Para sustituir el Hospital Regional 36, de Puebla, declarado inoperante tras el sismo del 19 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prevé adquirir un complejo hospitalario privado que tiene al menos cinco años abandonado, en obra negra.
Mikel Arriola, director del IMSS, informó ayer que se tiene proyectado como tope máximo un gasto de 21.8 millones de dólares en la compra del inmueble estructuralmente terminado y al que sólo le faltan los acabados.
Ante el cierre del también llamado hospital San Alejandro, Arriola dijo que se tenían como opciones hacer una adquisición o empezar un proyecto nuevo, que tardaría unos dos años.
El IMSS consultó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) el monto que podía ofrecer para que ese inmueble ingrese a su patrimonio.
“La evaluación que hizo el INDAABIN es de 21.8 millones de dólares y el precio de cierre tiene que estar precisamente por debajo de ese tope”, anunció Arriola tras encabezar la ceremonia de reconocimientos a los médicos que destacaron en sus tareas durante los sismos de septiembre.
El inmueble ubicado en Puebla forma parte de un proyecto médico truncado, pues los inversionistas del Hospital CIMA no lograron conseguir el monto de 20 millones de dólares que requerían para concluir la obra.
Sin embargo, al día de hoy, el edificio de 15 mil metros cuadrados se encuentra en condiciones de habitabilidad, además de que posee una superficie territorial adicional de 60 mil metros cuadrados para expansión.
El director del IMSS estimó que en un corto plazo se podrán operar 180 camas para brindar la consulta gineco-obstetra, además de que se prevé la construcción de una segunda torre de especialidades médicas para compensar las 400 camas con las que contaba el hospital San Alejandro.

Tolerar no significa simplemente soportar al otro, sino verdaderamente respetar su dignidad y practicar hacia esa persona la empatía, compartió ayer Sharon Zaga, directora del Museo de Memoria y Tolerancia.
En su ponencia en el Foro Kiik, la también cofundadora del recinto capitalino contó los motivos que la llevaron a abrir este espacio dedicado al estudio de los genocidios en la historia humana.
Lo que define a un genocidio, explicó, no es sólo la masiva pérdida humana, sino también la intención de destruir al otro por una diferencia, algo a lo que cada sociedad está propensa constantemente si se dan las circunstancias necesarias.
“Tenemos que reconocer que todos los seres humanos tenemos esta capacidad destructiva que emerge fácilmente, cuando nos justificamos de lo que nos hizo el otro, cuando nos dejamos llevar por el prejuicio”, señaló.
Los perpetradores del Holocausto, ejemplificó, no fueron sólo los miembros de la cúpula Nazi, sino los miles de abogados que modificaron la constitución para permitir la violencia, y doctores que esterilizaron a personas con discapacidad, personas sin intenciones malvadas que contribuyeron al genocidio.
El museo, compartió su directora, no busca sólo ofrecer un recuento histórico de estos actos de crueldad humana, sino servir como recurso para prevenir que se perpetúen.
El foro, organizado por la iniciativa de empoderamiento femenino Kiik, incluyó también al atleta Luis Álvarez, quien ha completado cientos de triatlones Ironman y escalado los picos más altos de cada continente.
El deportista dijo a los asistentes que todos tenían la capacidad de realizar su propio Ironman, quizá no la maratónica prueba de natación, ciclismo y atletismo, sino una meta equivalente a la que hay que aferrarse.
“Si no te esfuerzas al máximo, ¿cómo vas a saber dónde están tus límites?”, dijo.

El papa Francisco dijo ayer que le parecía feo y que le causaba tristeza ver a los fieles, e incluso a los propios obispos que durante las misas hacen fotografías con sus teléfonos celulares.
Así improvisó Jorge Bergoglio mientras leía su catequesis en la audiencia general celebrada como cada miércoles en la Plaza de San Pedro y que estaba dedicada a la Eucaristía.
“¡Qué feo! y qué tristeza me da cuando celebro (misa) en la plaza y en la basílica y veo tanto móviles levantados. Y no son sólo los fieles sino también los curas y los obispos. Por favor, la misa no es un espectáculo”, clamó Francisco.
“En un momento de la misa el sacerdote dice en alto nuestros corazones. No dice en alto nuestros celulares para hacer una foto”, lamentó.
El papa Francisco pidió a los fieles que dejen de tomar fotos en las misas y que “vuelvan a lo esencial”.
El uso de teléfonos celulares se ha convertido en una práctica común entre los fieles, que buscan guardar recuerdos cuando visitan la basilica, pero esto le resta solemnidad y seriedad a la misa, lo que contrarió hoy al líder religioso.
El pontífice argentino comenzó hoy un nuevo ciclo de catequesis dedicadas a la celebración eucarística e invitó a” conocer mejor este gran don que Dios nos ha dado con la Eucaristía, en la que Cristo se hace presente para que participemos de su pasión y muerte redentora”.

La procuración de justicia es una de las funciones más esenciales del Estado, pues en ella reside la armonía social, la estabilidad pública, la gobernabilidad, la protección a los derechos humanos, el Estado social y democrático de derecho. Para evitar la anarquía, que cada quien se haga justicia por su propia mano, la injusticia, los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, el Estado moderno ha creado las instituciones que procuren hacer justicia al pueblo.
1.- En México vivimos una crisis profunda en el sistema de procuración de justicia. Esto se refleja con el estudio académico muy reciente que hicieron el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Centro Nacional de Ciencias Penales, los cuales entre otras conclusiones señalan que se debe transformar a fondo el sistema de procuración de justicia en México y llevar a cabo un conjunto de reformas estructurales como un Código Penal Único, reformas al Código de Procedimientos Penales, reformas a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrar a todas las instituciones de procuración y administración de justicia al Sistema Nacional de Seguridad y establecer sus responsabilidades, crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación.
2.- A esto hay que agregar que no han sido designados y ratificados los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción. En el caso de la PGR el reciente titular designado por Peña Nieto, Raúl Cervantes Andrade quien fue coordinador jurídico en su campaña presidencial en el 2012, renunció en forma irresponsable toda vez que dejó en la agenda asuntos muy relevantes como el de las denuncias de corrupción de funcionarios del actual gobierno federal en Pemex, por lo que quedó como procurador interino el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales Alberto Elías Beltrán, pero no se ha hecho la propuesta por parte de Peña Nieto para que pase por la aprobación de los senadores, por lo que esto mantiene en una situación de incertidumbre en la titularidad y funcionamiento de la PGR.
3.- En el caso de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), hace unas semanas el procurador general de la República interino en forma indebida destituyó de su cargo al fiscal en funciones, lo cual generó un conflicto en la Cámara de Senadores, debido a que no hubo un informe que fundara y justificara su decisión, y los senadores afines a Peña Nieto hicieron maniobras legislativas para impedir que comparecieran ante el pleno el procurador interino y el fiscal removido para que expusieran sus argumentos respecto de la destitución y de esa manera tener elementos para confirmarla o revocarla que era lo mas adecuado. La causa verdadera de la destitución del fiscal de delitos electorales es que realizaba investigaciones sobre el financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Peña Nieto y que quiere tener un fiscal subordinado que lo proteja.
4.- En cuanto al fiscal anticorrupción, a pesar de que los senadores se obligaron a elegirlo a más tardar en julio de este año no cumplieron, de tal manera que el sistema nacional anticorrupción está inconcluso, sin fiscal y sin magistrados, lo cual indica el poco interés que tiene Peña Nieto para que se cumplimente este sistema toda vez que ha buscado que este fiscal sea un incondicional que le cuide las espaldas cuando termine su mandato, sin embargo, los estándares internacionales establecen que los fiscales anticorrupción sean totalmente independientes y autónomos de los poderes públicos. Así, sin procurador general de justicia, sin los fiscales contra delitos electorales y anticorrupción va concluyendo el gobierno de Peña Nieto en medio de un ambiente de impunidad, de inseguridad y de un vacío de las instituciones de procuración de justicia en nuestro país.

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Una de dos, el peñanietismo ha optado por una ruta kamikaze o considera que le tiene tan bien tomada la medida a la sociedad mexicana y al sistema internacional, que apuesta a ganar la próxima elección presidencial a pesar del descrédito que le ha traído el no cambiar un ápice los malos usos y costumbres del viejo PRI. Hoy el 83% de los ciudadanos mexicanos están poco o nada satisfechos con la naturaleza de la actual “democracia mexicana” (Latinobarómetro, 2017) y en el contexto externo se sabe bien de las perniciosas prácticas gubernamentales mexicanas. Transparencia Internacional, en su encuesta de 2016 le asigna a México un puntaje de apenas 30/100 en materia de corrupción y el lugar 123 entre 176 países investigados, (www.transparency.org/country/MEX). En fin, que tanto dentro como afuera, hay clara consciencia de las serias fallas de México como sistema político.
Un observador imparcial aconsejaría a los responsables de la estructura de poder mexicana seguir el consejo de Tancredi, ese personaje de la Italia garibaldina tan ambicioso como oportunista que aparece en la novela El gatopardo, de Guiseppi Tomasi de Lampedusa, y que afirma ante el príncipe de Salina: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. El no cambiar y persistir en el modus operandi tradicional del Grupo Atlacomulco, equivale, para el PRI y quienes le apoyan o toleran, a asumir una conducta tipo kamikaze, a lanzarse, cargados de ilegitimidad, contra su propia línea de flotación, contra lo que queda de lo que alguna vez fue el sistema autoritario más exitoso del siglo pasado.
Ahora bien, es difícil suponer que quienes hoy tienen el poder son suicidas o no saben lo que hacen, entonces ¿por qué persisten en una actitud de ostentosa corrupción y de abierto desdén por el “Estado de derecho” y que ha llevado a que las cuatro quintas partes de los ciudadanos les rechacen? Adelantemos, como hipótesis, que quienes hoy dirigen el aparato de gobierno saben lo que hacen y confían en su capacidad de manipular las elecciones por venir. Suponen que su control sobre el erario, sobre los organismos encargados de organizar y vigilar las elecciones –INE, TEPJF, FEPADE, OPLES–, sobre lo mucho que aún queda de la maquinaria clientelar –SNTE, STPRM y organizaciones similares–, sobre medios de comunicación, sobre los grandes poderes fácticos –legales e ilegales– y sobre el sector de partidos manipulables, les va a permitir sobreponerse al rechazo de la mayoría de los posibles votantes. Su apuesta, en fin, es confiar en su capacidad para hacer que los resultados oficiales les sean favorables y logren ya no la credibilidad pero sí el control de la estructura institucional, como ocurrió en el Estado de México.
El repudio al PRI no es algo hipotético, es lo que las encuestas revelan: en octubre ese fue el partido que mayor rechazo despertó entre la ciudadanía (Consulta Mitofsky, 10/17). Si al inicio del sexenio el gobierno imaginó que su legado serían las llamadas “reformas estructurales”, a estas alturas saben que lo más probable es que se le recuerde por su corrupción e ineficiencia. Las razones son claras y una lista parcial de los agravios más resientes y que muchos pudieran recordar frente a la urna en 2018, puede ser, entre otras, esta.
El daño hecho por ex gobernadores priistas recientes ya es histórico. Destacan Javier Duarte de Veracruz, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández de Tamaulipas, César Duarte de Chihuahua y Roberto Borge de Quintana Roo, entre otros. El posible perjuicio causado por los 22 gobernadores priístas en este sexenio, lo calcula la Auditoría Superior de la Federación en alrededor de ¡259 mil millones de pesos! (sinembargo, 22/04/17). Un subordinado del presidente en la Secretaría de la Función Pública no encontró ninguna anomalía en la relación puesta al descubierto por el equipo de periodistas de investigación de Carmen Aristegui, en torno al financiamiento de la empresa contratista HIGA de la Casa Blanca en la Ciudad de México y la de Malinalco, propiedades de la familia presidencial y de Luis Videgaray respectivamente. En contraste, la periodista y su equipo perdieron su espacio noticioso. Algo similar sucedió con la acusación hecha en tribunales de Estados Unidos y Brasil sobre el soborno de 10.3 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de Pemex en 2012 para conseguir varios contratos: el único que perdió el puesto fue el fiscal que investigaba la trama.
Por la PGR han pasado tres procuradores y ninguno pudo explicar, y menos resolver, el asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes en la “noche de Iguala” del 26 y 27 de septiembre de 2014. Y es que detrás de esa noche de terror está el enorme problema del crimen organizado y su irrefrenable violencia: más de cien mil ejecuciones en lo que va del sexenio (Semanario Zeta, 03/09/17). Una carnicería en ascenso, entre otras cosas, por la debilidad de las policías y de la política de descabezar a las organizaciones criminales, sabiendo que eso no acaba con los negocios ilícitos, pero que invariablemente incrementa las luchas internas (The New York Times, 04/08/17).
En suma, si la apuesta del gobierno es ganar el 2018 al estilo Estado de México, vencería, pero no convencería.

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Un día sí y otro también llueve en la milpita del gobierno federal. Ayer se revela que Los Zetas (¡huy, que novedad!) sobornan funcionarios, al siguiente nos enteramos de que numerosos mexicanos –todo ellos ricos–tienen cuentas en paraísos fiscales para evadir impuestos –sólo Carlos Slim ha salido a aclarar lo que le corresponde–, luego se revela que a damnificados de los sismos en el sur del país les vaciaron sus tarjetas Bansefi mediante las cuales recibieron 15 mil pesos para reconstruir sus casas.
Y cuando estamos sin procurador general de la República ni fiscal en puesto similar, aparecen informaciones en las que la PGR queda mal parada, pues no investiga o investiga muy poco, y cuando investiga cesan a los que andan haciendo indagaciones, como le ocurrió al fiscal especial para Delitos Electorales, que no se caracterizaba por su diligencia, pero que al convertirse en un riesgo para el establishment simplemente lo bajaron del caballo.
Cinco años después de las elecciones de 2012 ¡por fin! se multó a la entidad financiera que aportó las tarjetas con las que el PRI compró votos en ese año. Por supuesto, la sentencia ya no modifica los resultados y los guardianes del orden aplauden con entusiasmo.
Antes, en diversos países de Latinoamérica se persigue a la empresa Odebrecht y altos funcionarios de esa firma brasileña dicen haber entregado sobornos a muy altos funcionarios mexicanos. El nombre de Emilio Lozoya aparece en las denuncias y hasta se dijo que su expediente ya estaba en la Fepade, pero despidieron al fiscal de esa dependencia y ahora, para cerrar el círculo, el juez primero de distrito en materia de amparo suspende de manera indefinida cualquier solicitud de aprehensión contra el citado señor Lozoya, que fuera director de Pemex.
Y a propósito de Pemex, sigue al alza el saqueo de los ductos de combustible por bandas de huachicoleros, pese a que algunos grupos han sido arrestados y confiscados los vehículos en que transportaban los derivados del petróleo. Pero si la extracción de los ductos continúa e incluso aumenta, es lógico suponer que buena parte de la gasolina que consumen los automovilistas es robada y que están involucrados en tan ilegal negocio concesionarios de gasolineras, dueños de pipas y funcionarios de Pemex.
En las cárceles son cada vez más frecuentes los motines, pues los reclusos no sólo tienen que soportar malos tratos de los celadores, sino que están sometidos a toda clase de exacciones y abusos por parte de los núcleos dominantes de los mismos presos, con la tolerancia y probablemente la complicidad de las autoridades penitenciarias.
Al respecto, Documenta, una organización no gubernamental, informa que en los últimos ocho meses suman más de mil los incidentes violentos en las prisiones del país, y señalan que una de las causas es la sobrepoblación, que bajo el “autogobierno” que rige en las cárceles, debe ser lo que genera explotación, cobro de cuotas, tráfico de estupefacientes, violaciones, riñas y asesinatos y su contraparte, enriquecimiento ilícito de los administradores, privilegios y un desorden que no puede controlar la Secretaría de Gobernación.
La reforma educativa acabó –porque fracasó y no hay manera de revivirla– y sigue el desastre en la formación de niños y jóvenes, mientras que la política de restringir el gasto público deja a varias universidades en la insolvencia, en tanto que se permite a las instituciones privadas de enseñanza hacer negocios a costa de la vida de sus profesores y educandos, como ocurrió en el Tecnológico de Monterrey plantel Coapa.
De la seguridad mejor ni hablar. A plena luz del día rompen a martillazos los aparadores de una joyería de Santa Fe en un centro comercial supervigilado. Sigue mientras tanto la danza de la muerte iniciada irresponsablemente por Felipe Calderón y continuada con entusiasmo en el presente sexenio, lo que sin embargo no es capaz de contener la ola delictiva.
En política exterior la Cancillería está convertida en escupidera de Trump y el señor secretario de Relaciones Exteriores se comporta como fiel servidor de los actuales intereses de Washington y se mete en política interior de Venezuela, expulsa al embajador norcoreano e interviene en el conflicto catalán a favor de la ultraderecha española.
Y entre mil cosas más se puede agregar que dos terceras partes de los mexicanos viven en la pobreza, con salarios de hambre. ¿Esa es una buena forma de gobernar?

Cualquiera que observó el evento del martes pasado en Los Pinos, pudo notar los rostros fruncidos de los presentes. Ni una sonrisa de protocolo se le escapó al presidente Enrique Peña Nieto o a su gabinete que lo acompañó a un evento con empresarios, igualmente serios, que fueron a contarle lo que habían hecho por los miles de mexicanos que en el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas, se quedaron sin nada. Los empresarios, que dijeron haber tenido pérdidas por 10 mil millones de pesos en esa región, la más pobre del país, dieron apoyos por cuatro mil millones. El presidente no se contuvo. Agradeció lo aportado, pero dijo que más apoyos serían bien recibidos. Nadie dijo nada. La tarea de reconstrucción, para la mayoría de quienes asistieron a ese acto, está en marcha. En Oaxaca quizás los oyeron, pero saben que la realidad que viven no es la misma de la Ciudad de México. Allá, la crisis es profunda y sin fin.
El sismo de hace dos meses fue de 8.2 grados, y desde entonces ha tenido unas 10 mil réplicas de 4 a poco más de 5 grados de intensidad. La parte más afectada es el Istmo de Tehuantepec, donde vive aproximadamente el 30% de los casi cuatro millones de habitantes de Oaxaca, en donde impactó en tres naciones indígenas, los zapotecas, los huaves, y los mixes. En esas zonas, el sismo los mantiene en vilo. En Guevea de Humboldt, en la Mixe baja, el piso cruje. No se mueve, pero hace ruido constante, por lo cual no quieren empezar a reconstruir sus viviendas. En la montaña hay una fractura que parece un deslave, por donde se está desgranando permanentemente la ladera. En la parte de arriba, el sismo abrió una grieta a cuyo alrededor surgieron borbotones de agua caliente. ¿Qué está sucediendo ahí? Nadie lo sabe. Los lugareños juran que está naciendo un volcán. Lo que sí se sabe es que el miedo sigue apretándoles el alma.
En Juchitán, en la zona costera, la comunidad más cerca del epicentro, la tierra zumba, como aviso de un nuevo sismo. Esta ciudad, devastada en el centro, es la más atendida de todas en Oaxaca, pero está lejos de ser la más necesitada. Por ejemplo en Santiago Astata, en la zona mareña, dos meses después del sismo, siguen los ríos de mierda por los derrames de aguas negras causados por el colapso de los malos drenajes. En San Mateo del Mar, la sacudida hizo que el agua saliera de los pozos, que se llenaron de tierra o se azolvaron. Los que no, tienen sal. Los pobladores empiezan a sufrir de necrosis en los pies por las enfermedades bacterianas ante la falta total de capacidad para potabilizar el agua. Ahí mismo, el mar se retiró de la costa 30 metros y aún no regresa. Los peces, tampoco.
Los daños son tan cuantiosos en algunas zonas, como invisibles en las mediciones oficiales. Según el censo gubernamental, hay 60 mil viviendas afectadas –en cada una de ellas viven un promedio de ocho personas–, pero de acuerdo con quienes conocen la zona, la estimación se dio sobre aquellas propiedades que estaban construidas con materiales sólidos. En la zona ribereña abundan las casas de morillo –que son pequeñas vigas de madera– y palma, muy ligeras, que no se cayeron. Quedaron enterradas. Hoy apenas se puede apreciar al ras del suelo la parte superior de los morillos. ¿Qué tipo de fuerza fue la que los hundió? El misterio sólo se explica por la violencia del sismo, que hizo desaparecer esas viviendas que, por lo mismo, no fueron contabilizadas en el censo.
Las postales de la tragedia no permiten entender la magnitud de lo que se vivió y se sigue sufriendo en la zona del Istmo de Tehuantepec, donde la sicosis probablemente ha tenido un impacto mayor en las niñas y los niños, los adultos de la tercera edad y los discapacitados, que en esa región se encuentra la mayoría de los que habitan en el estado. El gobierno federal se metió de lleno a la tarea de reconstrucción, que sin embargo parece haberlos rebasado en sus cálculos iniciales. En esa zona la gente mantiene una enorme desconfianza frente a las autoridades, pero por la incertidumbre sobre hasta dónde van a llegar, cuánto más van a estar y en qué momento los volverán a abandonar. La desgracia es continua. Las capacidades productivas no han podido ser reinstaladas y dependen completamente del gobierno federal y el estatal.
Los desastres no son naturales, dijo hace unas semanas en una entrevista de prensa Robert Glasser, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Según Glasser, los desastres ocurren cuando el fenómeno natural se combina con la gente y su vulnerabilidad. Siguiendo su racional, el sismo del 7 de septiembre fue un incidente en el Istmo de Tehuantepec. Lo que ocurre ahora es un desastre, cuyo reflejo fue el acto del martes en Los Pinos. El evento de caras largas fue de números, como si el mero enfoque cuantitativo fuera la solución. Cuánto aportaron, cómo lo dieron y a quién lo entregaron. Quién da más. Qué bolsillo es el más solidario. Dar así, no basta y es un insulto ante las comunidades devastadas en el Istmo, donde la realidad retumba todos los días bajo sus pies, literalmente, y no, precisamente, por la retórica oxidada de todos los días en la Ciudad de México.

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Estados Unidos anunció ayer que aplicará desde este jueves las medidas del presidente Donald Trump para congelar la normalización con Cuba, que incluyen prohibir las transacciones con ciertas entidades gubernamentales de la isla, entre ellas muchos hoteles, y limitaciones de viaje para los estadunidenses.
Los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio publicaron las nuevas normas, que entrarán en vigor este 9 de noviembre tras su publicación en el Registro Federal para dar cumplimiento al memorando en el que Trump fijó en junio pasado su política hacia Cuba, que paraliza la apertura sin suspender las relaciones diplomáticas.
Estas regulaciones se emiten “en cumplimiento de la ley estadunidense”, incluido el embargo económico a la isla y la prohibición del turismo, y buscan “una mayor libertad política y económica para el pueblo cubano”, explicó bajo anonimato en una conferencia telefónica un alto funcionario de la Casa Blanca.
Cualquier avance en la relación bilateral “dependerá enteramente de la voluntad del gobierno” del presidente Raúl Castro de mejorar las vidas de los cubanos, advirtió el funcionario al acusar al ex presidente Barack Obama de “ignorar” los abusos contra los derechos humanos cometidos en la isla.
Como ya adelantó Trump en un discurso en junio en Miami en el que anunció los cambios en la política hacia la isla, a partir de ahora estarán prohibidas, excepto para los cruceros y aerolíneas estadunidenses, las transacciones con entidades controladas por los servicios militares, de inteligencia y de seguridad de Cuba.
La lista de esas 180 entidades, publicada por el Departamento de Estado, incluye al conglomerado empresarial del ejército, el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), del que se calcula que controla alrededor de dos tercios del comercio minorista de la isla, y al grupo de turismo Gaviota.
Decenas de hoteles y tiendas en La Habana y otros enclaves turísticos como Varadero están también en la lista, al igual que la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), proyecto estrella de Cuba para captar inversiones que consta de un puerto mercante, terminal de contenedores y un gran centro empresarial con ventajas fiscales.
Para evitar un “impacto negativo” en las empresas estadunidenses, podrán seguir adelante los contratos cerrados antes de la publicación de estas nuevas normas, como el reciente de la puertorriqueña Rimco, distribuidora oficial de Caterpillar en el Caribe, para instalarse en la ZEDM.

Cuba ve un retroceso en las relaciones bilateral

Por su parte, el gobierno cubano consideró ayer que las medidas del gobierno estadunidense que entran en vigor este jueves para dificultar los viajes y negocios con Cuba confirman “un serio retroceso en las relaciones bilaterales”, recrudecen el “bloqueo” a la isla y en algunos casos tienen un propósito subversivo.
La directora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, advirtió en declaraciones a la prensa extranjera que las nuevas regulaciones no solo van a dañar la economía del país, sino también “al pueblo cubano” y los intereses del empresariado estadunidense.
“¿Ha funcionado en 55 años? Es el viejo discurso, ‘sancionamos a Cuba, presionamos a su gobierno para provocar cambios’. No funciona, no ha funcionado nunca”, aseveró la alta funcionaria.

Dimite una ministra y agrava turbulencias en gobierno británico

Las turbulencias que atraviesa el gobierno británico en las últimas semanas se agravaron ayer con la dimisión de la ministra de Cooperación Internacional, Priti Patel, tras conocerse que se reunió en secreto con altos cargos del gobierno de Israel.
Patel es el segundo miembro del gabinete de la primera ministra, Theresa May, que deja su cartera en una semana, después de que el titular de Defensa, Michael Fallon, salió del Ejecutivo el pasado miércoles envuelto en acusaciones de acoso sexual.
La hasta ahora responsable de Cooperación Internacional llegó a entrevistarse sin autorización con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y rompió los protocolos gubernamentales al visitar territorios ocupados en los Altos del Golán, cuyo control por parte de Israel no reconoce el Reino Unido, según han revelado medios británicos.

La CE fija límites más estrictos para el CO2 de los automóviles

La Comisión Europea (CE) presentó ayer un una propuesta legislativa para establecer límites más estrictos a las emisiones contaminantes de los vehículos, con la que también aspira a convertir a la Unión Europea en el referente mundial en vehículos eléctricos, frente a la pujanza de Estados Unidos y China.
“El coche se inventó en Europa y creo que también debería reinventarse aquí”, declaró el vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic, durante la presentación de la iniciativa, coincidiendo con la celebración de la cumbre climática COP23 en Bonn (Alemania).
El plan de la Comisión Europea, que deberá negociarse ahora con el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, que representa a los países, fija varios ejes de acción para contribuir, desde el transporte, al objetivo de cumplir el compromiso adoptado por la UE en el Acuerdo Climático de París de reducir sus emisiones contaminantes en un 40 por ciento para 2030.

Denuncian a Evo Morales por depredación de reserva ecológica

Dos dirigentes indígenas denunciaron al gobierno boliviano de Evo Morales por la depredación de un parque nacional ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza al gobierno, informaron ayer organizaciones ecológicas de Bolivia.
El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fabián Gil, encabezó la delegación de indígenas que viajó a la ciudad alemana de Bonn para “dar testimonio de las vulneraciones y violaciones que se dan en contra de su territorio”, según reporte del diario Página Siete, de La Paz.
Morales promulgó el 13 de agosto del año pasado la Ley 979 que permite la construcción de carreteras y otras obras en la reserva ecológica del Tipnis que está en la jurisdicción de los departamentos de Beni y Cochabamba, centro de Bolivia.

Once muertos, 34 heridos y una cantidad no precisada de desaparecidos dejó una avalancha de lodo y piedras en el municipio de Corinto, en el suroeste de Colombia, a consecuencia de las torrenciales lluvias que afectan al país, informaron ayer fuentes oficiales.
La tragedia ocurrió el martes en la noche a raíz del desbordamiento del río La Paila por el aumento de las lluvias.
Una avalancha de lodo y piedras afectó sectores rurales de Corinto y después la zona urbana de ese municipio del departamento de Cauca, a unos 300 kilómetros al suroeste de Bogotá.
El gobernador de Cauca, Óscar Campo, había dicho previamente que son buscadas 18 personas declaradas como desaparecidas, aunque la cifra no fue confirmada por las brigadas de socorro. Según el gobernador, 37 casas fueron destruidas y aún no hay una cifra sobre las viviendas dañadas en Corinto, que tiene unos 30 mil habitantes.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, viajó a Corinto para reunirse con las autoridades locales y los organismos encargados de las tareas de rescate y de ayuda a los damnificados.

Dos diputados abandonan la
alianza opositora venezolana MUD

Los diputados electos a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) José Gregorio Aparicio Figueroa y Romel Guzamana anunciaron ayer su salida de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) después de lo que llamaron “el desastre” del 15 de octubre, en relación a los recientes comicios regionales.
Según los legisladores, la MUD debe reorganizarse y emprender un “proceso de reingeniería” tras lo ocurrido en esos comicios, donde el chavismo gobernante se impuso en 18 de los 23 estados entre denuncias de fraude e irregularidades por parte de la oposición.
Los diputados se incorporan al “movimiento político Prociudadanos”, una formación a la que definieron como “oposición con una visión dentro de la oposición venezolana”.
Por su parte, El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer que el próximo año en su país se celebrarán elecciones presidenciales, como establece la Constitución, al vencerse el período para el que fue electo inicialmente Hugo Chávez en octubre de 2012, cinco meses antes de su fallecimiento.
Por otro lado, Rusia ha llegado a un acuerdo con Venezuela para reestructurar la deuda del país latinoamericano, que asciende a casi 3 mil millones de dólares, anunció ayer Antón Siluánov, el ministro ruso de Finanzas.