El 7 de diciembre pasado cayeron a mi Whatsapp varios videos. Los abrí porque me los envió un amigo periodista. Al principio no entendí, sólo veía a un hombre desnudo con la mirada perdida, golpeado hasta el cansancio, con 30 o 40 por ciento de su cuerpo saturado de lagunas púrpuras de moretones. En su pecho una leyenda: golpeador de mujer.
Unos hombres lo secuestraron para darle un escarmiento.
—A la mujer no se le pega –le dijo uno que grababa el video, y que se trasladaba en una motocicleta.
—Yo sé, yo sé, yo sé –respondió mientras el hombre moreteado trataba de huir del lugar.
Pero este no es el único video que ha aparecido en el último mes en Culiacán. Al menos un par más se han difundido y viralizado en redes sociales.
Hay uno que muestra a un par de jovencitos con las carnes pegadas a la piel y las manos atadas a la espalda. En la piel una leyenda que dice: “no volveré a robar carros”.
Los secuestradores obligan a los detenidos a confesar sus delitos, como el robo, los desnudan y arrojan a las calles de la ciudad, y así les dan “una lección”.
Lo increíble es que los secuestradores ven al robo como un problema que necesita ser castigado por ellos mismos, pero minimizan el delito que ellos cometen al secuestrar y torturar a personas. En los videos se les ve con rifles de grueso calibre y equipo táctico que en lugares como Sinaloa son usados únicamente por el narcotráfico.
En un hecho poco común en la justicia sinaloense, se anunció hace unos días la detención de cuatro jóvenes que presuntamente protagonizaron las golpizas. La autoridad informó que eran un muchacho de 19, dos de 22 y uno de 26 años.
La confusión de lo que es la justicia no sólo ha quedado patente en los detenidos sino en la población sinaloense. En los comentarios de algunas notas periodísticas se leen participaciones como “déjenlos: si las autoridades no pueden poner orden, que lo hagan ellos”; otro dice: “un aplauso para ellos, por atreverse a hacer lo que las autoridades no se atreven a hacer”.
Esto sucede en un estado con más de 50 años de narcotráfico; un estado donde el Estado ha estado ausente; un estado que aparece en los primeros lugares de corrupción en México; un estado donde la narcocultura y el narcotráfico no son tema de Estado; un Estado que se halla ocupado por la Policía Militar.

Organismos de derechos humanos en el estado manifestaron su indignación, y lamentaron que los poderes Legislativo y Ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo a la Ley de Seguridad Interior, promulgada este jueves.
El Centro  Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad  (CTI) y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, afirmaron que con esta Ley se pretende imponer un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad,
En un comunicado los organismos expusieron su descontento ante la promulgación de la Ley de Seguridad Interior.
“Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de (el presidente) Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general”.
En su discurso el mandatario dijo que no emitiría Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta Ley, hasta que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación realice un análisis sobre su constitucionalidad.
El escrito abunda que también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.
“Como organizaciones civiles de derechos humanos expresamos nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes Legislativo y Ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad”, señala.
Resalta que esa Ley no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública, y muchos menos ha atendido aquéllos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General Número 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Ante ello los organismos consideran  que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas.
“La amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteramos nuestro rechazo y hacemos un llamado urgente para que nuestro máximo tribunal mexicano escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad”.
Subraya que como centros de derechos humanos realizarán un monitoreo constante sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, y seguirán impulsando las acciones necesarias para que sea declarada inconstitucional.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Chilpancingo, Víctor Ortega Corona, informó que el encuentro que sostendrán con el gobernador Héctor Astudillo Flores se pospuso para la próxima semana debido a la apretada agenda que lleva el mandatario.
La semana pasa, tras la agresión registrada contra uno de sus agremiados, Ortega Corona reveló que en Chilpancingo aumentó el numero de extorsiones en contra de comerciantes de dicha agrupación.
Consultado vía telefónica, el empresario local recordó que las extorsiones van entre 200 a 250 mil pesos, y el método consiste en dejar cartulinas con información personal de los dueños de los negocios.
También en esta semana el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián Ríos Alarcón, informó que a sus agremiados igualmente se les ha dejado mensajes en cartulinas donde les exigen el pago de derecho de piso.
Por lo que ya buscó al Fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez, para tratar que se busque a los responsables y disminuya la incidencia de extorsiones en la capital del estado.
Por su parte Ortega Corona detalló que el jueves pasado una comisión de la Canaco que él no encabezó, sostuvo un encuentro con el Fiscal, para entregarle la información, entre ellas fotos y textos que fueron dejados en los negocios del primer cuadro de la ciudad.
El empresario dijo que la fiscalía a través de su titular se comprometieron a investigar para dar con los responsables y de momento montar un operativo de seguridad para los negocios afectados.
Ortega Corona recordó que hasta la fecha se han registrado 11 extorsiones en contra de sus integrantes, más tres de los empresarios aglutinados en Coparmex, dando un total de 14 empresarios que han sido extorsionados en 22 días.

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dijo que con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior se atenta con los derechos humanos, y que le da miedo que el Ejército esté en las calles, sobre todo en la contienda electoral del siguiente año. Teme que si gana un partido que no sea el PRI vaya a haber problemas con las fuerzas federales.
“Un llamado de paz hoy  que estamos en estas fiestas navideñas, el año nuevo, exhortación que hagamos una tregua de paz, de amor, de respeto, de cuidado de la vida”, agregó el obispo.
Este jueves el presidente de la República Enrique Peña Nieto publicó la Ley de Seguridad Interior, pero ofreció no emitir declaratoria alguna de protección en los términos de la misma hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida sobre su constitucionalidad.
En consulta telefónica, el obispo declaró respecto a la promulgación de la Ley, y recordó que desde antes de la promulgación ya había manifestado su rechazo.
“Ya decía antes que se promulgara la Ley, yo estaba en contra de que se publicara…yo creo que se atenta con los derechos humanos, y por ejemplo la función del Ejército precisamente defender la patria, ayudar a los ciudadanos, contra los enemigos y entonces al meterse ahorita el Ejército pues se va a ir contra los mismos mexicanos”, sostuvo.
Dijo que en el caso de la policía preventiva  que es del ámbito civil, que es quien tiene que investigar, llevarlos con un juez civil, y que por lo tanto todo queda dentro del terreno civil, no militar.
Por lo anterior sostuvo que ese es el problema, que  en ese sentido se va a militarizar, algo que no le corresponde hacer al Ejército, sino que es propiamente papel de la policía civil.
Señaló que además son cuestiones que la Organización de las Naciones Unidad (ONU) y los organismos de derechos humanos han manifestado, que la promulgación de la Ley va a perjudicar a la población.
El obispo indicó que aquí es donde el presidente Peña Nieto tuvo que escuchar esas voces y no únicamente “echarle la bolita” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) .
“Esto se hizo a veces tan a escondidas que la gente no se dio cuenta, y luego aquella prisa que tenían tanto la Cámara de Diputados como de Senadores de aprobar esta ley rápido. Yo para mí, lo digo en palabras muy ordinarias, para mí hay gato encerrado, espero que esto no nos vaya a perjudicar a lo largo ahora que vienen las elecciones, a mí me dan miedo que los soldados estén en la calle ahora en las elecciones…tengo el temor suponiendo que ganara otro partido (que no sea el PRI) pues que vaya a haber problemas con el Ejército, que no dejen tomar posesión al otro partido, para mi hay una intención clara, clara, del partido oficial de que hayan aprobado esta Ley de Seguridad Interior”, expuso.
Recordó que  Guerrero es uno de los estados más militarizados y eso no ha servido para parar “este baño de sangre”.

En lo que va del año han sido asesinados 18 políticos y  funcionarios municipales en distintos hechos de violencia y la mayoría de los caso no han sido esclarecidos y siguen en la impunidad, mientras que el ex alcalde de Zirándaro y ex diputado local y federal por el PRD, Catalino Duarte Ortuño, aún se encuentra desaparecido.
En un recuento de las notas publicadas en El Sur, entre las víctimas se encuentran ex presidentes municipales, ex diputados, ex regidores, funcionarios municipales, militantes y dirigentes de los partidos PRD, PRI, Movimiento Ciudadano y Morena, y aspirantes independientes que pretendían contener algún cargo de elección popular en el próximo año.
En 2016 se contabilizaron seis asesinatos de políticos de los diferentes partidos en distintos hechos de violencia en el estado.

Los caso de los 20 políticos
asesinados en el año

El 20 de enero, el ex presidente del PRD municipal de San Luis Acatlán  y presidente de la ruta de taxista de esta cabecera, Miguel Ángel Viveros Ruiz fue asesinado a balazos en el centro de ese municipio.
Un mes después, al recibir atención médica el jefe de Personal del Ayuntamiento de Zitlala, Antonio Godinillo Yectli, de 53 años murió, luego de ser atacado a balazos en Zitlala. La víctima fue regidor por el PRI en la administración 2009 -2012 del ex presidente municipal en Zitlala, Marcelo Tecolapa Tixteco.
El 9 de abril, el ex diputado del PRD y ex alcalde de Acapetlahuaya, Roger Arellano Sotelo y su tío Octavio Arrellano Eloísa fueron asesinados a balazos cuando hombres armados irrumpieron en una fiesta familiar en su casa en está cabecera municipal.
El político perredista quedó herido pero murió cuando era trasladado para recibir atención médica. Arellano Sotelo también había sido secretario general del PRD en ese municipio y actualmente su hermano, Hugo Alberto, es el presidente del Comité municipal.

Levantan a Catalino Duarte Ortuño

El 12 de abril, hombres armados se llevaron al ex alcalde de Zirándaro y ex diputado local y federal por el PRD, Catalino Duarte Ortuño, cuando regresaba del hospital regional de Coyuca de Catalán, cerca de la escuela primaria Nicolás Catalán. Hasta la fecha no sabe de su paradero.
En una nota publicada el 29 de septiembre, el diputado local Silvano Blanco Deaquino, afirmó que el ex diputado Catalino Duarte Ortuño, fue asesinado pero el gobierno estatal insiste en ocultarlo y mantener la versión de que está secuestrado.
El 10 de abril, el abogado Modesto Carranza Catalán, quien era el suplente del diputado local priista Saúl Beltrán Orozco, fue ejecutado  en el centro de Ciudad Altamirano, donde tenía su casa y delante de su familia.
El abogado se desempeñaba, también como asesor del Ayuntamiento de Coyuca de Catalán. Su asesinato ocurrió mientras el diputado propietario, Saúl Beltrán Orozco, era sometido a un proceso de desafuero en el Congreso local acusado por homicidio de un trabajador del Ayuntamiento cuando era alcalde en el periodo 2012-2015. También enfrentaba acusaciones de estar vinculado con Raybel Jacobo Almonte, líder del grupo criminal Los Tequileros.
Modesto Carranza fue síndico en Ajuchitlán del Progreso en la administración del alcalde priista, Raymundo Flores Castañeda, de 2009 al 2012. En el periodo que estuvo en ese cargo denunció amenazas de muerte y la intención de levantarlo.
El 19 de abril, el secretario general del PRD estatal, Demetrio Saldívar Gómez fue ejecutado a balazos abordó de su vehículo la noche de este miércoles cuando se dirigía a su casa en la colonia Tomatal al oriente de Chilpancingo
Demetrio Saldívar fue diputado local por el extinto partido Revolución del Sur (PRS) y subsecretario de Atención a Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobierno, durante la administración del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero. Saldívar Gómez era esposo de la regidora perredista de Chilpancingo, Nancy Soraya Cruz García.
El 28 de abril, fue detenido Ángel N, a quien se acusó del asesinato del dirigente perredista. Sin embargo, no hubo claridad de cómo se llegó a la conclusión de que era el responsable del crimen pues en la audiencia de vinculación a proceso del 5 de mayo, se dijo por parte de la Fiscalía General del Estado que el comandante Pedro Vázquez Arnulfo, “se enteró circunstancialmente” que en el Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de Chilpancingo estaba detenida una persona con las características de quien disparó en contra de Saldívar Gómez.

Ejecutan a ex alcalde y ex diputado local Elí Camacho

El 23 de mayo el ex presidente municipal de Coyuca de Catalán y ex diputado local, Elí Camacho Goicochea, fue asesinado a balazos afuera de una paletería de la sucursal de La Michoacana de la cual era dueño, ubicada en la Glorieta de los Héroes, en esta ciudad.
Camacho Giocochea fue presidente municipal de Coyuca de Catalán  por el PRD del 2009 al 2012. Posteriormente fue elegido como diputado local por ese partido que concluyó su periodo en el 2015, después se sumó al PRI  y apoyó la campaña de Héctor Astudillo Flores, de quien fuera asesor.
El  31 de mayo, el activista, fundador y dirigente del Partido de la Revolución Democrática  (PRD) en el municipio de Tixtla, Victorino Iglesias Alarcón fue asesinado a balazos cerca de la comunidad de Atliaca, de donde era originario.
El 4 de junio de este año, el dirigente municipal de Morena en Tixtla, Eduardo Catarino Dircio, fue asesinado a balazos dentro de su casa por policías estatales, cuando se refugiaba junto con su esposa, su hijo y un sobrino para protegerse de una balacera que protagonizaban policías estatales e integrantes de una banda del crimen organizado durante una persecución en la ciudad de Tixtla.
El 9 de junio, el ex presidente municipal de Tecpan, el perredista Crisóforo Otero Heredia, de 55 años de edad, fue  asesinado a balazos junto a su escolta José Edwin Texta Ramos, antes de entrar a su casa en esta cabecera municipal, mientras que otro escolta resultó herido.
Crisoforo Otero fue dirigente del Comiste Ejecutivo Municipal del PRD en Tecpan, regidor y después alcalde, en el periodo 2012 -2015.  En su periodo fue elegido por sus compañeros coordinador de los alcaldes del PRD.
Dos meses después, el ex candidato a presidente municipal de Eduardo Neri por el PRI, Francisco Torres Rendón, y su primo hermano, Antonio Torres Sánchez,  sobrino de Carlos Sánchez Barrios, fueron ejecutados a balazos en un camino de terracería que conduce  al antiguo campo de tiro, en Agua Buena en Eduardo Neri (Zumpango).
Torres Rendón, originario de Zumpango, era ingeniero y dueño de una constructora y contendió por la presidencia municipal en el proceso electoral del 2015. Perdió ante el actual alcalde, el perredista Pablo Higuera Fuentes, por una diferencia de unos 150 votos.
El 26 de septiembre, el coordinador regional en Tierra Caliente del partido Movimiento Ciudadano, Ángel Vergara Chamú fue ejecutado a balazos adentro de su vehículo en la calle Acotzingo de la colonia San Rafael Norte de Chilpancingo.
Era hermano de Esteban Vergara Chamú, presidente municipal de 2002 a 2015 por el PRD en Ajuchitlán del Progreso.

Asesinan a ex alcalde de Zitlala y al ex presidente del PRD

El 13 de octubre, el ex alcalde perredista de Zitlala Francisco Tecuchillo Neri quien fue privado de su libertad, murió en el hospital general del Chilapa  luego de haberlo  encontrado degollado en el barrio San Juan en Chilapa.
Un día después, autoridades municipales de Ahuacuotzingo confirmaron el homicidio del ex presidente estatal del PRD, ex diputado local e integrante de la coordinadora estatal del movimiento Pro AMLO, Ranferi Hernández Acevedo. Su cuerpo se encontró calcinado junto con el de su esposa, su suegra y un chofer fueron encontrados anoche dentro de su camioneta también calcinada en la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo, cerca de la desviación hacia Nejapa, municipio de Chilapa.
El 21 de octubre, también fue encontrado el cadáver José Francisco Nava Martínez, hijo del ex presidente municipal de Eduardo Neri, Francisco Nava Torres, y también sobrino de Torres Rendón. El cadáver fue encontrado en la autopista del sol en el punto conocido como los túneles gemelos la mañana del sábado. Nava Torres fue alcalde en el periodo 1999-2002.
El 14 de noviembre, el ex regidor del PRD y aspirante independiente a la alcaldía de Zihuatanejo, Miguel Ángel Solorio Figueroa  y su guardaespaldas  fueron asesinados a balazos y encontrados adentro  de una camioneta en la colonia Lomas del Riscal, en Zihuatanejo,
El 23 de noviembre, el dirigente del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Quechultenango y ex candidato a alcalde, Armando Arturo López, fue asesinado a balazos en la cabecera municipal de Quechultenango, cuando iba a bordo de su camioneta.
El 17 de diciembre el subdirector de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Coyuca de Catalán Ricardo Bermúdez Betancourt fue asesinado a balazos la mañana de ayer en Altamirano después de desayunar con su familia y cuando se subía a su auto y su esposa resultó lesionada de un impacto en una pierna la cual fue trasladada a una clínica y más tarde fue dada de alta.
El 18 de diciembre el regidor de Desarrollo Rural, Cultura, Creatividad y Espectáculos del Ayuntamiento de Zitlala, Dagoberto Domínguez Acevedo, fue ejecutado a balazos adentro de una combi cerca de la comandancia de la Policía Ministerial en Chilapa, y un hombre que lo acompañaba murió tras ser herido en el ataque.
Otros casos de políticos desaparecidos son el del subsecretario del Migrante y Asuntos Internacionales, Adolfo Vergara de la Paz, su medio hermano Juan Salgado de la Paz, quien es delegado de Transportes en aquella región, y el jefe regional de la Preparatorias Abiertas, Tomás Flores Castillo, desde el pasado 16 de septiembre cuando un grupo armado los privó de su libertad en  la cabecera municipal de Arcelia, en la región de Tierra Caliente.

El presidente estatal del PRD, Ricardo Barrientos Ríos, afirmó que el PRD postulará a los militantes que tengan la “camiseta puesta” y que se comprometan a respaldar la coalición Por México al Frente en la elección federal y la local.
En el caso de la dirigencia municipal del PRD en Chilpancingo, Barrientos Ríos adelantó que  Asunción Martínez Ortiz tiene que ser relevado, por lo que se convocará al Consejo Municipal. Afirmó no pueden tener a un líder que apoya a un candidato de otro partido, en referencia al aspirante presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador.
El jueves, las precandidatas perredistas al Senado, Beatriz Mojica Morga y Silvia Romero Suárez, se reunieron en la capital con militantes panistas encabezados por su dirigencia estatal, donde los panistas reclamaron que los simpatizantes de López Obrador que aún militan en el PRD, están promoviendo el voto a favor de éste y no por el aspirante a la presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.
Consultado al respecto, Ricardo Barrientos Ríos dijo que la mayoría de los que han manifestado su respaldo a Andrés Manuel López Obrador, son ex perredistas porque ya definieron irse a Morena.
Sin embargo, reiteró el llamado a la militancia perredista para que se sumen al proyecto que el PRD tienen en referencia a la coalición Por México al Frente y a “ponerse la camiseta”.
Pero además de los llamados dijo que el PRD “tendrá cuidado” de que los candidatos a diputados federales y locales, senadores, alcaldes y las planillas a los ayuntamientos, estén integrados por militantes “comprometidos con el proyecto nacional y los locales”.
Y advirtió que no darán candidaturas a quienes piensen respaldar solo a los candidatos locales y no apoyar a la candidatura a la presidencia de la República.
“El PRD tomará decisiones

muy concretas y lógicamente el compromiso de que logren tener un espacio de participación en algún cargo, tendrán que hacer el compromiso de trabajar para el proyecto de todo el frente”, advirtió.
Pero respecto al caso de quienes siguen en el PRD, dijo que quienes “tienen algún cargo en el partido o dentro de las corrientes, les estamos pidiendo que ratifiquen su militancia, o en su defecto tomen ya una decisión ya para que definan que proyecto van a apoyar”.
De la dirigencia municipal del PRD, de la que el presidente Asunción Martínez ha reiterado que votará y promoverá la candidatura de López Obrador, porque no está dispuesto a votar por el representante de “la extrema derecha” en referencia a Ricardo Anaya, Ricardo Barrientos dijo que “el Comité Ejecutivo Municipal tendría que sufrir algunas modificaciones”.
Porque advirtió que en la presidencia del PRD de Chilpancingo debe es estar un militante que esté “apoyando el proyecto del partido”.
El líder estatal reiteró que si Asunción Martínez no está dispuesto a apoyar el proyecto del PRD y está decidido a apoyar al de Morena, entonces debe ser relevado del cargo.
“El partido tomará la decisión correcta de tener al frente del PRD en la capital, a un ciudadano que tenga la camisa bien puesta para asumir el reto que el PRD a través del frente ha construido”, soltó Ricardo Barrientos.
La decisión la tendría que tomar el Consejo Municipal del PRD, aunque comentó que aún no hay fecha definida, el cambio si se tiene que realizar.
En la reunión del jueves, también el presidente del PAN en Guerrero Marco Antonio Maganda Villalba propuso crear estrategias conjuntas para evitar el voto cruzado porque “se especula” que los perredistas no votarán por Ricardo Anaya y que lo harán por otros candidatos, en referencia a López Obrador.
Y los militantes panistas lamentaron que muchos perredistas hagan campaña a favor del aspirante a la Presidencia de la República por Morena, Andrés Manuel López Obrador y que en los hechos, no estén a favor del Frente.

No tiene el Comité Ejecutivo Estatal del PRD registro de que Aguirre se haya reafiliado

Barrientos Ríos, informó que en esas oficinas no hay ni una solicitud de reafiliación del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero que éste puede pedirla en el Comité Ejecutivo Nacional o cualquier otro municipio, para registrarse como candidato interno por el distrito 08 de la Costa Chica.
Como informó El Sur en su edición de este viernes, el PRD registró a Ángel Aguirre Rivero como aspirante interno, pese a que renunció al partido en el 2015 en medio del escándalo por la detención y encarcelamiento por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de su hermano Carlos Mateo Aguirre y su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez, quien fungió como director general de la oficina del gobernador.
A pregunta expresa sobre si Aguirre Rivero se había afiliado al partido, Barrientos Ríos respondió: “Bueno, en el estado no tenemos registro de solicitud de afiliación al partido, seguramente a nivel nacional, pero efectivamente se abrieron convocatorias para registros de candidatos al partido en los pasados días y aparece el ciudadano Ángel Aguirre como aspirante al distrito 08 de la Costa Chica”.
En declaraciones telefónicas, Barrientos Ríos subrayó que en Guerrero no se tiene una solicitud del “señor para afiliarse al partido, pero también él tiene la libertad de acudir al Comité nacional o de hacerlo en cualquier otra oficina que no sea la estatal, lo puede hacer en cualquier municipio e incluso a nivel nacional”.
Sobre la cancelación de la reunión programada para este viernes de los dirigentes de los partidos que conforman el Frente, Barrientos Ríos subrayó que se pospuso por problemas de agenda de los participantes, que en su caso tuvo algunos temas distintos al igual que los de MC y PAN.
Añadió que siguen avanzando con les temas de sus partidos y que se ha estado reuniendo con dirigentes estatales de diversas expresiones donde “nos han manifestado las intenciones de participar en los distintos municipios del estado”. Aseguró que seguirán fortalecido el frente en Guerrero y que en próximos días se reunirán para dar atención a la construcción de estas propuestas en los disitnos municipios.
Sobre la promulgación de la Ley de Seguridad Interior que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, aunque prometió que va esperar que sea revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el dirigente estatal Ricardo Barrientos señaló que han dicho que el PRD va estar en contra, “incluso la idea es que la Cámara de Diputados federal haga un procedimiento para ver el tema inconstitucionalidad en la propuesta y estaremos apoyando siempre el tema de resguardar el tema de los derechos humanos que la Constitución mandata”.
Señaló que el asunto de la seguridad es crítico en Guerrero y en el país y la justificación que el gobierno da es que es la única opción para bajar los índices de violencia a través de facultades a las fuerzas armadas en acciones de prevención que tienen que atender las fuerzas de seguridad pública.
Señaló que con esa ley no se genera una propuesta que venga de alguna manera a contrarrestar los índices de inseguridad, y sin embargo, es un tema de facultades al Ejército para   tener funciones de seguridad pública, pues se tiene que recordar que tiene muchos años en la calle y sin embargo la violencia se ha incrementado.
Aseguró que la reforma de seguridad interna tiene que ver más con un tema de facultades “para realizar tareas de seguridad pública y no es un tanto de que se hace necesaria la modificación de la ley para pensar en bajar los índices de inseguridad y bajar la violencia que tenemos en el país”.