Agencia Proceso

Ciudad de México

 El virtual candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Anaya Cortés, enumeró las seis prioridades que llevará a su gobierno en caso de ganar la elección: combatir la corrupción, acabar con la pobreza extrema, terminar con la impunidad, generar una economía que crezca, volver a la paz y recuperar el papel de México en el mundo con firmeza y dignidad.

El PAN difundió que Anaya, quien esta semana encabezará actos de precampaña en Torreón, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala y Veracruz, dialogó con jóvenes militantes de los partidos que lo apoyan a través de un hangout –la mensajería instantánea creada por Google–, a quienes pidió no poner límites a sus sueños.

Sueños sin límite

“No le pongamos límite a nuestros sueños y hagámoslos realidad. Los invito a que en este 2018, juntos, cambiemos la historia”, exhortó Anaya a jóvenes simpatizantes de la coalición Por México al Frente de Oaxaca, Quintana Roo, Aguascalientes, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Durango, Tabasco, Ciudad de México, Guanajuato, Chiapas, Chihuahua, Querétaro y Sonora.

“Tenemos en nuestras manos la oportunidad maravillosa de construir el país que queremos y, también, de dejar atrás al gobierno que no queremos. En 2018 podemos lograr que México deje atrás la corrupción, los escándalos y las noticias de políticos que se robaron nuestro dinero, y cambiar la historia para tener un gobierno que sí rinda cuentas, que sea austero, que sea honesto, que se conduzca con principios y valores”, expresó.

Este 2018, dijo, también representa la gran oportunidad de dejar atrás las devaluaciones, los gasolinazos, la falta de crecimiento económico y cambiar la historia para generar las condiciones que permitan que haya inversión, se creen empleos de calidad, y la economía crezca con igualdad de oportunidades para todos.

En su mensaje, el panista expuso que 2018 también puede ser el año para dejar atrás la dolorosa cifra de 11 millones de mexicanos en pobreza extrema que, literalmente, no tienen qué comer, “y cambiar la historia para convertirnos en un país justo, con un ingreso básico garantizado para todos”.

“En 2018 podemos dejar atrás la violencia y la inseguridad, y cambiar la historia para construir juntos un país con justicia, en el que las familias vivan seguras y en paz. Todo esto es posible y está en nuestras manos. Todo esto puede comenzar en este nuevo año”, dijo.

Agencia Proceso

Izamal, Yucatán

El precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió este martes en Izamal, Yucatán, a erradicar la violencia en el país en tres años.

Al reanudar su gira de trabajo por Yucatán, donde en julio próximo habrá comicios concurrentes para renovar la gubernatura, el Congreso local y los 106 ayuntamientos, prometió “conseguir la paz y terminar con la guerra” cambiando la estrategia en esta materia.

López Obrador anunció que este jueves 4 presentará su propuesta en materia de seguridad, a quien sería su secretario de Seguridad, y a las personas que integrarían el Consejo Nacional de Seguridad.

También sostuvo que, en caso de ganar las elecciones “a la mitad de sexenio del nuevo gobierno democrático ya no habrá guerra y se tendrá una situación distinta en México, porque se reducirán los índices delictivos”.

Luego, expuso que se reducirá la delincuencia en el país a partir de un crecimiento económico, el cual se base en la generación de empleo y la aplicación de programas de desarrollo social.

Cuestionado por reporteros sobre la carta que el escritor Javier Sicilia publicó criticando su propuesta de amnistiar a capos del narcotráfico para terminar con la violencia, el también dirigente de Morena respondió que el poeta tiene todo el derecho a expresarse.

Y ofreció: “Yo nunca voy a cometer una injusticia, yo tengo principios e ideales; no voy a afectar a nadie, nunca le hecho daño a nadie, voy a gobernar para el pueblo”.

Por otra parte, lamentó que en materia económica la estimación es que en 2018 no habrá crecimiento y aumentará la inflación por los aumentos a los precios de los combustibles, “entonces no será un buen año en lo económico, pero ya falta muy poco para que cambien las cosas del país”.

Igual sostuvo que su gobierno respetará la Constitución y las leyes, por lo que llamó a los sectores a no temer al cambio.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a apoyar la cuarta transformación política del país en aras de la justicia social.

En ese sentido, recordó que la primera fue la Independencia, la segunda en la Reforma y la tercera la Revolución de 1910.

López Obrador destacó que 2018 será crucial para la vida democrática del país, y los mexicanos tendrán la oportunidad de elegir entre “seguir con los mismos u optar por un cambio con justicia social para la mayoría”.

“La cuarta transformación de México está en marcha y 2018 será crucial para hacer un cambio verdadero, que deje a un lado el sistema caduco y corrupto”, recalcó.

Enseguida aseguró que, a diferencia de las tres transformaciones anteriores, la que ahora propone Morena es pacífica y se podrá concretar con el voto de todos.

Por ello, insistió en la revocación de las reformas estructurales impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque “todo aquello que perjudique al pueblo de México se revisará y se cancelará, “ya que vamos a gobernar para el pueblo”.

Promete impulsar turismo sin destruir el territorio

“Vamos a cuidar el ambiente en la Península de Yucatán, preservar los valores, impulsar el turismo y por eso no se puede concesionar el mar del Caribe. Tiene que impulsarse la actividad turística de Yucatán, que es una de las regiones más bellas del mundo, no son sólo para las actuales generaciones, sino es de la humanidad. No se destruirá el territorio”, afirmó.

Más tarde visitó la comunidad de Motul, donde recordó a Felipe Carrillo Puerto, de quien este martes se conmemoró un aniversario más de su asesinato. Sobre el prócer yucateco, el político tabasqueño comentó que fue un liberal que trabajó a favor del pueblo, de los campesinos y ayudó al movimiento zapatista.

López Obrador añadió que Felipe Carrillo en su estado hizo historia, siempre estuvo del lado del pueblo hasta que lo asesinaron en 1924 y es indispensable de recordarlo.

“Queremos regresar a la democracia, que se respete la voluntad de los ciudadanos, que se acabe con la corrupción”, dijo.

Autoridades de Chihuahua acusaron de un nuevo desvío de recursos, por un millón 700 mil pesos, a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

Este martes, en una audiencia en el Tribunal de Justicia del Estado en la ciudad de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado solicitará a un juez de control la imputación por peculado.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General, Gutiérrez y diversos servidores públicos, entre los días 20 y 23 de diciembre de 2015, planearon y concretaron el desvío de recursos del gobierno de Chihuahua mediante la simulación de la contratación de diversos servicios profesionales con la Secretaria de Hacienda local.

La primera contratación fue la prestación de servicios aéreos de “traslado de personal” en la Aeronave Cessna Citation II, con una empresa de combustibles propiedad de Gutiérrez llamada Jet Combustibles SA de CV.

El otro contrato fue para el “mantenimiento general de edificios” con la empresa Promotora de Señalamiento Integral SA de CV.

La indagatoria indica que los servicios nunca fueron prestados.

Las cantidades presuntamente desviadas fueron 904 mil 579 pesos, así como 835 mil 420 pesos, depositadas a las cuentas bancarias de las empresas.

Más evidencia documental, material y testimonial

El fiscal general del estado, César Augusto Peniche, dijo a Grupo Reforma que los nuevos cargos forman parte de una investigación distinta por los delitos de peculado agravado cometidos en perjuicio de gobierno del estado de Chihuahua.

El funcionario expuso que al igual que en el primer caso, se ha recopilado evidencia documental (financiera y contable), material y testimonial, que demuestra su probable intervención como partícipe en la desviación de dinero.

Gutiérrez fue vinculado a proceso el pasado 21 de diciembre del año 2017 por el delito de peculado agravado, y el juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación y le impuso la medida cautelar de seis meses de prisión preventiva, en el penal estatal en el municipio de Aquiles Serdán.

El nuevo monto se suma a los 250 millones de pesos que presuntamente desvió, 246 de ellos a través de una triangulación de recursos desde la Secretaría de Hacienda federal hacia la administración del ex gobernador priista César Duarte –actualmente prófugo en Estados Unidos– y posteriormente hacia el PRI, para que lo usara en la campaña electoral de 2012; y 4 millones por medio de su propia empresa de servicios para aeronaves.

Según la Fiscalía General de Chihuahua, el ex senador simuló cuatro contratos para la supuesta prestación de servicios para la Secretaría de Educación Pública.

Agencia Reforma y Agencia Proceso

Ciudad de México / Zacatecas

Para el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, el combate a la inseguridad en México necesita también de una estrategia de control de armas.

Durante su visita a Zacatecas, el ex titular de Hacienda se pronunció por una política de seguridad de cuatro vertientes, la cual acompañaría con generación de empleo y combate a la pobreza.

“Primero, tenemos que tener una política de control en materia de armas. Así como hemos venido desarrollando una política en materia de drogas, tendríamos que hacer lo mismo en materia de armas”, planteó ante medios locales.

Sin detallar medidas concretas, se manifestó a favor de una política más eficiente para combatir el flujo financiero ilegal de las organizaciones delincuenciales y crear un marco para mejorar la cooperación entre los tres niveles de gobierno.

En un encuentro ante militantes priistas, reiteró su defensa de la Ley de Seguridad Interior, que consideró como una de las medidas que permitirán recuperar la paz en el país, dado que, dijo, abre un espacio de diálogo entre ciudadanos y las fuerzas armadas.

“Por eso hemos avanzado en darle certeza a las fuerzas armadas, como las fueras armadas nos han dado certeza a nosotros”.

Quienes la critican, señaló, regatean la seguridad de los mexicanos que desean un combate al tráfico de armas.

“No entendemos la inconsistencia de quienes le regatean a las fuerzas armadas su apoyo, de quienes le regatean a los gobernadores el apoyo de las fuerzas armadas, porque al hacerlo le están regateando el apoyo a la ciudadanía que quiere seguridad”, expresó.

Sin mencionar directamente al precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien barajeó la posibilidad de una amnistía de delincuentes consensuada con las víctimas para reducir la violencia en el país, Meade descalificó la idea. “No podemos aceptar a quien propone sacar al criminal de la cárcel para llevarlo a la calle, y así generar mayor intranquilidad en el país. Tenemos que estar claros que la calle es para el ciudadano y la cárcel es para el delincuente”, expresó.

Cuestionado sobre los casos de corrupción de ex gobernadores priistas y el escándalo de la Casa Blanca, el abanderado de la alianza PRI-PVEM-Panal evadió responder directamente y sólo dijo que sus 20 años de trayectoria avalan que ha cooperado en todos los procesos de investigación y que ha tenido una conducta intachable como funcionario público.

“Habrá propuestas claras. Habrá, además, convicción de continuar la lucha contra la corrupción y hacerla de manera efectiva”, agregó.

Ante militantes y simpatizantes priistas, Meade recordó sus orígenes familiares en esta entidad, pues su abuelo, José Kuribreña, llegó a Zacatecas proveniente de Líbano.

También desayunó con empresarios zacatecanos y recorrió el Museo Francisco Goitia.

Alrededor de cuatro mil indígenas desplazados de Chalchihuitán retornaron este martes a sus comunidades de origen, con el riesgo por la presencia de grupos que no han sido desarmados, por lo que responsabilizaron a los gobiernos estatal y federal de lo que pueda ocurrirle a las familias.

Las familias desplazadas echaron en bolsas de plástico sus pocas pertenencias, y con los plásticos que utilizaron para guarecerse todo este tiempo, cubrieron sus cuerpos para iniciar una larga caminata en medio de la niebla, el frío y la lluvia.

Según los párrocos de Simojovel y Chalchihuitán, Marcelo Pérez Pérez y Sebastián López López, respectivamente, 3 mil 858 personas dejaron los campamentos improvisados para regresar a sus casas.

Pérez Pérez dijo que se trata de un retorno parcial, pues mil 165 personas se rehusaron a dejar los albergues ante el temor a ser agredidos por los miembros del grupo armado de Chenalhó.

De acuerdo con el párroco, los casi 4 mil desplazados que decidieron emprender el retorno lo hicieron porque ya están cansados de vivir en condiciones tan precarias fuera de sus casas y lejos de sus tierras donde se encuentran sus milpas y huertas, y no porque haya seguridad, como lo señaló el gobierno estatal.

Los indígenas externaron que cualquier agresión o crimen en su contra será responsabilidad de los gobiernos estatal y federal, porque el grupo que opera del lado de Chenalhó no han sido desarmados y portan armas de grueso calibre, como cuernos de chivo y R-15.

Algunos de los desplazados pertenecen a las comunidades de Pom y Ch’en Mut, alejadas de la línea limítrofe con Chenalhó, cuyos pobladores los sacaron por la fuerza para reclamarles 350 hectáreas de tierras que, en días recientes, un tribunal agrario resolvió que les pertenece.

Los párrocos coincidieron en que su regreso es “de alto riesgo”, pero en la primera agresión volverán a refugiarse en sus albergues. Reconocieron que si bien las autoridades estatales y federales han movilizado policías e incluso del elementos del Ejército, hasta ahora no han sido desarmados los encapuchados que perpetraron el desalojo hace dos meses.

Agencia Proceso

Monterrey, Nuevo León

Las políticas públicas para combatir la trata de personas son prácticamente inexistentes en México pues, si bien la mayoría de los estados cuentan con una legislación para sancionar el delito, ninguna ha creado mecanismos efectivos para proteger a las víctimas y castigar a los delincuentes.

A esta conclusión llegó el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Arun Kumar Acharya, quien en el libro digital Trata de personas en México: un diagnóstico entre las entidades federativas, encontró que, aunque existe mínimos esfuerzos por contener el fenómeno, en Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León y Sonora tienen en situación de indefensión total las víctimas del ilícito, en particular mujeres, niñas y niños.

En estos lugares, aunque existen leyes que rigen sobre la materia, no hay ninguna política pública que proteja, prevenga y persiga los delitos, factores que, en conjunto, se les conoce como “3P”, de acuerdo con el Protocolo de Palermo establecido por la ONU y ratificado por México.

Sin embargo, en las demás entidades donde si hay códigos que precisan sanciones y establecen políticas de protección, el problema se soslaya, pues los estados simulan emprender acciones que se desvanecen con el tiempo.

El académico originario de la India, concluyó, en la investigación emprendida con un equipo que él encabezó, que la Ley Federal de Trata de Personas, promulgada en el 2012 y con una modificación en el 2014, no ha sido efectiva para disminuir los índices de criminalidad en este fenómeno.

Hay intentos oficiales que parecen, más bien modas, para difundir los peligros del delito, pues luego de intensas campañas de meses, el asunto es olvidado, hasta que surge algún caso de impacto nacional que reactiva las inercias.

Por lo menos, dice, el trabajo sin precedente en México, puede sentar una base a partir de la cual los estados y la federación, así como los legisladores, pueden analizar y detectar las zonas de mayor vulnerabilidad y las acciones para combatir realmente el fenómeno.

Arun Kumar Acharya reunió un equipo integrado por Armando Moctezuma Suárez, Francisco de Jesús Gómez Ontiveros, Abel Garza Ramírez y Estefanía Guerrero Arévalo, para hacer un trabajo científico de investigación concentrado en la relación entre la inequidad de género y la trata de personas, más que en la incidencia estadística del delito.

Junto con la elaboración nacional del índice de inequidad, los investigadores analizaron el fenómeno de la trata con la revisión de mil 400 noticias de periódicos de todo el país, publicadas entre el 2011 y el 2016, sobre este fenómeno.

También fueron revisados los marcos normativos de las 32 entidades para ver cuáles sí tienen leyes sobre trata de personas. Se concentraron en precisar si existen políticas públicas que beneficien a los afectados.

Existen cuatro niveles para detectar a las entidades que incumplen con el Icuman. En el Nivel 1 están los que cumplen con las “3P”. En el N2, los que cumplen con 2; y en el N3, los que cumplen con las 3. En el N4, los que no tienen nada.

En el primer caso se encuentran Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato Hidalgo, Tabasco, Jalisco Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala.

En el segundo están Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas. En el tercero aparecen Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Morelos, Veracruz y Yucatán.

En el último puesto, están Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit y Sonora, considerados como un foco rojo pues, son destino recurrente para las víctimas.

Artículo 19 reprobó la falta de voluntad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para realizar una investigación imparcial, seria y exhaustiva para esclarecer el asesinado impune del periodista Moisés Sánchez.

A tres años de que Sánchez Cerezo fuera sustraído de su domicilio en Medellín de Bravo, Veracruz, el 2 de enero de 2015, y posteriormente asesinado, la organización recordó que el caso se encuentra enmarcado en el sexenio de Javier Duarte, en el cual se registraron 17 crímenes contra periodistas. La administración de Miguel Ángel Yunes no ha mostrado ninguna diferencia al respecto, al contar con cuatro periodistas asesinados desde que tomó protesta como gobernador en diciembre de 2016. “Un año más, seguimos confirmando la falta de voluntad por parte de la FEADLE para realizar una investigación imparcial, seria y exhaustiva que pueda constituir una garantía a los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación de Moisés Sánchez, su familia y la sociedad”, destacó Artículo 19 en un comunicado.

“Con su falta de voluntad para investigar los hechos, la FEADLE únicamente está garantizando día a día la impunidad y enviando ese mensaje de represalia hacia las víctimas, por ejercer sus derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo para que atrajera la investigación, con lo cual está apostando al olvido en el caso de Moisés Sánchez”, destacó Artículo 19 en un comunicado. (Ciudad de México / Redacción)

El encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, designó a Abel Galván Gallardo como nuevo fiscal especializado en Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Galván Gallardo es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Xochicalco, en Baja California, informó la PGR en un comunicado.

En el servicio público se ha desempeñado como subprocurador contra la Delincuencia Organizada, visitador general, director de Asuntos Internos y Contraloría, y agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, donde también fue jefe estatal del Departamento de Servicios Previos a Juicio, Vigilancia de Medidas Cautelares y Beneficios Judiciales.

En el gobierno federal fungió como director de Certificación y Medios de Control de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), dependiente de la Secretaría de Gobernación, y director general adjunto de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la PGR, detalló la dependencia. También fue asesor en el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia MSI México/Contratista en USAID.

Galván Gallardo es docente certificado por la entonces Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), y conferencista en la Tercera Conferencia Regional de Norteamérica y el Caribe IAP, organizada por la Asociación Nacional de Procuradores Generales de los Estado Unidos de América (NAAG).

La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas es dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que encabeza Sara Irene Herrerías Guerra. (Ciudad de México / Agencia Reforma)

A partir de la liberalización de precios para gasolinas y diesel en el centro y sur del país, el pasado 30 de noviembre, han aumentado su precio entre 19 y 25 centavos, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

A través de un comunicado, la CRE detalló que en la zona centro, que abarca a entidades como la Ciudad de México, Hidalgo y Querétaro, la gasolina Magna ha registrado un aumento de 21 centavos, es decir 1.3 por ciento respecto al 30 de noviembre de 2017. En esta misma zona la Premium ha aumentado 19 centavos y el diesel 20 centavos.

En el caso de estados del sur, que agrupa a Campeche, Quintana Roo y Yucatán, el aumento para la Magna ha sido de 25 centavos, que representan 1.58 por ciento más que el 30 de noviembre.

En ese mismo periodo la Premium ha registrado una variación de 21 centavos y el diesel de 22 centavos en dicha región.

La CRE también informó que el precio promedio nacional para este martes fue de 16.13 pesos por litro para la Magna, 17.83 pesos para Premium y 17.41 el diesel.

“Se aprecia una tendencia general a la estabilidad en los precios, es decir, no se observan efectos de volatilidad pronunciados”, señaló el organismo regulador.

Este lunes, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros estimó que los precios aumentarían 6.9 por ciento a raíz del incremento que Hacienda puso al IEPS para combustibles. (Ciudad de México / Agencia Reforma)

A los agresores sexuales que para cometer una violación suministren deliberadamente cualquier tipo de sustancia psicotrópica a sus víctimas, se les debe aumentar hasta la mitad del castigo previsto en la ley, propuso la diputada Elizabeth Mateos Hernández, quien destacó que actualmente se contempla una pena de 6 a 17 años de cárcel, que pasaría de 12 a 34 años.

En un comunicado difundido este martes, la legisladora perredista recordó que cada año en la Ciudad de México, más de 300 mujeres son víctimas de ataque mientras se encuentran en un estado de narcosis. Eso las somete, quiebra su voluntad y las deja expuestas al abuso sexual, además que les genera pérdida de memoria, puntualizó.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las autoridades de salud capitalinas contabilizan el uso de drogas en uno de cada cinco casos relacionados atendidos en hospitales de la capital del país.

Y recordó que la Organización de las Naciones Unidas ha advertido el uso de las llamadas “drogas de la violación” desde 2010. En América Latina, añadió, se pueden conseguir con facilidad en cualquier farmacia y son usadas para lograr un estado de sedación e indefensión entre las víctimas. (Ciudad de México / Agencia Proceso)