Como parte de la campaña Una Fiscalía Especializada que Sirva y que es impulsada por colectivos de desaparecidos y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), el dirigente del Colectivo Familiares de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, Ciro Fuentes Urióstegui señaló que su lucha no ha sido fácil a pesar de estar agrupados y tener comunicación con colectivos del país, además que las autoridades en lugar de brindarles facilidades en sus necesidades los han obstaculizado.
En un tercer video difundido por los colectivos y el organismo, aparece Fuentes Urióstegui manifestando la situación que viven como víctimas, “nuestra lucha no ha sido fácil a pesar de estar agrupados y tener comunicación con colectivos del país y de Guerrero, sentimos que nuestra lucha es contracorriente, las autoridades en lugar de brindarnos facilidades necesarias han obstaculizado nuestra lucha por verdad y justicia”, declaró en el video.
Agregó que a los familiares les dicen que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la reciente aprobada Ley por Desaparición Forzada y por Particulares son una herramienta a su favor pero que en los hechos no ha funcionado.
Abundó que en diciembre acudieron al Congreso del estado para platicar con los diputados y diputadas sobre la designación del titular de la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, y lo que obtuvieron fue una política de oídos sordos.
“Los únicos que nos atendieron fueron diputados de oposición, como sociedad ya estamos cansados de que los políticos antepongan sus intereses de grupo a los intereses que preocupan a la sociedad, y que tienen sumido al estado de Guerrero en una crisis de inseguridad”, señaló.
Indicó que les preocupa que aprueben el nombramiento del nuevo fiscal especializado y que lo hagan nada más por formulismo, pues la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo la quieren transformar en esta Fiscalía Especializada, agregó que la unidad sólo cuenta con un titular, un comandante, dos ministerios públicos y tres administrativos.
Exhortó que quieren una fiscalía que funcione, que sea autónoma y que trabaje con las familias, “porque nuestra lucha no nada más es de nuestros desaparecidos es porque otras familias no pasen por nuestro sufrimiento y la no repetición”. (Beatriz García / Chilpancingo).
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Marchan sindicalizados del Ayuntamiento de Chilpancingo por la revocación de Leyva Mena
Unos 500 integrantes del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Chilpancingo marcharon del Zócalo de la ciudad al Congreso del estado para insistir en la revocación de mandato del alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena.
El dirigente sindical Domingo Salgado informó que en el Congreso el diputado del PAN, Iván Pachuca Domínguez aseguró a los manifestantes que el político priista no regresará.
Indicó que entregaron al diputado la solicitud de juicio de revocación de mandato y él les aseguró que pese a los amagos que haga el alcalde con licencia éste no puede volver al Ayuntamiento mientras el alcalde suplente esté en funciones.
Asimismo, dijo que el Congreso en estos momentos no puede resolver la solicitud de Leyna Mena para reintegrarse al gobierno municipal porque la comisión responsable del caso está incompleta debido a las licencias que solicitaron varios diputados locales este lunes.
Añadió que cuando se discuta el caso en tribuna estará listo el dictamen de revocación de mandato contra Mena Leyva que ya está en comisiones
El dirigente sindical advirtió que los trabajadores del Ayuntamiento seguirán atentos de este procedimiento.
La protesta de trabajadores con playeras rojas salió del Zócalo a las 10:45 de la mañana por la avenida Alemán y Lázaro Cárdenas rumbo al Congreso.
Se manifestaron de las 11:30 a la 1 de la tarde con pancartas y la consigna de “fuera Marco Leyva” frente a la puerta del estacionamiento del Congreso, bloqueando uno de los carriles de la calle de un costado.
Los inconformes se retiraron luego de que una comisión de cinco personas ingresó al Congreso del estado para conocer la posición de los diputados locales respecto a la revocación.
El gobierno no los ha apoyado ante la pérdida de mojarra, se quejan pescadores de Cutzamala
Pescadores de la presa del Gallo del municipio de Cutzamala de Pinzón denunciaron que después de un mes de tener una reunión con funcionarios federales y estatales no tienen ninguna respuesta de la ayuda que solicitaron por la pérdida de 700 toneladas de mojarra en diciembre pasado y de la cual responsabilizaron a la hidroeléctrica de dicho lugar.
El 23 de diciembre acudieron autoridades de pesca de nivel federal y estatal a una reunión en la presa en donde también estuvo presente en la alcaldesa, Karime Benítez Flores y el diputado local, Isidro Duarte Cabrera. En este encuentro plantearon la posibilidad de recibir apoyo económico del gobierno estatal o federal para solventar parte de las pérdidas que tuvieron debido a la muerte masiva de mojarras.
En este encuentro entregaron un documento donde piden la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores para que baje programas y proyectos para los pescadores de esta localidad y que subsane el impacto económico que sufrieron.
Son cinco pueblos de Guerrero que se dedican a la pesca en esta presa y de donde se mantienen unas 600 familias, además de otra cantidad similar pero del lado de Michoacán.
El 23 de diciembre los pescadores mostraron a las autoridades que los peces murieron repentinamente en diferentes puntos separados por kilómetros de distancia.
Antonio Serrato líder de los pescadores de la presa dijo vía telefónica que están considerando otras vías de presión ante el silencio de las autoridades para apoyarlos y que no descartan la movilización de los pueblos.
Dijo que no han tenido respuesta ni alguna clase de apoyo para solventar las pérdidas que tuvieron.
Dentro de sus peticiones plantearon que deje de operar la hidroeléctrica ya que la acusan de provocar una falta de oxígeno en el agua y hace que mueran los peces.
El gobierno del estado envió en diciembre a inspectores de sanidad pecuaria quienes determinaron que la muerte de los peces no tiene ninguna relación con alguna bacteria o algún químico peligroso que pusiera en riesgo la salud de la población. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
Paran labores en el Hospital del Niño y la Madre de la capital; exigen sus salarios y aguinaldos
Trabajadores del Hospital del Niño y la Madre Guerrerense se manifestaron para exigir el pago puntual de su salario así como un incremento al presupuesto del nosocomio debido a que por los recortes no tienen medicamentos ni materiales para cirugías, además del pago de su aguinaldo que les adeudaban.
A las 10 de la mañana unos 30 trabajadores de base y descentralizados que dependen del gobierno estatal y cumplen con distintas funciones al tratarse de médicos, administrativos e intendentes, dejaron sus actividades laborales para manifestarse en la explanada de las instalaciones.
“No más atropello, exigimos nuestro pago inmediato, trabajadores del HNMG presente”, “Pago inmediato de la quincena y aguinaldo, no más triangulación” y “Basta de violar nuestros derechos labores”, decían las pancartas que mostraban los manifestantes.
La representante de los inconformes, Pilar Guadalupe Cortés Ríos dijo que 206 trabajadores no reciben de manera puntual su salario quincenal, según su contrato éste debe ser depositado los días 15 y 30 de cada mes pero en los últimos pagos se retrasa más de tres días.
Dijo que el problema es que hay una triangulación en el pago pues la Secretaría de Finanzas y Administración deposita los recursos correspondientes al Seguro Popular y éste a los trabajadores, operación que retrasa la entrega puntual de los salarios devengados. Añadió que tampoco recibieron su aguinaldo y está pendiente la homologación de los salarios de todos los trabajadores.
Por otra parte, contó que debido al recorte presupuestal de 17 millones de pesos a 4 millones el hospital no tiene materiales para atender a los recién nacidos y mujeres embarazadas debido a que el abastecimiento de los mismos y de medicamentos se retrasa porque no hay recursos para adquirirlos.
Además señaló que es necesario que se contraten a más médicos y enfermeras para cubrir con las necesidades de los pacientes que llegan de distintos puntos del estado. Añadió que en la protesta no participaron todos los trabajadores afectados porque “no queremos afectar a terceros”, sin embargo si las autoridades no atienden sus demandas podría haber un paro laboral en el hospital.
Luego de la protesta las autoridades pagaron el salario y aguinaldo de los 206 trabajadores cerca de la 1 de tarde e informaron que el depósito ya estaba hecho, a pesar de ello los inconformes temen que las siguientes quincenas les retrasen el pago por lo que acordaron tener mesas de diálogo con el titular de la Secretaría de Finanzas, Héctor Apreza Patrón para establecer acuerdos y evitar futuras protestas que afecten a los usuarios del hospital.
Irrumpen paristas a la mina Media Luna con civiles armados a evitar el reinicio de labores, denuncian
Pese a los llamados de Torex Gold Resources, para que la Policía Federal, división Gendarmería, garantice la reanudación de operaciones en la mina Media Luna, de Cocula, este lunes y martes, los trabajadores en paro entraron a la planta, ubicada en el ejido de Río Balsas, a impedir las evaluaciones y reparación del equipo de procesamiento de minerales que organizó la empresa con vecinos de Nuevo Balsas, denunció el comisario de la localidad, David Díaz.
Advirtió que la situación es cada vez más tensa, porque el lunes hubo un diálogo largo entre los paristas y sus opositores, luego de que los manifestantes irrumpieron en los terrenos de la mina, junto a la planta de procesamiento.
Ayer, martes, alrededor de las 9 de la mañana, indicó que los paristas ubicados en plantón en la puerta 3, volvieron a entrar a la planta para exigir la salida de unos 100 trabajadores, entre locales y foráneos, que laboran hace una semana en lo que llaman el “reinicio secuencial de operaciones”.
En consulta telefónica, explicó que, como los opositores al paro se negaron a retirarse de la planta, los paristas se retiraron y volvieron al mediodía con civiles armados.
Aclaró que para evitar una confrontación, los opositores al paro salieron del lugar y regresaron después de las 3 de la tarde, para concluir labores a las 9 de la noche.
En cuanto a la Gendarmería, confirmó que hay efectivos dentro de la mina, pero no impiden en paso de los paristas a la planta, ni estuvieron presentes durante estos incidentes.
Insistió en que mineros de Nuevo Balsas quiere volver a trabajar, y exigió que los tres niveles de gobierno los apoyen, “no queremos que más al rato estas personas se vayan a enojar, pero (las autoridades) no nos voltean a ver. A lo mejor la gente que quiere trabajar está mal, o no sé qué está pasando”.
Incluso, señaló que el lunes, los opositores al paro estuvieron a punto de confrontarse con los paristas, pero se les contuvo. Los paristas exigieron que sólo se quedara en la planta la gente de pueblos aledaños para dialogar.
Aclaró que, cuando sacaron a los trabajadores foráneos de la planta, los opositores locales eran unos 100 en la planta, y los paristas locales sólo 40. Sin lograr avances, los dos grupos se mantuvieron en la planta hasta las 6 de la tarde.
Ayer, cuando los paristas irrumpieron de nueva cuenta a la planta, dijo que después de intentar el desalojo a primera hora, volvieron a media día con unos 130 vecinos de Tepehuaje, Mezcala, Taxco, Iguala y Tonalapa, “esta vez llegaron armados; cuando se les pidió que hicieran a un lado a los foráneos, no quisieron hacer a un lado a la gente que llevaban invitada”.
Convocó al delegado estatal del SNTMMSSRM, Indalecio Pérez Morones, que encabeza el paro de labores, a que no retrase más la votación para que los trabajadores elijan qué sindicato quieren que los represente.
Aseguró que los vecinos de Nuevo Balsas no tienen preferencia por la CTM que tienen el Contrato Colectivo de Trabajo de Media Luna, ni por el SNTMMSSRM, y aceptarán a quien tenga la mayoría en la votación, en el juicio que se dirime en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, también pidió que si pierde la votación reconozca los resultados.
Confirmó que, en tanto sigan el plantón y el paro de labores en la puerta 3 de la mina, se mantienen los bloqueos carreteros de Nuevo Balsas, junto al poblado de Atzcala, y en la Colonia Valerio Trujano, municipio de Tepecocuilco, en los dos caminos de acceso a la entrada principal de la mina.
Ya no es un conflicto laboral sino social el “bloqueo ilegal” a la minera, dice la CTM
El representante legal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Joel Hernández Reyes dijo en conferencia de prensa en el hotel Casa Inn, de la zona Dorada de Acapulco, que no hay un conflicto laboral en el “bloqueo ilegal” que mantienen “personas ajenas” a la mina Media Luna de Cocula.
Advirtió que si el gobierno estatal no actúa en el conflicto que se desató luego del “intento” de la empresa Torex Gold Resource de reiniciar actividades el lunes pasado, habrá un enfrentamiento entre los trabajadores de la mina y los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), que han sido contenidos por gendarmes.
No obstante los convocó a no confrontarse, pues consideró que “al ser un conflicto social va a traer violencia”.
Hernández Reyes comentó que, en la medida en que sus agremiados vuelvan a trabajar, dado que comenzaron las labores de limpieza en el acceso del poblado de Nuevo Balsas, de donde proviene el 60 por ciento de los afiliados a la CTM, se reactivarán los pagos, que fueron suspendidos hace dos semanas. Los salarios de los 500 sindicalizados, oscilan entre 400 y mil 500 pesos semanales, dijo.
Calculó las pérdidas de la empresa canadiense en 1.5 millones de dólares cada día que no se trabaja en la mina, y que en las labores de mantenimiento trabajan 60 sindicalizados en una zona que denominó “la planta”, a donde intentaron ingresar “a la fuerza” los integrantes del Sindicato de Mineros el lunes, donde fueron retenidos por los gendarmes.
Joel Hernández señaló que la situación ya no es laboral, pues la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje “está realizando su procedimiento… Es obligación del gobierno estatal empezar a realizar las gestiones necesarias, a ejercitar lo que esté dentro de su alcance, o lo que considere social y políticamente correcto, para llegar a la solución de este conflicto… ayer, el presidente municipal de Cocula, solicitó ya el apoyo del gobernador porque esto se está saliendo de control. Se están enfrentando. Los secretarios del Trabajo, el subsecretario de Asuntos Agrarios, han llegado, pero fue prácticamente inexistente (la visita)”, dijo el abogado.
Indicó que entiende que no use la fuerza, pero sin algún medio coactivo para que la mina funcione, “la primer reacción debe recaer en el gobierno del estado”.
Aclaró que el gobierno del estado ha sido consciente y ha establecido acciones para solucionar el conflicto, pero “ha habido una cerrazón por parte del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia. Llegaron a decir (que) ya no les interesa el Contrato Colectivo ‘ya no quiero el procedimiento de titularidad; empresa, quítaselo a la CTM y dámelo a mí’. Pero la cultura canadiense es un poquito más estricta y respetuosa de las normas”.
El 3 de noviembre, trabajadores de la mina pararon labores con el apoyo del Sindicato de Mineros, para exigir la titularidad del contrato colectivo de trabajo, y bloquearon los accesos a la mina.
El representante de la CTM explicó que, dada la demanda del sindicato de mineros ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se comenzó el procedimiento, que está “detenido” porque el demandante no acudió a la audiencia programada para el 13 de diciembre pasado.
“Al paso del tiempo esto va a ser un conflicto social, y espero, ahora sí, en uso de sus facultades y en un conflicto social, el gobierno del estado de Guerrero las gestiones que están a su alcance. No pueden permitir que una inversión salga, pero al ser un conflicto laboral de origen ellos (el gobierno estatal) no podían inmiscuirse porque era del orden federal; hoy ha dejado de serlo, el conflicto laboral ha desaparecido, se ha convertido en un conflicto social y, por lo tanto, ahora sí compete al estado el ejercicio de las facultades que tiene para llegar a una solución”, advirtió Joel Hernández.
Ante el comunicado de la empresa de reiniciar actividades, indicó que la respuesta de los paristas fue tomar de forma violenta las instalaciones nuevamente.
“Hubo (el lunes) conatos de violencia, fueron mas de 100 personas y ninguno de los que ingresaron a las instalaciones es trabajador de Media Luna, se han ido sumando personas de distintos municipios, como Taxco y Mezcala, de la mina Los Filos, para tratar de hacer sus movimientos, lo cual es totalmente violatorio, en virtud de que están impidiendo que la gente de los poblados, que se han visto beneficiadas por progreso y beneficios por parte del complejo minero, en este momento no pueden hacer las actividades a las que tienen derecho. Ha sido una afectación económica multimillonaria, para la empresa, pero también para nuestros representados y debido a esta situación económica, la empresa no se encuentra en posibilidad ya de pagar salarios, ya inicia el proceso de suspensión”, contó.
Recordó que los trabajadores votaron en Morelos el año pasado por retomar las actividades en la empresa y no para definir cuál sindicato los representaría.
Terminan su paro los trabajadores de la Fiscalía que exigían un aumento al bono de riesgo
Ayer por la tarde los trabajadores sindicalizados, supernumerarios y de confianza de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo levantaron el paro laboral que hicieron en exigencia de un aumento de bono de riesgo de mil a 2 mil 500 pesos, tras un acuerdo con las autoridades del estado.
El acuerdo es que este año se pagará cada mes mil 400 pesos y en cada año aumentarán 200 pesos hasta llegar a los 2 mil pesos.
En Chilpancingo los empleados levantaron el paro que comenzó el lunes luego de que se reunieron con funcionarios del gobierno del estado para atender el incremento de bono de riesgo.
A las 6:40 de la tarde los inconformes se retiraron de las oficinas de la fiscalía y hoy reanudarán sus labores.
Un trabajador quien se reservó su nombre informó que los acuerdos fueron que este año les pagarán mil 400 pesos de bono de riesgo y cada año se les aumentará 200 pesos hasta llegar a 2 mil pesos.
Señaló que a las 3:30 de la tarde el secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), David Martínez Mastache y una comisión de trabajadores de la FGE acudieron a Palacio de Gobierno para tener una reunión con funcionarios del gobierno del estado para atender sus demandas laborales.
Los inconformes hicieron guardias para permanecer en el transcurso de la noche del lunes y ayer se reincorporaron para continuar con la movilización debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades de la FGE y del gobierno del estado.
El delegado sindical de la sección Séptima del SUSPEG, José Luis Nava Hernández informó que la noche del lunes recibieron una llamada del fiscal Olea Peláez en la que mencionó un plazo de tres horas para resolver la demanda de los trabajadores, pero hasta esta ayer no han tenido respuesta del incremento del bono de riesgo.
Nava Hernández señaló que han tenido “roces” con directivos de la FGE porque están molestos porque los trabajadores bloqueaban los accesos de la fiscalía “los directivos se enojan pero nosotros no estamos haciendo, estamos participando en la movilización para exigir el respeto a nuestros derechos”.
Hizo un llamado al gobernador, Héctor Astudillo Flores que intervenga para que les incremente el bono de riesgo a 2 mil 500 pesos, “porque ya está cara la canasta básica y este apoyo nos ayuda para mejorar las condiciones de vida de nuestra familia”.
“Aquí vamos estar porque mientras no haya una respuesta pues nosotros vamos a seguir en pie de lucha, sí hay incidentes con los directivos adentro de la fiscalía que quieren pasar (a sus oficinas), entendemos su actitud pero que nos entiendan porque estamos luchando por nuestros derechos”, declaró.
Ayer en Acapulco trabajadores de la fiscalía regional entre Ministerios Públicos, peritos y policías ministeriales mantuvieron el paro durante la mañana y por la tarde lo levantaron tras los acuerdos en Chilpancingo.
Durante la noche y madrugada del martes hubo guardias para impedir el acceso de personas y automóviles oficiales de la dependencia, informaron los empleados.
Ayer en la mañana se suspendió todo el servicio de la fiscalía regional de Acapulco a excepción del Servicio Médico Forense (Semefo).
Las personas que iban hacer algún trámite se regresaron molestas.
En declaraciones, los trabajadores reclamaron la falta de atención del fiscal general, Javier Olea Peláez para atender la petición del aumento.
Reiteraron que requieren el aumento porque están laborando en una ciudad violenta.
Indicaron que en Acapulco hay 200 trabajadores sindicalizados y supernumerarios, aunque sólo se observó unos 50 empleados cerrando el acceso a las instalaciones.
Ayer en la mañana los empleados solamente permitieron el acceso a funcionarios de alto nivel y la salida y entrada de la camioneta de Semefo.
Más tarde los trabajadores colocaron una lona azul afuera del portón para evitar el acceso a las instalaciones, después de las 7 de la noche se retiraron del lugar.
En Zihuatanejo, los 25 trabajadores administrativos de la FGE continuaron el paro por la mañana pero después lo levantaron.
Los empleados se organizaron para formar guardias durante la noche y reintegrarse a su protesta este martes.
Ayer en la mañana los inconformes permanecieron sentados en las bancas afuera de la agencia central del Ministerio Público (MP) del fuero común y dijeron que sólo estaban disponibles para casos relacionados con fallecimientos y personas detenidas.
Uno de los trabajadores comentó que “no estamos pidiendo algo que no esté en la posibilidad de la fiscalía de autorizarnos”.
Los trabajadores coincidieron en mantener su postura de no regresar a trabajar hasta en tanto no les resuelvan su petición de manera favorable.
Aún no les dan sus casas a damnificados de Tierra Colorada y ya tienen cuarteaduras
Damnificados por las tormentas Ingrid y Manuel de la comunidad de Papagayo, municipio Juan R Escudero (Tierra Colorada) hicieron un recorrido por las 12 viviendas construidas en la cabecera municipal y constataron que la mitad tiene cuarteaduras y problemas en las ventanas.
El recorrido se había programado con la asistencia del delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello pero en su lugar llegó el subdelegado jurídico, Jorge Luis Marcial Padilla quien sólo fue a explicar que no se presentaría el delegado porque tenía una reunión en la Ciudad de México.
A las 10 de la mañana 30 damnificados llegaron al predio cerca de la salida a Costa Chica dentro de la cabecera municipal.
En el lugar los damnificados le expresaron al funcionario que su mayor preocupación era que no se tuviera certeza legal con el terreno ya que el vendedor del predio insistía en ir quitándole espacio a lo que le correspondía a los damnificados.
En la breve entrevista el funcionario señaló que deben tener tranquilidad sobre el problema que frenó la construcción de las viviendas, ya que él tenía la documentación necesaria para que se pudiera cumplir con la petición del vendedor sin afectar a los damnificados.
Insistió en que hay certeza legal y no habrá más problemas con la nueva empresa que se encargará de construir las 34 viviendas restantes y a partir del próximo 20 de enero iniciarán labores en el terreno.
El recorrido
En el recorrido los vecinos revisaron una a una las casas para redactar un escrito en el que se detallaron las deficiencias de las viviendas.
En el terreno ya se marcó con cal los lugares donde se colocarán la red de drenaje y agua potable que se darán a cada vivienda de las 12 que ya fueron concluidas.
Las casas tenían imperfecciones en los marcos de las ventanas, donde incluso había orificios de 5 centímetros de diámetros.
En algunos espacios de los marcos no habían metido suficiente cemento y en otros las ventanas se abrían con tan solo empujarlas, lo que les preocupaba de que fueran invadidas.
A la mitad del predio cruza una barranca pequeña la cual ha sido rellenada con tierra en algunos pedazos.
Entre los vecinos coincidieron en que hubiera sido más barato y fácil que les dieran el terreno a cada uno de ellos para que se hicieran sus casas pues han pasado 4 años sin un hogar y han gastado más dinero en ir a protestar a las oficinas de Sedatu.
“Nosotros ya nos queremos venir, aunque no tengan servicios, la cosa es que ya queremos nuestras casas”, agregó otra vecina.
El terreno está a pie de un cerro y del otro costado hay maizales.
No acude la SEG a una reunión con maestros; cierran calles y toman oficinas en Chilpancingo
Unos 150 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de las regiones Costa Grande y Acapulco, bloquearon la avenida Juan N. Álvarez esquina con Pedro Ascencio en Chilpancingo, para exigir una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Durante la protesta, los manifestantes cerraron las oficinas alternas de la SEG, ubicadas en la calle Pedro Ascencio, donde laboran trabajadores la Dirección General de Secundarias y de Planeación y Programación Educativa, el hecho molestó particularmente a una empleada cuyo presunto esposo acudió armado a exigir que se abrieran las instalaciones y disparó al aire en pleno Centro capitalino, pero no fue arrestado.
Según los representantes de la CETEG, Julio César Moyao Gaspar y Adolfina Bautista Vázquez, a las 11 de la mañana serían recibidos por funcionarios de la SEG en las oficinas en Pedro Ascencio; sin embargo, a pesar de que los maestros fueron puntuales, las autoridades no se encontraban en el lugar y éste no estaba acondicionado para llevar a cabo el diálogo previsto.
Ante tales circunstancias, luego de esperar una hora, los cetegistas cerraron las instalaciones e impidieron la salida de los trabajadores, también bloquearon de manera total el paso vehicular en las dos vialidades en pleno centro de la capital.
Moyao Gaspar dijo que, en la mesa de diálogo, en la que también debía estar el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, la CETEG plantearía la necesidad de más de 120 maestros en la Costa Grande y de 10 a 15 en cada zona escolar de Acapulco, así como el pago de adeudos salariales y cambios de adscripción por inseguridad en ambas regiones. En cuanto a la falta de maestros, aseguró que ésta se debe a la “desbandada” de los trabajadores del sector ante el temor de perder sus derechos con la aplicación de la reforma educativa.
Responsabilizan a la SEG de la agresión de un civil armado a los maestros
Mientras los cetegistas esperaban a que los atendieran, un desconocido, presunto esposo de una trabajadora de la dependencia, llegó al lugar minutos después de la 1 de la tarde. De acuerdo con Moyao Gaspar, el hombre confrontó a los maestros y exigió que abrieran las instalaciones para que los trabajadores salieran.
Los cetegistas se negaron, y en medio de la discusión el desconocido sacó un arma de fuego y disparó en dos ocasiones al aire. Esto asustó a los maestros, los que estaban cerca corrieron en distintas direcciones, pues temieron ser atacados de manera directa. El hombre también se dio a la fuga y fue perseguido por un policía estatal que había llegado para detener la riña, pero no logró alcanzarlo.
En videos que se difundieron en redes sociales, se puede ver que la trabajadora se molestó porque el policía estatal pretendió detener a su esposo, aseguró que “los delincuentes” eran los maestros que cerraron las oficinas alternas de la SEG, “hacen su desmadre y no la aguantan”. También refirió que llamó a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) sin respuesta.
Los policías implementaron una operación de seguridad y resguardaron la zona, mientras que los maestros volvieron al sitio donde bloquearon las vialidades.
Moyao Gaspar se comunicó con el secretario técnico de la SEG, Jorge Sotomayor Landeta, a quien le advirtió que la CETEG responsabiliza de lo que ocurrió y de lo que pueda sucederles en las manifestaciones, a los funcionarios que no llegaron a la cita y a la dependencia, pues las protestas se dan ante la falta de atención, respuestas y cumplimiento de compromisos de las autoridades.
Sotomayor Landeta y Moyao Gaspar acordaron que las mesas de diálogo se llevarán a cabo en Acapulco, ante la falta de instalaciones y seguridad en Chilpancingo. El bloqueo concluyó después de las 2 de la tarde.
No regresan a clases en escuelas de La Concepción ante el temor a la violencia, informa la SEG
Ayer cumplieron siete días sin clases los estudiantes de cuatro escuelas de nivel básico ubicados en la comunidad de La Concepción, luego de los enfrentamientos que dejaron 11 muertos, informó el delegado de los Servicios Educativos Acapulco-Coyuca de Benítez, Alfredo Miranda Vergara
Consultado por teléfono, el delegado indicó que, por miedo los padres de familia no han enviado a sus hijos a clases.
El pasado 7 de enero, dejaron 11 muertos dos enfrentamientos en la comunidad, el primero entre civiles armados y policías comunitarios, dejó ocho, y durante el desarme de los comunitarios, fueron asesinados tres de ellos.
Miranda Vergara dijo que los maestros se reunirán hoy con los padres de familia para tomar un acuerdo y reiniciar las clases. (Jacob Morales Antonio).