Trabajadores de la sección 28 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) tomaron el Palacio municipal y bloquearon tres avenidas porque 300 empleados no han recibido el pago de su quincena.
Por segundo día consecutivo el Palacio fue tomado por burócratas inconformes, el jueves fueron integrantes del Sindicato Independiente del Ayuntamiento que reclamaban el pago de salarios a más de 640 agremiados.
A las 9:30 de la mañana unos 100 manifestantes cerraron los accesos al edificio y se quejaron de que su salario tenía dos días atrasado.
El secretario general de la sección, José Natividad Adame informó que el pago se hizo a una parte de los trabajadores pero faltaban 300, dijo que la justificación de las autoridades municipales es que no tienen dinero porque no habían recibido las aportaciones.
José Natividad Adame dijo que las autoridades municipales le aseguraron que en menos de una hora quedaba finiquitado el pago, sin embargo ante el incumplimiento a las 10:30 de la mañana los manifestantes bloquearon totalmente las avenidas Juan Ruiz de Alarcón, Juan N. Álvarez y Benito Juárez.
Los manifestantes recriminaron que las autoridades municipales hayan retrasado el pago porque tienen familias que mantener y que trabajan porque tienen necesidades.
A las 3:30 de la tarde el secretario general informó que empezarían a retirar los bloqueos luego de que confirmó que se les pagó a todos los trabajadores.
Ayer hubo otras protestas en la capital que cerraron las principales avenidas, lo que provocó intenso tráfico vehicular incluso en las rutas alternas, y que el transporte público tardaba hasta una hora más en sus recorridos habituales.
El alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas sustituyó a Marco Antonio Leyva Mena el 17 de octubre pasado, y unas semanas después, el 8 de noviembre, informó que se había depurado la nómina del Ayuntamiento y se habían hallado 32 asesores con sueldos de hasta 40 mil pesos, así como varios aviadores.

Agentes de la Policía Federal (PF) comisionados en Guerrero y Michoacán han sido desalojados de los hoteles donde se hospedaban por falta de pagos.
De acuerdo con información publicada en el diario Reforma, al menos 500 policías duermen a la intemperie en siete municipios guerrerenses.
Según denuncias, a algunos mandos se les ha permitido el acceso a habitaciones desocupadas que han tenido que pagar, aunque, para reducir el costo, no cuentan con luz ni alimentos.
Los de rangos menores duermen en casas de campaña o bajo carpas instaladas en áreas verdes.
Uno de los denunciantes, un policía que pidió el anonimato, dijo que “esto es una humillación, una verdadera vergüenza para nosotros como oficiales. Pasa la gente, nos ve y, en vez de autoridades, de respeto, nos ven con lástima, como pordioseros… como está la delincuencia, y nosotros en la calle, risa hemos de dar. El gasto ahí está, los recursos que se dieron, pero no llegaron o no sé qué pasó ¿Dónde está esa lana que dieron para nosotros?”.
Según un balance de adeudos entregada a Reforma, son al menos 14 hoteles de Guerrero los que se encuentran en esta situación, con adeudos por 40 millones 480 mil 15.76 pesos, acumulados hasta octubre pasado.
Entre ellos están el Emperador, en Huamuxtitlán; el Señorial, el Plaza Cristina, el Plaza Las Fuentes, The Capital y Hacienda Willy, en Iguala, aunque también se han visto afectados policías asignados a los municipios de Cocula, Chilapa, Arcelia, Cutzamala, y Zirándaro.
En Michoacán, un grupo de policías federales tuvo que dejar ayer un hotel de Lázaro Cárdenas, también por falta de pago.
De acuerdo con información difundida en medios locales, dice Reforma, la corporación adeuda varios meses de hospedaje y servicios a la empresa Arrendadora Gala, dueños del Hotel Zirahuén.
La tarde de ayer, unos 40 policías del agrupamiento número 11 habrían sido sacados de las habitaciones. Con todo y sus armas, los uniformados se concentraron en el estacionamiento del negocio, a un lado de sus patrullas, donde al parecer pernoctarían.
Según la información, la Policía Federal adeuda seis meses de hospedaje en este hotel de 50 habitaciones.

Gastos extraordinarios

La Policía Federal reconoció que hay un rezago en los pagos respecto al servicio de hospedaje, alimentación y transporte para sus elementos desplegados a lo largo del país.
En un comunicado, la Policía Federal afirma que ha hecho diversos pagos a los prestadores de servicio, de acuerdo con el programa presupuestal aprobado, pero “el incremento en las necesidades operativas ha superado las expectativas originales de gasto, por lo que los pagos por los gastos extraordinarios generados dependen de la ampliación presupuestal, lo que ha generado un rezago”.
Lo anterior, dijo, es porque en los últimos años la Policía Federal ha incrementado su despliegue operativo a solicitud de estados y municipios que han requerido fortalecer sus condiciones de seguridad.
Por tal motivo, agregó, “fue necesaria la contratación de hospedaje para miles de elementos, que apoyan a muchos municipios en varios estados del país, servicios que se han extendido por meses o incluso años… Bajo la directriz de la Secretaría de Gobernación, y en coordinación con la Secretaría de Hacienda, además de la participación de los gobiernos estatales, se analiza la situación del despliegue que se requiere en cada entidad, con la finalidad de seguir apoyando en las tareas de seguridad pública, atendiendo los costos de hospedaje y alimentación”, menciona.
La Policía Federal sostiene que, ante la eventual necesidad de reubicar temporalmente a parte del personal hasta contar con la suficiencia presupuestal para su permanencia, se están evaluando estrategias para que, en la medida de las capacidades se continúe brindando el apoyo de las diferentes divisiones de la corporación.
“Los lugares en los que se reportan adeudos son en los estados donde se han hecho despliegues extraordinarios, en los que los costos han sido absorbidos por la Policía Federal, y donde se hace más necesario el apoyo de los gobiernos locales”, añade.

El preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla, Gonzalo Molina González informó que se le dictó auto de libertad en la causa 196/2013-I-A por secuestro agravado, suman cuatro pero le quedan tres por el mismo delito, ante lo que consideró que automáticamente deberían desecharse y salir en libertad porque no hay delito que perseguir.
Además dijo que tanto él como el policía comunitario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez están defendiendo su institución y el respeto a la Ley 701 de Reconocimiento y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
En una visita al penal donde el promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla está preso desde hace cuatro años, contó sobre su situación jurídica y celebró que le dictaron auto de formal libertad.
Vestido con una playera verde y pantalón de mezclilla detrás del locutorio expuso que el lunes le dictaron auto de libertad por el delito de secuestro agravado, y que este viernes le entregaron el oficio.
En el documento se indica, “en consecuencia, se ordena de inmediata y absoluta libertad de Gonzalo Molina González”.
Resaltó que le quedan tres causas por resolver y por el mismo delito, pero considera que como va en la misma línea que la que le dictaron auto de libertad, debería de recobrar su libertad.
“No pueden detenerme más, con esto demuestro que no hay delito que perseguir”, señaló.

Samuel Ramírez Gálvez

El policía comunitario preso Samuel Ramírez de 22 años, vestido con una bermuda guinda, playera gris y sandalias de plástico salió al locutorio para aclarar que sí le dieron sentencia de 4 años 100 días, y que se podía conmutar la sentencia, saldría pero siendo culpable.
Añadió que su familia y él decidieron apelar para salir absuelto de lo que lo inculpan.
Molina González indicó que es importante pelear por demostrar que no hay delito que perseguir, porque estaba en cumplimiento de su deber como integrante de la CRAC cuando fue detenido.
El promotor manifestó a la Coordinadora y al pueblo en general que cada integrante de este sistema de justicia tiene el deber y la obligación de defender la Ley 701, y que eso hacen estando presos.
Recalcó que están defendiendo su institución aguantando presos, que no es un capricho, “a nadie le gusta la cárcel, pedimos respeto a la institución”.
Molina González remarcó que el deber de los coordinadores de la CRAC es defenderla, denunciar las injusticias que se están cometiendo por mantenerlos presos y exigir al gobierno su libertad inmediata.
Indicó que nunca violaron el reglamento de la organización, y que si es así que se les castigue.
Contó que el Comité Nacional de los Presos Políticos en el País está buscando una reunión con autoridades federales, para que en un diálogo donde estén familiares de ambos presos, la organización y las autoridades expongan su caso y demandar su libertad inmediata.

Vecinos de la comunidad Petacalco retuvieron este viernes a un hombre quien junto con una mujer entraron al jardín de niños Cleotilde Guillén e intentaron llevarse a la sobrina del comisario municipal, Patricio Covarrubias García, quien confirmó el hecho y dijo que la mujer alcanzó a huir del lugar.
Vía telefónica el comisario municipal dijo que el hecho ocurrió antes del mediodía cuando la pareja se metió al jardín de niños y la mujer empezó a darle dulces a los alumnos, luego preguntaron específicamente por su sobrina y dijeron que él había mandado por ella y que se la iban a llevar, pero las maestras se negaron y pidieron ayuda ya que nunca habían visto a esas personas en la comunidad.
Cuando madres y padres de familia se acercaron la mujer huyó y el hombre fue retenido y se lo llevaron a la celda del módulo de la Policía Municipal que se encuentra en la comisaría municipal, a unos cuantos metros del jardín de niños, después dieron aviso a los uniformados quienes se trasladaron desde la cabecera municipal de La Unión hasta Petacalco para llevarse al individuo a la agencia del Ministerio Público (MP) del fuero común en La Unión.
Don Patricio Covarrubias dijo que él también acudió a interponer la denuncia en contra del hombre detenido “porque no sé qué es lo que querían hacer con mi sobrina, llegaron con toda la información suficiente preguntando por ella y diciendo el sobrenombre por el que me llama la gente más cercana a mí, no sabemos si se iba a tratar de un secuestro o qué iban a hacer con mi sobrina, quiero denunciar y que en la agencia no vayan a dejarlo libre, no puede andar libre gente tan peligrosa como ese individuo”.

El cuerpo de un estudiante de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) fue encontrado ahogado la noche del jueves en la Laguna Virgen en Taxco.
Fuentes de la Secretaría de Protección Civil (PC) estatal informaron que a las 10 de la noche del jueves estaba un cuerpo en esta laguna.
El joven Jorge Antonio de 21 años era vecino de Chilpancingo y estudiante Arquitectura de la UAG en la comunidad de Acamixtla en Taxco.
El estudiante fue reportado desaparecido el miércoles en la laguna y en la búsqueda del joven participaron rescatistas y buzos de la Secretaría de PC y trabajadores de las grutas de Cacahuamilpa y voluntarios.

 

Trabajadores operativos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tomaron la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol durante tres horas para exigir el pago de seis meses de salario devengado más viáticos.
En solidaridad, damnificados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel de 2013 de la comunidad de Papagayo de Juan R Escudero acudieron a reforzar la toma de la caseta.
A las 9 de la mañana unos 50  trabajadores y damnificados tomaron la caseta donde colocaron una lona que decía: “Los trabajadores de Sedatu exigimos el salario de seis meses del sueldo devengado”.
Los manifestantes dieron paso libre a los vehículos y pidieron cooperación voluntaria, dijeron que estarían tres horas para hacer visible su demanda.
En consulta, el trabajador Gabriel Miranda expuso que ya va a acabar el año y que temen que no les paguen pues el 31 de octubre también tomaron la caseta y en esa ocasión acudió el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello siete horas y media después y les dijo que se estaban haciendo las gestiones para que a más tardar el 6 de noviembre les pagaran, pero no fue así.
El adeudo de los salarios y viáticos asciende a 12 millones 700 mil pesos.
A partir del 22 de agosto los trabajadores mantienen tomadas las instalaciones de la dependencia federal, sin embargo tampoco ha sido suficiente para presionar y que les paguen.

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Ámber por la desaparición de una niña de 13 años en Chilapa.
En su portal de Facebook la FGE publicó la alerta número AAGRO-115-2017  de Diana Paulina Rendón Alcaraz quien desapareció el 12 de noviembre en Chilapa y a la fecha no se sabe de su paradero.
La niña viste una blusa floreada, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros, tiene cabello castaño claro, tez morena clara, boca mediana, ojos cafés y cejas pobladas.
La FGE informó que teme por la integridad física de la menor y pidió a la población llamar al número de emergencias 911 para dar información de su paradero.

El 95 por ciento de las 673 escuelas de nivel básico más las de nivel medio y superior en Chilapa y los municipios que conforman la Montaña Baja no regresaron a clases esta semana, informaron representantes sindicales.
Desde el 25 de septiembre a la fecha se cumplieron 54 días (39 hábiles) de la suspensión de labores en escuelas de la región debido al colapso del transporte, hechos incesantes de violencia y amenazas a los maestros.
Este lunes el gobernador encabezó una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) donde no anunció acciones ni fecha del regreso a clases.
Ayer se cumplieron casi dos meses de la suspensión de clases en las escuelas de todos los niveles de la región Montaña Baja, en un primer momento fueron sólo las públicas y luego se sumaron las escuelas privadas.
Según representantes sindicales, después del anuncio del gobernador del lunes no quedó nada claro para la reanudación de labores.
Asimismo autoridades municipales de Chilapa, Zitlala y José Joaquín de Herrera informaron que en las escuelas en estos municipios no se reanudaron labores.
Directivos y representantes sindicales han señalado que reanudarán labores hasta que haya condiciones de seguridad.
Hasta ayer se mantenía la misma situación del pasado lunes 13 cuando esperaron que el gobernador anunciara una fecha para reiniciar labores y una estrategia específica de seguridad para maestros, alumnos y padres de familia.