Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Comerciantes establecidos en las calles del centro de la capital obligaron a abortar la tarde de ayer una operación implementada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que llegaron en vehículos sin logotipo, algunos sin placas y otros con placas del estado de Morelos a decomisar mercancía, según los comerciantes, sin orden de cateo ni oficio de comisión.
Los agentes habían detenido a siete comerciantes y decomisado 15 playeras de la marca Tomy, como muestra de que se trataba de prendas piratas, y trasladaron  a los detenidos a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), pero más de 50 comerciantes fijos y semifijos retuvieron una patrulla de la Policía Municipal con cinco elementos abordo, y una camioneta Pick Up con dos agentes de la AIC y un abogado de la dependencia federal, con los que negociaron la liberación de sus compañeros.
El ambiente se tensó cuando algunos de los indignados comerciantes amenazaron con voltear e incendiar la camioneta en la que se encontraban los agentes federales, y tuvieron que acudir al lugar el delegado de la PGR, José Juan Monroy, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinosa Montoya, para negociar la entrega de los detenidos a cambio de la liberación de los agentes y las camionetas.
Todo esto ocurrió en la calle Francisco y Madero esquina con Emiliano Zapata, en el Zócalo de Chilpancingo, entre las 2:30 y las 4:30 de la tarde.
Los agentes federales encontraron resistencia de los comerciantes desde el primer establecimiento al que llegaron, ubicado en la esquina de Madero con avenida Guerrero. Allí, el propietario de Imagina Regalos, Roberto Castañón, un conocido comerciante de la capital y propietario de la farmacia Pasteur, que cerró hace cinco años tras un saqueo similar, llamó a la solidaridad de otros comerciantes y de transeúntes.
“Estos tipos vienen a saquearnos y a robarnos a Guerrero, ¡no lo permitamos, compañeros, vecinos, no lo permitamos porque al rato ustedes también van a ser afectados por este tipo de gente!”, gritó a media calle, en donde de inmediato se concentraron decenas de comerciantes que, con gritos de “¡fuera!” repelieron la actitud de los agentes, quienes ya cargaban en las manos dentro del negocio bolsas de plástico dispuestas para llenarlas de mercancía.
Los vecinos pidieron al comerciante que cerrara su negocio y entonces los agentes prefirieron salir y, a bordo de la camioneta, abandonaron el lugar.
“Estos señores vienen a saquear mi negocio amparados en un documento, pero antes de que me den chance de que yo presente mis facturas, para que yo compruebe que es mercancía legal, ya traen bolsas de plástico para llenarlas de todo lo que tengo aquí”, acusó. En el establecimiento había relojería, bolsas de mujer, perfumes y artículos para regalo.
Roberto Castañón se quejó que los agentes llegan en el momento de peor crisis de ventas, “apenas estamos vendiendo de 50 a 100 pesos sólo para ir comiendo”, se quejó.
Comentó que los policías dijeron llevaban una orden, pero que no se la quisieron enseñar, “ellos mismos las hacen para justificar los saqueos a los comercios”.
A este comercio llegaron tres policías en una camioneta blanca, sin logotipo, y con placas NW-89-937 del estado de Morelos.
En este mismo local, hace cinco años estaba la farmacia Pasteur, propiedad del mismo Roberto Castañón, que igualmente fue saqueada por policías federales.
El hijo de Roberto, Miguel Castañón, dijo que en 2012 los agentes llegaron encapuchados y no se identificaron, sólo le avisaron que iban a hacer un cateo por orden de un juez, y le vaciaron más de la mitad del negocio, además de que se los llevaron detenido dos días a la delegación de la PGR.
Denunció que para que lo liberaran pagó una fianza de 90 mil pesos y no le devolvieron su mercancía, por lo que tuvo que cerrar y después se dedicó a la venta de artículos para regalo. Dijo que por eso, ayer, su padre llegó a impedir otro atraco.
Para ese momento, otros agentes ya entraban a otros negocios de la calle Emiliano Zapata, de donde se llevaron detenidos a siete comerciantes, cuatro mujeres y tres hombres, algunas de ellas eran empleadas.
Los policías que participaron en el operativo portaban armas de fuego y actuaron arbitrariamente incluso en contra de los transeúntes, a quienes replegaban amenazantes cuando pasaban cerca de donde cateaban los negocios.
La actitud de los agentes indignó a transeúntes y a comerciantes, quienes empezaron a llamar a la solidaridad.
“Váyanse a Chilapa, o a las colonias donde están los descuartizados, nosotros no somos delincuentes”, les gritaron algunos comerciantes, y eso encendió a los transeúntes; en menos de cinco minutos llegaron más comerciantes y transeúntes, hasta juntarse más de 50 gentes, quienes casi persiguieron a los policías hasta la calle Madero.
Presionados por comerciantes y transeúntes, los agentes abordaron cuatro camionetas y huyeron del lugar. Atrás habían quedado rezagadas una patrulla de la Policía Municipal que los apoyaba con resguardo, con cinco policías abordo, y una camioneta Pick Up blanca con dos agentes de la AIC y un abogado de la PGR.
Cuando los comerciantes se enteraron de que en las cuatro camionetas se habían llevado a siete detenidos que sacaron de seis negocios cateados, bloquearon el paso a la patrulla municipal y a la camioneta de la AIC, ésta sin placa delantera, y que en la que portaba atrás tenía la matrícula HE-78-450.
Todos los comerciantes aseguraron que su mercancía era legal y que contaban con documentos para probarlo; denunciaron que, en cambio, el operativo fue ilegal y arbitrario, y advirtieron que retendrían a los agentes hasta que fueran liberados sus compañeros.
Algunos comerciantes desinflaron las llantas traseras de la camioneta de los agentes federales y comenzaron a balancearla con intenciones de volcarla, también amenazaron con incendiarla.
Entonces llegaron el delegado de la PGR, José Juan Monroy, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinoza Montoya, para dialogar con los comerciantes.
El delegado informó que el operativo se hizo conforme a derecho, y derivado de la presentación de una denuncia por los apoderados legales de la marca Tomy.
Estos argumentos indignaron más a los inconformes, que comenzó a gritarle para obligarlo a callar y a bajarse de la camioneta retenida a la que se había montado para hacerse escuchar.
“La Procuraduría, señores, está para servirles a ustedes, no estamos en contra de ustedes”, volvió a intentar convencer a los amotinados, pero volvieron a comenzar los abucheos y el funcionario bajó para dialogar con una de las líderes, con quien negoció la entrega de los detenidos a cambio de que dejaran ir a los agentes y las patrullas.
Casi a las 4:30 de la tarde llegaron en un vehículo de la PGR, también sin logotipos, los siete detenidos, y entonces los comerciantes empezaron a exigir la devolución de la mercancía decomisada, pero después se aclaró que únicamente habían sido 15 playeras sólo como muestra de que eran prendas piratas.
Cuando se había aparentemente resuelto el problema, llegó un comerciante y acusó ante el delegado a uno de los agentes que había llegado después de la retención, de haberlo extorsionado y saqueado su negocio, “son unos rateros le gritó” y le dijo su nombre, también le dijo que era empleado del gobierno del estado y que se ganaba la vida honradamente, y que por eso le indignaba que servidores públicos corruptos, como el policía señalado, se dedicarán a extorsionar a gente trabajadora.
Como pudo, el policía que comenzaba a ser acusado por otros comerciantes como uno de los que había participado minutos antes en la operación, se escabulló entre la multitud y hasta entonces lograron sacar del lugar la patrulla y la camioneta de la AIC.