El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, evadió responder a la advertencia que hicieron liderazgos nacionales del PRD como Pablo Gómez, y el senador ex perredista Alejandro Encinas, ahora integrado a Morena, sobre la estrategia del PRI para fragmentar a la izquierda, y de la que sería parte la alianza que promueven el PAN-PRD-MC.
Sin abundar, declaró que cada quien está haciendo su trabajo y aclaró que la alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano va más allá de las ideologías, pues los unen los problemas de corrupción, inseguridad y el esquema de seguridad que pretende legalizar la actividades de seguridad pública del Ejército en las calles.
Este domingo, durante un foro organizado en Chilpancingo por el Grupo Pro Amlo, se advirtió sobre el plan del PRI para fragmentar a la izquierda y retener el poder en las elecciones del 2018.
Sobre el tema, el presidente de MC, Luis Walton Aburto, ratificó que el Frente avanza para las elecciones de 2018, pero no implica quedarse callados ante sus diferencias.
Los dirigentes fueron consultados en el primero de siete foros programáticos regionales que organizaron los tres partidos para reunir propuestas que incluirían a la plataforma para su alianza en la entidad.
En el receso, Cesáreo Guzmán recordó que “en el pasado impulsamos la unidad que no se dio porque Morena no quiso, y la única posibilidad (ahora) es que se concrete el Frente Ciudadano por México y en su versión Guerrero”.
Consideró un error que sus opositores señalen que el problema de la alianza entre partidos es ideológico: “el tema no es ideológico, el tema es por las coincidencias en los problemas más sentidos y que más lastiman a los guerrerenses y a los mexicanos, ¿qué nos une?, la cada vez más peligrosa violencia, la inseguridad, la corrupción galopante en todos los niveles de Guerrero, la impunidad, el desempleo, y un esquema de seguridad nacional que incluye utilizar el Ejército parte temas de seguridad, creo que eso debe cambiar. No es de derecha, no es de izquierda, es la gente”.
En este sentido se refirió a los hechos de violencia en la Montaña baja y en Guerrero, y a la necesidad de “un viraje en el tema de la seguridad, porque en Guerrero lo vivimos todos los días, pasa todo y no pasa nada”.
En cuanto a los perredistas locales que expresan apoyo al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, respondió que “cada quien es libre, si deciden no trabajar en el PRD no hay problema”.
Adelantó que el Consejo de su partido se reunirá el sábado para aprobar el método de la designación de candidatos y candidatas, para la renovación, reestructuración y depuración de la dirigencia, “porque se necesita gente con más experiencia en las campañas políticas”. Reconoció que “se viene proceso electoral difícil, y el comité debe estar al cien”.
Por otro lado, Walton Aburto, confirmó que los partidos en este Frente tiene diferencias, incluso ideológicas, y no significa que no puedan llegar a acuerdos ni señalar sus diferencias.
Confió en que el Frente Ciudadano avanza en buenos términos, y en menos de un mes habrá avances importantes.

La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Magdalena Camacho Díaz, quien fue secretaria general del Ayuntamiento de Acapulco en la administración de Luis Walton Aburto, reiteró que la documentación de la certificación de los policías municipales fue entregada al actual gobierno, y que la insistencia en negarlo del actual secretario general, Daniel Meza Loeza, “evidencia la manera en que el gobierno de Evodio Velázquez distorsiona la información de ese proceso”.
Señaló: “Insisten en sostener su mentira, aún a costa de exhibir su desconocimiento de la ley. Decir que no encontraran documentación que acredite la certificación o no de policías, es una muestra de que se intenta gobernar en esta administración con una total ignorancia e inobservancia de la ley”. Mediante un boletín, Camacho Díaz reiteró que la documentación de certificación de los policías fue entregada a la administración de Evodio Velázquez.
Precisó que además de “conformidad con el artículo 55 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, el registro del personal que haga funciones de policías, incluye el resultado de su evaluación y certificación, teniendo la obligación de consultarse. Pero además, esta misma normatividad le impone a los municipios la obligación de inscribir y mantener actualizados los datos de los elementos que integran las instituciones policiales.
Camacho Díaz insistió en que la actual administración debe informar qué paso con los 720 policías que hasta 2016 no habían aprobado los exámenes de control y confianza, pues esa es una “obligación que tiene Evodio Velázquez con quienes vivimos en este municipio, y para hacerlo no debe esperar hasta que se le solicite por escrito. La inseguridad que se vive en Acapulco lo obliga, pues sería muy grave que irresponsablemente los mantenga en activo (a los policías que no pasaron la certificación) en las calles, pasando por alto la Ley General de Seguridad Pública que se lo prohíbe”.
Añadió la actual diputada local que las quejas de los ciudadanos por extorsión de policías han ido en aumento y eso debiera moverlo (al alcalde) a tomar decisiones efectivas que muestren su intención de garantizar la seguridad y hacer un buen gobierno. “Se equivoca cuando habla de gobernabilidad, porque no la hay si este gobierno no se desempeña con eficiencia y respeto social, pues no atiende la demanda ciudadana”.
Sobre el tema de la nómina, donde Meza Loeza, señaló que hay poco incremento y es debido a la creación de nuevas áreas, Camacho Díaz precisó que entonces diga por qué razón se incrementó la lista de raya, pues de una lista de 7 millones de pesos que le dejó la administración anterior, ahora es de más de 17 millones. También debe informar el número de bases que ha otorgado y el sinnúmero de empleados supernumerarios que ha contratado.

Policías ministeriales uniformados y armados colocaron sellos “apócrifos” en el edificio de la Unión Regional de Productores de Copra, conocido como La Coprera, que actualmente ocupa el Frente Progresista Guerrerense. Los agentes no presentaron ningún documento y pidieron a los ocupantes que desalojaran el inmueble.
El edificio estuvo asegurado ilegalmente durante nueve horas, desde las 10:30 de la mañana hasta las 7:20 de la noche.
Los agentes ministeriales sólo entregaron una copia de la escritura 120 mil 827 de la notaria pública número 2 Rosina Rojas Carrasco de Acapulco, en la que se expone que el administrador único de la “Unión Mercantil de Productores de Coco y sus derivados sociedad anónima de capital variable Cuauhtémoc Ursúa Ballanis”, vendió el inmueble a Esteban Arturo Fonseca Soto.
Vía telefónica el administrador del edificio, Jorge Salas, recordó que desde hace 13 años un juez federal le entregó a él la administración del edificio, fallo que fue ratificado en primera y segunda instancia, por lo que desestimó las escrituras con las que el presunto dueño reclama el inmueble.
Esta es la segunda ocasión en menos de un mes que autoridades responsables de la seguridad pública irrumpen en el edificio de la Unión Regional de Productores de Copra, conocido como La Coprera, ubicado en avenida Ejido y Calle 6, frente a la terminal de autobuses. La primera ocasión en este año fue el 12 de octubre.
En el edificio se encuentra la oficina del Frente Progresista Guerrerense, que es un colectivo que apoya la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, así como diversos comercios.
El 12 de octubre un grupo de soldados del Ejército irrumpió en las oficinas del Frente, amenazaron con sus armas a las personas que estaban en el lugar y rompieron candados, cerraron puertas y desalojaron a los ocupantes.
Ayer, policías ministeriales intentaron desalojar a los ocupantes y colocaron sellos apócrifos.
A las 10:15 de la mañana un grupo de policías ministeriales llegaron a las instalaciones de La Coprera. A los comerciantes que ocupan cinco de los siete locales que están rentados les ordenaron que desalojaran y que sacaran sus cosas.
Los locatarios contaron que los agentes llegaron armados y les pidieron su credencial de elector y les tomaron fotografías y les decían que debían desalojar el inmueble, pero nunca mostraron orden de desalojo o de aseguramiento de la propiedad.
Relataron que colocaron los sellos en dos locales que están vacíos y en dos que están ocupados y rompieron los candados que tenían los locales y colocaron nuevos. Cuando llegaron los reporteros se retiraron pero nunca mostraron documentos.
En el lugar se vio a policías ministeriales vestidos con pantalón negro y playera gris con letras en la espalda que decían “Policía Ministerial”. Algunos llevaban armas fajadas en el cinturón y otros con rifles colgando en la espalda. Uno de los agentes, identificado como Jesús Alejandro Escalante López llevaba una placa de metal con el logotipo de la Fiscalía General del Estado colgada al cuello.
Los policías ministeriales llegaron en tres camionetas blancas, una con logotipos de la Fiscalía General del Estado pero sin número ni placas. Las otras blancas con vidrios oscuros. Los tres vehículos se retiraron después de que llegaron los reporteros.
Mas tarde llegó al lugar el fiscal regional Ricardo Quevedo Astudillo quien les dijo que los sellos eran apócrifos.
Los integrantes del Frente Progresista Guerrerense presentaron una denuncia por allanamiento en el Ministerio Público de Mozimba. Actualmente hay una denuncia en el Ministerio Publico de Barrios Históricos contra los ocupantes del inmueble.
También ayer se le dio entrada al amparo que el abogado Guadalupe Bollás promovió a mediados de octubre por la irrupción del Ejército.
A medio día, Eloy Cisneros consideró que la segunda irrupción de autoridades de seguridad pública es un hostigamiento hacia el Frente Progresista Guerrerense. “Es una maniobra de tipo político porque aquí ha estado funcionando desde hace más de cinco años y buscan intimidar, hostigarnos con la finalidad de que dejemos el local y que la gente no se acerque a nosotros”.
Agregó que esas acciones fortalecen al Frente porque se trata de acciones de intimidación desde el poder

Un acto de corrupción: Olea

Por la tarde, en la reunión el fiscal Javier Olea Peláez reconoció que la irrupción de los agentes en el inmueble fue un acto de “corrupción” porque no hubo una orden de aseguramiento ni de desalojo. Les dijo que los sellos que se colocaron en el edificio no contaban con número de carpeta ni de averiguación.
En una breve reunión en una oficina del centro de negocios Costera 125, a la que asistieron una docena de integrantes del Frente Progresista Guerrerense, el fiscal ordenó que se retirarán los sellos y les pidió ampliar la denuncia que presentaron en el Ministerio Público de Mozimba.
En la reunión se informó que se procederá contra los agentes que participaron en la operación.
La reunión se llevó a cabo en privado. Asistieron el abogado Guadalupe Bollas, Eloy Cisneros, Norberto Refugio Chamú, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Juan Carlos Manrique García, y el aspirante a la coordinación de organización del distrito 07 de Acapulco, Moisés Reyes Sandoval.

Retiran sellos por la tarde

A las siete de la noche, el coordinador de la Policía Ministerial Esteban Maldonado y el fiscal Regional Ricardo Quevedo Astudillo acudieron al edificio de La Coprera para retirar los candados y los sellos apócrifos que ilegalmente colocaron policías ministeriales por la mañana.
A golpes, con un marro un policía ministerial rompió tres candados mientras otro rompía con sus manos los sellos que habían pegado en las puertas de los locales y del edificio. El candado de la puerta principal del edificio no cedió con el marro y para eso se uso una cizalla, con la que rompieron la cadena para permitir que los ocupantes retomaran las instalaciones. Para la operación se pidió a los reporteros que no tomarán fotos.
El retiro de los sellos apócrifos y la quiebra de los candados solo duró unos 20 minutos. Después los agentes de la Policía Ministerial se retiraron y los ocupantes volvieron a tomar posesión del inmueble.

La coordinadora de los Cendis del PT en Guerrero, Francisca Alma Juárez Altamirano, aseguró que el gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió a regularizar la situación de los Cendis de Acapulco, Chilpancingo y Zumpango para entregar las instalaciones a la Asociación Civil que encabeza y comenzarlos a operar.
La también regidora del PT en el Ayuntamiento de Acapulco, reconoció que existen irregularidades en las instalaciones que se construyeron en Acapulco y Chilpancingo en terrenos propiedad del gobierno del estado, mientras que en Zumpango, aseguró que el grupo de educadores que utiliza las instalaciones serán cambiados a sus antiguas instalaciones que ya fueron reconstruidas por el gobierno estatal.
Dijo que solamente se encuentra sin problemas el de Iguala, pero que no ha sido entregado oficialmente porque la intención del gobierno estatal es que serán entregados los cuatro.
Juárez Altamirano informó que hay negociaciones con el gobernador para resolver los contratiempos y además de la entrega de las cuatro instalaciones la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) otorgue los 20 millones de pesos para el mantenimiento y terminar de equipar los edificios.
“Ya tenemos funcionando el de Iguala y también estamos ocupando una parte de las instalaciones de Chilpancingo, porque la otra se la prestamos al Cendi del ISSSTE”, explicó.
Explicó que en el caso de Acapulco y Chilpancingo “es algo que tiene que revisar muy bien el Gobierno del estado”. Explicó que ellos están proponiendo que los terrenos sean donados para la operación de los Cendis, o cuando menos que se los entreguen en comodato.
Sin embargo añadió que es el Gobierno el que tendrá que definir qué es lo que procede, “pero el gobernador ya se comprometió a entregarlos y solamente estamos esperando una reunión con él para detallar algunas cosas”.
De hecho informó que esa reunión sería este martes pero que uno de sus compañeros del PT que es el enlace tuvo que salir a la ciudad de México y se canceló el encuentro, “pero yo espero que la próxima semana nos podamos reunir”.
Aseguró que en Guerrero no existe ningún cuestionamiento como el que ocurre en Nuevo León, en donde se acusa a la esposa del dirigente nacional de ese partido, Alberto Anaya, Guadalupe Rodríguez Martíes, por lavado de dinero por 100 millones de pesos en la operación de los Cendis, pero reconoció que eso está afectando en Guerrero porque el Gobierno está revisando detenidamente la documentación para la entrega de las instalaciones.
Informó que los cuatro Cendis se construyeron con 160 millones de pesos que gestionaron los diputados federales del PT, de los cuales se enviaron 140 durante el Gobierno de Rogelio Ortega y 20 cuando aún estaba Ángel Aguirre Rivero.
Informó que con ese recurso se construyeron “y se medio equiparon” el de Iguala y Chilpancingo. Añadió que con los 20 millones que les entregará la SEG se terminarán de equipar para que los comiencen a operar en cuanto les entreguen las cuatro instalaciones.
Informó que en esos Cendis se dará servicio a los hijos de madres trabajadoras que no encuentran en donde dejarlos.
Informó que el proyecto es muy ambicioso y que se está impartiendo con un programa de educación temprana diseñado en Cuba.

Los dirigentes de la Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG), Víctor Aguirre Alcaide, y de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), Silvia Romero Suárez, están a favor de la continuidad de Celestino Cesáreo Guzmán como presidente del partido, mientras que Sebastián de la Rosa Peláez, de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc) dijo que no conoce la propuesta y prefería no emitir opiniones.
Este lunes el diputado local Carlos Reyes Torres, de Alternativa Democrática Guerrerense (ADG,) informó que propondría a cinco grupos del PRD que Cesáreo Guzmán se mantenga en la dirigencia del partido y se renueven las 13 carteras que integran el Comité Ejecutivo Estatal.
El periodo por el que fue electo Celestino Cesáreo concluye el próximo 16 de noviembre y algunos grupos del partido han impulsado la propuesta de que se renueve la dirigencia del partido y se nombre una interina por un año para que después de la elección concurrente de julio del próximo año el PRD convoque a elecciones.
Un acuerdo tomado por las dirigencias de los grupos del PRD el pasado 16 de octubre estableció que este sábado se llevará a cabo una sesión del Consejo Estatal del partido en la que se decidirá sobre la renovación total, parcial o continuidad de la actual dirigencia.
En declaraciones por teléfono la diputada local Silvia Romero Suárez quien es parte de la coordinación estatal del IPG, indicó que está a favor de la continuidad de Celestino Cesáreo Guzmán.
“Desde mi punto de vista y la experiencia política que tengo sería lo más conveniente ahora que están la conformación del Frente (Ciudadano por México) hay avances importantes y viene la selección de candidatos , imagínate a estas altura que se cambie la presidencia”.
Agregó que si Cesáreo Guzmán asume como senador no tendrá problemas en desarrollar las dos funciones como lo hace actualmente la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno.
Vía telefónica, Aguirre Alcaide indicó que el partido necesita estabilidad, orden y rumbo en el proceso electoral para renovar presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y locales y ayuntamientos y por eso los grupos coinciden en que debe permanecer Celestino Cesáreo y renovar las carteras del CEE.
Abundó que con solicitud de licencia de Armando Ríos Piter y la integración de Cesáreo Guzmán al Senado eleva el nivel, le da mayor peso e imagen al partido tener como presidente a una senador y fortalece las pláticas con Movimiento Ciudadano y el PAN.
Víctor Aguirre sostuvo que el PRD por ser “el hermano mayor” de los partidos que integran el Frente en Guerrero debe dar muestras de unidad y no desviar la atención hacia una discusión innecesaria sobre quién debe ocupar la presidencia del partido.
Por separado el diputado local con licencia Sebastián de la Rosa dijo que esperará a conocer la propuesta para emitir opiniones.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, podrá asumir el escaño que dejó libre el ex senador Armando Ríos Piter, quien el pasado 31 de octubre pidió licencia, luego de que la Mesa Directiva del Senado de la República lo llame a tomar posesión, lo que podría ocurrir este jueves.
De acuerdo al reglamento del Senado, disponible en internet, en el área de las licencias y las suplencias se menciona que una vez aprobada la licencia, que en el caso de Ríos Piter fue a partir del pasado 31, pero cuyo plazo de indefinido inició el 1 de noviembre, la Mesa llama al suplente a asumir el cargo.
“Una vez que rinde la protesta constitucional, entra en funciones hasta en tanto el propietario se encuentre en posibilidad de reasumir el cargo”, señala el artículo 14 del reglamento, que en el caso de Ríos Piter, quien perteneció al PRD, pero luego renunció al instituto político, es de carácter de indefinido para buscar su candidatura independiente a la Presidencia de la República.
El artículo 15 señala los diferentes escenarios por los que un suplente puede asumir el cargo: “(Cuando el propietario) no acude a asumir el cargo dentro del término constitucional establecido; se encuentra física o legalmente impedido para desempeñarlo; solicita y obtiene licencia; deja de asistir a diez sesiones consecutivas del Pleno sin licencia o causa justificada”.
Otro de los motivos es que se separe del cargo por “desempeñar comisión o empleo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y sus delegaciones, de los municipios o de cualquier otro ente público, por los cuales se disfruta remuneración, sin la licencia correspondiente; opta por el ejercicio de otro cargo de elección popular en los términos del artículo 125 de la Constitución”.
Los senadores guerrerenses Sofío Ramírez Hernández, René Juárez Cisneros y Ríos Piter entraron en la LXII legislatura en 2012, pero ya en este periodo, la LXIII, hubo cambios sustanciales. Ramírez Hernández, que entró arropado por el PRD, se cambió al PRI; René Juárez fue nombrado el año pasado subsecretario de Gobernación y en su lugar asumió el ex edil de Iguala, Estebán Albarrán.
El último cambio es Ríos Piter, quien también entró por el PRD, y luego renunció a ese partido, y se quedó como independiente. Será decisión de la Mesa Directiva que preside el senador panista Ernesto Cordero Arroyo, llamarlo a la brevedad y que asuma el cargo.
Celestino Cesáreo, cuyo periodo como presidente del CEE en Guerrero, está por concluir, no está impedido legalmente para asumir como senador y seguir dirigiendo ese instituto en el estado, de acuerdo a los estatutos del mismo partido político.
El PRD pasará de ocho senadores que tiene actualmente, a nueve; sin embargo, la primera fuerza en la Cámara de Senadores, la sigue teniendo el PRI.