El representante en Guerrero de Nacional Financiera (Nafin), Alejandro Mata Gallardo, reiteró que la informalidad y el historial negativo en el Buró de Crédito son factores que impiden el otorgamiento de créditos a jóvenes en Guerrero.
El funcionario federal acudió como invitado al Grupo ACA, donde dijo a los asistentes que deben buscar mecanismos para recuperar a la clientela perdida en la zona Tradicional del puerto.
Entre los jóvenes, dijo, “queremos fomentar el autoempleo y que dejen de pensar que alguien los va a contratar, porque el recurso de ser emprendedor se auto contrate y se genere un empleo. Hoy las expectativas de un chico universitario con 18 años de estudio es ganar 6 mil pesos mensuales y a veces sin ninguna prestación, y si se vuelve un empresario tendrá un mejor sueldo, será su propio patrón y tendrá un horario diferente”.
En Acapulco, sostuvo, “batallamos mucho por ejemplo en la zona Tradicional, donde el turismo ha cambiado y ya no recibimos al extranjero que tenía una capacidad distinta de pago y que compraban todo lo que se les vendía”.
Mata Gallardo indicó que ahora el turismo ha cambiado a muchos de los negocios que están en la zona turística, porque donde antes había extranjeros ahora han enfrentado la dificultad de recibir a visitantes con menos liquidez.
No obstante, reconoció, los turistas actualmente traen poco efectivo, pero traen consigo cinco o seis tarjetas de crédito con las cuales pagan.
Comentó que restaurantes asentados en la franja turística descubrieron que las familias que viajan en autobuses de excursión tienen una sola forma de pago: la tarjeta de crédito, de ahí que se fomente el uso de las terminales en los pequeños negocios.
“(Los turistas) pueden comer fierro, se los garantizo, pero buscan que les reciban las tarjetas de crédito. Lo que tienen que hacer es recuperar el cliente y diversificar. No es cómo pagan, sino primero cómo recupero al cliente que ya perdí. Los convoco profesionalizar el negocio para poder recuperar al cliente”, exhortó.
Mata Gallardo presentó el programa “Crédito joven” ante los integrantes del Grupo ACA. “Este es un crédito, y se formaliza a través de la banca para que el dinero regrese. Muchas de las veces me conviene recibir 10 o 15 mil pesos a fondo perdido, pero realmente no beneficia al negocio. Éste es un fondeo mucho más de compromiso y lo que implica devolver ese dinero. El dinero que nosotros otorgamos regresa al estado y va a estar en mejores condiciones. Pedimos a los acreditados que paguen el dinero y muy seguramente va a ayudar y a beneficiar a muchos más guerrerenses”, aclaró.
En Guerrero, declaró a reporteros, la derrama por el otorgamiento de créditos ha crecido y la solicitud de financiamiento aumenta cada año.
“Tenemos una derrama estimada de 4 mil millones de pesos para el estado de Guerrero en financiamiento a través de la banca. Antes no se nos acercaba la gente de las barras para financiamiento y hoy se están acercando, ya existe una profesionalización del medio que nos ha ayudado a que la formalidad vaya creciendo”, explicó.
“Lo que pedimos a la gente es que estén dados de alta en Hacienda para poder apoyarlos en financiamiento. Recibimos en una semana del programa Impulso cerca de 246 solicitudes. Vamos a detonar un programa de zonas emergentes que estén entre los municipios considerados por la Secretaría de Gobernación como afectados por los sismos antes de las inundaciones”, concluyó Mata Gallardo.

El título de esta columna se refiere a la esencia del último tomo de la trilogía de Enrique González Pedrero País de un solo hombre: el México de Santa Anna (México: FCE, 2017, 494 pp.), pero ¿la calidad de la vida política mexicana de hoy es realmente superior a aquella trágica y vergonzosa de hace 180 años? La interrogante puede parecer absurda; se supone que hace años que México superó las debilidades y errores del arranque de su historia como nación independiente. Sin embargo, si ahondamos en el tema, quizá nos veamos obligados a concluir que las debilidades, deformaciones y corrupción que caracterizaron a esa época de Santa Anna siguen con nosotros o han reaparecido.
Si bien se puede argumentar que en alguna medida errores, deficiencias y crímenes del siglo XIX fueron del tiempo y las circunstancias y no sólo del santanismo, ese argumento ya no es válido para comprender la situación actual. Los errores, deficiencias, corrupción y crímenes de hoy son responsabilidad plena de sus autores individuales y ya no de los tiempos ni las circunstancias.
Veamos algunas de las características centrales del México político examinado por González Pedrero. Dejemos de lado por el momento la polémica sobre la existencia misma del Estado. Adoptemos cualquier definición; no es difícil concluir que a mediados del siglo antepasado, en México el Estado sólo existía en el papel. Si el rasgo característico del Estado moderno es la capacidad institucional de monopolizar efectivamente la fuerza legítima para centralizar el ejercicio de un poder que en principio no es personalizado, sino ejercido a través de un aparato administrativo profesional y que engloba el grueso de las relaciones políticas en un territorio determinado, entonces eso simplemente no existía… pero tampoco en el México actual.
A mediados de los 1800 cada región amplió su autonomía hasta donde le fue posible, al punto que Texas se separó del resto del país y Yucatán se declaró independiente en 1841 y en 1846 y luego la “guerra de castas” mantuvo por medio siglo a regiones de esa península fuera del control gubernamental. Algo de eso se repite en la actualidad. Hace ya un buen número de años que la “fuerza legítima”, la del Estado –Ejército, Armada y policías– ha dejado de controlar regiones completas de México. Ejemplos sobran. En marzo de 2011 y a lo largo de varios días, Los Zetas, por venganza, llevaron a cabo una matanza de entre 28 y 300 personas y la destrucción de sus viviendas en Allende, Coahuila, y sin que ninguna autoridad formal quisiera o pudiera hacerse presente para impedirlo (Ginger Thompson, www.propublica.org/article/allende-zetas-cartel-masacre-y-la-dea). Hoy, la policía estatal y federal puede llegar a Las Varas, Chihuahua, e imponer su autoridad, pero sólo temporalmente pues en cuanto se marchan, La Línea y el Cartel de Sinaloa vuelven a disputarse el control de esa zona que, en realidad, es de nadie (Proceso, 05/07/17). Historias similares ocurren en Tamaulipas, Sinaloa o Guerrero, por mencionar otros casos.
Pasemos a instituciones concretas. Entre 1825 y 1857 hubo en México 16 presidentes, 33 jefes de gobierno provisionales, la Secretaría de Guerra cambió de titular 53 veces, la de Asuntos Exteriores 57, la de Gobernación 61 y la de Hacienda 87. Y de esos cambios, 91 tuvieron lugar en sólo tres años ¡justo los años de la guerra de México con Estados Unidos! Las instituciones eran meros cascarones vacíos. De 1988 a la fecha la PGR ha tenido 15 titulares pero su falta de eficacia sigue sin cambio. Con o sin fiscal de la Fepade, los delitos electorales son evidentes y siguen impunes. No hay institución.
En el santanismo el Ejército fue un actor central y totalmente inmiscuido en la política, con frecuencia, a invitación de alguna de las facciones en pugna. Hoy el Ejército ya no es actor político directo, pero de nuevo y por exigencia de las autoridades civiles, desempeña papeles que no le son propios y con resultados nada positivos. Por otro lado, cuando el ejército de Santa Anna se confrontó con otra fuerza armada profesional –el invasor norteamericano–, no pudo contenerla. En la actualidad el enemigo armado no es externo sino interno: el narcotráfico. Entre 2007 y 2016 se registraron 3 mil 921 choques entre Ejército y grupos criminales (cifras de la SDN, La Jornada, 13/05/17). En prácticamente todos los casos el Ejército se impuso y, sin embargo, el adversario sigue en pie y su actividad ilegal continúa prosperando. En la “guerra contra el narcotráfico” autoridad que no se impone, pierde.
La corrupción de ese México sin Estado, régimen o instituciones de los 1800, era evidente. A Santa Anna, tras perder una pierna, se le llamaba el “quince uñas” y se decía que tenía a cinco mil personas al cuidado de sus propiedades. De nuevo, hoy la corrupción se mantiene como elemento central del espacio público. Y la lista de males comparables entre pasado y presente puede seguir: la desigualdad social, la desconfianza en la impartición de la justicia, la insuficiencia de la recaudación y la recurrencia a préstamos y endeudamiento, la manipulación electoral, etcétera.
Mucho ha cambiado México en los dos siglos pasados, es natural. Lo que ya no es natural y si desesperante y desmoralizador, es comprobar lo poco que ha cambiado en las esencias de su vida pública.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó ayer dos mensajes muy claros tras el atentado del martes en Nueva York: que no descarta retomar el uso de la cárcel de Guantánamo enviando allí al sospechoso, un inmigrante uzbeko, y que quiere poner fin cuanto antes a la muy popular lotería de visados.
En el atentado, que consistió en un atropello múltiple en Manhattan y considerado el peor ocurrido en Nueva York desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, murieron ocho personas, cinco de ellas de nacionalidad argentina, y doce más resultaron heridas.
El sospechoso, un inmigrante uzbeko de 29 años que llegó a Estados Unidos en 2010 e identificado como Sayfullo Saipov, fue herido por disparos de un policía y permanece bajo vigilancia en un hospital de Nueva York.
La Fiscalía de Nueva York presentó ayer una acusación por terrorismo contra el presunto autor del ataque del martes.
Saipov es acusado de apoyo a la milicia terrorista Estado Islámico (EI), entre otros cargos, dijo el fiscal Joon Kim en una conferencia de prensa. Si es encontrado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.
El hombre admitió haber planeado el ataque desde hace dos meses y dijo que practicó una semana antes del incidente, en el que atropelló a quienes circulaban por una senda peatonal y de ciclistas con una camioneta alquilada y luego chocó contra un autobús escolar cerca del World Trade Center.
Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, Trump llamó ayer a ser “mucho más duros e inteligentes” y “menos políticamente correctos”, al argumentar que ataques como el de Nueva York son el resultado de que gobiernos anteriores, particularmente el de Barack Obama, fueron demasiado permisivos con la inmigración y frente al terrorismo.
“Enviarlo (al sospechoso) a Guantánamo. Definitivamente lo consideraría”, comentó el presidente, quien calificó de “animal” al presunto terrorista, al ser preguntado al respecto por un periodista.
Durante la campaña electoral, Trump se mostró contrario a las liberaciones de presos y, además, prometió mantener y ampliar esa cárcel para llenarla, en sus palabras, de “tipos malos”.
Mientras, los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham han pedido al gobierno de Trump que el sospechoso del atentado en Nueva York sea tratado, “retenido e interrogado” como un “combatiente enemigo”, sin que le sean leídos sus derechos básicos, conocidos como “Miranda Rights”.
Según denunció ayer Trump, es necesario que los terroristas reciban sentencias mucho más duras y de manera más rápida, ya que, a su juicio, la justicia actual es “una broma y un hazmerreír”.
La Casa Blanca negó ayer que Trump, haya politizado el atentado de este martes en Nueva York, a pesar de sus críticas al senador demócrata Chuck Schumer, y de los lazos que ha establecido entre el ataque y sus prioridades en política migratoria.
Por otro lado, agentes del FBI estuvieron en las últimas horas en el edificio de Tampa, Florida (EU), donde vivió una temporada Saipov, el presunto autor del atentado perpetrado este martes en Nueva York, informaron ayer medios de esa ciudad de la costa oeste floridana.
Una bandera argentina y una belga, así como varias flores y ramos fueron colocados ayer en el lugar del ataque del martes en Nueva York para recordar a las víctimas.
El presidente de Uzbekistán, Shabkat Mirziyoyev, expresó ayer la disposición de su gobierno a colaborar en la investigación del atentado cometido el martes en Nueva York por un inmigrante de este país.
Por otro lado, el peor tiroteo masivo en la historia moderna de Estados Unidos, que causó 58 muertos y medio millar de heridos en un concierto al aire libre en Las Vegas (Nevada), cumple ayer un mes sin que la policía haya establecido aún el motivo de la masacre.
Así también, Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, viajó a España, México, Cuba y Panamá en 2016, dentro de los numerosos viajes que le han llevado a ser acusado de lavado de dinero en la investigación sobre la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones de 2016.
Según un escrito de la Fiscalía, Manafort y el que fuera su “número dos” en la campaña de Trump, Rick Gates, crearon una “red de entidades y cuentas bancarias” en diferentes países para ocultar los ingresos que obtenían del ex presidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), vinculado a Moscú.
Por otro lado, la CIA divulgó ayer cientos de miles de documentos obtenidos el 1 de mayo de 2011 durante la operación de captura del entonces líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en la que un equipo de las Fuerzas Especiales estadunidenses acabó abatiendo al terrorista en el complejo paquistaní de Abbottabad.
Macri pide compromiso total ante el terrorismo tras la muerte de argentinos

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, afirmó ayer que “no hay lugar para zonas grises” en el mundo actual e instó a comprometerse “de pies a cabeza” en la lucha contra el terrorismo, tras el atentado de este martes en Nueva York, en el que murieron cinco argentinos.
Por su parte, familiares, amigos y alumnos del centro donde estudiaron los cinco argentinos muertos el martes en el atentado terrorista de Nueva York les recordaron ayer por la noche prendiendo velas en su honor en la calle, junto a su antiguo instituto.
Trump llamó ayer a Macri, y le expresó sus condolencias por las cinco víctimas mortales argentinas en el atentado terrorista, informaron fuentes oficiales del país austral.
Así también, miles de personas acompañaron ayer a la familia de Santiago Maldonado, el joven desaparecido en Argentina durante una protesta hace justo tres meses y cuyo cadáver fue encontrado hace dos semanas, en una concentración para pedir justicia en el caso.

El ya ex líder catalán Carles Puigdemont seguirá en Bélgica y evitará acudirá este jueves a declarar en Madrid como investigado por diversos delitos vinculados a su plan soberanista, lo que podría provocar su detención y volver a disparar la tensión política y social en España.
Así lo adelantó ayer su abogado belga, Paul Bekaert. “Mi representado esperará a ver cómo avanzan los acontecimientos”, explicó citado por la televisión holandesa NOS. El letrado, conocido por haber defendido ya a miembros del grupo armado vasco ETA, intentó que Puigdemont declare por teleconferencia desde Bruselas, por el momento sin éxito.
La estrategia del defensor pasa por argumentar que España no ofrece las garantías legales necesarias para un juicio justo, como ya denunció el martes el propio Puigdemont en una rueda de prensa en Bruselas, a donde se trasladó sorpresivamente el domingo. La misma idea presentaría Bekaert para rechazar un posible pedido de extradición por parte de España.
Un comunicado del autodenominado “gobierno legítimo de Cataluña” y difundido por la televisión autonómica TV3 confirmó que el destituido “president” y parte de sus consejeros imputados “se quedarán en Bruselas para denunciar ante la comunidad internacional este juicio político” y no acudirán a la cita judicial.
Puigdemont y 13 miembros de su ex gobierno están citados a declarar el jueves y el viernes en la Audiencia Nacional en Madrid por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación vinculados al plan soberanista que motivó el sábado la destitución de todo el “Govern” por parte del Ejecutivo central de Mariano Rajoy. Solo la rebelión está castigada con hasta 30 años de cárcel.
En aras de no quebrantar la ley ni las medidas tomadas por el gobierno español contra el proceso soberanista catalán, la Delegación del gobierno de Cataluña en Alemania decidió dar vacaciones a su personal a pesar de no haber recibido ninguna comunicación oficial por escrito, según se pudo saber ayer.

Las autoridades estadunidenses informaron de la muerte de tres personas en un tiroteo ocurrido ayer en unos almacenes Walmart de la localidad de Thornton, a las afueras de Denver (Colorado, EU).
El Departamento de policía de Thornton comunicó primero a través de Twitter que como resultado del tiroteo habían muerto dos hombres y que una mujer fue trasladada a un hospital.
Horas más tarde de ayer, informó que la mujer hospitalizada también murió.
En un primer momento, la policía había dicho que el autor de los disparos ya no estaba activo, aunque no especificó si había sido dado de baja, herido, detenido o se había dado a la fuga.
En su último tuit, la policía de Thornton informó que no se ha detenido a nadie todavía.

Uno de los mayores insultos a la sociedad mexicana se lo debemos a José López Portillo, quien acuñó la frase “La corrupción somos todos”. Era una manera de compartir culpas para minimizar la podredumbre de los priistas y hacerla ver como algo intrascendente y, peor aún, común a todos los habitantes del país.
Por supuesto, la corrupción forma parte del entramado del poder, es el cemento que otorga cohesión a quienes se benefician de sobornos, cochupos, mordidas y del saqueo directo a las arcas públicas. Pero por respeto a los funcionarios probos, que también los hay, debe quedar claro que mientras unos se enriquecen ilegítimamente, alguien ha de hacer el trabajo que corresponde al Estado.
Tampoco puede omitirse que gran parte de la sociedad participa de la corrupción, generalmente como víctima, por la sencilla razón de que todo trámite oficial representa largas colas, esperas interminables e injustificadas, favoritismo o marginación indebida y diversas arbitrariedades, lo que obliga a los ciudadanos a aceptar la exacción para resolver cualquier asunto.
Las anteriores son formas de corrupción, digamos, elemental, a ras de suelo. La corrupción grande está en los contratos de alto monto, en su mayoría de obras públicas de las que sale de acuerdo con un funcionario de los honrados, “el lubricante del sistema”, pues se dice –los únicos que lo saben con certeza son los propios involucrados– que para firmar un contrato de obras o de servicios antes se pedía el consabido 10 por ciento, pero en este sexenio la exigencia se eleva hasta el 30 por ciento, lo que encarece las obras y obliga al proveedor a realizarlas sin respetar las mínimas condiciones de funcionamiento y seguridad. Además, ese 30 por ciento no paga impuestos, lo que causa un daño adicional al erario.
Si el contratista tiene que dejar hasta 30 por ciento de lo pactado en manos del funcionario que otorga el contrato, podemos explicarnos los socavones, el daño por los sismos a miles de escuelas y hospitales, el monorriel del aeropuerto capitalino que se descompone cada tercer día, la autopista a Acapulco sujeta a deslaves y permanente bacheo, las obras del tren rápido que triplica sus costos, los sistemas de telefonía o de computación que nunca acaban de funcionar adecuadamente, el mobiliario endeble que debe cambiarse con injustificable frecuencia, y así, hasta la náusea.
La corrupción ha sido la fórmula más socorrida para garantizar el funcionamiento del sistema político, pero en este sexenio las cosas han llegado a extremos que traban la actividad económica y le quitan rentabilidad a las inversiones. De acuerdo con la revista Expansión (septiembre de 2017), la tercera parte de los ejecutivos de empresa confesó que recurre al soborno para ahorrarse trámites y entre sus fórmulas favoritas está “ofrecer entretenimiento, pagos y regalos a terceros”.
Hay, en efecto, empresas corruptoras, pero la mayoría de las firmas que caen en el juego de la mordida lo hacen porque de otra manera quedarían fuera de los negocios. Sin embargo, lo obvio es que las prácticas corruptas se generan sobre todo en la esfera estatal, no sólo por la voracidad de los funcionarios, sino también porque el confuso montón de leyes, reglamentos, estatutos y otras normas está hecho para preservar el funcionamiento irregular de los asuntos públicos, como lo prueba el altísimo índice de impunidad de los ladrones del erario y la discutible confidencialidad de los expedientes de investigación, que lejos de ser una garantía de eficacia, en la práctica funciona como cortina de humo en favor de los sinvergüenzas.
Los casos de Odebrecht, la Casa Blanca, el botín de tantos gobernadores que se llevan decenas de miles de millones de pesos, el siniestro despido del fiscal especial para Delitos Electorales y su posterior desistimiento ante reales o presuntas amenazas son apenas botones de muestra de que el país está desfondado y lo están también los negocios, el empleo, la seguridad, la salud pública, la educación y lo que el lector agregue.
Por fortuna, el señor José Antonio Meade Kuribreña, en uno de esos destellos que lo muestran como un iluminado, ya advirtió que la corrupción se debe al manejo de dinero en efectivo y la solución es, dijo hace unos días, que “sigamos moviéndonos hacia una economía digital”. Para él, en efecto, lo que procede es moverse hacia la digitalización, hacia el dedazo.

La velocidad con la que los mexicanos se acercan a la ruptura del orden no es fortuita. El escepticismo con el cual ven los avances democráticos, tampoco es circunstancial. El desinterés por luchar contra la corrupción y el desdén con el que se ve a la autoridad, se aprecia en todos los estudios que miden los sentires del mexicano. No hay credibilidad en las instituciones, que no se perciben capaces o interesadas en resolver los desacuerdos de la sociedad. Los mexicanos, como se apreció en la última encuesta de Latinobarómetro, son cada vez menos afectos a la democracia y más proclives a la anomia. La decepción, que lleva a ese estado, tiene fundamento: las instituciones no están a la altura de la circunstancia.
La seguridad, por citar el fenómeno que más impacta y preocupa a los mexicanos, se ha ido para abajo por la debilidad de las policías locales, que no llegaron a ello por el deterioro de un proceso sino por la estrechez de miras del gobierno federal que pidió posponer durante dos años la certificación de los policías municipales, y el Congreso, que sin reparar en las consecuencias, lo autorizó. Para entender en un microcosmos lo que esto causó, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa jamás habría sucedido, porque de haberse dado la certificación, los policías que los detuvieron no habrían pasado las pruebas de confianza. El Estado no cometió el crimen de los normalistas, pero definitivamente contribuyó con él.
El bienestar, que se refiere a la calidad de vida, se ha desplomado en varias regiones del país. El pésimo manejo de Pemex en la primera parte de este gobierno, junto con la reforma energética, por mostrar con un ejemplo, provocó una pérdida de empleo en los estados que vivían de los hidrocarburos, porque la producción cayó junto con el empleo, que dejó a comunidades que vivían en bonanza, convertidas en pueblos fantasmas, como documentó Eje Central con un reportaje reciente sobre la muerte de Ciudad del Carmen, la puerta de entrada a la rica Sonda de Campeche. La apertura del sector no fue acompañada por un paquete de políticas públicas que tejiera una red de protección social que acompañara la reconstrucción económica de esas zonas. La falta de empleo, en Veracruz y Tabasco, sobre todo, provocó un brinco del secuestro, como registró el Índice GLAC.
En estos años, no hubo necesidad que hicieran caso a quien llamaba a mandar al diablo a las instituciones. Las instituciones, solitas se fueron al diablo de la mano de quienes las encabezaban. El Proyecto Mundial de Justicia, una organización no gubernamental con sede en Washington, le ha preocupado tanto el Estado de derecho en México, que este año lanzó una investigación especial para determinar el alcance de su deterioro. Durante el verano realizaron más de 20 mil encuestas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, cuyos resultados aún no han sido dados a conocer. Pero en su informe de 2016 sobre el estado de las leyes en el mundo, los resultados de México son desalentadores, y demuestran el deterioro institucional.
El índice revisó a 113 países y ubicó a México en el sitio 88 general, y en el 24 de 30 naciones latinoamericanas. México se encuentra como Rusia (autoritario), Myanmar (dictatorial) y Liberia (controlado por jefes tribales de guerra), pero muy debajo de las principales economías de América Latina e, incluso, detrás de países como El Salvador (que se encuentra aún en transición tras su guerra civil). A México le va mal en prácticamente todo, con retrocesos en la desconcentración del poder gubernamental y en los derechos fundamentales, como el debido proceso y la libertad de expresión. La corrupción mancha a todas las instituciones, que es el factor que coloca a México casi en el sótano entre todas las naciones de la región.
Los síntomas del deterioro, que en algunos momentos se presentan como enfermedad, son ignorados por la búsqueda de objetivos particulares en la clase política. El mejor ejemplo es lo que sucedió con Santiago Nieto, destituido como fiscal electoral, cuyo caso fue llevado al Senado, como establece la ley, pero manejado cupularmente en la Junta de Coordinación Política, como deseaba el presidente Enrique Peña Nieto que se procesara. Ahí se impuso el PRI y el Partido Verde, con menos de un punto porcentual de representación que tres partidos en ese mismo cónclave, para realizar un proceso opaco que terminó con un insulto a la inteligencia: para evitar llevar el tema a votación, como dice la ley, se fueron a un receso del que regresarán cuatro días después del plazo máximo que se establece para votar la restitución del fiscal. Cínicamente salomónico, el tiempo fue a lo que se acogieron para que solucionara lo que debió haber estado apegado a la ley.
La fiscalía electoral está acéfala, aunque desde hace siete semanas comenzó el proceso electoral. Tampoco hay fiscal anticorrupción, una exigencia nacional que las instituciones prefieren ignorar, pese a los reclamos contra la impunidad. No habrá tampoco un fiscal general hasta después de la elección presidencial porque de lo que se trata no es de atender las necesidades y urgencias del país, sino las particularidades de las instituciones que detentan el poder. Las instituciones no dejan de jugar con los mexicanos que, visto a través de los ojos de Latinobarómetro, se están cansando de todas ellas. Mandar al diablo las instituciones no es el camino para resolver los problemas, pero verdaderamente, son tantas las frustraciones que esa corriente de opinión se va a ir legítimamente fortaleciendo.

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