En una conferencia de prensa el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán informó que el director de la Preparatoria número 2 fue asesinado en las inmediaciones del mercado de La Laja, además de otro asesinado en el interior del comercio.
Saldaña Almazán exigió justicia, porque en los más de cuatro años de su administración, han sido asesinados 25 universitarios, y la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo ha dado resultados en tres casos.
Expuso que este nuevo hecho de violencia entristece a los universitarios y contó que, de acuerdo con la versión de testigos de los hechos, “de manera aberrante, un maestro compañero de nosotros y compañero universitario, José Villanueva iba pasando fortuitamente cuando unos delincuentes venían saliendo de ejecutar una acción propia de sus actividades ilícitas”. Detalló que el maestro iba de paso en el camino de los delincuentes, “a alguno de ellos se le fue la bala y le quitó la vida a nuestro director de la Prepa 2, José Villanueva; enluta a la Universidad”.
El rector calificó a Villanueva Arce como un profesionista que luchó por prepararse al obtener maestría y doctorado; tenía 25 años trabajando en la Universidad y llevaba tres años en el cargo de director de la Preparatoria número 2, ubicada en la avenida Adolfo Ruiz Cortines.
Dijo que el homicidio violento indigna a la Universidad y llamó al fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, a hacer “todo lo que tenga que hacer, que los responsables de este atroz homicidio paguen por este grave acto que no tiene calificativos; esperamos resultados pronto y que se pongan a trabajar en el asunto”.
Javier Saldaña reiteró que a nombre de la comunidad universitaria, “le pedimos que nos dé resultados, no queremos palabras, queremos resultados para saber y que se castigue a los responsables”.
Afirmó que con el asesinato de José Villanueva Arce van 25 homicidios de universitarios y que sólo algunos se han resuelto.
Sostuvo que hay protocolos internos de la Universidad, como el cuidado y autocuidado de los estudiantes, que funcionan dentro de las instalaciones, pero que en las calles no se puede garantizar la seguridad, “ahí es donde nos encontramos con estas cosas que nos pasan y nos duelen mucho”.
En la conferencia a la 1 de la tarde en el restaurante Toks, del centro comercial Costera 125, Saldaña Almazán dijo que previamente acompañó a la familia de Villanueva Arce al Ministerio Público en la Garita.
Se le preguntó si con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, ha platicado de la inseguridad de los universitarios, “sí, de manera permanente nos ha atendido, él seguramente comparte la preocupación con nosotros y se ocupa de estar atendiendo todos estos problemas. Pero hay unas áreas específicas, como Seguridad Pública, la Fiscalía, la PGR, que tienen que encargarse del cuidado y seguridad de cada uno de los guerrerenses, sobre todo cuando somos gente de bien, que está construyendo cosas todos los días a favor del estado”.
Consultado con relación a la extorsión a trabajadores de la UAG, manifestó que es en Acapulco donde más casos se han reportado, sin precisar una cifra.
Puntualizó que los hechos violentos afectan a la comunidad universitaria, y que “nos va a alentar mucho que haya respuesta a la población, sobre todos a los universitarios”.

El director de la escuela primaria Plan de Ayala, de la colonia Emiliano Zapata, Ángel González Castrejón se quejó porque el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) aún no entrega el dictamen de la revisión que se hizo al inmueble.
Ayer al mediodía, en una llamada a la redacción de El Sur, dijo que llevan 10 días sin clases, y advirtió que si para el lunes no tienen respuesta de la autoridad protestarán para ser atendidos.
El 12 de septiembre, padres de familia, alumnos y maestros de la primaria Plan de Ayala bloquearon unas dos horas la entrada principal a Acapulco, el bulevar Vicente Guerrero, frente a la colonia Emiliano Zapata, para exigir la revisión y construcción del plantel.
“Tenemos dictamen de Protección Civil desde hace cuatro años, que presenta un alto riesgo, y ahorita de seguro que presenta más riesgo, y no voy a exponer a los niños a una tragedia, soy el responsable de la institución, son 546 alumnos… aquí lo importante son los niños” puntualizó el director.
Ese día acudió un representante del IGIFE, revisó la escuela y al día siguiente se presentó un equipo de especialistas para la revisión, pero “no les han entregado el dictamen”.
Declaró que la Coordinación de Protección Civil les entregó un dictamen en el que “dice que la escuela no puede ser utilizada… mientras que el IGIFE se comprometió con los docentes y no nos han dado el dictamen… Nos preocupa, no hemos tenido clases”, dijo el director, y comentó que, “el dictamen del IGIFE no nos los han dado, tenemos dos semanas sin clases, nos preocupa porque estamos atendiendo la recomendación de las autoridades y queremos que nos den alternativas”. (Aurora Harrison).

El presidente de la Comunidad Politécnica de Acapulco, José Luis Sánchez Ortiz dijo que autoridades de Protección Civil hicieron una “revisión ocular rápida” en las escuelas visitadas, pero que debe hacerse una revisión estructural detallada para que el dictamen ubique en un semáforo de riesgo de edificios.
Luego de asistir al aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, lamentó que el gobierno municipal vaya a posponer el festival de la Nao, porque ayuda a los ciudadanos a “quitar el estrés post sísmico, que de eso no se ha hablado, toda la gente esta muy nerviosa, muy tensa, y eso sirve como terapia”.
“Se siguen haciendo las revisiones, pero se debe hacer una aclaración, no son dictámenes estructurales, son revisiones oculares rápidas, para determinar si el inmueble fue dañado por el sismo, y ahí se aclaró que muchas construcciones que están seriamente dañadas y que el sismo no les hizo nada, sino que ya de por sí están dañadas”, dijo.
Explicó que en Acapulco, con las condiciones climatológicas de alta humedad y la falta de mantenimiento, hay un daño acelerado de muchas escuelas, lo que llamó “cáncer en la estructura, que es cuando se mete la humedad y llega al acero, se humedece se esponja y marca grietas”.
Detalló que ese tipo de construcciones, con un sismo son de alto riesgo, “este sismo no los afectó… en ese sentido se siguen haciendo las revisiones y es bueno… No tenemos que descuidar que en muchas de las construcciones que fueron analizadas tendrá que hacerse una revisión más detallada, para hacer un dictamen estructural que lleva más tiempo. Ese dictamen ubicará en un semáforo, verde que la estructura que no le paso nada, que sigue siendo habitable; ámbar, esta estructura si tiene ciertos daños, pero no son de gravedad y se tiene que reparar, rojo no puede ser habitable” detalló.
De los planes de Desarrollo declaró que las autoridades no deben permitir construcciones en zonas de riesgo, “sin embargo, se permite que la gente se asiente en zona de alto riesgo, inundación y derrumbe de laderas, los propios políticos lo provocan, o los líderes, y después solicitan servicios, debería ser un delito y el gobierno debe ofertar tierra”.
Se le preguntó sobre la suspensión del Festival de la Nao y lamentó que se haya pospuesto, “debe tener continuidad y siempre debe ser permanente… porque el salirse, distraerse un poco le quita el estrés post sísmico y de eso no se ha hablado, toda la gente está muy nerviosa, está muy tensa; salir sirve como terapia, y ojalá que no se suspenda”.

Las tragedias no solo sacan los mejor y lo peor de los seres humanos, también exhiben en estado puro las virtudes y los defectos de una sociedad en su conjunto. Si algo deja en claro el sismo de hace unos días es la compasión y la solidaridad de los mexicanos para con los caídos en la desgracia. Eso, en lo positivo. Lamentablemente también hace evidente el enorme vacío de liderazgo que experimenta nuestro país.
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de meter mano al bolsillo y ayudar a los que perdieron todo, pero desconfiamos hasta el infinito de las vías disponibles para canalizar los recursos en beneficio de las víctimas. Ha sido maravilloso ver la presión de la opinión pública sobre los partidos políticos y sobre el poder legislativo para que se reasignen a favor de la reconstrucción los faraónicos presupuestos dedicados a las elecciones y otros gastos de las cámaras. Una presión de tal magnitud que ha obligado a los partidos ha declarar públicamente su beneplácito a la medida.
Hasta allí hay consenso. Lo que sigue es una rebatinga aún más caótica que los minutos posteriores a un sismo, cuando el cuerpo y el alma siguen cascabeleando tras la brutal sacudida. Por lo menos en ese instante suelen aparecer líderes espontáneos que piden a los vecinos a alejarse de las paredes y protegerse de cables sueltos y desprendimientos; surgen personas que desatascan el tráfico con gestos claros y asertivos; capataces improvisados que ponen orden en una cadena de brazos que descombra un edificio.
Por desgracia el país no cuenta con esos liderazgos, espontáneos o no. Existe una crisis de legitimidad tal de la clase política que la credibilidad está por lo suelos. Enrique Peña Nieto ha hecho lo posible por aparecer con su chaleco de explorador en todos los escenarios posibles, sabedor de que el manual de supervivencia política exige no cometer el pecado de distanciamiento exhibido por Miguel de la Madrid en el temblor de 1985. Por lo menos no se ha puesto a jugar golf durante estos días, algo que se agradece.
Pero a todo el mundo le da repelús aceptar que sea Hacienda o cualquier otra institución federal quien canalice el reparto de las partidas extraordinarias destinadas a la asistencia de las víctimas. En plenas precampañas presidenciales, en las que Hacienda, Educación Pública y Gobernación están presididas por los candidatos oficiales en punta, el “sospechosismo” no es gratuito. En las elecciones del Edomex de este verano los ministerios federales fueron convertidos en oficinas de promoción del voto priista. Tratándose de una elección aún más importante, existen muy pocas dudas de que la maquinaria oficial volverá a recurrir a las prácticas clientelares en los próximos meses, en particular con todo aquello que deba entregarse a votantes potenciales.
Por su parte, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que sería la vía obvia para administrar y asignar los recursos extraordinarios para responder al sismo, es objeto de enormes críticas por su opacidad. Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Fondo de Desastres es en sí mismo un desastre de transparencia y legalidad: tiene cero sobre 100 puntos en materia de lo que la ley le exige ventilar públicamente. Este año el presupuesto regular le otorgó 6 mil millones de pesos y las normas le obligarían a hacer público el padrón de beneficiarios de los apoyos otorgados. Algo que los funcionarios del Fonden ignoran olímpicamente. ¿Cómo no sospechar que hay un manejo político y clientelar de tan cuantiosos recursos? Bansefi, el banco oficial que canalizaría los recursos a los damnificados a través de tarjetas de débito, está dirigido por Virgilio Andrade, el amigo de Los Pinos que debió salir de la Secretaría de la Función Pública por sospechosos vínculos con sus padrinos políticos.
Los partidos de oposición han propuesto otras alternativas, pero por lo general siempre a organizaciones sociales afines a su agenda. Alguno exige la formación de un Fondo extraordinario encabezado por ciudadanos para ejercer los recursos. Morena de plano mejor designó a un comité de personas destacadas (entre ellos Elena Poniatowska) aunque todos simpatizantes López Obrador.
Carlos Slim ha ofrecido su organización humanitaria para canalizar la ayuda de los donantes con la promesa de aportar un peso adicional por cada peso depositado en las cuentas de la fundación. Pero Slim mismo despierta suspicacias entre la población en su conjunto y, evidentemente, no es una opción para dar salida a los recursos públicos.
En suma, no es que no supiéramos que existe un vacío de liderazgo en el país. Pero es triste constar que incluso en la tragedia no hay manera de asumir una tregua, un pacto de caballeros. Demasiada mezquindad o quizá simplemente la precaución que deriva de tantos años de opacidad y corrupción.

@jorgezepedap
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El partido del temblor

En la última semana de septiembre el recuento de los muertos por efectos del sismo del 19 de septiembre ascendió a 355, la mayoría ocurridos en la ciudad de México, después Morelos y Puebla, luego el estado de México, y Guerrero en penúltimo lugar con seis fallecidos.
Después de la ocurrencia del terremoto y todavía con el pánico a cuestas vino la etapa de rescate que mostró la enorme vitalidad de los jóvenes cuya rebeldía se sobrepuso al ánimo excluyente de la autoridad para ayudar a salvar vidas hasta agotar los plazos formales de capacidad que tienen las personas para sobrevivir bajo los escombros; luego, paralelamente a la formación de las cadenas humanas para quitar los  escombros de los edificios colapsados, le sucedió el ágil acopio y distribución de víveres para socorrer a los damnificados que tanto perdieron.
Los modernos medios de comunicación electrónica y de geo localización que se utilizaron para ubicar personas bajo los edificios colapsados, sirvieron también para evidenciar y enfrentar la corrupción de las autoridades y clase política acostumbradas a lucrar con los donativos que desvían, ocultándolos para emplearlos en temporadas de campaña.
Entre los episodios de denuncias, disputas y asaltos que casi en tiempo real saturaron las redes sociales, se conformó lo que el escritor Juan Villoro llamó el Partido del Temblor, que tuvo su antecedente en el sismo del 85 cuya aparición se hizo notable en la elecciones federales de 1988.
Pero a diferencia de aquel año que echó por tierra al vetusto edificio monolítico del PRI, ahora el Partido del Temblor obtuvo en pocas horas su primer triunfo todavía en los días del desastre gracias a la movilización ciudadana que facilitaron las redes sociales.
Más de un millón de firmas secundaron la iniciativa de exigir a los partidos canalizar el subsidio que reciben para sus campañas a la causa de la reconstrucción, sin faltar en ella el complemento de medidas radicales que en los días subsecuentes se fueron afinando, como la iniciativa de bajar los sueldos a la casta de los altos funcionarios y a las pensiones que reciben los ex presidentes, y así constituir el fondo que inicialmente se calculó en 50 mil millones de pesos para los estados de la república que fueron afectados.
Para transparentar y eficientar la aplicación de esos recursos destinados a la reconstrucción muchas personas se adhirieron a la propuesta de crear una Comisión Ciudadana de Reconstrucción, como la llamó el historiador Enrique Krauze quien agregó que dicha comisión integrada por intelectuales, periodistas, empresarios y jóvenes, sea supervisada por una contraloría internacional.

La propuesta de los partidos

Los dirigentes de los partidos, aún sin salir del pasmo por lo sucedido, no esperaron en su respuesta para sumarse a la iniciativa, y actuaron como si hubieran sido descubiertos en una acción indebida, primero ofreciendo dar parte de su dinero y después hasta el cien por ciento de sus prerrogativas, a excepción del PRI, partido que se apuntó con 258 millones de pesos para el fondo del desastre, que es el equivalentes al 25 por ciento de lo que recibirá como subsidio en 2018.
A partir de esta determinación comenzaron los análisis para imaginar la nueva situación de los partidos y su posible comportamiento sin el dinero público para sus campañas.
Unos creen que de concretarse la propuesta para que los partidos donen su dinero a la reconstrucción, el mayor afectado sería el PRI (quizá por eso su propuesta del 25 por ciento), que aún no sabe vivir sin el dinero público, aunque aseguran que eso no será problema para él mientras tenga el control del gobierno que le garantiza acceso al presupuesto.
Pero enseguida los afectados, dicen los que saben, serían los partidos pequeños que ahora se mantienen vigentes gracias al subsidio oficial que reciben, más que a los ciudadanos adherentes a sus posturas.
Muchos en cambio coinciden en que los más afectados serían los del llamado Frente Amplio quienes ya hacían cuentas alegres sumando el subsidio de cada uno, con el cual se ponía a la cabeza de la competencia electoral con ese monto millonario.
Los más contentos con la nueva situación serían los de Morena, partido que desde su nacimiento aprendió a vivir en la austeridad con candidatos que pusieron el ejemplo con campañas a ras de suelo como le llaman al método de visitar casa por casa, además de su activo de militantes que, a diferencia de sus contrapartes, han aprendido el valor de aportar lo que tienen a una propuesta sin esperar la dádiva.

Dinero público para la democracia

Sin embargo, lo que queda en pie después del temblor es la realidad en cuanto al edificio democrático que hemos construido, en el cual el subsidio con dinero público es un mecanismo ideado para garantizar la vigencia de los partidos que ve más allá de su uso transparente, pues no se necesita haber vivido muchos años para recordar lo inequitativas que eran las campañas electorales bajo el sistema del PRI gobierno.
Ahora el componente mayor del presupuesto anual que proviene del gobierno es para garantizar la equidad en las contiendas y para prevenir cualquier intención de que el dinero privado penetre y domine la vida de los partidos para pervertirlos y hacerlos al interés de quien los pueda financiar.
Es decir que los partidos deberían ser más mesurados a la hora de sus propuestas porque en aras de asumir medidas populistas ponen nuevamente en riesgo el mecanismo que ha servido para hacer equitativas las campañas, transparentar y controlar sus fuentes de financiamiento.
Lo que le conviene a cada uno de ellos, aparte de reducirse su millonario presupuesto y de idear mejores métodos para redistribuir el ingreso y aminorar las desigualdades sociales, es aplicarse mejor en sus tareas para que no se sientan incómodos con el manejo de sus millonarios presupuestos.
La transparencia en la vida de los partidos, incluido el manejo de sus finanzas sería el mejor aporte al nuevo edificio que se pretende construir, pues no olvidemos que es su deber constitucional educar a los ciudadanos para que puedan acceder al gobierno.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que a partir de la próxima semana se entregarán apoyos económicos a las familias damnificadas por los desastres naturales ocurridos este mes, los cuales afectaron a 12 estados.
Tras participar en la ceremonia del aniversario luctuoso de José María Morelos en Morelia, el funcionario sostuvo que es prioridad del gobierno federal lograr que los recursos para la reconstrucción lleguen a todos los afectados, sin intermediarios y sin duplicidades.
“El presidente (Enrique Peña Nieto) ha venido trabajando en ese tema, principalmente el destino de los recursos públicos que habrán de mandarse a todos los estados siniestrados”, indicó.
“Me refiero desde la Ciudad de México hasta los que pasaron por el tema de los huracanes, me refiero a Baja California Sur, Veracruz, y luego los sismos de Oaxaca y Chiapas, y luego el que lastimó al centro del país, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala”.
El secretario subrayó que, a través de una tarjeta de débito, las familias recibirán tanto recursos para la reconstrucción de sus viviendas como pagos por concepto de empleo temporal.
“La indicación, como será visto a partir de la próxima semana, es que se entregue directamente a las personas, a las familias afectadas, sin ningún intermediario y directamente por medio de una tarjeta que permitirá adquirir recursos para la reconstrucción y también para el autoempleo, a través de un recurso económico que pueda reactivar la economía, que pueda respaldar a las familias y que pueda poner nuevamente a estos municipios, a estas comunidades, de pie”, expuso.
Aseguró que, para atender la emergencia, hay recursos suficientes en el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), sin embargo, también se cuentan con las donaciones de particulares.
“En el Fonden cabe todo y hay suficiencia para darle respuesta a carreteras, a puentes y a escuelas. Creo que es muy grande la generosidad, si me hablas de los recursos privados, y tendremos todavía mucho que ver hacia adelante, porque siguen fluyendo recursos”, comentó.
“No cometamos incluso el error de que a un mismo lugar lleguen dobles recursos, cuando hay muchas necesidades. Lo que hay que hacer es administrar de la mejor manera los recursos que se tienen, tanto los públicos como los privados”.
El gobierno federal ha estimado que tan sólo la reconstrucción de los daños causados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre costará, por lo menos, 39 mil 150 millones de pesos.
En Oaxaca, Chiapas, Morelos y la Ciudad de México, 140 mil 578 inmuebles registraron daños y otros 50 mil sufrieron pérdida total.
Aunado a eso, la tormenta tropical Lidia destruyó 400 casas en Baja California, mientras que el huracán Katia causó la muerte de dos personas en Veracruz y obligó el desalojo de miles de pobladores.
Para el 2018, el gobierno federal propone que se asignen al Fonden 6 mil 644 millones de pesos, con los que se dispondrán recursos totales por más de 15 mil millones de pesos para hacer frente a los desastres de septiembre.

Por mayoría, el Congreso de Oaxaca autorizó al gobernador Alejandro Murat contratar un nuevo préstamo hasta por mil 200 millones de pesos para atender la situación de emergencia derivada por los sismos de septiembre.
Con esto, el mandatario podrá adquirir uno o varios financiamientos a inversiones públicas productivas para sufragar la contingencia, así como la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública.
El acuerdo fue alcanzado con 31 votos de los 42 legisladores que integran las bancadas del PRD, PAN, PT, PES, PUP y PVEM, mientras que Morena votó en contra.
En su iniciativa enviada al Poder Legislativo, Murat justificó que como consecuencia de los sismos resultaron afectadas viviendas, instalaciones, carreteras, sistemas de riego agrícola, servicios básicos y comunicaciones en diversos municipios.
Argumentó que ante esto es responsabilidad del gobierno estatal allegarse de recursos para atender la situación de emergencia que viven los habitantes de las zonas afectadas y contribuir a la restauración de los daños.
Los diputados también aprobaron el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca.
Luego de desahogar el orden del día, que contempló 49 dictámenes, concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones a las 05:19 horas de este sábado.

A 11 días del sismo de magnitud 7.1, Morelos registra un total de 19 mil 667 viviendas dañadas.
Cifras oficiales en poder de Reforma indican que los municipios más dañados son Jojutla y Tetela de Volcán, con 2 mil 100 casas afectadas en cada uno.
Le sigue Tepoztlán con mil 543, Tepalcingo con mil 464, Ayala con mil 280 y Zacatepec con un millar.
Después Cuautla con 778, Tlalnepantla con 701, Tlaltizapán con 626, Ocuituco con 599 y Totolapan con 563.
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, garantizó a ciudadanos afectados que de no recibir apoyos del Fonden para su casa, su administración destinará ayuda para daños menores.
El recuento elaborado desde el 19 de septiembre hasta el pasado jueves también refleja que 325 escuelas fueron afectadas, de las cuales 22 urgen de reconstrucción total.
De estos planteles, cinco se encuentran en Jojutla: en la Melchor Ocampo, Venustiano Carranza, 10 de Abril, Narciso Mendoza y Benito Juárez.
Tlaltizapán, Temixco, Jiutepec, Temoac, Mazatepec, Cuautla, Huitzilac y Yautepec concentra el grueso de colegios afectados, de acuerdo con el documento.
Asimismo, 166 iglesias se encuentran afectadas, principalmente en Tlaltizapán, Tepoztlán, Jiutepec, Yautepec y Tlayacapan, lo que derivó en la cancelación de bodas, un rubro tradicional en el Estado.
Matías Quiroz, secretario de Gobierno, reportó 10 haciendas dañadas de un total de 20, así como 300 monumentos históricos, de 400.

Anuncian 217 millones para hospitales en Morelos

El titular del IMSS, Mikel Arreola, anunció una inversión de 217 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura de hospitales en Morelos.
En el plan, se contempla la ampliación del Hospital Uno de Cuernavaca, que pasará de tener tres a ocho quirófanos.
“Vengo anunciar un paquete de reestructura y recomposición de la propia Infraestructura, pero además un reforzamiento, queremos aprovechar desgraciadamente este suceso para invertir en la infraestructura de Morelos”, dijo en conferencia Arreola.
“Vamos hacer una revisión y reparación absoluta porque la gente sienta el mejoramiento del servicio”.
Indicó que en Cuautla se dañó el hospital a causa del sismo del 19 de septiembre al punto de que tendrá que ser renovado.
“Vamos a poder reconstruir el hospital, uno totalmente nuevo, y vamos a pasar en ese hospital de 50 a 100 camas”, comentó.
“Ya empezamos con la elaboración del proyecto, hemos tenido un mecanismo para poder referenciar a nuestros pacientes del hospital de Cuautla, ya están referidos todos en Cuernavaca y Zacatepec”.
De ser necesario, el funcionario indicó que los hospitales de La Raza y Centro Médico en la Cuidad de México están listos para atender a la población colindante, incluso proveniente de nosocomios de Puebla.
Detalló que en el caso del Hospital Zacatepec, del IMSS, la inversión estará dirigida a la renovación de las zonas de Urgencias y Terapia Intensiva.
En una visita a Jojutla, Arreola descartó tanto daños en hospitales como brotes de epidemias.
Respecto a las cuotas patronales, en apoyo a empresas que resultaron afectados por el sismo, comentó que se está analizando caso por caso.
“Revisamos en el censo y se están siguiendo los lineamientos que Oaxaca y Chiapas que es primero garantizar la atención primaria como agua potable, albergues y salud, luego el censo para reconstrucción y estamos en esa atención”.

La Ciudad de México perdió su equilibrio. Debe descentralizar dependencias públicas y evitar la saturación de complejos habitacionales que acrecientan riesgos para la población, estimó el arquitecto y urbanista Roberto Eibenschutz.
“La Ciudad de México está en una zona vulnerable y ahí va a estar por el resto de la historia. Entonces, no la compliquemos más, no la hagamos más difícil de lo que ya es. Hay que bajarle presión a la Ciudad, buscar un desarrollo del país más equilibrado”, señaló.
“Hay tres elementos que se conjuntan que no los vamos a quitar: el agua, el subsuelo y los sismos. Y esas tres cosas son muy peligrosas”, insistió.
Eibenschutz explicó que, tras los terremotos de 1985, se inició un proceso de descentralización que, con el paso de los años, se detuvo y, en el último sexenio, se revirtió hacia un modelo de expansión descontrolado.
Ese proceso colapsó zonas como la Condesa, Del Valle o Coapa, las mayormente impactadas por los sismos, por lo que el experto de la UAM advierte que ese modelo debe replantearse, pues se demostró que la ciudad ya está rebasada y colapsada.

A 11 días del sismo de magnitud 7.1 que sacudió el centro del país, el número de muertos subió a 360, informó el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.
Los decesos aumentaron sólo en la Ciudad de México, pues pasaron de 214 a 219 en las últimas horas, mientras que Morelos se mantiene con 74; Puebla, con 45, Estado de México, 15; Guerrero, 6, y Oaxaca, uno.
Este sábado Reforma publicó que los sismos del 7 y 19 de septiembre dañaron a 328 mil negocios en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca y Chiapas.
Con el paso de los días, brigadistas de diferentes nacionalidades han dejado el país, los últimos originarios de Estados Unidos.
En algunas zonas de la Ciudad de México continúa el estudio de daños estructurales en edificios y en otras el rescate de cuerpos, como en Álvaro Obregón.
En el inmueble 286, Reforma informó que se encuentra un tráiler del Servicio Médico Forense Móvil de la PGR que con 79 peritos colaboran con la identificación de los cadáveres.
“Este tráiler tiene equipo para realizar de la manera más profesional los estudios, pero también para poder tener ahí los cuerpos a una temperatura que evite la degradación”, dijo Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En esa zona, tenían el reporte hasta esta madrugada de 40 cuerpos recuperados.
El sismo magnitud 7.1 del pasado 19 de septiembre ha cobrado la vida de 219 personas: 135 mujeres y 84 hombres, informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Del total, detalló, 29 eran menores de edad y una persona sigue sin ser identificada.
Respecto a los derrumbes, el mandatario capitalino detalló que hay 126 carpetas de investigación por distintos delitos relacionados a los inmuebles colapsados y con daños por el temblor.
Algunos de los delitos que se investigan son fraude, cambio de uso de suelo y homicidio culposo.
Sobre las labores de rescate, Mancera abundó que 69 personas han sido rescatadas de los 38 edificios que se derrumbaron durante el terremoto, de las cuales 25 están hospitalizadas, cuatro de ellas gravemente heridas.

Rescatan dos cuerpos en Álvaro Obregón 286

Durante las labores de rescate de ayer en los escombros de Álvaro Obregón 286, dos cuerpos fueron recuperados, informó Protección Civil capitalina.
Con éstos, suman 40 cuerpos -24 hombres y 16 mujeres- recuperados del edificio de seis niveles que se desplomó por el sismo de 7.1 grados del pasado 19 de septiembre.
“Llevamos rescatados 40 cuerpos de los cuales están 38 plenamente identificados por sus familiares y solamente están trabajando los peritos en dos, de los cuales son un hombre y una mujer”, indicó Valentín Oñate, enlace del gobierno capitalino con los familiares de las víctimas.
En el sitio, operan cuerpos de rescate del gobierno capitalino, federal, así como de España y Colombia.
Las labores se concentran en los escombros del cuarto nivel del edificio, donde se estima que se encontraba el mayor número de personas al momento del temblor.
Además, los dos cuerpos recuperados en el sitio elevan la cifra de decesos en la Ciudad de México a 219 personas.