La Secretaría de Gobernación (Segob) declaró como zonas de desastre natural a 306 localidades de siete entidades del centro y sur del país que se vieron afectadas con el sismo de magnitud 7.1 registrado el 19 de septiembre.
Al activarse este mecanismo, los municipios y delegaciones enlistadas tendrán acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y su reglamento.
La dependencia calcula que la reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre costará por lo menos 39 mil 150 millones de pesos.
Esa cifra incluye la reconstrucción o reparación de 153 mil 545 viviendas con un gasto estimado de 16 mil 500 millones de pesos; de 12 mil 931 escuelas con 13 mil 650 millones; de mil 225 inmuebles históricos por 8 mil millones; y mil millones para instalaciones del IMSS.
Del total de localidades afectadas por el temblor, 112 son de Puebla, 74 de Oaxaca, 40 de Tlaxcala; 33 en Morelos, 19 de Guerrero, 16 de la Ciudad de México y 12 del Estado de México.
Entre ellas se encuentran Acajete, Puebla, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan, en Puebla; Huajuapan de León, San Andrés Tepetlapa y San Pedro Nopala, en Oaxaca; así como Chiautempan, Cuaxomulco, Tenancingo y Zacatelco, en Tlaxcala.
También destacan Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla y Temixco, en Morelos; Huitzuco, Iguala, Olinalá, Taxco y Tlapa, en Guerrero; las 16 jefaturas delegacionales de la Ciudad de México; Amecameca, Malinalco, Nezahualcóyotl y Tianguistenco, del Edomex.
La declaratoria de desastre natural es el acto solicitado por la entidad y mediante el cual la Segob reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo en municipios o delegaciones, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y operativa local para su atención.
Se trata de un requisito indispensable para que los estados o dependencias federales puedan acceder al Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), un instrumento financiero que proporciona recursos a las entidades y dependencias federales declaradas zonas de desastre para la reconstrucción de los daños ocasionados por un fenómeno natural perturbador.
Una vez publicada la declaratoria de desastre respectiva, las entidades y dependencias federales podrán tener acceso a apoyos financieros inmediatos para la realización de acciones urgentes y prioritarias, cuya ejecución sea en el corto plazo.
El objetivo es coadyuvar a solventar en una primera instancia los efectos negativos de los daños sufridos por los desastres de origen natural y así facilitar a la población el regreso a la normalidad, así como la recuperación de la zona afectada.
El reglamento señala que ese fondo se otorga “sin perjuicio de las acciones posteriores enfocadas a la reconstrucción de la infraestructura pública afectada y las viviendas de la población de bajos ingresos dañadas”.

Los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD y PT aprobaron en fast track la solicitud del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para contratar un crédito por mil 200 millones de pesos, que se sumarán a los recursos del Fondo de Desastres Naturales.
El endeudamiento fue cuestionado por la fracción de Morena, que insistió en que era mejor aplicar una política de austeridad en los tres poderes del estado y los órganos autónomos.
Luego del aval del Congreso a Murat, la deuda pública de Oaxaca aumentará de 15 mil 075 millones a 16 mil 275 millones de pesos, lo que representa un incremento de más de siete por ciento.
El diputado Jesús Romero López consideró que la austeridad “en rubros como servicios generales, gastos personales, comunicación social y publicidad, entre otros, representaría un ahorro de casi 2 mil millones de pesos”.
El gobierno de Murat argumentó que el financiamiento autorizado será empleado en infraestructura carretera y vial, salud y obra urbana, entre otros rubros acordados por el estado con el Ejecutivo federal en el marco de lo dispuesto en las reglas generales del Fonden.
La madrugada del pasado sábado 30 y luego de 15 horas de debate, las fracciones parlamentarias del PRI, PRD, PAN y PT aprobaron autorizar al gobierno de Alejandro Murat la urgente búsqueda de financiamiento.
En sesión extraordinaria, a las 2:30 horas del sábado, y en menos de cinco minutos, con 31 votos en favor y sólo la bancada de Morena en contra, los legisladores aprobaron la contratación de la deuda

La dirigencia nacional del PRD anunció este lunes la aplicación de un plan de austeridad que generará un primer ahorro de 25 millones de pesos, con la finalidad de que sean destinados a los damnificados por los sismos.
Alejandra Barrales, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, explicó que el dinero saldrá de cuatro medidas de restricción de gasto, entre las que se incluye un recorte de 60 por ciento del personal de confianza y que cobra por honorarios.
Barrales adelantó que el PRD dejará el edificio donde se ubica su sede nacional, en la calle Benjamín Franklin, para mudarse a sus viejas instalaciones, localizadas en Monterrey 50, colonia Roma. Con esta decisión, explicó, dejarán de pagar renta para contribuir, así, a los ahorros.
La senadora anunció que para reunir esa cantidad inicial pedirán a gobernadores, altos funcionarios, senadores, diputados federales y locales emanados del PRD que donen un mes de su salario.
El PRD, adelantó, restringirá al máximo el pago de viáticos, teléfonos celulares y gastos de representación.
Los primeros 25 millones de pesos, dijo, podrían quedar depositados la próxima semana en una cuenta que será abierta por el propio partido.
Barrales comentó que la intención es que el Congreso federal apruebe la creación de un Fondo Nacional de Reconstrucción, a donde esos millones serían transferidos.
El plan anunciado, que coincide con el adoptado por el PAN, no obedece los lineamientos planteados por el Instituto Nacional Electoral y aplicados por el PRI y el PVEM para renunciar a las prerrogativas y reintegrarlas a la Tesorería de la Federación.
Dijo que no incurrirán en ninguna acción ilegal al destinar los 25 millones de pesos a una cuenta, que estará en espera de la activación del nuevo fondo. “No hay ningún problema”, respondió al ser cuestionada sobre la legalidad del manejo del dinero.
Barrales explicó que los detalles sobre la composición de los primeros 25 millones de pesos serán presentados esta tarde en una reunión del CEN, donde el plan de austeridad será sometido a votación.
En cuanto al cambio de oficinas, informó que la mudanza podría iniciar esta misma semana, aunque reconoció que será necesario realizar algunas obras de adaptación de la vieja sede para que pueda recibir la nueva estructura de personal, ya compactada.
La perredista descartó que las oficinas de Monterrey hayan presentado algún daño estructural como consecuencia del temblor del 19 de septiembre, pero advirtió que será necesario evaluar algunos de los inmuebles adyacentes.
Según las cifras del INE, el PRD recibiría 37.9 millones de prerrogativas en octubre. En caso de que se concrete el ahorro previsto, ese partido se quedaría con 12.9 millones de pesos para su operación.

Organizaciones sociales, empresariales y académicas conformaron un bloque de 29 asociaciones que vigilará el origen y uso de los recursos destinados a la reconstrucción de edificios tras los sismos registrados el 7 y 19 de septiembre.
A través de la plataforma #Epicentro, agrupaciones y voluntarios no sólo supervisarán que la ayuda económica se aplique con perspectiva social y de derechos humanos, sino también que se castigue a los responsables de irregularidades.
Explicaron que se busca también justicia para los afectados, asegurándose de que los funcionarios o empresas que hayan incurrido en delitos asuman su responsabilidad y que se garantice la reparación de daño.
En un pronunciamiento, adelantaron que lanzarán recomendaciones de política pública para evitar que las deficiencias normativas que permitieron las irregularidades se mantengan. Destacaron que los sismos pusieron de manifiesto la capacidad de respuesta y movilización de la sociedad civil en la emergencia.

“En muchos casos, detrás de estas pérdidas existen redes de corrupción entre particulares y funcionarios públicos. #Epicentro trabajará para que se identifiquen, investiguen y sancionen los actos de corrupción”, destacaron las asociaciones.
Advirtieron que la participación ciudadana es igualmente importante para asegurar una reconstrucción transparente, con integridad, que garantice los derechos de las personas afectadas, por lo que la plataforma promoverá y articulará acciones rumbo a la reconstrucción nacional y recomposición de la confianza entre sociedad y gobierno.
“Busca sentar las bases de una reconstrucción resiliente, local, equitativa, sostenible, participativa y efectiva mediante la creación de propuestas con apego a los más altos estándares en materia de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas”, agregaron.
Las organizaciones darán seguimiento al origen y el uso de los recursos destinados a la reconstrucción, con la finalidad de que el dinero se concentre en una sola plataforma.
Entre las organizaciones convocantes se encuentran Transparencia Mexicana, Oxfam México, Habitat Internacional Coalition, Mexicanos Primero, Causa en Común, México Evalúa, Centro Prodh, Impunidad Cero, Equis y Justicia para las Mujeres.
También participan el Observatorio de la Industria de la Construcción, Gobierno Fácil, Manos a la Obra, Supercívico, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Red ProBono México, Fundar, Coparmex, IMCO, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La lista incluye a Mejor Ciudad, Cohesión Comunitaria e innovación Social (CCIS), The Hunger Project, Wikipolítica CDMX, Save the Children, NYU Gov Lab, Fáctico Poder, Appleseed y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que la cifra de muertes provocadas por el sismo del 19 de septiembre aumentó a 221; posteriormente, la cifra fue actualizada –en 222 personas fallecidas– por el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.
Del total de víctimas, detalló Mancera, 136 son mujeres y 85 hombres; entre las víctimas figuran 29 menores de edad.
Aclaró que aún falta de identificar uno de los cuerpos que fueron localizados e informó que 25 personas continúan hospitalizadas.
En total, hasta la fecha se han registrado 363 muertes en el país como consecuencia del terremoto de magnitud 7.1.
Mancera también hizo referencia a los daños en la infraestructura de la capital: existen 549 inmuebles afectados, cuyos casos son atendidos por la Secretaría de Obras, y se han abierto 140 carpetas de investigación.
El temblor derrumbó 38 edificios residenciales y de oficinas en distintos barrios de la capital del país, mientras que causó afectaciones a la estructura de otros 360.
Mancera también presentó en conferencia de prensa un plan de apoyo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) destinado a las personas que perdieron su vivienda a causa de los sismos de septiembre, entre cuyas medidas se incluye la posibilidad de otorgarles un segundo crédito.
El jefe de gobierno reportó que 764 damnificados pasaron la noche del domingo en los 29 albergues temporales que se encuentran abiertos para atender a la población afectada.
Por último, informó que este lunes se reanudaron clases en 3 mil 397 escuelas de la capital del país luego de la suspensión de casi dos semanas.

Integrantes del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM) y ejidatarios de localidades aledañas a la compañía Peñasquito, filial de la canadiense Gold Corp, que opera en el municipio de Mazapil, cumplieron cinco días de bloquear los accesos a las instalaciones de la empresa, a la que acusan de haber agotado los pozos de agua potable y causar daños a los cultivos.
La minera aseguró que está dispuesta a dialogar con quienes encabezan esta protesta, pero al mismo tiempo presentó denuncias penales contra ellos.
En un comunicado, la minera aseguró que ha cumplido con los convenios de ocupación temporal de tierras, así como con los beneficios derivados del convenio firmado con los ejidatarios, como becas, empleo local y apoyo a microempresas.
La filial de Gold Corporation paga al año 524 dólares por cada hectárea que ocupa para sus actividades.
Felipe Pinedo, coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, aclaró que la empresa ha cumplido sólo de manera parcial dichos compromisos, pues ha afectado el derecho al agua y a un medio ambiente sano para los habitantes de la zona.
“Están cumpliendo con los contratos de ocupación temporal, que es la renta de las cerca de 10 mil hectáreas para explotar oro, plata, plomo, así como donde están los pozos del agua y otras tierras donde les proveen obras de infraestructura hidráulica, eléctrica y demás, pero mientras tanto están afectando gravemente el acceso al agua de estos poblados”, dijo a la Agencia Proceso.
Como ejemplo, responsabilizó a la empresa de secar un manantial que durante más de 200 años corrió por San Juan de los Cedros, así como de agotar el agua de los pozos de abasto de Cedros, El Vergel, Los Charcos, Las Mesas y Matamoros, además de pozos para riego.
“Tiene perforaciones de 700 a mil metros de profundidad, y el agua que obtienen la están repartiendo en pipas en las comunidades. A esa profundidad ya se detectan altos niveles de metales cancerígenos, como el plomo y el selenio. Y a ese tema del agua no le quieren entrar”, declaró Pinedo.
Explicó que los directivos de Peñasquito han propuesto un plan de abastecimiento, pero únicamente a cinco años, con el que no están de acuerdo los ejidatarios, pues “el daño es permanente, ellos lo tienen que resarcir”.
Cruz Barrios, comisariado ejidal de El Vergel, afirmó que la minera invade ejidos sin permiso, daña los caminos y desvía el agua pluvial, por lo que los estanques “están secos”.
Ejidatarios de El Vergel explicaron que la misma compañía minera ha desviado y bloqueado vados y vías de abastecimiento para bordos y acequias, provocando inundaciones en cultivos y sequías en otros, con pérdidas para los agricultores y también afectaciones al ganado.
“Nunca como ahora había llovido tanto en el semi desierto y no hay agua en los bordos para las cabras y vacas”, deploraron.
Pinedo dijo que existe un contubernio de las autoridades federales, entre ellas de Conagua y Semarnat, con la empresa, “pues compraron mucha agua de uso agrícola y le están dando un destino industrial. Pese a ello, siguen recibiendo concesiones”.
Para lavar los cientos de toneladas de piedra de mineral que extrae, Peñasquito puede utilizar hasta 43 millones de metros cúbicos de agua al día.
El Frente de Comunidades Afectadas por la Minería gestionó una cita en la Secretaría de Gobernación para externar su reclamo y exhibir la violación al derecho al agua, misma que también está planteando ante organismos internacionales, señaló Pinedo.
En tanto, la empresa interpuso denuncias penales en contra de quienes mantienen el bloqueo, a los que acusa de secuestro y delincuencia organizada, entre otros delitos.
En su comunicado, Peñasquito exigió la intervención de las autoridades para retirar el bloqueo y proceder contra los responsables, con el argumento de que se pone en riesgo una fuente de empleo para más de 4 mil trabajadores.

La esposa del ex tesorero de Tabasco, Silvia Pérez Ceballos, cuyo juicio por lavado de dinero inició el lunes en una corte de Texas, fue acusada por abrir en octubre de 2013 una cuenta de inversión en las islas Bermudas, con una aportación inicial de 1.9 millones de dólares.
Al momento de abrir esa cuenta, Pérez Ceballos, cónyuge de José Manuel Sáiz Pineda, reportó que su patrimonio era de 5.5 millones de dólares –71 millones de pesos al tipo de cambio de 2013–, pero en el juicio que se le inició ayer en Corpus Christi, se documenta que adquirió inmuebles, vehículos y otros bienes en Estados Unidos por más de 42 millones de dólares.
El Departamento de Justicia entregó el domingo a la corte un expediente de 214 páginas con la información remitida por el gobierno de Bermudas sobre la cuenta de inversión, abierta desde una sucursal del JP Morgan Chase en Houston.
Pérez Ceballos y sus dos hijas residían en Houston desde mayo de ese año, donde buscaban asilo ante una supuesta persecución política por parte del gobernador de Tabasco Arturo Núñez, quien asumió el cargo en enero de 2013.

Podrían decomisar sus cuentas

La cuenta 28-2873-017053 fue abierta en Sun Life Financial Limited en Bermudas, filial de la aseguradora canadiense del mismo nombre. El dinero se originó en la cuenta 31309 que Pérez Ceballos mantenía en el banco UBS, pasó por JP Morgan y terminó en Bermudas.
Los 5.5 millones incluían, según el formato llenado por Pérez Ceballos, un millón de dólares en fondos de inversión, 960 mil dólares en bonos, 240 mil dólares en acciones, 1.2 millones en “bienes raíces y otros”, 200 mil dólares disponibles en efectivo, más los 1.9 millones que se enviaron a Bermudas.
Pérez Ceballos hizo algunos retiros menores, y al cierre de marzo pasado el saldo de su cuenta era de un millón 893 mil dólares (34 millones de pesos), que el gobierno de Estados Unidos podría decomisar.
En el proceso a cargo de la jueza Nelva Gonzáles, la Fiscalía General de Tabasco presentó una lista de 114 pruebas documentales, incluidos registros de 37 cuentas en bancos como Morgan Stanley, Wells Fargo, HSBC Bank, RBC Royal Bank, JP Morgan Chase y Bank of America.
También se documentó la compra de siete propiedades de lujo valuadas en 40 millones de dólares en Miami, Los Angeles, Houston y Nueva York, por medio de empresas de papel.
Los jurados también conocerán de 19 vehículos cuya propiedad se imputa a Sáiz Pineda –preso en México–, a Pérez Ceballos y a su coacusado, el empresario Martín Medina Sonda, bajo proceso en Yucatán por asesinato de su esposa.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y la Fiscalía General del Estado (FGE) catearon en Coatepec un rancho propiedad de la ex presidenta del DIF estatal, Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador priista Javier Duarte.
En el rancho fueron asegurados varios caballos cuarto de milla y fueron localizadas caballerizas de lujo, y un terraplén apto para la equitación.
El cateo del predio fue ampliamente difundido por el noticiario de Televisa conducido por Carlos Loret de Mola y, en exclusiva, por el periódico local Notiver, del que es dueño Alfonso Salces, amigo del gobernador Miguel Ángel Yunes.
Yunes pidió a la Contraloría General del estado acelerar la investigación contra Macías.
Dijo que solicitará a las fiscalías para Delitos Electorales, federal y local, investigar el desvío de más de mil 500 millones de pesos de recursos públicos para financiar las campañas políticas en 2016.
Yunes dijo que tratarán de recuperar los más de mil 500 millones de pesos que presumiblemente se desviaron con ese propósito y proceder contra quienes autorizaron la entrega de los recursos y también en contra de quienes los recibieron.
“La demanda de los veracruzanos es proceder y sancionar severamente a quienes llevaron al estado a la más grave crisis de su historia. La lucha contra la corrupción no debe tener freno ni más límite que la ley, y se llegará hasta donde sea necesario”, advirtió.
Yunes informó que ante el aseguramiento del “Club Hípico Briones”, propiedad de Macías, solicitó a la FGE profundizar en las investigaciones y proceder legalmente contra la cónyuge de Duarte.

El subdirector Operativo de la Región Sur de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Pedro Alcántara Valdés, fue ejecutado la mañana de este lunes junto con su esposa, mientras circulaba en una camioneta Mercury gris en la carretera libre Toluca-Ciudad Altamirano, Guerrero, en el municipio de Tejupilco.
El gobierno de Alfredo del Mazo confirmó el homicidio e informó que la Fiscalía General de Justicia estatal comenzó la investigación del caso para hallar a los agresores, de acuerdo con información de MVS.
La Secretaría de Seguridad informó que “el comisario Pedro Alcántara Valdés, subdirector Operativo en la región de Tejupilco, sufrió una agresión esta mañana con arma de fuego mientras circulaba por la carretera libre Toluca-Altamirano, a la altura del poblado de la Purísima, municipio de Ixtlahuaca, cuando iba acompañado de su esposa; ambos perdieron la vida”.
Agregó, “ayudó en diversos golpes a grupos delincuenciales en la entidad, de los cuales destaca el aseguramiento de más de 730 kilogramos de marihuana, los cuales estaban escondidos entre costales de maíz, el 15 de septiembre del presente año en Tejupilco, además de la detención de varios integrantes de grupos delincuenciales, principalmente de uno cuyo origen es el estado de Michoacán”.
De acuerdo con la dependencia, el funcionario ingresó en enero de 1983 a la entonces Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, hoy Secretaría de Seguridad. Al momento de su fallecimiento tenía 52 años.

En tres acciones diferentes en Victoria, Tamaulipas, policías estatales capturaron a 12 personas presuntamente vinculadas en narcomenudeo, homicidios, asociación delictuosa, delitos contra la seguridad y portación de armas.
Siete de los detenidos, según autoridades de la Procuraduría local, estarían relacionados directamente con los homicidios y lesiones de varias personas cometidos la noche del sábado en un salón de eventos de la capital del estado.
La noche del sábado anterior, durante una fiesta de graduación en un salón de eventos, cuatro personas murieron y cinco resultaron con heridas. Los responsables, quienes huyeron a bordo de una camioneta, usaron armas largas y cortas.
Poco después las áreas de seguridad estatales implementaron las acciones e investigaciones inmediatas que, horas más tarde, permitieron las detenciones.
En una de las detenciones, los probables responsables utilizaron equipo táctico, agredieron con armas a los uniformados, e incluso les arrojaron poncha-llantas.
En las tres acciones realizadas en las colonias Pajaritos y Naciones Unidas, elementos de la PGJE y de la SSP lograron la detención de Nayeli Esmeralda “N”, José Oscar “N”, Edson “N”; Jenifer Yuled “N”, Luis Enrique “N”, Alan Guadalupe “N”; Víctor Fabián “N”, Jorge Luis “N”, Cecilia “N”, José Luis “N”; y Juan “N” y Ramiro “N”.
A los capturados se les aseguraron tres armas largas y una corta, más de 20 cargadores, más de mil cartuchos, cascos tácticos, uniformes tipo militar, poncha-llantas, más de 40 bolsitas y un bote con hierba con las características de mariguana.
Según investigaciones, las armas aseguradas estarían relacionadas con varios homicidios que se cometieron en la capital tamaulipeca.
También se precisó que, del grupo de siete detenidos, tres declararon que sí tuvieron participación directa en el homicidio de cuatro personas y lesiones en el salón de eventos “Carol” de Victoria.
Incluso, en pruebas de laboratorio se encontró que las armas aseguradas coinciden con los casquillos encontrados en al menos una decena de homicidios cometidos en Ciudad Victoria.
Entre las actividades centrales de los doce capturados destacan el narcomenudeo y la extorsión. Entre ellos hay dos menores de edad, una de ellas una mujer de 15 años que está embarazada.
Presuntamente los sicarios cometieron los homicidios en el salón de eventos porque estarían buscando a un integrante de un grupo antagónico pero que, al final, no estaba en el lugar.