viernes en el Parador del Marqués, al sur de la capital, para protestar por la decisión del cabildo.
Sin embargo, suspendieron su actividad debido a que las autoridades municipales les ofrecieron una reunión para el lunes pasado.
En esta reunión, según los empresarios, estuvo el alcalde y un representante del Gobierno estatal, y ahí les anunciaron la autorización de la ampliación del horario por dos horas más.
“Ya llegamos a un acuerdo y nos permitirán tener abierto dos horas más, es decir, a las 4 de la mañana, ya no debemos tener ningún cliente consumiendo en nuestros establecimientos”, expuso el representante del bar Tóxicas.
Informó que en la minuta quedó establecido que, si el propietario de algún local incumple tanto el horario como los requisitos de no permitir la entrada a menores de edad, instalar cámaras de vigilancia y contratar seguridad privada, el negocio será clausurado y se le retirará su licencia definitivamente.
El representante de los empresarios declaró que todos aceptaron la advertencia y reconoció el apoyo y la intervención del Gobierno del estado para que se llegara a estos acuerdos.
El miércoles pasado, el director de Gobernación municipal, Josué Iván Gervasio Nava declaró a periodistas que la decisión fue resultado de varias mesas de diálogo con los empresarios que venían inconformándose por la restricción del horario, debido a que les estaba provocando pérdidas económicas.
Indicó que, tras evaluar la petición, el gobierno municipal accedió a la petición de los empresarios con la condición de que deben reforzar sus medidas de seguridad al interior de los establecimientos.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó la detención de tres hombres por delitos distintos en los municipios de Chilpancingo y Tecoanapa y de la vinculación a proceso penal de otro varón acusado de desaparición de particulares en Atoyac, así como de una pareja por narcomenudeo y robo equiparado.
Una primera detención fue en la localidad de El Limón, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica.
Fuerzas de seguridad estatales y federales detuvieron en flagrancia a Jesús N por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.
Al detenido le fueron aseguradas cuatro motocicletas, un arma larga, un arma corta, 15 dosis de la droga cristal y otras 15 bolsitas de mariguana, detalló la FGE.
El detenido y los indicios fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de una carpeta de investigación.
En Chilpancingo, en la región Centro, fue aprehendido Christopher “N”, por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada, en perjuicio de una víctima de identidad reservada, por hechos ocurridos el 25 de marzo de 2024 en Chilpancingo.
El detenido, según la FGE, cometió el delito en contra de la víctima mediante amenazas de muerte.
Otra orden de aprehensión se cumplimentó en Chilpancingo en contra de José Enrique “N”, alias “El Bebote”, por su probable responsabilidad en los delitos de robo, ataques a las vías de comunicación y amenazas, en agravio de una empresa de telecomunicaciones y de una víctima de identidad reservada.
Los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2026 en la capital del estado.
Ambos detenidos fueron puestos a disposición de un juez de Control para determinar su situación jurídica.
La FGE también dio a conocer la vinculación a proceso de Aldair N por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de una menor de edad de identidad reservada, por hechos ocurridos en el municipio de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande.
Aseguró que el Ministerio Público expuso datos de prueba suficientes para que un juez resolviera vincular a proceso al imputado.
La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
En otro caso, la Fiscalía estatal obtuvo la vinculación a proceso de Fredi “N” y Rosalba “N” por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, cometido en agravio de la sociedad, y por el delito de robo equiparado cometido en perjuicio de Belén “N”. Los hechos ocurrieron en Chilpancingo.
En este caso el Juez de Control fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria y dictó prisión preventiva justificada. (Redacción).

Durante una semana, en Ciudad Altamirano se han reportado seis casos de estafas de renta de departamentos en línea, de sitios que incluso están habitados, pero que fueron puestas para alquilarse a través de redes sociales.
Con cuentas falsas en grupos de Facebook, los estafadores los ponen en renta, usan imágenes de departamentos con urgencia de rentarse y con precios bajos, para lo cual piden depósitos bancarios.
De entre las personas estafadas en los seis casos, ninguno de ellos vio a la persona que se suponía que les iba a rentar el departamento o la casa. Sólo vieron las fotos en redes sociales.
El estafador les pidió el depósito del mes por adelantado y un depósito extra de garantía, a cambio de asegurar que les entregarían rápido la vivienda. Todo contacto fue a través de redes sociales y de Whatsapp.
Les dieron la ubicación del departamento y las personas incluso estuvieron paradas afuera del domicilio, después se dieron cuenta que todo había sido un engaño.
Estas propiedades se tratan de departamentos que ya se encuentran rentados en edificios públicos. También viviendas abandonadas en diferentes colonias, en puntos céntricos cercanos a hospitales.
Los afectados ya acudieron al Ministerio Público, sin embargo, desconocen la identidad de la persona que los estafó, porque todo fue a través de redes sociales.
Destaca el caso del estafador de nombre Anatolio Pérez Chamú, a nombre del cual hicieron depósitos bancarios, quien mandó copias de una credencial, la cual se ve de dudosa procedencia.
En el Ministerio Público les pidieron que presentaran la denuncia correspondiente, pero que estos casos podrían ser remitidos al área de fraudes cibernéticos. Los afectados señalaron que perdieron entre 3 mil 500 y 5 mil pesos.
En redes sociales todavía se anuncian los departamentos del engaño y se mantienen en renta. (Israel Flores / Ciudad Alta-mirano).

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la desaparición de un hombre de 39 años en la localidad de Coxcatlán, Buenavista de Cuéllar, mientras que en Iguala se mantiene activa la ficha de búsqueda de una adolescente de 16 años en Iguala, ocurrida desde el martes de la semana pasada.
En la ficha de búsqueda HVAGRO/142/2026 del programa ¿Has visto a…?, se informa la desaparición de Marco Antonio Jacinto Sánchez, de 39 años, quien fue visto por última vez el pasado sábado 11 de julio en el poblado de Coxcatlán. La denuncia de los hechos se realizó el martes.
Se indica que entre sus señas particulares tiene un tatuaje con la leyenda “Fuerzas Especiales” con un murciélago de unos ocho centímetros en el lado derecho del pecho y otro con las iniciales G. A. R al lado izquierdo del pecho. Asimismo, una cicatriz en el rostro y otra a lado izquierdo de la cabeza, mientras que no tiene muelas de ambos lados de la dentadura.
En la ficha de búsqueda se indica que es de tez morena clara, ojos cafés oscuros, cabello negro ondulado y mide 1.60 metros de estatura.
Además, la Fiscalía estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), mantienen activas las fichas de búsqueda de la joven Mireya Salgado Nacaspaca, de 16 años, desaparecida en Iguala desde el 7 de julio y la denuncia de su ausencia fue realizada el lunes de esta semana. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

La ex directora de la Unidad de Género de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Mallely Mayo Fierro informó que fue reinstalada en su centro de trabajo y se le pagaron los salarios caídos por orden de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, sin embargo, su demanda por acoso sexual en contra del subsecretario de Prevención y Reducción de Riesgos, Ricardo Ramírez Ibarra, sigue en pie.
El pasado 10 de julio, en entrevista con El Sur, la titular de la Secretaría de la Mujer Estatal, Hilda Ruth Lorenzo Hernández dijo que la trabajadora de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Iliany Mojica Reynoso, quien denunció despido injustificado después de sufrir hostigamiento laboral fue reinstalada en la dependencia que dirige; mientras que Mallely Mayo fue reinstalada en su cargo.
Ayer en conferencia en la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, acompañada de la activista Wendy Alanís Gutiérrez, Mallely Mayo detalló que tuvo una audiencia con la gobernadora y fue ella quien ordenó su reinstalación, así como el pago de salarios caídos que se le adeudaba.
“Agradezco infinitamente a la maestra Evelyn Salgado Pineda y a las personas que estuvieron apoyándome”, expresó.
Puntualizó que su denuncia sigue en pie porque el acoso “está penado y debe ser sancionado”, por lo que pidió garantías de seguridad, independiente de que se haya solucionado su situación laboral.
“Temo por mi seguridad porque, quiero reiterar y dejar claro nuevamente, que yo en la Secretaría de Protección Civil fui amenazada por el señor Ricardo Ramírez Ibarra, sigo con miedo, sigo con esa preocupación por mis hijas”, manifestó.
Contó que recibió “mucho hostigamiento sexual y acoso”, no sólo de Ricardo Ramírez, también del contralor interno Saúl Zeferino Mejía y el contador Cándido Basilio Sales, quienes actuaron “en complicidad” del titular de la dependencia, Roberto Arroyo Matus, y área de Recursos Humanos, “temo por mi vida y sigo haciendo responsables a esas personas de lo que me pueda llegar a pasar”.
Aclaró que Arroyo Matus no la acosó, pero sabía de la situación que vivía y no hizo nada, incluso le recomendó no denunciar.
Negó que haya recibido inmuebles o dinero de la gobernadora a cambio de “callarme”, aunque “las personas son libres de pensar y opinar lo que quieran”.
Aseguró que Evelyn Salgado “nunca me condicionó” a retirar su demanda a cambio de volver a su trabajo; “mi derecho a denunciar el acoso sigue en pie”.
Recordó que denunció el hecho el pasado 13 de junio ante el Centro de Justicia para Mujeres, “tengo profunda fe en que estos hechos se van a investigar cómo debe ser, apegados a la ley, y también confío plenamente en que la gobernadora no va a permitir estos actos violentos”.
Añadió que la gobernadora “a mí me ha respaldado, a mí me ha escuchado y no tengo más que decir, solamente velo y pido por mi seguridad porque estas personas que aún siguen en el poder no han sido removidas”.
Señaló que no quiere convertirse en una estadística más, “si el día de mañana yo no estoy, si el día de mañana a una de mis hijas les pasa algo, sigo haciendo responsable a estas personas”.
Abundó que aún está pendiente su asignación en un nuevo centro de trabajo, para evitar que esté expuesta y agradeció que se estén tomando medidas, ya que, por comentarios de trabajadores, los denunciados han dicho que “esto no se va a quedar así”, por eso teme, “porque estas personas están resentidas”.
Llamó a las trabajadoras del gobierno del estado que han pasado por esta situación y siguen viviendo violencia a que alcen la voz “porque la gobernadora nos respalda”.