La temporada de alta migración de jornaleros agrícolas a diversos estados del país inició el 1 de septiembre, y se prevé que salgan, de esta fecha a enero, cuando termina la temporada, más de 7 mil indígenas. Durante la temporada pasada, los migrante padecieron muertes infantiles y maternas, accidentes vehiculares, despidos injustificados e inseguridad.
El periodo de alta migración fue establecido de acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que hizo un balance de septiembre de 2016 a enero de 2017, periodo en el que se registraron 6 mil 935 jornaleros, 3 mil 729 hombres y 3 mil 206 mujeres.
Asimismo, Tlachinollan registró, de julio de 2016 a julio de 2017, nueve muertes de niños atropellados por camiones en los campos agrícolas en Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Guanajuato; uno que murió tras una caída en Zacatecas; y seis por enfermedades y falta de atención médica.
Entre el 29 de diciembre de 2016 y el 30 de mayo de 2017, ocurrieron dos muertes maternas, una en Sinaloa y otra en Chihuahua.
Ocurrieron cinco accidentes de tránsito; un homicidio a manos de la delincuencia organizada, en Sinaloa; tres despidos injustificados de familias jornaleras en los campos agrícolas, y abuso de autoridad de policías y tránsito que los extorsionan en su traslado de Guerreo a Sinaloa, sobre todo en Puebla.
Por otro lado, entre octubre y noviembre de 2016, a la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de donde salen los autobuses que transportan a los jornaleros migrantes, llegaron miembros de la delincuencia organizada que golpearon y exigieron dinero a dos choferes de camiones que esperaban a los jornaleros para trasladarlos a los campos de cultivo.
Entonces levantaron a cuatro campesinos; a dos, originarios del estado de Oaxaca, los sacaron de las instalaciones de la USI, y a otros dos los secuestraron frente a la radiodifusora La Voz de La Montaña; para que los liberaran, pagaron 10 mil pesos. Amenazaron a empleados del USI para que hicieran el cobro de piso a cambio de “seguridad”.
El martes salieron tres autobuses con más de 100 jornaleros, hombres mujeres y niños, de los municipios de Tlapa, Atlixtac y Zapotitlán Tablas, rumbo al estado de Sinaloa para trabajar en campos de la empresa Exportaliza Mexicana, donde por tarea cumplida les pagarán 190 pesos, y al final del contrato les darán un bono de 10 pesos por día trabajado. (Carmen González Benicio / Tlapa).

El dirigente de los pescadores de Petacalco del municipio de La Unión, Gilberto Barrera Reyes dio a conocer que extraoficialmente saben que gobierno federal planea una reunión con ellos para el 13 de septiembre pero no asistirán si la invitación no se las hacen por escrito, aseguró que seguirán tomando la caseta hasta que no sean convocados formalmente.
Ayer se cumplió una semana de la toma de la caseta Feliciano de la autopista Siglo XXI, por pescadores que exigen que se les indemnice por la contaminación que provocó un derrame de combustóleo el año pasado. Más de 150 pescadores llegaron a las 8 de la mañana y tomaron la caseta y pidieron dinero a los conductores, después llegaron policías federales división Caminos quienes tomaron fotografías y se retiran.
Gilberto Barrera dijo que “no nos vamos a quitar de aquí hasta que no nos llegue por escrito la invitación para la reunión que supuestamente va a ser para el día 13 y queremos por escrito el documento, los compañeros ya no quieren que por teléfono nos digan que nos tenemos que trasladar a esa reunión en la que nos van a dar a conocer el resultado final de la investigación por parte de la PGR y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

 

Luego de la protesta del miércoles de damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello visitó este jueves el fraccionamiento, en donde se comprometió a entregar las escrituras a los vecinos en noviembre próximo.
En cuanto al puente vehicular que está inconcluso, les informó que el alcalde de Chilpancingo incumplió algunos acuerdos con el propietario del terreno, que tiene suspendida la obra; mientras que de los desperfectos de las viviendas serán responsables de repararlos las constructoras, contra las que la dependencia federal ha presentado demandas.
En entrevista al final de la reunión con los vecinos, el delegado informó que se desconoce el destino de al menos 90 millones de pesos que debieron ser utilizados en obras de este fraccionamiento, e informó que los anteriores delegados incurrieron cuando menos en omisión, por no haber actuado a tiempo para evitar las irregularidades que ahora se están denunciando.
Explicó que las denuncias que presentó la delegación a su cargo, no sólo fueron en contra de las cuatro empresas constructoras, sino también “en contra de quien resulte responsable”, dado que también podría haber responsabilidad de ex delegados y funcionarios de la dependencia en administraciones pesadas.
El miércoles, damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que fueron reubicados en el fraccionamiento El Mirador, marcharon de ese asentamiento, ubicado al sur de la capital, al entronque de la Autopista del Sol con la carretera federal México-Acapulco, donde bloquearon parte de la vía.
Los damnificados exigieron sus escrituras, se quejaron porque la obra del puente vehicular que dará acceso a ese fraccionamiento sigue suspendida y, además, denunciaron cuarteaduras y filtraciones en sus viviendas.
A las 10 y media de la mañana, el delegado Armenta Tello acudió al fraccionamiento y se reunió en la explanada con unos 50 vecinos, a quienes dijo que, de las escrituras faltan algunos detalles y trabajo de campo para establecer a nombre de quien saldrán los documentos.
Reconoció que el retraso obedece a que el predio de 3 hectáreas fue vendido a la Sedatu solamente con una promesa de compraventa, y que la dependencia no cuenta con una escritura formal. Explicó que se requiere que esa promesa de compraventa se convierta en escritura para que la Sedatu sea reconocida como propietaria del predio. También dijo que hace falta un avalúo.
Armenta Tello se comprometió a que los trámites se agotarán en unos 2 meses, para cuando la dependencia federal estará en posibilidades de comenzar a entregar las 560 escrituras a igual número de familias.
En cuanto a la demanda de que se culmine la construcción del puente, dijo que ya tiene un avance “significativo” y que sólo falta terminar la parte de la obra que está en el predio cuyo propietario mantiene parados los trabajos debido a que el Ayuntamiento incumplió algunos acuerdos, “le hemos pedido al alcalde que acelere el cumplimiento para concluir la obra”, dijo el funcionario federal.

Hay demandas legales para que las constructores reparen los desperfectos en las casas, dice

Con respecto a los desperfectos en las viviendas que ocasionan filtraciones de agua, Armenta Tello les recordó que hay demandas presentadas en contra tres empresas constructoras, Jumen, Casaflex y Concretos de Servicio Masa.
Aseguró que las constructoras se tendrán que hacer responsables de las obras de mitigación, incluidas las demoliciones de 32 de ellas ubicadas en la Manzana 2-B, como dictaminaron el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Protección Civil estatal y expertos de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Entrevistado al final de la reunión, el delegado aseguró que no hay impunidad, sino aspectos legales que toman un tiempo. Aseguró que se está actuando y recordó que en 2016 presentó denuncias contra las empresas, “y contra quien resulte responsable”, con lo que quedó abierta la posibilidad de que haya sanciones en contra de “más responsables”.
Reconoció que hay problemas en cuanto a la ejecución de algunas acciones que han puesto en una situación complicada a este fraccionamiento, “sobre todo la manzana 2-B, en la que se tendrán que demoler 32 viviendas porque las casas presentan deficiencias”.
Explicó que se trata de viviendas prefabricadas, colocadas una sobre otra, “cuando hay un movimiento sísmico les aparecen fisuras entre los elementos, y es por allí donde se filtra el agua, que es la queja recurrente de las familias”.
Añadió que el dictamen que emitió la Secretaría de Protección Civil estatal en 2014 era muy claro, “decía que aquí se podía construir siempre y cuando no se cambiara la condición original de los escurrimientos naturales, que si se hacían desmontes o plataformas, éstas no tuvieran un ángulo superior a 30 grados, sin embargo, las que están tienen más de 80 grados”, reconoció.
Asimismo, el estudio de Protección Civil recomendó que se hicieran sondeos suficientes para conocer el perfil adecuado del terreno antes de tomar decisiones. El delegado reconoció que no se hizo, por lo que no se pudo conocer el perfil de las 3 hectáreas para estabilizar las plataformas porque, explicó, en la zona el terreno es arcilloso, de alta reacción a la humedad, y eso obligaba a que se hicieran trabajos adicionales para estabilizar el predio antes de construir el fraccionamiento.
El funcionario federal aseguró que, independientemente de la reparación del daño al que se está obligando a las constructoras, habrá sanciones por el incumplimiento de las especificaciones de la obra, “serán sanciones que obligarán a quien haya omitido detalles en la ejecución de las acciones”.
Aseguró que la Sedatu, sigue el proceso legal por las denuncias que fueron presentadas hace dos años, y que están en espera de un deslinde de responsabilidades para que quien resulte responsable invierta lo necesario para corregir “los defectos que nosotros estamos demandando”.
El proyecto original del fraccionamiento era de mil 100 viviendas, pero sólo se construyeron 598 y, según el delegado, es parte de las denuncias que se presentaron en las que requieren la devolución de los 90 millones de pesos pagados.
Un reportero cuestionó a Armenta Tello por qué las demandas se presentaron solamente contra las empresas y no contra los delegados, concretamente contra Héctor Vicario Castrejón, por incumplir la observación para que se respetara la normatividad. Armenta Tello repitió que las demandas fueron presentadas contra las empresas, “y contra quien resulte responsable”.
Reconoció que no sabe en qué responsabilidades incurrieron los ex delegados, pero que para no ser omiso presentó las denuncias e hizo las observaciones, “porque de lo contrario me vuelvo yo responsable”, aunque reconoció que en algunos casos ha preferido un mal arreglo que un buen pleito, porque aclaró que un buen pleito obligaría a poner más del tiempo que ya lleva la entrega de las viviendas.
Sin mencionar al diputado priista Héctor Vicario Castrejón, aclaró que se ha inhabilitado a ex funcionarios, ante los resultados de una inspección de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y no por las denuncias que presentó la Sedatu, que sólo son procesos administrativos.
Finalmente, el delegado reconoció que la dependencia federal enfrenta “situaciones complejas” y que por eso, y ante la presión social, “mi urgencia es que las instancias emitan ya las sanciones”.

 

 

Trabajadores del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) informaron que después de nueve días de tener tomadas las instalaciones de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no les informan ni de oficinas centrales ni de la dependencia en el estado sobre el adeudo de sus cuatro meses de salarios devengados y viáticos.
Los paristas esperan tener información en estos días luego de que damnificados del Nuevo Mirador protestaron el miércoles en la Autopista del Sol y más tarde el delegado, José Manuel Armenta Tello, se reunió con ellos donde en una minuta acordaron agilizar el pago de los trabajadores operativos.
El 29 de agosto los trabajadores tomaron las instalaciones de Sedatu al sur de la capital. Primero decidieron cerrar las instalaciones y el martes los paristas decidieron ir por guardias en las mañanas, para impedir la entrada de trabajadores de otras áreas.
En la fachada del edificio continúan colocadas las pancartas que dicen, “Fonden, no nos confunda, luchamos por la reconstrucción del 100 % de las 17,776 viviendas censadas, nosotros no robamos el recurso, alguien debe dar la cara por este atraso, a los 4 años de tragedia, 9,332 familias siguen esperando su casa”.
En consulta telefónica la trabajadora, Violeta Medina lamentó que ningún funcionario de Sedatu les ha informado sobre sus pagos.
Indicó que espera junto con sus compañeros que a raíz del bloqueo que hicieron damnificados del Mirador y luego de firmar una minuta de acuerdos con Armenta Tello donde se incluyó agilizar su pago, puedan tener una respuesta favorable en los próximos días.
Por el momento las instalaciones de la Sedatu las mantendrán cerradas e impedirán que entren los trabajadores de las demás áreas, esto como modo de presión ante el adeudo de cerca de 8 millones de pesos.
En reiteradas ocasiones los trabajadores manifestaron que saben que el programa va a cerrar, que ese es el motivo por el que no hay interés de pagarles.

 

El profesor-investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (España), Joaquín Paredes Labra, aseguró que recortar el presupuesto a la educación es un desastre para un país y que no se deben “inventar reformas si no hay recursos para reformar”, pues tiene que haber algún tipo de priorización de gastos para que pueda ocurrir.
El investigador español dio una conferencia en el Primer Congreso Internacional de Investigación Educativa y Formación Docente, donde a los maestros activos y estudiantes de las normales le dijo que es preocupante el egreso de tantos maestros cuando no se tienen plazas y ejemplificó con que en España egresan hasta 20 mil docentes, cuando sólo hay 150 plazas.
Añadió que es algo que le preocupa y que es ese contexto, donde se tienen tan pocas plazas disponibles, lo que se debe hacer es planear bien qué gentes quieres formar, a cuántos quieres formar y cuántos necesitas. Aseguró que lo más preocupante es cuando hay recorte de las plantillas, cuando se deja de atender a los niños con discapacidad o escuelas excluidas, pero además está el problema de no dar continuidad a las reformas, porque es “es un problema fuerte y bastante desconcertante para los docentes y para las familias, es lo que se debe intentar evitar, ya una embarcados intentar atender de alguna manera, resolverlo, apoyarlo yo creo que es un poco difícil entender una reforma si no hay una voluntad de reformar”.
Manifestó que el hecho de que los padres tengan que invertir en comprar los libros no le parece una política social justa, pero el problema real es cuando se recortan las plantillas y el problema es más complicado cuando dichas planillas no se vuelven a dotar. Indicó que es paradójico hacer una reforma sin dinero, es decir, “inventar reformas si no hay recursos para reformar, si intentas reformar tiene que haber algún tipo de dotación económica o algún tipo de priorización de gastos para que pueda ocurrir”.
El investigador habló de las condiciones sociales, económicas y políticas que están motivando estos procesos acelerados de reformas no solamente en México y en todo occidente, y dijo que la “sociedad mexicana es una sociedad muy dinámica y necesita adaptar el sistema educativo a los requerimientos que tiene el mundo contemporáneo”.
Dijo que en la formación de docentes se debe acompañar con la tecnología, que es importante incorporarla como son las plataformas de teleformación y “la tecnología es una excelente oportunidad para repensar lo que podemos hacer en las aulas”.
Señaló que en países como Uruguay el gobierno ha dado prioridad en su política de educación al uso de la tecnología, así como en otros países es un tema de prioridad de los gobiernos, incluso en países como España, donde han tenido una crisis importante, se le ha dado importancia. El investigador español dijo que las reformas son “negocios de algunos”.
Ejemplificó que en España el que te encarguen un paquete de material didáctico que está adaptado a la reforma da dinero y no, dijo en broma, dar conferencias. Aunque dijo que no se atrevería a calificar ninguna reforma, el problema es cuando se ha hecho una y luego vienen otra, eso no es bueno porque los proceso de transformación deberían ser de continuidad, no que cada cambio de gobierno suponga una nueva reforma.
Comentó que en España se ha hablado de un gran pacto para evitar que eso ocurra, pues ha pasado que en los últimos 30 años con los maestros españoles es que están desorientados por tantos procesos de reforma y tanto cambio de terminología, así como escuchar a tantos expertos en conferencias sobre cómo es la nueva reforma.
Durante la sesión de preguntas, el maestro Manuel Sotelo García le preguntó al investigador cómo enfrentar un proceso de reforma como el de México a partir de la incertidumbre.
Le explicó al especialista en educación que los maestros del país están pasando por una reforma muy dura, muy sentido y están viviendo en una situación de incertidumbre laboral, los maestros activos y los que van hacer, y cómo se puede construir un maestro desde una “plataforma inestable creada en la incertidumbre, creada en una situación donde no tenemos garantías, nos dan contratos de seis meses, sueldos muy paupérrimos, pagamos nuestra capacitación, material didáctico, cada seis meses estamos en procesos de evaluación ventajosos, donde nos dejan desarmados, sin esperanza y ¿cómo enfrentar un proceso a partir de la incertidumbre?”.
Al concluir la exposición el maestro, el ponente respondió: “me gustaría transmitirle en primer lugar mi solidaridad, es lo primero que se me vienen a la mente”.
Indicó que las reformas a veces intentan borrar una historia de luchas que se han producido para conseguir una serie de derechos, como sucedió en España.

 

El director general de Operación de Servicios de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Edwin Noel Morales Leguizamo, aseguró que para las nueve normales del estado se destinan más de 50 millones de pesos, pues saben que son el centro de la reforma educativa y que tienen que formar buenos maestros, para que cuando salgan a las aulas estén preparados en la nueva reforma.
En declaraciones en el Centro de Convenciones de Acapulco, donde se lleva a cabo el Primer Congreso Internacional de Investigación Educativa y Formación Docente, el funcionario estatal indicó que están participando 23 estados y durante los tres días habrá 280 ponencias así como 25 talleres, donde los estudiantes de las normales y maestros en activo escucharán propuestas alternativas de expertos en el tema, que les permita mejorar su práctica educativa.
Indicó que con ese tipo de congresos se tiene la oportunidad de modificar la práctica educativa, donde se comparten experiencias de otros países como España y Chile. Aseguró el funcionario que hay un énfasis e interés en la política pública en que los estudiantes de las escuelas normales tengan experiencias académicas, pues las escuelas normales son el centro de la reforma educativa.
Indicó que las escuelas normales son el corazón de la reforma, para que el día de mañana los planes y programas de estudios sean realmente aplicados como lo marca la reforma educativa y para ello se necesita formar a buenos maestros, para que el día de mañana cuando éstos salgan a las aulas estén preparados en la reforma.
Agregó que ese congreso era un espacio para el diálogo, la reflexión y el análisis.
Morales Leguizamo aseguró que las escuelas normales de Guerrero han sido apoyadas en infraestructura, pues tienen posibilidades de acceder a proyectos que les permite desarrollar actividades académicas, de infraestructura y equipamiento, por lo que “la mayoría de las normales están muy bien”.
Añadió que hay necesidades en algunas escuelas como es la falta de una aula, pero son necesidades que se van cubriendo poco a poco.
Señaló que año con año se les va dando mobiliario, equipamiento, uniformes y lo necesario para que los futuros maestros estén preparados para lo que implica el nuevo modelo educativo. Informó que las normales tienen destinado un presupuesto de 50 millones de pesos, lo cual año con año aumenta.
Sobre la escuela normal de Ayotzinapa, dijo que ésta va incursionando en la dinámica y va encaminada más a lo académico, están en las aulas y hay “un diálogo permanente con ellos, así como con las demás normales”. Indicó que cada año salen de las normales unos mil 300 docentes.

 

 

El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, recibió en el Palacio Municipal al presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete, quien acudió al plantón de los jóvenes del Movimiento Acciones por la Educación (MAE) para tener un encuentro con Alejandro Reyes, que se encuentra en huelga de hambre.
El Ayuntamiento se informó de la reunión privada, entre Velázquez Aguirre y Navarrete con quien encabeza el movimiento, José David Sánchez.
El alcalde le expresó que seguirá fungiendo como intermediario para que les den una pronta respuesta a la petición de espacios en la facultad de Medicina y concluya a la brevedad la huelga de hambre.
Después, José David Jiménez, Ramón Navarrete, el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza y seis rechazados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) se reunieron y acordaron que visitarán las instalaciones de la Zona Sur de la UAG para plantear sus peticiones.
También estuvieron en las reuniones el dirigente municipal del PRD, Wulfrano Salgado, y el ex presidente y ahora militante de Morena, Isaías Arellano, quienes respaldan el movimiento.
Por la tarde, Ramón Navarrete, y el coordinador general de la Zona Sur de la UAG, Efrén Arrellano Cisneros, se reunieron con integrantes del MAE para atender sus demandas.
La reunión se llevó a cabo por la tarde-noche en las instalaciones de la Coordinación de la Zona Sur de la UAG y ahí el coordinador ofreció a los jóvenes espacios disponibles en las licenciaturas con las que cuenta la universidad, además de los más de mil espacios que se encuentran disponibles en las universidades e institutos tecnológicos en el estado.
Además de que los jóvenes que no alcanzaron el puntaje para ingresar a la Facultad de Medicina, tomen un curso de capacitación para que en diciembre presenten el examen, en segunda oportunidad.
En la reunión, que duró más de dos horas, estuvieron el director de Administración Escolar de la UAG, Jaime Kahan Hernández; el coordinador de los Derechos Humanos y Universitarios de la Zona Sur, Primitivo Silva Guerrero, y el coordinador de Asuntos Jurídicos en la Zona Sur, Guadalupe Bollas Bernabé.
Desde el 1 de septiembre el representante de los MAE, Alejandro Reyes, mantiene una huelga de hambre para exigir que los jóvenes, que no alcanzaron el promedio en el examen, ingresen a las escuelas de Medicina y Enfermería.
Por la mañana, los manifestantes recibieron el apoyo de Rosario Merlín y Alejandro Reyes recibió ayuda médica, luego de que sufrió un desmayo.

 

 

En el 3 Congreso de Educación de Educación Alternativa, La educación alternativa, instrumento para la educación de la nueva sociedad, maestros, activistas y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se pronunciaron en solidaridad con Venezuela, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no descarta emprender acciones militares en contra de ese país.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), afín al secretario general Arcángel Ramírez Perulero, organizó el congreso que se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la capital, donde participaron integrantes de la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con sede en Michoacán y normalistas de Ayotzinapa.
El dirigente de la sección 18 de la CNTE, Luis Miguel Cisneros Villanueva, expuso la conferencia Modelo hegemónico mundial y los procesos de resistencia educativa, tema con el que señaló que el Nuevo Modelo Educativo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretende “imponer” en el país, “no tiene nada nuevo”, además de que no está adaptado a las condiciones particulares de cada estado, lo que demuestra que a las autoridades “no les interesa la educación”.
Dijo que ante las circunstancias actuales del país, donde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsa reformas estructurales que están en contra de los derechos laborales de los trabajadores y de la sociedad, es necesario reforzar el movimiento magisterial de la CNTE, así como unificar las luchas sociales.
Manifestó su preocupación ante “las amenazas” de Donald Trump hacia Venezuela, donde el 4 de agosto se instaló la Asamblea Constituyente, prueba de su soberanía; señaló que en América Latina hay “gobiernos entreguistas” como el de Peña Nieto, que en lugar de enfrentar las políticas del presidente de Estados Unidos que afectan a migrantes, principalmente mexicanos, se someten a sus ideales.
Criticó que Peña Nieto hable sobre la corrupción en Venezuela y pretenda injerir en la situación de ese país, cuando su gobierno en México permite los delitos de la clase política y niega el acceso a la transparencia a la sociedad, como ocurre con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En ese contexto, pidió a los asistentes al congreso firmar un acta en la que distintas organizaciones exigen el cese de las amenazas de Donald Trump a Venezuela y no a la injerencia de Peña Nieto en la situación, así como respeto a la soberanía de ese país y de México, lo cual hicieron la mayoría de los integrantes de organizaciones magisteriales, activistas y estudiantes que acudieron al auditorio.
Por su parte, el maestro de la Escuela Superior de Economía de la Ciudad de México, Humberto Martínez Brizuela, participó con la conferencia Bases para la propuesta de educación alternativa en México, en la que expuso la necesidad del país de invertir en el sector, así como de tomar en cuenta las condiciones de cada estado para poder garantizar la educación.
Expresó que “la escuela no está al margen del capitalismo”, pero debe ser para todos y es necesario impulsarla, ya que con la educación se prevé el porvenir de las futuras generaciones.
Lamentó las acciones de Donald Trump, como el cierre del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual protegía a más de 700 mil jóvenes indocumentados en Estados Unidos, y señaló que el Estado Mexicano replica este tipo de medidas, al no invertir en el sector educativo.
Al final de las conferencias, se instalaron cuatro mesas de trabajo: Bases para una propuesta de educación alternativa en México y Guerrero, Procesos de resistencia a la reforma educativa oficial y su modelo educativo, Líneas de trabajo para la implementación del Proyecto de Educación Alternativa, y Alcances e impacto social del Proyecto de Educación Alternativa de la CNTE, cuyas conclusiones serán expuestas hoy, en el cierre del congreso.
Las propuestas que elaboren los asistentes, se presentarán en el Congreso Estatal de Educación Alternativa que se llevará a cabo en la Normal Rural de Ayotzinapa, cuando concluyan las discusiones regionales.

Padres de familia de la primaria José Agustín Ramírez, ubicada en la colonia Progreso, protestaron para exigir la salida del director Javier Ramírez Cruz, a quien acusan de que no ha puesto atención al mantenimiento del plantel a pesar de que han dado 200 pesos de cuota voluntaria.
La protesta fue a las 8 de la mañana, cuando a la escuela llegaron unas 30 madres de familia con sus hijos, quienes llevaban pancartas donde se leía: “Exigimos solución a las autoridades competentes” y “fuera el director”.
La presidenta de la asociación de padres de familia, Mirna Adriana Rodríguez, dijo que los motivos de la protesta eran varios, pues el director nunca les ha hecho caso y hace lo que quiere, cobra lo que quiere y no hay mejoras en la escuela.
Señaló que también la protesta era porque el director pretende sacar a una “de las mejores maestras que tiene la escuela, de las pocas mejores que hay; quiere dejar a uno que ya le dio a nuestros hijos y las referencias no son buenas”.
Indicó que el director tiene más de nueve años al frente de la escuela y la matrícula ha bajado mucho, pues de 500 alumnos que llegó a tener ahora son menos de 200.
Aseguró que el director es grosero con ellos, pues cuando le dicen algo lo primero que les responde es que “si no nos parece se pueden llevar a sus hijos, muchos papás es lo que han hecho, porque no hay quien le ponga un alto”. Indicó que tienen varios años con lo mismo y nada más las autoridades les dan largas.
La madre de familia manifestó que ellos exigen el cambio de director, porque “si no puede con la escuela que la deje. El director no funciona”, pues saben que ya se va jubilar y por eso no le interesa la escuela. Añadió que el equipamiento que tiene la escuela es porque los padres de familia lo han comprado.
A la escuela llegó el encargado del nivel primaria del sistema federal, José Guadalupe Cuevas, quien acordó una reunión para próximos días con el delegado del sistema estatal, Pedro Álvarez de Dios, para encontrar una solución en los temas, sobre todo por el caso de la maestra que pertenece al sistema federal.

 

 

Trabajadores administrativos y académicos adheridos al Sindicato Democrático del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg), concluyeron el bloqueo que mantuvieron durante tres días frente a la Dirección General en la capital, luego de que funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y el gobierno estatal se comprometieron a distribuir la carga laboral, según el contrato colectivo de trabajo.
Sin embargo, no se respetó el acuerdo en todas las escuelas, y maestros del plantel 5 con sede en Petatlán pararon labores para exigir la revisión de la carga laboral y la entrega de horarios correspondiente.
El miércoles, luego de tres días consecutivos de bloquear de manera total los dos sentidos de la avenida Lázaro Cárdenas, para exigir la entrega de horarios de 55 maestros que decidieron dejar el Sindicato Único de Trabajadores para unirse al Sindicato Democrático, una comisión encabezada por el secretario general, Eloy Marcial Lorenzo, se reunió con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui, y representantes de las áreas de Asuntos Políticos y Trabajo y Previsión Social del gobierno estatal.
De acuerdo con Marcial Lorenzo, en la reunión los funcionarios se comprometieron a revisar los horarios y distribuirlos entre los trabajadores, pero no se logró el objetivo principal de la protesta, que era la destitución inmediata del director general del Cecyteg, Jaime Carmona Huerta, y del director académico, Alfonso Santos Pacheco, ya que las autoridades argumentaron que sólo el gobernador Héctor Astudillo Flores o el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, pueden removerlos del cargo.
También se acordó que la comisión será recibida por Salazar Adame el próximo 13 de septiembre, en el Palacio de Gobierno, y que se respetaría la decisión de los trabajadores que desearan manifestarse, si no se cumplía con la revisión de los horarios laborales.
En Petatlán, la representante sindical, Tania Villegas Medina, dijo que “la petición fue que (la revisión) se realizara de manera local, es decir, en cada plantel, pero aquí en la institución me comentó la directora que ella no ha recibido indicaciones para que se haga tal acción y por esa razón seguimos en paro”.
Por otra parte, Marcial Lorenzo denunció que la Dirección General del Cecyteg beneficia al Sindicato Único de Trabajadores y que “con engaños”, hizo que maestros de planteles de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) se manifestaran el miércoles con esa organización.
Dijo que los responsables de los planteles de Emsad, le informaron que fueron citados en las oficinas del Sindicato Único de Trabajadores, ubicadas en la avenida Miguel Alemán en la capital, para recibir información sobre la organización y, si así lo decidían, afiliarse, pero en realidad, “lo que querían era gente para la marcha” en contra del bloqueo que realizó el Sindicato Democrático. (Alina Navarrete Fernández / Brenda Escobar / Chilpancingo / Zihuatanejo).