Chilpancingo

La Secretaría General de Gobierno contestó al comunicado de la Oficina del Alto comisionad de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y afirmó que no era “admisible” aplicar el protocolo de Minnesota por que no se trató de delitos de lesa humanidad “ni de ejecuciones extrajudiciales”.
“En todo caso, las investigaciones correspondientes establecerán las responsabilidades a que haya lugar”, se dice en el comunicado, a pesar de que en el documento de la oficina de la ONU no se refieren en particular a algún caso de ejecuciones extrajudiciales.
En un comunicado de prensa responde que las autoridades estatales respondieron al hecho a través de varias llamadas realizadas al teléfono de emergencias 911, “derivado de enfrentamiento ocurridos en la comisaría municipal entre pobladores y civiles armados del Cecop”.
En el documento se insiste en que los hechos han sido analizados y atendidos a través de diversas instancias de gobierno, como se informó no solo a la opinión pública sino también “al representante en México de la ONU-DH y a los titulares de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos en el comunicado de prensa emitido por esta Secretaría” en un comunicado la noche del martes pasado.
Respecto a la agresión en contra del fotógrafo Bernandino Hernández, la secretaría general de Gobierno dijo que “no son graves, como lo demuestran los dictámenes médicos, y los hechos están siendo investigados por la autoridad competente”.
Ante el comunicado de la ONU donde se puntualiza la falta de aplicación de protocolos que promuevan el respeto a los derechos humanos por parte de los policías, el Estado refirió que se manifiestan “en absoluta disponibilidad para atender las preocupaciones expresadas por la ONU-DH, así como a las medidas cautelares obsequiadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito indeclinable de que los hechos en La Concepción sean investigados con estricto apego a la ley y el pleno respeto de los derechos humanos”. (Redacción).

 

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, aseguró que el interés del gobierno del estado es que se aplique la ley en el caso La Concepción, por lo que todos los que resulten presuntos responsables y sean señalados serán investigados.
“Estamos interesado si por parte de la policía, de agentes ministeriales y de servidores públicos se cometieron abusos sean sancionados, pero que todo mundo tenga la confianza de aplicar la ley a quien sea”, aseguró.
En entrevista en su despacho de Palacio de Gobierno, Salazar Adame reiteró que el gobierno del estado intervino en la población de La Concepción tras una llamada de auxilio “de la población” realizada a través del 911.
“Todos sabemos cómo se generaron las situaciones de violencia en esta comunidad y por qué tuvo que intervenir la policía del estado ante actos de violencia generados por grupos de ciudadanos armados, que se hacen pasar como comunitarios. Lo refiero de este modo porque el comisario municipal en un video que circula en las redes el de La Concepción, señala que ellos nunca dieron la aprobación para que esta policía comunitaria actuara como tal y se posicionara de la comunidad y empezaron a cometer una serie de actos que ellos consideran nocivos”.
Indicó que la investigación ya está en manos de las autoridades responsables, es decir la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes tendrán que determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados.
El funcionario señaló que el gobierno del estado tiene el interés en que la investigación se haga con “la mayor pulcritud” y trasparencia. Por eso dijo que se facilitó a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acceso a los “presuntos reos”.
“El interés del señor Astudillo (el gobernador) no es otro que se aplique la ley y por lo mismo quien esté a salvo de haber cometido actos delictivos seguramente serán liberados”.
Durante la entrevista, Salazar Adame llamó a quienes a través de redes sociales “están llamando a alertar el orden público”. Enfatizó que no se trata de amenazar al gobierno o a los servidores públicos o de generar actos de anarquía que provoquen “desorden”.
Se le preguntó sobre el comunicado de prensa de alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OMU-DH), que señala lo alarmante del operativo policiaco en La Concepción en el que no se siguieron estándares internacionales de derechos humanos.
A esto respondió que todos los que sean señalados deben ser investigados.
Indicó que sobre el ataque a reporteros y otros medios locales se deben de presentar las denuncias para que se inicie la investigación.
Guerrero en la misma escala de Irak, Siria y Corea del Norte

Salazar Adame calificó la escala comparativa del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Guerrero como excesiva.
Este jueves se dio a conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo la prohibición a sus ciudadanos y funcionarios de no visitar Guerrero, incluido Acapulco, debido “al crimen”, además de colocarlo en la misma escala que Irak, Siria y Corea del Norte.
Ante esto el funcionario estatal señaló que ante la posibilidad de que le turismo ya no venga convocan a los prestadores de servicios a que sean muy cuidadosos de sus declaraciones.
“Porque de pronto alguien hace declaraciones extremas y se olvidan que necesitamos tener turistas porque finalmente es una actividad que dispersa el recurso prácticamente en todos los que habitan un lugar tenemos que cuidar bien, Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, por que es la actividad económica más importante”.

San Felipe del Ocote

Respecto a la petición de vecinos de la comunidad de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla que pidieron ser reubicados en la cabecera municipal porque no regresarán a su comunidad, Salazar Adame enfatizó a través del área jurídica de la secretaría se hace la valoración de las familias que no puedan regresar y se les dé un espacio en la cabecera.
Indicó que el tema de la violencia es muy amplio en el estado y no se sabe aun cuando se dará un caso de desplazados, por lo que el actual gobierno no se puede adelantar a este fenómeno causado por los grupos del crimen organizado.
Dijo que los pobladores tendrán la certeza de poder regresar a su comunidad, en el caso de que algunas familias lo quieran hacer, será hasta los primero días de la próxima semana.
“Una vez que conozcamos los informes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la propia Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno y que obviamente se haya hecho una amplia entrevista con los desplazados para saber quiénes quieren ser reubicados y cuántos quieren regresar”.
Insistió que en el caso de los desplazados del municipio de Apaxtla se les estará dando el apoyo que soliciten, pero las opciones es que los que quieran retornar lo pueden hacer, y la otra es la reubicación.
“El tema de la seguridad es más complejo en tanto que ocupa mayores recursos y evidentemente para el estado es insuficiente”.
Señaló que el gobierno del estado no está en contra de la adquisición de un nuevo terreno para que las familias vivan en un lugar más seguro.
Insistió que el desplazamiento de cientos de familias de zonas donde impera la violencia generada por grupos del crimen organizado son efectos colaterales que deben de ser atendidos.

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que dos de los tres policías comunitarios muertos en la operación de desarme en la comunidad de La Concepción, Acapulco, fueron detenidos y luego ejecutados extraoficialmente por agentes del Estado.
Consideró que la intervención del domingo contra la Policía Comunitaria en Acapulco, con 200 policías estatales, federales y militares, y la información contradictoria por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre los detenidos en los primeros días de la aprehensión, fueron premeditadas para ocultar estos datos.
Después de cuatro días de los hechos, de rastrear a las personas de las que se desconocía su paradero, informó que “se tuvo conocimiento que dos de los tres policías comunitarios ejecutados en el segundo enfrentamiento fueron detenidos y posteriormente ejecutados”.
De los 38 detenidos en la operación policiaca, según el reporte del gobierno del estado, hoy saben que 25 se encuentran en el penal de Las Cruces; 11 son policías comunitarios, dos detenidos que estaban en proceso de reeducación en el Sistema de Justicia Comunitario, 10 son civiles y 23 pertenecen al Cecop.
En un comunicado, Tlachinollan denuncia que las autoridades actúan de manera parcial e irregular, no sólo en los procedimientos penales contra las personas detenidas el domingo en La Concepción, sino desde que vecinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, se opusieron al proyecto hidroeléctrico La Parota.
Explicó que el gobierno dio la pauta para un conflicto intercomunitario en la zona de influencia del proyecto de la presa (suspendido a la fecha), para incursionar después “de manera extremadamente violenta utilizando las fuerzas policiales en un operativo letal y violatorio de los derechos humanos”.
En este marco, ocurrieron los hechos del 7 de enero, cuando alrededor de las 3 de la madrugada se suscitó el primer hecho violento entre policías comunitarios de la Casa de Justicia de La Concepción y civiles armados, que tuvo como resultado la muerte de dos comunitarios y seis civiles armados.
Después de varias horas, unos 200 policías y militares sitiaron la comunidad, en una operación que derivó en el segundo enfrentamiento entre la Policía Comunitaria, con un saldo de tres policías ejecutados extrajudicialmente, alrededor de las 11 de la mañana.

Hubo detenciones arbitrarias y torturas, señala

Asimismo, señaló que hubo personas torturadas y detenidas arbitrariamente, y propició “un ambiente de vulnerabilidad para familias que decidieron organizarse a través del CECOP y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) para defender sus derechos al territorio y al consentimiento libre, previo e informado”.
Añadió que desde la detención de los policías comunitarios trasladados al penal de las Cruces en la operación policiaca, Tlachiollan detectó irregularidades que indican que las autoridades no estaban actuando de buena fe.
Entre estas, señaló que, aunque el proceso en apariencia se conduce con legalidad, hubo información contradictoria sobre el número de detenidos. “En un primer momento se informó sobre la detención de 30 personas; después en un comunicado del gobierno del estado la cifra cambió a 38. El día 9 de enero, a los abogados defensores se les informó que en la Fiscalía General del Estado de Guerrero se encontraban 21 personas privadas de su libertad, mientras Tlachinollan obtuvo información por familiares, de 25 personas detenidas”.
Hasta ese momento dijo que los detenidos en eran policías comunitarios, personas que estaban en proceso de reeducación, integrantes del Cecop y civiles que se encontraban en la zona del enfrentamiento y en espacios aledaños a la comunidad de La Concepción.
Denunció que la falta de certeza en la información es grave porque, de acuerdo con los pobladores, había vecinos de los que no se conocía su paradero, y después se supo que dos de los tres policías comunitarios ejecutados en el segundo enfrentamiento fueron detenidos y posteriormente ejecutados.

 

Sin proporcionar mayores detalles, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó anoche de la detención del ex alcalde de Tlapa, el priista Willy Reyes Ramos, por el delito de homicidio calificado en agravio del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y de su chofer Erick Estrada Vázquez, ocurrido en septiembre de 2011.
Primero, a las 9 de la noche, mediante un Twitter, la Fiscalía informó que “dio cumplimiento orden de aprehensión en contra de Willy Reyes Ramos vinculado al homicidio en agravio Moisés Villanueva de la Luz y su chofer Erik Estrada Vázquez”.
Después, el vocero en materia de Seguridad del Gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia y la misma Fiscalía enviaron un breve comunicado de tres párrafos en el que se informa que “la Fiscalía General del Estado este día dio cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra de Willy Reyes Ramos, por el delito de Homicidio Calificado en agravio de Moisés Villanueva de la Luz y Erick Estrada Vázquez, cometido en septiembre de 2011”.
Agrega el comunicado que la detención ocurrió en coordinación con agentes de la Policía Investigación Ministerial adscritos a los municipios de Tlapa de Comonfort y Huamuxtitlan, pero no se informa donde, a qué horas y cómo fue detenido el ex alcalde de Tlapa.
Refiere que la detención está relacionada con los hechos que se encuentran en la causa penal número 01/2013, ocurridos el día 4 de septiembre de 2011 en la carretera federal Tlapa-Puebla, en el punto conocido como puente encajonado.
La detención del ex alcalde ocurre a más de dos años de que el fiscal Javier Olea Peláez, se comprometió a detener a quien fuera su cliente como abogado litigante, en una carta enviada a El Sur el 7 de diciembre del 2015, cuando el ahora fiscal apenas era integrante de la terna para ocupar el cargo de fiscal General.
En agosto del año pasado, la viuda de Moisés Villanueva de la Luz, Lucía Leyva Rosas, denunció que el fiscal Olea Peláez no sólo seguía protegiendo al ex alcalde como su abogado que había sido, sino que desde que llegó a la Fiscalía había ordenado que le retiraran a ella las medidas de seguridad.
El 4 de septiembre de 2011 el diputado 500, como era conocido Villanueva de la Luz por ocupar la última curul en la Cámara de Disputados, desapareció junto con su chofer, Erick Estrada Vázquez, cuando viajaba sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa. Catorce días después sus cuerpos fueron encontrados cerca de Huamuxtitlán.
Por el doble crimen, el 21 de noviembre fue detenido en Chilpancingo, Juan Miguel Martínez Plácido, El Pequeño, como responsable material, quien declaró que “invitó” a participar a Antonio Jiménez Chino, El Baleado, “yo le comenté a el que el presidente de Tlapa quería que matáramos a alguien por paga”.
El detenido declaró que recibieron 300 mil pesos de parte del alcalde para asesinar al diputado federal y que participaron, además, Manuel Martínez Molina, El Cua Cua, Luis Manuel Ortega García, El Yogui y Jorge “N”.
Declaró que un día antes, él y sus cómplices se reunieron en el restaurant Sarita de Tlapa, para hacer un recorrido por las calles de la ciudad “para ver las calles, entradas y salidas de la ciudad” y que ese mismo día se reunieron con el alcalde Willy Reyes Ramos, entre la gasolinería y la tienda comercial Chedrahui, poco después de las cinco y media, en donde llegó una camioneta tipo Cherokee, color café y arena, donde iba como copiloto Willy Reyes con quien convinieron el pago por el “trabajo”.
“Ahí es donde Willy Reyes Ramos nos dijo que al siguiente día, es decir cuatro de septiembre del mes y año en curso, se llevaría a cabo una fiesta con motivo del cumpleaños de un diputado y ahí llegaría la persona que tendríamos que matar”, dijo en su declaración el detenido.
El detenido relató también la forma en que interceptaron al diputado federal cuando éste se trasladaba a bordo de su camioneta y al pasar el municipio de Huamuxtitlán lo interceptaron para privarlo de la vida.
Asimismo, reconoció que el día 2 de noviembre mató a su cómplice El Baleado, a quien sepultó clandestinamente en un paraje solitario de la ciudad de Chilapa, “para ir borrando evidencias”.
Otro de los detenidos por el mismo caso es el comandante de la policía municipal de Tlapa, Francisco Flores Lorenzo, quien se encargó de contratar a Juan Miguel Martínez Plácido, y confirmó que fue por encargo del alcalde Reyes Ramos.
Entonces el Congreso del Estado, se negó a iniciar un juicio de desafuero en contra de Reyes Ramos, a pesar de que fue solicitado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), hasta que concluyó la administración de Willy Reyes, quien para entonces ya estaba amparado.
El 3 de septiembre de 2013 la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinó librar orden de aprehensión en contra del ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, por su probable participación intelectual en el homicidio de Moisés Villanueva de la Luz, misma que según la fiscalía se ejecutó ayer.
Javier Olea, actual fiscal, fue en su momento el abogado defensor de Willy Reyes Ramos.

El Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos condenó los asesinatos y detenciones de policías comunitarios de la CRAC, el domingo en La Concepción, y exigió su libertad inmediata, así como el cese a la represión contra el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop).
En un comunicado, las organizaciones que integran el Comité expusieron que desde la fundación del Cecop el gobierno ha intentado desmantelarlo con represión y la criminalización de sus representantes, para desprestigiar su lucha.
Consideraron que el asesinato de comuneros, encarcelamiento de sus voceros y la incursión de grupos paramilitares a los Bienes Comunales ha sido la estrategia del estado para acallar las voces de los pueblos que luchan por la defensa de los recursos naturales.
Exigieron la libertad inmediata, incondicional y absoluta del líder del Cecop Marco Antonio Suástegui, y el resto de los detenidos en La Concepción, y demandaron al gobierno federal y estatal el esclarecimiento de los hechos, castigo a los responsables del artero asesinato de los policías comunitarios por parte del Ejército y policías estatales y federales.
Entre otros firman el escrito, el Comité por la libertad de Damián Gallardo Martínez, Unión de Artesanos y Comerciante Oaxaqueño en Lucha (UACOL), Frente Popular Revolucionario (FPR), Coordinadora Nacional Estudiantil, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Frente Amplio de Lucha Popular (FALP) y la Coordinadora Nacional en Defesa de la Salud y la Seguridad Social.

Preocupación e indignación, expresa Unisur

Asimismo, la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur), expresó preocupación e indignación por los hechos violentos del domingo en La Concepción, y denunció que el uso indiscriminado y ostentoso de la fuerza pública en contra de las organizaciones civiles ha sido característica de los gobiernos autoritarios.
En un boletín, se pronunció por el esclarecimiento pleno de los sucesos y porque se generen la acciones pertinentes para la pacificación del estado.
Destacó que las Policías Comunitarias en la entidad han mostrado interés de garantizar condiciones de seguridad en sus localidades, donde las autoridades no consiguen los niveles mínimos de tranquilidad para sus habitantes.
Convocaron a organizaciones, académicos y observadores internacionales a dar seguimiento de los hechos, exigir justicia y apoyar a las organizaciones comunitarias en acciones por el ejercicio de sus derechos y en el reconocimiento del derecho comunitario, “para evitar estos acontecimientos deleznables”. (Lourdes Chávez y Beatriz García / Chilpancingo).

 

La fracción del PRI del Congreso local oculta un oficio del fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, con el que retira la solicitud de visto bueno para María Guadalupe Rendón Ramírez como su propuesta para Fiscal Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el que también anuncia que hará llegar una nueva propuesta.
Ayer el pleno del Congreso local sesionó y durante más de una hora, hubo una discusión en tribuna por el tema entre el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja, y el coordinador de facto de la bancada priista Héctor Vicario Castrejón.
La discusión en el pleno, fue para que la Comisión de Justicia que preside Héctor Vicario Castrejón presente al pleno el dictamen de las dos propuestas de fiscales especiales, pero la bancada priista se negó a llevarlas porque no tenía asegurado el voto de las dos terceras partes de los diputados para ser aprobados.
Fuentes del Congreso comentaron que la fracción priista pretende que los diputados del PRD voten a favor la propuesta de fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Antonio Sebastián Ortuño, a cambio de votar en contra la propuesta de María Guadalupe Rendón.
Pero el PRI no pudo asegurar el voto de las dos terceras partes del Congreso, a pesar de que ofrecieron un “apoyo económico” a diputados perredistas, que hasta ayer no aceptaba, según trascendió.
Sin embargo, ayer por la mañana circuló la propuesta de orden del día para la sesión, en la que en el primer punto de comunicados, se enlistó un oficio que envió el fiscal Javier Olea.
“Oficio signado por el licenciado Javier Olea Peláez, fiscal general del estado, mediante el cual retira la solicitud de visto bueno de esta soberanía con fecha 28 de noviembre de 2017, en la que se presenta propuesta de la licenciada María Guadalupe Rendón Ramírez para la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Lo anterior con la finalidad de hacer llegar una nueva propuesta”, pero ese punto fue retirado del orden del día.
Mejía Berdeja insistió en que la Comisión de Justicia tendría que presentar su dictamen respecto a las dos propuestas de fiscales especiales que Javier Olea, el de Guadalupe Rendón y el de Antonio Ortuño para titular de la Fepade.
Para que el pleno determine si le da el visto bueno a las propuestas o las rechaza para que el fiscal envíe otras propuestas.
Porque recordó que de no haber un pronunciamiento por parte del Congreso local, la propuesta del Fiscal General del Estado quedará en firme sin haberse siquiera discutido.
Explicó que el artículo 142 en su numeral decimo dicta que los nombramientos deben tener el visto bueno de dos terceras partes del Congreso y en caso de no pronunciarse se entiende que quedan aprobados.
Si no se rechazan las propuestas quedarán firmes los nombramientos de Antonio Ortuño como Fiscal de delitos Electorales y de Guadalupe Rendón en Materia de Desaparición Forzada, y dijo que “ambos casos, pero sobretodo el segundo, es grave por la situación que vive el estado en materia de desapariciones forzadas” insistió en tribuna Ricardo Mejía.
Insistió también en que la postura en contra no es por la trayectoria personal sino porque en el caso de la fiscalía para desaparición forzada no cuenta con el aval de víctimas y familiares de este delito  “no queremos que queden firmes por ser omisos en el Congreso”.
Advirtió también que no se puede usar en sentido contrario el artículo 142 para cometer un fraude a la ley, “no se puede pronunciar alguien cuando no hay dictamen y lo hemos señalado reiteradamente y es claro que no hay el visto bueno de las dos terceras partes del Congreso para los nombramientos, de lo contrario los someterían a votación”.
Mientras que Vicario Castrejón insistió en que aún hay tiempo para que los diputados lleguen a acuerdos en el ambas propuestas.
Insistió en que las propuestas de Javier Olea para fiscales especiales cumplen los requisitos que establece la ley.
En tribuna reiteró el llamado a los diputados para que llegar a los consensos y acuerdos, para que en los próximos días puedan dar el visto bueno a las propuestas, pero además pidió que se centren en señalamientos objetivos como el perfil de ambos profesionistas.
En tribuna también participó el diputado de MC Silvano Blanco Deaquino, que fue el único que se refirió a Antonio Sebastián Ortuño, de quien dijo que tiene una “alta afinidad al PRI” y que eso le impide estar al frente de la Fepade.
En tribuna dijo que “tenemos un proceso electoral muy complejo y la ficha curricular de la propuesta del fiscal para ocupar dicho cargo, todos sabemos de la afiliación que tiene al PRI. Se debe de evitar que alguien con esa afiliación política sea quien se vaya a encargarse de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales”.
Después de una discusión en la Vicario Castrejón y Mejía Berdeja subieron cada uno tres veces a tribuna para el mimo tema, la perredista María del Carmen Cabrera Lagunas, pidió que se presentara el dictamen ante el pleno y de no tener el visto bueno de las dos terceras partes de los diputados que se hicieran otras propuestas para fiscales.

No acude alcalde suplente de Petatlán a tomar protesta

El alcalde suplente de Petatlán, Jesús Gómez Pérez, no acudió al Congreso local a tomar protesta del cargo, argumentando que tenía “problemas de salud”. Él es hermano de Arturo Gómez, quien fue asesinado a balazos en un restaurante el 28 de diciembre.
El martes, el pleno del Congreso local llamó al suplente del alcalde perredista asesinado en Petatlán, para que asistiera el jueves al Poder Legislativo a tomar protesta del cargo y funciones de alcalde, pero Jesús Gómez no llegó y solo avisó a través de un correo electrónico que no podría ir porque está enfermo.
En la sesión de ayer, el presidente de la Mesa Directiva Eduardo Cueva Ruiz solicitó a nombre de la Junta de Coordinación Política, que se presente el próximo lunes a la ultima sesión del periodo ordinario, para cumplir con el protocolo.
Como el alcalde suplente sólo envió el correo avisando que no asistiría por problemas de salud, pero no precisó si lo haría después o renunciaba a su cargo, el Congreso le avisó a través del área jurídica que si no asiste a la sesión de el lunes “se dará por entendido que no acepta el cargo y se iniciará el procedimiento para elegir a quien reemplazará a Arturo Gómez”.
Al respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política Flor Añorve Ocampo, informó que vía correo electrónico Jesús Gómez avisó al Congreso que no podría acudir a la cita por enfermedad, sin embargo no adjuntó ningún documento como un certificado médico que lo confirmara.
Pero en caso de que Gómez Pérez esté enfermo y lo comprueba con documentos, Añorve Ocampo dijo que el Congreso podría esperar a que se recupere para el protocolo de toma de protesta.
De la posibilidad de que el alcalde suplente no quiera asumir el cargo por temor, después del asesinato de su hermano, Añorve Ocampo descartó esa posibilidad y que el motivo puede ser que tiene aspiraciones a participar en el proceso electoral de este año.
En caso de que el alcalde suplente decida no aceptar el cargo, el gobernador Héctor Astudillo Flores tendría enviar una terna de vecinos del municipio al Congreso que se pondrían a consideración del pleno.

Otros temas

La diputada Érika Alcaraz Sosa propuso reformar diversos ordenamientos legales, para transferir la impartición de justicia del trabajo del Poder Ejecutivo al Judicial  y éste conozca y resuelva los conflictos laborales.
La perredista argumentó que la justicia laboral presenta problemas en su funcionamiento, ya que sus instituciones y procesos fueron creados en una condición histórica, contrastando con la que se vive actualmente.
El diputado Mauricio Legarreta Martínez propuso adiciones al Código Penal del Estado Para incorporar dentro del capítulo de omisión de cuidado y auxilio una agravante para los descendientes y cónyuges que abandonen a las personas de la tercera edad.
La fracción de MC presentó iniciativa de reformas a la Ley del Registro Civil para establecer que la nulidad administrativa de acta de estado civil procederá cuando exista duplicidad de la misma y en los casos en que los registros que se hicieran sobre menores o adultos que tuviesen la nacionalidad extranjera impidan tramitar correctamente la doble nacionalidad.
En el pleno, la Mesa Directiva leyó también excitativas a las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología  y Derechos Humanos para que presenten a la brevedad los dictámenes de las iniciativas de leyes del Sistema Integral de Atención y Apoyo a los Estudiantes de Escuelas Públicas y de los Derechos Estudiantiles del Estado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja intervino sobre la presencia de personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los casos de graves violaciones a los derechos humanos en la entidad y en relación a la Ley de Seguridad Interior, el diputado Silvano Blanco Deaquino comentó que con esta ley se pretende dar un marco legal para que el Ejército y la Marina participen en materia de seguridad pública, a pesar de que éstos no tienen las atribuciones ni capacitación para cumplir con dicha función y es un atentado contra las garantías individuales y los derechos humanos.

Chilpancingo

De acuerdo con un informe financiero 2017 del Ayuntamiento de Chilpancingo que fue entregado a El Sur por trabajadores municipales, se revela que el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, desvió de programas federales para gasto corriente la cantidad de 110 millones de pesos.
De ahí que Leyva Mena pretende regresar al cargo para ocuparse de “tapar” los desvíos, para evitar que se lo detecten en la revisión de la cuenta pública en este 2018 y así esquivar la cárcel, dijeron fuentes del gobierno del estado.
El gobierno del estado investiga la situación de la administración pasada, de acuerdo con un informe financiero proporcionado a El Sur en el que se desglosa que Leyva Mena desvió del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), 92 millones 901 mil 375 pesos.
Según la normatividad para el uso de recursos del Ramo 33, los gobiernos municipales sólo pueden invertir del FAISM, a programas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.
Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), Leyva Mena desvió 13 millones 139 mil 66 pesos. Mientras que del Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el alcalde con licencia desvió 4 millones 348 mil 833 pesos.

Los desvíos de los recursos federales, por rubro

De acuerdo con el informe financiero hasta el 16 de octubre, Leyva Mena desvió del FAISM un total de 92 millones 901 mil 375 peso, de los cuales, un millón 50 mil pesos fueron para el pago del basurero de Zumpango; 16 millones 299 mil pesos para préstamos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), 6 millones 165 mil pesos para el pago de prestamos por aguinaldos, un millón 800 mil pesos para reembolso a Fortamun, un millón de pesos para compra de un camión para basura, un millón 800 mil pesos para aportaciones al Patronato de la Feria y 3 millones 821 mil para reembolso de apoyos a Antorcha Campesina.
Además, 6 millones 835 mil pesos para reembolso al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016 (FAFEF), 3 millones 32 mil pesos para cooparticipación para el Fortaseg, 13 millones 413 mil pesos para pago de préstamos de bancos Afirme y FACTORAJE, 27 millones 986 mil pesos para pago de nómina, 5 millones 150 mil para reintegro del ejercicio 2016, un millón para pago al SAT, un millón 800 mil para compra de combustible, un millón de pesos para el relleno sanitario municipal y 300 mil pesos para pago a proveedores.
Del Fortamun, Leyva Mena desvió 13 millones 139 mil 66 pesos, de los cuales un millón 900 mil pesos fueron para el pago de préstamos a la Capach, 635 mil para reembolso al FAFEF-2016, 10 millones 586 mil para el pago de nómina y 18 mil pesos para el pago a proveedores.
Del Fortaseg, Leyva Mena desvió 4 millones 348 mil 833 pesos, de los cuales 264 mil pesos fueron para el pago del basurero de Zumpango, un millón para pago de préstamos a Capach, 615 mil para el pago de préstamos al banco Afirme y FACTORAJE y 2 millones 470 mil pesos para el pago de nómina. (Hugo Pacheco).

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, la priista Flor Añorve Ocampo, afirmó que la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación tiene 30 hábiles para dictaminar la solicitud de Marco Antonio Leyva Mena para regresar al cargo y funciones de alcalde de Chilpancingo.
En declaraciones ayer en el vestíbulo del salón de plenos en el Congreso local, Añorve Ocampo comentó que el documento que hizo llegar el miércoles Leyva Mena a la Mesa Directiva sí cumple los requisitos para que sea procesada su posible reincorporación a la presidencia municipal, porque no se trata de un simple aviso como el que envió el lunes en la que solamente notificó que regresaría.
Pero el documento enviado el miércoles por Leyva Mena “está en los términos que debió solicitarla en un principio y quiero decirles que con este nuevo documento que está mandando él está reconociendo que no hizo bien los trámites. El procedimiento del Congreso es turnarla a la Comisión que dictaminará en torno a los dos documentos”.
A pesar de que reconoció que no existe ningún impedimento legal para que Leyva Mena se reincorpore al cargo, dijo que también Jesús Tejeda Vargas también es alcalde constitucional, pues fue electo en fórmula y “no está ocupando un lugar en el que no fue electo, porque el suplente también fue electo y hoy está en funciones”.

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El líder sindical de la sección 28 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), José Natividad Adame señaló que, el regreso del alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, “es una cortina de humo” para detener las investigaciones a los policías municipales, de los desaparecidos, de los asesinatos y detenciones de líderes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop).
Consultado afuera del Congreso local, donde acudió a la protesta contra el regreso de Leyva Mena, el secretario general de la sección 28 dijo que, “es un asunto político de otro nivel, a nosotros nos están utilizando, porque lo que andan buscando es algún huesito para mañana, pero ese asunto de la incorporación de Leyva Mena es del Congreso y de las autoridades, quienes tendrán que resolverlo”.
José Natividad manifestó, “qué casualidad que aparece Marco Antonio Leyva Mena en una rueda de prensa, exactamente cuando en Chilpancingo tenemos en investigación a la Policía Municipal, por los varios desaparecidos, asesinatos y detención del Cecop, hace su mitote para desviar la atención, es una cortina de humo y ahí es donde nos llevan entre los pies”.
Indicó que la cortina de humo es una cuestión política para desviar la atención, y preludio de lo que se avecina, que son las votaciones; “hay gente que no la tiene todas consigo y están preocupados, inclusive abriré la boca a ver si no corro riesgo, esto de la militarización es parte de eso, el voto del miedo”.
El líder sindical dijo que lo que preocupa en Chilpancingo es que el voto “no es ideológico”, porque las colonias populares votan por el candidato que les da más”.
El 4 de enero, soldados, y policías federales y estatales, tomaron las instalaciones de la Policía Municipal de Chilpancingo, y desarmaron a los agentes, señalados como responsables de la desaparición de siete jóvenes, dos de ellos asesinados en esta ciudad, tres que aparecieron golpeados, y dos más de los que aún se desconoce el paradero.
El 7 de enero, dos enfrentamientos en la comunidad de La Concepción, en Acapulco, dejaron 11 muertos y un herido, así como 38 detenidos, entre ellos el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, y su hermano Vicente.

 

María Avilez Rodriguez

Chilpancingo

Unos 400 trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento capitalino, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), y de la Dirección de Imagen Urbana, marcharon este jueves al Congreso local para exigir a los diputados que no se reincorpore al cargo el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena.
A las 10 de la mañana, agremiados a la Sección 14 del Sindicato Independiente del Ayuntamiento, partieron del Zócalo capitalino encabezados por su secretario, Domingo Salgado.
En el monumento a Las Banderas, a la movilización se unieron trabajadores agremiados a la sección 28 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) del Ayuntamiento y de la sección 15 del Sindicato Independiente de la Capach, encabezados por los secretarios de ambas, José Natividad Adame y Asunción Rodríguez.
En la protesta también participaron trabajadores de la Dirección de Imagen Urbana municipal y el titular de la dependencia, Carlos Ramírez.
Consultado en la marcha, el secretario general de la sección 15 de Sindicato Independiente de la Capach, Asunción Rodríguez Flores manifestó que los 64 trabajadores agremiados están en contra de que regrese Leyva Mena, porque no solucionó sus peticiones durante los dos años que estuvo en la administración.
Indicó que a su sindicato le adeudan un millón 100 mil pesos, y pese a que el alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas no les ha resuelto, aseguró que tienen algo más concreto y él sí los ha atendido.
Advirtió que si el Congreso reinstala a Leyva Mena se manifestaran en contra, “para que no tome posición, porque tiene pendiente un juicio político, de una u otra manera le impide regresar, que deje trabajar a Jesús Tejeda”.
Por su parte, Carlos Ramírez expresó que, “nuestra postura sigue siendo firme que no regrese Leyva Mena, porque él se comprometió a aumentar salarios y dar despensas cada mes, pero no cumplió; por las promesas incumplidas, los trabajadores están molestos”.
Manifestó que exigen al Congreso local la revocación de mandato, que no le autoricen su regreso, “que no permitan que regrese porque el municipio se convertirá en un desorden”.
Por su parte, el líder sindical de la sección 28 del SUSPEG, José Natividad Adame dijo que marcharon al Congreso local para exigir a los diputados que regrese Marco Leyva, “pero lo que se robó”.
Indicó que a su agrupación le deben varias cuotas sindicales, el pago de las pólizas de seguro, unos 13 millones de pesos para 755 trabajadores.
Precisó que con la llegada de Jesús Tejada se está arreglando “un poco” la situación, porque les dicen que les van a pagar los adeudos que se tiene con el sindicato.
Domingo Salgado manifestó que marcharon “por desesperación”, porque Marco Antonio Leyva Mena está solicitando su instalación, y exigirán al Congreso la revocación de mandato, porque no hay transparencia en la rendición de cuentas, y es importante que lo auditen.
Denunció que a su sindicato le deben seguros de vida, gastos fúnebres, cuotas sindicales, por más de 2 millones de pesos; a causa de la desatención de Leyva Mena a la base trabajadora, van a solicitar el desafuero.
Aseguró que si el Congreso local aprueba la reincorporación del alcalde con licencia, “vamos a sitiar el Congreso, vamos a hacer conciencia de toda la base trabajadora, no aceptamos el regreso. Tenemos muchas evidencias, por el ejemplo el desfalco millonario de 2016 y 2017”.
A las 11:40 de la mañana, en el Congreso una comisión de trabajadores fue atendida por diputados.
Afuera del recinto legislativo, los manifestantes bloquearon de manera total el paso vehicular en la calle Trébol, donde gritaron, “fuera Leyva, fuera Leyva”, “Marco ratero regresa el dinero”, “Marco chismoso”, y “unidad gremial por justicia laboral”. También portaron pancartas en las que se leían sus inconformidades.
Posteriormente a la 12:50 de la tarde, la comisión salió e informó que los diputados les manifestaron que atenderían su petición y que van a actuar de acuerdo con lo que establece la ley.
Los manifestantes aseguraron que si el Congreso reinstala a Leyva Mena van a protestar; adelantaron que pedirán que se reactive la revocación de mandato que aún está pendiente.
Los manifestantes se retiraron casi a la 1 de la tarde.