Diego Martínez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Ultiminio Ramos fue quien le abrió las puertas al boxeo latino en Estados Unidos, y además fue histórico, ya que se convirtió en el primer campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
El cubano-mexicano fue despedido por familiares y amigos tras haber fallecido el domingo por la tarde, a los 75 años de edad.
Ex monarcas como Carlos Zárate, Pipino Cuevas, Rafael Herrera, César Bazán, el historiador Víctor Cota, además del presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, acudieron a despedir en una funeraria de la capital a su amigo, cuyos restos fueron llevados por la tarde al Panteón Civil de Dolores.
Sugar falleció por complicaciones pues hace unos días sufrió una caída y se fracturó la cadera, además de que padecía problemas renales y luchaba contra el cáncer de próstata.
“Fue de esos pioneros que abrieron las puertas al boxeo latino. Fue el primer campeón del CMB lo dice todo
“Fue alguien muy cercano, un gran ser humano, muy amigo de mi papá, pero ya está descansando, estaba sufriendo mucho”, dijo Sulaimán, quien adelantó que en octubre próximo en la Convención Anual del organismo a celebrarse en Azerbaiyán se le realizará un homenaje a Ultimino. Hace un mes todavía el CMB y la Comisión de Boxeo de la capital logró condecorarlo.
La gente de boxeo siempre lo recordará con esa gallardía que presumía y alegría que se le caracterizaba.
“Siempre hacía muchas bromas, era una persona alegre. Una gran perdida, lamentamos que se haya ido”, expresó Cuevas.

DPA

Nueva York

El sudafricano Kevin Anderson se convirtió en el segundo semifinalista del Abierto de tenis de Estados Unidos al vencer ayer al estadunidense Sam Querrey en un cerrado partido que finalizó cerca de las dos de la madrugada en Nueva York.
Anderson, vigésimo octavo preclasificado, se quedó con la victoria por 7-6 (7-5), 6-7 (9-11), 6-3 y 7-6 (9-7) en un duelo que se extendió por tres horas y 26 minutos.
El rival de Anderson en la semifinal será el español Pablo Carreño, undécimo preclasificado, que mucho más temprano se impuso por 6-4, 6-4 y 6-2 al argentino Diego Schwartzman.
Para el sudafricano, este triunfo significó conseguir su mejor actuación en Nueva York, después de los cuartos de final a los que accedió en 2015. Además, le sirvió para tomarse revancha de Querrey, que lo había vencido en los octavos de final de Wimbledon hace dos meses.
Si alguien se animaba a pronosticar el desarrollo del partido, el primer set seguro le dio la razón. Los dos mandaron con su saque, no concedieron oportunidades de quiebre y llegaron con asombrosos porcentajes de primeros servicios: mientras Anderson perdió dos puntos con su primer saque en todo el set, Querrey cedió solo uno, hasta el tie break.
Allí, donde tuvo ventaja de 5-2, entregó dos puntos con su primer servicio y el set cayó en manos de Anderson.
El desarrollo del segundo set fue parecido, aunque la paridad esta vez se dio a pesar de un quiebre para cada uno. En el desempate, otra vez Querrey se adelantó para colocarse 6-1, pero Anderson levantó cinco sets points seguidos.
Con el 6-6, el sudafricano tuvo todo a favor para sumar su primera bola de set del desempate con dos voleas y un smash, pero una heroíca defensa de Querrey dejó al estadounidense con la ventaja. Y en su octava oportunidad, el semifinalista de Wimbledon este año pudo asegurar el set e igualar el partido.
Un quiebre de Anderson sin contestación por parte de Querrey marcó la diferencia en el tercer set, bien entrada la madrugada neoyorquina. A esa altura, las tribunas del Arthur Ashe comenzaban a despoblarse, pero los dos jugadores seguían disparando misiles desde el saque.
De esa manera, llegaron otra vez al tie break. Anderson tuvo un match point cuando se puso 6-5, pero Querrey ganó sus dos turnos de saque y sumó su primer punto de set. El sudafricano respondió de la misma forma y después ya no falló en su segundo match point.
De esa forma consiguió su boleto para la semifinal del viernes ante Carreño, que entregará a un finalista inédito para un Grand Slam. Del otro lado del cuadro, hoy se conocerán los otros semifinalistas, cuando el español Rafael Nadal se mida con el ruso Andrey Rublev y el suizo Roger Federer choque con el argentino Juan Martín del Potro.

Uno de los “12 Guerreros” perdió el control la madrugada del lunes en la celebración que tuvo el Tri de basquetbol tras conseguir el bronce en la Copa América de FIBA disputada en Córdoba, Argentina.
Héctor Hernández fue señalado como el causante de una riña en el bar “María María” de esa ciudad.
Fernando Pereyra, propietario del inmueble, reveló en entrevista telefónica que alrededor de nueve jugadores de la Selección Mexicana acudieron al lugar después de la medianoche, y que varios de ellos llegaron con actitud prepotente y no atendieron indicaciones de los guardias de seguridad, lo que provocó el incidente.
“El equipo mexicano llegó con mucha prepotencia, algunos ya medio tomados, entonces se le trató de hablar tres o cuatro veces pues agarraban a las chavas y las subían a la barra, ellos se subían a la mesas, realmente estaban descontrolados.
“Tratamos de evitar eso, se les explicó, y había dos o tres muy sacados ya, se les habló y uno, que es Héctor Hernández, que tiene todos los brazos tatuados, fue el que generó todo el problema dentro del local. Empezó a pelearse con nuestros guardias y le pegó a clientes, se rompieron vasos, mobiliario, y se llamó a la policía”, relató el propietario.
Entonces, comisarios locales llegaron y trasladaron a Hernández y dos jugadores más a sus oficinas, mismos que fueron dejados el libertad poco después.
Un empleado del bar, cuenta Pereyra, fue amedrentado por gente de México para que no denunciara.
El problema es que dos guardias de seguridad están lesiones. Uno tiene traumatismo de cráneo y otro seguramente necesitará cirugía de nariz.
Pereyra reveló que hoy acudirá a levantar una denuncia penal, ya que cuenta con videos que muestran las agresiones de Hernández. (Diego Martínez / Agencia Reforma / Ciudad de México).

La cancelación del programa DACA por parte de Donald Trump tiene dos vertientes: la que afecta a la gente ahora indefensa en Estados Unidos y la reacción del gobierno de México. El primer aspecto debe ser estudiado, analizado y denunciado repetidamente; el segundo, es el más pertinente en este momento en México, donde todas las promesas del gobierno de Enrique Peña Nieto de hace ocho meses sobre la negociación integral se vinieron abajo.
La suspensión del programa afecta a unos 680 mil mexicanos que habían visto legalizada su situación migratoria y laboral desde 2012 por una orden ejecutiva de Barack Obama, sin duda de manera provisional y precaria. La situación en EU es aún confusa. Sabemos que el programa va a desaparecer dentro de seis meses; que las renovaciones que se presenten durante el próximo mes, y en teoría por dos años, serán respetadas; y que los servicios de inmigración del gobierno norteamericano no le darán prioridad a perseguir a los dreamers.
No sabemos si la información que ellos entregaron al presentar su solicitud, y que incluye su dirección, trabajo y la fecha en que llegaron a EU, va a ser compartida por la agencia que la posee con las otras agencias dentro de Homeland Security para encontrarlos y deportarlos. En principio no la ofrecerán, pero podrían entregarla cuando sea solicitada.
Tampoco sabemos con precisión cuál va a ser la situación jurídico-laboral de los dreamers, ya sea con un permiso vigente, ya sea gracias a una renovación durante este primer mes y que dure dos años. ¿Pueden seguir trabajando “legalmente” en instancias públicas o que reciben fondos federales? Por ahora no se sabe y deberá aclararse en los próximos días para poder calcular con precisión las consecuencias devastadoras de esta odiosa decisión.
Y, por último, podemos vaticinar que no habrá una ley DACA que salga del Congreso estadunidense de aquí al 5 de marzo. Conviene recordar que los jóvenes se llaman dreamers porque fue en 2002 cuando los senadores Durbin y Dodd, entre otros, presentaron una iniciativa de ley para legalizar su situación, cuyo acrónimo fue DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors Act). En estos 15 años, ha sido imposible para dos presidentes lograr que el Congreso apruebe cualquier tipo de legislación migratoria. ¿Por qué un presidente tan débil como Trump convencería a un Congreso polarizado y fragmentado cuando ni Bush ni Obama pudieron?
Lo más importante es el tema de la reacción mexicana. El comunicado de la SRE es deplorable por dos motivos. Primero, porque su contenido deja todo que desear. Decir que se lamenta una decisión de este tipo es no decir nada. No hay ninguna medida de represalia, respuesta categórica o determinación para infligirle un costo, de algún tipo, a Trump por esta medida tan anti mexicana.
En segundo lugar, es altamente criticable la posición de Peña porque viola la supuesta definición que se adoptó a principios de año de una negociación en paquete. Un acto tan agresivo como el de Trump no recibió ninguna respuesta mexicana en los otros frentes abiertos. Las negociaciones del TLCAN siguieron su curso como si nada. Los encuentros con altos funcionarios de EU, de directivos de Gobernación, INAMI y Policía Federal, siguieron también a finales de la semana pasada. El gobierno decidió no poner en práctica ninguna medida concreta de represalia. Había muchas.
La primera y más fácil, para mostrar el disgusto ante la decisión de otro gobierno por un acto agresivo contra el propio, es llamar al embajador a consultas. No se hizo. Una segunda hubiera consistido en pararse de la mesa de negociaciones del TLC diciendo que no seguirían hasta que no hubiera más claridad sobre las consecuencias de la postura de Trump, y sobre todo su intervención personal frente al Congreso: por ahora sólo le pasa la pelota a este último y él no toma una posición.
Si no se quería tocar las negociaciones del TLC y a los negociadores mexicanos les da lo mismo lo que les suceda a 680 mil compatriotas en EU, se podían haber adoptado medidas en otros ámbitos. Por ejemplo, en el migratorio y la frontera sur, o incluso, como lo han sugerido varios ex altos funcionarios que conocen bien estos temas, aplicando la letra de la Ley General de Población y otras disposiciones a más de un millón de norteamericanos que residen en México pero que en la mayoría de los casos no tienen los papeles correspondientes. De que ellos no son culpables de las decisiones de Trump, es un hecho, de que los dreamers tampoco lo son, también.
En fin, el hecho es que después de mucha anticipación y mucho tiempo para reflexionar sobre ello, el gobierno de Peña no fue capaz de responder con claridad a esta decisión anunciada y agresiva, y prefirió nuevamente hacerse de la vista gorda. Un muy mal día para los dreamers, para el gobierno de Peña, y para México en general.

Esta vez no se decidirá en Los Pinos la política de alianzas del PAN-PRD, lo que hace más sólido el desarrollo del Frente que ya anunciaron Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado

Septiembre: con el disparo de arranque del año legislativo –y del año electoral, el día 8–, empiezan a sonar los tambores de guerra y a prepararse los ejércitos, a aflorar propaganda en contra destos y otros generales. Las propiedades de los Anaya, el Ferrari del procurador, la gran estafa del gobierno federal, la declaración de frentes y alianzas: todo es parte de los rituales de preparación bélica.
Es cierto, hay un desastre en nuestra política y la información llueve insistente, escándalos como ráfagas que terminan por mezclarse y disolverse unos en otros. Pero algunas cosas pueden entenderse si se abandona la inocencia y se considera la coyuntura actual ya sujeta, primordialmente, a la dinámica de esa guerra, que tiene su grado de simulación, pero también su gravedad impredecible.
En el primer acto preparatorio, en el frente senatorial, el PRI pretendía hacerse de la presidencia de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política. Insistieron en que les tocaba. Todos lo sabían: querían controlar los ritmos de la discusión, la orden del día, qué se discute y qué no, para aprobar que Raúl Cervantes sea nombrado fiscal general de la República. Y entonces –dijo Ricardo Anaya– empezó la guerra, pues, por alguna razón, el presidente del PAN se opuso a dicha pretensión, aunque antes él mismo hubiera aprobado el pase automático de procurador a fiscal.
Fue en medio de esa disputa que se revelaron las propiedades del líder panista Anaya y familiares por 300 millones de pesos, que no aclaró. Y fue también entonces cuando su bancada se indisciplinó a niveles extraños para el PAN, porque los senadores calderonistas se aliaron con el PRI y lograron obtener, para uno de los suyos, la presidencia del Senado que los priistas primero pretendían conservar. Ernesto Cordero ganó con los votos de casi todos: la izquierda –que votó por la Mesa Directiva porque le daba igual el panista o priista que fuera y porque ese acuerdo funcionaba para conservar sus espacios en la Cámara– y la derecha, salvo la mayor parte de la bancada del PAN. Los calderonistas no han escondido que apoyarán la designación de Cervantes por nueve años, con la obvia intención de cubrir las espaldas a los gobiernos de Enrique Peña y Felipe Calderón, en caso de que Andrés Manuel López Obrador sea presidente. Le quieren atar las manos contra los corruptos, pues no podría remover al fiscal general.
Más cerca de su fortaleza –en San Lázaro–, Anaya abrió otro frente. Parece darle muy igual si investigan a Calderón. Si bien sus adeptos no suman suficientes votos para revertir el nombramiento del fiscal, sí pudo impedir, mediante los diputados de PAN, PRD y MC, que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se instalara, lo que es como impedir que inicien sus trabajos, que incluyen el presupuesto para 2018, importante para todos. Pero la parálisis –en el momento de escribir este artículo– continúa, aunque el PRI haya puesto sobre la mesa la oferta de posponer la discusión sobre el fiscal.
En estos dos frentes y en la definición de alianzas de Morena y el Frente Amplio, alcanzan a avistarse tres rupturas fundamentales para el desarrollo de la política del año electoral. En el PAN, la facción calderonista rompió con la anayista, sin regreso, y tendrán entre sus opciones sumarse veladamente a una candidatura del PRI –la de José Antonio Meade, por ejemplo– o ir con Margarita Zavala como candidata “independiente” para maximizar su poder de negociación y decidir ya en la contienda hacia dónde van. Por otra parte, como se esperaba, la izquierda del PRD terminó de romper con el aparato del partido decantándose por López Obrador, como se vio en la suma de Dolores Padierna a su acuerdo. Pero la tercera ruptura, que es la principal, es la del gobierno con el PAN capitaneado por Anaya. Eso implica que, a diferencia de la actitud que asumieron en el Estado de México, donde fueron comparsa bien pagada del PRI –aunque hayan recibido algunos golpes de la PGR, como la acusación de lavado de dinero contra la familia de Josefina Vázquez Mota–, esta vez no se decidirá en Los Pinos la política de alianzas del PAN-PRD, lo que hace más sólido el desarrollo del Frente Electoral Atlanta-Miami que ya anunciaron Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y el jefe de Movimiento Ciudadano Dante Delgado.
De forma que quedan en el mapa: a) Una candidatura del PRI que nadie podría capitalizar como Meade, capaz de jalar al calderonismo como ya lo ha hecho el PRI en el Senado –y sin lo cual Zavala se colocaría como un agente libre, de importancia pero sin posibilidades serias de competir. b) Una candidatura de Morena que aglutina a la mayor parte de la izquierda, sectores empresariales y sociales de diverso signo. c) Una alianza medio liberal y medio desdibujada que podrían encabezar, dependiendo, Anaya, Corral –que la potenciaría como nadie– o Moreno Valle. Tres bloques en la élite política, cuya fuerza dependerá también de sus arreglos con la gran burguesía, igualmente dividida, y de la que hablaré aquí la próxima semana.

Algo se pudrió en México. Si todo iba bien en materia de seguridad durante los cuatro primeros años de gobierno, como afirma el presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué sucedió en el quinto año cuando todos los indicadores de criminalidad se dispararon? Homicidios dolosos, extorsiones, robos, secuestros. Todo se incrementó en el penúltimo año de gobierno. Peña Nieto asegura que esta descomposición se debe a que gobernadores y alcaldes, el hilo delgado por cuanto a debilidad institucional, no han hecho bien su trabajo. Hay de todo. Incluso hay variables que inciden en el fenómeno que llegan a ser extraordinarias, lo que hace más difícil el diagnóstico y la puerta de solución al problema.
Por ejemplo, ¿por qué Colima se descompuso? Porque el Fentanilo, un droga sintética con base en el opio, que se convirtió en El Dorado para los consumidores en Estados Unidos, llega de China al puerto de Manzanillo y genera una lucha por el control de lo que se volvió un negocio altamente redituable. ¿Por qué perdió la paz Chihuahua? Porque se reactivó la ruta de la cocaína, de la Comarca Lagunera a Ciudad Juárez, por la sobreproducción en Colombia, luego de que como parte de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, se aceptó la exigencia de la guerrilla que dejaran de erradicarse los cultivos de la coca. Estos fenómenos exógenos ayudan a entender el incremento en la criminalidad, pero sólo en una parte.
Según el índice GLAC, la consultoría del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el ex director de Contraterrorismo de la CIA –que encontró a Osama bin-Laden–, José Rodríguez, y Luis Enrique Montenegro, el general que formó parte del Bloque de Búsqueda que encontró y aniquiló a Pablo Escobar, en 2016 había 13 entidades donde la seguridad estaba controlada y se vivía con bienestar. Pero en 2017, seis estados se sumaron a la mayoría de las entidades que sufren con la violencia. Todos los estados del Pacífico norte se volvieron más violentos y socialmente más inestables, afectando la calidad de vida. Aquí se puede argumentar que la violencia responde a las variables internacionales, a las que hay que añadir la información de testigos protegidos, como los hermanos Flores, que trabajaban con el viejo Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, la debilidad institucional es el factor más poderoso que incide en el deterioro y la violencia, donde no sólo los estados, sino la Federación, tienen actuaciones deficitarias. Un análisis realizado por Eje Central de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encontró que los delitos que más impactaron a la sociedad en el primer semestre de 2017 fueron homicidios, secuestros y extorsiones, y que los estados más generadores de estos crímenes fueron México, Guerrero y Veracruz.
Ninguno de ellos, salvo el Estado de México en materia de extorsiones (505 delitos de este tipo), ocupan el primer lugar e, incluso, Veracruz (253) figura en cuarto lugar en este tipo de crimen, mientras que Guerrero no se encuentra entre los cinco primeros lugares afectados por el delito. Después de los mexiquenses, Nuevo León es el más afectado por extorsiones (400), seguido de Jalisco (304), Veracruz y la Ciudad de México (248). En este tipo de delitos subyace la deficiencia o vacíos de autoridad, o la corrupción de las autoridades.
En homicidios, Guanajuato supera al segundo estado donde más muertes (dos mil 10 contra mil 757) que es México, seguidos de Michoacán (mil 326), Guerrero (mil 450) y Veracruz (mil 426), aunque en esta entidad el incremento del delito entre enero y junio fue de 90%. En el tema de los secuestros, Tamaulipas figura en lo alto de la tabla de criminalidad (116), seguido de Veracruz (113), México (94), Tabasco (54) y Guerrero (39). El análisis de Eje Central revela los voluminosos incrementos en robos en carretera (85.49%), los robos a negocios con violencia (54.80%), y los homicidios dolosos (27.92%). En este último rubro, el total aproximado ya alcanzó los 80 mil, contra los 70 mil homicidios dolosos estimados del sexenio de Felipe Calderón.
De acuerdo con el Índice GLAC, los estados más afectados durante el primer semestre fueron Guerrero, México y Chiapas, donde cayó la calidad de vida. El Índice encontró que en Guerrero influyó la falta de inversión y crédito en diversos sectores, mientras que en Chiapas, como sucedió en Veracruz y Tabasco, fue la caída en los precios del petróleo lo que contribuyó al deterioro. Si no hay bienestar, hay violencia. El repunte en estados como Quintana Roo y Baja California Sur, como en Guerrero, afectó al turismo y perjudicó a sus habitantes por la caída de visitantes, que los empujó a buscar ingresos por otros caminos.
El incremento de la violencia, al analizar los diferentes factores que llevaron a ella, no se puede explicar únicamente como un tema de buenos y malos, sino de manera más compleja. Las variables que inciden en ella no necesariamente tienen que ver con criminalidad, sino con fenómenos que alteran la dinámica de la sociedad. Tales son los ejemplos del Fentanilo o de las FARC, o el incremento de los secuestros en Sinaloa por la tardía temporada de lluvias, donde los agricultores se mudan de su actividad legal a una ilegal para poder comer. Estas explicaciones del fenómeno no disminuyen la relevancia del problema. Al contrario. Con tantas variables involucradas, lo sorprendente es que no estemos peor en el repunte de criminalidad, porque si no hay respuesta para lo básico, menos aún para la complejidad que se vive.

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En la elección presidencial del 2006 el monto total que se dio a los partidos, recurso federal y estatal, fue de 9 mil 359 millones de pesos; en la de 2012 de 9 mil 761 millones de pesos y lo presupuestado para la de 2018 es de 12 mil 802 millones de pesos, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
La composición de esos montos se da así: en 2006, 6 mil 342 millones de pesos fueron recursos federales y 3 mil 17 estatales; en 2012, 6 mil 84 fueron federales y 3 mil 677 estatales, y en 2018, 6 mil 789 fueron federales y 6 mil 13 estatales.
Entre 2012 y 2016, los recursos federales que se dieron a los partidos se redujeron en 258 millones de pesos y del 2012 al 2018 crecieron en 705 millones de pesos que representan un 12% más y de 31% si se contemplan los recursos estatales.
En 2018, los partidos van a recibir poco más de 700 millones de dólares (18 pesos por dólar). De ese monto salen los recursos para la campaña presidencial, de 500 diputados federales, de 128 senadores, de nueve gobernadores, de congresos locales y presidencias municipales. En total 2 mil 818 cargos de elección popular.
Esos montos no contemplan el costo de los espacios de publicidad gratuitos que los partidos tienen en radio y televisión. En 2000, cuando todavía no estaba esta medida, las dos terceras partes del gasto se fueron en publicidad. Hoy si hubiera que pagar ese rubro habría que añadir 460 millones de dólares más.
El INE, además del gasto de los partidos al que ya se ha hecho referencia, solicita 18 mil 226 millones de pesos, para su funcionamiento en 2018. Los recursos cubren la operación, la elaboración del padrón electoral y la credencialización, el monitorear los spots de los partidos, que son gratuitos, y también la cobertura de los medios que debe ser equitativa.
A estos millonarios recursos legales se tendrían que añadir los más cuantiosos que son los ilegales. Entre quienes investigan los procesos electorales existe la idea generalizada, a partir de datos, de que las campañas de los grandes partidos cuestan diez veces o doce veces más de lo que está autorizado y pagado por el INE.
Si en 2018 el tope de la campaña presidencial fuera igual al del 2012 equivaldría a 19 millones de dólares. En la realidad se puede estimar que los grandes partidos van a invertir, por lo menos diez veces más. El gasto rondaría en los 200 millones de dólares, por candidato. Y en algunos casos más.
El INE, a pesar de los cuantiosos recursos de los que dispone, es incapaz de auditar los gastos reales de campaña de cada uno de los partidos. Solo lo hace con la cantidad legal que les otorga. Lo demás queda fuera de su mirada.
Es fácil aceptar la idea de que la democracia no tiene precio. A partir de esta afirmación hay que repensar los procesos electorales en el país, el tipo de campaña que se realiza, la actuación del INE y la Ley Electoral. Tendrá que ser para después de la elección del 1 de julio de 2018.
Twitter: @RubenAguilar

La crisis política, económica y social de Brasil parece no tener fin. De nueva cuenta, las revelaciones del magnate de la carne, Joesley Batista, dueño de JBS Friboi, siguen dando de qué hablar. El pasado lunes, el procurador general de la República, Rodrigo Janot, hizo un pronunciamiento a los medios de comunicación para anunciar que el acuerdo de reducción de pena del empresario podría ser reevaluado a la luz de grabaciones recién entregadas a la justicia brasileña, lo que causó un gran impacto en la clase política. En efecto, fue a raíz de la revelación de una conversación entre Joesley Batista y el presidente Michel Temer que la justicia emprendió una primera solicitud de juicio político en contra del actual jefe del Ejecutivo brasileño. Si bien este pedido fue rechazado por la mayoría de los diputados, gracias a concesiones totalmente inmorales –como la extinción de áreas naturales protegidas en la Amazonía para responder a demandas de grupos de interés ligados a las grandes empresas mineras, que financiaron numerosas campañas de diputados, o mediante el pago de numerosas obras públicas hechas a pedido de los diputados–, es indudable que el poder político de Temer sufrió un gran desgaste.
Ahora, queda la pregunta en el aire: ¿acaso estas nuevas revelaciones hechas por el procurador se traducirán en un aumento del poder de Temer, y sobre todo, en el sobreseimiento del caso, a pesar de que existen pruebas materiales irrefutables de la participación activa del presidente de Brasil en actos de corrupción? Como no existe al día de hoy una transcripción integral de las conversaciones del magnate de la carne con su lobista principal, Ricardo Saud, es difícil tener una idea clara de la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, si nos atenemos a lo relatado por los medios de comunicación de ese país, no menos de cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia estarían implicados en actos de corrupción, así como varios miembros del Ministerio Público, que habrían actuado a favor de empresas privadas (en particular JBS, propiedad de Joesley Batista) a cambio de sobornos. Por otro lado, el empresario y sus abogados habrían ocultado a la justicia cierto número de pagos a políticos y magistrados con el objetivo de evitar que la justicia tenga conocimiento de otros casos de corrupción en otros sectores de la economía brasileña.
¿Ahora bien, quién nos dice también que esas conversaciones tienen fundamento? Sin pruebas, documentos, es difícil saber si estas personas dicen la verdad. En efecto, hace dos semanas, un juez federal decretó la absolución por falta de pruebas del ex presidente Lula, en el caso de la delación premiada del ex senador del Partido de los Trabajadores (PT) Delcidio Amaral. Este último, para evitar ser condenado por corrupción, intentó involucrar a los ex presidentes Lula y Dilma Rousseff en un supuesto esquema de corrupción, que a la postre no pudo ser probado por falta de elementos. Cuando se hicieron públicos los audios de la supuesta “confesión” de Amaral, en noviembre 2015, el gobierno de Rousseff perdió apoyos claves en la opinión pública y en el Congreso, que culminaron en su destitución el año siguiente.
Conforme pasa el tiempo, queda cada vez más claro que el mecanismo de obtención de supuestas pruebas por la vía de la delación premiada es problemático. Si bien es cierto que en algunos casos, como el del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el uso de este mecanismo permitió encontrar el rastro de las transferencias bancarias de empresarios hacia cuentas del político en paraísos fiscales, también queda claro que en sí misma, la delación premiada no puede constituir una prueba suficiente para enjuiciar, y encarcelar posteriormente a una persona. Por ejemplo, el juez Sergio Moro ha sido incapaz de presentar una sola prueba física, material, capaz de demostrar que el ex presidente Lula haya incurrido en acto de corrupción alguno. Desde este punto de vista, sería inaudito que se pueda condenar a una persona sin pruebas, y que por el contrario alguien sobre quien pesan pruebas de violaciones flagrantes a la ley, no solo siga libre, sino sobre todo continúe gobernando a Brasil desde el cargo de presidente de la República.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada