Autor: *

Se investiga en La Concepción para sancionar a responsables del bando que sean: Astudillo

Será respetuoso de las posturas ante los hechos en La Concepción, responde Astudillo a la ONU

“Nosotros no agarramos bandos ni nos colocamos de un lado u otro, nosotros lo que queremos es que tiene que hacerse una investigación, como se está haciendo, y dejar en claro las responsabilidades de cada quien”, señala el gobernador

Anarsis Pacheco

Chilpancingo

El gobernador, Héctor Astudillo Flores afirmó que será respetuoso de las posturas respecto a los hechos ocurridos en la comunidad de La Concepción, en respuesta al comunicado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Ayer, la oficina de la ONU afirmó que se violaron los derechos humanos en el poblado y condenó los hechos de violencia que dejaron 11 muertos y 38 detenidos, además de que la operación policiaca no atendió los protocolos sobre el uso de la fuerza.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los eventos de violencia de este domingo en la comunidad de La Concepción, del municipio de Acapulco, que tuvo un saldo de 11 personas muertas. Lamentó “la terrible pérdida de vidas” y llamó a las autoridades al esclarecimiento completo de los hechos y repudió las agresiones a periodistas que dieron cobertura a lo ocurrido.
La institución diplomática aseguró que cuenta con “fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo (policiaco y militar en La Concepción)”, como tortura y malos tratos, fabricación de pruebas, allanamientos y condiciones indignas de detención.
Denunció que la operación no atendió protocolos sobre el uso de la fuerza, que se violentó la presunción de inocencia de personas detenidas, y cuestionó que la investigación a cargo de autoridades estatales garantice el respeto a los derechos humanos.
En parte, en referencia al informe del gobierno del estado que presentó este martes pasado, en el cual explicó que la Policía del Estado realizó una operación de desarme de policías comunitarios de La Concepción por una denuncia al número de emergencias 911 donde reportaron que los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui (líder del movimiento opositor a la presa hidroeléctrica La Parota y su hermano) y un grupo de comunitarios habían matado a varias personas, entre ellos a dos menores.
En respuesta a este comunicado, hoy al término de la inauguración del lienzo charro que lleva el nombre de su abuelo, Pablo Astudillo Alcaraz, el gobernador Astudillo Flores afirmó que “estamos a las órdenes para hacer las aportaciones correspondientes”.
“Nosotros no agarramos bandos ni nos colocamos de un lado u otro, nosotros lo que queremos es que tiene que hacerse una investigación, como se está haciendo, y dejar en claro las responsabilidades de cada quien”, dijo.
Por otra parte, del desplazamiento forzado de pobladores de San Felipe del Ocote, en el municipio de Apaxtla, dijo que ante las circunstancias que existen en Guerrero por los movimientos de los grupos armados, siempre se debe estar preparado para los desplazamientos, y que se ha atendido a las familias mediante el DIF y en coordinación con la alcaldía.
La tarde de este viernes, el gobernador encabezó la inauguración del lienzo charro y centro cultural del municipio de Eduardo Neri, donde develó una estatua y comió platillos típicos de la región.
En un intercambio de halagos, el gobernador Astudillo Flores agradeció que el lienzo lleve el nombre de su abuelo, quien se dedicaba a la charrería, y recordó anécdotas que vivió con él.
En su discurso, señaló que el municipio de Eduardo Neri, durante “toda la vida hemos estado hermanados con Chilpancingo”, e indicó que no tenía duda de que el nuevo espacio donde se harán suertes, le dará dignidad a esta población.
Por su parte, el alcalde de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes, en su discurso halagó y elogió al gobernador, describiéndolo como un buen mandatario, un hombre bien intencionado, que quiere a Guerrero y que ha sido ejemplo de trabajo diario a favor de los guerrerenses.
Aprovechó para agradecerle los apoyos para la construcción de 200 cuartos rosas como parte del proyecto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como su apoyo para mejorar las instalaciones de la policía municipal, la cual continúa desarmada.
En su intervención, detalló que el diputado federal David Jiménez Rumbo aportó 9 millones de pesos para la construcción del lienzo, así como otro diputado de un estado distinto aportó 17 millones de pesos.
Al acto asistieron el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, empresarios de la Coparmex y el subsecretario de finanzas y administración, Tulio Pérez Calvo.
También el presidente de la Asociación de Charros Rancho Grande, Juan José Martínez Calvo agradeció al gobernador Héctor Astudillo su apoyo a este proyecto que contribuye a que no se pierdan las costumbres charras.
Durante el acto, el ex comisario de Los Morros, Ismael Cástulo, intentó acercarse a platicar con el gobernador, pero el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Ricardo Taja, no se lo permitió ya que le bloqueo el paso, y tras varios intentos se retiró del lugar.

Se respetaron protocolos y se actuó de manera pronta, responde Evodio al informe de la ONU

Llama el alcalde de Acapulco a que sean pacíficas y no afecten a terceros las movilizaciones en apoyo a los policías comunitarios y los opositores a la presa La Parota

Mariana Labastida

El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, consideró que siempre se debería atender el llamado que hagan organismos internacionales de lo que pasa en Acapulco y Guerrero, luego de que la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró que se violaron los derechos humanos por el gobierno del estado en su intervención en La Concepción el pasado domingo 7 de enero.
Velázquez Aguirre pidió a las organizaciones que han salido a manifestarse en apoyo a los detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), que realicen protestas pacíficas no afectando el derecho de terceros con bloqueo a las calles o carreteras.
En declaraciones a reporteros después acudir a escuelas de la Unidad Habitacional El Coloso para supervisar los trabajos del programa Pinta tu Escuela, respecto a la condena que hizo la (ONU-DH) a los hechos violentos del domingo en la comunidad de La Concepción  y la observación de que durante la intervención de la policía estatal se violaron los derechos humanos en la detención que se realizó de policías comunitarios, Velázquez Aguirre expuso que en los organismos internacionales han puesto atención en Guerrero en muchos momentos,
No es la primera ocasión, dijo: “creo que debiéramos de siempre atender el llamado que hacen los organismos internacionales, el presidente municipal siempre está atento a este llamado y a entregar y dar todas las facilidades para que estas investigaciones puedan terminar con un bien para el pueblo de Acapulco”.
Del hecho de que no se atendió el protocolo sobre el uso de la fuerza por parte del gobierno estatal, el alcalde consideró que se empiezan a  escuchar muchas voces que se deben de atender, y ser muy responsables en lo que se contesta, “yo creo que los protocolos de actuación se implementaron, estuvo la presencia del Ejército, de la Policía estatal, municipal, federal, y bueno se actuó de manera pronta ante este lamentable acontecimientos, creo que tendríamos que analizar. Reitero el llamado a siempre respetar la ley y los derechos humanos”.
Respecto a las manifestaciones tanto de organizaciones como de familiares de los detenidos que piden que los policías comunitarios sean liberados, incluyendo al dirigente del Cecop, Marco Antonio Suásteguo, Evodio Velázquez dijo que está preocupado por lo que ocurrió en La Concepción y por las respuestas que se puedan dar respecto a este hecho.
Recordó que la ley permite que se hagan protestas, pero pidió que no afecten a terceros, que no se bloqueen calles o carreteras y se realicen manifestaciones pacíficas, “nosotros estamos de acuerdo que cuando hay una inconformidad se debe de dar a conocer, intentar resolver el problema y siempre escuchando a los pobladores”.
Expuso que buscaría tener comunicación con el gobernador, Héctor Astudillo Flores para expresarle su preocupación ante el inicio de protestas, “las autoridades deben de estar unidas, hay que hacer un llamado a la concordia un respeto a la legalidad y un llamado al respeto a los derechos humanos, creo que es lo que se debe de garantizar”.
Reitero que se debe de revisar concretamente la situación de todos los que fueron detenidos el domingo, porque “muchos de ellos” dicen que no estuvieron en el momento en el que ocurrieron los hechos, por ello dijo “es un tema que se puede mirar injusto”. Añadió que la Fiscalía es la que tiene que dar respuesta con las investigaciones “y nosotros tenemos confianza en que pronto resuelva”.

Marchan policías comunitarios en San Luis Acatlán, Ayutla y Tlapa por la libertad de los de Acapulco

Exigen el respeto al sistema comunitario, el retiro de la Policía Ministerial de la comunidad de La Concepción y la aprobación inmediata de la iniciativa en materia de derechos indígenas en el estado de Guerrero

Jacob Morales y Carmen González Benicio

San Luis Acatlán / Ayutla / Tlapa

En San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres y Tlapa policías comunitarios y organizaciones sociales salieron a marchar y bloquearon la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, por cuatro horas, para pedir la libertad de los 25 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de La Concepción, así como de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, presos en Chilpancingo.
En las manifestaciones la CRAC exigió la renuncia del gobernador Héctor Astudillo Flores, el fiscal Javier Olea Peláez y el secretario de seguridad pública, Pedro Almazán, a quienes responsabilizaron de la muerte de tres policías comunitarios asesinados durante el desarme violento ocurrido el pasado domingo, luego de un primer enfrentamiento, que dejó a ocho personas muertas, dos de ellas policías comunitarios.
Además de respeto al sistema comunitario, el retiro de la Policía Ministerial de la comunidad de La Concepción. La aprobación inmediata de la iniciativa en materia de derechos indígena del estado de Guerrero, así como la iniciativa popular de la Ley 701 y rechazaron la Ley de Seguridad Interior.

La marcha bajo la mirada de la Sedena

Bajo la vigilancia de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de agentes vestidos de civiles, se realizaron las movilizaciones por las casas de justicia de El Paraíso, Ayutla y San Luis Acatlán, en los dos municipios donde no hubo incidentes.
En Ayutla de los Libres, minutos antes de las 11 de la mañana, la movilización de unos 200 integrantes de la CRAC, salieron de las instalaciones de la unidad deportiva de la cabecera municipal y se dirigieron a la entrada sur de la ciudad, donde bloquearon por cuatro horas de manera intermitente, mientras otro grupo se apostó en la entrada norte de la carretera estatal Tierra Colorada-Cruz Grande.
En las pancartas que portaban los manifestantes, entre ellos mujeres, se leía: “Astudillo asesino, fuera” y “respeto a la Ley 701, al acuerdo internacional 169 de la OIT”. Los manifestantes rechazaron la acción de los policías estatales contras sus compañeros. Durante la protesta, los integrantes de la CRAC detectaron a un agente militar vestido de civil, quien al ser descubierto huyó.
A las 11:30 de la mañana, unos 300 integrantes de la CRAC salieron de las instalaciones de la Casa de Justicia, en el barrio de San Isidro, y recorrió las calles de la cabecera municipal.
Los manifestantes realizaron tres paradas, en frente de los inmuebles que ocupan, el juzgado de paz, el juzgado civil, y las instalaciones de la Policía Ministerial, que permanecieron cerradas desde la mañana por el anuncio de las protestas y la versión de que serían tomadas. Lo que no ocurrió.
Antes de que saliera la movilización, un helicóptero de la Sedena también sobrevoló la cabecera municipal. Durante la movilización también fueron descubiertos un hombre y una mujer, que al ser encarados por los policías comunitarios en la movilización, se identificaron como prensa y luego de ser abordados se retiraron de la protesta.
A las 12:30 de la tarde, la protesta llegó al palacio municipal, que también se encontraba sin actividades. Ahí tres oradores demandaron la libertad de los 25 detenidos en La Concepción y justicia para los cinco policías comunitarios muertos, tres de ellos asesinados durante el operativo de desarme de los policías estales y dos más, que murieron durante un enfrentamiento con civiles armados.
Sabás Aburto Espinobarros recriminó al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, a quien se refirió como El Pirruris Evodio Velázquez, el respaldo que le dio al gobernador del estado al decir que la actuación y el desarme fue bueno.
El vocero de la CRAC reclamó que el gobierno del estado se refiera a los policías comunitarios de La Concepción como “civiles armados”, cuando son parte de un sistema reconocido por la ley del estado.
El consejero regional Valentín Hernández Chapa dijo que la actuación del gobierno es parte de la persecución contra la organización, que desde que se creo ha sido criminalizada. Recordó la irrupción violenta del Ejército en agosto de 2013, en la Casa de Justicia de El Paraíso, que terminó con la detención de una veintena de comunitarios, el último de ellos Arturo Campos, recién liberado el pasado 14 de diciembre, luego de cuatro años y 13 días en la cárcel.
Mientras la activista amuzga Kenia Hernández Monteaban recordó la lucha que desde 2003 se levantó en los 47 pueblos que conforman los Bienes Comunales de Cacahuatepec, contra el megaproyecto hidroeléctrico La Parota, que pretendía inundar 12 veces lo que es la bahía de Acapulco, las tierras de los campesinos que querían ser compradas en 90 centavos el metros cuadrado.

Piden en Tlapa libertad de Suástegui

Integrantes de las policías comunitarias de los municipios de Huamuxtitlán, Tlapa, Alpoyeca, Olinalá, Xochihuehuetlán y de organizaciones sociales, marcharon para exigir la liberación de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) detenidos en La Concepción, municipio de Acapulco.
Más de un centenar de participantes en la movilización rechazaron las acciones represoras del gobierno del estado en los hechos violentos de La Concepción, en los que se detuvieron y mataron a policías comunitarios, así como contra la Ley de Seguridad Interior y el despliegue de militares en la región de la Montaña.
La marcha salió desde la comunidad de Atlamajac al Ayuntamiento de Tlapa, en el centro de la ciudad, con mantas, lonas y mensajes que decían los participantes a través del aparato de sonido.
En sus mantas pidieron “libertad inmediata a todos los presos políticos de la CRAC-PC, castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros comunitarios”, “fuera policías estatales, municipales y federales del territorio comunitario” y “rechazó total a la inconstitucionalidad de la ley de Seguridad Interior”.
La marcha concluyó frente al corredor del Ayuntamiento, que fue cerrado, con un mitin en donde participó un representante de la policía comunitaria de Tototepec, del municipio de Tlapa, quien dio su respaldo total a los comunitarios y líderes del Cecop y los hechos del 7 de julio en La Concepción, en que hubo detenidos, heridos y muertos por la incursión policial que hizo el estado en el territorio comunitario.
Mencionó que la policía comunitaria surge de los pueblos y por eso atacan a la delincuencia, que eso el gobierno no lo ve mal, menos en un espacio donde hay conflictos por el territorio y se quiere implementar la presa La Parota.
El representante de los padres de los 43 estudiantes respaldó a la policía comunitaria, porque funciona contra la delincuencia y llamó a todos a despertar para enfrentar al gobierno, que miente y mata y no resuelve nada, “todos los días hay muertos, desapariciones en el país, en Chilapa, Tlapa, Acapulco, Iguala y el gobierno no hace nada”. Se quejó y agregó que es lo mismo que ha pasado con sus hijos no saben dónde están.
El Frente Popular de Tlapa exigió la libertad de los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui, líderes del Cecop y la comunitaria, y los más de 30 detenidos y recluidos en el penal de Las Cruces.
Agregaron que esas fueron acciones de intimidación para la gente que se opone a los megaproyectos y crea sus sistemas comunitarios de aplicación de justicia, que no le convienen al gobierno porque el nivel de corrupción e impunidad disminuye.
“Que Astudillo deje de chingar y reprimir al pueblo y que se vaya”, pidió.
El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña dijo que las acciones del gobierno estatal contra el Cecop y la comunitaria de los Bienes Comunales de Cacahuatepec fue una confrontación directa del estado con los pueblos y que es el mensaje de lo que se espera en 2018, con la Ley de Seguridad Interior.
Dijo que por eso se necesitaba crear un frente amplio y un sector que defienda a las poblaciones vulnerables, como aquellas donde hay minería en La Montaña.
De la CETEG lamentaron que la Ley de Seguridad Interior sea el paso libre para la represión, que ya se vio en los recientes hechos, y pidió el cese a la militarización de las comunidades de la Montaña, adonde llegan con el pretexto de combatir la siembra de enervantes.
Entre los manifestantes se encontraban integrantes del Frente Popular de Tlapa, CETEG, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos de La Montaña (Frecodeg), la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), El Colectivo El Grito y El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.

Exigen familiares, el Cecop y la Ceteg la libertad de los detenidos en La Concepción

Se manifiestan en la avenida Costera frente a La Diana Cazadora donde demandan la renuncia del gobernador, justicia para las viudas de los tres policías comunitarios asesinados extrajudicialmente y alto a la represión. Señalan que con estas acciones el Estado busca retomar el proyecto de la construcción de la presa La Parota

Karla Galarce Sosa

Esposas, madres y familiares de policías comunitarios de La Concepción se manifiestan en la avenida Costera frente a La Diana Cazadora para exigir la libertad de los detenidos, luego de los hechos violentos que dejaron 11 muertos y 38 detenidos; exigieron alto a la represión y justicia para las viudas de los tres policías comunitarios que, señalan, fueron asesinados extrajudicialmente.
Acompañados por los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (Cecop) e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), los manifestantes pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores, que detenga la represión, saque a los policías estatales del poblado y renuncie.
Los familiares acusaron a Astudillo Flores de reprimir al Cecop y a la Policía Comunitaria y afirmaron que no permitirán la construcción de la presa La Parota.
Unas 30 personas portaban pancartas en las que se podía leer: “exigimos la renuncia del gobernador Héctor Astudillo Flores y su narcopolítica”, “Astudillo reprimiste al Cecop y a la Policía Comunitaria, renuncia, no sabes gobernar. Fuera Astudillo, fuera. No a la presa La Parota”, “Fueron muertes extrajudiciales que cometió la Policía Estatal”, “Fue el estado”, “Somos su familia, seremos su fuerza”, “Nosotros solo luchamos por nuestra tierra”, “Marco Suástegui es inocente ¡Libertad!”, “Astudillo basta de represión”, “Humberto Marín ya deja de comprar a Mauro Gallegos”, “Libertad al campesino inocente”.
El integrante del Cecop, Rodolfo Chávez Galindo, dijo que el fiscal, Javier Olea Peláez, calificó como civiles armados a los policías comunitarios, presos desde el domingo pasado.
“El gobierno miente”, sostuvo y añadió que los policías comunitarios en Cacahuatepec han ayudado a evitar el trasiego de droga y la siembra de enervantes.
“Nadie en Cacahuatepec, ni nadie de las policías comunitarios usaban armas de alto poder como les fueron sembradas por los policías, igual que los corruptos mandos, además de la droga de la que hablan, la única droga que les quitaron era la de los presos que tenían allí y el principal de ellos era un enviado para matar a Marco Antonio Suástegui”, dijo.
Se trató de una ejecución extrajudicial, enfatizó.
La recomendación de la ONU “le está pesando al gobierno”, destacó aunque mencionó que el gobierno lo niega que lo sea.
“Nosotros no sólo decimos que hay elementos para suponer, sino para afirmar que hubo violación a los derechos humanos en La Concepción”, señaló.
Al gobierno, continuó, le pesa que el Cecop les haya impedido durante 15 años la construcción de la presa La Parota y tampoco acepta que haya justicia comunitaria.
Durante la protesta, los policías a bordo de dos patrullas, una de la Policía Turística y otra de policías viales municipales se detuvieron a tomar fotografías, pero fueron señalados por Rodolfo Chávez y corridos a gritos de la zona gritándoles: “¡asesinos! ¡asesinos!”.
La esposa de Marco Antonio Suástegui, María de Jesús, dijo que el Estado represor quiere que los pobladores se rindan para hacer la presa, persiguiendo a los líderes del Cecop.
“Quieren continuar con el megaproyecto porque los que insisten con la presa son los que generan la violencia y nunca se les han fincado responsabilidades. Exigimos que haya paz”, señaló.
Al final enfatizó que exigirán la libertad de los presos políticos.
La señora Eudocia Morales Castillo, madre de los policías comunitarios encarcelados, Francisco y Antonio Cabrera Morales, denunció que ambos fueron golpeados.
Señaló que además de la detención, quemaron sus pertenencias e irrumpieron en su casa.
“Ya no queremos que estén en la cárcel, queremos que nos dejen trabajar”, enfatizó.
La sobrina de otro comunitario, la señora Mayra Ruano Delgado, dijo que su familiar ofrecía pláticas a los detenidos por los policías comunitarios.
Los vecinos, dijo, tienen miedo a salir por las violaciones e injusticias y enfatizó que las acusaciones que hacen contra ellos “no son ciertas”.
El hermano de uno de los detenidos que estaba en proceso de reeducación por policías comunitarios, Ricardo Bibiano, advirtió que mantendrán su lucha hasta lograr la libertad de sus familiares.
La esposa de Vicente Suástegui, Samantha Colón, denunció que los policías estatales siguen amedrentando a los vecinos de La Concepción y los hostigan.
Denunció que durante el avance de la marcha en apoyo a la Policía Comunitaria en San Luis Acatlán un helicóptero de La Marina los seguía.

Protestan padres de los 43 y normalistas en la FGE; exigen la liberación de los comunitarios

“¿Por qué solamente se detienen a los del Cecop y no al grupo de sicarios que asesinó a los policías de la CRAC?”, preguntan en el mitin

Anarsis Pacheco

Chilpancingo

Padres de los 43 normalistas desaparecidos desde hace tres años y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, protestaron dentro de la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la libertad de los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), detenidos en La Concepción.
A las 11:10 de la mañana un grupo de poco más de 100 manifestantes llegó en dos camiones a las instalaciones de la FGE, tras concentrarse una hora en el monumento a Las Banderas, donde llegaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Afuera de la Fiscalía, mediante un equipo de sonido, el vocero de los padres, Melitón Ortega, pidió justicia para los policías comunitarios que permanecen detenidos tras los hechos del domingo pasado, así como por sus compañeros asesinados.
Los manifestantes pidieron a los trabajadores que les permitieran la entrada al estacionamiento de la Fiscalía, para que se realizara un mitin, pero ante la falta de respuesta quitaron un candado y una barricada, para poder entrar y protestar en una explanada de las instalaciones, en el acceso al Centro Estatal de Capacitación.
Durante la intervención, el vocero de los padres de familia de los 43 normalistas señaló: “Queremos pedir que nuestros compañeros de la CRAC y CECOP sean liberados. ¿Por qué solamente se detienen a comunitarios y no al grupo de sicarios que asesinó a los policías de la CRAC?”.
También recordó que aún queda pendiente resolver el tema de Ayotzinapa, “Ángel Aguirre aún no ha sido investigado, tampoco el ex procurador Iñaky Blanco Cabrera y Lambertina Galeana, quien no ha revelado el contenido de más vídeos tomados por cámaras de seguridad en Iguala”.
Los trabajadores que estaban atendiéndolos, no les dieron respuesta sobre la solicitud de pasar, ya hasta que metieron, uno de ellos les pidió “nada más te encargo que los controles”.
En el mitin, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, señaló que el gobierno del estado ha intentado despojar de sus hogares a los habitantes de La Concepción, para construir la presa desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.
Afirmó que los hechos violentos ocurridos el domingo fueron realizados por el gobierno estatal, que ha violentado los derechos humanos de los policías comunitarios detenidos y que se deben de acatar las indicaciones del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, sobre las violaciones a éstos.
Durante la actividad, un padre de familia al que le desaparecieron su hijo en 2008, Claudio Munivez Rodríguez, denunció que la desaparición fue hecha por policías municipales que estaban a cargo de Bonifacio Montúfar, en el periodo de Mario Moreno Arcos, y que actualmente busca la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo.
En su intervención señaló que la delincuencia está dentro del mismo gobierno, recordó que cuando desapareció su hijo fue en un retén de policías municipales, que se colocaba en Tierras Prietas.
Señaló que cuando desapareció su hijo, Jonnathan Munivez Mayo, protestó en las instalaciones de la misma fiscalía para exigir la búsqueda.

Condena de investigadores del INAH

Investigadores adscritos a la Dirección de Etnología y Antropología Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), condenaron los hechos ocurridos el domingo en La Concepción, Acapulco, donde 11 personas murieron y hubo 38 detenidos. Exigieron una investigación y respaldaron la lucha de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y del Cecop.
Los investigadores Amparo Sevilla Villalobos, Eliana Acosta Márquez, Hugo López Aceves, Verónica Ruiz Lagier, Giovanna Gasparello, Eduardo González Muñiz, Maya Lorena Pérez Ruiz, Laura Corona de la Peña, María Isabel Hernández González, Francisco Javier Guerrero, Rosa María Garza Marcué, José Arturo Motta Sánchez y Cristina Mansferrer León, firmaron el comunicado en exigencia de una investigación.

Llama WOLA a Astudillo a investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos en La Concepción

Según la oficina, en el poblado de la zona rural de Acapulco se actuó “sin que exista evidencia de una planeación efectiva y adecuada a estándares internacionales en materia de uso de la fuerza”

Agencia Proceso

Ciudad de México

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) manifestó su preocupación por la actuación policiaca del gobierno de Héctor Astudillo en La Concepción, Acapulco, y lo llamó a investigar y sancionar “en forma seria y transparente todas las violaciones que tuvieron lugar durante el operativo”.
En un comunicado, informó que este viernes envió una carta al gobernador, Astudillo Flores; al fiscal general, Xavier Olea Peláez; y al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Ramón Navarrete Magdaleno, para señalar su preocupación por los hechos violentos del pasado 7 de enero en la zona rural de Acapulco.
El organismo internacional recordó que la madrugada del pasado domingo 7, policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción –organizado desde hace cuatro años para consolidar un sistema de seguridad que garantice la paz de los pobladores y rechazar la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota en sus tierras– “fueron emboscados por gente armada, desatando un enfrentamiento en el que fallecieron ocho personas”.
Como respuesta, agregó, las autoridades desplegaron en la comunidad más de 100 agentes de las fuerzas de seguridad locales y federales, “sin que exista evidencia de una planeación efectiva y adecuada a estándares internacionales en materia de uso de la fuerza”.
En el operativo fueron detenidas 38 personas, entre ellas Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), y tres policías comunitarios fueron asesinados en el tiroteo “provocado por un policía estatal que accionó su arma”.
WOLA destacó como “de extrema preocupación” las agresiones contra periodistas que estaban en el lugar, que incluyeron golpes, amenazas verbales y con armas por parte de los agentes.
Por esta situación, llamó a las autoridades de Guerrero a investigar y sancionar en forma seria y transparente todas las violaciones que ocurrieron en la operación.
“Las violaciones documentadas por organizaciones de derechos humanos y periodistas deben ser debidamente investigadas y sancionadas. Este ataque a la población y a los defensores comunitarios es particularmente grave tomando en cuenta el historial de impunidad del estado de Guerrero y los alarmantes niveles de violencia que prevalecen en la entidad, así como los ataques y criminalización que el defensor comunitario Marco Antonio Suástegui ha enfrentado en el pasado”, concluyó.

Será respetuoso de las posturas ante los hechos en La Concepción, responde Astudillo a la ONU

El gobernador, Héctor Astudillo Flores afirmó que será respetuoso de las posturas respecto a los hechos ocurridos en la comunidad de La Concepción, en respuesta al comunicado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Ayer, la oficina de la ONU afirmó que se violaron los derechos humanos en el poblado y condenó los hechos de violencia que dejaron 11 muertos y 38 detenidos, además de que la operación policiaca no atendió los protocolos sobre el uso de la fuerza.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los eventos de violencia de este domingo en la comunidad de La Concepción, del municipio de Acapulco, que tuvo un saldo de 11 personas muertas. Lamentó “la terrible pérdida de vidas” y llamó a las autoridades al esclarecimiento completo de los hechos y repudió las agresiones a periodistas que dieron cobertura a lo ocurrido.
La institución diplomática aseguró que cuenta con “fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo (policiaco y militar en La Concepción)”, como tortura y malos tratos, fabricación de pruebas, allanamientos y condiciones indignas de detención.
Denunció que la operación no atendió protocolos sobre el uso de la fuerza, que se violentó la presunción de inocencia de personas detenidas, y cuestionó que la investigación a cargo de autoridades estatales garantice el respeto a los derechos humanos.
En parte, en referencia al informe del gobierno del estado que presentó este martes pasado, en el cual explicó que la Policía del Estado realizó una operación de desarme de policías comunitarios de La Concepción por una denuncia al número de emergencias 911 donde reportaron que los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui (líder del movimiento opositor a la presa hidroeléctrica La Parota y su hermano) y un grupo de comunitarios habían matado a varias personas, entre ellos a dos menores.
En respuesta a este comunicado, hoy al término de la inauguración del lienzo charro que lleva el nombre de su abuelo, Pablo Astudillo Alcaraz, el gobernador Astudillo Flores afirmó que “estamos a las órdenes para hacer las aportaciones correspondientes”.
“Nosotros no agarramos bandos ni nos colocamos de un lado u otro, nosotros lo que queremos es que tiene que hacerse una investigación, como se está haciendo, y dejar en claro las responsabilidades de cada quien”, dijo.
Por otra parte, del desplazamiento forzado de pobladores de San Felipe del Ocote, en el municipio de Apaxtla, dijo que ante las circunstancias que existen en Guerrero por los movimientos de los grupos armados, siempre se debe estar preparado para los desplazamientos, y que se ha atendido a las familias mediante el DIF y en coordinación con la alcaldía.
La tarde de este viernes, el gobernador encabezó la inauguración del lienzo charro y centro cultural del municipio de Eduardo Neri, donde develó una estatua y comió platillos típicos de la región.
En un intercambio de halagos, el gobernador Astudillo Flores agradeció que el lienzo lleve el nombre de su abuelo, quien se dedicaba a la charrería, y recordó anécdotas que vivió con él.
En su discurso, señaló que el municipio de Eduardo Neri, durante “toda la vida hemos estado hermanados con Chilpancingo”, e indicó que no tenía duda de que el nuevo espacio donde se harán suertes, le dará dignidad a esta población.
Por su parte, el alcalde de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes, en su discurso halagó y elogió al gobernador, describiéndolo como un buen mandatario, un hombre bien intencionado, que quiere a Guerrero y que ha sido ejemplo de trabajo diario a favor de los guerrerenses.
Aprovechó para agradecerle los apoyos para la construcción de 200 cuartos rosas como parte del proyecto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como su apoyo para mejorar las instalaciones de la policía municipal, la cual continúa desarmada.
En su intervención, detalló que el diputado federal David Jiménez Rumbo aportó 9 millones de pesos para la construcción del lienzo, así como otro diputado de un estado distinto aportó 17 millones de pesos.
Al acto asistieron el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, empresarios de la Coparmex y el subsecretario de finanzas y administración, Tulio Pérez Calvo.
También el presidente de la Asociación de Charros Rancho Grande, Juan José Martínez Calvo agradeció al gobernador Héctor Astudillo su apoyo a este proyecto que contribuye a que no se pierdan las costumbres charras.
Durante el acto, el ex comisario de Los Morros, Ismael Cástulo, intentó acercarse a platicar con el gobernador, pero el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Ricardo Taja, no se lo permitió ya que le bloqueo el paso, y tras varios intentos se retiró del lugar.

 

Se respetaron protocolos y se actuó de manera pronta, responde Evodio al informe de la ONU

El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, consideró que siempre se debería atender el llamado que hagan organismos internacionales de lo que pasa en Acapulco y Guerrero, luego de que la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró que se violaron los derechos humanos por el gobierno del estado en su intervención en La Concepción el pasado domingo 7 de enero.
Velázquez Aguirre pidió a las organizaciones que han salido a manifestarse en apoyo a los detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), que realicen protestas pacíficas no afectando el derecho de terceros con bloqueo a las calles o carreteras.
En declaraciones a reporteros después acudir a escuelas de la Unidad Habitacional El Coloso para supervisar los trabajos del programa Pinta tu Escuela, respecto a la condena que hizo la (ONU-DH) a los hechos violentos del domingo en la comunidad de La Concepción  y la observación de que durante la intervención de la policía estatal se violaron los derechos humanos en la detención que se realizó de policías comunitarios, Velázquez Aguirre expuso que en los organismos internacionales han puesto atención en Guerrero en muchos momentos,
No es la primera ocasión, dijo: “creo que debiéramos de siempre atender el llamado que hacen los organismos internacionales, el presidente municipal siempre está atento a este llamado y a entregar y dar todas las facilidades para que estas investigaciones puedan terminar con un bien para el pueblo de Acapulco”.
Del hecho de que no se atendió el protocolo sobre el uso de la fuerza por parte del gobierno estatal, el alcalde consideró que se empiezan a  escuchar muchas voces que se deben de atender, y ser muy responsables en lo que se contesta, “yo creo que los protocolos de actuación se implementaron, estuvo la presencia del Ejército, de la Policía estatal, municipal, federal, y bueno se actuó de manera pronta ante este lamentable acontecimientos, creo que tendríamos que analizar. Reitero el llamado a siempre respetar la ley y los derechos humanos”.
Respecto a las manifestaciones tanto de organizaciones como de familiares de los detenidos que piden que los policías comunitarios sean liberados, incluyendo al dirigente del Cecop, Marco Antonio Suásteguo, Evodio Velázquez dijo que está preocupado por lo que ocurrió en La Concepción y por las respuestas que se puedan dar respecto a este hecho.
Recordó que la ley permite que se hagan protestas, pero pidió que no afecten a terceros, que no se bloqueen calles o carreteras y se realicen manifestaciones pacíficas, “nosotros estamos de acuerdo que cuando hay una inconformidad se debe de dar a conocer, intentar resolver el problema y siempre escuchando a los pobladores”.
Expuso que buscaría tener comunicación con el gobernador, Héctor Astudillo Flores para expresarle su preocupación ante el inicio de protestas, “las autoridades deben de estar unidas, hay que hacer un llamado a la concordia un respeto a la legalidad y un llamado al respeto a los derechos humanos, creo que es lo que se debe de garantizar”.
Reitero que se debe de revisar concretamente la situación de todos los que fueron detenidos el domingo, porque “muchos de ellos” dicen que no estuvieron en el momento en el que ocurrieron los hechos, por ello dijo “es un tema que se puede mirar injusto”. Añadió que la Fiscalía es la que tiene que dar respuesta con las investigaciones “y nosotros tenemos confianza en que pronto resuelva”.

 

Marchan policías comunitarios en San Luis Acatlán, Ayutla y Tlapa por la libertad de los de Acapulco

En San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres y Tlapa policías comunitarios y organizaciones sociales salieron a marchar y bloquearon la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, por cuatro horas, para pedir la libertad de los 25 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de La Concepción, así como de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, presos en Chilpancingo.
En las manifestaciones la CRAC exigió la renuncia del gobernador Héctor Astudillo Flores, el fiscal Javier Olea Peláez y el secretario de seguridad pública, Pedro Almazán, a quienes responsabilizaron de la muerte de tres policías comunitarios asesinados durante el desarme violento ocurrido el pasado domingo, luego de un primer enfrentamiento, que dejó a ocho personas muertas, dos de ellas policías comunitarios.
Además de respeto al sistema comunitario, el retiro de la Policía Ministerial de la comunidad de La Concepción. La aprobación inmediata de la iniciativa en materia de derechos indígena del estado de Guerrero, así como la iniciativa popular de la Ley 701 y rechazaron la Ley de Seguridad Interior.

La marcha bajo la mirada de la Sedena

Bajo la vigilancia de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de agentes vestidos de civiles, se realizaron las movilizaciones por las casas de justicia de El Paraíso, Ayutla y San Luis Acatlán, en los dos municipios donde no hubo incidentes.
En Ayutla de los Libres, minutos antes de las 11 de la mañana, la movilización de unos 200 integrantes de la CRAC, salieron de las instalaciones de la unidad deportiva de la cabecera municipal y se dirigieron a la entrada sur de la ciudad, donde bloquearon por cuatro horas de manera intermitente, mientras otro grupo se apostó en la entrada norte de la carretera estatal Tierra Colorada-Cruz Grande.
En las pancartas que portaban los manifestantes, entre ellos mujeres, se leía: “Astudillo asesino, fuera” y “respeto a la Ley 701, al acuerdo internacional 169 de la OIT”. Los manifestantes rechazaron la acción de los policías estatales contras sus compañeros. Durante la protesta, los integrantes de la CRAC detectaron a un agente militar vestido de civil, quien al ser descubierto huyó.
A las 11:30 de la mañana, unos 300 integrantes de la CRAC salieron de las instalaciones de la Casa de Justicia, en el barrio de San Isidro, y recorrió las calles de la cabecera municipal.
Los manifestantes realizaron tres paradas, en frente de los inmuebles que ocupan, el juzgado de paz, el juzgado civil, y las instalaciones de la Policía Ministerial, que permanecieron cerradas desde la mañana por el anuncio de las protestas y la versión de que serían tomadas. Lo que no ocurrió.
Antes de que saliera la movilización, un helicóptero de la Sedena también sobrevoló la cabecera municipal. Durante la movilización también fueron descubiertos un hombre y una mujer, que al ser encarados por los policías comunitarios en la movilización, se identificaron como prensa y luego de ser abordados se retiraron de la protesta.
A las 12:30 de la tarde, la protesta llegó al palacio municipal, que también se encontraba sin actividades. Ahí tres oradores demandaron la libertad de los 25 detenidos en La Concepción y justicia para los cinco policías comunitarios muertos, tres de ellos asesinados durante el operativo de desarme de los policías estales y dos más, que murieron durante un enfrentamiento con civiles armados.
Sabás Aburto Espinobarros recriminó al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, a quien se refirió como El Pirruris Evodio Velázquez, el respaldo que le dio al gobernador del estado al decir que la actuación y el desarme fue bueno.
El vocero de la CRAC reclamó que el gobierno del estado se refiera a los policías comunitarios de La Concepción como “civiles armados”, cuando son parte de un sistema reconocido por la ley del estado.
El consejero regional Valentín Hernández Chapa dijo que la actuación del gobierno es parte de la persecución contra la organización, que desde que se creo ha sido criminalizada. Recordó la irrupción violenta del Ejército en agosto de 2013, en la Casa de Justicia de El Paraíso, que terminó con la detención de una veintena de comunitarios, el último de ellos Arturo Campos, recién liberado el pasado 14 de diciembre, luego de cuatro años y 13 días en la cárcel.
Mientras la activista amuzga Kenia Hernández Monteaban recordó la lucha que desde 2003 se levantó en los 47 pueblos que conforman los Bienes Comunales de Cacahuatepec, contra el megaproyecto hidroeléctrico La Parota, que pretendía inundar 12 veces lo que es la bahía de Acapulco, las tierras de los campesinos que querían ser compradas en 90 centavos el metros cuadrado.

Piden en Tlapa libertad de Suástegui

Integrantes de las policías comunitarias de los municipios de Huamuxtitlán, Tlapa, Alpoyeca, Olinalá, Xochihuehuetlán y de organizaciones sociales, marcharon para exigir la liberación de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) detenidos en La Concepción, municipio de Acapulco.
Más de un centenar de participantes en la movilización rechazaron las acciones represoras del gobierno del estado en los hechos violentos de La Concepción, en los que se detuvieron y mataron a policías comunitarios, así como contra la Ley de Seguridad Interior y el despliegue de militares en la región de la Montaña.
La marcha salió desde la comunidad de Atlamajac al Ayuntamiento de Tlapa, en el centro de la ciudad, con mantas, lonas y mensajes que decían los participantes a través del aparato de sonido.
En sus mantas pidieron “libertad inmediata a todos los presos políticos de la CRAC-PC, castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros comunitarios”, “fuera policías estatales, municipales y federales del territorio comunitario” y “rechazó total a la inconstitucionalidad de la ley de Seguridad Interior”.
La marcha concluyó frente al corredor del Ayuntamiento, que fue cerrado, con un mitin en donde participó un representante de la policía comunitaria de Tototepec, del municipio de Tlapa, quien dio su respaldo total a los comunitarios y líderes del Cecop y los hechos del 7 de julio en La Concepción, en que hubo detenidos, heridos y muertos por la incursión policial que hizo el estado en el territorio comunitario.
Mencionó que la policía comunitaria surge de los pueblos y por eso atacan a la delincuencia, que eso el gobierno no lo ve mal, menos en un espacio donde hay conflictos por el territorio y se quiere implementar la presa La Parota.
El representante de los padres de los 43 estudiantes respaldó a la policía comunitaria, porque funciona contra la delincuencia y llamó a todos a despertar para enfrentar al gobierno, que miente y mata y no resuelve nada, “todos los días hay muertos, desapariciones en el país, en Chilapa, Tlapa, Acapulco, Iguala y el gobierno no hace nada”. Se quejó y agregó que es lo mismo que ha pasado con sus hijos no saben dónde están.
El Frente Popular de Tlapa exigió la libertad de los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui, líderes del Cecop y la comunitaria, y los más de 30 detenidos y recluidos en el penal de Las Cruces.
Agregaron que esas fueron acciones de intimidación para la gente que se opone a los megaproyectos y crea sus sistemas comunitarios de aplicación de justicia, que no le convienen al gobierno porque el nivel de corrupción e impunidad disminuye.
“Que Astudillo deje de chingar y reprimir al pueblo y que se vaya”, pidió.
El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña dijo que las acciones del gobierno estatal contra el Cecop y la comunitaria de los Bienes Comunales de Cacahuatepec fue una confrontación directa del estado con los pueblos y que es el mensaje de lo que se espera en 2018, con la Ley de Seguridad Interior.
Dijo que por eso se necesitaba crear un frente amplio y un sector que defienda a las poblaciones vulnerables, como aquellas donde hay minería en La Montaña.
De la CETEG lamentaron que la Ley de Seguridad Interior sea el paso libre para la represión, que ya se vio en los recientes hechos, y pidió el cese a la militarización de las comunidades de la Montaña, adonde llegan con el pretexto de combatir la siembra de enervantes.
Entre los manifestantes se encontraban integrantes del Frente Popular de Tlapa, CETEG, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos de La Montaña (Frecodeg), la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), El Colectivo El Grito y El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.

 

Protestan padres de los 43 y normalistas en la FGE; exigen la liberación de los comunitarios

Padres de los 43 normalistas desaparecidos desde hace tres años y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, protestaron dentro de la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la libertad de los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), detenidos en La Concepción.
A las 11:10 de la mañana un grupo de poco más de 100 manifestantes llegó en dos camiones a las instalaciones de la FGE, tras concentrarse una hora en el monumento a Las Banderas, donde llegaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Afuera de la Fiscalía, mediante un equipo de sonido, el vocero de los padres, Melitón Ortega, pidió justicia para los policías comunitarios que permanecen detenidos tras los hechos del domingo pasado, así como por sus compañeros asesinados.
Los manifestantes pidieron a los trabajadores que les permitieran la entrada al estacionamiento de la Fiscalía, para que se realizara un mitin, pero ante la falta de respuesta quitaron un candado y una barricada, para poder entrar y protestar en una explanada de las instalaciones, en el acceso al Centro Estatal de Capacitación.
Durante la intervención, el vocero de los padres de familia de los 43 normalistas señaló: “Queremos pedir que nuestros compañeros de la CRAC y CECOP sean liberados. ¿Por qué solamente se detienen a comunitarios y no al grupo de sicarios que asesinó a los policías de la CRAC?”.
También recordó que aún queda pendiente resolver el tema de Ayotzinapa, “Ángel Aguirre aún no ha sido investigado, tampoco el ex procurador Iñaky Blanco Cabrera y Lambertina Galeana, quien no ha revelado el contenido de más vídeos tomados por cámaras de seguridad en Iguala”.
Los trabajadores que estaban atendiéndolos, no les dieron respuesta sobre la solicitud de pasar, ya hasta que metieron, uno de ellos les pidió “nada más te encargo que los controles”.
En el mitin, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, señaló que el gobierno del estado ha intentado despojar de sus hogares a los habitantes de La Concepción, para construir la presa desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.
Afirmó que los hechos violentos ocurridos el domingo fueron realizados por el gobierno estatal, que ha violentado los derechos humanos de los policías comunitarios detenidos y que se deben de acatar las indicaciones del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, sobre las violaciones a éstos.
Durante la actividad, un padre de familia al que le desaparecieron su hijo en 2008, Claudio Munivez Rodríguez, denunció que la desaparición fue hecha por policías municipales que estaban a cargo de Bonifacio Montúfar, en el periodo de Mario Moreno Arcos, y que actualmente busca la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo.
En su intervención señaló que la delincuencia está dentro del mismo gobierno, recordó que cuando desapareció su hijo fue en un retén de policías municipales, que se colocaba en Tierras Prietas.
Señaló que cuando desapareció su hijo, Jonnathan Munivez Mayo, protestó en las instalaciones de la misma fiscalía para exigir la búsqueda.

Condena de investigadores del INAH

Investigadores adscritos a la Dirección de Etnología y Antropología Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), condenaron los hechos ocurridos el domingo en La Concepción, Acapulco, donde 11 personas murieron y hubo 38 detenidos. Exigieron una investigación y respaldaron la lucha de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y del Cecop.
Los investigadores Amparo Sevilla Villalobos, Eliana Acosta Márquez, Hugo López Aceves, Verónica Ruiz Lagier, Giovanna Gasparello, Eduardo González Muñiz, Maya Lorena Pérez Ruiz, Laura Corona de la Peña, María Isabel Hernández González, Francisco Javier Guerrero, Rosa María Garza Marcué, José Arturo Motta Sánchez y Cristina Mansferrer León, firmaron el comunicado en exigencia de una investigación.

 

Usó 110 millones en gasto corriente por necesidades del municipio: Leyva Mena

El alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, dijo en su defensa que el informe financiero 2017 del Ayuntamiento de Chilpancingo, que fue entregado a El Sur confirma que los 110 millones de pesos desviados fueron utilizados para necesidades del propio municipio, y que tiene un plan de recuperación al que se le tiene que dar continuidad.
Consultado por teléfono, el alcalde priista con licencia advirtió que si se retrasa su autorización para regresar a su cargo, podrían ser afectadas gravemente las finanzas del municipio, pues la actual administración no siguió con el plan estratégico de recuperación de recursos, que él tenía programado.
Le recordó también al PRI, que la mejor manera de recuperar la estabilidad en el municipio es que se apeguen al estado de derecho, “y si se tiene que pasar por el juicio de revocación de mandato, adelante, yo no tengo ningún problema. Que se concluyan los procedimientos para que la gente pueda creer en las instituciones”.
Dijo que aún hay tiempo para estabilizar las finanzas del municipio, porque el proceso de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de la cuenta pública 2017 inicia hasta el 28 de febrero, que es la fecha limite para que el gobierno municipal entregue la cuenta pública.
Leyva Mena dijo que le sorprendió que la información se esté filtrando de manera anticipada, pero también festejó que se dé a conocer que los 110 millones de pesos que desvió de programas federales fueron utilizados en gasto corriente y no en una cuenta personal.
“Asumo mi derecho de defensa, todo lo que están comentando, eso se tiene que hacer saber a la ASE y a la Auditoría Superior de la Federación, y yo voy hacer frente”.
De la cuenta pública 2016, en la que se presumen el desvíos de recursos, recordó que fue aprobada por el Cabildo antes de ser entregada al órgano fiscalizador.
“Están tratando de mandar el mensaje de que este asunto (de la licencia y el juicio de revocación de mandato) fue por un tema financiero. Eso no es cierto, la recuperación de este recurso (desviado) estaba perfectamente programado”, porque afirmó que hay manera de recuperarlos, principalmente con el predial.
En el caso de la filtración de la información de los desvíos de recursos de programas federales, que fueron utilizados en gasto corriente, dijo que más que perjudicarlo le dan la pauta para precisar cómo se utilizaron esos recursos.
Dijo que para solventar los 110 millones de pesos están los recursos del predial, lo que se ahorra por la depuración de la nómina y el limitar el gasto corriente y los gastos superfluos. Dijo que incluso el tema de la basura podría generar recursos, “eso lo sabe el cabildo”.
Leyva Mena comentó “había una estrategia muy clara de recuperación, me alegra mucho que salgan este tipo de notas, porque eso quiere decir que el alcalde Marco Leyva no está haciendo un asunto (el desvío) para su peculio personal, está perfectamente demostrado donde está ese dinero, son traspasos de una cuenta a otra cuenta del Ayuntamiento, no a cuentas personales”.
Ejemplificó los problemas financieros del Ayuntamiento con el tema de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), que le cuesta al municipio 6 millones de pesos mensuales, mientras que los ingresos de la paramunicipal es de 2 millones y medio a tres millones de pesos, que representan un déficit anual de aproximadamente 36 millones.
Insistió en que la estrategia para tomar recursos de programas, para resolver problemas inmediatos, estaba “perfectamente planeada”, pero cuando inició el juicio de revocación de mandato “abruptamente nos cambió la estrategia”.
Confirmó que busca regresar al Ayuntamiento capitalino para continuar con lo que llama su estrategia financiera y poder regresar los recursos desviados a las cuentas o programas a los que pertenecen.
Pero también responsabilizó a la actual administración, que encabeza el alcalde suplente Jesús Tejeda, por no aceptar el plan financiero que tenía, y si no se continúa, la responsabilidad financiera será contra Leyva Mena.
Advirtió que el problema financiero del ayuntamiento capitalino será peor si no se le permite regresar al cargo constitucional, que ganó en el proceso electoral 2015. “No he tomado un solo centavo de recurso público para enriquecerme”.
Cuando se le preguntó por la postura del PRI y de la bancada priista en el Congreso local, que podrían buscar obstaculizar su regreso al Ayuntamiento, dijo que “lo único que tengo, es el respaldo de mucha gente en las colonias populares y también el respaldo de la ley, porque me respalda el voto ciudadano”.