El gobierno venezolano confirmó ayer que el ex agente Oscar Pérez -que había llamado a sacar del poder al presidente Nicolás Maduro- falleció el lunes tras una operación policial que dejó un saldo de nueve muertos, lo que avivó las denuncias sobre la violación de los derechos humanos en el país.
El ministro de Interior, Néstor Reverol, informó mediante alocución televisada que un grupo de “terroristas” liderados por Pérez cometió una agresión que puso “en riesgo la vida e integridad de los funcionarios”, dos de los cuales fallecieron en enfrentamientos, reiteró.
Ante ello, explicó, “se procedió, con los protocolos definidos, para neutralizar al grupo agresor, con el lamentable saldo de 7 terroristas fallecidos”, entre ellos Pérez y una mujer sin identificar, según se observa en una lámina usada por el ministro.
El funcionario aseveró que las autoridades venezolanas dieron con el llamado “policía rebelde” gracias a información obtenida de “la entrevista reciente que ofreció (…) a un medio internacional”, en referencia al canal estadunidense CNN en Español.
Además, Reverol dijo que en el marco del proceso de diálogo que mantiene la oposición con el gobierno “algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la presunta ubicación de este grupo terrorista en la parroquia El Junquito” del distrito capital, donde fue finalmente abatido Pérez.
Esta aseveración fue ampliamente rechazada por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mediante un comunicado en el que deploró tan “irresponsables y falsas insinuaciones” y denunció lo que consideró “una ejecución extrajudicial por parte del régimen de Maduro” contra el ex agente y exigió al gobierno aclarar la participación de “paramilitares armados” en el operativo del lunes, una teoría denunciada por varias organizaciones de derechos humanos.
Antes de caer abatido, el inspector de policía alzado publicó varios vídeos en la redes sociales en los que se le observaba aparentemente herido y manifestaba a las fuerzas de seguridad su deseo de entregarse pacíficamente.
Por otra parte, la destituida fiscal general de Venezuela Luisa Ortega aseguró que el “asesinato” de Pérez, es una “ejecución extrajudicial” y recriminó que se haya “ignorado” la rendición del exagente “pues la orden fue asesinarlo”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que cualquier terrorista que sea enviado al país desde Miami o Colombia tendrá el mismo destino del grupo del policía rebelde Óscar Pérez, quien murió en una operación de comandos militares.

Las bajas temperaturas y amenazas de nevadas y heladas en Texas (EU) obligaron ayer a cancelar más de 700 vuelos e hicieron que numerosas escuelas y universidades de Austin, Dallas, Houston y San Antonio, entre otras ciudades, suspendieran sus clases.
Las temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados y el consecuente riesgo de heladas provocaron que las grandes aerolíneas cancelaran más de 700 vuelos con destino o salida en los aeropuertos de Houston, Austin y San Antonio.
El aeropuerto internacional George Bush, en Houston, fue el más afectado al tener que suspender más de 600 vuelos, después de que las aerolíneas American Airlines, Southwest Airlines y United Airlines, entre otras, cancelaran la mayoría de sus servicios, reportó el diario Houston Chronicle. (EFE / Washington).

El partido colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en el que se transformó esa antigua guerrilla tras dejar las armas, denunció que recibió en su sede de Cali una carta amenazante del Clan del Golfo, el mayor grupo criminal nacido tras la desmovilización de las bandas paramilitares.
La carta fue firmada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como se hace llamar el Clan del Golfo, en la que aseguran que van a “reactivar su accionar militar” contra los miembros del partido FARC y sus sedes en el suroeste de Colombia, según un comunicado de la antigua guerrilla.
Ante la amenaza, la FARC aseguró que continuará trabajando tanto en Cali como en el departamento del Valle del Cauca, del que es capital, para que sean “territorios de implementación de los acuerdos de paz”, agregó la información.
El Clan del Golfo nació tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 y se convirtió en la banda criminal más buscada del país que mantiene la actitud política apenas como fachada para sus actividades narcotraficantes.
En septiembre pasado, la banda anunció su intención de someterse a la justicia, lo que abrió la posibilidad de una pacificación casi total del país que ha sufrido más de medio siglo de conflicto armado.
El pasado 14 de diciembre, anunciaron un cese unilateral de actividades durante el periodo navideño.
Por otro lado, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, ente organizador de las elecciones en el país, dio ayer luz verde a ocho movimientos ciudadanos presentados por firmas con los que aspiran a presentarse otros tantos candidatos a los comicios presidenciales de este año y eliminó otras tres.
Así también, diez personas fallecieron ayer cuando un helicóptero del ejército de Colombia se precipitó a tierra por causas aún desconocidas, comunicó la fuerza militar.
Por otra parte, los organismos de socorro reiniciaron ayer las labores para rescatar los cuerpos de cinco de las nueve víctimas que dejó el desplome de un viaducto en construcción en la carretera entre Bogotá y Villavicencio, capital del departamento del Meta, en el centro de Colombia.

Estados Unidos congeló ayer más de la mitad de su contribución a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y pidió al resto de países “ricos” que aporten más, cumpliendo así en parte la amenaza del presidente, Donald Trump, que puso en alerta a la comunidad internacional.
El Departamento de Estado envió ayer una carta a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en la que se compromete a aportar 60 millones de dólares en los próximos días, pero informa de que ha congelado 65 millones de dólares adicionales a la espera “de una valoración futura”.
Esos 65 millones son más de la mitad del total de 125 que se esperaba que Estados Unidos entregara a la UNRWA el 1 de enero de este año y el Departamento de Estado no especificó ayer qué reformas debe hacer la agencia para recibir la cantidad congelada.
La portavoz de Exteriores, Heather Nauert, intentó dar la vuelta a la información diciendo que Estados Unidos al menos no ha cortado totalmente su ayuda a la agencia como se especulaba en los últimos días en varios reportes de prensa.
Los analistas consideran esta decisión una victoria del secretario de Estado, Rex Tillerson, sobre la embajadora en la ONU, Nikki Haley, ya que él abogaba por no retirar toda la ayuda, mientras que ella quería eliminarla completamente como castigo al rechazo expresado por la Autoridad Palestina a la política de Trump en la región. (EFE / Washington).

Los dos principales partidos separatistas catalanes, Junts per Catalunya y ERC, llegaron a un acuerdo para apoyar la candidatura de Carles Puigdemont como presidente del gobierno catalán pese a que se encuentra desplazado en Bruselas.
En un comunicado conjunto difundido ayer, anunciaron también un pacto para elegir como presidente del Parlamento catalán al independentista Roger Torrent, miembro de Esquerra Republicana (ERC).
Este miércoles arranca en Cataluña una nueva legislatura con la constitución del “Parlament” elegido en los comicios del 21 de diciembre, que fueron convocados por el gobierno español de Mariano Rajoy para tratar de frenar el proceso separatista de Puigdemont.
Los partidos independentistas obtuvieron mayoría absoluta en las urnas y su objetivo es volver a poner al frente del gobierno catalán a Puigdemont, quien fue destituido por Madrid a final de octubre.
Sin embargo, el líder independentista no puede regresar a España, donde sería detenido como imputado por varios delitos vinculados a su plan soberanista.

Agrupaciones políticas y sociales se manifestaron ayer en diferentes ciudades argentinas para pedir la liberación de la activista Milagro Sala, cuando se cumplen dos años de su detención, en un caso en el que se han implicado organizaciones internacionales de derechos humanos.
La principal protesta tuvo lugar en el centro de Buenos Aires frente a la Casa de Jujuy, la provincia natal de Sala y donde se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado diciembre.
“Las operaciones del Poder Judicial y de la prensa para mostrarle al mundo que soy la peor de todas siguen como el primer día. Sin embargo, la única realidad es que conmigo solo empezaron una persecución feroz a todo el que piensa diferente”, escribió Sala en una carta publicada en el portal “El cohete a la luna”.
En el texto, Sala asegura que está detenida desde el 16 de enero de 2016 por razones políticas y culpó de esa situación al gobierno del presidente, Mauricio Macri, y al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dirigente de la coalición gobernante de centroderecha Cambiemos.
Por otro lado, la policía de Buenos Aires halló ayer un artefacto explosivo casero y mensajes amenazantes contra la ministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich, y el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa en la que se investiga la primera protesta por la reforma de las pensiones, informaron fuentes policiales.

El otrora poderoso movimiento Alianza País (AP) de Ecuador, que en 2007 llevó a la presidencia a Rafael Correa, quedó ayer totalmente dividido tras las desafiliaciones de varios altos dirigentes, entre ellos el ex presidente y una treintena de legisladores, quienes anunciaron la creación de un nuevo partido.
Los dirigentes se desafiliaron en reacción a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de última instancia, que en el marco de una disputa entre el ala “correísta” del ex presidente y el ala “morenista” del actual mandatario Lenín Moreno, desconoció a los primeros y dejó en manos de los segundos el manejo oficial de AP.
“Recibimos la sentencia insólita del Tribunal Contencioso Electoral robándonos el movimiento Alianza País”, dijo Correa al desafiliarse en una oficina del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la ciudad de Babahoyo. Correa dejó estas semanas su residencia regular en Bélgica para dedicarse en Ecuador a la campaña por el “no” para la consulta popular de febrero. (DPA / Quito).

Paraguay atraviesa estos días una profunda crisis política e institucional que afecta a los tres poderes del Estado, apenas tres meses antes de las elecciones nacionales del 22 de abril.
El poder judicial ha ido perdiendo credibilidad después de que se divulgaran en medios locales y redes sociales una serie de audios en los que se escucha a algunos políticos, jueces y fiscales tratando de incidir en ciertos casos a cambio de dinero.
A raíz del impacto que provocó el escándalo en la población, cada vez son más las voces que reclaman una reforma total del sistema judicial, que según la oposición está controlado por el poder político.
“Tenemos un esquema de justicia que responde a intereses políticos y con un nivel de corrupción sin precedentes. Se convierte entonces en factor de extorsión, de chantajes más que de garantía para la ciudadanía”, dijo el ex senador y candidato presidencial Efrain Alegre, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de centroderecha.
El diputado Carlos Portillo, también del PLRA y que fue desaforado ayer para que responda por acusaciones de posible tráfico de influencias, se quejó de que “el poder judicial no es garantía para ningún ciudadano”. (DPA / Asunción).

La protección del medio ambiente es para los iraníes mucho más importante que el programa nuclear, aseguró ayer el vicepresidente del país, Issa Kalantari.
“Se afirma que el programa nuclear es un derecho del pueblo, pero un aire y agua limpios son un derecho mucho más importante”, aseguró Kalantari, que también es titular de la oficina de Protección del Medio Ambiente, citado por la agencia Isna.
Kalantari es el primer político iraní que dice públicamente lo que muchos iraníes piensan: que existen asuntos mucho más importantes que la política nuclear y que el programa atómico iraní apenas ha reportado nada al país en casi tres décadas, sino más bien lo contrario.
Los críticos argumentan que, aparte de las inversiones de miles de millones destinadas al programa, el país y el pueblo iraní sólo han tenido problemas con las potencias mundiales debido a ese programa.
Asimismo han tenido que soportar dolorosas sanciones económicas. El diferendo nuclear con Occidente se superó tras 13 años de intensas negociaciones en julio de 2015 con un acuerdo que se suscribió en Viena, aunque todavía sigue siendo un tema controvertido. (DPA / Teherán).