La Auditoría General del Estado (AGE) determinó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado realizó un daño a la hacienda pública por más de cuatro millones y medio de pesos durante 2016. Sin embargo el Congreso le aprobó la cuenta pública por mayoría de votos.
El Poder Judicial del estado utilizó el 92 por ciento de su presupuesto para 2016, solo al pago de servidores públicos, sin que su organigrama y plantilla coincidieran.
De acuerdo al dictamen de la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública del Congreso local, la AGE realizó 23 observaciones al Poder Judicial porque no comprobó como gastó 6 millones 806 mil 76 pesos.
De los casi 7 millones de pesos, el Poder Judicial no pudo comprobar 4 millones 544 mil 803 pesos, que para la AGE constituyen un presunto daño a la hacienda pública.
Pero además su desempeño fue calificado como “no aceptable” por la AGE.
En el concepto de servicios personales, la AGE informó al Congreso que el TSJ tiene un organigrama y plantilla de personal autorizado, pero estos no coinciden.
Pero también detectó que los pagos de nómina de sueldos al personal o se encuentran soportados con documentación que compruebe que fueron recibidos por el “personal”.
Otro rubro observado fue el de adquisición de bienes y contratación de servicios, porque se realizaron bajo el procedimiento de “adjudicación directa”, sin justificar porque no se realizó licitación pública ni pudieron comprobar que “fueron las mejores condiciones en cuanto al precio y calidad”.
La AGE detectó que en el Poder Judicial existen deficiencias en los mecanismos de control, que pueden afectar la obtención de información contable.
También detectó “gastos que no se encuentran debidamente soportados con la documentación que los comprueba y justifica”.
Para la AGE y el Congreso local, el Poder Judicial incumplió el principio de equilibrio presupuestario “originando un déficit presupuestal”.

Va al pago de sueldos y salarios 92% del presupuesto

De acuerdo con el dictamen, el Congreso aprobó para el ejercicio fiscal 2016 del Poder Judicial del estado 609 millones 459 mil 143 pesos, pero devengó 677 millones 988 mil 398 pesos, lo que representó un incremento 68 millones 529 mil 255 pesos que representa el 11.24 por ciento.
De los cuales solo 54 millones 322 mil 597 pesos se utilizaron para los conceptos de materiales y suministros; servicios generales; bienes muebles, inmuebles e intangibles e inversión pública.
Los más de 54 millones representan apenas el 8 por ciento del presupuesto anual que recibe el Poder Judicial.
Mientras que el 92 por ciento del presupuesto que es de 623 millones 665 mil 801 pesos está destinado para el concepto de “servicios personales”.
Ese concepto se refiere al pago de remuneraciones, honorarios, asimilables, sueldos y salarios pero también se refiere a las compensaciones por los servicios prestados al Poder Judicial entre los que están los del personal de confianza y funcionarios, en este caso los magistrados.
El TSJ realizó modificaciones al presupuesto que el Congreso le aprobó, por ejemplo para el concepto de Servicios Personales estaban presupuestados 520 millones 619 mil 270 pesos pero se incrementaron más de 103 millones y finalmente se utilizaron 623 millones 665 mil 801 pesos .
Mientras que en el concepto de materiales y suministros solo incrementaron el 0.86 por ciento que representan 136 mil 182 pesos, por lo que ejercieron 16 millones 111 mil 287 pesos.
Por el contrario, redujeron el concepto de servicios generales, al que le quitaron 447 mil 694 pesos.

La  presidenta de la Cámara Nacional  de la Industria de Transformación (Canacintra) en Acapulco, Yoloczin Domínguez Serna, respondió que los ocho integrantes de la mesa directiva que el pasado viernes la desconocieron, no pertenecen a la cámara. La presidenta de la Canacintra en Acapulco afirmó que ella sigue en funciones.
En conferencia de prensa en la que a unció la celebración en Acapulco la convención nacional de directores y gerentes de Canacintra en Acapulco, Domínguez Serna denunció que el presidente de la Concaingro, Julián Urióstegui Carbajal, la ha amenazado, por lo que ya inició una denuncia.  Los integrantes de la Cámara exigen su renuncia por su participación como dirigente en funciones en el acto que encabezó Andrés Manuel López Obrdor en Chilpancingo el sábado 6 de mayo pasado, hecho por el cual dijo que ya recibió una amonestación.
Manifestó que quienes dieron una conferencia de prensa el pasado viernes no son socios porque no han pagado su afiliación, por lo que no tienen “ningún derecho sobre la Cámara”. Afirmó que han hecho uso indebido de la Canacintra y usurpan funciones. Será la dirigencia nacional la que definirá el procedimiento que corresponde sobre su estatus en la cámara.
Detalló que en el caso de Fernando Aguilar, vicepresidente y miembro activo que participó en la conferencia del viernes, los estatutos marcan que por “desacato” debe ser sancionado, por lo que iniciará el proceso de inhabilitación permanente.
Dijo que los otros ocho supuestos integrantes de la Canacintra no son socios, y que ello invalida la solicitud de que sea destituida.
Insistió que los supuestos vicepresidentes cometen usurpación de funciones “al presentarse a una rueda de prensa como Canacintra como vicepresidentes, no lo son, ellos no son Consejo Directivo. El Consejo Directivo de Canacintra se encuentra el día de hoy en las instalaciones de la Canacintra que son ellos”, dijo en referencia a las cuatro mujeres y tres hombres que la rodeaban. Destacó que en la conferencia del viernes sólo participaron tres personas.
Domínguez Serna presentó un poder notarial que le entregó Canacintra nacional como presidenta del capítulo Acapulco en el periodo 2017-2018.
Con relación a los señalamientos de que acudió a actos de Morena en su calidad de presidenta de Canacintra, reconoció que contravino los lineamientos y que por eso “en una resolución del 10 de agosto se dictaminó una resolución en donde a mí se me amonestó de manera pública ante el Consejo directivo nacional en una asamblea nacional”.
Afirmó que por el momento no está interesada en buscar una candidatura para un cargo de elección popular.
En la Canacintra Acapulco están afiliados 213 pequeños y medianos industriales.
También informó que derivado de las acusaciones contra ella por parte de miembros inactivos y un activo de la Canacintra, el presidente del Consejo de  Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (Concaingro), Julián Urióstegui Carbajal ha encabezado una campaña de amenazas directas hacia ella e informó que ya presentó una denuncia en el Ministerio Público en la que incluyó también a Alejandro Hernández Prieto y Fernando Lagos. La Canacintra está afiliada a la Concaingro y Hernández Prieto fue aspirante a presidir la Canacintra; sin embargo al no registrar en tiempo y forma su planilla, el 21 de enero Yoloczin Domínguez fue nombrada presidenta y Hernández Prieto presentó una impugnación que no procedió.
Luis Fernando Aguilar Lagos fue uno de los tres supuestos miembros de la Canacintra que se presentó como segundo vicepresidente de la Canacintra.
Ayer Yoloczin Domínguez indicó que la denuncia es porque teme por su integridad y la de su familia. Especificó que las amenazas han sido verbales exigiéndole que renuncie a su presidencia.
“El señor Julián Urióstegui es el que ha venido entorpeciendo las actividades de Canacintra Acapulco, él se presenta como gran amigo del gobernador Héctor Astudillo y es su carta de presentación”, señaló.

A pesar de que en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el gobierno de Héctor Astudillo Flores calificó la presencia de grupos de autodefensa, policías ciudadana y policías comunitarias, como un factor de riesgo para la seguridad y se comprometió a erradicarlas, en los dos años de la actual administración se crearon por lo menos otros ocho grupos, la mayoría de ellos con señalamientos de estar infiltrados o de tener vínculos con el crimen organizado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicó en 2013, en su Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado, la presencia de estos grupos en siete regiones y en 46 de los 81 municipios, pero incluyó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que está amparada por la Ley 701 de Reco-nocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indí-genas del Estado de Guerrero.
Los otros grupos son la Unión de Pueblos y Organizaciones del Es-tado de Guerrero (UPOEG); la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG), ya disuelta; la Coordinadora Regional de Segu-ridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ- PCP) de Temala-catzingo, Olinalá; la Policía Ciudadana de Olinalá, la Coordi-nadora Regional de Autoridades Comunitarias (PCO-CRAC), que no mencionó como parte de la CRAC; y la policía comunitaria del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC).
Pero después del informe de la CNDH, entre el 2013 y 2015, se crearon tres grupos más. El 11 de febrero de 2015 hizo su aparición en Chilapa y José Joaquín de Herrera, la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, encabezada por Cirino Plácido Valerio, que tiene su Casa de Justicia en Rincón de Chautla, municipio de Chilapa. El grupo no está reconocido por la casa matriz de la CRAC San Luis Acatlán, y fue una escisión por conflictos internos.
Asimismo, el 8 de febrero de 2014 se creó en Tianquizolco, municipio de Cuetzala del Progreso, una policía comunitaria, también desvinculada de la CRAC original.
El 24 de enero de 2015 hizo su aparición en los pueblos del Valle de El Ocotito, la policía comunitaria del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo de los Pueblos de Guerrero (FUSDEG), que es una escisión de la UPOEG y que llegó a tener presencia en Petaquillas, municipio de Chilpancingo, y en Xaltianguis municipio de Acapulco, pero que ahora ha sido replegada a Tierra Colorada y La Palma, municipio de Juan R. Escudero.
Hasta 2015 estos eran los grupos, pero ya en el gobierno de Héc-tor Astudillo, entre 2016 y 2017, surgieron cuando menos ocho nuevos grupos, autodenominados policías comunitarias, policías ciudadanas o movimientos de autodefensa, con lo que su presencia abarcó todas las regiones (en el informe de la CNDH no se incluyó la zona Centro).
Además, la presencia de estos grupos aumentó de 46 a 54 municipios. Los ocho nuevos municipios son Leonardo Bravo, Chilpancingo, Chilapa, Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan, Eduardo Neri, Teloloapan y Zihuatanejo.

Ilegalidad y ligas con el crimen

En su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, que el gobierno de Astudillo entregó al Congreso local el 25 de febrero de 2016, estableció que al clima de inseguridad que priva en Guerrero contribuyen factores como “la presencia de grupos de autodefensa ciudadana y policías comunitarias, algunos con reconocimiento legal y apoyo por parte del Estado, y otros ilegales”.
El documento reconoce, asimismo, que si bien en teoría fueron creados para realizar tareas de vigilancia ciudadana y evitar que las organizaciones criminales penetrasen en sus comunidades, “con frecuencia son cooptados por dichas organizaciones o en ocasiones atentan contra los derechos humanos con detenciones arbitrarias, aplicación de justicia por propia mano, tortura o incluso asesinatos”, y se propone erradicarlos como parte de las soluciones al problema de la inseguridad.
Además, en su visita a Chilpancingo, el 18 de julio pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que el Estado va a recuperar la rectoría de la seguridad en los lugares donde operan esos grupos de autodefensa, “que se hacen llamar policías ciudadanas o comunitarias”.
Declaró que el gobierno federal tiene información de que algunos grupos de la delincuencia organizada están azuzando a las comunidades para que no permitan la presencia de las autoridades federales, estatales y municipales.
A un lado de Osorio Chong, quien ese día improvisó una conferencia de prensa en la cancha de la colonia Capellanía, al norte de Chilpancingo, estaba el gobernador Astudillo Flores.
Sin embargo, nueve días después (el 27 de julio), el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, advirtió en declaraciones a El Sur: “Quienes quisieran que hubiera una acción más contundente (contra esos grupos de civiles armados), pienso yo que no están inmersos en la realidad que vive el estado de Guerrero y los conflictos que se desatarían”.
Consultado sobre el tema en las instalaciones de la 35 Zona Militar, el jefe militar declaró que, en efecto, tiene indicaciones de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego en contra de los grupos de autodefensa o policías ciudadanas, pero que se está privilegiando el diálogo.

Nuevos grupos

El 29 de mayo de éste año habitantes de nueve pueblos del municipio de Eduardo Neri presentaron en una marcha y con un bloqueo a la carretera federal México-Acapulco, cerca de Mezcala, a su policía comunitaria que actualmente tiene su base en Mezcala, pero sus integrantes han llegado a realizar acciones hasta en Zumpango, la cabecera municipal.
Antes, el 7 de mayo, unos 3 mil habitantes de Heliodoro Castillo presentaron a su grupo de autodefensa que denominaron Policía Comunitaria de Tlacotepec (PCT). En la presentación estuvieron los civiles armados de Apaxtla, Teloloapan y San Miguel Totolapan, de la región de Tierra Caliente y Sierra.
Este bloque de policías comunitarios ha sido vinculado por habitantes de pueblos de Heliodoro Castillo y Tierra Caliente en redes sociales con el grupo criminal que controla Tlacotepec, Juan Castillo Gómez, El Teniente, de quien aseguran en videos que se ha aliado con el grupo criminal de Raybel Jacobo Almonte, El Tequilero. El grupo criminal ha irrumpido en varios pueblos de la Sierra, entre ellos Pueblo Viejo y Polixtepec.
El 14 de julio también de este año, surgió la autodenominada Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, con sede en Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo. En su presentación acudieron unas 500 gentes de los ejidos de Vallecitos de Zaragoza, Junta de Dos Ríos, Zihuaquio, Río Frío de los Fresnos y Los Ciruelos, municipio de Zihuatanejo.
El 2 de agosto, habitantes de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, anunciaron la creación de su autodefensa denominada Vecino Vigilante, luego de que el 25 de julio ocurrió un enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la Policía Federal, con saldo de un agente muerto y dos heridos; lo que derivó en la irrupción de cientos de agentes que catearon casas y decomisaron vehículos y teléfonos celulares, que los habitantes calificaron como abusos y violaciones a sus derechos humanos.
Actualmente los integrantes de Vecino Vigilante instalan esporádicamente filtros en la entrada de la población.
Antes, el 8 de febrero del 2017, pobladores de Petaquillas instalaron un bloqueo en la carretera federal durante siete horas, para exigir la salida de un campamento del Ejército mexicano que se había instalado a raíz de la ejecución de seis hombres de Chacotla, municipio de Mochitlán.
Los habitantes de ese lugar acusaron del múltiple crimen al grupo criminal de Los Ardillos, a integrantes del Cartel de la Sierra y a la policía ciudadana de la UPOEG.
Después del bloqueo que logró la salida del Ejército, el comisario municipal, Mario Flores, declaró que la seguridad quedaría a cargo de su “policía rural” y la minuta fue firmada por el delegado de la secretaría de Gobernación, Ramiro Ávila, y el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, José Martín Maldonado.
El 21 de febrero El Sur publicó un reportaje en el que recogió testimonios de la gente de que un comandante de esa “policía rural”, que vigilaba Petaquillas, se presentaba ante los pobladores con la frase: “Somos Los Ardillos, somos de la maña”.
En diciembre de 2016, habitantes de San Miguel Totolapan crearon el Movimiento por la Paz, para defenderse del grupo criminal de Los Tequileros. Su primera acción fue la privación de la libertad de María Félix Almonte, madre de Raybel Jacobo, El Tequilero, y a 20 personas más a quienes intercambiaron por el ingeniero Isauro de Paz, quien había sido secuestrado a su vez por el criminal.
Tras el intercambio, el 16 de diciembre, el Movimiento creó su grupo de autodefensa y formó guardias de civiles armados, para vigilar entradas y salidas de la cabecera municipal. El grupo civil ha sido vinculado con La Familia Michoacana, aunque sus representantes se han deslindado.
El 11 de enero de 2016 habitantes de Teloloapan también presentaron a su policía comunitaria tecampanera, con el apoyo del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, para defenderse, según declararon entonces, del grupo criminal la Familia Michoacana. En videos difundidos en noviembre del año pasado la tecampanera fue acusada de proteger al grupo criminal Guerreros Unidos, también acusaron al alcalde Robell Uriostegui Patillo y al gobernador Héctor Astudillo Flores.
El 3 de diciembre de 2015, ya en el gobierno de Héctor Astudillo, comisarios de unas 30 comunidades de Chilapa, que irrumpieron del 9 al 14 de mayo de ese año en la cabecera municipal, supuestamente en busca de personas levantadas por el grupo criminal de Los Rojos, formalizaron la presentación de su policía que denominaron Comunitaria por la Paz y la Justicia AC.
La agrupación tiene presencia en unos 30 pueblos, principalmente en Tlaltempanapa. El presidente del Colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, ha declarado insistentemente que los civiles armados tienen vínculos con el grupo de Los Ardillos y los ha acusado de czometer asesinatos y levantones.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, sostuvo que el problema de la violencia en la entidad no se debe politizar y que no se va a resolver en dos años. Recordó que el PRD gobernó diez años en la entidad y no pudo resolverlo. Alegó que actualmente “si no fuera por la violencia (en Guerrero) estaríamos bien porque hay gobernabilidad”.
De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los nueve meses transcurridos de este año se han registrado en la entidad mil 858 homicidios. Este domingo en la entidad ocurrieron 19 asesinatos y se localizó una fosa con seis cuerpos.
En declaraciones por teléfono, el dirigente del PRI opinó que el problema de la violencia “es complejísimo” pues siempre ha existido y en ocasiones crece y otras veces baja, y en otras se focaliza en un municipio o en regiones del estado.
Agregó que en Guerrero el problema de la violencia es un monstruo de mil cabezas que tiene que ver con el cultivo, distribución y consumo de drogas, que impacta a jóvenes y se genera en el interior de las familias por la falta de recursos porque se convierte en “oportunidades, entre comillas, para algunos muchachos que no deseamos que estén involucrados o a veces son cooptados por los propios órganos o células criminales, es un problema sociológico que tiene que ver desde el seno familiar y desde luego también con la actuación de quienes son los responsables de llevar las tareas de prevención y de procuración de justicia”.
Excusó que hay “déficit de atención” de las autoridades “por la falta de recursos para poder tener a la policía tal y como la quisiéramos tener para todos los municipios para atender zonas especiales”.
Abundó que hay coordinación entre las policías federal, estatal, municipal con el Ejército y la Marina y se han comprado equipo pero “no vemos que se esté logrando mejorar sustancialmente todo este tratamiento que tiene que ver”.
Heriberto Huicochea dijo que el problema de la violencia en la entidad “es como un cáncer” en el que intervienen mil aristas. “Es una enfermedad social que camina como un cáncer, el cáncer se llama la violencia, le puedes poner quimioterapias y poco a poco se va ir eliminando pero es una responsabilidad de todos”.
“Son temas de fondo que no se van a arreglar en un año o dos años, mira el PRD estuvo gobernando diez años y si revisas las cifras es lo mismo, el tema de los 43 con el alcalde perredista de Iguala fue una bomba y aquí lo que hacemos es tratar de atender y cuidar que no se vayan a derivar este tipo de problemas”.
“(La violencia) no es un tema menor ni es un asunto que se deba de partidizar ni menos politizar yo creo que hay que tomarlo como un asunto, como una enfermedad que debemos arreglarlo aplicando, todos, las mejores fórmulas, recetas y experiencias en el mundo”.
Sostuvo que el problema de la violencia “no depende de la voluntad del gobernante”, pues es un asunto ligado a la pobreza y a la marginación y está generalizado en todo el país.
Por separado, en conferencia de prensa el presidente del Comité municipal del PRI, Fermín Alvarado Arroyo, llamó a respaldar la convocatoria del gobernador Héctor Astudillo Flores para hacer un nuevo pacto por la seguridad.
Alvarado Arroyo propuso subordinar los intereses particulares y dejar de lado las diferencias políticas e ideológicas.
Por separado el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD opinó que “son muy preocupantes los altos índices de inseguridad pareciera ser un desafío a las autoridades y el gobierno del estado debe de dejar de ser espectador y administrador de la violencia sino tomar decisiones”.
Agregó que los ciudadanos de Guerrero “seguimos esperando el orden y la paz, ya llevamos dos años”.

Los grupos del PRD acordaron que el 11 de noviembre se llevará a cabo la sesión del Consejo Estatal del partido para definir la renovación total, parcial o la ratificación de la dirigencia estatal, y elegir el método para la selección de candidatos para los comicios de julio del próximo año.
Este lunes en un salón del Centro de Negocios Costera 125, se reunieron por segunda ocasión los dirigentes de los grupos del PRD para hablar sobre la renovación de la dirigencia que el próximo 16 de noviembre concluye el periodo para el que fueron electos.
En declaraciones por teléfono, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del partido Celestino Cesáreo Guzmán afirmó que la reunión fue muy buena y se acordó que el 11 de noviembre sesionará el Consejo Estatal del partido para definir el método de selección de candidatos y la renovación de la dirigencia estatal.
Para la dirigencia estatal del PRD se sabe que hay dos aspirantes, el coordinador estatal de Nueva Mayoría Amador Campos Aburto, y de Grupo Guerrero, Ramiro Alonso de Jesús. En la lista también estaba el dirigente de Movimiento Alternativo Social (MAS) Bernardo Ortega Jiménez pero declinó en participar porque no desea ser interino por un año y mejor buscará ser candidato a diputado local.
Cesáreo Guzmán indicó que no hubo acuerdos entre los grupos para definir si será renovación total, parcial o ratificación de la dirigencia estatal y que la próxima semana se volverán a reunir los grupos del partido para continuar con sus conversaciones para acordar sobre la dirigencia del partido.
Agregó que también esta pendiente definir el orden del día para la sesión del Consejo Estatal.
Del método para la selección de candidatos a cargos de elección popular, informó que se nombró una comisión para hacer un análisis municipio por municipio, distrito por distrito y un histórico electoral para tomar acuerdos sobre el método de selección de candidatos a diputaciones locales y alcaldías. Los acuerdos, estimó Celestino Cesáreo, “no variarán mucho de lo acordado a nivel nacional”.
El pasado sábado, el Consejo Estatal del PRD aprobó el consejo electivo como método para elegir a su candidato a presidente de la República.