Un juez federal de Hawai bloqueó ayer temporalmente el tercer veto migratorio impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que debía entrar en vigor este miércoles, pero mantuvo la parte de la medida que afecta a Venezuela.
El nuevo veto, proclamado el 24 de septiembre pasado, impide de manera indefinida la entrada a Estados Unidos de la mayoría de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, así como a ciertos funcionarios de Venezuela y sus familiares, si bien la orden del juez no afecta a estos dos últimos países.
El magistrado Derrick Watson, de Honolulú, emitió el dictamen en respuesta a una demanda presentada por el estado de Hawai, por una mezquita de la citada ciudad, por un imán y dos residente de ese estado con familiares en los países afectados.
Según el juez, el veto decretado por Trump “claramente discrimina en base a la nacionalidad”.
La polémica medida del presidente “sufre precisamente los mismos problemas que su predecesor: carece de suficiente base para mantener que la entrada de más de 150 millones de nacionales de los seis países especificados sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”, explicó Watson.
El 18 de octubre era el día que marcó Trump para implementar su nuevo veto, pero ahora no podrá entrar en vigor en lo que se refiere a los seis países de mayoría musulmana, aunque es probable que el gobierno interponga un recurso contra la orden del juez.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, criticó la “orden peligrosamente defectuosa” del juez, que “socava los esfuerzos del presidente para mantener seguro al pueblo estadunidense”.
La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, confirmó que su departamento “cumplirá” con la orden judicial, pero pronosticó que el gobierno acabará imponiéndose en la batalla legal.
En el caso de Venezuela, las restricciones del veto solo afectan a algunos funcionarios y su “familia inmediata”.
Por otro lado, el nominado para ser el nuevo “zar” antidrogas del gobierno de Estados Unidos, el legislador republicano Tom Marino, pidió no ser considerado para ese puesto, dijo ayer Trump.
Trump anunció la retirada de Marino en su cuenta de Twitter y dijo de él que es “un buen hombre” y “un gran congresista”.
La decisión de Marino de retirar su candidatura a dirigir la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca llega tras una investigación conjunta realizada por el diario The Washington Post y el programa “60 Minutes” de la cadena CBS.
Esa investigación reveló, entre otras cosas, que Marino recibió casi 100 mil dólares de la industria farmacéutica mientras patrocinaba un proyecto de ley en el Congreso que debilitó la capacidad de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, para perseguir a los fabricantes y distribuidores de opiáceos.
En tanto, Trump recibió ayer en la Casa Blanca al primer ministro griego, Alexis Tsipras, y felicitó los avances de Grecia en el manejo de la crisis económica.

Las autoridades chinas endurecieron ayer los controles en Internet y la persecución de defensores de los derechos civiles con motivo de la celebración del congreso del partido.
Los servicios que ayudan a superar el “gran cortafuegos” chino experimentaron ayer más problemas. Además, varios activistas informaron de que se les exigió permanecer vigilados en residencias durante el congreso del partido, que se celebra cada cinco años.
“Estamos sujetos a fuertes restricciones”, dijo a la emisora estadunidense Radio Free Asia un disidente que no quiso identificarse. “No se nos permite volver a casa hasta finales de octubre, cuando el decimonoveno congreso del partido haya acabado”, explicó.
Liu Xia, la mujer del premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, que murió en julio, que se encuentra en arresto domiciliario, también tuvo que abandonar la ciudad y “viajar a la fuerza”, informó el Centro de Información para los Derechos Humanos y la Democracia de Hong Kong citando a sus familiares. La familia está “muy nerviosa” por la tensa situación, añadió.
Los conocidos defensores de los derechos civiles Bao Tong y Gao Yu también tuvieron que salir de la capital.

El Tribunal Constitucional (TC) de España declaró ayer por unanimidad la nulidad de la ley del referéndum catalán del 1-O, mientras la tensión política y social aumentó en esa comunidad autónoma española con manifestaciones a favor de dos líderes independentistas encarcelados por delito de sedición.
La ley anulada ya había sido suspendida de modo cautelar el pasado 7 de septiembre, al día siguiente de ser aprobada por el Parlamento de la región de Cataluña.
A pesar de eso, las autoridades locales convocaron para el 1 de octubre un referéndum secesionista, cuya ilegalidad confirmó ayer el TC, en el participaron algo más de 2.2 millones de personas a favor del “sí” a la independencia, respecto a los más de 5.3 millones de catalanes con derecho de voto.
La sentencia del TC, conocida ayer, reprocha al Parlamento catalán haber dejado a los ciudadanos “a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno” y, por tanto, es arbitrario.
En el fallo, adoptado por unanimidad, el TC espeta al Legislativo catalán que “un poder que niega expresamente el derecho, se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”.
El alto tribunal español recalcó que la región de Cataluña no es sujeto del derecho de autodeterminación, entendido como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado.
Mientras la Justicia sigue su curso, la tensión política y social crece en Cataluña por el ingreso en prisión, acusados de sedición, de los líderes de dos organizaciones independentistas, y el anuncio del Ejecutivo regional catalán de que mantendrá la oferta de un diálogo “sin condiciones” con el gobierno español.
La detención de los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, este lunes ha provocado la reacción de los sectores independentistas catalanes, que se concentraron a lo largo del día para protestar contra la Justicia española y la actitud “represiva” del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Cientos de personas participaron ayer en diversas concentraciones en Cataluña contra dicho encarcelamiento de sus líderes, entre las que destacó la de Barcelona.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta útil para comunicarse, pero también suponen un riesgo para los activistas que defienden los derechos laborales o medioambientales, entre otros, en países del Sudeste Asiático.
La libertad en Internet se ha reducido en los últimos años en países como Tailandia, Malasia, Vietnam o Birmania (Myanmar), donde ciudadanos y activistas son perseguidos por lo que expresan en sitios como Facebook o Twitter.
El pasado 15 de agosto, un universitario y activista tailandés, Jatupat Boonpattaraksa, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por compartir en Facebook un perfil del rey Vajiralonkorn realizada por la cadena británica BBC.
Jatupat, que antes de su detención lideró varias acciones de protesta contra la junta militar que gobierna desde 2014, fue reconocido en abril con el premio Gwangju de derechos humanos que concede Corea del Sur, pero no pudo recogerlo por estar por entonces en prisión preventiva.
Las autoridades tailandesas también utilizan la ley de internet y la ley de difamación para iniciar procesos penales contra activistas, según Sutharee Wannasiri, de la ONG Fortify Rights.

El director del servicio de inteligencia británico MI5, Andrew Parker, alertó ayer sobre la “intensa” amenaza terrorista que afronta el Reino Unido, que ha sufrido cinco atentados este año.
En un discurso en Londres, Parker indicó que las amenazas “evolucionan rápidamente y operan a una escala y un ritmo que no habíamos visto antes”.
“Es el mayor ritmo que he visto en mis 34 años de carrera. Actualmente hay más actividades terroristas, llegan hasta nosotros más rápido y pueden ser más difíciles de detectar”, dijo el responsable de la agencia de inteligencia nacional británica.
Parker aseguró que las fuerzas de seguridad han logrado frustrar veinte ataques en los últimos cuatro años, incluidos siete planes de atentado en los últimos siete meses.
“La amenaza es la más diversa que hemos conocido. Hay planes que se desarrollan aquí en el Reino Unido, pero otros están dirigidos desde el extranjero. Hay planes que se hacen a través de internet”, analizó el director del MI5.

El aparente resultado de las elecciones regionales en Venezuela este pasado domingo muestra que cualquier esperanza de un desenlace bienaventurado de la crisis de aquel país en el corto plazo es ya lejana. En parte, debido a la división de las fuerzas opositoras –algunos sectores de la MUD participaron en la elección para gobernadores, y otros no–, en parte por el fraude electoral generalizado, que llevó a cabo el gobierno de Nicolás Maduro, no sólo a la priista, sino llevando las tradiciones mexicanas a nuevos niveles de excelencia, y en parte por un cierto cansancio probablemente de la oposición en su conjunto, Maduro pudo decir que se llevó 17 gubernaturas y perdió sólo 5. Más allá de la decepción opositora, y del hecho que incluso de haber ganado más gubernaturas, el poder en juego era exiguo, podemos concluir que la permanencia de Maduro en el poder será un asunto de mediano plazo.
Había la posibilidad, hasta mediados del verano, que las manifestaciones en la calle y las trágicas muertes provocadas por Maduro y sus “colectivos” provocarían algún tipo de derrumbe del gobierno: o bien por la calle, o bien por la presión internacional, o bien por la división de las fuerzas armadas que concluirían que ya no era viable el régimen. Pero nada de eso sucedió en aquel momento. Ahora es más improbable que nunca, ya que las manifestaciones callejeras desaparecieron, la presión internacional sigue vigente pero no basta, y no parece haberse abierto ninguna grieta dentro del estamento militar venezolano.
Sólo queda la presión internacional a mediano plazo. Para que surta efecto, en primer lugar, es absolutamente indispensable que Donald Trump cese cualquier ataque verbal o amenaza explícita al gobierno de Maduro, como lo hizo hace algunos meses, imposibilitando así la posible fractura del ejército. En segundo lugar, las sanciones deben ser universales, es decir, provenir de Estados Unidos y Canadá, de toda América Latina y de la Unión Europea. De faltar esa universalidad, difícilmente se puede esperar un efecto decisivo que no tarde años en producirse. Para ello, es absolutamente clave la decisión que pueda tomar la Unión Europea en los próximos días.
Esta decisión depende básicamente de tres vertientes. La primera es que los principales países latinoamericanos, agrupados en el llamado Grupo de Lima, y que incluyen desde luego a Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, se presenten en un frente unido ante Bruselas para legitimar las sanciones europeas, a través de sus propios actos en ese mismo sentido. Las sanciones latinoamericanas no surtirán mayor efecto, salvo quizás en el caso de Brasil y de Colombia, pero sí pueden ser fundamentales para convencer a los europeos. En segundo lugar, para que la Unión Europea aplique sanciones económicas a Venezuela, es obligatoria la unanimidad: los 28 países, ya sin Inglaterra, deben aceptarlas. Hasta ayer existía un veto: el del gobierno de Alexis Tsipras en Grecia, y de su partido Syriza. Seguramente ese veto explica el paso del primer ministro griego por la Casa Blanca justamente ayer. El tema central del cual seguramente conversaron Trump y Tsipras fue Venezuela, fueron las sanciones europeas y fue la necesidad de que Grecia coopere en esta materia. Es difícil saber por el momento cómo reaccionó el gobernante de izquierda, amigo de Maduro. Asimismo, la lógica de diversos viajes de diplomáticos latinoamericanos, desde el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y hasta de Luis Videgaray a Europa en estos días, responde también a la necesidad de hacer ver a varios países, pero principalmente a Alemania, Francia e Italia, que convenzan a los griegos de levantar su veto. Sin ello no hay sanciones posibles.
De suceder todo esto, el régimen venezolano se debilitará a mediano plazo. En algún momento dejará de poder pagar el servicio de su deuda externa, sobre todo si los chinos y los rusos dejan de ayudarle. En algún momento su capacidad de importar alimentos llegará al límite; y en algún momento la incapacidad de realizar transacciones financieras en cualquier parte del mundo hará inviable por completo su economía. Y eso nos lleva a la tercera y última vertiente.
Hasta donde sea posible, las sanciones económicas deben evitar efectos desastrosos para la población venezolana que ya ha sufrido lo suficiente. Por eso sería importante que dichas sanciones se acompañaran de una ayuda humanitaria, dirigida directamente a los sectores más desfavorecidos de Venezuela, y que las sanciones sobre todo se dirijan a impedir la importación, la compra o el pago de bienes y servicios no vinculados directamente a las primeras necesidades de la gente. Nada de esto es sencillo, pero más difícil será seguir lidiando con un gobierno que cada día se parece más a una dictadura.

Las encuestas en El Financiero y El Universal publicadas este lunes muestran al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como el priista mejor evaluado para ser candidato a la Presidencia de ese partido. A Osorio Chong, quien revivió como precandidato por su trabajo durante los sismos de septiembre, parecen pintarle muy bien las cosas, salvo por lo que la Casa Blanca piensa de él, aunque indirectamente por ahora, por la crisis de seguridad, donde el incremento en la violencia ha fortalecido la idea del presidente Donald Trump para levantar una barrera entre los dos países. “México está teniendo un momento difícil en cuanto al crimen”, dijo Trump este lunes. “Más que nunca, necesitamos el muro”.
Trump reunió a su gabinete el lunes, y ratificó su creencia de que México es un país sin leyes, por lo que se requiere incrementar la seguridad fronteriza. “Tenemos muy buena relación con México, pero hay muchos problemas allá”, agregó al insistir que pese a las intensas relaciones bilaterales, necesitan aislar a Estados Unidos del narcotráfico y la violencia criminal. Las palabras de Trump reforzaron la declaración del jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, quien afirmó la semana pasada que definitivamente se requiere una barrera física entre los dos países.
El tema de la seguridad en México está descontrolado, que es lo que estimula la narrativa en Estados Unidos sobre un Estado fallido, en donde la autoridad entregó territorio y control a grupos criminales. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, estima que en 2016 hubo 23.3 millones de víctimas por un delito, lo que representa una tasa delictiva de 28 mil 202 víctimas por cada 100 mil habitantes. No se trata sólo de percepciones. En este espacio se registró que durante los primeros 54 meses del gobierno peñista, el número de homicidios dolosos denunciados llegó a 83 mil 209. En comparación, en ese periodo, en el gobierno de Calderón hubo 70 mil 693.
La cifra en el actual gobierno puede ser mayor por la cifra negra, que son los delitos no denunciados, o por variables en la medición. Una de estas es que si no está identificada la persona asesinada, no se contabiliza. Otra es que a diferencia del pasado, ya no se cuantifica el número de víctimas de manera individual en cada averiguación previa, sino suma a una sola en cada expediente. Aun así, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el sexenio de Peña Nieto se denunciaron en ese periodo 12 mil 516 homicidios más que el total de denuncias en el gobierno de Calderón, lo que representa un incremento de 17.7 por ciento en lapsos asimétricos.
El argumento de Osorio Chong es que el repunte en la violencia es por ineficacia de gobiernos estatales y municipales. Es cierto que la debilidad institucional genera altos índices de delincuencia, pero el problema no es nuevo y, sin embargo, no lo atacaron. Desde el principio del gobierno de Peña Nieto, dijeron que todo se circunscribía a una mejor coordinación en el gabinete y a una estrategia de prevención. Mejoró la coordinación pero no funcionó la prevención. La simplificación del diagnóstico produjo una estrategia de seguridad equivocada, que se colapsó en 2015, cuando la criminalidad retomó su paso y produjo una violencia inédita.
El gobierno reaccionó con planes y decálogos sin sustento en políticas públicas, y discursos que se reciclan. Tres veces, por ejemplo, anunció un plan de seguridad para Guerrero, pero las cifras de criminalidad van a la alza. Osorio Chong anunció que hablaría con los gobernadores para diseñar estrategias que permitieran el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de sus estados, mientras se reforzaba la seguridad en los más vulnerables. Nunca hizo nada. Sus fallas y omisiones, buscando responsabilidad en terceros, fueron adoptados por el presidente Peña Nieto, quien niega errores en la estrategia federal y achaca el incremento de la violencia a gobernadores y alcaldes.
Al no ejercer una autocrítica, el diagnóstico y la solución son equivocados. Peña Nieto no está enterado de la verdadera situación de inseguridad en el país, como lo puede atestiguar cualquier persona que haya platicado con él sobre el tema. Está engañado sobre lo que su secretario de Gobernación hizo y deshizo. La ignorancia sobre las deficiencias de Osorio Chong, ocultas por la urgencia para resolver la inseguridad y la forma como lo vio operar durante los sismos, se encuentran entre las posibles variables que llevaron a que lo volviera a ver como candidato a la Presidencia.
Las declaraciones en Washington, sin embargo, debían llamar su atención, y preguntarse si Osorio Chong es realmente la opción que tiene para sucederlo. Difícilmente lo hará, porque en las últimas semanas, entre los asesores externos a los que ha recurrido Peña Nieto para pedirles su opinión, se encuentran algunos que arrancaron el sexenio en el gabinete de seguridad y son en parte responsables del desastre en la política de seguridad pública por sus equivocados consejos. Es decir, pide asesoría a quienes lo hundieron en la materia.
Osorio Chong, sin embargo, puede sentirse seguro. Su jefe no tiene las herramientas para medirlo adecuadamente y lo puede mantener viviendo en el error analítico, que lo lleve a considerar, como lo ha dicho a sus interlocutores en México, que lo que piensan en Washington es erróneo, que lo que han hecho en su gobierno es lo correcto y que van por buen camino, aunque los muertos continúen creciendo en su país.

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El pasado domingo, el presidente francés Emmanuel Macron dio su primera entrevista ante la televisión francesa, cinco meses después de haber comenzado su administración. Conforme a lo que había planteado durante la campaña presidencial, en la cual criticó fuertemente la acción de sus predecesores, las apariciones del jefe del Ejecutivo han sido muy escasas: una entrevista para periódicos extranjeros, una entrevista para CNN, otra para la revista alemana Der Spiegel y para la revista francesa Le Point. Eso es todo desde mayo. Desde el punto de vista de Macron y de su equipo de asesores, la institución presidencial había perdido prestigio e influencia, y para ello era preciso tomar distancia con los periodistas y la prensa en general para generar una expectativa, que a la postre serviría para darle más peso al mensaje presidencial.
Si bien esta estrategia de comunicación había sido exitosa durante los dos mandatos del presidente François Mitterrand (la referencia de los dos principales estrategas del presidente, Ismael Emelien y Bruno Roger-Petit), la aceleración de los tiempos mediáticos, la fragmentación de los medios y la creciente presión de la opinión pública hacen que esta estrategia de comunicación ya no sea viable. Desde su toma de posesión como presidente, Emmanuel Macron y su gobierno han perdido más de 15% de opiniones favorables en las encuestas de opinión. Sin embargo, contrariamente a sus antecesores, y en consonancia con su pasado de banquero, la respuesta política de Macron ha sido pragmática y rápida: desde el regreso a clases, a finales de agosto, el presidente ha vuelto a exponerse ante los medios de comunicación. Por otro lado, ha acelerado el paso de sus reformas en el Congreso, en particular la reforma laboral. Esta reacción ha tenido un impacto favorable en la imagen del joven presidente francés, que ha detenido su caída en las encuestas. Según estas últimas, los franceses consideran que el jefe del Ejecutivo es dinámico, consistente con sus promesas de campaña, y representa bien a Francia en el escenario internacional. Sin embargo, consideran que su política está orientada hacia los más ricos, y que poco hace por las clases medias.
En efecto, una de las principales medidas anunciadas por el primer ministro, Edouard Philippe, al presentar el presupuesto de egresos del próximo año, fue una reforma fiscal, que tiende a desaparecer el impuesto a las grandes fortunas, creado por el presidente socialista François Mitterrand. Por el contrario, el presupuesto dado a los programas de apoyo a las personas de bajos recursos, en particular el subsidio a las personas que rentan su domicilio, fue reducido, con el objetivo oficial de “disminuir a mediano plazo el precio de las rentas”. Si bien es cierto que este programa contribuye a subsidiar a los dueños de las casas y de los departamentos al fin y al cabo, queda claro que a corto plazo la medida tendrá un efecto severo en la economía de las familias de escasos recursos. De tal manera que el llamado de Emmanuel Macron a los dueños, de disminuir voluntariamente el precio de las rentas en Francia como una manera de acelerar la deflación del mercado inmobiliario no tuvo el eco esperado. Por el contrario, la opinión pública, la prensa, y la oposición de izquierda no tardaron en denunciar su propuesta.
Es por eso que era urgente para Macron dar una entrevista de larga duración (casi una hora) en un horario estelar, para alinear el discurso de su gobierno, y sobre todo para marcar la agenda política del país en un momento en el cual se encontraba a la defensiva. Según las mediciones de las encuestadoras, casi diez millones de franceses vieron la entrevista del presidente, lo cual constituye un buen resultado, comparado a las entrevistas que daba regularmente François Hollande, que raramente rebasaban los seis millones. Sin embargo, como se ha podido ver en México desde hace décadas, si el día a día de los ciudadanos no cambia, por más inteligentes que sean las estrategias de comunicación, poco se podrá modificar la percepción que tienen los ciudadanos de la acción gubernamental. De tal manera que Macron tendrá que acelerar la cadencia de sus reformas si persiste en su voluntad de diferenciarse de sus predecesores, y mostrar que su gobierno sí es un gobierno de cambios que toma en cuenta a las clases medias y bajas.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada

Los miembros de la intelectualidad dominante rechazan que unas opciones se hagan pasar por buenas y otras por malas, así, sin matices. Lo descalifican como invento de la historia oficial o bien, como cuento populista.
Eso hacen hasta que sus convicciones entran en juego, de manera que, sin decirlo, afirman que más que buenas, hay posturas incuestionables. Por ejemplo, ser liberal e institucional. Aunque nadie sabe muy bien en qué consiste eso en el presente, no es algo que pueda reclamarse. Después de todo, nuestros grandes personajes eran liberales. Miguel Hidalgo, Benito Juárez, algunos de los mejores funcionarios de tiempos del PRI: Jaime Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles, Jesús Silva Herzog, por ejemplo; todos fueron liberales, es decir, fueron buenos. Es paradójico, pero su grandeza personal se acota siempre diciendo que no fueron hombres providenciales, sino de instituciones: hábitos, reglas, sistemas. Quién sabe cuáles sean, cómo funcionen, pero las instituciones son otra cosa buena, en general, y ay de quien las mande al diablo.
Así hace, por ejemplo, Jesús Silva-Herzog Márquez, en su artículo más reciente en Reforma (“Rebaños de ocasión”, del pasado lunes) donde, para discutir una presunta disyuntiva para la transformación, recuerda una polémica entre Manuel Gómez Morín y José Vasconcelos: “Por un lado, se abren alternativas políticas fincadas en órganos perdurables y coherentes; por la otra (sic), se prenden entusiasmos que apuestan al personaje redentor”. No es difícil adivinar el argumento: “El impulso caudillista conduce tarde o temprano a la inmolación”, “sólo con instituciones puede transformarse un régimen político”. Son mejores las ideas, reglas y hábitos que las catapultas. ¿Silva-Herzog quiere dotar de consistencia teórica al Frente PAN-PRD-MC, que apuesta por la institucionalidad parlamentaria, frente a la propuesta de Morena de regeneración moral? Si sí, no lo logra.
En el texto hay trampas. Por ejemplo, hacer decir a Gómez Morín que el sacrificio por una idea implica el sacrificio de la idea –así, en abstracto–, aun cuando éste lo dijo porque a su juicio los vasconcelistas se habían metido precipitadamente, sin organizarse mucho, a la política electoral, lo que acabaría con ellos –como sucedió–, y no porque fueran caudillistas o idealistas. Lo que Silva-Herzog Márquez quiere hacer pasar como denuncia de un idealismo tóxico es más bien un reclamo a la impericia política, un llamado sensato a construir organización y ampliar el horizonte, de manera que pueda darse continuidad al legado de Vasconcelos o quien sea. No hay alegato anti caudillista o anti idealista, contra quienes no tienen “más horizonte que la victoria total”. Muy al contrario, Gómez Morín habla de los medios para lograr dicha victoria, pues temía que, sobre bases débiles, “la fuerza adquirida se desmorona y se convierte exclusivamente en prestigio”. No es la potencia del personaje lo que iría contra la “causa democrática”, sino su impotencia organizativa.
La lectura de Silva-Herzog Márquez es sobre todo anacrónica. Quiere encontrar un Gómez Morín anticaudillista imposible, situándose fuera de su tiempo; quizá hay que recordárselo, pero por esos años el fundador del PAN era un entusiasta de Miguel Primo de Rivera, el caudillo militar español –un dictador– a quien, como documentó Soledad Loaeza, Gómez Morín profesaba una sincera admiración. Justamente en el año de la carta que cita Silva-Herzog Márquez, Gómez Morín elogiaba al caudillo español y la forma en que su proyecto daba lugar a “una vida nueva”. A Vasconcelos le faltaba su Unión Patriótica –el partido de Primo de Rivera, con un discurso muy similar al que Gómez Morín profesaba–, pero en ello el liberal contemporáneo quiere encontrar un desapasionado alegato por la racionalidad.
Es cierto, como dice el articulista de Reforma, que la historia la escriben los que saben escribir. Y, como exhibe de Vasconcelos, él también la escribe según le conviene, inventando un poquito.
Por otro lado, el argumento de Silva-Herzog Márquez es inexacto. No hay nada que mueva a pensar que hay una oposición entre lo que él llama “caudillismo democratizador” y la “institucionalización democrática”, entre “órganos perdurables y coherentes” y “entusiasmos que apuestan al personaje redentor”. Lázaro Cárdenas, nuestro populista local, movilizó expectativas de redención –o sea de remedio y liberación política– de una gran masa de excluidos que inauguraban una nueva sociedad mexicana. Y sin esa base social y el conjunto de mediaciones surgidas a partir del cardenismo y su movilización frenética, a la que acusaban de querer resolver todo en un proceso de gobierno, no puede explicarse en modo alguno la estabilidad institucional que seguiría después. Las salidas populistas y los caudillismos democratizadores, si son exitosos, derivan en momentos instituyentes que pueden crear salud republicana –son catapultas e institucionales. La presunta advertencia actualizada de Gómez Morín es más bien una fábula maniqueísta, que no quiere hablar de historia sino construir moralejas.