El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, consideró que siempre se debería atender el llamado que hagan organismos internacionales de lo que pasa en Acapulco y Guerrero, luego de que la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró que se violaron los derechos humanos por el gobierno del estado en su intervención en La Concepción el pasado domingo 7 de enero.
Velázquez Aguirre pidió a las organizaciones que han salido a manifestarse en apoyo a los detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), que realicen protestas pacíficas no afectando el derecho de terceros con bloqueo a las calles o carreteras.
En declaraciones a reporteros después acudir a escuelas de la Unidad Habitacional El Coloso para supervisar los trabajos del programa Pinta tu Escuela, respecto a la condena que hizo la (ONU-DH) a los hechos violentos del domingo en la comunidad de La Concepción  y la observación de que durante la intervención de la policía estatal se violaron los derechos humanos en la detención que se realizó de policías comunitarios, Velázquez Aguirre expuso que en los organismos internacionales han puesto atención en Guerrero en muchos momentos,
No es la primera ocasión, dijo: “creo que debiéramos de siempre atender el llamado que hacen los organismos internacionales, el presidente municipal siempre está atento a este llamado y a entregar y dar todas las facilidades para que estas investigaciones puedan terminar con un bien para el pueblo de Acapulco”.
Del hecho de que no se atendió el protocolo sobre el uso de la fuerza por parte del gobierno estatal, el alcalde consideró que se empiezan a  escuchar muchas voces que se deben de atender, y ser muy responsables en lo que se contesta, “yo creo que los protocolos de actuación se implementaron, estuvo la presencia del Ejército, de la Policía estatal, municipal, federal, y bueno se actuó de manera pronta ante este lamentable acontecimientos, creo que tendríamos que analizar. Reitero el llamado a siempre respetar la ley y los derechos humanos”.
Respecto a las manifestaciones tanto de organizaciones como de familiares de los detenidos que piden que los policías comunitarios sean liberados, incluyendo al dirigente del Cecop, Marco Antonio Suásteguo, Evodio Velázquez dijo que está preocupado por lo que ocurrió en La Concepción y por las respuestas que se puedan dar respecto a este hecho.
Recordó que la ley permite que se hagan protestas, pero pidió que no afecten a terceros, que no se bloqueen calles o carreteras y se realicen manifestaciones pacíficas, “nosotros estamos de acuerdo que cuando hay una inconformidad se debe de dar a conocer, intentar resolver el problema y siempre escuchando a los pobladores”.
Expuso que buscaría tener comunicación con el gobernador, Héctor Astudillo Flores para expresarle su preocupación ante el inicio de protestas, “las autoridades deben de estar unidas, hay que hacer un llamado a la concordia un respeto a la legalidad y un llamado al respeto a los derechos humanos, creo que es lo que se debe de garantizar”.
Reitero que se debe de revisar concretamente la situación de todos los que fueron detenidos el domingo, porque “muchos de ellos” dicen que no estuvieron en el momento en el que ocurrieron los hechos, por ello dijo “es un tema que se puede mirar injusto”. Añadió que la Fiscalía es la que tiene que dar respuesta con las investigaciones “y nosotros tenemos confianza en que pronto resuelva”.

 

En San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres y Tlapa policías comunitarios y organizaciones sociales salieron a marchar y bloquearon la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, por cuatro horas, para pedir la libertad de los 25 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de La Concepción, así como de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, presos en Chilpancingo.
En las manifestaciones la CRAC exigió la renuncia del gobernador Héctor Astudillo Flores, el fiscal Javier Olea Peláez y el secretario de seguridad pública, Pedro Almazán, a quienes responsabilizaron de la muerte de tres policías comunitarios asesinados durante el desarme violento ocurrido el pasado domingo, luego de un primer enfrentamiento, que dejó a ocho personas muertas, dos de ellas policías comunitarios.
Además de respeto al sistema comunitario, el retiro de la Policía Ministerial de la comunidad de La Concepción. La aprobación inmediata de la iniciativa en materia de derechos indígena del estado de Guerrero, así como la iniciativa popular de la Ley 701 y rechazaron la Ley de Seguridad Interior.

La marcha bajo la mirada de la Sedena

Bajo la vigilancia de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de agentes vestidos de civiles, se realizaron las movilizaciones por las casas de justicia de El Paraíso, Ayutla y San Luis Acatlán, en los dos municipios donde no hubo incidentes.
En Ayutla de los Libres, minutos antes de las 11 de la mañana, la movilización de unos 200 integrantes de la CRAC, salieron de las instalaciones de la unidad deportiva de la cabecera municipal y se dirigieron a la entrada sur de la ciudad, donde bloquearon por cuatro horas de manera intermitente, mientras otro grupo se apostó en la entrada norte de la carretera estatal Tierra Colorada-Cruz Grande.
En las pancartas que portaban los manifestantes, entre ellos mujeres, se leía: “Astudillo asesino, fuera” y “respeto a la Ley 701, al acuerdo internacional 169 de la OIT”. Los manifestantes rechazaron la acción de los policías estatales contras sus compañeros. Durante la protesta, los integrantes de la CRAC detectaron a un agente militar vestido de civil, quien al ser descubierto huyó.
A las 11:30 de la mañana, unos 300 integrantes de la CRAC salieron de las instalaciones de la Casa de Justicia, en el barrio de San Isidro, y recorrió las calles de la cabecera municipal.
Los manifestantes realizaron tres paradas, en frente de los inmuebles que ocupan, el juzgado de paz, el juzgado civil, y las instalaciones de la Policía Ministerial, que permanecieron cerradas desde la mañana por el anuncio de las protestas y la versión de que serían tomadas. Lo que no ocurrió.
Antes de que saliera la movilización, un helicóptero de la Sedena también sobrevoló la cabecera municipal. Durante la movilización también fueron descubiertos un hombre y una mujer, que al ser encarados por los policías comunitarios en la movilización, se identificaron como prensa y luego de ser abordados se retiraron de la protesta.
A las 12:30 de la tarde, la protesta llegó al palacio municipal, que también se encontraba sin actividades. Ahí tres oradores demandaron la libertad de los 25 detenidos en La Concepción y justicia para los cinco policías comunitarios muertos, tres de ellos asesinados durante el operativo de desarme de los policías estales y dos más, que murieron durante un enfrentamiento con civiles armados.
Sabás Aburto Espinobarros recriminó al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, a quien se refirió como El Pirruris Evodio Velázquez, el respaldo que le dio al gobernador del estado al decir que la actuación y el desarme fue bueno.
El vocero de la CRAC reclamó que el gobierno del estado se refiera a los policías comunitarios de La Concepción como “civiles armados”, cuando son parte de un sistema reconocido por la ley del estado.
El consejero regional Valentín Hernández Chapa dijo que la actuación del gobierno es parte de la persecución contra la organización, que desde que se creo ha sido criminalizada. Recordó la irrupción violenta del Ejército en agosto de 2013, en la Casa de Justicia de El Paraíso, que terminó con la detención de una veintena de comunitarios, el último de ellos Arturo Campos, recién liberado el pasado 14 de diciembre, luego de cuatro años y 13 días en la cárcel.
Mientras la activista amuzga Kenia Hernández Monteaban recordó la lucha que desde 2003 se levantó en los 47 pueblos que conforman los Bienes Comunales de Cacahuatepec, contra el megaproyecto hidroeléctrico La Parota, que pretendía inundar 12 veces lo que es la bahía de Acapulco, las tierras de los campesinos que querían ser compradas en 90 centavos el metros cuadrado.

Piden en Tlapa libertad de Suástegui

Integrantes de las policías comunitarias de los municipios de Huamuxtitlán, Tlapa, Alpoyeca, Olinalá, Xochihuehuetlán y de organizaciones sociales, marcharon para exigir la liberación de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) detenidos en La Concepción, municipio de Acapulco.
Más de un centenar de participantes en la movilización rechazaron las acciones represoras del gobierno del estado en los hechos violentos de La Concepción, en los que se detuvieron y mataron a policías comunitarios, así como contra la Ley de Seguridad Interior y el despliegue de militares en la región de la Montaña.
La marcha salió desde la comunidad de Atlamajac al Ayuntamiento de Tlapa, en el centro de la ciudad, con mantas, lonas y mensajes que decían los participantes a través del aparato de sonido.
En sus mantas pidieron “libertad inmediata a todos los presos políticos de la CRAC-PC, castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros comunitarios”, “fuera policías estatales, municipales y federales del territorio comunitario” y “rechazó total a la inconstitucionalidad de la ley de Seguridad Interior”.
La marcha concluyó frente al corredor del Ayuntamiento, que fue cerrado, con un mitin en donde participó un representante de la policía comunitaria de Tototepec, del municipio de Tlapa, quien dio su respaldo total a los comunitarios y líderes del Cecop y los hechos del 7 de julio en La Concepción, en que hubo detenidos, heridos y muertos por la incursión policial que hizo el estado en el territorio comunitario.
Mencionó que la policía comunitaria surge de los pueblos y por eso atacan a la delincuencia, que eso el gobierno no lo ve mal, menos en un espacio donde hay conflictos por el territorio y se quiere implementar la presa La Parota.
El representante de los padres de los 43 estudiantes respaldó a la policía comunitaria, porque funciona contra la delincuencia y llamó a todos a despertar para enfrentar al gobierno, que miente y mata y no resuelve nada, “todos los días hay muertos, desapariciones en el país, en Chilapa, Tlapa, Acapulco, Iguala y el gobierno no hace nada”. Se quejó y agregó que es lo mismo que ha pasado con sus hijos no saben dónde están.
El Frente Popular de Tlapa exigió la libertad de los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui, líderes del Cecop y la comunitaria, y los más de 30 detenidos y recluidos en el penal de Las Cruces.
Agregaron que esas fueron acciones de intimidación para la gente que se opone a los megaproyectos y crea sus sistemas comunitarios de aplicación de justicia, que no le convienen al gobierno porque el nivel de corrupción e impunidad disminuye.
“Que Astudillo deje de chingar y reprimir al pueblo y que se vaya”, pidió.
El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña dijo que las acciones del gobierno estatal contra el Cecop y la comunitaria de los Bienes Comunales de Cacahuatepec fue una confrontación directa del estado con los pueblos y que es el mensaje de lo que se espera en 2018, con la Ley de Seguridad Interior.
Dijo que por eso se necesitaba crear un frente amplio y un sector que defienda a las poblaciones vulnerables, como aquellas donde hay minería en La Montaña.
De la CETEG lamentaron que la Ley de Seguridad Interior sea el paso libre para la represión, que ya se vio en los recientes hechos, y pidió el cese a la militarización de las comunidades de la Montaña, adonde llegan con el pretexto de combatir la siembra de enervantes.
Entre los manifestantes se encontraban integrantes del Frente Popular de Tlapa, CETEG, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos de La Montaña (Frecodeg), la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), El Colectivo El Grito y El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.

 

Padres de los 43 normalistas desaparecidos desde hace tres años y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, protestaron dentro de la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la libertad de los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), detenidos en La Concepción.
A las 11:10 de la mañana un grupo de poco más de 100 manifestantes llegó en dos camiones a las instalaciones de la FGE, tras concentrarse una hora en el monumento a Las Banderas, donde llegaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Afuera de la Fiscalía, mediante un equipo de sonido, el vocero de los padres, Melitón Ortega, pidió justicia para los policías comunitarios que permanecen detenidos tras los hechos del domingo pasado, así como por sus compañeros asesinados.
Los manifestantes pidieron a los trabajadores que les permitieran la entrada al estacionamiento de la Fiscalía, para que se realizara un mitin, pero ante la falta de respuesta quitaron un candado y una barricada, para poder entrar y protestar en una explanada de las instalaciones, en el acceso al Centro Estatal de Capacitación.
Durante la intervención, el vocero de los padres de familia de los 43 normalistas señaló: “Queremos pedir que nuestros compañeros de la CRAC y CECOP sean liberados. ¿Por qué solamente se detienen a comunitarios y no al grupo de sicarios que asesinó a los policías de la CRAC?”.
También recordó que aún queda pendiente resolver el tema de Ayotzinapa, “Ángel Aguirre aún no ha sido investigado, tampoco el ex procurador Iñaky Blanco Cabrera y Lambertina Galeana, quien no ha revelado el contenido de más vídeos tomados por cámaras de seguridad en Iguala”.
Los trabajadores que estaban atendiéndolos, no les dieron respuesta sobre la solicitud de pasar, ya hasta que metieron, uno de ellos les pidió “nada más te encargo que los controles”.
En el mitin, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, señaló que el gobierno del estado ha intentado despojar de sus hogares a los habitantes de La Concepción, para construir la presa desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.
Afirmó que los hechos violentos ocurridos el domingo fueron realizados por el gobierno estatal, que ha violentado los derechos humanos de los policías comunitarios detenidos y que se deben de acatar las indicaciones del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, sobre las violaciones a éstos.
Durante la actividad, un padre de familia al que le desaparecieron su hijo en 2008, Claudio Munivez Rodríguez, denunció que la desaparición fue hecha por policías municipales que estaban a cargo de Bonifacio Montúfar, en el periodo de Mario Moreno Arcos, y que actualmente busca la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo.
En su intervención señaló que la delincuencia está dentro del mismo gobierno, recordó que cuando desapareció su hijo fue en un retén de policías municipales, que se colocaba en Tierras Prietas.
Señaló que cuando desapareció su hijo, Jonnathan Munivez Mayo, protestó en las instalaciones de la misma fiscalía para exigir la búsqueda.

Condena de investigadores del INAH

Investigadores adscritos a la Dirección de Etnología y Antropología Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), condenaron los hechos ocurridos el domingo en La Concepción, Acapulco, donde 11 personas murieron y hubo 38 detenidos. Exigieron una investigación y respaldaron la lucha de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y del Cecop.
Los investigadores Amparo Sevilla Villalobos, Eliana Acosta Márquez, Hugo López Aceves, Verónica Ruiz Lagier, Giovanna Gasparello, Eduardo González Muñiz, Maya Lorena Pérez Ruiz, Laura Corona de la Peña, María Isabel Hernández González, Francisco Javier Guerrero, Rosa María Garza Marcué, José Arturo Motta Sánchez y Cristina Mansferrer León, firmaron el comunicado en exigencia de una investigación.

 

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, declaró en esta ciudad que la detención del ex alcalde priista de Tlapa, Willy Reyes Ramos, es un “acierto” de la Fiscalía General del Estado (FGE), y consideró que es bueno que se aplique la ley en contra de los que están haciendo mal las cosas, para que paguen las consecuencias.
El líder priista dio declaraciones a los reporteros por la mañana, después de que la dirigencia estatal del PRI ofreció un desayuno a reporteros de Taxco e Iguala, en el restaurante Los Laureles, con motivo del día del periodista, donde habló además del caso del alcalde con licencia de Chilpancingo, el también priista Marco Antonio Leyva Mena, de quien reiteró que le asiste la razón legal, “pero no la razón política”. Y señaló que una de las causas por las que Leyva Mena dejó la alcaldía fue el problema de la recolección y tratamiento de la basura, aunque después se retractó.

“Peor hubiera sido no agarrarlo”, reflexiona

En relación con la detención del ex alcalde priista de Tlapa, Willy Reyes Ramos, por el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su chofer, en septiembre de 2011, la cual se concretó el jueves y de la que no se dio a conocer mayores detalles, el dirigente priista resaltó que es un “acierto” de la FGE en la detención y procesamiento del ex alcalde.
“Qué bueno que se aplique la ley, y yo reitero que quienes estén haciendo mal las cosas, pues que paguen las consecuencias”, exclamó.
A pregunta de que la detención se da a seis años de que fue librada la orden de aprehensión, Huicochea atajó que “peor hubiera sido que no lo agarraran nunca, finalmente está donde debe de estar y eso es lo que vale”, y advirtió que no meterán las manos por alcaldes que hayan cometido algún delito, “el que haga mal las cosas, para fuera”.
Agregó que la detención de Reyes Ramos es parte de lo que se tiene que ir cumpliendo poco a poco, lo cual servirá para ir recuperando la credibilidad en las instituciones. “Es por lo que estamos pugnando, por un libre ejercicio de derecho, caiga quien caiga”.

Tiene Marco Leyva la razón legal pero no la política, dice

En el caso del alcalde con licencia de Chilpancingo, el también priista Marco Antonio Leyva Mena, señaló que le asiste la razón legal, pero no la razón política, “porque el Ayuntamiento se renovó, ya está en funciones el presidente Jesús Tejeda, él se fue por un motivo y hay un proceso de revocación de mandato, que lo único que va a provocar es que se tenga que retomar lo que se quedó pendiente”.
Llamó al alcalde con licencia a conducirse con congruencia, porque “no hay congruencia política entre lo que dice y lo que hace, no podemos jugar a ir y venir”, insistió.
Consideró que Leyva Mena se encuentra “lastimado” con el PRI, “pero no porque se lo hayamos provocado nosotros… yo siempre lo he dicho, Marco Leyva es un tipo preparado y capaz, pero que desafortunadamente creo que se confió en un equipo de colaboradores que no le dieron la prestancia, la celeridad y los resultados que él hubiera esperado. Lo cual también hay que reconocerlo, cuando no te salen bien las cosas y que la ciudadanía te califica que no está contento con tu trabajo”.
En una primara parte de la entrevista, a pregunta de una reportera sobre el descontento de la población en Iguala por la falta de obra pública por parte del gobierno priista, Huicochea Vázquez habló de un análisis que están haciendo de los ayuntamientos que gobiernan y tomó como ejemplo el caso de Chilpancingo, con el problema de la basura, y refirió que fue una de las causas de la salida del alcalde Marco Antonio Leyva Mena.
Después, en otra parte de las declaraciones un reportero insistió en que el conflicto político entre Leyva Mena y el gobernador Héctor Astudillo es por el problema de la basura, que orilló al alcalde a solicitar licencia al cargo por tiempo indefinido. “No, eso es un mito, es una vil mentira, ahí no hay nada. Yo conozco al gobernador desde que éramos muy jóvenes y él jamás en su vida ha tenido, ni siquiera un camión o una camioneta para que se dedique a ese tipo de cosas”.
Llamó a Leyva a la mesura, moderación y que haya razón política por encima de los intereses personales, y negó que haya una “línea” política del priismo en contra del alcalde con licencia, para evitar su regreso a la presidencia.
Sobre el señalamiento que hizo el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva, de que el conflicto en torno a él es porque no se alineó a las decisiones unipersonales y de capricho de alguien a quien se refirió como “príncipe”, calificó que desconoce a quién se refiera el alcalde y le pidió que sea más directo y más congruente con lo que dice y lo que hace, “y si va a decir algo, pues que lo diga bien”.
Mencionó que el hecho de que todos sean priistas, tampoco les obliga a que todo lo que “hagamos los priistas lo podamos avalar, hay de priistas a priistas”, y agregó que este tema “lejos de perjudicar al partido, lo fortalece, porque son ejemplos de que lo que queremos es que las cosas se hagan bien, y que quien no haga bien las cosas tampoco tenemos por qué mantenerlo así”.

Etiquetas: México, Guerrero, Iguala, PRI, dirigente estatal, violencia, Willy Reyes Ramos, FGE, arresto, orden de aprehensión, cumplimiento, ayuntamientos, alcaldes, espaldarazo, análisis, cobertura, Mena Leyva, razón, política, jurídica, Heriberto Huicochea Vázquez

El hermano de diputado federal Moisés Villanueva, asesinado en 2011, Gaudencio Villanueva de la Luz advirtió que la detención del ex alcalde de Tlapa, el priista Willy Reyes Ramos, acusado de ser el autor intelectual, fue arreglada por el fiscal Javier Olea Peláez, y temen que se le otorgue libertad el domingo.
Mientras tanto, la viuda del diputado, Lucía Leyva Rosas celebró que aunque sea ya casi a los siete años se haya hecho justicia y que hayan detenido a quien asesinó a su esposo en septiembre de 2011.
El ex alcalde priista fue detenido el jueves por el delito de homicidio calificado del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y de su chofer Erick Estrada Vázquez, en septiembre de 2011.
El hermano del diputado asesinado afirmó que la detención fue arreglada, y consideró sospechoso que se haya dado en pleno proceso electoral.
Comentó que la familia está preocupada por la manera como ocurrió la detención, porque pareciera que lo están protegiendo “todo apunta que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene interés en este sentido, ya que Olea Peláez fue su abogado”.
En una llamada a El Sur, el quejoso pidió que actúe en este caso como fiscal y no como abogado defensor de Willy Reyes, “porque el asunto requiere imparcialidad”.
Gaudencio Villanueva consideró “sospechosa la captura” del ex alcalde y la escueta información que difundió la FGE, pero además, dijo que el proceso se está acelerando, pues el mismo día de la detención, Willy Reyes fue presentado ante el juez y se le tomó su declaración preparatoria, “lo detienen, y muy rápido lo ponen a disposición, e inmediatamente le toman su declaración, cuando lo debieron hacer hasta el viernes”.
Gaudencio Villanueva comentó que los familiares del diputado asesinado, “estamos seguros de que lo van a soltar, yo creo que el domingo que fenece el término constitucional, porque el abogado no solicitó la ampliación del término para aportar pruebas de descargo para comprobar su inocencia”.
Dijo que el hecho de que el abogado del acusado no haya pedido ampliación del término es sospechoso, “el domingo vence el término y se conocerá su situación jurídica, y todo apunta a que va hacer auto de libertad, creemos que la fiscalía y el juez tienen un acuerdo previo para que él se entregara y se le diera su libertad lo más pronto posible”.
Consideró que se trata de un hecho concertado entre la Fiscalía y el Poder Judicial, por eso, “convoco, y hago un llamado al licenciado Javier Olea Peláez a que actúe con imparcialidad, y al magistrado presidente, Alberto López Celis, para que ponga atención especial en este asunto, y sobre todo hable con el juez que está conociendo el proceso, para que actúen con estricto apego a derecho”.
Pidió también a Olea Peláez que instruya al Ministerio Público adscrito para que aporte todas las pruebas a favor de las víctimas, y que se realicen los careos entre los detenidos que son los que hacen las imputaciones directas contra Willy Reyes.
Los autores materiales son Juan Miguel Martínez Plácido El Pequeño, quien declaró que “invitó” a participar a Antonio Jiménez Chino El Baleado, y que participaron, además, Manuel Martínez Molina El Cua Cua, Luis Manuel Ortega García El Yogui y Jorge N.
“Tienen que carearse dentro del termino constitucional, si no se carean, entonces no estamos llegando a la verdad de los hechos, porque hay una contradicción entre lo que dicen lo autores materiales, de que (Willy Reyes) financió para que privaran de la vida a mi hermano y a su colaborador”, insistió Gaudencio Villanueva.
Recordó que la Fiscalía se ha manejado con mucha opacidad en el caso, sobre todo se refirió, “a que hay más gente involucrada que no se ha detenido”.
Comentó que la mañana de ayer acudió al juzgado, donde se enteró del estado de la causa penal.
En la información oficial que circuló sólo se precisa que la detención se dio en coordinación con agentes de la Policía de Investigación Ministerial, adscritos a los municipios de Tlapa de Comonfort y Huamuxtitlan, pero no se informa dónde, a qué hora y cómo fue detenido el ex alcalde de Tlapa.
A su vez, la viuda del diputado asesinado, vía telefónica se dijo satisfecha por la detención de Willy Reyes “porque al final llegó la justicia, esperé casi siete años, que se cumplen el próximo mes de septiembre”, dijo.
Se quejó que dos veces salió la orden de aprehensión y no había sido detenido, insistió que posiblemente por la protección del fiscal Olea Peláez, quien fue su abogado, “pero doy gracias a Dios que haya llegado este momento, ya estaba triste y desesperada porque para mí era muy lamentable que el responsable intelectual anduviera libre”.
Indicó que ahora sólo espera que se aplique la ley sin reservas al responsable intelectual del asesinado de su esposo, “pero por lo pronto, sólo me queda agradecer a Dios y luego a la justicia de que lo hayan detenido”, insistió.

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó la cantidad de 2 millones 452 mil pesos, como el límite del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus militantes y simpatizantes durante el ejercicio fiscal 2018, dentro o fuera del proceso electoral, ya sea en dinero o en especie.
El límite de aportación de simpatizantes para la elección de ayuntamientos y diputados locales es de 2 millones 711 mil pesos, y de manera individual el tope es de 135 mil 566 pesos.
En el caso de los candidatos independientes, indica que el límite de financiamiento privado estará sujeto a los gastos que determine el Consejo General por el tipo de elección.
Se advierte que “la suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña y actividades específicas”.
En consulta por separado, el presidente del organismo, Nazarín Vargas Armenta, indicó que una de las reformas de 2014 es que el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargará de la fiscalización de gastos de los partidos, en “tiempo real, en la medida de lo posible”.
En sesión extraordinaria, el Consejo General también aprobó los diseños de las boletas electorales, actas y formatos a utilizar en el proceso electoral del 1 de julio, en este apartado, los representantes del PRI, PRD y Morena expresaron su interés en que la contratación de la empresa encargada de la reproducción de los materiales, garantice las medidas de seguridad que dan certeza al voto ciudadano.
Asimismo, Vargas Armenta explicó después que la preocupación de los representantes de partido, es uno de los temas más importantes de la organización del proceso electoral, para garantizar todas las medidas de seguridad en las boletas y evitar suspicacias.
A la fecha indicó que hay tres propuestas de interesados en elaborar las boletas electorales, y el consejo se encuentra en la definición del procedimiento para la contratación de una de ellas, que pueda realizar los trabajos.
Destacó que la impresión es uno de los costos más altos de la organización, además de la compra de otros materiales electorales y la contratación de un tercero para que se encargue del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
En el pleno se informó también sobre los escritos de intención de ciudadanos ante los consejos distritales, para obtener la calidad de aspirantes a candidatos independientes a diputados locales y también a miembros de ayuntamientos.
El consejero Edmar León García indicó que hubo 21 escritos de intención, y en cinco casos, entregados con anticipación, pues ya tenían la calidad de aspirantes y se encontraban recolectando los firmas requeridas para su inscripción como candidatos.
Los distritos electorales sesionaron para expedir las demás constancias de aspirantes a candidatos independientes. En Chilpancingo, a Jacobo Alarcón Nájera, como diputado local; en Acapulco a Arturo Flores Mercado y Ángel Antonio Molina Valente, como diputados locales.
En Tecpan el consejo entregó constancias a Carlos Armando Bello Gómez, aspirante a candidato a alcalde de Atoyac; a Julio César de la Cruz Vargas ,como candidato a alcalde de Benito Juárez; en Zihuatanejo a Anibal Gabriel Herrera Moro Valdovinos; como alcalde de José Azueta, en Taxco, a Corey Sánchez Silva, como candidato a diputado, y en Iguala, a Benigno Velino Rodríguez Leyva, como candidato a alcalde en ese municipio.
En el Consejo Distrital de Tlapa hubo dos solicitudes de aspirantes a candidato independiente a alcalde de Huamuxtitlán, Roque Rodríguez Juárez, y para alcalde de Iliatenco, Simeón Ramos Aburto.
Los últimos puntos del orden del día, fue la aprobación de las solicitudes de coalición en la elección de diputados, conformadas por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social,“juntos haremos historia”, del PRD, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, Por Guerrero al frente”, y la del PRI y el Partido Verde Ecologista de México, “transformando Guerrero”. Además, Morena, PT y PES, adelantó el registro de la coalición de ayuntamientos con el mismo nombre.