Alejandro Guerrero

Iguala

Unos 30 feligreses de la colonia Villa de Guadalupe en Iguala protestaron y tomaron la parroquia Santa María de Guadalupe para exigir la salida del sacerdote, Luis Antonio Rivera López a quien señalan de supuesta pederastia y apropiarse de los recursos económicos que ingresan a la parroquia.
Cerca del mediodía de ayer los habitantes miembros del comité vecinal de los festejos del 12 de diciembre, el cual preside Edgar Millán, tocaron las campanas de la iglesia para convocar a los vecinos y posteriormente cerraron la puerta de la iglesia con una cadena y candado para evitar el ingreso del sacerdote que lleva cuatro años al frente de esta parroquia.
Edgar Millán denunció que el cura “se la pasa hablando mal de los habitantes de la colonia” Villa de Guadalupe y se queja de que son unos “pobretones”, porque no le dan dinero. Además no ha cumplido los acuerdos con el comité vecinal para llevar a cabo las mejoras de la iglesia.
Denunció supuestos actos de pederastia del sacerdote y narró que el religioso ha acosado a un adolescente de 16 años y que en la iglesia tiene “trabajando” a puro niño. “Tiene a unos cinco jóvenes viviendo en el cuarto, algunos de ellos del municipio de Heliodoro Castillo a los que les paga sus estudios”.
Dijo que antes el padre Rivera López ya había sido corrido de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús también de Iguala, y de otras iglesias de los municipios de Taxco y Tepecoacuilco por las mismas anomalías.
Informó que el sacerdote pedía que le dieran días para que se fuera y los habitantes lo emplazaron a que a más tardar ayer a la media noche se fuera de la parroquia. Por la tarde llegó otro párroco con el acompañamiento de algunas personas y subieron a una camioneta de mudanzas las pertenencias del padre Rivera López.
Después de la 1 de la tarde y ante la presencia de reporteros, los vecinos retiraron la cadena de la puerta y entraron a la iglesia encabezados por el presidente del comité vecinal ante la versión de que adentro estaba uno de los jóvenes al que el párroco le daba “hospedaje”.
Los vecinos se percataron de que el padre había enviado a uno de los jóvenes con unas llaves y un teléfono celular para que se llevara el sagrario con un valor aproximado de 25 mil pesos, así como otros objetos que son usados para oficiar las misas.
En el cuarto de la iglesia fue localizado el joven acompañado de una mujer quienes dijeron ser quienes le ayudan al padre con las actividades de la iglesia. El joven se identificó como sacristán y dio a conocer que el padre le “ayuda” en la escuela. Indicó que el padre le dio la orden de que recogiera el cáliz y otros objetos.
Posteriormente los vecinos los obligaron a abandonar el lugar y antes revisaron sus bolsas y mochilas para evitar que se llevaran objetos de la iglesia.

Vecinos de la colonia Miranda Fonseca-Corral Falso en Atoyac denunciaron que un tramo carretero de 2 kilómetros no ha sido construido a pesar que desde septiembre del 2017 se liberó el recurso.
El representante de los vecinos, Rubén Ríos Radilla dijo que desde hace tres años el hoy diputado, Ricardo Barrientos Ríos se comprometió a la gestión de la obra dando largas al asunto.
Agregó que el proyecto se aceptó “pero a base de presión logramos que se concretara, vino a dar el banderazo de inicio de la obra hace tres meses, pero se cancelaron los trabajos por instrucciones del diputado (Ricardo) a pesar de que el recurso está etiquetado desde septiembre de 2017”.
Dijo que desconocen el costo de la obra ya que Barrientos Ríos sólo se acudió al inicio de los trabajos pero no precisó cuánto se había invertido.
Ríos Radilla dijo que la situación preocupa porque está próximo un periodo electoral y temen que el recurso pueda ser usado para la campaña del actual dirigente estatal del PRD, quien aspira a la senaduría del estado por ese partido.
Abundó que el responsable de la obra de la empresa Construcciones y Proyectos les indicó que por “instrucciones del diputado con licencia se dejó la obra sin seguimiento”.
Dijo que la obra es prioritaria para la zona por ser una importante productora de mango, copra y limón, y conecta a varios pueblos y rancherías de Atoyac. (Francisco Magaña / Atoyac).

 

Argenis Salmerón

Unos 500 integrantes de la Confederación de Trabajadores Campesinos (CTC), en una asamblea regional reclamaron que el gobierno priista del estado no ha atenido las demandas de la organización, como detener el alza de los precios de los combustibles y herramientas para proyectos productivos.
Asimismo, los agremiados a la CTC se quejaron que el gobernador, Héctor Astudillo Flores incumplió a la organización en los 20 puntos del Plan de Austeridad anunciado en enero de 2017, tras el aumento de las gasolinas.
La reunión se llevó a cabo en un restaurante en el poblado de Tunzingo, municipio de Acapulco, donde los inconformes pidieron una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y advirtieron que en caso de negativa, los líderes de transporte de las siete regiones del estado bloquearán y marcharán en distintos municipios.
El secretario de la CTC división transporte, Fernando Ureña reclamó que desde hace un año solicitaron una audiencia con el gobernador para “acolchonar” los precios de los combustibles y gestionar herramientas para proyectos productivos.
Sin embargo, criticó que los funcionarios del estado no atienden las peticiones de la organización que tiene presencia en todo el estado, “cada vez que nos reunimos con los agremiados, tenemos las manos vacías, porque el gobierno del estado no atiende”.
Dijo que los 20 compromisos que anunció Astudillo Flores en su Plan de Austeridad del año pasado, “quizá solamente esté reflejado en sus amigos, círculo cercano o cierto funcionario, que han quedado mucho a deber”.
Ante esta situación, llamó a sus agremiados a bloquear y a marchar para exigir una audiencia con el gobernador, porque aseguró que sus funcionarios de primer nivel han negado mesas de trabajo, en beneficios de sus simpatizantes.
Dijo que la CTC aglutina siete organizaciones en el estado, entre ellos, unos 13 mil transportistas, más agremiados de sectores campo y pesca.
Durante su intervención, el dirigente de la Unión de Transportistas Regionales del Estado de Guerrero (UTREG), Hugo Dircio Figueroa exigió una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para establecer mesas de trabajo en ámbitos del transporte, pesca y campo, entre otros.
Se quejó de que los funcionarios del estado no atienden a los agremiados de la organización que solicitan, por medio de escritos, herramientas para proyectos productivos en diferentes ámbitos.
Recalcó que en caso de que haya negativa del gobierno del estado van a movilizarse para “arrancar” una audiencia con el gobernador, “vamos hacer una sola fuerza, haremos varios paros en los municipios”.
Indicó que una propuesta es “frenar” los precios de los combustibles en el estado, “más allá de dar apoyo a algunos transportistas, queremos que no siga aumentando las gasolinas”.
Ejemplificó que el aumento de las gasolinas no solamente afecta al gremio del estado, sino a la población en general, en especial la canasta básica.
Criticó que el gobierno del estado, mediante la Dirección de Transporte reprime a transportistas que aumentan el costo del pasaje, aplicándoles multas.
Dio a conocer que su organización ya hace estudios socioeconómicos en todo el municipio para dar a conocer el precio real del pasaje, en comparación con el costo de las gasolinas, porque “se trata de no afectar a la sociedad”.
A la asamblea regional asistieron agremiados a la CTC de Tlapa, Ayutla y San Luis Acatlán, de las colonias de Acapulco Renacimiento y Zapata, y de las comunidades de San Pedro Las Playas y Tres Palos, entre otras.

 

Este jueves los delegados de la Procuraduría Agraria (PA), Ezequiel Zúñiga Galeana y del Registro Agrario Nacional (RAN), Bertín Cabañas López se reunieron con los integrantes de la asociación Fundación para el Apoyo Integral al Campesino de la Costa Grande quienes les pidieron que haya una mejor coordinación entre ambas dependencias porque les están causando perjuicios al momento de hacer sus trámites.
El presidente de la asociación civil, Jorge Luis Reyes López dijo a los funcionarios que el objetivo de haberlos convocados fue para buscar que las dos instituciones que ellos representan resuelvan contratiempos y conflictos que se están dando al interior de los ejidos y su relación con ambas dependencias, “se pretende que haya una coordinación interinstitucional y entre los ejidos”.
Reyes López a nombre de los 44 ejidos que conforman la asociación que encabeza aseveró que hay malestar entre algunos comisariados ejidales “porque muchos de los trámites que tienen que hacer y que deben estar asesorados por los visitadores agrarios que pertenecen a la Procuraduría Agraria, cuando se ingresan al Registro Agrario Nacional con frecuencia son rechazados, no siempre pasan aunque sean tramitados por el mismo visitador agrario para dos ejidos o para dos ejidatarios diferentes, uno pasa, a veces sucede, y otro no pasa”.
“No sabemos qué está pasando, si los visitadores que son abogados de la Procuraduría Agraria no conocen la ley o si ha habido algunas modificaciones en la norma del Registro Agrario Nacional o si en el registro hay algunos criterios que están aplicando equivocadamente, en todo caso, son los dos delegados del RAN y de la PA, los que tendrían que buscar una solución, esa es la razón concreta por lo que los hemos invitado a venir esta tarde”.
Enseguida, los presidentes de los comisariados ejidales que se han visto contrariados al momento de hacer sus trámites ante el RAN, expusieron a ambos funcionarios federales sus respectivas inconformidades, al término los dos delegados coincidieron en que están abiertos a escuchar sus quejas y que van a tener que hacer sus ajustes internos para que se mejore la situación de los ejidos que se han visto afectados. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

 

Beatriz García

Chilpancingo

Damnificados de 2013 del poblado de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), desalojaron a los trabajadores y cerraron la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Chilpancingo, para exigir la reanudación de los trabajos de construcción de 34 casas.
Esta semana, trabajadores de la empresa encargada de la obra no laboraron, porque el dueño del terreno se quejó de que la Sedatu no resuelve el trámite del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), para avalar la venta de esa parte de su propiedad.
Alrededor de 9:30 de la mañana, unos 30 damnificados llegaron a la Sedatu y desalojaron a los trabajadores, algunos discutieron con los inconformes que les impidieron el paso, e incluso una trabajadora los estuvo videograbando.
Los inconformes colocaron una lona en la entrada de la delegación, en la que se leía, “Exigimos a José Armenta, delegado de la Sedatu la construcción de las 34 viviendas de los afectados en la comunidad de Papagayo”.
En consulta, el comisario ejidal, Pantaleón Mesino dijo que acudieron a manifestarse porque es la única manera como les hacen caso a los damnificados; reconoció que ya hay avances en la construcción de las 34 viviendas que hace falta entregar, pero paró la obra.
Agregó que se reiniciaron los trabajos de las 34 casas el 3 de noviembre, luego de que protestaron, pero que esta semana se detuvo porque el delegado, José Manuel Armenta Tello no entregó la documentación del terreno del señor Felipe Ramírez, pues cuando le vendió a la delegación entregó su documentación de Procede para que se modificara el precio del terreno.
Dijo que, como la Sedatu no le ha entregado la documentación cercó su terreno e impidió que la constructora siguiera trabajando esta semana.
El comisario ejidal añadió que también se le deben 20 mil pesos al dueño del terreno, de intereses por la venta a la Sedatu.
Los manifestantes recalcaron que no se moverían de las instalaciones en tanto el delegado no acudiera a dialogar con ellos.
Más tarde, Pantaleón Mesino recibió una llamada del departamento Jurídico de la delegación, que les prometió que este viernes a las 10 de la mañana iría a dialogar con el dueño del terreno para resolver su inconformidad, pero los quejosos no aceptaron.
Más tarde acudió la subdelegada Alma Jiménez, quien les dijo que iría este viernes a ver al dueño del terreno y a dialogar sobre la documentación, y les prometieron que el martes acudirá el delegado a Tierra Colorada a dialogar con ellos.
Sólo entonces, los pobladores liberaron las instalaciones de la Sedatu, alrededor de las 10:40 de la mañana.

 

Responsables de 38 estancias infantiles de la zona Norte, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), denunciaron ayer el incumplimiento en el pago del subsidio federal correspondiente a diciembre, que se usa para pagar salarios de los trabajadores y la operatividad de las guarderías.
Los responsables advirtieron que si no se les pagaba ayer, este día los trabajadores harán acciones de protesta con cierres de carreteras en los municipios donde se ubican las estancias: Huitzuco, Tepecoacuilco, Teloloapan, Cocula, Taxco, Buenavista e Iguala; y en este última tomarían la caseta de peaje de la autopista hacia Cuernavaca.
Ayer después de la 1 de la tarde, una comisión de las responsables de estancias infantiles de la zona Norte se reunió a puerta cerrada con el delegado general de Gobierno en esta región, Ignacio Ocampo Zavaleta, y con el director de gobernación municipal, Miguel Salgado Martínez, en la oficina de este último, en la sede del Ayuntamiento.
Al término de la reunión, una de las representantes, que pidió la omisión de su nombre ante la posible toma de represalias, reveló que a las 38 guarderías les adeudan el pago del subsidio federal de diciembre, y que corresponde una aportación de 900 pesos por cada alumno, que debió ser pagado con el cierre del ejercicio fiscal 2017. Indicó que cada centro tiene entre 50 y 60 alumnos, por lo que de subsidio les corresponde un monto aproximado de 50 mil pesos por mes.
Detalló que con el subsidio federal, ellos pagan rentas, agua, electricidad, teléfono, alimentación de los niños y salario de las asistentes, en promedio 10 trabajadoras en cada centro. Dijo que en Guerrero, el responsable de las estancias es el Delegado de Sedesol, Armando Soto Díaz.
Dijo que la falta de pago afecta la operatividad de las estancias infantiles y en este caso, por la falta de pagos del subsidio, cada una de las responsables de estas estancias han solventado los gastos con recursos propios, o cada responsable ha visto la manera de seguir dando el servicio.
Declaró que hay molestia de las responsables y representantes de las 38 estancias infantiles de la región, y adelantó que emplazaron a que se les pagara a más tardar ayer a media noche, y que hoy tomarían acciones para presionar a las autoridades a hacer los pagos.
Habló de la posibilidad de que en las estancias infantiles se suspendan los servicios, y los padres de familia ya no tengan dónde dejar a sus hijos, ante la falta de recursos para solventar los gastos.
Dio a conocer que en la reunión de la tarde de ayer, los funcionarios estatal y municipal les pidieron paciencia y tolerancia, bajo el compromiso de que a más tardar ayer les llegaría el dinero.
“Les dijimos que esperaríamos hasta el último minuto de hoy (ayer) para hacer el pago, y que de lo contrario haríamos las acciones de protesta”.
Reveló además que, como un acto de intimidación de representantes de la Sedesol para evitar que hagan acciones de protesta, les advirtieron que si hoy no trabajan, no les pagarán tampoco el subsidio de este enero. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Los 33 trabajadores operativos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que tuvieron cuatro meses tomada la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), liberaron las instalaciones, pese a que no les pagaron los ocho meses de salario devengado que les adeudan.
El 22 de agosto pasado, los trabajadores tomaron las instalaciones de la dependencia federal, como modo de presión para que les pagaran el adeudo que tienen con ellos.
El 27 de septiembre iniciaron una huelga de hambre que duró tres días, y la interrumpieron porque participaron de manera solidaria en el censo de las viviendas dañadas por el huracán Max y los dos sismos que se registraron ese mes, aunque después retomaron su demanda, no liberaron las instalaciones.
En una llamada telefónica, un trabajador que pidió resguardar su nombre, contó que en diciembre fueron llamados uno por uno a la delegación, pues les entregaron un apoyo correspondiente a un mes de salario.
Aclaró que el dinero que les dieron no fue parte del pago que les adeudan, pues la Oficialía Mayor sigue sin enviar.
Agregó que quedó interrumpida la supervisión de las construcciones de las obras para los damnificados de 2013 por las tormentas Ingrid y Manuel, por lo que ya no están laborando y no sabe qué pasará con el programa.
A finales de diciembre liberaron las instalaciones, y este lunes se reanudaron labores todas las áreas en el edificio de Sedatu. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

 

A David Eagleman (Estados Unidos, 1971) lo llaman el Carl Sagan de la neurociencia. Su cosmos se guarda dentro del cráneo: el cerebro.
Su curiosidad científica apela a una serie de preguntas: ¿Quién soy? ¿Cómo decido? ¿De dónde vienen mis emociones y motivaciones? Las respuestas se hallan en el material neuronal y sus patrones de pulsos electroquímicos.
“Hace unos años tomaba una clase de filosofía y me di cuenta de que si realmente queremos avanzar en estas preguntas tendríamos que profundizar en el estudio del cerebro”, responde el profesor de la Universidad de Stanford.
Del neurocientífico está disponible en español El cerebro. Nuestra historia (Anagrama), libro que acompañó la serie El cerebro con David Eagleman de PBS, transmitida después por la BBC. Un viaje por ese “cosmos interior” formado por miles de millones de células cerebrales y miles de billones de conexiones para entender preguntas clave, entre ellas: ¿hacia dónde nos dirigimos como especie?
¿Conocer cómo funciona el cerebro nos ayudaría a vivir mejor?
Por supuesto, tan solo pensemos en cómo tomamos decisiones y el tipo de cosas que nos llevan a tomar malas decisiones. Un mejor entendimiento de nosotros mismos y de nuestras emociones, qué aspectos de la realidad tomar en serio y cuáles no, realmente nos ayuda a navegar el mundo en el que nos movemos. Un ejemplo es el concepto del contrato de Ulises. Esta idea de establecer un contrato entre el “yo” presente con el “yo” futuro. Entender qué esta sucediendo en el cerebro y actuar acorde a eso.
La referencia le sirve a Eagleman para ejemplificar en el libro cómo Ulises anticipa una decisión, sabiendo que tras haber ganado la guerra de Troya, a su regreso deberá pasar por la isla de las sirenas, cuyos cantos irresistibles tienen funesto destino para los marinos. Así que ordena que su tripulación lo ate al mástil y ellos sellen sus oídos con cera y no dejen de remar. Dispone todo para no cometer un error; es el contrato de Ulises entre el “yo” presente y el futuro.
Escribe que una mejor comprensión de la toma de decisiones abre también la puerta a una mejor política social. Y lo ejemplifica con el problema de las drogas. El gobierno de Estados Unidos, sostiene, gasta 50 billones de dólares al año en la guerra contra las drogas y no ha cambiado nada.
“La pregunta es: ¿Cómo hacemos algo que sea más fructífero? En lugar de atacar la oferta, propone, la mejor estrategia es abordar la demanda. Y la demanda de la droga está en el cerebro”.
En su laboratorio han trabajado en un nuevo enfoque más allá de la criminalización. Un adicto puede ver en tiempo real imágenes de su actividad cerebral a través de una resonancia magnética.
Es el caso de Karen, una chica adicta al crack por más de 20 años. Cuando a ella le enseñan fotos de la droga y le piden que desee consumirla, en su cerebro se activan regiones que se engloban como la red de la adicción. Pero cuando se le pide pensar en el costo laboral, social y familiar que ha tenido la adicción, se activa la red de supresión.
Lo que se da en su cerebro es un combate entre ambas redes. La que gana, decide su comportamiento. A Karen se le presenta en tiempo real un indicador de la batalla. Eagleman plantea que Karen con la práctica repetida reforzaría el circuito neuronal que le permite suprimir el deseo de la droga, pero esta técnica aún está en fase de experimentación.
Eagleman también se asoma al futuro. La plasticidad cerebral, esa capacidad para adaptarse y cambiar es clave. Uno de los proyectos de su laboratorio es construir una plataforma para la sustitución sensorial que permite, con técnicas no invasivas, compensar la pérdida de un sentido con el suministro de información por otro canal. Un ejemplo es el VEST, un chaleco para que los sordos puedan oír. Después de cinco días de uso, un sordo de nacimiento puede identificar algunas palabras. Puede verse en la página de NeoSensory, la compañía del científico donde trabajan 20 personas.
“Entiendo al cerebro como un dispositivo de cálculo de uso general. Eso significa que cualquier información que entre, el cerebro descubre qué hacer con ella y eso abre la posibilidad de alimentar al cerebro con otros tipos de información. Y en eso estamos”, añade.
Antes de morir le gustaría poder ver la tecnología capaz de mostrar la información que circula en microsegundos a través de los cientos de millones de células del cerebro; esto todavía no es posible con las técnicas de Resonancia Magnética Funcional (Irmf).

Chilpancingo

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los eventos de violencia de este domingo en la comunidad de La Concepción, del municipio de Acapulco, que tuvo un saldo de 11 personas muertas. Lamentó “la terrible pérdida de vidas” y llamó a las autoridades al esclarecimiento completo de los hechos y repudió las agresiones a periodistas que dieron cobertura a lo ocurrido.
La institución diplomática aseguró que cuenta con “fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo (policiaco y militar en La Concepción)”, como tortura y malos tratos, fabricación de pruebas, allanamientos y condiciones indignas de detención.
Denunció que la operación no atendió protocolos sobre el uso de la fuerza, que se violentó la presunción de inocencia de personas detenidas, y cuestionó que la investigación a cargo de autoridades estatales garantice el respeto a los derechos humanos.
En parte, en referencia al informe del gobierno del estado que presentó este martes pasado, en el cual explicó que la Policía del Estado realizó una operación de desarme de policías comunitarios de La Concepción por una denuncia al número de emergencias 911 donde reportaron que los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui (líder del movimiento opositor a la presa hidroeléctrica La Parota y su hermano) y un grupo de comunitarios habían matado a varias personas, entre ellos a dos menores.
Este miércoles, el gobernador insistió ante medios de comunicación, en una entrevista, que se actuó conforme a la ley y que se investigarán las denuncias de hostigamiento y ejecuciones extrajudiciales en la incursión policiaca, que denunciaron organizaciones sociales nacionales e internacionales, contra los policías comunitarios de La Concepción, integrados al Comité de Enlace de los Bienes Comunales de Cacahuatepec de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop).
Este jueves a medio día, la Oficina de la ONU-México DH informó que realizó una visita a las personas detenidas (integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora regional de Autoridades Comunitarias CRAC) y en ese momento no emitió ninguna opinión respecto al estado en que se encontraban, pero “contrariamente a las declaraciones de las autoridades de Guerrero, sí se pudieron constatar condiciones indignas de detención y otras violaciones a sus derechos”.
El representante de la ONU-DH, Jan Jarab, explicó que de acuerdo con la información recabada por la ONU-DH, durante la madrugada del domingo 7 de enero, “se produjeron enfrentamientos en la comunidad de La Concepción en los que fallecieron ocho personas en circunstancias todavía inciertas. Posteriormente, durante un operativo policial, tres personas más fallecieron y 38 fueron detenidas”.
En colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, indicó que la ONU-DH se entrevistó con autoridades, personas detenidas, periodistas agredidos, pobladores de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con lo documentado, dijo que ONU-DH cuenta “con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes”.
Incluso añadió que “se recibió información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención”.
Adicionalmente, consideró “profundamente preocupantes las agresiones en contra de periodistas por parte de fuerzas de seguridad, en particular contra Bernardino Hernández, quien incluso tuvo que ser hospitalizado dada la gravedad de sus lesiones. Varios reporteros señalaron que fueron encañonados a distancia, y Bernardino Hernández, que fue golpeado y arrastrado por policías estatales”.
Jarab subrayó que al periodistas también le robaron una tarjeta memoria donde guarda su material de gráfico, “estos hechos no sólo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos”.
Señaló particularmente “preocupante, la inacción de las autoridades para garantizar la protección de los periodistas que fueron amenazados mientras cubrían hechos posteriores en la misma comunidad, a pesar de las medidas cautelares por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.
Se sumó la llamado de la CNDH “para que las autoridades competentes garanticen que la labor periodística se pueda realizar sin obstáculos y con seguridad”, y calificó “alarmante” que el incursión policiaca y militar en La Concepción “no se llevó a cabo con base en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”.
El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab declaró “todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial, ya que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias”.
Destacó que únicamente “una investigación, profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las familias de las víctimas”.
Recordó que la investigación de todas las muertes causadas por funcionarios públicos debe realizarse de acuerdo a estándares internacionales, incluido el Protocolo de Minnesota, particularmente relevante en casos donde existan alegaciones de ejecución extrajudicial.
En general, expresó preocupación por la situación de seguridad en La Concepción y convocó a las autoridades a que adopten las necesarias para garantizar condiciones de seguridad adecuadas para todas las personas de la comunidad.
Asimismo, que las autoridades aseguren condiciones de seguridad para las personas detenidas y de sus familiares, para los abogados y personas de organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan actualmente en torno al caso.
Finalmente, el organismo internacional expresó sus condolencias a las familias de todas las víctimas de estos lamentables hechos e insistió en el llamado a los autoridades a garantizar sus derechos a la justicia y la verdad.