El presunto asesino del funcionario estadounidense Douglas Scott Bradley, identificado como Isidro N, El Chiro, fue detenido y está sujeto a proceso, informó el fiscal Javier Olea Peláez.
El 28 de diciembre un hombre de origen estadunidense fue asesinado en la zona hotelera y de restaurantes en Ixtapa, Zihuatanejo, quien fue identificado como Douglas Bradley de 50 años, quien era director de Servicios Administrativos en Imperial Beach, una ciudad del estado de California, Estados Unidos.
Ayer, en un mensaje a medios de comunicación en un salón del hotel Elcano, el fiscal informó de la detención del presunto asesino como parte de las pesquisas de la carpeta de investigación 12130570301343281217.
Olea Peláez informó que en el dictamen toxicológico del cuerpo de la víctima sólo se identificaron residuos metabólicos de alcohol, lo que contradijo las declaraciones del vocero, Roberto Álvarez Heredia, de que Douglas Scott Bradley podría tener adicción a las drogas.
La versión del fiscal de cómo ocurrió el asesinato del funcionario estadounidense es que “a la media noche del 27 de diciembre del año 2017, el hoy agraviado Douglas N, acudió al bar con razón social 40, 20, ubicado en Ixtapa, Zihuatanejo; ingirió diversas bebidas alcohólicas, estuvo un rato observando la variedad, posteriormente contrató los servicios de una chica de nombre África y/o Keila, ambos se retiraron del bar, para acudir a un hotel colindante, lugar donde aparentemente tuvieron un altercado y con posterioridad el norteamericano regresó al bar 40, 20, para exigir la devolución de su dinero en virtud de que aparentemente había sido robado por la mujer de mérito, escandalizando y consecuentemente tuvo un altercado con diversas personas, tanto empleados, como clientes de dicho establecimiento, al salir fue alcanzado por el homicida quien le disparó a una distancia de dos o tres metros, privándolo de la vida”, con un pistola calibre .45.
Informó que el presunto asesino fue identificado por un testigo presencial de los hechos, y fue detenido el 6 de enero en una colonia de Chilpancingo, de la que no precisa el nombre, cuando fue apresado tenía la pistola con la que había ultimado al funcionario estadounidense.

Los desaparecidos

En su mensaje a medios, el fiscal confirmó que hay un policía municipal de Chilpancingo arrestado por el caso de los jóvenes detenidos por  efectivos de la Policía Preventiva Municipal y después encontrados muertos, a quien identificó como Nicolás N y está pendiente la detención de otra persona de la que no proporcionó datos.
El policía está acusado de participar la madrugada del 31 de diciembre en la detención de Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Eduardo Catalán Cabrera quienes luego de una riña en la feria de Navidad y Año Nuevo fueron detenidos y después entregados a un hombre identificado como Milton y después los cuerpos sin vida de los dos jóvenes fueron localizados en el viejo libramiento a Tixtla.
“En cuanto a la segunda persona, la policía ministerial investiga su paradero para dar cumplimiento al ordenamiento judicial y ponerlo a disposición del juez de control que libró la orden de aprehensión. La Fiscalía General del Estado, de ninguna manera descarta la participación de otras personas en estos lamentables hechos y por lo tanto se siguen recabando pruebas de todo tipo para el efecto de tener la seguridad de la participación o no, de más personas”.
De otro más de los desaparecidos, el fiscal dijo que no hay certeza de que se trate de una desaparición forzada por lo que sigue abierta la carpeta de investigación. “Se tiene conocimiento de la desaparición de otra persona el 29 de diciembre de 2017, sin tener la certeza de lo que arrojan las investigaciones de la existencia de una desaparición  forzada y como consecuencia de ello se encuentra abierta la carpeta de investigación misma que cuenta con declaraciones de personas cercanas del hasta hoy desaparecido y se realizan las periciales correspondientes en el vehículo que dicha persona tripulaba, un Peugeot verde”.
La Canaco denunció el pasado miércoles que siete jóvenes fueron detenidos por la Policía Municipal, y estaban desaparecidos; de ellos tres fueron encontrados ese mismo día con vida, desnudos y atados de las manos, dos fueron encontrados muertos el jueves. Siguen desaparecidos dos jóvenes Efraín Patrón Ramos y Abel Aguilar García .
Olea Peláez sin especificar el caso, dijo que algunos medios de comunicación de Chilpancingo han difundido información sobre otros cuatro jóvenes desaparecidos, de este caso, indicó que tres están vinculados a proceso por los delitos de robo en casa habitación y violación y el cuarto está prófugo.
Luego, el vocero de seguridad pública del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, informó que desde el jueves la Policía Estatal tomó el control de la seguridad en Chilpancingo, desarmó a los policías municipales y agentes de la Policía Estatal, Policía Federal y del Ejército realizan patrullajes “día y noche” para prevenir el delito, principalmente del grupo Centauro.

Los desplazados

Álvarez Heredia informó que “600” desplazados de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla están en la cabecera municipal donde se habilitaron espacios para recibirlos y el gobierno del estado, vía área ha provisto de alimentos, ropa, agua e insumos para la limpieza a las familias desplazadas por la violencia.
Ofreció que el gobierno del estado brindaría ayuda a los desplazados hasta que mejoren las condiciones de seguridad que les permitan volver a sus viviendas “en condiciones perfectas de seguridad y resguardo”.
La mañana del pasado viernes presuntos miembros del grupo delictivo La Familia Michoacana atacaron la comunidad de San Felipe del Ocote lo que provocó que unas 700 personas dejaran sus casas para refugiarse en la cabecera municipal de Apaxtla.

Etiquetas: México, Guerrero, Chilpancingo, Apaxtla, fiscal Javier Olea Peláez, detenido por el asesinato del estadunidense Douglas Scott Bradley, desaparecidos, desplazados

Podemos decir que la década de los 50 fue un periodo de transición, la gente de Atoyac cada día vivía cosas nuevas y sorprendentes. El radiotécnico José Ávila Velázquez, instaló el 3 de febrero de 1952 en esta ciudad una pequeña radiodifusora ––la primera en la Costa Grande––, que funcionó solamente seis meses. La estación entraba al aire con el nombre de XEJV, era pequeña y de poco alcance. Los estudios y oficinas se instalaron en los apartamentos de María Vargas, en la avenida Juan Álvarez número 30 Sur. Fungió como locutor Roberto Sandoval. Se transmitieron programas en vivo, grabados y a control remoto, preferentemente festivales patrios, comenta Wilfrido Fierro.
Concepción Eugenio recuerda que en esos años, en el cine Ana María, se exhibió la película Nosotros los pobres que causó mucho impacto en la sociedad atoyaquense y cuando anunciaron que se exhibiría Ustedes los ricos la gente dejó solas las huertas y bajó a ver la película a pesar de que se caminaba hasta 5 horas para llegar a las plantaciones de café. En esos tiempos también se proyectaron Los Olvidados y Macario.
El año 1952, siendo presidente del comisariado ejidal de San Vicente de Jesús, Benito Castro; secretario, Simón Martínez y tesorero, Teódulo Maravilla Rivera; se hicieron las primeras gestiones para contratar la explotación forestal con la compañía Maderas Papanoa que ofrecía realizar un cambio radical para el progreso del ejido. Ya para 1953 una vez firmados los primeros contratos madereros con maderas Papanoa, se comenzó la construcción de la carretera.
El presidente Miguel Alemán había concesionado por 50 años los bosques de la Costa Grande a la empresa Maderas Papanoa propiedad de su padrino político Melchor Ortega, “también concesionó a la Silvicultura Industrial, empresa que operaba la industria papelera Loreto y Peña Pobre, áreas forestales de la sierra de Tlacotepec”, escribe Tomás Bustamante en su libro La tragedia de los bosques de Guerrero. Historia ambiental y políticas forestales.
Por eso la década de los 50 fue una de las épocas de mayor devastación forestal en la sierra de Guerrero y en México, causando la inquietud de diversos sectores sociales, quizá por eso el gobierno de Alejandro Gómez Maganda se preocuparía por formar una comisión forestal en el engranaje de la administración estatal. Aunque este gobierno se hizo famoso por los altos impuestos dirigidos al campo.
El primero de enero de 1953 tomó posesión como presidente municipal constitucional Luis Urioste Sánchez y como síndico Jesús García Figueroa. Conforme a los estudios que realizó José Hernández Meza sobre ese periodo, como regidores estaban Jesús Galeana Solís, Ceferino Nogueda Pinzón, Sixto Ruiz Téllez, el líder agrarista Florentino Gallardo Severiano y José Valle Morga.
Dice Wilfrido Fierro en su Monografía de Atoyac que esta administración estaba destacando haciendo obras materiales al municipio, tenía como presidente de la Junta de Mejoramiento Moral Cívico y Material al dentista Segundo de la Concha. Se echaron la tarea de construir a sólo 40 días de haber tomado posesión, el puente del arroyo Cohetero, que está frente al cine Álvarez, con un costo de 60 mil pesos con la ayuda de la iniciativa privada. También pavimentaron un tramo de la calle principal.
Se dice que Segundo De la Concha, quien llegaría a ser presidente municipal de Atoyac, era guatemalteco, tenía una tienda de muebles, y no se perdía ninguna película que se proyectara, por eso murió en la planta alta del cine Álvarez, se quedó quieto por un ataque, un chamaco travieso pensó que estaba dormido y le colocó un cigarro en la boca. Su cuerpo fue levantado, velado y sepultado en el panteón municipal de Atoyac. Durante mucho tiempo se rumoró en la población que De la Concha sufrió un ataque de catalepsia y que fue sepultado vivo, porque los vecinos del panteón oyeron golpes dentro de su tumba.
Resultó que el 18 de marzo de 1953, a las 8 de la noche, fue asesinado el regidor de educación y profesor José Montalvo Bello, cayó a manos del inspector de mercados Francisco Ortiz Avalos, El Chilero. Los hechos ocurrieron de la manera siguiente: el licenciado Roberto Sandoval y José Montalvo Bello minutos antes de la hora indicada pasaban frente de la casa de señora María Huerta ––amante de Dávalos–– en donde tenía instalados unos billares.
El Chilero, tan luego como los vio abrió fuego con una pistola sobre ellos, hiriendo gravemente a Montalvo, quien se desplomó manchando de rojo su impecable ropa. Los vecinos lo levantaron y fue conducido al instante al consultorio del doctor Juan José  Becerra, en donde al ser atendido falleció a los pocos minutos, mientras el agresor escapaba aprovechando la obscuridad de la noche.
Dice Wilfrido Fierro que el síndico municipal Jesús García Figueroa, quien se presentó al lugar de los hechos, dejó pendiente levantar las actas y hasta al día siguiente se presentó el agente del Ministerio Público de Tecpan de Galeana, Daniel León Guevara, a dar fe de la tragedia.
José Montalvo Bello a la hora de ser asesinado llevaba un mes de fungir como tesorero. En este tiempo no era raro que los ediles ejercieran doble función, como también era el caso del regidor Florentino Gallardo Severiano quien ejercía como inspector del rastro.
Los enemigos políticos de la Comuna atribuyeron este hecho sangriento a una maniobra política, elevaron sus protestas ante el gobernador Alejandro Gómez Maganda, quien ordenó se abriera una investigación del caso y se castigara a los responsables. Ante la situación compleja y la presión política, el  presidente municipal Luis Urioste, renunció al cargo y las autoridades judiciales de Tecpan ordenaron la aprehensión del síndico Jesús García, acusado de ser el autor intelectual del crimen.
El asesinato tuvo como antecedente que unos días antes Montalvo Bello, había caído pistola en mano a la casa de Francisco Dávalos, El Chilero, insultándolo y amenazándolo de muerte, por tal motivo El Chilero lo denunció ante las autoridades judiciales de Tecpan de Galeana y por el caso se giró orden de aprehensión en contra del regidor de educación, por eso al morir se le encontró un documento de amparo. Las investigaciones siguieron su curso y Jesús García obtuvo su libertad por falta de méritos, pero el gobernador ordenó el desafuero de la Comuna y nombró un Consejo Municipal presidido por Ceferino Nogueda Pinzón, quien tomó posesión el 22 de marzo de ese año, cubriendo el periodo constitucional hasta el 1954, que le entregó las riendas del municipio a Jesús María Serna Vargas.
Ese consejo municipal estuvo integrado por Ceferino Nogueda Pinzón como presidente, Onofre Quiñones Zárate como síndico y como regidores Jesús Galeana Solís, Sixto Ruiz Téllez, Alfonso Martínez Ruiz, Raúl Galeana Núñez y Valente Solís Hernández. La sindicatura la ocupó después Sixto Ruiz Téllez del primero de abril de 1953 al 30 de junio de 1954 y finalmente Leonides Hernández Pino terminó el periodo en diciembre de 1954.
La actuación de Nogueda Pizón fue satisfactoria, pues tuvo como presidente de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material a Wilfrido Fierro Armenta y se iniciaron las obras del nuevo Palacio Municipal, en el terreno que por muchos años ocupó la empresa del cine Ana María propiedad de los hermanos Sotelo.
El 11 de abril se terminó la construcción de los muros del puente de la calle Reforma. La obra de referencia se hizo bajo la iniciativa de Marcelino Mariscal y Tomás Sánchez Esteves, con la cooperación de la Junta de Mejoras Materiales encabezada por Wilfrido Fierro Armenta.
El 30 de enero de 1954 se iniciaron los trabajos de la construcción del Palacio Municipal, siendo alcalde Ceferino Nogueda Pinzón y de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material Wilfrido Fierro Armenta, fungiendo como secretario Manuel Ramírez Pérez; tesorero, Eutimio S. Flores y vocal Flaviano Sánchez Meza. La obra estuvo a cargo del ingeniero Agustín Morgan Landa.
A iniciativa de los señores José Castro Reynada y Jesús Galeana Solís, con la cooperación de la Presidencia Municipal encabezada por Ceferino Nogueda Pinzón y de la Junta de Mejoramiento Moral Cívico y Material presidida por Wilfrido Fierro  Armenta, se construyó en junio el puente de la calle Francisco I. Madero. La obra estuvo a cargo del maestro albañil Miguel López Muñoz.
Cabe mencionar que el Ayuntamiento de esta época tenía dos médicos en su nómina, Juan José Becerra Luna fue médico municipal en 1953 y Victoriano Navarrete Nogueda estuvo en 1954 y el doctor Armando Alcocer Chávez se encargaba exclusivamente de la revisión de las meretrices, que era un mercado en aumento.
El 21 de mayo de 1954 el Congreso de la Unión declaró desaparecidos los poderes y destituyó a Alejandro Gómez Maganda y en su lugar nombró a Darío Arrieta Mateos. De Gómez Maganda se recuerda que su primer acto al llegar al Palacio de Gobierno fue quitar la fotografía del general Silvestre Mariscal y como memoria de su caída quedó el corrido de El Chante Luna.
El 2 de julio se formó la nueva mesa directiva de la Asociación Agrícola Local de Cafeticultores de Atoyac de Álvarez Guerrero, integrada de la manera siguiente: presidente Benito Fierro Fierro; secretario Raúl Galeana Núñez; tesorero Anastasio Vega Astudillo; suplentes Rosendo Radilla Pacheco, José Fierro Mesino y Lucio Castro Radilla.
El 7 de agosto fue capturado y fusilado el peligroso criminal Camilo Bracamontes, Camilillo, en el poblado del Río de Santiago, por fuerzas del estado grupo número 6, comandado por Ladislao Vázquez. Camilillo era de la banda de La Pluma y La Yegua bandidos que asolaban la sierra de Atoyac y de Coyuca de Benítez.
Tenía un año que Camilo Bracamontes había venadeado una tarde al anciano Fidencio Beltrán y se quedó emboscado, cerca del cadáver, esperando que Felipe Patiño fuera a buscar a su medio hermano para matarlo también, sin embargo el que llegó fue el niño Elio Beltrán. Camilo no lo mató porque era un niño y él fue quien avisó a las mujeres para que fueran a recoger el cuerpo. No se sabe qué peleaban, pero eran los tiempos que las herencias de las huertas generaban vendettas entre los mismos hermanos.
La Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, presidida por Wilfrido Fierro Armenta, comenzó, el 8 de agosto, a empedrar las calles de Juárez y Álvarez (hoy José Agustín Ramírez), con la cooperación de las autoridades municipales y los vecinos de las calles mencionadas.
Se fundó y salió a la circulación, el 15 de agosto, el polémico periódico El Rayo del Sur. Fungió como director Wilfrido Fierro Armenta; como gerente Rosendo Serna Ramírez; publicista Alfonso Silva; jefe de redacción Humberto Tejedo y como colaboradores Manuel Ramírez Pérez, Elías Pimentel, Benjamín Manzanares, José Guadalupe Valle Morga, Salvador Martínez Hernández, Agustín Morían Landa, Tomás Onofre Lozano, Rodolfo Clero, Alfonso Tapien, Carmelo Chávez, Pascual Nogueda Radilla, Juan Pano Ríos, Sergio Mariscal, José Inés Garibo y Máximo Merel. Su primera edición fue impresa en los talleres del periódico La Verdad en Acapulco.
Ese mismo día llegó de parte de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la comisión integrada por los ingenieros Manuel Beltrán Aporton y Manuel Malagón Díaz, para hacer los estudios de la introducción del agua potable a esta ciudad. Se instalaron en la casa de Marcelino Mariscal, en la calle Nicolás Bravo número 12. La comisión de referencia, se concretó en levantar planos topográficos y realizar sondeos hidrológicos en el lugar conocido como El Salto, como resultado de las gestiones realizadas por el alcalde Ceferino Nogueda Pinzón y Wilfrido Fierro Armenta ante el gobernador del estado Darío L. Arrieta Mateos.

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que hubo un operativo de las policías del Estado, Ministerial, Federal y del Ejército en La Concepción, porque se recibió una llamada al 911 en el que se reportaban actos violentos y se señalaba a los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui y a un grupo de comunitarios que habían matado durante la madrugada a varias personas, entre ellos a dos niños.
En el operativo se detuvo a 38 civiles armados, 22 armas largas, 4 armas cortas, 102 dosis de mariguana, 600 carrujos de marihuana y dos vehículos. Y que los policías  “lograron la liberación de cuatro personas que permanecían privadas de su libertad por los civiles armados” se indicó en un boletín de prensa a las 10 de la noche. Y hubo tres muertos.
En un boletín de prensa a las 10 de la noche, se indicó que tras una reunión con su gabinete de seguridad, el gobernador informó que tras la llamada al número de emergencia 911 se estableció un operativo conjunto en la comunidad de La Concepción, “en el cual hubo resistencia y negativa de los hermanos Vicente y Marco Antonio Suástegui, así como de un grupo de comunitarios para que se llevarán a cabo las diligencias de ley, por lo que se procedió al desarme”.
Agrega que durante la reunión del gabinete de seguridad, se detalló que de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del estado, se originó una confrontación entre civiles armados.
Y que en seguida las corporaciones policiacas “al percatarse de la presencia de civiles con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y procedieron a desarmarlos, lo que originó la resistencia de éstos y derivando en un segundo enfrentamiento que dio como resultado la muerte de tres personas más, arrojando un total de 11 occisos”.
Las 38 personas detenidas, armas, droga y vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica.
Entre los detenidos están Vicente Suástegui y a su hermano Marco Antonio Suástegui, contra quien se ejecutó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.
Astudillo  Flores lamentó los hechos ocurridos y exhortó a la Fiscalía General del estado a actuar conforme a derecho y con respeto al debido proceso, salvaguardando los derechos humanos de los detenidos.
Pidió también a la Fiscalía se aboque a la investigación de la denuncia de una posible agresión cometida en contra del periodista Bernardino Hernández Hernández.

Tomaron el Ejército y policías del estado la comunidad, informa el vocero de Seguridad

Y en conferencia de prensa después de mediodía en un salón del hotel Elcano, Álvarez Heredia informó que 120 policías del estado y soldados “tomaron control” del poblado de La Concepción, donde horas antes sucedió un enfrentamiento entre policías comunitarios y un grupo armado.
El vocero contó que los policías comunitarios increparon a los policías estatales y “ambos grupos cortaron cartucho a sus armas”, y que luego intervino el encargado de despacho de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado Palacios, para calmar los ánimos entre ambos.
Los datos sobre las detenciones fueron imprecisos, pues primero Álvarez Heredia dijo que eran 27, dos personas liberadas y que fueron abatidos tres policías comunitarios que se resistieron al arresto y “abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad”, pero de éstas no hubo bajas.
Después dijo que eran 20 los detenidos y luego corrigió el dato de que eran 30 arrestos, entre ellos el del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y que todos fueron trasladados al Ministerio Público Central.
En total murieron 11 personas en La Concepción, ocho en la madrugada y tres a mediodía, con la intervención de las fuerzas de Seguridad Pública.
“En el momento de la detención de los policías comunitarios se les encontró que traían 580 dosis de mariguana y armas de fuego, siete armas prohibidas porque no tienen ningún tipo de razón legal para que ellos las porten o las tengan en su poder”, indicó.
Después los cuerpos de cinco comuneros privados de la vida por el Cecop-CRAC fueron levantados por sus familiares para llevarlos a sus domicilios.
Álvarez Heredia abundó que el enfrentamiento de las fuerzas de seguridad con los policías comunitarios fue porque “encontraron resistencia armada”. Y sobre la cantidad de armas aseguradas, dijo que no tenía el dato exacto.
Sobre las dosis de mariguana, explicó que “simplemente las tenían, desconocemos porqué las tenían, eso es un tema que será investigado”.
En su intervención, el fiscal Javier Olea abundó que Suástegui Muñoz tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio, que se cumplió ayer, además de que se sumarán los delitos que resulten de la operación de ayer en La Concepción con el Ejército y la Policía del Estado.
“La mariguana y las armas se pondrán a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR)”, adelantó.
Marco Antonio Suástegui, agregó Olea Peláez, será puesto a disposición del juez que ordenó su aprehensión y mientras se realizarán las investigaciones sobre los hechos de La Concepción, para determinar si hay más imputaciones en su contra.

El boletín

En un boletín de prensa se informó que los agentes de la Policía Estatal “abatieron” a tiros a tres policías comunitarios porque se resistieron al arresto y “agredieron con disparos de armas de fuego” a los agentes, pero en el documento se informa que “por parte de las Fuerzas de Seguridad no se presentó baja alguna” y tampoco se reportaron heridos.
En el mismo boletín, el gobierno del estado indica que fueron detenidos 30 “presuntos comunitarios”, entre ellos el vocero del Cecop, “quienes portaban armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.
En el boletín, enviado una hora después del mensaje público que dio el vocero en el hotel Elcano, no mencionaron nada de la droga que fue decomisada.
Por separado, en otro comunicado se detalló que la Fiscalía General del estado desde las 7 de la mañana ordenó al coordinador de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado, trasladarse al poblado de La Concepción con 40 elementos, peritos y ministerios públicos y en coordinación con la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, para realizar las investigaciones sobre lo sucedido y ofreció que “más tarde en un comunicado tanto la Fiscalía como la Policía Estatal harán del conocimiento de los medios de difusión la confirmación y avance de las investigaciones”.

Lamenta el gobernador lo sucedido

Por la noche, en un tercer boletín de prensa, la versión del gobierno del estado resumió que hubo dos enfrentamientos: uno entre civiles armados que dejó ocho muertos, entre ellos dos menores de edad, y un segundo enfrentamiento que se dio al intentar “desarmar a los civiles”, pues se resistieron y otras tres personas resultaron muertas.
En este boletín se menciona  que fueron liberadas las cuatro personas  que “permanecían privadas de su libertad por los civiles armados”, que fue como les llamaron a los policías de la CRAC a los que en el primer boletín los identificaron como “presuntos comunitarios”.

Al menos nueve reporteros fueron agredidos y apuntados con armas por parte de la Policía del Estado y la Policía Federal, que además golpearon al fotógrafo Bernardino Hernández Hernández, a quien le robaron dos tarjetas de memoria en las que recogió imágenes del desarme a  policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que dejó tres muertos.
La agresión ocurrió durante el desarme en la comunidad de La Concepción, a las 11:30 de la mañana, cuando los policías estatales y los federales, en coordinación con ministeriales, realizaron la acción.
Hernández Hernández fue golpeado por policías estatales en el cuerpo, según lo relatado por él, cuando logró salir del lugar donde fue también encañonado por los estatales para que entregara su equipo fotográfico. El agraviado tenía un cachazo en la frente, además un golpe fuerte en la rodilla izquierda.
Pese a que los reporteros que se encontraban cubriendo el enfrentamiento, ocurrido a las 3 de la madrugada, estaban plenamente identificado por los policías del estado, éstos al momento de realizar el desarme no respetaron a nadie.
Al reportero Jacob Morales dos policías, uno del estado y otro federal, le apuntaron desde unos 10 metros de donde se encontraba recostado y grabando con su celular,  y una vez que dijo que era reportero y bajó su teléfono ambos elementos apuntaron hacia otro lado sus armas.
Otro reportero que fue apuntado fue el corresponsal de La Jornada en Guerrero, Héctor Briseño; otro amedrentado e intimidado fue el reportero de Quadratín Guerrero, Sergio Robles, al igual que el fotógrafo de La Jornada Guerrero, Rubén Santiago, quien fue sacado a la fuerza de un espacio donde se alojó para protegerse.
En el lugar también estaban el fotógrafo de El Sur, Carlos Alberto Carbajal; y los reporteros Roberto Ramírez, Francisco Robles y Roberto Arroyo Matus.
A la 1 de la tarde, al final de la conferencia de prensa en un salón del hotel Elcano, en la que el fiscal Javier Olea Peláez informó de la detención del presunto asesino del funcionario estadunidense Douglas Bradley, un grupo de reporteros denunciaron ante él y el vocero de Seguridad Pública, Roberto Álvarez Heredia, las agresiones y amenazas que sufrieron por agentes de la Policía Estatal y Ministerial, a quienes acusaron de disparar contra ellos.
En la conferencia acompañó a los funcionarios la directora de Comunicación Social del estado, Erika Lührs.
El foto reportero freelance, Bernardino Hernández, una de cuyas fotografías sobre la naercoviolencia en Acapulco fue publicada entre las mejores de 2017 por la revista estadunidense Time, contó que fue golpeado por cuatro policías estatales que averiaron su cámara fotográfica y le robaron dos tarjetas de memoria con las imágenes que había captado sobre el enfrentamiento entre policías estatales con policías comunitarios.
Los reporteros solicitaron la devolución de las dos memorias y responsabilizaron de la agresión al comandante de la Policía Estatal que iba a cargo de la operación.
Bernardino Hernández señaló que los agentes lo golpearon, que recibió varias patadas, que lo arrastraron como unos 50 metros y que a pesar de que se identificó como fotoperiodista le respondieron: “me vale madre para quien trabajes, aquí te vamos a desaparecer”.
Mientras que los demás reporteros que hacían la cobertura informativa fueron amedrentados por los agentes, que los rodearon y los encañonaron con sus armas y les impidieron tomar fotos.
El fiscal les ofreció disculpas y les rogó que acudieran la Ministerio Público Central a presentar la denuncia, que llevaran el proyectil percutido que los reporteros presentaron y les pidió que presentaran el nombre del comandante, pero éstos alegaron que no lo sabían porque esos efectivos no se identifican y mostraron la fotografía de uno de los presuntos agresores.
“Yo me comprometo a sancionar a ese servidor público pero necesitan presentar la denuncia, se los ruego y porque hay un robo de su material de trabajo y las lesiones”, les insistió el fiscal.
Agregó que debían acudir con el médico legista para certificar las lesiones, e instruyó a uno de sus colaboradores a que vía telefónica le pidiera al fiscal regional Ricardo Quevedo Astudillo que atendiera personalmente a los comunicadores.