Con la propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos y los diputados plurinominales, el PRI está básicamente tendiéndole una trampa al Frente Opositor. Huelga decir que no sólo ambas características del sistema electoral mexicano fueron originalmente propuestas por diputados, senadores o el Ejecutivo en manos del PRI, sino que es el partido que más se ha beneficiado de ellas. Sin embargo, hoy puede arriesgarse a perder ambas ya que sería el más favorecido por su desaparición.
En efecto, desaparecer el financiamiento público estando el PRI en el gobierno significa solamente que echarán mano de la cantidad inmensa de recursos que tienen a su alcance, como lo vimos en el Estado de México, para dedicarlos a su campaña, tanto presidencial como de gobernadores, senadores y diputados federales. No habrá cómo fiscalizarlo porque ya sabemos que tanto el INE como el Tribunal Electoral son incapaces de poner un alto. En cuanto a las diputaciones plurinominales, desaparecerlas con los resultados actuales de las elecciones llevaría, como lo ha mostrado Gerardo Esquivel, a una gran sobre representación del PRI, y una sub representación de los demás partidos que, en efecto, no tienen una presencia casi nacional. El Frente no está reaccionando con la claridad y la velocidad necesarias ante esta trampa.
Pero tampoco tengo la impresión de que el Frente haya podido sacar todas las conclusiones necesarias de la movilización de la llamada sociedad civil en las horas, los días, y ya la semana, posteriores al temblor del 19 de septiembre. No es que no haya formulado propuestas interesantes y audaces, sino que no parece estar encontrando la manera de conectar con esa sociedad civil ahora más organizada y más movilizada. Una cosa es no lucrar con lo que sucedió en las calles de la Ciudad de México y otra muy diferente es no encontrar la manera de poner los registros y los recursos de los tres partidos al servicio de esa movilización, por lo menos en la Ciudad de México, y quizás varios estados afectados por el sismo y donde habrá elecciones para gobernador el año entrante. Tal vez lo que conviniera hacer es pensar en sugerencias más imaginativas y más generosas por parte de los partidos del Frente, no tanto en materia de financiamiento sino en materia de candidaturas.
En efecto, habrá elecciones para gobernador en cuatro estados seriamente afectados por el sismo: la CDMX, Morelos, Chiapas y Puebla en el 2018. Salvo la CDMX, no ha habido en las tres entidades del interior, la misma movilización que en la capital de la República. Pero de cualquier manera hay una sociedad civil activa, vigorosa, que se ha visto afectada por el terremoto y que podría participar de una manera muy dinámica en las elecciones para gobernador el año entrante. Una posible propuesta sería que los tres partidos del Frente ofrecieran desde ya la candidatura al gobierno de esas cuatro entidades, ya sea a activistas de la sociedad civil recién emergidos durante los trabajos de rescate y reconstrucción después del sismo, ya sea a personalidades de la misma sociedad civil con un historial previo intachable y al mismo tiempo conocido. No van a encontrar candidatos perfectos en ninguno de los cuatro estados, y habrá sin duda muchos contendientes posibles de los propios partidos que serían mejores candidatos, mejores gobernadores que las personas sin partido que pudieran contender por el cargo y ocuparlo, pero no se trata necesariamente de escoger al mejor sino de conectar con esa sociedad civil que se ha movilizado y mostrar que por lo menos estos tres partidos tan no quieren aprovecharse del dolor y del activismo de la gente que en lugar de pedir el voto de la gente le ofrecen las candidaturas. No es algo sencillo, pero tampoco es imposible y se trata de candidaturas competitivas en casi todos los casos. Ojalá que los principales dirigentes del Frente piensen y exploren esta posibilidad.

El 8 de enero de 2015, 627 días antes del sismo que sacudió a la Ciudad de México hace dos semanas, se anticipó su impacto. Un fuerte sismo, concluyeron tres investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, haría que decenas de edificios tuvieran un “comportamiento inadecuado”, porque, aparentemente, no cumplían con los requerimientos mínimos establecidos en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, publicado en 2004 y que se conoce como el MCBC-2004. La pesadilla se resumía en una frase: “Los propietarios de los edificios y sus inquilinos, pueden estar viviendo en edificios que no son tan seguros como asumen”. Un año y medio después el saldo que dejó el sismo es al menos siete mil 649 inmuebles con daños y 321 con grave riesgo de sumarse a los 39 que se colapsaron.
La realidad no deja de ser una paradoja caprichosa, porque si por códigos y regulaciones fuera, la Ciudad de México podría estar totalmente tranquila. El MCBC-2004, explicaron los investigadores Eduardo Reinoso, Miguel Jaimes y Marco Torres, es el mejor código, el que tiene el conjunto de requerimientos más avanzados y completos del país, y sirve como modelo en otras ciudades mexicanas y en el extranjero. La otra cara de esa reconfortante moneda es lo que los investigadores encontraron en muchas viviendas recientemente construidas de altura mediana, cuya arquitectura parecía demasiado débil para soportar sismos, con “evidentes deficiencias estructurales e insuficientes mecanismos oficiales para supervisar el diseño y la construcción de esas nuevas estructuras”.
Tras difundir su investigación en línea, Reinoso, Jaimes y Torres publicaron el año pasado su trabajo Evaluation of building code compliance in Mexico City: mid-rise dwellings, en la revista académica bimensual Building Research & Information, que aborda temas de diseño y construcción. El estudio evaluó las prácticas actuales y las comparó con las guías del MCBC-2004, utilizando una muestra de 150 edificios seleccionados al azar, pero construidos después de 2004. En un grupo de 20 edificios realizaron adicionalmente análisis estructurales y revisiones del diseño, que los llevó a confirmar que “un alto número” de nuevos edificios en la Ciudad de México no tenían un registro confiable de información técnica, por lo cual no podían evaluar su comportamiento ante un sismo fuerte, y que la limitada información en un alto número, hacía imposible verificar su comportamiento estructural sísmico.
Para el estudio establecieron como características que debían ubicarse en la zona sísmica de más alto riesgo, su ocupación y que el número de pisos fuera de cuatro o mayor que cuatro, debido a que construcciones menores de tres pisos habían tenido un comportamiento “adecuado” durante los principales eventos sísmicos con los que comparaban, el de 1957 (cuando se cayó el Ángel de la Independencia), el de 1979 (cuando colapsó la vieja Universidad Iberoamericana), y el de 1985 (que produjo alrededor de 12 mil 500 muertos), de acuerdo con los certificados de defunción emitidos por el Registro Civil. El total de edificios que se ajustaban a ese criterio fueron 13 mil 428, de donde se hizo la selección de los 150 edificios y de ellos, los 20 adicionales.
De esta forma, se revisaron 68 de los seis mil 105 edificios con esas características en la Delegación Benito Juárez; 61 de los cinco mil 477 en la Cuauhtémoc, y 21 de los mil 846 en la Venustiano Carranza, que comprenden la zona más sísmica de la capital. Es un shock notar que la onda sísmica más devastadora el 19 de septiembre pasado, coincide asombrosamente con la línea de edificios más vulnerables a un sismo que encontraron Reinoso, Jaimes y Torres, año y medio antes.
Los investigadores encontraron que algunos edificios eran más altos de los que indicaba la base de datos proporcionada por la Secretaría de Hacienda a partir del predial, y características estructurales donde había condiciones irregulares, como la posibilidad de golpeteo (el choque entre edificios por la falta de previsión en la distancia entre uno y otro al construirlos), un primer piso débil (donde era evidente que en la planta baja se había diseñado como estacionamiento, con columnas que proporcionaban espacios amplios mientras que los pisos superiores estaban hechos con muros), irregularidades verticales observadas en las fachadas, columnas cortas y configuraciones asimétricas (edificios en las esquinas). Provoca otro shock que varios de los edificios colapsados la semana pasada reunieran una o más de estas características.
“La última versión del código MCBC-2004 tiene modificaciones sobre los procedimientos legales relacionados a las licencias y a los requerimientos para los proyectos, que pretenden acelerar la construcción y evitar la corrupción”, indicaron los investigadores de la UNAM. “Sin embargo, también se relajó o prácticamente se eliminó la revisión de los documentos por parte de las autoridades locales. Estos cambios (administrativos) no técnicos en el código de construcción incrementó rápidamente el número de proyectos de vivienda y desarrollos urbanos en la ciudad, particularmente en las zonas de medio y alto riesgo sísmico pero, aparentemente, con una calidad de diseño y construcción pobres.
“No hay suficientes mecanismos oficiales para supervisar el diseño y la construcción de las nuevas estructuras. La responsabilidad de la aplicación correcta del MCBC-2004 recae en el DRO (Director Responsable de Obra), quien al mismo tiempo es apoyado por el CSE (Corresponsable en Seguridad Estructural), usualmente un ingeniero estructuralista. La opinión generalizada de los expertos en la Ciudad de México es que muchos de esos edificios no cumplían los requerimientos del MCBC-2004”.
El sismo de hace dos martes probó que la investigación resultó letalmente acertada. De ese trabajo surgieron iniciativas para corregir las fallas, pero nunca se concretaron al grado de incidir en el cambio.

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Las elecciones legislativas del pasado domingo en Alemania arrojaron resultados ambivalentes. Por un lado, como lo pronosticaban las encuestas desde hace meses, Ángela Merkel y su partido demócrata-cristiano CDU-CSU obtuvo el mayor número de votos, lo cual le permitirá gobernar el país más poblado de Europa por cuarta vez consecutiva, lo cual viene a igualar un récord (el del ex canciller Helmut Kohl en los años 1980). Por otro lado, si bien la CDU-CSU llegó en primer lugar, se trató del segundo peor resultado de ese partido desde su creación, hace más de sesenta años. De igual manera, el partido social-demócrata, liderado por el ex presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz, tuvo su peor desempeño desde 1945, con apenas 20 por ciento de los votos. El hecho político más relevante y preocupante de esta elección es sin duda el resultado del partido Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), fundado en 2013. Con 13.5 por ciento de los votos, este partido tendrá una bancada de más de 80 diputados. Sobre todo, este resultado puso en evidencia la fuerza del discurso de la extrema derecha en el país más rico e influyente de la Unión.
Frente a esta situación, y ante el riesgo de que la parálisis de la Unión Europea se traduzca en mayores problemas de gobernabilidad, el presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó una iniciativa política de envergadura el día de ayer. En el auditorio principal de la Universidad de la Sorbona de París, y frente a centenas de estudiantes franceses y europeos, Macron pronunció un discurso ambicioso, con propuestas para transformar política y económicamente a la Unión Europea. Entre las principales propuestas defendidas por el jefe de Estado francés, podemos destacar la voluntad de profundizar la integración supranacional de Europa, con el nombramiento de un ministro de finanzas de la zona euro o de un presupuesto europeo común. Sin embargo, contrariamente a sus predecesores, que sólo insistían en los  asuntos macroeconómicos, Macron también expuso su voluntad de reforzar la integración europea por la vía de actos concretos y visibles a los ojos de la ciudadanía, como la constitución, por ejemplo, de una fuerza comunitaria de policía de las fronteras exteriores de la Unión, de una fuerza europea de protección civil para combatir incendios o mitigar los efectos de desastres naturales, o de una red de universidades europeas que permitan a todos los estudiantes de educación superior dominar al menos dos lenguas europeas de aquí al 2024.
Si bien estos proyectos tienen una dimensión y una ambición importante, el problema principal que enfrentará Macron será el de su capacidad de convencer a sus 26 socios de la pertinencia de esta propuesta. Sobre todo, después del resultado de las elecciones alemanas. En efecto, el partido social-demócrata de Schultz ha decidido pasar a la oposición, y por ende no participar en el futuro gobierno de Angela Merkel. Esta última tendrá que hacer alianza con el partido verde y el partido liberal, si quiere poder armar una mayoría política que le permita gobernar. El problema reside en el rechazo del partido liberal de profundizar la integración política y económica de la Unión Europea. Si el próximo gobierno alemán no se decide a tomar el sartén por el mango y asumir el costo político de una transformación de la Unión, es probable que ésta entre en una grave parálisis política y económica.
Contrariamente a lo sucedido en los años anteriores, existe en Europa una verdadera ventana de oportunidad en los próximos meses para impulsar reformas sustantivas. En los próximos meses no habrá elecciones en los principales países de la Unión. Con dos nuevos gobiernos en Francia y Alemania, disponiendo de la legitimidad de las urnas, es posible que exista una iniciativa política para impulsar las transformaciones que la Unión Europea necesita. Sin embargo, falta saber si los líderes europeos estarán dispuestos a tomar riesgos para esa transformación. La respuesta la tendremos pronto.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en Paris.

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Todo ha cambiado después del sismo, o los cambios que venían en marcha se han acelerado un poco más, dependiendo el tema. El río revuelto sirve para que los pescadores de siempre encuentren más a la mano algunas de sus ambiciones más preciadas, y el resultado que ello habrá de tener es incierto todavía. Lo único claro es que un fin de ciclo político de largo alcance se empatará con el del sexenio.
El horizonte del neoliberalismo se apaga rápidamente. Si ya se cuestionaban las ideas que le daban su carácter de ideología general –el individualismo, la denigración de lo público, la privatización–, el sismo tocó su corazón económico: la falta de inversión pública y en general del Estado como agente conductor no serán sostenibles en este proceso. A menos que las élites estén dispuestas a romper definitivamente al país y tomar graves riesgos, el Estado tendrá que involucrarse activamente en la reconstrucción. La vuelta del Estado es imperativa e inminente, pero los términos en que se va a dar están ahora mismo en disputa.
Hay algunas ideas que estaban esperando su oportunidad para avanzar: propuestas del lopezobradorismo de los últimos 12 años son ahora de sentido común, aunque se tildaran antes de populistas y demagógicas. Lo comprenden perfectamente Ricardo Anaya y Dante Delgado, convertidos en epígonos del tabasqueño cuando recetan eliminar los seguros de gastos médicos mayores, destinar los recursos de los partidos a los afectados por el sismo o una cirugía mayor al presupuesto que incluya la eliminación de gastos para giras, celulares, viáticos, asesores, secretarios, etcétera. Faltó decir que había que vender el avión presidencial y llamarle a su novedosa idea “austeridad republicana”, nada más.
Sin embargo, eso no debe volvernos optimistas: se trata, apenas, de gestos deseables. La agenda de la austeridad ha ganado por el vuelco del tablero que mencioné, pero eso no quiere decir que esté definido que el horizonte post neoliberal será de mayor bienestar e igualdad. Muy al contrario, la coyuntura puede derivar en una reinvención del régimen de las élites, que bien podría ser uno que aumente el gasto público –a partir de esta coyuntura, pues su incremento inicial suele generar inercias–, pero que cierre el acceso a la política e incluso la privatice. Que haga que, para participar en elecciones, haya que tener dinero de la burocracia, una base militante ya muy sólida o el apoyo de grandes empresarios –de la economía legal o ilegal.
A las élites les gusta el discurso antipolítico; sobre todo, a quienes amasan una mayor cantidad de recursos, útiles para comprar clientelas o para premiar a su voto corporativo. La antipolítica lleva a la abstención electoral, y ésta lleva a que se pueda ganar cada vez con menos votos y a que el gobierno se considere un dato irrelevante. Es como si pensáramos: están ahí, son inútiles, lo que hagan es ganancia, pero nosotros nos bastamos y no hay que hacerles mucho caso. No quiero que se me entienda mal. El coraje contra los políticos es entendible, justificable: Graco Ramírez sólo podía recibir mentadas de madre y cosechar su escasa credibilidad; Miguel Ángel Osorio Chong difícilmente podría recoger otra cosa que el mensaje de su falta de autoridad en el zape que le dieron; Peña Nieto tenía que ser llamado a coger una pala y trabajar, pues no ha mostrado el liderazgo que se esperaría de un presidente. Aunque haya gobierno, éste carece de autoridad, de capacidad comunicativa y ascendiente sobre el pueblo.
Pero es muy peligroso que este odio contra los políticos se convierta en odio contra la política, como muchos promueven, para después saltar a las peregrinas ideas de eliminar el financiamiento público a partidos o la representación proporcional. De concretarse estas propuestas, sólo los ricos o experimentados colectores de fondos participarían electoralmente y accederían a cargos de representación popular, mientras la oposición menguaría sustancialmente su presencia en las instituciones. Partidos actuales respaldan la propuesta porque gracias a su fuerza podrían permanecer, pero eso no justifica, de ningún modo, que se cierre la oportunidad para que surjan nuevas opciones.
¿Triunfará esta antipolítica privatizadora o se orientará la discusión hacia la reconstrucción del Estado que debe preceder a la reconstrucción material de las poblaciones devastadas? Depende, quizá, de la forma en que evolucione la movilización de la generación que recién tomó el espacio público.
Sí, esos vilipendiados millennials, de entre 18 y 35 años, que no debemos abandonar la calle que tomamos, la organización forjada dentro y fuera de la Ciudad de México, la solidaridad y la aparición milagrosa de la comunidad nacional que alcanzó a mostrarse. Quienes crecimos bajo el reino ideológico del individualismo, en la normalidad neoliberal, y tuvimos ahora una experiencia comunitaria de una dimensión que no habíamos vivido, con una unión que pocos viejos esperaban.

“Aquí caímos. Qué le vamos a hacer. Aguantarnos, mano. A ver si algún día mis dedos tocan los tuyos. Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad, ciudad puñado de alcantarillas, ciudad presencia de todos nuestros olvidos, ciudad de acantilados carnívoros, ciudad dolor inmóvil, ciudad de la brevedad inmensa, ciudad del sol detenido, ciudad de calcinaciones largas, ciudad a fuego lento, ciudad con el agua al cuello… ciudad bajo el lodo esplendente… ciudad tejida en la amnesia… ciudad perra, ciudad famélica, suntuosa villa, ciudad lepra y cólera hundida, ciudad. Tuna incandescente. Águila sin alas. Serpiente de estrellas. Aquí nos tocó. Qué le vamos a hacer. En la región más transparente del aire”. Carlos Fuentes

A unas cuantas horas de la catástrofe, quizás minutos en algunos casos, el 19 de septiembre la Ciudad de México vio sus calles llenas de gente que intentaba rescatar a las víctimas del terremoto. Muchos, la enorme mayoría, eran jóvenes que no habían nacido antes de 1985 o eran entonces apenas unos niños. En unos instantes recuperaron la memoria histórica y se pusieron a hacer lo que 35 años antes habían hecho otros mexicanos como ellos. A veces parecían repetir, como si fuera una obra ensayada, exactamente las mismas imágenes, las filas ordenadas, voluntariosas, dispuestas a todo, escarbando ruinas, removiendo piedras, llamado a otros a sumarse a los rescates. Jóvenes que no pudieron haber recuperado esa memoria más que de las pláticas, las fotografías, los videos y las imágenes que en algún momento habían visto o escuchado. Dispuestos a ser los protagonistas de este siglo, quisieron ser los héroes anónimos de esta nueva historia. Y lo lograron: fueron, son, siguen siendo miles, cientos de miles. Desafiaron el miedo, el shock, la inexperiencia y el peligro. Encarnaron otra vez la energía desbordada y la esperanza. Recuperaron la solidaridad mostrada en 1985 y actuaron porque estaban listos y ansiosos para hacerlo. Tras años de observar la degradación del país, la violencia insensata y cruel, la corrupción, la ineficacia, la indiferencia de sus gobernantes, la casi inutilidad de la política, intuyeron que era el momento para demostrar que en este país y en esta ciudad, ellos, y con ellos, todos, podemos desafiar la tragedia, la fatalidad, el conformismo. Quizás la coincidencia exacta de las fechas, 19 de septiembre, de aquel 1985 y este 2017, pueda entenderse como la expresión simbólica de esa voluntad, no dormida, siempre a la expectativa: “No olvidamos, no olvidaremos y aquí estamos, dispuestos a comenzar de nuevo; nos han excluido, hecho a un lado, desaparecido, reprimido, pero ahora volveremos a salvar a la ciudad y con ella la esperanza de un nuevo país”.
Los héroes no se quedaron en la ciudad: se fueron a Puebla, a Morelos y a cualquier parte donde los llamaron. Otros, como ellos, de esos pueblos y comunidades, ya estaban también haciendo lo que podían para levantar las piedras, ayudar a los heridos, consolar a los que habían perdido su casa o sus seres queridos. Los nuevos protagonistas de la historia no fueron sólo chilangos. La solidaridad había resurgido desde el 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca y en muchas otras partes del país.
Mientras los rescatistas se dedicaban a dar todo lo que podían, otros se pusieron a hacer política con la mira puesta en las elecciones del 2018. Desde el terremoto del 7 de septiembre TV Azteca había desatado una campaña exigiendo a los partidos que destinaran sus recursos a las víctimas del terremoto. Muy pronto otras personalidades y grupos empezaron a sumarse. AMLO por ejemplo ofreció el 20 por ciento. A la mañana siguiente, la campaña en los medios arreció y pronto surgió una iniciativa para canalizar el dinero asignado a las campañas electorales para la reconstrucción de las zonas afectadas. La iniciativa logró casi dos millones de adeptos y los dirigentes tuvieron que reaccionar. Del 20 pasaron a ofrecer el 50 y luego el 100 por ciento.
Seguramente muchos mexicanos que apoyaron esta propuesta lo hicieron, en un momento de tensión social extrema, sobre todo para castigar a los partidos, convertidos en los representantes más visibles y desprestigiados de la política mexicana. Los días posteriores al 19 de septiembre fueron jornadas de solidaridad, pero también de furia. No hay duda de que, en efecto, los partidos reciben mucho dinero que no gastan de manera transparente. La política y los políticos mexicanos en general, se ganaron esta represalia ciudadana.
El problema es que castigar no siempre conduce a buenas soluciones. Ahora, con más calma, habrá que proponer medidas eficaces para la reconstrucción del país. Mientras tanto, el tema del financiamiento público para las elecciones propició confusión, ha dado lugar a un concurso de demagogia partidista, puede ocultar lo importante y propiciar graves regresiones legales para la democracia.
Lo que viene, levantar nuevos hogares, escuelas, hospitales, centros de trabajo, pueblos, comunidades y obras de infraestructura, requerirá una cantidad de recursos que rebasará con mucho la cantidad asignada a los partidos, o las campañas privadas de donación.  El monto de esta reconstrucción deberá ser calculado, pensando no sólo en levantar lo que había sino en hacerlo de manera diferente, mejor, con menos riesgos.  Se requerirá por ello un presupuesto público completamente nuevo al que entregó Hacienda a principios de septiembre. Obligar al gobierno y a los diputados a rehacerlo es, creo, la tarea más importante de ahora en adelante. Hay que suprimir partidas innecesarias como los gastos de publicidad del gobierno federal, por ejemplo. Y aun así no bastará, no debemos conformarnos con ello: tendremos que exigir que las grandes empresas, los bancos y los más ricos de este país también aporten al financiamiento de la reconstrucción. Hasta ahora, sólo han dado unos cuantos pesos y publicado campañas que se recargan en los ciudadanos (si tú das uno yo doy dos, qué generosos).
La reconstrucción también exigirá una planeación urbana de las ciudades, sobre todo de la Ciudad de México, con nuevos criterios, regulaciones y formas de implementarlas. A estas alturas nadie pude dudar de que los sismos y terremotos se repetirán, quién sabe cuándo, pero inevitablemente. Medidas legales sobre el uso del suelo y la construcción de inmuebles tendrán que replantearse y reforzarse de tal manera que el paso de los años no los vuelva a sepultar en la corrupción, el crecimiento desordenado y los intereses inmobiliarios.
Pero también habrá que evitar la confusión. Devorados ya ideológica y políticamente por Acción Nacional, los partidos del Frente (con PRD y MC) propusieron cambiar la ley para suprimir todo el financiamiento público y depender sólo de las aportaciones privadas. Fue un exceso de demagogia, debido a los tiempos legales establecidos en la Constitución, pero también representó el aval a un esquema que propiciará que el poder del dinero se imponga, aún más que ahora, en la política, y el financiamiento sucio, por debajo de la mesa, de particulares y de recursos públicos destinados a otros renglones. Se corre también el riesgo de enriquecer nuevamente a las televisoras y los medios de comunicación privados en las campañas electorales. Por su parte, el PRI, entre otras desgraciadas ocurrencias, quiere suprimir a los diputados y senadores plurinominales, pensando en sus beneficios electorales y agravando la posibilidad de una enorme regresión política.
Así estamos hoy. De un lado, una ciudadanía alerta, principalmente joven, combativa y ejemplar. Del otro, los dirigentes de los partidos y los grupos de interés privados, buscando sacar provecho de las circunstancias.
La voluntad de todos aquellos que se movilizaron para rescatar vidas debe convertirse en la inspiración y la fuerza para que la reconstrucción de México sea un proceso participativo, vigilado, transparente, eficaz y planeado lo mejor posible. Parece una tarea difícil pero aquí nos tocó, qué le vamos a hacer.

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