La activista social kirchnerista Milagro Sala fue trasladada ayer nuevamente a una cárcel en la norteña provincia argentina de Jujuy, tras revocar la Justicia el beneficio de prisión domiciliaria que la dirigente gozaba desde hace 44 días.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional cuestionaron la resolución judicial, al tiempo que el gobierno argentino se deslindó.
Los abogados defensores de Sala se quejaron de que no fueron debidamente notificados de la medida. Además, calificaron el encarcelamiento “de una ilegalidad absoluta” y lo compararon con “un secuestro”.
“Estamos profundamente preocupados por Milagro. Hacemos responsables por la vida de Milagro Sala al presidente Mauricio Macri y al gobernador (Gerardo) Morales”, afirmó ayer su abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, en Buenos Aires.
“Parecía que la querían acallar y de rodillas, pero además quieren a Milagro muerta”, advirtió Alcorta, quien llamó la atención sobre el estado de salud de la líder social.
Sala, de origen indígena y principal referente de la Organización Barrial Túpac Amaru de Jujuy, había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria más de un mes después de que así lo solicitara al Estado argentino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en julio la había visitado en prisión.
También reclamaron por su situación de detención varios organismos de derechos humanos.
El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, sostuvo ayer que el retorno de Sala a la cárcel es “un retroceso”.
Amnistía Internacional advirtió por su parte que la decisión judicial “incumple lo establecido por la CIDH” y expresó su “profunda preocupación por la ilegalidad del procedimiento”.

Nacionalistas y radicales de derecha recordaron ayer con una marcha por la capital ucraniana Kiev la fundación del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) hace 75 años.
Miles de personas, algunas de ellas enmascaradas, desfilaron este sábado con antorchas por el centro de la ciudad.
Los organizadores de la marcha estimaron unos 20  mil asistentes, que también encendieron petardos. En algunos casos los participantes realizaron el saludo hitleriano. Unos 5 mil policías brindaron seguridad a la marcha.
La UPA fue creada en el oeste de Ucrania durante la ocupación alemana. Sus combatientes realizaron limpiezas étnicas en 1943 en la región de Volinia, donde mataron a decenas de miles de polacos.
Una vez finalizada la guerra, siguieron combatiendo hasta comienzos de los 50 en la actual Ucrania occidental contra las fuerzas de seguridad soviéticas. Desde 2015 el 14 de octubre, “Día del Defensor de la Patria”, es feriado no laborable.

Durante la mesa Bajo amenaza, en la que partic??iparon cuatro periodistas de estados del país donde se trabaja a “sangre y fuego”, los panelistas advirtieron del riesgo que corre su actividad, que cada vez tiende más a desaparecer en algunas regiones donde han tenido que lidiar con la autocensura, el miedo y la impunidad; además, con los asesinatos de sus propios colegas.
En este diálogo, que se dio en el contexto de la XVII Feria Internacional del Libro del Zócalo 2017, organizada por el gobierno de Ciudad de México, participaron comunicadores que han sufrido ataques durante la realización de su actividad periodística, como Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero, quien junto a otros seis reporteros fue asaltado y amedrentado en la Tierra Caliente.
Todos los participantes han padecido algún atentado en sus carreras. Coincidieron en que es necesario que la gente se apropie del periodismo, voltee a ver a las regiones donde ocurren cosas que no son denunciadas.
Estuvo también Pedro Canché, del blog Pedro Canché Noticias, de Quintana Roo; César Millán, diario A Discusión, de Culiacán; Enrique Méndez Álvarez, presidente del Colegio de Periodistas en Baja California y el uruguayo radicado en México, Carlos Fazio, de La Jornada.
En la mesa, moderada por la periodista Martha Durán de Huerta, Ocampo Arista mencionó que en Guerrero trabajan a la par de los grupos de la delincuencia organizada, amparados, permitidos y propiciados, señaló, desde el gobierno estatal. Explicó que desde los tiempos de la guerrilla de Lucio Cabañas, en los años 70, hay una persecución a la lucha social, que en fechas recientes se extendió al periodismo.
“La lucha social ha permitido que no nos golpeen tanto a los periodistas. Estamos muy vinculados con la lucha social. Tan sólo en 2015 hubo más de 550 manifestaciones en Guerrero. Es el estado con más protesta social. Ahora hay una preocupación para el estado, porque no le ha bastado asesinar a los líderes sociales, representantes de los derechos humanos, sino ya también a los periodistas; llevamos 13 compañeros ejecutados de 2006 a la fecha; tan sólo este año hubo 25 agresiones a la prensa”, dijo.
César Millán, hijo de Humberto Millán, periodista asesinado en 2011 en Culiacán, Sinaloa, fue claro: “el periodismo no sólo está bajo amenaza sino en riego de extinguirse. Si estamos amenazados, el gobierno nos manda un mecanismo que nos mueve a un estado, pero nos mueve seis meses, quizá hasta un año, (pero) los delincuentes no olvidan; tienen años mandando y controlando todo; debemos unirnos como sociedad, como periodistas”.
Recordó el caso de Javier Valdez, periodista fundador de Ríodoce, con quien trabajó su padre, asesinado, dijo, por un político a quien no le gustó verse exhibido como corrupto. Valdez fue asesinado el 15 de mayo de este año, en el estado que vio nacer al cartel de Sinaloa, donde varios periodistas como César, un joven de 31 años de edad, han sido amenazados en un contexto de pugna de grupos delictivos que siguen operando bajo la lupa de las autoridades.
Enrique Méndez Álvarez, presidente del Colegio de Periodistas en Baja California, reiteró que en su región trabajan a “sangre y fuego”. Denunció que los grupos delictivos que mantienen controlado su estado, sobre todo Tijuana; por ejemplo, el cártel de Jalisco Nueva Generación pretende negociar con las corporaciones policiacas para “controlar las rutas del mercado del narcomenudeo, también de trasiego a Estados Unidos de todo tipo de narcóticos”.
En medio están ellos, periodistas que salen a las calles a cubrir a personas descuartizadas, embolsadas, sin rostro; que viven diariamente una cobertura del horror sin garantía alguna, ante el acecho diario de aquellos, que también, consideró, nunca te pierden de vista. “Cada vez que haya un asesinato a periodistas se lesiona, se mutila el interés de la sociedad, la libertad de expresión”.
Pedro Canché, periodista a quien el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, encarceló nueve meses, lamentó la soledad que enfrenta el gremio, sobre todo en estados donde parece que pasa poco. Lamentó la corrupción de los gobernantes como Borge, quien fue detenido en Panamá y otros que siguen al amparo del poder, mientras ellos cada día son más vulnerables en sus coberturas.
Todos coincidieron que hay un binomio claro que los pone en constante riesgo: autoridades-crimen organizado.
Ana Lilia Pérez, quien ha escrito sobre los abusos militares y quien por sus temas ha estado fuera de México por varios años, dijo que “los que ejercemos el periodismo bajo fuego, lo primero que debemos aprender es a jugar con ese temor; hacer periodismo bajo amenaza es lidiar con la tentación que se llama autocensura, qué tanto me afectarían los riesgos”.
Consideró que la sociedad debe hacer más por sus periodistas, y dijo que a diferencia de otras décadas, donde el periodismo estaba supeditado al poder, hoy cada vez hay más medios libres y periodistas independientes animados a investigar, pese al contexto violento.
El uruguayo Carlos Fazio, quien sobrevivió a un ataque de bala en la pierna, recordó que el primer asesinato político en México fue en 1984, el de Manuel Buendía. Los grupos de la economía criminal, banqueros, empresarios, vinculados al crimen organizado, al lavado de dinero, permean en la sociedad y el periodismo sigue en medio. “El tema de romper el miedo tiene que ver con la situación del país, en 1978 recibíamos amenazas de la embajada argentina”.
Antes de esa mesa, hubo otras como El silencio de los periodistas, donde participaron periodistas como Blanche Petrich, de La Jornada; Noé Zavaleta, de la revista Proceso y La Crónica de Veracruz; Jesús Lemus Barajas, de Reporte Índigo Michoacán; Raúl Olmos, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad; Francisco Sarabia, Ríodoce Culiacán.
Otra mesa fue llamada ¿Por qué la violencia?, en la que participaron María Teresa Juárez, de la Red de Periodistas de a Pie; Magali Tercero, de Pen Club México; Bibi Gutiérrez, de la Asociación de Periodistas de Tijuana; Juan Alberto Cedillo, de Proceso Nuevo León; Jacinto Rodríguez Munguía, responsable de la cátedra Granados Chapa; y José Reveles, periodista independiente.
Este sábado habrá otro encuentro para hablar de las condiciones de los periodistas en México, donde tan sólo en lo que va del año han sido asesinados 11. El análisis partirá de la pregunta ¿por qué es importante el trabajo de los periodistas?. En total hubo ocho mesas en los foros Roberto Bolaño y Rius.

Ordenar el territorio

La ordenación del territorio es un instrumento valioso, que debe ser de enorme prioridad en cualquier planteamiento de desarrollo sustentable. Con él se puede lograr un modelo de desarrollo en las que diversas políticas sectoriales de manera integral y articulada confluyan. Se trata de impulsar un nuevo orden en el territorio, ante su evidente desorden, este nuevo modelo de orden territorial se busca sea más democrático y justo socialmente, en donde lo ecológico y lo económico sea racional y sostenible.
Es decir, las personas deben lograr vivir sin rebasar la capacidad de carga del territorio en el que habitan, y al mismo tiempo reducir la desigualdad y la inequidad. Esta capacidad de carga abarca tanto la disponibilidad de recursos naturales, como los límites de absorción de los desechos y la contaminación.
En el trabajo de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe “Nuestra Propia Agenda sobre Desarrollo y Medio Ambiente” (Ed. FCE, 1991), se señala que “el ordenamiento del territorio como política de Estado puede ofrecernos una serie de posibilidades concretas a través de la instrumentación de medidas tendientes a lograr los siguientes objetivos”:
Inducir la mejor ubicación de las actividades económicas y sociales con relación al aprovechamiento racional de los recursos naturales.
Formar y controlar las actividades contaminantes.
La descentralización y desconcentración económica en la búsqueda de un desarrollo regional más armónico.
La delimitación de los fines y usos de la tierra, de acuerdo con su vocación ecológica y la demanda que exista sobre ella.
El señalamiento de los espacios sujetos a un régimen especial de protección, conservación o mejoramiento.
El equipamiento del territorio con el propósito de habilitarlo para lograr un desarrollo sustentable.
La protección de las zonas de ocupación contra los fenómenos de carácter natural que puedan afectarlas.
La preservación de monumentos históricos y arquitectónicos.
La conservación del paisaje.
Es importante recalcar que la ordenación del territorio no debe ser un propósito en sí mismo, sino que debe facilitar la implementación de políticas de manejo y aprovechamiento sostenido de los ecosistemas y el paisaje. Debe llegar a ser parte de una política de los ecosistemas y el paisaje mucho más amplia, para transitar al desarrollo sustentable.
Sin embargo, en México no se ha logrado orientar el ordenamiento del territorio en sus diferentes escalas, para proporcionar una visión del manejo presente y futuro de país. Existe una creciente no sostenibilidad del modelo predominante de ordenación del territorio y de ciudad (por ejemplo, usos ineficientes del suelo, agua, de la energía).

En mucho, ha pesado la visión de las instituciones públicas responsables, así como los intereses de grupos económicos poderosos, que imponen, en última instancia, sus intereses particulares sobre el público, y condicionan la propia acción del Estado sobre el territorio.
Así, normalmente se presiona a los responsables de la ordenación del territorio para inducir proyectos de inversión del sector público e incluso a cambiar los destinos del suelo por ejemplo en áreas urbanas, a través de instrumentos sectoriales del desarrollo urbano, para lograr un rumbo favorable a esos intereses particulares. Olvidando la visión multi y transectorial que puede dar la ordenación territorial.
La necesidad urgente de una política y legislación sobre la ordenación del territorio es incuestionable. Si de verdad se pretende transitar hacia el desarrollo sustentable en México, esto no se puede dejar a los vaivenes del mercado el ordenar el territorio del país. Algunos argumentos en contra de dejar al mercado la ordenación del territorio, son:
Primero, hay que tener respuestas precisas a la sociedad por las autoridades responsables de cómo instrumentar la localización de las actividades productivas y de generación de los asentamientos humanos. Al respecto, se debe cuidar que las decisiones sobre la localización de las actividades económicas no sea en función de los intereses actores privados, que por regla general no conllevan a una distribución territorial de los usos del suelo, que sea óptima desde el aspecto de los intereses colectivos o públicos.
Segundo, la visión preventiva, que proporciona la ordenación del territorio busca evitar, que los agentes económicos privados generan efectos o costes externos a sus proyectos particulares, que se manifiestan como impactos negativos, y en muchos casos difusos, de carácter social, económico o ambiental difícilmente expresados en un valor monetario. Algunos ejemplos son la fragmentación del paisaje, reducción de la biodiversidad, la destrucción de servicios ambientales o la contaminación ambiental.
Cuarto, existen bienes comunes, que necesitan de una gestión pública, dado que el mercado no debe, ni puede asignarles un valor de mercado. Algunos ejemplos son el agua, los espacios naturales que nos proporcionan servicios ambientales como el aire y el agua misma, el equilibrio del clima, o mantenimiento de la diversidad biológica.
Quinto, se tiene que prever o cuando menos mitigar con suficiente tiempo, con visión no sólo del pasado y presente, sino también del futuro, los posibles riesgos de daños e impactos adversos al territorio por las actividades humanas, en especial a través de los evidentes efectos adversos del cambio climático. De tal forma que se puedan evitar o por lo menos mitigar.
Se debe señalar que la ordenación territorial es un instrumento, que aporta soluciones donde la lógica de mercado no es capaz de resolverlo. De tal forma que los propios agentes económicos privados llegan a tener mayor seguridad y certidumbre en sus inversiones.
Por ello, es necesario generar un nuevo marco normativo para el ordenamiento territorial en el país, que supere la actual fragmentación y desarticulación en la materia, en donde por un lado se tienen actuando en paralelo en niveles jerárquicos similares desde el sector ambiental a los ordenamientos ecológicos territoriales locales, desde el sector de la protección civil a los atlas de riesgo municipales y desde el sector urbanístico a los planes de desarrollo urbano, cuando pueden ser instrumentos transversales. No es eficaz tener ese conjunto de instrumentos actuando al mismo tiempo de manera desarticulada en un territorio municipal.
Si a esto se suma que los procesos de “participación social”, normalmente se utilizan para legitimar procesos de arriba hacia abajo, en donde construir ciudadanía es lo que menos importa, ya que se busca corporativizar y hacer clientelismo político, podemos ver que el problema es delicado y difícil. Finalmente, se acaban definiendo las pretendidas políticas de ordenar el territorio y los espacios públicos fuera de las áreas y del conocimiento de quienes son el objeto de su aplicación, la ciudadanía local.
Otro asunto que preocupa es que en buena parte del país no existen los suficientes grupos de trabajo consolidados para estos enormes retos, en especial, las instituciones gubernamentales carecen del personal técnico que pueda realizar las funciones de evaluación y control de los ordenamientos territoriales, mucho menos existen dichos grupos con la suficiente fortaleza para desde ese ámbito de trabajo, orientar el gasto público como resultado del ordenamiento del territorio estatal o municipal.
Por ello, si el actual modelo de gestión pública del territorio no está funcionando debería buscarse por lo menos su transformación. Se tiene un instrumento, que con todo y esos obstáculos, es de un enorme valor para México. Se necesita una gran dosis de voluntad política para perfeccionarlo.
De hecho, en la actualidad hay una enorme dispersión de competencias públicas federales relacionadas con la ordenación territorial, en dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por citar algunas de ellas.
Hay múltiples órganos con distinto rango y naturaleza funcional que operan en los hechos de manera descoordinada, con mucho paralelismo en sus responsabilidades. Esto debido a que la ordenación territorial requiere de un trabajo transversal, integral y multidisciplinario, y los actuales instrumentos disponibles abordan el tema desde una perspectiva sectorial, que no fortalece esto. Lo anterior resulta en una práctica fragmentada de la ordenación territorial, que en nada ha contribuido al manejo integrado y coherente del territorio nacional.
En especial, con la ordenación del territorio, la planificación de estructuras locales y usos del suelo, que es una función netamente municipal, rebasa conceptos reduccionistas como el urbanismo. Es decir, el ordenamiento territorial en términos políticos, conceptuales y metodológicos debe lograr superar esas supuestas y absurdas fronteras entre la planeación urbana y rural, como se da a través de los llamados planes municipales de desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos locales.
Asimismo, se requiere una política de planificación territorial, que permita construir un proceso sostenido donde lo local sea armonizado con lo nacional y viceversa, para el ordenamiento y desarrollo de su territorio. Así, se deben de elaborar de manera articulada en la planeación territorial local también con planes y medidas sobre grandes espacios territoriales (por ejemplo, megalópolis, regiones).
Por ello, se debe señalar la enorme necesidad de legislar en la materia para detener esta dispersión de esfuerzos y promover la ordenación del territorio del país, en especial sus alcances normativos, buscando que sean armónicos y complementarios. No debe de omitirse que esta carencia de soporte jurídico, se complica en tanto que si existe en diferentes normas para los planes de ordenación de asentamientos humanos y los programas de ordenamiento ecológico territorial. Se trata de impulsar el ordenamiento del territorio de manera prioritaria en las áreas de alta conflictividad ambiental, económica y social con un enfoque territorial de cuencas, municipios y comunidades, buscando integrar los ordenamientos ecológicos territoriales, los planes directores de desarrollo urbano, y otros instrumentos sectoriales similares de ordenar el territorio.
Al respecto, se plantea:
Reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que tenga toda la fuerza legal el realizar y/o actualizar e implementar el ordenamiento ecológico del territorio terrestre y marino, así como en sus distintos niveles y/o escalas. Así como promover con pleno respeto y en coordinación con las entidades federativas y los municipios, la articulación del ordenamiento ecológico territorial con los planes de desarrollo urbano y otros instrumentos del territorio, realizando para ello las correspondientes evaluaciones regionales de impacto ambiental.
Realizar reformas legales en las actividades extractivas de recursos naturales no renovables para adecuarlas a las obligaciones constitucionales del Estado mexicano sobre derechos humanos y ambientales, garantizando su aplicación y cumplimiento obligatorio como son, eliminar el carácter preferente de la exploración, explotación y beneficio de minerales y/o hidrocarburo.