La esposa del dirigente social Arturo Hernández Cardona asesinado en Iguala, y ex regidora Sofía Lorena Mendoza Martínez dijo que se siguen esperando los resultados de las investigaciones del asesinato de la dirigente de la OCSS Rocío Mesino Mesino a cuatro años del crimen, para saber qué pasó y por qué la asesinaron.
Denunció que esta situación se repite con otros dirigentes asesinados, como el reciente de Ranferi Hernández Acevedo junto a su esposa, su suegra y su chofer en Chilapa.
En un documento difundido  por Mendoza Martínez dice que hace cuatro años fueron ejecutados cuatro dirigentes sociales, tres de la Costa Grande y uno de la región Norte.
El primero fue Hernández Cardona cuando horas después de protestar contra el gobierno municipal de Iguala desapareció con otros compañeros que fueron privados de la vida, y fue localizado el 3 de junio de ese año con evidentes huellas de que fue torturado.
Posteriormente el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur, Raymundo Velázquez Flores, de Coyuca de Benítez, quien fue desaparecido y torturado junto con sus compañeros Luis Olivares quien dirigía la Unión de Productores de la Costa Grande en Coyuca de Benítez, y quien antes fue amenazado y luego ejecutado con su compañera Ana Lilia Gatica, el 10 de noviembre.
A Rocío Mesino la ejecutaron el 19 de octubre cuando atendía un comedor comunitario para voluntarios en la reconstrucción del puente que comunica a la comunidad de Mexcaltepec con Atoyac.
Indicó que se cumplen cuatro años de su  ejecución, los familiares, compañeros y  el pueblo de Guerrero sigue esperando resultados de la investigación, saber qué pasó y por qué la ejecutaron, quiénes son los autores intelectuales y materiales.
Se preguntó, “¿para quiénes era dañina su vida?”, si lo era para el pueblo de Atoyac y la región.
Además resaltó el reciente asesinato de Ranferi Hernández, ejecutado e incendido junto a su esposa, su suegra y su chofer, “ninguna recompensa sirve para calmar el dolor que quedó entre sus hijos, familiares y amigos”.
Abundó que qué dirán ahora las organizaciones y colectivos franceses que anteriormente ayudaron a exiliar al líder social.
Resaltó que no entiende por qué se ejecuta de esa manera a los dirigentes sociales y a periodistas, cuál es el objetivo, si acaso creen que desaparecer a las voces que reclaman justicia en una entidad tan maltratada, humillada y sometida por sus propios gobernantes, los que tienen la misma condición de guerrerenses, pero con diferentes ideas de justicia, de respeto a los derechos humanos y de libertad.
Guerrero es un estado que sigue apareciendo en el plano mundial como uno de los más violentos, porque no se acaba de entender que mientras exista desigualdad desmedida en contra los guerrerenses más pobres, siempre habrá protestas y siempre habrá quiénes encabecen las luchas. (Beatriz García / Chilpancingo).

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El 6 de noviembre el preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González cumplirá cuatro años privado por su libertad debido a su defensa de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena del estado de Guerrero.
Entrevistado en la cárcel de Chilpancingo subrayó que esta norma, que ampara a todos los pueblos de Guerrero para organizarse, ha costado sangre de luchadores y policías comunitarios, y su análisis debe retomarse en el Congreso del estado.
Llamó a la CRAC y a las comunidades indígenas y rurales a luchar para proteger los derechos señalados en la legislación, ante la política fascista del gobierno.
Mencionó que si la ley se pierde debido a la omisión del gobernador Héctor Astudillo Flores y diputados locales, los derechos de los pueblos están consagrados en el Artículo Segundo Constitucional y podrán ejercerlos.
No obstante dijo que si los diputados respetan a la población, se abocarían a mejorar la ley y armonizar los sistemas normativos de las comunidades indígenas con el sistema judicial, para evitar las controversias que llevaron a varios integrantes de la CRAC a la cárcel, en un periodo de represión que pretendía la destrucción de la institución de seguridad y justicia.
Pese a que las lagunas legales fueron despejadas en amparos de jueces federales, tres siguen prisioneros: Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez, por una decisión política, insistió.
A la fecha está en comisiones legislativas una iniciativa de la CRAC y organizaciones sociales impulsadas por el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, y otra del gobernador, para establecer desde la Constitución Política del Estado la autodeterminación de los pueblos originarios.
Molina González ratificó que la Ley 701 no es exclusiva de la CRAC, incluso un proyecto comunitario distinto puede acogerse a ella, por lo tanto todos los pueblos deben sumarse a su defensa.
Opinó que ante la violencia y asesinatos de luchadores, el más reciente el del fundador del PRD Ranferi Hernández Acevedo, el movimiento social requiere de hombres firmes, particularmente en tiempos electorales en que los políticos van a tratar de abonar a intereses particulares y empresariales, para dar paso a las mineras.
Señaló que “en todo el estado hay ejecuciones, desplazados, a la base de El Fortín, (grupo de la Policía Comunitaria en Tixtla), nos golpearon (varios de sus integrantes han sido asesinados en cuatro años). Son muestras claras del fascismo”.
Puntualizó que si sigue en prisión es por la defensa de la Ley 701, pues antes de su aprehensión con una veintena de comandantes, coordinadores, consejeros y policía comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, “había un despertar de las conciencias”.
Indicó que en 2013 a los lugares a donde la CRAC-PC acudía a promover la organización de la Policía Comunitaria, “nos identificaban y creían en nosotros”. Confió en que todavía se mantiene la credibilidad de esa organización.
Cuatro años después y tres gobernadores distintos, dijo que “hay mucho temor por las bajas que han sufrido. ¿Qué se necesita para recobrar la confianza?, asumir la responsabilidad individual de conocer y enfrentar las adversidades”.
Insistió en que el pueblo tiene que salvarse a si mismo, no lo harán las autoridades, a propósito del segundo informe del gobernador Héctor Astudillo Flores, ayer, “no hay orden ni la paz prometida en campaña”.
Aunque parece una posibilidad lejana, propuso la creación de tribunales populares para los políticos que se hacen millonarios desde las comunidades.
“Hay mucho robo a la nación, debemos evidenciar cómo se llevan tanto dinero, demostrar la ola de corrupción”, expuso.
Pidió respeto a los presos de la CRAC-PC para que ningún personaje u organización hable o negocie con las autoridades en su nombre.
Dijo que la CRAC debe de llamar a sus familiares en caso de acercamiento con las autoridades, para que sean partícipes de los diálogos. Consideró que hubo personajes que abusaron y sacaron provecho con esta causa.

Recolectores de basura del sector privado continúan sin dar el servicio, principalmente en la periferia de Chilpancingo, a donde los carros de Servicios Públicos no acuden con regularidad; el alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas prometió que el jueves o el viernes les informarían si podrán llevar los desechos al basurero de Zumpango, pues en el basurero que ocupaban en la capital, les cerraron el paso.
El viernes, a los trabajadores de las más de 100 camionetas recolectoras de basura privadas se le impidió tirarla en el terreno Los Astudillos, que temporalmente les prestaron, lo que propició que dejaran de dar el servicio.
Posteriormente, cuando el alcalde, Marco Antonio Leyva Mena pidió licencia por tiempo indefinido, siendo sustituido el miércoles por el suplente Tejeda Vargas, se retrasó aún más la asignación de un terreno para que los recolectores privados depositen la basura.
En consulta telefónica, el recolector del sector privado, Marco Briones lamentó que el alcalde suplente esté ocupado en diversos asuntos, ahora que acaba de ingresar a la administración, aunque ya dialogaron con él.
Indicó que se está destrabando la posibilidad de que se permita depositar la basura en Matlalapa, municipio de Tixtla, donde se construía el centro de transferencia, pero fue interrumpida por el Cabildo, y los pobladores de la comunidad se opusieron, con el argumento de que se contaminaría su ecosistema.
Indicó que el alcalde suplente acordó con el presidente de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes, que nuevamente les permita usar su tiradero para depositar la basura de la capital.
Dijo que les comunicó la posibilidad de que puedan depositar la basura en Zumpango, mientras se tiene un lugar de la capital para depositar la basura permanentemente. Los trabajadores dieron su voto de confianza al alcalde suplente, quien les prometió verbalmente la solución, e indicaron que esperan que cumpla, a diferencia de Leyva Mena, que no resolvió.
Marco Briones señaló que se está dejando de atender a la periferia, que es el lugar donde dan mayor cobertura porque el municipio está a cargo del centro de la ciudad. (Beatriz García / Chilpancingo).

Luis Daniel Nava

Chilapa

A una semana de que la Secretaria de Salud estatal (Ssa) anunció el traslado del hospital general de Chilapa a una clínica privada, trabajadores informaron que la dependencia aún no tiene un acuerdo con el dueño del edificio.
El viernes pasado, el secretario de Salud estatal, Carlos Peña Pintos informó que todos los servicios médicos del hospital que resultó dañado por el sismo del 19 de septiembre pasado, serían trasladados a una clínica privada en la periferia de Chilapa; entonces, les dijo a los trabajadores que en una semana se haría el cambio.
Consultada ayer, la médica Mireya Roque Oms, secretaria de la sub sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), informó que aún no hay un contrato firmado entre la clínica privada y la Ssa.
“Aún están en pláticas, esto se nos debe de dar por escrito, es un proceso administrativo que se lleva; toda la base está de acuerdo con la solución temporal del secretario de Salud, Carlos de la Peña”, dijo la líder.
Comentó que en una reunión general de trabajadores, se aceptó la propuesta de reubicarse en otro lugar en tanto se pone en funcionamiento el hospital nuevo.
“Lo importante es salvaguardar vidas de trabajadores y pacientes, el inmueble está muy dañado, casi diario tiembla y no queremos lamentar después (pérdidas de) vidas de pacientes y trabajadores”.
La construcción del hospital nuevo inició en julio de 2011, en el gobierno del defenestrado Ángel Aguirre Rivero; entonces se proyectó concluir el nosocomio con atención especializada en un año.
La representante sindical, Roque Oms dijo que, para el lugar a donde se ubicará temporalmente el hospital, solicitaron al gobierno municipal, que encabeza el alcalde Jesús Parra, alumbrado, transporte y sobre todo seguridad pública. “El alcalde debe tomar las medidas, ¿cómo le va hacer? no sé”, expresó.
“Este hospital es receptor de varios municipios, es un hospital de 30 camas, pero han funcionado 60, y muchísimas sillas. Le solicitamos (al gobernador Héctor Astudillo) que de manera urgente se entregue el hospital nuevo”, concluyó.
Después de los daños del sismo del 19 de septiembre, el hospital sólo atiende urgencias generales, de embarazadas, urgencias obstétricas y generales; mientras que los pacientes que requieren hospitalización o cirugías son enviados a otros hospitales.

El candidato de la planilla azulgrana a secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Juan Alberto Rodríguez Rendón dijo que se deben atender las deudas del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) con jubilados y pensionados, antes de ofrecer una secretaría para atender a los agremiados afectados por la inseguridad, como propone el candidato oficial, David Martínez Mastache.
Rodríguez Rendón dijo que hoy se registrará oficialmente, y recordó que la madrugada del domingo, horas después de que se emitió la convocatoria, se inscribieron dos candidatos, el oficial David Martínez Mastache, y Miguel Adame. Explicó que en la boleta para votar, los primeros en inscribirse ocuparían una ubicación privilegiada, “eso demuestra el poder de la estructura del SUSPEG, el llamado en un día inhábil a los candidatos para registrarse, no estoy de acuerdo”.
De la sección XIV, que aglutina a mil 400 maestros, indicó que a diferencia del candidato oficial, tienen un margen de recursos económicos más limitados para el proceso de campaña, “somos convencidos de que el dinero no puede ser condicionante para llegar a la secretaría general”.
De la propuesta del candidato Martínez Mastache de crear una secretaría para atender a los trabajadores en situación de inseguridad, consideró que hay prioridades y responsabilidades, “hay que comenzar por lo que se pueda hacer, el flagelo de la inseguridad es muy difícil de tratar, lo que sí podemos crear son las secciones de jubilados y pensionado, que es una cartera que existe en el Comité Central, pero que en el SUSPEG no existe”.
Manifestó que los agremiados al jubilarse dejan de pertenecer al sindicato, pierden su seguro de vida y servicio médico en tanto no cobren.
De la atención a la inseguridad de los trabajadores, puntualizó que corresponde a los gobiernos otorgarla y no usar esa realidad como una bandera política. (Abel Salgado).

Jacob Morales Antonio

Los integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados número 3 y 4 del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), solicitaron el rescate financiero del instituto y denunciaron una estrategia de contención para que quienes tienen derecho de jubilarse no lo hagan por el desastre financiero que existe.
En conferencia de prensa en el Zócalo de Acapulco y a nombre de los agremiados de las asociaciones de jubilados número 3, Alejandro Hernández Arrollo y del número 4, Arturo García Uriostegui, exigieron al gobernador el rescate financiero del ISSSPEG luego de perder prestaciones.
Ambos dirigentes manifestaron que hay problemas de solvencia y que no hay fondos para pagar a los 2 mil 500 jubilados y tampoco para los 2 mil 300 que aún no están dados de alta. Señalaron que para cubrir las pensiones de los jubilados actuales se necesitan 45 millones de pesos, pero eso implica que sean ocupadas las actuales cuotas sindicales de los trabajadores en activo y  cuando éstos se jubilen no habrá fondos, lo que se traduce en un sistema pensionario quebrantado.
Los dirigentes lamentaron que el ISSSPEG esté sobrellevando el problema y por eso pidieron al gobernador Héctor Astudillo que intervenga ante el gobierno federal para rescatar al instituto como lo ha hecho el gobierno con el ISSSTE y el IMSS y resolver el problema de fondo.
Manifestaron que necesitan tener garantizadas sus pensiones a futuro y también  exigieron  a los Ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo y Taxco pagar lo que deben al ISSSPEG.
Los jubilados denunciaron que el gobierno implementó una estrategia “de contención” para que los trabajadores que tienen derecho a jubilarse no lo hagan, a cambio les están ofreciendo aumentos salariales del 3 por ciento sobre su salario base.
También llamaron a los candidatos que aspiran a la secretaría del Sindicato Único de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) a no agarrar como bandera política la situación de los jubilados porque al final no resuelven nada, y pidieron una mesa de trabajo entre trabajadores activos y jubilados para encontrar una solución.
Los jubilados también exigieron  que se finquen responsabilidades a quienes hayan retenido las cuotas sindicales y no las canalizaron al ISSSPEG, porque ahora les han quitado prestaciones, bonos y viajes de recreación.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Sutcecyteg-Guerrero) pararon labores, tomaron la Dirección General y los diez planteles oficiales, para exigir el pago del retroactivo salarial que se les adeuda desde febrero pasado y que se respeten los derechos laborales.
El secretario general del sindicato, Francisco Javier Armenta Serna, informó que desde las 7 de la mañana no dejaron pasar a los directivos en los planteles 01 Mozimba, 04 de Coloso, 07 de San Agustín y 09 de San Isidro, ubicados en Acapulco; el 02 de Chilapa; el 03 de Iguala; el 05 de Petatlán, el 06 de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo; el 08 de El Cortés de San Marcos, y el 10 de Juchitán, así como en la Dirección General en Chilpancingo, porque el gobierno de Héctor Astudillo Flores no ha firmado el convenio correspondiente con la federación para dar cumplimiento a las prestaciones que tienen derecho.
Dijo que a diez meses de que inició el ejercicio fiscal “no se ha firmado por parte del gobierno del estado el convenio que permite erradicar los recursos del gobierno federal y del estado para dar cumplimiento a todas las prestaciones que marca el Contrato Colectivo de Trabajo que incluye la seguridad social, pago del ISSSTE, Fovissste, la antigüedad real del ISSSTE así como los créditos tradicionales”.
Añadió que a casi tres meses de iniciar el ciclo escolar, el área académica se ha negado a firmar la carga laboral del personal docente, por lo anterior los integrantes del Sutcecyteg decidieron parar labores de manera indefinida y tomar las instalaciones, lo que afectó a unos 13 mil estudiantes en el estado.
En la capital, trabajadores de la Dirección General colocaron pancartas en el acceso a las oficinas en las que se leyó: “Destitución inmediata del director académico Alfonso Santos Pacheco” y “¡Fuera! María Magdalena Muñiz Rodríguez, ex directora de Vinculación”.
Al respecto el representante del Sutcecyteg, Zenon Román, dijo que la federación concedió un aumento salarial de 3.8 por ciento los trabajadores, mismo que debió pagarse en febrero pero hasta la fecha las autoridades estatales argumentan que no hay recursos para el pago retroactivo y hay más de 400 afectados.
Por otra parte, los inconformes pidieron la destitución de Santos Pacheco por mantener una actitud prepotente y afectar los derechos de los trabajadores, y de Muñiz Rodríguez porque ya había sido separada de su cargo ante la falta de resultados, pero debido a que la funcionaria se jacta de ser cercana al gobernador, volvió a la Dirección General.

Padres de la primaria Fray Bartolomé de la Casas bloquearon 20 minutos las calles Ignacio Zaragoza e Ignacio Allende, en el centro de Chilpancingo, para exigir la reubicación temporal de la escuela en la que se llevarán a cabo obras de reconstrucción.
Cerca de las 10:30 de la mañana, los padres bloquearon de manera total el paso vehicular frente a las instalaciones, con el fin de que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se involucre en la reubicación del plantel, que tiene más de 50 años de antigüedad y fue afectado por los sismos de septiembre.
Los padres se quejaron de que hace 20 días las autoridades se comprometieron a buscar un sitio para la reubicación de los 648 alumnos, pero no informaron a dónde serían trasladados y ante la incertidumbre, las clases han sido suspendidas de manera constante.
Acudieron funcionarios del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE) que informaron que los alumnos serán ubicados en un edificio en la colonia Universal, frente a la torre médica Siglo XXI, y la SEG se comprometió a que las clases se reanudarán los siguientes días.
No todos los padres aceptaron el lugar propuesto y acordaron que algunos grupos recibirán clases en casas particulares en el centro de la ciudad. Se firmó un acuerdo en que las autoridades se deslindan de los problemas que pudieran ocurrir en el edificio en la colonia Universal y los padres se harán responsables de los alumnos. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Israel Flores

Directores de la supervisión 01 de secundarias generales con sede en Coyuca de Catalán, tomaron la delegación de educación para exigir que no permitan la llegada del nuevo supervisor, a quien acusan de prepotente luego de un conflicto por el que salió de la secundaria Cuauhtémoc.
Son seis directores de secundarias generales, principalmente del municipio de Coyuca de Catalán y una de Ajuchitlán, quienes se unieron desde hace tres meses para impedir la llegada del nuevo supervisor a la zona y ahora tomaron la delegación de educación, al señalar que el delegado Timoteo Arce Solís lo está protegiendo.
Se trata del maestro Alfredo Oligabel Pichardo, quien ganó el concurso de la supervisión al participar en el examen correspondiente. En tanto que el supervisor encargado que estaba, Natividad Taboada, concluyó sus funciones en julio pasado y no concursó para lograr su clave de supervisor, pero en este momento se mantiene dentro de la lista de los maestros que se manifiestan.
Este conflicto tiene su antecedente en un hecho que se viene arrastrando desde el 2015, cuando el maestro Alfredo Pichardo trabajaba en la secundaria Cuauhtémoc de Coyuca de Catalán y que pertenece a esta zona.
El profesor tenía su hijo como alumno y denunció que fue víctima de agresiones, al grado de que estuvo inconsciente por espacio de cinco minutos, lo que llevó este caso ante diferentes instancias como derechos humanos y la Contraloría interna.
El problema se agravó toda vez que el maestro argumentó que no había sanciones contra nadie del personal de la secundaria, porque se encubrían unos con otros al señalar que tres familias controlaban por completo la plantilla de maestros, incluyendo la dirección, pues se fueron heredando las plazas y las horas de trabajo incluso sin tener el perfil.
Esto provocó que los maestros se unieran y tomaron la escuela para exigir la salida del maestro Alfredo Pichardo.
A su vez éste se defendió ante las instancias legales y denunció al director de la escuela Jesús Castro Alonso a quien desde el ciclo escolar pasado le llegó el cese como director del escuela pero se amparo ante un juez y de esta forma se mantiene todavía como director de esta institución.
El caso se quedó atorado en la Contraloría interna y no hubo avance en las investigaciones de las mutuas denuncias entre los maestros.
A su vez el profesor Alfredo Pichardo fue enviado y concentrado en la supervisión uno, bajo el mando del profesor Natividad Taboada. Meses después el auxiliar participó en el concurso para ascender como supervisor, logró salir como idóneo y fue nombrado como supervisor de la zona uno.
Cabe destacar que las instalaciones de la supervisión uno de secundarias generales se encuentran dentro de las instalaciones de la secundaria Cuauhtémoc de Coyuca de Catalán, que es justamente donde se dio el conflicto entre el profesor Pichardo y el personal docente de esta secundaria.
Esto facilitó a que una vez que recibió el nombramiento los demás directores se unieron en apoyo a Jesús Castro Alonso, tomaron la supervisión y cerraron las oficinas previo al cierre del ciclo escolar, señalando que sólo permitirían el avance de los trámites de documentación pero no dejarían que llegara el nuevo supervisor.
Sin embargo, en un encuentro reciente entre el delegado de educación y el profesor Natividad Taboada, en las oficinas del presidente municipal de Coyuca de Catalán Abel Montúfar Mendoza le recordó que ya era tiempo de liberar las instalaciones y así permitir la llegada del nuevo supervisor que logró el espacio a través de un concurso.
Esto provocó una nueva reunión entre los directivos y ahora tomaron las instalaciones de la delegación de educación, de tal forma que colocaron mantas señalando que el delegado protege al nuevo supervisor y le exigen que lo cambien de sede, porque no es bien visto en esa zona.
Lo acusan de estar involucrado en el asesoramiento de otros maestros que tienen demandados a sus directores en derechos humanos por presuntas agresiones verbales.
El grupo dijo que esta manifestación sería sólo este jueves y que liberarían por la tarde en las instalaciones, pero que sería una advertencia para el delegado.