El Trife confirmó que la coalición que ganó en la elección presidencial de 2012 tiene que ser sancionada por la dispersión de recursos, a través de 7 mil 851 tarjetas Monex, que el PRI quiso hacer pasar por gasto ordinario y no como gasto de campaña. Los descuentos a los dos partidos se empezarán a aplicar hasta que concluyan los comicios de 2018

Zedryk Raziel y Héctor Gutiérrez / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar al PRI y al PVEM con una multa de 98 millones 479 mil pesos por el uso de las tarjetas Monex y omitir gastos de campaña de la pasada elección federal del 2012, en la cual resultó vencedor su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.
Originalmente, las sanciones a ambos partidos, que formaron la coalición Compromiso por México, sumaban 9 millones 861 mil 723 pesos.
De la nueva cifra, 78.9 millones de pesos de multa corresponden al tricolor y 19.5 al PVEM. La sanción fue aprobada por el INE en acatamiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Sin embargo, si bien hubo un alza en las multas en varios rubros por delitos cometidos por la coalición, en el tema de los recursos prorrateados indebidamente hubo una reducción.
En el dictamen aprobado por el Consejo General, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) detectó que se prorratearon recursos económicos de las campañas de candidatos propuestos por la alianza PRI-PVEM a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición por un importe de 63 millones 997 mil 753 pesos.
Debido a ese agravio, el INE sancionó con 51.9 millones al PRI y 12.7 al PVEM.
El consejero Benito Nacif cuestionó la cifra, pues, alegó, cuando se revisó originalmente el caso, en 2013, el INE había detectado que la coalición prorrateó indebidamente 293.2 millones de pesos.
Nacif pidió regresar el dictamen a la UTF, apoyado por los consejeros Pamela San Martín, Claudia Zavala y Roberto Ruiz, a fin de aclarar por qué se disminuyó el monto de los recursos prorrateados por el PRI-PVEM, pero la petición no prosperó.
“Yo propondría que devolviéramos este proyecto a la Unidad Técnica de Fiscalización y que desarrollara con claridad el procedimiento que siguió para llegar al monto del 63.9 millones del monto original, que era sustancialmente más grande.
“Por esta razón, el proyecto no genera certeza sobre cómo se acata lo mandatado por la Sala Superior”, había mencionado Nacif.
Fuera del tema del prorrateo, la mayoría de multas al PRI-PVEM aumentaron.
La autoridad electoral detectó, por ejemplo, que la coalición omitió registrar gastos por conceptos operativos y de propaganda por el entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, por un importe de 17.7 millones de pesos.
Por esa razón, se le impuso al PRI una multa de 21.3 y al Verde de 5.3 millones de pesos.
El TEPJF también confirmó que la coalición debe ser sancionada por la dispersión de recursos a través de 7 mil 851 tarjetas Monex, que el PRI quiso hacer pasar por gasto ordinario y no como gasto de campaña.
A propuesta del consejero Enrique Andrade, las multas a los partidos comenzarán a ser descontadas una vez que concluya el proceso electoral del próximo año, alegando que se verían vulnerados financieramente si comenzaran a pagarlas desde ahora.
“El afectar ahorita a los institutos políticos, algunos y no a todos, con una reducción en sus ministraciones creo les puede causar un grave perjuicio”, dijo Andrade.

 

Rolando Herrera / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Cámara de Diputados detuvo esta tarde el “reloj legislativo” al decretar un receso en la Sesión del Pleno que lo más probable es que se extienda hasta el próximo jueves.
El líder del Partido Verde, Jesús Sesma, informó que, aunque no es un procedimiento muy ortodoxo, es una de las vías legales que los equipos jurídicos han contemplado para transitar la crisis por la que está pasando la Cámara baja.
“Hemos escuchado algunos planteamientos de las áreas jurídicas de los dos partidos políticos (PRI y Verde), una dice que como estamos en receso podemos llevar el tema al día jueves, es algo que ustedes mismos lo han vivido en otras Legislaturas”, comentó.
Sesma, quien ofreció una rueda de prensa luego de asistir una reunión que congregó a diputados del Verde y del PRI, dijo que había un 99 por ciento de probabilidades de que la sesión iniciada este martes se reanude hasta el jueves próximo.
El legislador reconoció que no existe una claridad jurídica de cuál es el camino que se debe seguir, y que también está en la mesa el recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Yo siempre estoy cuando me llaman”, responde Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respondió tajante que él siempre ha respondido a los llamados, cuando se le preguntó sobre la solicitud de la Cámara de Diputados de que intervenga ante el conflicto por la Mesa Directiva, durante una visita este martes a la ciudad de Tlapa, en Guerrero.
En conferencia de prensa mencionó que no era deseo del gobierno federal poner en crisis a San Lázaro”.
Agregó: “Yo estoy siempre cuando me han llamado la Cámara de Diputados y el Senado, incluso cuando nos convocan los congresos locales y los presidentes municipales, y lo seguiré haciendo”.
Y contó que pidió que el llamado lo haga la Junta de Coordinación Política por ser el órgano en el que están representadas todas las fracciones que integran la Cámara de Diputados, y que “por supuesto (iré) cuando lo consideren, para dialogar los temas que le interesen a las y a los diputados y a sus coordinadores, y si sirve para destrabar temas, estamos en la mejor disposición”.
No obstante, consideró que no ha sido el camino correcto el planteado por los diputados porque, “son dos temas diferentes; traen un tema de la Cámara de Senadores que ellos están discutiendo, pero traen además, en el escenario público, un tema asumiendo que hay una oposición del gobierno respecto al planteamiento que están generando de que se le dé pase automático al procurador”.
Osorio Chong estuvo en esta ciudad de la Montaña para entregar actas de nacimientos en acciones en beneficio de los pueblos indígenas. (Con información de Carmen González Benicio / Tlapa).

Agencias Reforma y Proceso

Ciudad de México

La bancada del PRI en el Senado reculó en su intención de activar esta semana el proceso legislativo para dar “pase automático” al procurador Raúl Cervantes a la Fiscalía General de la República.
Emilio Gamboa, coordinador de los priistas, aseguró que su grupo parlamentario pondrá por delante otras prioridades, como la aprobación de la Ley de Ingresos y las decenas de nombramientos de órganos reguladores y embajadas.
“¿Qué tengo como urgente? Sacar a mis embajadores, a los cónsules, y espero que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se instale, que el 8 le entreguen el paquete económico y que nos mande la Ley de Ingresos, que es nuestra obligación primero”, expresó.
El pasado jueves, el legislador federal había adelantado que “empezarían a trabajar en el tema (del fiscal general) a partir de la primera sesión” y reconoció que la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para reformar el artículo 102 de la Constitución para eliminar el “pase automático” no era importante para su bancada.
Este martes, el coordinador priista, que ya tenía en mente otras prioridades, también se refirió al escándalo generado por el Ferrari propiedad del procurador Cervantes, que fue emplacado con el domicilio en una vivienda de interés social para eludir el pago de la tenencia.
Gamboa admitió que el funcionario federal cuenta con cierto poder adquisitivo por su desempeño como litigante y representante de importantes sectores económicos, como el de los transportistas.
“Cuando fui secretario de Comunicaciones y Transportes, Raúl era el representante de toda la industria del transporte, ya era un abogado muy importante, tenía problemas y tenía juicios contra la secretaría”, dijo.
“Es un abogado de gran prestigio, que sin duda alguna debe tener sus recursos completamente comprobables”.
–¿Pero haberse volado la tenencia senador? –se le cuestionó.
–Eso no lo vi –respondió Gamboa Patrón.

Cordero y seguidores no votarán por el “pase automático”

En otro giro inesperado de la crisis interna del PAN en el Senado, los cinco senadores calderonistas que se rebelaron ante el acuerdo de su bancada firmaron un compromiso para votar en contra del “pase automático” y evitar, así, que el actual procurador general, Raúl Cervantes Andrade, sea fiscal general durante los próximos nueve años.
Los senadores Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas, Jorge Lavalle y Ernesto Cordero –éste último, electo el 31 de agosto como presidente de la Cámara alta­– entregaron un documento notariado ante la Mesa Directiva para “hacer constar” su voto contra el fiscal general en los términos en que está redactado el actual artículo décimo sexto transitorio de la reforma político electoral promulgada en febrero de 2014.
También expresaron su “intención de voto de manera pública e indeclinable, a favor de la iniciativa de decreto” del presidente Peña Nieto, que deroga el transitorio que permite el “pase automático”.
Sin embargo, no manifestaron su posición en torno a otras iniciativas –como la de su propio partido, el PAN, la del PRD y de Morena– para crear una ley secundaria de la Fiscalía General de la República.
El coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa, sólo garantizó que su bancada no revertirá la decisión de elegir a Cordero como presidente de la Mesa Directiva.
“Ya está votado, ya se votó. De 82 senadores que estábamos, 77 a favor, tres que tomaron otra decisión por otros compañeros y sólo uno en contra”, dijo Gamboa Patrón.

Las cifras muestran una tendencia del gasto que superará irremediablemente lo gastado en el mismo rubro durante el sexenio de Felipe Calderón, pues en esos seis años se destinaron a publicidad 39 mil millones, mientras que en los cuatro años y medio que lleva esta administración se han gastado 37 mil 735 millones de pesos

Agencia Proceso

Ciudad de México

El monto que se ha pagado en publicidad oficial durante el gobierno de Enrique Peña Nieto es el mayor gasto en promoción que se conozca desde que existen registros, y los principales beneficiarios son apenas cuatro empresas: Televisa, Tv Azteca, Radio Fórmula y El Universal, según un informe difundido este martes por la organización ciudadana Fundar.
En un balance preliminar de lo que va del sexenio, Fundar publicó que la cifra por concepto de publicidad en la administración peñanietista ya asciende a 37 mil 735 millones de pesos, considerando hasta el mes de junio de 2017, es decir, sin el bombardeo publicitario que suele desplegarse de fines de agosto hasta el cierre de año.
Las cuatro empresas mencionadas han acaparado la tercera parte de los recursos destinados a difundir actividades y programas de gobierno, con Televisa en primer lugar: de 2013 a diciembre pasado, la televisora de Emilio Azcárraga sumó contratos por 6 mil 190 millones de pesos, cifra que representa 17.07 por ciento de lo gastado.
Tv Azteca, la cadena de Ricardo Salinas Pliego, está en segundo lugar entre los beneficiarios, con 3 mil 605 millones de pesos, equivalentes a 9.87 por ciento del gasto. En tanto, Radio Fórmula y El Universal han conseguido ingresar 982 millones de pesos cada uno hasta ahora, lo que representa 2.69 por ciento respectivamente.
Los montos expuestos corresponden a lo que se ha transparentado en la herramienta ComSoc, que administra la Secretaría de la Función Pública y que sirve como fuente al informe presentado por Fundar. No obstante, en el grupo de empresas más beneficiadas destaca una serie de agencias de publicidad cuyos servicios no son transparentes: Media Planning Group, Starcom Worldwide y, señaladamente Olabuenaga Chemistri, la empresa de Ana María Olabuenaga, que fue una de las principales estrategas para la construcción de la candidatura presidencial de Peña Nieto.
Aunque los montos asignados a dichas agencias son altos —como el caso de Starcom, que en el sexenio ha recibido mil 150 millones de pesos—, no es posible saber sólo con la base de datos pública a qué medios se destinaron los recursos.
Únicamente por lo que corresponde a 2016, sobresale el que, al lado de Televisa (con 2 mil 006 millones de pesos) y Tv Azteca (con mil 002 millones), Excélsior se haya ubicado en tercer lugar en ingresos federales por publicidad al facturar por 385 millones.
Además de los datos calculados por Fundar, la organización recordó que el presidente Enrique Peña Nieto prometió —en campaña y en el período de transición— que crearía una instancia reguladora de la publicidad oficial. No ha cumplido y no hay ningún avance al respecto.
También subrayó que no se puede saber cuál es el impacto real de la publicidad contratada y el hecho de que en cada año de gobierno se ha gastado más de lo aprobado en el presupuesto.
En 2013 se aprobó un gasto de 5 mil 481 millones de pesos, pero se gastaron 8 mil 154; en 2014 se podían gastar 5 mil 526 millones pero al final fueron 7 mil 461; para 2015 y 2016, el gasto y sobreejercicio se dispararon, ya que se aprobaron 5 mil 510 y 4 mil 480, respectivamente, pero se gastaron 9 mil 946 y 10 mil 698 millones.
Esos dos últimos años corresponden a los que han implicado medidas de austeridad, que han impactado negativamente los recursos destinados a la política social, cuyas dependencias siguen gastando.
Las secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Social, que sufrieron recortes presupuestales, gastaron juntas 5 mil 948 millones.
Las cifras muestran que la tendencia del gasto superará irremediablemente lo gastado durante el sexenio de Felipe Calderón, porque en esos seis años se destinaron a publicidad 39 mil millones de pesos, mientras que, en cuatro años y medio, esta administración lleva ya 37 mil 735.
Baste ilustrar el gasto ejercido sólo en la realización de los spots con motivo del Quinto Informe de Gobierno de Peña Nieto. Solamente por la realización de dichos spots, Presidencia de la República erogó casi 60 millones de pesos, cuyo beneficiario fue el productor Pedro Torres.

 

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, 106 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas, tanto por agentes estatales como por particulares, establece un informe elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
La esperanza no se agota: Situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, es el título del documento en el que se desglosan los datos recopilados por la Red TDT entre diciembre de 2012 y noviembre de 2016.
En ese lapso, correspondiente a los primeros cuatro años de la actual administración federal, fueron asesinados 76 defensores, 24 de ellos a manos de agentes estatales y 53 por otras personas.
De enero a noviembre del año pasado se registraron 31 homicidios, es decir, 40 por ciento de los casos de los primeros cuatro años del gobierno de Peña Nieto.
Aunque el informe, de más de 100 páginas, se enfoca en el periodo 2012-2016, agrega un listado de 30 defensores asesinados entre enero y julio de 2017, con lo que el total asciende a 107 defensores asesinados.
La Red TDT elaboró el reporte con los datos proporcionados por las 84 organizaciones de 23 estados que la conforman.
Más allá de los homicidios de activistas de derechos humanos, se da cuenta de 2 mil 461 actos violentos en contra de defensores, principalmente detenciones arbitrarias (447 incidencias) y agresiones físicas o intentos de asesinato (120 veces).
Del total, 73 por ciento de las agresiones fueron perpetradas por elementos del Estado, principalmente por los gobiernos locales, seguido de dependencias federales.
Durante la presentación del documento, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, destacó que, según los datos existentes, 49 por ciento de los casos son continuados.
“Esto quiere decir que se registraron previamente, pero debido a una falta de atención adecuada las agresiones se han repetido –detalló–. Para nuestra oficina esto representa una evidencia adicional de la importancia de la lucha contra la impunidad”.
En tanto, Carolina Jiménez, subdirectora de Amnistía Internacional, advirtió que este tipo de información contradice que la imagen internacional que el gobierno de México quiere posicionar como un país de respeto a los derechos humanos.
Fernando Ríos aclaró, por su lado, que de acuerdo con la definición de la ONU, defensores de derechos humanos son todos aquellos que los promueven, por lo que hay defensores que sólo lo fueron por un día o una semana.
La Red TDT también documentó que 22 por ciento de los casos de agresiones se dieron en el contexto de las reformas estructurales que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto. (César Martínez / Agencia Reforma / Ciudad de México).

Agencia Proceso

Ciudad de México

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició procedimiento de responsabilidad administrativa contra 10 servidores públicos en tres de las 11 dependencias federales que desviaron 3 mil 433 millones de pesos entre 2013 y 2014, según una investigación titulada “La gran estafa” y publicada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Así lo informó la secretaría en un comunicado difundido en respuesta al reportaje publicado lunes y martes de esta semana, en el que indicó que además de los procedimientos iniciados contra los 10 servidores públicos de tres dependencias de las que no especificó más detalles, “se investiga a otros 40 servidores públicos federales relacionados con estas observaciones”.
Asimismo, confirmó que la información presentada en el reportaje se refiere a resultados públicos de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2013 y 2014, emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual notificó a las dependencias y entidades involucradas las acciones correspondientes para atender y solventar ésas y otras irregularidades.
En algunos casos, añadió, la ASF incluso presentó denuncias penales, que están en curso y de las que proporcionó una liga para su consulta.
La SFP subrayó que cuando tuvo conocimiento oficial de los hallazgos, en su momento y en el ámbito de sus atribuciones, inició las acciones necesarias para que dichas dependencias y entidades proporcionaran a la ASF la documentación que atendiera los requerimientos formulados.
“Esta secretaría tiene conocimiento de que las dependencias y entidades señaladas han ido solventando las observaciones, en un trabajo permanente con la ASF”, afirmó la dependencia.
Sin embargo, acotó, le corresponde a la ASF informar sobre qué soluciones ha dado a las observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas.
En cuanto a las universidades mencionadas en el reportaje, la SFP indicó que “corresponde a sus propios órganos internos de control, auditar, investigar y, en su caso, sancionar”.
Las instituciones educativas que fueron involucradas en el millonario desvío de recursos son: la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos (Uaemor), la Universidad Popular de La Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México y la Universidad Tecnológica de Tabasco, así como el Instituto Técnico Superior de Comalcalco.
La SFP tomó conocimiento de la información presentada por Animal Político y MCCI para incorporar cualquier posible nuevo hallazgo a sus investigaciones y procedimientos en curso.
Y afirmó que, en todos los casos, realizará las investigaciones correspondientes “hasta sus últimas consecuencias”, e iniciará los procedimientos de responsabilidades que conforme a derecho correspondan.

Al ex edil lo matan en la carretera y a los agentes en una gasolinería donde también caen una empleada de Tránsito y dos despachadores

Jorge Escalante / Agencia Reforma

Guanajuato

El ex alcalde panista de Pueblo Nuevo, José Durán González, fue asesinado cuando conducía su camioneta por la carretera Abasolo-Pueblo Nuevo, tras acudir al segundo informe de labores del diputado local del PAN, Juan Gabriel Villafaña Covarrubias.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, informó que el ex edil fue emboscado la noche del lunes por delincuentes y recibió un disparo, que provocó que saliera de la carretera y se precipitara a un canal de riego.
María del Refugio García, esposa del ex alcalde, es actualmente dirigente municipal del Partido Acción Nacional en Pueblo Nuevo.
Junto a su esposa, Durán González gobernó 12 años el municipio de Pueblo Nuevo, fue en tres ocasiones presidente municipal y su cónyuge una.
Además, el mismo lunes por la noche cuatro policías preventivos, una empleada de tránsito y dos despachadores, fueron asesinados por un comando que perpetró un ataque a una gasolinera en el municipio de Apaseo El Alto.
Cabeza de Vaca informó que la embestida criminal aconteció en una estación de gasolina localizada en la calle Daniel Ortega, que conduce a la carretera a Celaya.
Cerca de la media noche una patrulla, con dos agentes, llegó a la gasolinera y fueron emboscados y asesinados por pistoleros. En el ataque dos despachadores también fueron ultimados.
Dos preventivos más arribaron a la zona y fueron plagiados por los delincuentes.
Al huir, los pistoleros realizaron disparos en contra de una caseta de tránsito municipal, localizada a cuatro cuadras de la gasolinera, y ahí murió una empleada.
Los dos policías secuestrados en Apaseo El Alto aparecieron muertos ayer en la mañana en el municipio de Acámbaro, en los límites con Michoacán.
En un video difundido en redes sociales se aprecia que sicarios atacan a policías y asesinan a dos despachadores de la gasolinera.
En el lapso de 40 días 12 policías han resultado atacados en el Estado, con saldo de 9 muertos y tres heridos.
El 19 de agosto pasado, tres preventivos de Salamanca fueron levantados y ejecutados por criminales, tras hacerlos confesar que comandantes de la corporación tenían ligas con células del crimen organizado.
Hace una semana otros tres agentes de la policía de Celaya fueron atacados por un comando cuando realizaban labores de vigilancia, los policías resultaron heridos.
El 31 de julio pasado, el director de seguridad pública de Celaya, J. Santos Juárez, y un escolta, fueron asesinados en una comunidad de Salamanca.

 

Francisco Rivas / Agencia Reforma

Puebla

El triángulo rojo se convirtió en una zona de peligro para migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, donde huachicoleros operan casas de seguridad para extorsionarlos y secuestrarlos, acusó el sacerdote, Gustavo Rodríguez Zárate, miembro de la organización de la Carrera de la Antorcha Guadalupana México-Nueva York.
Explicó el prelado que se convirtió en una zona de peligro para los migrantes provenientes de Centroamérica, por el aumento de casas de seguridad que los delincuentes emplean para retenerlos y extorsionarlos.
Aseguró que muchos indocumentados empiezan a desviarse para evitar la zona, aunque muchos de los que pasan desde Esperanza hasta Puebla se encuentran en peligro de caer en manos de los criminales.
“Ubicamos unas 60 casas de seguridad en donde los extorsionan, los ponen a trabajar en el robo de autopartes, pues son esclavos”, sostuvo.
“Antes había 20 en Lara Grajales en Acajete, pero ahora se ha incrementado, pero no se sabe con exactitud, no hay datos, pero sabemos gracias a los migrantes que encontramos en el camino”, comentó.
Rodríguez Zárate manifestó que se trata de un fenómeno complejo por el nivel de involucramiento de la sociedad con los criminales.
El 17 de septiembre la Antorcha Guadalupana de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México, realizará un recorrido de mes y medio por diferentes municipios de Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas.
En la ciudad de Puebla estará el próximo 5 de octubre a las 17 horas en el templo de Nuestra Señora de la Asunción, para posteriormente seguir su trayecto al norte del País para cruzar la frontera.
“Si va a tener una variante en Puebla, porque nos han pedido que pase por una de las zonas más violentas en Veracruz, por lo que de Tehuacán se va a Córdoba y Orizaba; y también nos han pedido que pase por la zona huachicolera”, dijo Rodríguez Zárate.
“Va a pasar de regreso a Tepanco de López, Tecamachalco, Tepeaca, Amozoc y Puebla () hay dos nuevas realidades (que afrontar), la política del presidente de Estados Unidos (Donald Trump) y el miedo en las zonas huachicoleras, por la violencia que existe”.
El sacerdote manifestó que es importante cruzar el triángulo rojo para ofrecer apoyo a las familias que padecen la violencia y la presión de las bandas delincuenciales.
Gustavo Rodríguez refirió que en esa región los niños y adolescentes dejaron de emigrar a la unión americana porque encontraron en los huachicoleros una opción de ingresos, empleados como halcones.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) creó la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, que estará adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Unidad para el Combate al Delito de Secuestro.
Ambos acuerdos fueron publicados este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que a partir de mañana se contará con más “información criminal” que podrá ser incorporada como dato y medios de prueba para sustentar las acusaciones del Ministerio Público (MP) de la Federación.
Los titulares de ambas nuevas unidades serán designados y removidos libremente por el procurador general de la República, a propuesta del director en jefe de la AIC.
La Unidad de Investigaciones Cibernéticas será el área de inteligencia encargada de ejecutar y supervisar acciones policiales que apoyen investigaciones relacionadas con medios electrónicos y tecnológicos bajo la conducción y mando del MP.
Entre los requisitos que deberá reunir el encargado del organismo destaca “una notoria” buena conducta y no haber sido condenado –mediante sentencia irrevocable– por un delito doloso.
De igual manera, será el responsable de planear, programar, organizar y dirigir el funcionamiento de dicha unidad en términos de las leyes aplicables bajo la conducción y mando del MP, y determinar las herramientas cibernéticas y tecnológicas que permitan apoyar la investigación de los delitos.
En colaboración con la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, deberá definir los programas de capacitación continua del personal de la Unidad, así como de aquellos servidores públicos que realizan investigaciones a través del uso de medios cibernéticos o tecnológicos en la institución.
Asimismo, tendrá que generar estadísticas de aquellos delitos en donde se encuentren involucradas las tecnologías de la información; proponer la adquisición, incorporación y actualización de las tecnologías empleadas en los diferentes laboratorios especializados y de seguridad informática de la AIC; y auxiliar a las autoridades competentes en la investigación de delitos a través de medios cibernéticos y tecnológicos, entre otros.
En tanto que la la Unidad para el Combate al Delito de Secuestro será la instancia de inteligencia encargada de la ejecución y supervisión de las acciones policiales que apoyen las investigaciones relacionadas.
La unidad operará bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación y estará adscrita a la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)
Actualmente, la PGR cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, a la cual le corresponde ejercer las atribuciones que dicta la Constitución, que se refieren a establecer los tipos penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas. (Agencia Proceso / Ciudad de México).