Desde hace dos meses, las 28 lámparas del camellón de la avenida Wilfrido Massieu no funcionan, dejando semioscura la vialidad que conecta con las dos avenidas principales de Acapulco: la Costera y la Cuauhtémoc.
Ayer en un recorrido a las 9 de la noche, hora de alto flujo de trabajadores y estudiantes que tienen que atravesar la vialidad, se observó que lo hacen en la acera de la plaza comercial Galerías Acapulco para evitar la oscuridad.
En la acera de la plaza Galerías Acapulco hay dos lámparas, y en la esquina del restaurante VIPS hay luz que brinda seguridad a los transeúntes.
Mientras que del lado contrario la oscuridad es casi total por la falta de comercios, con excepción de dos hoteles cuyas lámparas  apenas alumbran la acera.
En ese lado, otra zona iluminada es donde se ubica el hospital Magallanes, pero en esa banqueta no hay lámparas y los comercios ya cerrados no dejan prendidos sus reflectores.
La esquina de la calle Cristóbal Colón es iluminada por la luz de una máquina expendedora de refrescos. En esa acera hay puntos donde los estudiantes y mujeres apresuran su paso.
Los vehículos con sus faros y taxis que se acercan para ofrecer su servicios cubren la necesidad de alumbrado público.
Frente a la escuela privada Salvador Allende Gossens dos grandes lámparas iluminan la salida de los estudiantes, sin embargo a escasos dos metros regresa la oscuridad que es alcanzada por la tienda de conveniencia al cruzar la calle.
Una de las estudiantes que pasa diariamente por la avenida, Fernanda Soto, indicó que después de las 10 de la noche se siente insegura: “a una amiga la otra vez la bolsearon, fue un chavo y no lo vimos salir de la esquina e intentó arrabatarle la bolsa, pero como ella gritó bien feo él se fue”.
La estudiante de preparatoria sostuvo que prefiere esperar a más compañeros de la escuela para atravesar la avenida Wilfrido Massieu, pues hasta las 9 de la noche hay policías municipales en la zona, además de los trabajadores de Movilidad, “pero pasan las 9 de la noche y se van, regresa el tráfico en Las Anclas y las calles me dan miedo porque sí se siente feo, pues desparecen los polis y todo oscuro”.
En todo el camellón de la avenida se contaron 28 lámparas en los 14 postes, pero de ellos ninguna servía.
Estudiantes que esperaban camiones en la parada del Acabús dijeron que en los últimos dos meses dejaron de funcionar las últimas tres lámparas.

Integrantes de la mesa directiva de la Asociación de Hoteles de Acapulco (AHETA) registraron dos planillas y en dos días definirá si se permite el registro de una tercera para renovar a los nuevos representantes de esa organización, que hasta el 31 de octubre será presidida por Jorge Laurel González, gerente del hotel Suites Jazmín.
La segunda planilla que busca dirigir la organización es encabezada por Sergio Salmerón Manzanares, quien fue secretario de Turismo estatal durante el período de interinato de Rogelio Ortega Martínez y quien contenderá por tercera ocasión.
Y una tercera, de la cual aún tiene observaciones porque no entregó completa la documentación al registrarse, es encabezada por el gerente del hotel Fiesta Americana Condesa, Alejandro Domínguez Aveleyra.
En declaraciones por teléfono, Domínguez Aveleyra comentó que en la reunión del martes por la tarde, la actual mesa directiva de la AHETA, presidida por Laurel González, acordó responder a la petición de entrega a destiempo de un documento en tres días.
“Habrá respuesta en tres días y se trata de una carta que debía ser firmada por una persona que estaba en el extranjero y se entregó con un día de desfase, por lo que al momento no fue aceptada”, dijo.
Otro inconveniente que se presentó a su propuesta para el registro fue que un integrante de su planilla había sido socio de AHETA, pues no había renovado su membresía este año.
“Hoy (miércoles) se entregó la carta para saber si esta propuesta será aceptada. No sabíamos ninguno de los asociados que hay una tercera planilla que representa Sergio Salmerón y hasta el día de ayer (martes) que se reunieron nos informaron”, dijo el gerente del hotel Fiesta Americana.
Explicó que el comisario del proceso de elección es el notario Jorge Ochoa, y fue él quien propuso responder a la petición de Domínguez Aveleyra en tres días.
“Lo que quiero es estar en la presidencia (de AHETA) y sumar para tener mejores resultados que no se han tenido en estos dos años por diferentes cuestiones”, declaró.
Domínguez Aveleyra señaló que también pidió de manera verbal que un hotel formara parte de la AHETA para fortalecer su candidatura: “en ese momento me dijeron que sí, y en cuanto más asociados, es mejor. La respuesta que me dieron ayer es que no era posible porque ya está el tiempo de elecciones”.
Lamentó que los acuerdos verbales no se respetan y la decisión final es de la mesa directiva.
“No queremos conflictos ni dividir, sino sumar y tener mejores resultados”, concluyó.
Por separado, el hotelero Sergio Salmerón Manzanares indicó que buscará ser presidente de la organización por tercera vez, dado que “sumarán con los hoteleros, el gobierno y la sociedad”.
“Hay tres planillas y me encanta que haya competencia e interés por servir porque la entidad lo necesita, los hoteleros somos hermanos y los vamos a respetar a quien gane”, dijo.
Otra planilla es la que encabeza el actual presidente de la AHETA, Jorge Laurel, quien busca reelegirse y permanecer dos años más al frente.
Éste medio buscó información del presidente de la AHETA, pero por whatsapp respondió que “el tema de elecciones es un asunto interno de la asociación y no se hace público hasta después de la asamblea”.
Las votaciones serán el 31 de octubre en asamblea de los integrantes de esa organización hotelera.

El número de pasajeros que viajaron en avión en agosto y cuyo destino final fueron los puertos de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo aumentó este año con respecto a 2016.
De acuerdo con cifras publicadas por Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) en su portal, llegaron 671 personas más al aeropuerto de Acapulco y 2 mil 315 a Ixtapa-Zihuatanejo en agosto de este año en comparación con el año pasado.
En cifras de pasajeros nacionales se reportaron 59 mil 41 que llegaron a Acapulco y 41 mil 190 al aeropuerto de Ixtapa-Zihuatanejo.
En el acumulado en cifras nacionales en los primeros ocho meses del año, Grupo OMA reportó que han sido trasladados 486 mil 844 personas cuyo destino final fue Acapulco, y 441 mil 318 al aeropuerto de Ixtapa-Zihuatanejo, lo que representan un decremento para Acapulco –con 841 pasajeros menos– y un aumento de 2 mil 234 para Ixtapa-Zihuatanejo.
Las cifras de pasajeros internacionales contrastan con las nacionales, pues han disminuido ligeramente para ambos aeropuertos.
En el aeropuerto de Zihuatanejo se reportó que en agosto llegaron 6 mil 118 pasajeros este año y en 2016, en el mismo periodo, hubo 6 mil 199. Al aeropuerto de Acapulco llegaron este año 2 mil 423 pasajeros de vuelos internacionales, y 2 mil 597 el año pasado.
En cifras globales se reportaron 56 mil 618 pasajeros que llegaron a Acapulco por la vía aérea durante agosto este año y 35 mil 72 a Ixtapa-Zihuatanejo.
El portal publica cifras por mes del tráfico de pasajeros con registros de hace 17 años.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal, Luz María Meraza Radilla, informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja en la remoción del cerro en el punto conocido como El Derrumbe, en la calzada Pie de la Cuesta, y se van a retirar siete mil metros cúbicos.
Ayer en declaraciones a reporteros en el Palacio Municipal, la secretaria dijo que no puede quitarse el cerro de abajo porque el peso arriba podría ocasionar un problema mayor.
Este miércoles El Sur informó que los trabajos de reparación de la calzada Pie de la Cuesta, en la zona poniente, van lentos y siguen las largas filas de automóviles por la reducción de carriles.
“El procedimiento es un poco tardado, se calcula que se va a llevar tres semanas en retirarlo y en el momento que ese volumen de tierra levanta la carpeta se restituye esa parte, le calculo más de tres semanas”, puntualizó.
Meraza Radilla explicó que el trabajo que se hace en El Derrumbe está a cargo de la SCT: “ellos enviaron un comunicado en el que informan que ya están trabajando en la remoción de tierra”.
Detalló que por ser un trabajo que requiere de infraestructura, porque es fuerte el empuje de la tierra que levantó la carpeta asfáltica, “entonces no se puede quitar de abajo, porque el peso de arriba nos propiciaría un problema mayor”.
Recordó que el Ayuntamiento en varias ocasiones ha reparado la carpeta asfáltica, pero que es una falla geológica y se requiere de recursos de la federación para atender el problema.

Trabajadores de contrato y lista de raya de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) se quejaron porque no les han pagado su salario.
Ayer los trabajadores tenían pensado protestar, pero lo suspendieron. Consultados por reporteros, criticaron que el secretario de la sección 27 del SUSPEG, Gilberto Baños, no defiende sus derechos.
Uno de los inconformes explicó que la quincena pasada se las pagaron hasta el 20 de septiembre, y recordó que esa situación no se había presentado hasta esta administración que “constantemente se presenta las mismas irregularidades”.
Dijo que a los empleados sindicalizados “terminaron de pagarles el lunes”, pero a los de contrato y lista de raya se les paga por partes: primero a los que ganan más de 5 mil pesos, pero en su caso, que gana un aproximado de 3 mil, no ha recibido nada.
El trabajador, que tiene 15 años en la paramunicipal, recordó que cuando estuvo Zeferino Torreblanca Galindo como presidente municipal hasta les dieron un bono de 3 mil pesos, pero que en este gobierno hay prestaciones que no les han dado “con el pretexto de que no hay dinero”.
Criticó que en la paramunicipal el que maneja al organismo es el director de Finanzas, Guillermo Galeana Salas, “que tiene muchos trabajadores de oficina que ganan más que nosotros, deberían de reducir el número de empleados”.
Otro trabajador que al principio no quería hablar, sugirió a los reporteros que preguntáramos al secretario de la sección 27 del SUSPEG, Gilberto Baños, a quien reprochó que no defienda sus derechos “porque no es la primera vez que se tardan en depositarnos nuestro salario”.
Al preguntrale cuántas veces se ha presentado esta situación, respondió que “seguido, quincena tras quincena y no había sucedido, pero esta administración está tapizada de personal”.

Pasan los días y todavía no vemos en la cárcel a algún constructor tramposo ni tampoco a un funcionario cómplice. Hay señales ominosas de que todo quedará como en 1985, cuando ni uno solo de los causantes de miles de muertes llegó siquiera ante el Ministerio Público, pues el sistema operó eficazmente en su defensa mediante el facilón expediente de no proceder contra los culpables.
Ahora, de acuerdo con lo que estamos viendo, se procederá de igual manera, pues si bien se han abierto expedientes de investigación en torno a los edificios caídos y otros sitios dañados por los sismos, nada garantiza que las indagaciones vayan a ir hasta el final ni que los culpables vayan a ser sancionados penalmente, a menos que hubiera orden expresa de muy arriba, lo que es del todo improbable.
Han pasado más de dos semanas del 19 de septiembre y hasta ahora el quelónico Ministerio Público ha sido incapaz de proceder contra los responsables de tantas muertes, más de 200 en la ciudad de México y poco menos de 400 en el país. Esa lentitud muestra desgano o franca indisposición para proceder, y cuando eso ocurre los ciudadanos tenemos derecho a pensar que detrás de esa actitud hay corrupción o complicidades.
Claudia Sheinbaum presentó varias denuncias contra constructores y funcionarios que al parecer no cumplieron debidamente con su función, pues autorizaron, en el caso del Colegio Rébsamen, una construcción que, como ha quedado claro, no garantizaba la seguridad de los niños, menos aún después de que la dueña del lugar se hizo construir su casa en la azotea, sin atender al inmenso riesgo que implicaba aumentar el peso sobre una construcción de dudosa solidez, lo que autorizaron alegremente los funcionarios ahora denunciados.
Lo curioso es que en lugar de apoyar  a la demandante, se ha desatado contra ella una feroz campaña  para culparla por los hechos, lo que sería tanto como señalar como responsable a Miguel Ángel Mancera de todas las muertes ocurridas a consecuencia del temblor en la Ciudad de México. Los funcionarios corruptos, indolentes o ineptos tienen nombre y apellido y una responsabilidad directa. Acusar a sus superiores es una maniobra distraccionista, a menos que se pruebe su culpabilidad, lo que sería tanto como acusar al presidente de la República por cada delito que se comete en el país.
Otro indicio de que no veremos que se castigue a los culpables es la “caída del sistema” donde se guarda –¿o se guardaba?–toda la información sobre los edificios colapsados, las autorizaciones extendidas, así como los nombres y apellidos de los funcionarios que firmaron lo que, como ahora sabemos, fue la sentencia de muerte para cientos de capitalinos.
Para el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, la presunta caída del Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que tal es su nombre, “sólo confirma la ola de corrupción existente en la dependencia y una parte de los inscritos como directores responsable de obra y corresponsables”, quienes muy probablemente tiraron a propósito el citado registro.
Ante esa caída, que se sospecha provocada, Florencio Hernández del Ángel, presidente del mencionado colegio, exigió la separación  de Felipe de Jesús Gutiérrez , hasta ahora titular de la Seduvi, y de Renato Berrón Ruiz, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (!!!) en la ciudad de México, “para que sean investigados y se deslinden responsabilidades”. También pidió la separación de su cargo del secretario de Obras y Servicos, Édgar Oswaldo Tungüí Rodríguez.
Por supuesto, es aventurado acusar a esos funcionarios por la caída del sistema, pues cabe la posibilidad de que fueran víctimas de un sabotaje de parte de personal que está involucrado en la corrupción. Pero lo que procede es que presenten su renuncia o queden suspendidos mientras se desarrolla la investigación que, insistimos, es dudoso que vaya hasta las últimas consecuencias.
Por toda la ciudad se levantan construcciones con más pisos de los permitidos o sin cumplir con las condiciones que establece la normatividad. Eso lo autorizaron funcionarios corruptos y como están a la vista de todo mundo, podemos sospechar de la colusión de sus jefes. Pero eso lo debe establecer en forma irrefutable una investigación que no se quede en la superficie. Pero lamentablemente es dudoso que se realice. Es mucho lo que está en juego.

La renuncia de Leonardo Curzio a su espacio
en radio en defensa de la libertad de sus colaboradores lo enaltece. A la contraparte, la empequeñece.

Tras la rápida respuesta de una parte de la sociedad para dar auxilio a los afectados por los sismos de septiembre, se ha escrito mucho al respecto. Sin embargo, aún queda espacio para ahondar sobre el origen y fuerza de esa solidaridad y de cómo, su energía, podría transformar nuestro futuro.
La idea muy difundida hasta antes de septiembre, era que, fuera del círculo familiar, la falta de confianza hacia nuestros conciudadanos iba en aumento, impulsada por la corrupción pública y la ola de violencia criminal que nos envuelve desde hace años. ¡Y qué ola! Desde el inicio del gobierno actual hasta julio, han tenido lugar 104 mil 602 ejecuciones (semanario Zeta, 3/9/17). Por eso, el Inegi dice (cifras de marzo, 2017) que el 72.9% de los citadinos mexicanos se siente inseguro. Otra encuesta encontró que, si en 1990 un 34% de adultos dijeron confiar en los demás, para 2012 la cifra había descendido a 12% (Alejandro Moreno, Este País, 9/15, p. 22).
Ciudadanos desconfiados e inseguros no necesariamente significa que cada quien se haya refugiado en su círculo íntimo y dejado a eso que llaman “gobierno” que se hiciera cargo de lo social. Gustavo Verduzco, sociólogo de El Colegio de México, ha llevado a cabo tres encuestas nacionales –2005, 2012 y 2016– usando la definición internacionalmente aceptada del concepto de solidaridad: “Acciones realizadas a favor de terceras personas sin obligación ni coacción sino de manera voluntaria, sin remuneración monetaria y sin que sea en provecho de la familia directa de quienes la realizan”. Para sorpresa de muchos, resulta que en 2016, 74 millones de mexicanos mayores de 15 años y equivalentes al 83% del universo considerado, llevaron a cabo acciones de solidaridad, y el porcentaje va en aumento (Acciones voluntarias y acciones ciudadanas en México en Jaqueline Butcher García-Colín, [coord.], Generosidad en México, II, Porrúa, 2017, pp. 105-138).
Desde la óptica de Verduzco, si en otras pesquisas sobre el fenómeno como la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadana (Encup) llevada a cabo por el gobierno, la solidaridad de los mexicanos aparecía baja, la razón está en la forma de medir el fenómeno. Las actividades incluidas por Verduzco comprenden desde las que se llevan a cabo en el ámbito de las iglesias, hasta las hechas en el barrio, las escuelas, los grupos deportivos, la salud, el medio ambiente, la cultura, los sindicatos, la política y otras más.
Independientemente de cómo se forme el abanico de indicadores, está otro factor muy importante: el aumento de eso que en el siglo XIX Alexis de Tocqueville notó como algo distintivo de la cultura cívica norteamericana y relacionada con su democracia: la formación y reproducción de organizaciones de todo tipo en la sociedad civil. Verduzco subraya el hecho de que, entre 2008 y 2016, el registro oficial de asociaciones sin fines de lucro pasó de 40 mil a más de 60 mil, un aumento en verdad acelerado y que no parece detenerse.
Desde el punto de vista del género, el compromiso de hombres y mujeres con la solidaridad es casi igual, pero hay otras variaciones interesantes. En relación con la edad, la capa de personas entre los 30 y 49 años es la más activa pero seguida ya de cerca por quienes andan entre los 15 y 29 años; ambos grupos engloban al 80% de los participantes. La frecuencia e intensidad de las acciones de solidaridad varía y mucho; para algunos son diarias y para otros una vez al año; para algunos su compromiso está en un solo campo, otros lo despliegan en varios. En fin, que casi un 30% de la población está comprometida en actividades solidarias de manera sistemática. Finalmente, vale la pena notar que el norte “moderno” ofrece un grado un poco menor de solidaridad que el sur “atrasado”.
Los sistemas políticos autoritarios nunca han sido terreno fértil para el desarrollo de actividades de la sociedad civil genuinamente independientes. Ese poder teme, y con razón, que tales actividades y energía puedan derivar en movilizaciones con contenido político adverso. Y si bien México ya no vive en el autoritarismo propio del siglo pasado, tampoco vive en democracia. La movilización casi instantánea de miles de ciudadanos dispuestos a enfrentar directamente, sin intermediación oficial, el rescate de las víctimas del sismo, ya no enfrentó la reticencia y resistencia gubernamental de 1985, pero tampoco tuvo una acogida franca por parte de las estructuras de autoridad. La desconfianza sociedad-autoridades mutua y sigue siendo el signo de su relación.
En las condiciones actuales, la acción de los rescatistas, de los recolectores y donadores de víveres, dinero y servicios necesarios para los damnificados, debe verse como parte de un proceso de la sociedad para asumir, de manera efectiva, su carácter de soberana. Y como soberana, exigir a una estructura de poder de naturaleza poco o nada democrática y corrupta, acción, responsabilidad,  integridad y rendición de cuentas para enfrentar los efectos de un desastre que, en buena medida, fue socialmente construido.
En suma, la solidaridad de 2017 surgió de una práctica social preexistente pero de la que se tenía poca conciencia. Hoy se abre la posibilidad de maximizar su potencial y transformarlo en una herramienta para avanzar más rápido en la construcción de un país con mejor futuro.

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El asesinato cometido en contra del Dr. José Villanueva Arce, director de la Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero ubicada en Acapulco, en la mañana de este sábado 30 de septiembre, se suma a muchos más que se han perpetrado en tiempos muy recientes y que han causado natural indignación, consternación y han conmovido a la comunidad universitaria guerrerense y a la sociedad en general.
1.- Este asesinato se agrega al de la maestra Jenny Rosado Peña, quien era integrante de la Comisión de Becas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), cometido el 9 de enero de este año; al de José Luis Cruz Hernández catedrático de la escuela de Enfermería número 2 el 31 de marzo; al del sub-director de la Preparatoria 5 ubicada en Ometepec Juan Carbajal Merino el 15 de diciembre del 2016; al de Francisco Javier Ramírez García de la Unidad Académica de Psicología en diciembre del 2016; a los de los estudiantes Aidé Fuentes Nava, de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación, y Manuel Juárez Flores de la Preparatoria 33, Engelbert Martínez Cruz de la Maestría en Ingeniería, Carmelinda García Benítez de la Facultad de Matemáticas, Darwin Raymundo Barrientos Miranda estudiante de la Unidad Académica de Artes, Samuel González Saavedra alumno de la Preparatoria 32 de Iguala, Cristian Jesús Santiago Navarrete, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (Facom), Adriana Ramos García, Ángel Mendoza Ocampo estudiante de tercer año de Medicina, entre tantos más.
2.- A esto hay que anexar una larga lista de atentados a universitarios que se traducen en secuestros, extorsiones, amenazas, robos, intimidaciones y tantas más violaciones a los derechos humanos, a la paz, a la seguridad, a la libertad, a la justicia. Se trata de una sucesión de hechos hacia un sector de la sociedad guerrerense como los universitarios que su labor ha sido pacífica, mujeres y hombres, jóvenes de bien que se dedican a enseñar, a investigar, a tener vínculos con el pueblo de Guerrero en lo que llamamos la extensión universitaria y a preservar, incentivar y difundir la cultura popular de Guerrero. Asesinar a integrantes de este sector social es agraviar al pueblo en su conjunto pues en ellos está fincado el presente y el futuro del desarrollo social, económico, político y cultural del pueblo del Guerrero.
3.- El sector universitario guerrerense forma parte de toda la población de nuestra entidad federada, no es en ningún modo ni nunca lo ha sido un segmento privilegiado, por el contrario ha sido golpeado fuertemente por los gobiernos represivos y autoritarios que hemos padecido y que se comprueba con los asesinatos, secuestros, desapariciones, exilios y persecuciones políticas, y ahora con las evidencias que constan en la opinión pública vive momentos de tragedia, de dolor, de angustia, de tristeza, de duelo, de desesperanza, pero también de coraje, de exigencia de justicia ante tantos hechos de agravios que cada vez que ocurren se acumulan en el alma, en el corazón de cada familia, de cada colonia, de cada barrio, de cada comunidad, de cada pueblo que sufre y se conduele por su sangre esparcida, por sus vivos de hace poco y muertos ahora.
4.- La violencia en contra de los universitarios es un reflejo de lo que pasa en la población de Guerrero, no son hechos aislados en contra de un sector guerrerense, es la confirmación de lo que le aqueja al pueblo de Guerrero: a los comerciantes, a los empresarios, a los maestros, a los vendedores ambulantes, a los colonos, a los campesinos, a los jóvenes, a muchas personas y familias de Guerrero, es un fenómeno que agravia a toda la sociedad. El gobierno en todos sus niveles se ve ausente, incompetente para cumplir con sus responsabilidades públicas, entre ellas la más fundamental que es la de garantizar la vida de sus representados.
Ante este vacío de autoridad de parte de los representantes formales del pueblo lo que queda es la reacción de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, civiles, ciudadanas, del pueblo para reclamar sus derechos humanos a la vida, a la libertad, a la seguridad y a gobiernos que asuman las demandas y sentimientos populares.

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