Trabajadores de la construcción y transporte pesado de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) manifestaron su inconformidad en la Junta Local de Conciliación, para solicitar a la presidenta Francisca Castro Romero celeridad a la demanda presentada en contra de la empresa Cemex por despido injustificado de 20 de sus afiliados.
Allí, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Transporte de Materiales Pesados de la CTM, Arturo Valle Álvarez, dijo que la situación por la que acudieron es que “hay un problema con la empresa Cemex, pues desde hace tres años y medio hemos llevado un juicio contra ésta y a la fecha no nos han resuelto”.
Agregó que ya se desahogaron las pruebas, que el caso ya terminó y ahora la Junta debe resolver a favor o en contra; “tiene tres meses y es la fecha que no se nos ha resuelto y creo que debe resolver sea a favor o en contra, es lo que queremos, que nos den una solución”.
Valle Álvarez explicó que la demanda es “porque la empresa Cemex hace tres años y medio desconoció a 20 trabajadores del transporte pesado, se vino un conflicto que se determinó que lo resolviera la Junta Local de Conciliación y desde entonces se lleva la lucha”.
La reunión que tuvieron con la presidenta de la primera Junta Local fue para exponerle la situación porque “la resolución tiene dos meses que deberían de haberla dado y no lo han hecho, se fue a un amparo y no obedeció la empresa y hoy venimos a ver para que nos diga cuándo se va a dar una solución”.
Valle Álvarez agregó que tenía un contrato con Cemex pero la empresa incumplió y por ello el juicio que tiene tres años, y “vamos a presionar para que se nos haga caso porque la ley es clara y no debe ser violada. Porque son en promedio 100 trabajadores afectados”.
Por su parte, el representante legal de los 20 trabajadores, José Antonio García Solís, recordó que la demanda se inició desde el 2013, y lo que se pide a la empresa es el pago de las prestaciones e indemnización por despido injustificado”.
Detalló que los empleados hicieron acarreo de arena y de grava, pero que la empresa que los contrató les quedó a deber ciertas prestaciones como sus salarios, aunque ésta alega que no se les debe y “ese es el reclamo”.
“No hubo una liquidación como tal y por eso se demandó, es lo que se reclama”, puntualizó el apoderado legal.

Unos 30 vecinos de las colonias Roberto Esperón, Leyes de Reforma, Lucio Cabañas y Plan de Ayutla se manifestaron en las instalaciones de la garza de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), ubicadas en la colonia Emiliano Zapata, para denunciar que la directora del programa de pipas sólo beneficia a su grupo político.
Los vecinos, encabezados por el gestor social priista y presidente de la asociación de colonos Benito Juárez, Abraham Bustos Mendoza, llegaron a las 8:30 de la mañana a las oficinas, donde permanecieron por una hora hasta que fueron atendidos por trabajadores de la paramunicipal que les entregaron pipas.
“Es por la falta de respuesta en los servicios que están establecidos cada semana, hay un programa que debe cumplirse pero la directora Josefina Dorantes hizo cambios y desde esos cambios se presentaron los problemas, porque no envía las pipas a las diferentes colonias sino a su grupo político”, señaló Abraham Bustos.
Pidió al secretario de Desarrollo Social municipal, Octavio Olea Apátiga, la destitución de la directora del programa de pipas, “porque hace mucho daño al gobierno, si por compromiso el presidente municipal no la puede quitar, el agua no tiene colores, debe ser para todos, si la señora se va creo que se normalizará la repartición de agua”.
Al preguntarle a qué grupo político beneficia la directora, respondió que “al de Víctor Aguirre Alcaide, porque hay un programa que cada semana se debe cumplir y aquí en esta garza parece que son 10 pipas, y ya son varias semanas en que no se ataca el problema de la falta de agua en las colonias”.
Bustos Mendoza detalló que “a los operadores de las pipas les vale que las personas vengan a la garza para hacer la solicitud, ella manda a los choferes y hoy lo comprobé aquí, porque los operadores no atendían a las personas que tienen sus servicios establecidos, sino que se van a donde los envía la directora”.
Luego de que fueron atendidos los vecinos por trabajadores encargados de la garza, éstos se retiraron del lugar con las pipas que eran cargadas para llevar agua a sus colonias.
Allí pidieron a la CAPAMA que ponga a funcionar el tanque de agua que se construyó en la colonia Genaro Vázquez para beneficiar a vecinos de 10 colonias.

Molestia en automovilistas causó el cierre de un tramo de la calle Vasco Núñez de Balboa, en el fraccionamiento Hornos, para las maniobras de los motociclistas de la Policía Vial y Turística por el próximo desfile del 20 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana, pues señalaron que no se ha informado de las vías alternas que habrá.
Atrás del Edificio Inteligente no hay señalamientos para desviar a los automovilistas, y sólo cruzan vehículos de los mismos participantes, lo que causa molestia.
El tramo cerrado comprende de la calle Diego Hurtado de Mendoza a la calle Malaespina, donde ayer no había policías viales ayudando a desviar la circulación de automóviles.
En un comunicado de prensa del gobierno municipal se informa de los ensayos de las maniobras se llevan a cabo de 1 a 3 de tarde, y que durarán un mes.
Policías viales entrevistados en la zona dijeron que los ensayos serán para el desfile del próximo 20 de noviembre.

Tras dos años transcurridos (el primer tercio) del gobierno de Héctor Astudillo Flores en Guerrero, la violencia y la inseguridad siguen marcando la agenda estatal. Es evidente que los problemas estructurales no son culpa de la administración actual. No son su culpa pero, sí, son su responsabilidad.
El propio gobernador lo dijo durante su mensaje ante el Congreso del Estado: “El problema de Guerrero no es político, es la violencia.” En ese mismo escenario, Héctor Astudillo convocó a un Pacto por la Seguridad en Guerrero, del que seguramente en los próximos días, habremos de conocer mayores detalles.
Saludo la iniciativa del gobernador de los guerrerenses. Un problema que afecta a todos y que tiene tantas aristas, debe de ser enfrentado por todas y todos sin importar orígenes partidistas, religiones o actividades profesionales.
Todos tenemos algún grado de responsabilidad y todos podemos contribuir en algo a resolver la crisis. El pacto propuesto deberá de ser una alianza con todos los sectores y con toda la sociedad, de lo contrario estará condenado a ser una acción más de relumbrón, un bonito evento sin mayor trascendencia real.
El pacto deberá de tener objetivos claros, precisos y sobre todo, medibles; deberá tener plazos de ejecución y responsables por cada uno de los temas y subtemas que resulten del análisis previo.
Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Si el acuerdo es únicamente entre la clase política estará condenado al fracaso. Coincido con el padre Jesús Mendoza Zaragoza de la Arquidiócesis de Acapulco: es fundamental escuchar y atender a las víctimas para poder entender y resolver el problema de la violencia.
Coincido también con el senador Armando Ríos Piter: el problema de la seguridad es también un problema económico. El senador independiente ha calculado en 8 mil millones de pesos la cantidad que se necesitaría para construir una Policía Estatal y una Fiscalía bien equipadas, entrenadas, certificadas y bien remuneradas.
El Pacto por la Seguridad en Guerrero debe de convocar sí a los poderes, a las instituciones del Estado y a los actores políticos, pero también a las universidades, a las asociaciones de víctimas, a las organizaciones no gubernamentales, a los defensores de los derechos humanos, a las organizaciones empresariales, a los periodistas, líderes de opinión y a las asociaciones religiosas, culturales y deportivas del estado.
Deberá procurar la participación de los guerrerenses en todas las regiones del estado y no sólo en los salones de los hoteles y los edificios gubernamentales.
Debe de analizar cada una de las causas de la violencia, dividirlas en mesas temáticas y aislar cada subtema asignándole un responsable y un tiempo de ejecución de las acciones que se acuerden.
Deberá contar con un mecanismo de seguimiento y control. Deberá de reunirse periódicamente a evaluar y corregir, y deberá comunicar los compromisos y los avances de manera transparente y oportuna.
Por ejemplo, si en el análisis de la problemática se concluye que hay que reformar determinada ley, se nombraría de responsable a un diputado y se acordaría un plazo de ejecución de tres meses, al término de los cuales, el responsable habrá de rendir cuentas e informar en qué situación se encuentra el proceso de reforma legal. Si no se construye de esa manera, nadie se hará responsable de los compromisos que suscriba.
El pacto propuesto por el gobernador puede ser una gran oportunidad para ensayar un nuevo método de organización horizontal entre el gobierno y la ciudadanía. Puede ser la ocasión de involucrar al resto de los actores sociales y políticos del estado en la búsqueda de las soluciones.
Nadie en su sano juicio puede culpar al gobierno en funciones de los males que aquejan a Guerrero. El abandono estructural de Guerrero y de todo el sur de México es centenario. Si el gobierno que encabeza Héctor Astudillo intenta nuevas formas y nuevas vías, seguramente contará con el apoyo decidido de todos los guerrerenses que buscamos la reconciliación, la armonía y la paz en nuestro querido estado. Que así sea.

amn.acapulco@gmail.com

Llega el gobierno de Héctor Astudillo a la tercera parte de su ejercicio, y el informe que consigna lo hecho en dos años de gobierno fue presentado conforme a la vieja usanza de la política mexicana, con el boato que en la Federación fue abandonado desde los tiempos de Vicente Fox.
Lejos está el optimismo con que el gobernador asumió el poder, cuando estaba seguro de cambiar lo que calificó como “las cifras de la vergüenza, del segundo lugar en pobreza extrema, de un Guerrero en primer lugar como el estado más peligroso del país, así como en primer lugar en la producción de la goma de opio y el primer lugar en corrupción”, por cifras y lugares más alentadores y menos vergonzosos.
Hay ahora un juicio más prudente, y más que una meta, un ejercicio de imaginación. Dijo en su segundo Informe: “Si Guerrero lograra contener y reducir el fenómeno de la violencia criminal y la delincuencia común, muchos de los problemas que enfrentamos se reducirían drásticamente; si lográramos contener a la criminalidad, el potencial económico, turístico, minero y agrícola, nos permitiría ofrecer una calidad de vida muy superior a los guerrerenses”.
La cuestión es cómo lograrlo. En ese cómo se ha pasado ya la tercera parte de su mandato. Justo al comenzar el sexenio, el gobierno federal apuntaló al estado con el anuncio del reforzamiento de los planes de seguridad y la llegada de mil quinientos elementos más al estado.
La terca persistencia de la violencia y la criminalidad han llevado a la conclusión de que el asunto es complejo, y a la necesidad urgente de revisar la estrategia. Astudillo enuncia desde la idea muy genérica de construir un nuevo pacto en la materia hasta el planteamiento muy concreto de revisar el funcionamiento policial y analizar la viabilidad de instrumentar el Mando Único, un modelo que ha ido y venido en los proyectos de seguridad de gobernantes y legisladores en todo el país, y que ha encontrado sospechosas resistencias cuyos orígenes van desde la conservación de cotos de poder hasta la evidente penetración de los intereses y los personeros del narcotráfico.
En tanto la estrategia urgente y el nuevo pacto se definen, las cifras de Guerrero siguen siendo las de la vergüenza, como señaló el gobernador al tomar posesión. Los números de homicidios dolosos, el indicador básico de la violencia, siguen desde hace años en alrededor de doscientos por mes en el estado. Y continúan cometiéndose asesinatos de líderes políticos, alcaldes y ex alcaldes, el más reciente caso el del fundador del PRD en el estado, Ranferi Hernández Acevedo, ejecutado junto con su esposa y su suegra. Unos días antes, también fue muerto el ex alcalde perredista de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri.
La primera plana de El Sur de ayer es el mejor ejemplo de la realidad que vive el estado, más allá de las miles de palabras con que el gobernador intenta explicar el porqué del fracaso de sus estrategias de gobierno especialmente en materia de seguridad. El problema es mantener los criterios equivocados en la valoración y evaluación de la realidad. O sea, mantener oídos sordos u ojos ciegos a lo que verdaderamente ocurre en el estado. El problema fundamental es gobernabilidad, seguido por desigualdad y marginación, causas últimas del deterioro social, económico y político.
Ciertamente, el gobernador Astudillo ha ganado en humildad. Su discurso dejó de ser el cúmulo de problemas por resolver al tomar posesión, a una actitud más prudente. Los dos siguientes tercios irán más de prisa, porque aunque el tiempo rigurosamente sea el mismo, la sensación es que va ganando a los deseos.
Guerrero no sólo sigue siendo el principal estado productor y exportador de goma de opio, sino que todo indica que la producción del estupefaciente va en aumento sostenido. En cuanto a los índices de pobreza, el estado sigue ocupando entre el segundo y el tercer lugar en la escala nacional, según el matiz con que se califique la miseria que sufre la mayoría de la población.
Pero Astudillo presumió muchos avances, algunos de los cuales tienen que ver con el tratamiento de los medios de comunicación, otros que son reales aunque insuficientes, como un crecimiento económico reciente por encima del promedio que se observa en el país, el crecimiento de la ocupación hotelera en las temporadas turísticas, o una disminución de los conflictos sociales.
Lo cierto es que el estado tiene enormes desafíos que lo han puesto a la cola del desarrollo nacional, los cuales tienen que ver con la deficiente infraestructura, el rezago educativo, la falta de inversión, la informalidad y el elevado peso que aún tienen las actividades primarias en la economía, además de la violencia incontrolada.
Y también es cierto que dos años, un bienio, es un lapso demasiado pequeño para generar grandes cambios, aunque la campaña publicitaria en los medios electrónicos muestre resultados que no se ven por ningún lado. La mayoría de los funcionarios de gobierno compran la idea de que las campañas de publicidad comunican y gastan millones y millones de pesos (y de dólares) en spots repetitivos que tienen nula credibilidad, igual que la de sus patrocinadores. Esas campañas lejos de contribuir a la gobernabilidad o gobernanza acrecientan el descrédito de los funcionarios porque la población ve y vive una realidad que no se refleja en los spots triunfalistas.
Astudillo no ha podido abatir otros problemas candentes de su gobierno. Pero por lo menos, en Chilpancingo ya tiene uno menos, con la salida de Marco Antonio Leyva Mena de la alcaldía. Aunque el de la basura, ahí sigue.
Se inicia el segundo tercio de la administración Astudillo con un clima que no le es favorable porque el antipriismo nacional contamina aún más su gobierno. Aparte de intentar resolver problemas, o pretender que por lo menos no se agraven más, el gobierno priista de Guerrero tendrá que rendir cuentas al PRI por los resultados electorales del año entrante, por lo que la campaña se convierte en una tabla de posible salvación. Es decir, abandonar la idea de gobernar y mejor seguir prometiendo.

La corrupción de Odebrecht en México está llena de percepciones y conclusiones circunstanciales, pero existe como un hecho. Más de 12 millones de dólares fueron entregados a funcionarios o ex funcionarios de Pemex durante seis años y nada ha pasado. Le lentitud de la PGR para investigar, comparada con la justicia expedita en otras naciones latinoamericanas salpicadas por la misma corrupción, fortalece la idea, en México y el extranjero, de que hay algo podrido en este país que tiene como su raíz el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La destitución de Santiago Nieto como fiscal para delitos electorales, no contribuye a cambiar la percepción, sino la hace verosímil, al haberlo despedido luego de que hablara públicamente de la investigación sobre presunto financiamiento de la empresa brasileña a la campaña presidencial de Peña Nieto, a través del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
El binomio de Mexicanos Contra la Corrupción y Reforma, aportó una nueva capa al territorio de esas percepciones. El lunes se publicó el trabajo del reportero de esa ONG, Raúl Olmos, quien ha cultivado buenas fuentes de información en la Fiscalía brasileña en Curitiba, donde se radica la investigación contra Odebrecht, a partir de la transcripción de la conversación de una reunión en 2013 del ex director ejecutivo de Braskem, Carlos Fadigas, con inversionistas, a quienes dijo que habían acompañado “de tiempo completo” la campaña presidencial de Peña Nieto. ¿Qué quiso decir Fadigas? No lo aclara la información publicada, pero abre el camino a todo.
Braskem es una filial de Odebrecht, que se instaló en México en 2010, y comenzó a operar una empresa conjunta con Grupo Idesa, de Guillermo Gutiérrez Zaldívar –los brasileños tienen el 75% de las acciones–, para participar en el Proyecto Etileno XXI en Coatzacoalcos. La publicación del binomio relacionó las confidencias de Fadigas con la construcción de esa petroquímica, pero según los ejecutivos en México de Braskem no son lo mismo. “No existe relación alguna de carácter operacional o administrativo… con Odebrecht en México”, explicó un vocero. “Braskem Idesa, diferente de la Constructora Odebrecht, es solamente un cliente de Pemex, por lo cual no tiene relación de proveedor de servicios”.
La relación de Braskem con el esquema de corrupción de Odebrecht en México se ha hecho a partir de un pequeño gran error, la adjudicación directa del contrato para la construcción de vías de acceso y obras externas para un proyecto de utilización de residuos en la obra en la refinería “Miguel Hidalgo” en Tula, por 115 millones de dólares, que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública tiene una “irregularidad” de 119 millones de pesos que vinculan a un funcionario de Pemex con la operación. Braskem precisó que quien hizo esa obra fue Constructora Odebrecht México, y no ella, como se ha publicado reiteradamente, incluso en este espacio.
Ejecutivos de Braskem México aseguraron a quien esto escribe que no existe ninguna investigación sobre la empresa en la PGR. Según sus ejecutivos, sus negocios en México “fueron y son desarrollados con total independencia” de los de Odebrecht. ¿Significa que el vínculo que tejió el binomio es erróneo? Tampoco. La publicación recuerda que la Fiscalía brasileña detectó tres transferencias por un millón y medio de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, registrada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, que según ex ejecutivos de Odebrecht que colaboran con las autoridades brasileñas, han sido vinculadas a Lozoya. Luis Alberto de Menseses Wyell, ex director en México de Odebrecht, según la publicación, se reunió dos veces con Lozoya en marzo de 2012, cuando arrancaba la campaña presidencial, donde se pactó un financiamiento oculto por cuatro millones de dólares, que se canalizaría a través de Latin America Asia Capital y Zecapan SA, en Islas Vírgenes.
Braskem México subraya que ni De Meneses Wyell ni otro funcionario de Odebrecht, participaron en ninguno de los momentos en que junto con Idesa concursaron y se les adjudicó el contrato de suministro de materia prima con Pemex para Coatzacoalcos. Lozoya sostiene que no recibió dinero para apoyar proyectos de obras de Odebrecht o de Braskem, o para financiar la campaña de Peña Nieto. Los ejecutivos de Braskem México reconocen que directivos de la empresa en Brasil participaron en hechos de corrupción, por lo que están pagando a la ley, pero que ellos estuvieron y están al margen de esas ilegalidades. En el deslinde, no metieron las manos al fuego por ellos, pero no quieren que se extienda la corrupción a su operación en México.
Fadigas y Lozoya, por otra parte, deben ser viejos conocidos. Antes de asumir la dirección ejecutiva de Braskem en 2010, Fadigas fue director de Finanzas de Odebrecht y miembro del Foro Económico de Davos en su capítulo de América Latina, que en ese tiempo dirigía Lozoya. Pero esto ¿es prueba de que haya recibido dinero ilícito? Tampoco. ¿Hubo dinero brasileño apoyando la campaña presidencial de Peña Nieto? Los involucrados aseguran que no y que no hay pruebas –sólo testimonios– que los vinculen a actos ilegales. En la Fiscalía brasileña están seguros que sí.
Ante la falta de documentos probatorios, es una batalla de dichos, y en el campo de batalla de las percepciones, el presidente Peña Nieto está derrotado a priori ante la opinión pública. Falta la bala de plata contra el presidente para que este caso se judicialice, pero en términos de imagen, no hay nada que pueda hacer para revertir el negativismo en su contra.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

El pasado 12 de octubre, en San Cristóbal de las Casas, se realizó la asamblea nacional de trabajo del Concejo Indígena de Gobierno y los pueblos que integran el Congreso Nacional Indígena. Al término de las mesas, el CIG y su vocera Marichuy –con una participación protagonizada exclusivamente por mujeres al frente– iniciaron una caravana por distintos caracoles zapatistas.
Junto con los concejales y delegados, algunos tuvimos el honor de ser invitados a las mesas de trabajo y la caravana por los territorios zapatistas. El aprendizaje obtenido de este encuentro –ver de cerca el proceso organizativo a lo largo de este año y los días de convivencia con concejales del CIG– ha sido enorme, además de emotivo.
En las mesas de trabajo se definieron los ejes sobre los que se centrará la palabra que llevará la vocera y las concejalas por todo el país durante los próximos meses. Aunque muchos de los medios tradicionales han dado cobertura a nuestra vocera como el centro de la propuesta del CIG, los objetivos que deberían visibilizarse durante de estos recorridos son muy distintos: las injusticias, las resistencias y las luchas de los pueblos que conforman el CNI, así como sus logros y sus historias exitosas de organización.
Estos son los ejes que llevará la caravana nacional a través de nuestra vocera Marichuy y nuestras concejalas:
–Tierra y territorio. El despojo es uno de los objetivos de la guerra contra el narco. Grupos paramilitares informales, cárteles y fuerzas armadas formales son utilizados por el poder para amedrentar a los pueblos indígenas. Una vez consumada la amenaza, bajo una doctrina de shock, suele imponerse la consulta institucional desde el poder. Lo que el CIG propone, entre otras cosas, es la autoconsulta sin mediación de los gobiernos frente al despojo y a emergencias como los recientes sismos de septiembre. También, hacer valer acuerdos internacionales a favor de los pueblos indígenas que el gobierno mexicano ha pisoteado, como el acuerdo 169 de la OIT.
–Autonomía. El proceso de autonomía no puede existir sin comenzar a nombrar las cosas con un lenguaje nuevo. El lenguaje que usamos desde hace 525 años sólo le ha servido al poder. Es un lenguaje que sirve para encubrir, para engañar. Este proceso deberá reconstruirnos desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, desde nuestro propio lenguaje. Los ejes fundamentales para la autonomía no los ha resuelto ni los va a resolver el Estado: salud, educación, seguridad, vivienda, producción, cultura. Debemos reconstruirnos como sujetos, no como objetos del capitalismo. Hay que construir un nuevo sujeto social para sustituir a la clase política a partir de experiencias de éxito de los pueblos.
–Mujeres. La agenda del CIG es diametralmente distinta a casi cualquier forma de organización política en México desde este punto central: la participación de las mujeres dentro de esta primera gira del CIG no sólo ha sido notoria, sino que son ellas las que encabezan el movimiento y tienen la palabra. Una de las propuestas en este eje es afianzar el modelo de asamblea con participación de las mujeres. No sólo se acordó promover el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos; para las concejalas es muy claro que la violencia del sistema capitalista tiene como objetivo principal los cuerpos de las mujeres. En este tercer eje de trabajo será que nuestra vocera Marichuy, como millones de mujeres en México, deberá enfrentar una triple lucha en su condición de mujer indígena dentro de un contexto violentamente racista, capitalista y patriarcal.
–Justicia. No existe en las lenguas indígenas la palabra justicia. No hay tal cosa como un concepto equivalente que implique castigo o daño disuasorio. La justicia de los malos gobiernos es una imposición colonial, corrupta de origen. En totonaca, por ejemplo –cuenta un concejal– se le nombra como algo más parecido al equilibrio: “estar todos contentos y bien”. Cuando le hemos exigido justicia al poder por las desapariciones, presos políticos y asesinatos, ese mismo poder nos responde desapareciéndonos, apresándonos, asesinándonos. El CIG decidió abrazar injusticias como las de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa y de todo el país, con quienes están caminando, pues dentro de esta otra concepción no existe justicia individualista, sino una en que nadie más vuelva a padecer un daño del poder. Si este sistema corrupto de justicia funciona para el capital, el CIG se propone quitársela de las manos. La propuesta concreta es ejercer, difundir y reforzar otras justicias que han estado por siglos entre los concejos de ancianos y las asambleas.
Los otros ejes del mensaje que llevará por todo el país Marichuy, la vocera del CIG, son: personas con capacidades diferentes, jóvenes y niños, migrantes, trabajo y explotación, y diversidad sexual –ya que el CIG ha abrazado desde el inicio a la comunidad LGBTTTIQ.

El presidente argentino, Mauricio Macri, aseguró ayer, tras el triunfo obtenido por el oficialismo en las elecciones legislativas de este domingo, que avanzará en reformas políticas y económicas a las cuales el kirchnerismo prometió ponerles freno.
“Argentina no tiene que parar ni tener miedo a las reformas, porque reformarse es crecer, evolucionar, progresar, es algo que nos va a generar entusiasmo, alegría, nos va a llevar a vivir mejor y estar más felices”, dijo ayer Macri en una rueda de prensa.
Con victorias para el frente gobernante Cambiemos en 13 de los 24 distritos electorales de Argentina en los primeros comicios que afronta Macri desde su llegada a la Casa Rosada, a finales de 2015, el jefe de Estado sostuvo que está “para ayudar a que todos los argentinos les vaya mejor”, lo “hayan votado o no”.
A partir del 10 de diciembre, cuando se produzca la renovación parcial del Parlamento, Cambiemos se consolidará como primera fuerza de Diputados, con 107 de las 257 bancas de esa Cámara, 21 más que las que posee ahora.
En el Senado sumará nueve sillas, con un total de 24 de los 72 escaños, aunque en ninguna de las dos Cámaras tendrá mayoría absoluta, por lo que el oficialismo se verá obligado a negociar con los distintos sectores de la oposición.
Por delante, el gobierno tiene en carpeta varias reformas que deberán pasar por el Congreso, entre ellas cambios en el sistema tributario y un nuevo marco para las relaciones laborales que promete traer álgidas discusiones en el Parlamento.
“Reformismo permanente”, vaticinó de ahora en más Macri, que desde su llegada a la Presidencia ha puesto en marcha varias reformas para desmontar muchas de las políticas del kirchnerismo.
El presidente dijo que avanzará con las reformas con “la mayor velocidad” que pueda pero también con “todo el gradualismo” posible.
Además de prometer bajar el déficit fiscal y la inflación, Macri dijo que hay que hacer “muchísimas reformas” políticas, institucionales y en la educación, donde hay “un enorme desafío por delante”.
Desde la oposición, bastante fragmentada, han sido muy pocas las voces que han salido ayer a responder a las declaraciones de Macri y una de las pocas que se ha alzado es la del frente kirchnerista Unidad Ciudadana, que lidera la ex presidenta argentina y senadora electa Cristina Fernández.
Relegada a un segundo puesto en las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de Argentina, Unidad Ciudadana se plantó ayer como principal fuerza opositora y prometió frenar los intentos reformistas de Macri.
La ex presidenta brasileña Dilma Rousseff felicitó ayer a la ex mandataria argentina Cristina Fernández por el escaño conseguido en la Cámara Alta en los comicios legislativos celebrados en el país el domingo.
Así también, Macri aseguró ayer que su gobierno continuará apoyando a la Justicia para que “se sepa la verdad” de lo que le ocurrió a Santiago Maldonado, cuyo cadáver fue hallado e identificado la semana pasada tras permanecer 80 días desaparecido.

Inicia sesiones hoy el Bundestag con un partido de ultraderecha por primera vez en más de 50 años

El Parlamento alemán (Bundestag), en el que por primera vez en más de medio siglo se sentará un partido de ultraderecha, celebrará hoy en Ber-lín su sesión inaugural que da co-mienzo a un nuevo período legislativo en el que Angela Merkel firmará su cuarto mandato consecutivo.
Cuando se cumple justo un mes de las elecciones generales y recién empezadas las negociaciones con liberales y el Partido Verde para formar una alianza de gobierno, la líder cristianodemócrata (CDU) y sus ministros serán relevados del cargo pero seguirán en funciones hasta la elección del nuevo Ejecutivo. Merkel terminará así de forma oficial el tercer mandato que asumió en 2013.
Un acto que habitualmente suele ser un mero trámite, lleva semanas acaparando la atención mediática debido a la irrupción de AfD, un partido junto al que el resto de formaciones no se quieren sentar y al que se le ha impedido que abra la sesión constituyente.

Evo destituye a gerenta de banco por un millonario desfalco

El presidente de Bolivia, Evo Morales, destituyó ayer a la gerenta del estatal banco Unión por un millonario desfalco de unos 5.4 millones de dólares, por el que está acusado un ex empleado ahora preso en una cárcel de alta seguridad en el altiplano del departamento de La Paz.
“No hay ningún perdón para gente que roba al pueblo, para gente que se corrompe con la plata del pueblo”, señaló al referirse al desfalco que fue descubierto hace un mes.
El economista Rolando Marín Ibáñez fue posesionado como gerente general del banco Unión en reemplazo de Marcia Villarroel, quien será sometida a un proceso administrativo.
Morales anticipó que habrá cambio de autoridades en por lo menos otras cuatro gerencias y destacó la importancia de “prestar buen servicio al pueblo boliviano”.

Premios Nobel investigan violencia contra defensoras en Honduras y Guatemala

Una delegación de premios Nobel de la Paz cerrará este martes su visita a Honduras y se trasladará a Guatemala en una gira por los dos países centroamericanos para investigar la violencia contra mujeres defensoras de los derechos humanos.
La visita a Honduras fue cumplida por Shirin Ebadi (Irán) y Tawakkol Karman (Yemén), quienes viajarán el martes a Guatemala donde se les unirán la guatemalteca Rigoberta Menchú y la estadunidense Jody Williams, informó Lucrecia Ardón, acompañante de la delegación.
En Honduras, Karman y Ebadi “quedaron impactadas de conocer el caso de Bertha Cáceres (activista hondureña del medio ambiente asesinada en 2016) y el grado de impunidad que existe en la mayoría de casos de violencia contra mujeres”, indicó Ardón.
No obstante, “también se sintieron motivadas por la lucha y resistencia de las mujeres hondureñas”.