Autor: *

“Fue el Estado”, ¿cuál?

Desde luego que fue el Estado, aunque no sólo él, el responsable de la tragedia que tuvo lugar hace tres años y un día en Iguala, Guerrero: seis muertos, 17 heridos más 43 desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Desde luego que fue el Estado, pues en esa noche y madrugada, un grupo de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”, un equipo local de jugadores de futbol, más tres taxis, fueron baleados por policías locales y luego una parte de esos normalistas fue detenida por policías –¿de Iguala, de Huitzuco o de ambos lugares? Esos crímenes fueron ejecutados, presenciados y tolerados por policías municipales y ministeriales, por policías federales y elementos del Ejército. Todos, agentes del Estado.
Claro, no fue sólo el Estado el autor del abuso. Los testimonios y las evidencias disponibles –debe de haber otras, no disponibles, como las grabaciones en las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala–, muestran que en la raíz del crimen estuvo el narcotráfico: el grupo “Guerreros Unidos”. Sin embargo, hasta donde la historia se ha podido reconstruir, la fuerza empleada hasta antes de la desaparición de los 43 jóvenes, fue la de policías con la aquiescencia (¿o complicidad?) de miembros de otras corporaciones, finalmente todas del Estado.
La explicación oficial inicial de lo acontecido en Iguala y luego en el basurero de Cocula, donde supuestamente todos los normalistas detenidos y entregados por sus captores a los “Guerreros Unidos”, fueron asesinados e incinerados, fue ofrecida por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam. Sin embargo, esa versión, conocida como “verdad histórica”, fue rápidamente echada abajo por la intervención decisiva de personas, grupos e instituciones que no pertenecían al Estado mexicano, como fueron los padres de los desaparecidos, ONG y por la investigación que durante meses llevó a cabo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, (GIEI), creado y avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (GIEI, Informe Ayotzinapa II, Mountain View, CA: Creative Commons, s.f., 605, pp). Finalmente, quien sigue sin querer o poder dar mejor respuesta a la demanda de los padres de los desaparecidos y de la sociedad y castigar tamaño crimen, quien impidió a la GIEI concluir su labor antes de que pudiera llegar a la explicación alternativa plena, fue, de nuevo, el Estado.
Pero ¿quién o qué es exactamente ese Estado cuyos miembros asesinaron a seis personas y luego desaparecieron en una sola noche a 43 más en una zona urbana y en medio de un denso tejido de instituciones de seguridad? Para empezar, se trata de una entidad que contiene instituciones muy deficientes, ya que ofrecen explicaciones insostenibles y que después de tres años de supuesta ardua investigación, y pese a contar con tecnologías muy avanzadas para ello, (el sistema Pegasus, por ejemplo), siguen sin poder dar ningún resultado. Asesinar y desaparecer les fue fácil, deshacer el entuerto imposible.
Quizá convenga aquí echar mano de la propuesta de Philip Abrams, (Abrams, Gupta y Mitchel Antropología del estado, México: FCE, 2015). Su punto de partida es interesante: el Estado como tal no existe. Sólo funciona como idea. Y esa idea es una construcción histórica, nació por el siglo XVII. Pero la idea tras esa idea no es lo que aparenta: el Estado como un ente que representa y protege el interés del conjunto social. No, lo que pretende es lograr la tolerancia de la sociedad para lo que de otra manera es intolerable e indefendible: la desigualdad y el dominio. En realidad, la idea del Estado es “un mensaje de dominación, un artefacto ideológico que atribuye unidad, moral e independencia a los desunidos, amorales y dependientes funcionamientos de la práctica de gobierno”, (pp. 53 y 62).
Y si el Estado no es más que una máscara que cubre la acción cotidiana de los gobiernos y cuyo propósito es generar en los subordinados la idea de una unidad moral y de eficacia de sus instituciones para hacer llevadera la siempre presente dominación de los muchos por los pocos, entonces es evidente que en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa esa idea ha fallado completamente.
Desde esta perspectiva, lo que realmente operó en la noche de Iguala no fue “el Estado” sino los intereses de varias instancias de los gobiernos local, estatal y nacional, sujetos a diferentes grados de penetración del narcotráfico. Por eso no es sorprendente que después de tres años la PGR y presidencia no hayan podido construir una explicación coherente y creíble de lo ocurrido en 2014. Esa incapacidad muestra no sólo que efectivamente “el Estado mexicano” no existe, sino que eso que sí existe –la red institucional del gobierno y la supuesta coordinación entre sus partes– es deficiente en extremo, difícil de controlar por el responsable último y corroída por una profunda corrupción.
El resultado de lo anterior es que hoy la idea de Estado en nuestro país ya no cumple su objetivo real y único: hacer creer al ciudadano que hay coherencia y proyecto en la acción del gobierno y legitimidad en el régimen. Por tanto, la sospecha de que “fue el Estado” el responsable último de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, está dejando inservible la idea misma de Estado.

www.lorenzomeyer.com.mx
agenda_ciudadana@hotmail.com

Ayotzinapa-Iguala: tres años de normalistas desaparecidos

Este 26 de septiembre se cumplieron tres años de una de las más graves violaciones a los derechos humanos de que se tenga memoria en las últimas décadas en México, cuando en Iguala, Guerrero, fueron acribillados Julio César Mondragón Fuentes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, David Jossue García Evangelista joven de quince años jugador del equipo de furbol Los Avispones de Chilpancingo, el chofer del camión en que se transportaban, y la señora Blanca Montiel Sánchez, así como fueron  desaparecidos por la fuerza 43 alumnos normalistas que hasta la fecha se desconoce su paradero.
1.- La estrategia de Enrique Peña Nieto ha sido siempre que se olviden los hechos, borrar las huellas de estos asesinatos y desapariciones que tienen manchado de sangre a su gobierno y así quedará marcado en la historia pública de nuestro país. Hay que recordar que estos acontecimientos le parecieron poco importantes a Peña Nieto ya que su postura inicial fue que lo atendieran las autoridades locales, pero la fuerte presión nacional e internacional lo obligó a darle la dimensión real, por ello fue que hasta después de varias semanas ordenó que la Procuraduría General de la República atrajera la investigación, de tal manera que fuese una dependencia federal la que se encargara de llevar a cabo las averiguaciones.
2.- Para salir al paso de la exigencia social de presentar con vida a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Peña Nieto ordenó a su procurador de Justicia que cerrara el caso, para ello inventaron una mentira histórica consistente en que los alumnos habían sido quemados en el basurero de la población de Cocula –colindante con Iguala– y que luego las cenizas de sus restos fueron arrojadas al Río San Juan –muy cerca del basurero. Sin embargo, esta mentira fue desmentida por un estudio científico del experto en incendios José Luis Torero quien afirmó que era imposible que en ese basurero hubiese habido un incendio de una magnitud tal como para incinerar a 43 personas, de tal manera que hasta la fecha el gobierno federal no ha podido rebatir este estudio ni ha podido esclarecer donde están los estudiantes desaparecidos.
3.- Ante la desconfianza hacia las instituciones de procuración y administración de justicia que existe por parte de la sociedad mexicana, el gobierno de Peña Nieto tuvo que aceptar la participación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, para que coadyuvara en todo el proceso de investigación, con facultades para solicitar desahogo de diligencias, declaraciones de testigos, aportación de pruebas, consignación de presuntos responsables y emitió un conjunto de recomendaciones, algunas de las cuales no han sido cumplidas a pesar de que son indispensables para saber la verdad de los hechos, como la declaración directa de los miembros del Ejército que conocieron de esos acontecimientos.
4.- Los padres y familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos junto con sus compañeros alumnos, organizaciones civiles, sociales y de protección y defensa de los derechos humanos han dado una lucha heroica para exigir la presentación de sus hijos, sin embargo el desinterés de Peña Nieto para atender este justo reclamo es el mismo desde el inicio, su pretensión sigue siendo darle carpetazo al asunto. En el curso de estos tres años se han acumulado un conjunto de problemas sociales como los gasolinazos, la carestía, la devaluación del peso frente al dólar, la corrupción de funcionarios públicos, el socavón, los huracanes y los sismos que han provocado cientos de muertos y miles de damnificados, todo ello debe ser atendido y resuelto cabalmente por el gobierno, pero la exigencia por el esclarecimiento de los 43 normalistas desaparecidos debe mantenerse vigente hasta que el gobierno cumpla su obligación de dar a conocer en dónde se encuentran los jóvenes estudiantes y aplicar la ley a todos los responsables.

marcialrodriguez60@hotmail.com
Twitter: @marcialRS60

Malditas omisiones

En 1995 se dio la primera alerta sísmica pública en el mundo. Fue en México, donde se iba construyendo un sistema de alertas frente a la naturaleza geológica del territorio mexicano: 50% del país se encuentra en una zona altamente sísmica y de riesgo permanente. México estaba a la vanguardia, con un sistema altamente sofisticado para la época. Hasta hace 10 años tenía 16 estaciones y 97 sensores –60 de ellos financiados por el gobierno de la Ciudad de México–, construidos por mexicanos y ubicados en la costa del Pacífico, que es la región más vulnerable en la cuenca más sísmica del mundo. El sistema medía las ondas sísmicas –la primaria, que viaja a ocho kilómetros por segundo, que es la que detona la alerta; y la secundaria, la parte nociva de un sismo, que viaja a cuatro kilómetros por segundo–, y daba un espacio de 80 segundos para reaccionar y prevenir a la Ciudad de México. Sin embargo, en los sismos de este septiembre el sistema fue totalmente insuficiente.
Una investigación de la edición impresa de Eje Central explica el porqué y cómo, de manera regular, los gobernantes mexicanos soslayaron los efectos destructores de un gran sismo, pese a tener las experiencias de la devastación de los fenómenos de 1957, 1979 y 1985. Los gobiernos fueron reactivos y sólo actuaron después de sustos, como sucedió hace tres lustros con el gobernador de Oaxaca, José Murat, cuando tras los sismos en Tehuantepec y Puerto Escondido, compró 36 sensores. Pero, la marca de los tiempos, no fueron integrados al sistema de alertas, que para entonces, ya no era mejorado ni modernizado, sino sólo mantenido.
El sismo de Haití a principio de 2010, que tuvo una potencia de 7.3 grados en la escala de Richter, con epicentro a escasos 15 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe, que causó la muerte de 316 mil personas, dejó un número similar de heridos y millón y medio de damnificados, causó una destrucción en la infraestructura en la ya de sí empobrecida isla, que todavía hoy no logra superar, que asustó a los asesores del presidente Felipe Calderón quien reinició la inversión en alertas sísmicas y a integrar los esfuerzos con otros estados. Los sensores de Oaxaca fueron incorporados a la red nacional y se financiaron sensores para Colima, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. No obstante, dijeron expertos consultados por Eje Central, no había mucho interés en los gobernantes por invertir en alertas sísmicas.
Cuando inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, recuerdan los expertos, su equipo llegó con ideas innovadoras en esa materia, pero rápidamente cambiaron sus prioridades. La crisis económica derivada de la guerra de los petroprecios que tumbaron en 50% el valor del barril mexicano de petróleo y redujo drásticamente las posibilidades de crecimiento, hizo que la orientación del dinero se fuera a otros campos, y se paró la instalación de alertas sísmicas. La prevención no ha sido una característica del actual gobierno, y la Secretaría de Gobernación, responsable de los asuntos de protección civil, tampoco mostró un acentuado interés en blindar a la mitad del país, vulnerable a la actividad sísmica.
El costo para saldar aquellas omisiones, comparado con lo que significará la reconstrucción de viviendas e infraestructuras afectadas en ocho entidades por los sismos de septiembre, era marginal. Sólo en Chiapas y Tabasco, donde se registró un poderoso sismo el 7 de septiembre, 180 mil casas resultaron afectadas, situación que se agravó con el sismo del sábado pasado –ignorado en la Ciudad de México que atendía las consecuencias de su propio sismo–, que terminó de destruir lo que había dejado dañado, y afectó a comunidades que habían quedado casi intactas dos semanas atrás, como Ixcaltepec, contigua a Juchitán. La estimación preliminar del gobierno federal para la reconstrucción en esas entidades se sitúa en 54 mil millones de pesos, y la normalización de las actividades en muchas zonas del centro y sur del país será a largo plazo.
De acuerdo con el ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, director general del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es una asociación civil, sólo se necesitaría un equipo adicional de 50 sensores en la costa del Pacífico, y sus difusores, con un costo de 800 millones de pesos, más un mantenimiento anual de 180 millones de pesos, para que el centro del país y la Ciudad de México, estuvieran blindados. El sismo del 19 de septiembre seguramente desbloqueará el plan para colocar sensores en Jalisco y Puebla, que están programados, pero aún no hay planes para colocarlos en Tabasco, Veracruz, el altamente sísmico Istmo de Tehuantepec y, sobre todo, en Chiapas, la zona de mayor incidencia telúrica, que además recibe los impactos de los fenómenos en Guatemala.
El sismo del 19 de septiembre fue un fuerte sacudimiento a la negligencia de las autoridades que durante años soslayaron la importancia de tener eficientes mecanismos de prevención. El número de muertos rebasa la cifra de 400 –182 fallecieron en la capital–, y el número de edificios colapsados por la onda sísmica sólo en la Ciudad de México ronda los 40, con mil 500 más aproximadamente que quizás tendrán que demolerse. El saldo es demasiado costoso para un país donde la estrechez de miras de sus gobernantes ha contribuido, probablemente de manera involuntaria, a pagar un precio tan alto, en vidas y materiales. Este sismo es, como sostiene Sergio Alcocer, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles, una fuerte llamada de atención. Las autoridades deben de escuchar.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

Matan en la capital a un dirigente de MC; sería candidato para Ajuchitlán

El dirigente de Movimiento Ciudadano en Ajuchitlán del Progreso, Ángel Vergara Chamú y el dirigente estatal, Luis Walton, en una reunión reciente .Foto: El Sur
El dirigente de Movimiento Ciudadano en Ajuchitlán del Progreso, Ángel Vergara Chamú y el dirigente estatal, Luis Walton, en una reunión reciente .Foto: El Sur

 

Luis Blancas, Rosalba Ramírez e Israel Flores

Chilpancingo y Ciudad Altamirano

El coordinador regional en Tierra Caliente del partido Movimiento Ciudadano, Ángel Vergara Chamú fue ejecutado a balazos adentro de su vehículo en la calle Acotzingo de la colonia San Rafael Norte de Chilpancingo.
El presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto condenó enérgicamente el asesinato, en tribuna en el Congreso local el coordinador de la fracción de ese partido, el diputado Ricardo Mejía Berdeja exigió que se esclarezca el homicidio y su partido informó que se perfilaba como aspirante a ganar en la próxima elección para presidente municipal en Ajuchitlán del Progreso.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que minutos después de las 4 tarde recibieron el reporte de que había una persona herida.
Según testigos hombres armados llegaron a bordo de vehículos a la calle Acotzingo, interceptaron a Vergara Chamú y lo atacaron a balazos.
El cuerpo quedó en el asiento del chofer en su camioneta Jeep Cherokee blanca, tenía impactos de bala en la cabeza y en el lugar había cinco casquillos percutidos calibre 22 milímetros.
A la colonia San Rafael Norte llegaron policías que acordonaron la zona. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Su padre fue asesinado y su hermano y su madre fueron levantados

Ángel Vergara Chamú era coordinador en la región Tierra Caliente del partido Movimiento Ciudadano. Asumió el cargo concluidas las elecciones de 2015 en las que participó como candidato a presidente municipal de Ajuchitlán y quedó como tercera fuerza, a menos de 500 votos del ganador.
A sus 45 años era médico de profesión, apuntaló en Tierra Caliente la candidatura de Luis Walton Aburto a gobernador, era un activista que ya era considerado como candidato a la presidencia municipal en el 2018 mediante el Frente Amplio Democrático que conforman PAN-PRD-MC. Era originario de la cabecera municipal de Ajuchitlán.
Era hermano de Esteban Vergara Chamú, presidente municipal de 2002 a 2005 por el PRD, quien al dejar la presidencia fue detenido un año después acusado de enfrentarse con policías estatales a balazos y portar un arma de grueso calibre. Pasó menos de un año en la cárcel una vez que la defensa comprobó que el arma fue sembrada y la escena del enfrentamiento manipulada.
En 2009 fue asesinado su padre y en 2012 fue levantado Esteban Vergara de quien todavía se desconoce su paradero. En 2015 fue levantada su mamá.
Al menos tres candidatos del Movimiento Ciudadano a diversas alcaldías de Guerrero recibieron amenazas de muerte, dio a conocer el dirigente de esa agrupación partidista Adrián Wences Carrasco en marzo de 2015, durante una reunión con el fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, en ellas incluyó a Ángel Vergara Chamú.
El coordinador de los diputados de MC Ricardo Mejía Berdeja exigió ayer en la tribuna del Congreso local que se esclarezca el asesinato del ex candidato a alcalde de Ajuchitlán del Progreso y coordinador de ese partido en Tierra Caliente.
Mejía Berdeja dijo que MC exige “a la Fiscalía que esclarezca este como todos los homicidios, extorsiones, violaciones que permanecen en la impunidad”.
Lamentó la noticia que recibió durante la sesión de ayer, “hace unos momentos fue asesinado aquí en Chilpancingo, es decir, sigue la violencia, esta ola criminal, nosotros evidentemente no sólo reprobamos y denunciamos estos hechos cobardes y ruines, sino que pedimos todo el peso de la ley y que se esclarezca este homicidio y se castigue a los responsables”.
Mencionó que en el último año han ocurrido asesinatos de alcaldes, ex alcaldes, ex diputados y dirigentes partidistas.
Lamentó también que la “criminalidad en el estado” en lo que va del año “ha cobrado no cuatro, no seis, sino más de mil 500”.
En un comunicado la coordinadora estatal de MC condenó el asesinato de Vergara Chamú y exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación a fondo, “para esclarecer los hechos y castigar a los culpables, como un acto de justicia elemental”.
Menciona que Ángel Vergara fue candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano en el 2015 en Ajuchitlán del Progreso, donde continuó su labor política y se perfilaba como aspirante a ganar en la próxima elección.
“Este asesinato se da en el contexto de violencia que prevalece en el estado, pero cobra mayor relevancia por presentarse en el inicio del proceso electoral de 2018”, indica.
“Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a los familiares de la víctima, a quienes acompañamos en su dolor”, concluye el comunicado.

Marchan en silencio a tres años de la desaparición de los 43

Marchan 700 estudiantes y padres de los 43 en Tixtla a tres años de los ataques de Iguala

Encabeza la protesta silenciosa el padre de uno de los tres estudiantes asesinados, Julio César Ramírez Nava, originario de ese municipio

Como parte de las acciones convocadas por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a tres años de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, unos 700 alumnos de normales rurales del país, integrados a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) marcharon en silencio en Tixtla, sede de la Normal rural Raúl Isidro Burgos.
La caminata en silencio en las calles de la cabecera municipal partió del arco de entrada a la ciudad y culminó en el Ayuntamiento, y estuvo encabezada por el padre del estudiante Julio César Ramírez Nava, originario de Tixtla y asesinado en esa agresión, quien llevaba el retrato de su hijo, y acompañado por madres de normalistas que llevaban retratos de los otros dos jóvenes ejecutados esa noche en Iguala, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes.
A las 7 de la noche, en un acto político, los líderes estudiantiles fijaron una posición pública ante los asesinatos y la desaparición forzada de sus compañeros. Destacaron la participación en la marcha de la Normal Rural del municipio indígena de Cherán, Michoacán, después de dos años de ausencia, dada la propia dinámica de la escuela en lucha por su permanencia.
Uno de los voceros aprovechó para deslindar a la Normal de las quemas de un autobús y una camioneta de la empresa Marinela, atacados en el nuevo libramiento Tixtla-Chilpancingo ayer, ya que comenzaban a circular rumores que responsabilizaban de los hechos a los estudiantes de Ayotzinapa.
Aclaró que, “es difícil llegar a tres años y no mostrar esa fuerza que tenemos de muchas maneras”, pero dijo que en este momento, la FCSUM se encontraban en brigadas en Oaxaca, Morelos y Puebla, para auxiliar a damnificados por los sismos del 19 de septiembre.
Una joven dirigente de la organización estudiantil ratificó la exigencia de que el gobierno explique los hechos de Iguala, “no es la primera vez que desaparece gente. ¿Qué pasa con los que a diario mueren? nos hemos acostumbrado a respuestas vanas, a callarnos con una despensa, nuestros compañeros no tiene ningún precio y exigimos que aparezcan con vida”.
Aseguró que las 17 normales que conforman la FCSUM, “expresamos descontento por el mal gobierno que tenemos. Somos de la gente que sabe de luchas y que no se doblega ante autoridades corruptas y delincuentes”.
Otro joven subrayó que los normalistas rurales son hijos de campesino, y no vándalos como los han estigmatizado, “por luchar por la vida por la dignidad de los sometidos por el gobierno”.
El representante de Cherán afirmó que el de Ayotzinapa es otro crimen de Estado, “son tres años y no nos dan respuesta, no vamos a callarnos, vamos a seguir en lucha. El gobierno sabe la ideología que tenemos y que no nos vamos a callar”.

Marchan padres y organizaciones en Acapulco
y Atoyac por los 43 a tres años de los ataques

Karina Contreras y Víctor Cardona

Acapulco y Atoyac

Padres y alumnos de Ayotzinapa, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), integrantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) marcharon en Acapulco, a tres años de la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para exigir su presentación con vida.
Mientras que en Atoyac unos 300 activistas marcharon  por la principal avenida de la ciudad para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
En Acapulco el contingente de unas 150 personas salió a las 11 de la mañana de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAG al Asta Bandera sobre la avenida Costera, donde hubo un mitin.
Al frente del contingente iban padres de familia así como estudiantes normalistas, quienes llevaban las fotos de los jóvenes desaparecidos en Iguala hace tres años. Al llegar al Asta Bandera los manifestantes ocuparon un carril y los agentes de Tránsito tuvieron que habilitar el otro para doble sentido.
Ahí el señor Epifanio Álvarez, padre del joven desaparecido Jorge Álvarez Nava, agradeció e informó que en distintas partes del estado y el país había actividades para exigir la presentación de los estudiantes.
Subrayó que los padres no van a parar sus movilizaciones, “seguiremos en la lucha porque queremos a nuestros hijos de vuelta, sabemos que el gobierno se los llevó, no nos queda la menor duda de que ellos fueron los que privaron de su libertad a los 43 muchachos. Exigimos que se sigan todas las líneas de investigación que los expertos internacionales dejaron porque no las han seguido, se han hecho sordos, ciegos y nada más dicen estamos trabajando, estamos haciendo y cuando se dan las reuniones en la PGR no tienen nada”.
Dijo que es una vergüenza tener un gobierno que no hace nada, que sólo está en su silla, “no es posible tanta injusticia, tres años de que las compañeras madres bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el frío, con hambre sufriendo y este pinche gobierno no tiene nada, es un coraje, es una impotencia que venga gente de otros países a querer hacer el trabajo que a este gobierno se le paga para que haga”.
“Es un coraje insoportable, es una rabia, es una impotencia, son 43 muchachos y miles de desaparecidos que también tienen una madre que llora, que grita y que los pide. Por eso nosotros hemos estado luchando y exigiendo la presentación o la verdad de esos miles de desaparecidos y de nuestros hijos”, expuso.
Convocó a los ciudadanos a levantar la voz y exigir lo que pertenece al pueblo, “nosotros solamente exigimos la vida de nuestros hijos, que nuestros hijos regresen porque ya sabemos que el gobierno se los llevó, no hay duda, nosotros sí tenemos pruebas”.
El mitin concluyó con el himno Venceremos y los manifestantes se retiraron poco después de la 1 de la tarde, con lo que la vialidad quedó liberada.

La marcha en Atoyac

En Atoyac unos 300 integrantes de organizaciones sociales encabezados por tres padres de familia de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos, marcharon por la principal avenida de esta ciudad para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas.
En la manifestación participaron miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), alumnos y maestros de las escuelas populares de la comunidad de El Quemado y San Juan de las Flores.
El contingente partió del arco de entrada de la ciudad y caminó al Zócalo donde hubo un mitin frente al obelisco a Lucio Cabañas.
Hubo honores a la bandera a cargo de la preparatoria popular de El Quemado, y alumnos de la escuela primaria Juan Escutia de la colonia 18 de Mayo cantaron el Himno a la Alegría.
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Norma Mesino Mesino dijo que Atoyac no podía quedarse pasivo ante este crimen de lesa humanidad, exigió que el gobierno preste atención a las líneas de investigación planteadas por los expertos independientes, como la participación de Ejército, el trasiego de droga de Iguala a Estados Unidos, la intervención de las policías Federal y de Huitzuco y que se investigue la telefonía de los involucrados.

La marcha de las prepas en Acapulco

El Frente Estatal de Preparatorias Populares de Guerrero marchó en la avenida Costera en la zona turística de Acapulco, para exigir a las autoridades la presentación con vida de los 43 normalistas y también sus propias demandas al Ayuntamiento, como es la entrega de becas.
La marcha salió a las 10 de la mañana de la glorieta de La Diana rumbo al Ayuntamiento. El dirigente del frente, Arturo Guerrero Caballero informó que la protesta es para alzar la voz en contra de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que exigían al gobierno federal “cumplir con el compromiso moral y ético de decir a los padres dónde están los normalistas”.
Dijo que la marcha iba llegar al Ayuntamiento porque también tienen demandas pendientes como las becas de los alumnos. También sigue pendiente el compromiso de alumbrado público en las colonias y es necesario por la inseguridad y ejemplificó que en Bocamar no tienen luz en las calles, pero pagan los impuestos por ese servicio.
En la tarde militantes de Morena de Acapulco hicieron una parada cívica en el Zócalo de Acapulco como parte de la 36 Acción Global por Ayotzinapa, a tres años de la desaparición de los 43 normalistas.
Al acto asistieron 12 personas, los oradores demandaron que se investigue al Ejército, la secretaria general del Comité Ejecutivo Municipal de Morena, Rosalinda Gutiérrez Terrones leyó los 43 motivos por los que se debe mantener la exigencia.

Beatriz García

Chilpancingo

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, el Colectivo de Desaparecidos de Chilpancingo y la viuda de Armando Chavarría, Martha Obeso, ofrecieron una misa a tres años de la desaparición de los 43 normalistas y manifestaron que no dejarán su lucha hasta encontrar justicia.
A las 5 de la tarde unas 50 personas se aglutinaron en el antimonumento de los 43 normalistas que está en el monumento a las banderas al sur de la capital, lugar donde se hizo la misa.
En la ceremonia el sacerdote Baltazar Vega oró por los asesinados, desaparecidos y desplazados en el estado y por las familias que han perdido a familiares.
“Por eso Jesús en la eucaristía nos acompaña en este proceso de tres años, un proceso queridos hermanos que nos ha impactado por los desaparecidos que hoy recordamos a 43 pero que en México suman más de 50 mil, los desplazados, pero también por lo que coincide con los signos de los tiempos en este septiembre los temblores y la lluvia, parece que Dios nos manda un mensaje, la naturaleza, pero también la lucha de estos tres años”, manifestó el sacerdote en la homilía.
La representante del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados del Estado de Guerrero y el País, Guadalupe Rodríguez Narciso y ella señaló que  “estamos en la misma exigencia (de los padres de los 43), pidiendo la justicia, exigiendo la verdad… también estamos exigiendo a las autoridades federales, estatales, municipales, que hagan esa investigación, que den con el paradero de los estudiantes, y de los miles y miles de desaparecidos, porque ya no se puede ocultar que son sólo 43, creo que los padres de los estudiantes fueron los que tuvieron  el valor, los que rompieron con el miedo, porque antes ya habían miles y miles de desaparecidos”.
Agregó que están unidos en la lucha, porque todos son hermanos del mismo dolor.
Dijo que si no han encontrado justicia es “por la porquería de sistema”, porque el gobierno y la delincuencia organizada están coludidos.
Al término de la misa, en un mitin, Martha Obeso expresó que la lucha de los padres de los normalistas representa la reserva moral de la sociedad descompuesta, lastimada, atropellada e ignorada por las autoridades, por el presidente y las instituciones que están paralizadas.
Dijo al colectivo de desaparecidos que griten, que su dolor es su dolor, que sus hijos son sus hijos y que no están solos, que desde su propia experiencia con el asesinato de su esposo ha tenido que encontrarse en esta lucha y miles de víctimas en el país. “Me queda muy claro, que él (Armando Chavarría) fue asesinado y que su asesinato permanece en la impunidad, que seguimos luchando para que se haga justicia, no lo hacemos con un espíritu personal, lo hacemos por lo que representa la justicia…”, indicó.

Marchan en la Cdmx en silencio por los 43 y en solidaridad con víctimas del sismo

A tres años de la desaparición de los normalistas, y a petición de sus padres, protestan sin gritar consignas en señal de luto ante el terremoto

 

Tatiana Maillard y Apro

Ciudad de México

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y miembros de la sociedad civil participaron la tarde de este martes en una misa y una caminata silenciosa para conmemorar tres años de la desaparición forzada de los estudiantes.
A petición de los familiares de los estudiantes desaparecidos, la marcha –en la que participaron unos 5 mil inconformes y partió del Ángel de la Independencia para terminar en el anti monumento por la desaparición de los 43, en Paseo de la Reforma– fue silenciosa, en señal de luto ante el terremoto de hace una semana en la Ciudad de México que dejó 194 muertos en la capital.
Al inicio de la actividad, el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra aseguró que, “son una falsedad las afirmaciones de la PGR, en el sentido de que ya se agotó la mayor parte de las líneas de investigación sobre los desaparecidos, ya que en la realidad ninguna hipótesis ha sido agotada”
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, agregó que “lo que ha hecho la PGR es abordar de manera parcial algunos aspectos de la indagatoria”.
El padre de uno de los 43 normalistas explicó que, “hoy, ante la situación que viven las hermanas y hermanos que perdieron un familiar, les dedicamos esta caminata silenciosa. Su dolor es nuestro dolor; y por respeto, no habrá consignas”.
La ceremonia ecuménica fue ofrecida por ministros de iglesias anglicana, luterana y católica, del Colectivo Iglesias por la Paz. Cada uno tomó su turno para dar continuidad a esta misa sui géneris, que duró media hora.
Miguel Ángel Solórzano, pastor de la Iglesia luterana, recordó durante la ceremonia que se cumplió un año más de que las voces claman por justicia, repiten la misma consigna y, además, conservan la esperanza.
Enseguida dio lectura al Evangelio de Lucas, a la parábola de un hombre que durante tres años va a buscar higos a su terreno, pero no los encuentra, por lo que ordena al viñador cortar la higuera. El viñador responde que un año más aflojará la tierra y echará abono, para ver si al siguiente año al fin da fruto.
Al terminar la lectura, el sacerdote solicitó a los asistentes “aflojar la tierra, seguir trabajando, hasta ver los frutos”.
Por su parte, el cura anglicano Arturo Carrasco declaró que no basta solidarizarse con los padres de los desaparecidos y acompañarlos. “Decir que uno se solidariza o que acompaña, es asumir que el problema no es propio, sino de otros. Y no. Nosotros también somos parte del problema, y nosotros también padecemos las consecuencias”, indicó.
En la ceremonia también se dijo que en tres años las desapariciones en el país se han acumulado hasta alcanzar un número superior a las 30 mil. Sin hacer una mención específica, se condenó a los gobiernos estatales que se apropiaron de la ayuda humanitaria después de los sismos: “¡Dejen de robar el acopio!”, se exigió.
Alrededor de 5:45 de la tarde se inició la marcha silenciosa –no tan numerosa como en pasadas ocasiones–, hacia el anti monumento por la desaparición de los 43, en el cruce de Reforma y Bucareli. Aunque hubo algunas consignas, la mayoría de los asistentes las acallaron alzando un puño en alto, en señal de silencio.
Ya en el anti monumento, los familiares anunciaron que, en respaldo a las víctimas del sismo, pospondrán las acciones globales de protesta por los mil 95 días de la desaparición de los normalistas. Mario César González, padre de César Manuel González, agradeció la solidaridad de los capitalinos. “¿Y cómo no solidarizarnos con nuestras hermanas y hermanos en desgracia? Ese sentimiento de buscar y no encontrar a sus familiares lo conocemos nosotros, los padres de los 43. ¿Cómo no solidarizarnos con ustedes, cuando después del temblor murieron y quedaron atrapadas personas que también nos acompañaron?”, preguntó.

Frena el PRI en el Congreso exhorto a la PGR para que investigue las cuatro líneas del GIEI

La desaparición forzada fue culpa de las víctimas por “andar deambulando en Iguala”, dice la priista Pilar Vadillo. La noche del 26 de septiembre será recordada por “la brutalidad de las policías en complicidad con el crimen organizado”, y la indolencia o premeditada complicidad de la PF y el Ejército, reprocha el perredista Perfecto Rosas. La propuesta de Ricardo Mejía de MC fue enviada a comisiones con el voto en contra también del PVEM

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Las bancadas del PRI y del PVEM frenaron dos exhortos, uno a la Procuraduría General de la República (PGR) para que profundice en las cuatro líneas de investigación por los ataques a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, y otro para que se investigue el ataque a balazos de policías estatales contra normalistas el 13 de septiembre.
En las dos sesiones de ayer en el Congreso local se habló de las agresiones contra los normalistas, el diputado perredista Perfecto Rosas Martínez exigió la presentación con vida de los jóvenes, mientras que la priista Pilar Vadillo Ruiz sugirió que lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 fue responsabilidad de los normalistas por “andar deambulando en Iguala”.
Ayer el Congreso local estuvo resguardado por unos 40 policías antimotines, ya que los diputados esperaban alguna protesta de familiares de los normalistas porque se cumplieron tres años de los ataques, pero la jornada transcurrió sin ningún incidente.
En tribuna el diputado perredista Perfecto Rosas reprochó que a tres años de la agresión en Iguala continúe la impunidad en el caso, lo que dijo son también “tres años de vergüenza”.
Agregó que la noche del 26 de septiembre será recordada por “la brutalidad de las policías para detener a los jóvenes normalistas, brutalidad policiaca que como se expresa en las indagatorias, en complicidad con el crimen organizado, dio paso a la ejecución, al asesinato y la desaparición forzada, y que presumiblemente con toda indolencia o premeditada complicidad, la Policía Federal y el Ejército dejaron pasar, dejaron hacer”.
Consideró que no se trató de un acto de abuso de autoridad o excesivo uso de la fuerza pública, si no de persecución, de ejecuciones y desapariciones hechas “por la autoridad”.
Lo que se pretendía en ese ataque, dijo, fue aniquilar porque no se trató de un hecho de violencia común.
La policía actuó al margen de la legalidad para aniquilar a un grupo de estudiantes normalistas “cargados de esperanzas en sus proyectos de vida”.
Lo más indignante e inconcebible fue que “las autoridades involucradas actuaron supeditadas a las órdenes del crimen organizado”, porque los policías entregaron los normalistas a “narcotraficantes, según las investigaciones”.
El perredista consideró que las autoridades no han querido dar una respuesta real, objetiva, que conduzca al esclarecimiento de los hechos, “a la verdad y a la justicia”.
Contrario al esclarecimiento dijo que se construyó una estrategia de tortura y operación mediática para la fabricación de culpables, la manipulación de evidencia y el ocultamiento de pruebas a cargo de Tomás Zerón de Lucio como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con la finalidad de proteger a la Policía Federal y al Ejército.
En tribuna consideró que los resultados de los acontecimientos, “ha sido brutal: hemos caído en una gravísima crisis humanitaria que, incluso, nos ha llevado al más vergonzoso señalamiento y crítica internacional”.
Llamó a los diputados a dejar la “inacción institucional” y recordó que son un poder que debería asumir el dolor de las víctimas.
Convocó a que como poder Legislativo se dirija ante la Procuraduría General de la República (PGR), ante la propia presidencia de la República y pronunciarse “enérgicamente por la búsqueda de la verdad y la impartición de justicia respecto a los asesinatos y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, caiga quien caiga”.
Llamó a aprobar apoyar a la Comisión Especial para el seguimiento de las investigaciones para que se posicione con mayor contundencia en el desempeño de sus atribuciones y cumplimiento de sus objetivos, y que se les ofrezca el respaldo y las facilidades que sean necesarias.
El diputado terminó su intervención “si alguien cree que tres años son suficientes para olvidar, si le apuestan al olvido de una vez lo digo: no nos vencerán, ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

De Ayotzinapa “se hablan las verdades a medias y se convierten en mentiras completas”: PRI

La exigencia de presentación con vida de Rosas Martínez provocó la molestia de la priista Pilar Vadillo Ruiz, quien dijo que “ni uno más, y la frase de vivos se los llevaron y vivos los queremos parece una frase de guerra, sentida”.
Afirmó que de Ayotzinapa “se hablan las verdades a medias y se convierten en mentiras completas”.
Responsabilizó de la agresión, detención y desaparición precisamente a las víctimas, “el delito se construye desde que salen de su centro educativo, los jóvenes no tenían entonces que andar deambulando por Iguala”.
Cuestionó que no se haya responsabilizado al director de la Normal Rural, y festejó que haya mas de 130 detenidos por los hechos.
Dijo que lo ocurrido no es responsabilidad del gobierno federal (a pesar de la intervención del Ejército), pero sí, de los gobiernos perredistas estatal y municipal de Ángel Aguirre Rivero y José Luis Abarca, quienes debieron actuar desde las primeras horas de cometido el delito.
Pidió que “le muevan por otro lado” y que el tema de la desaparición de los estudiantes no se vuelva un “tema repetitivo”.
La priista dijo también en tribuna que es “doloroso que los jóvenes desaparezcan”, pero “es mucho más doloroso que a nombre de estos jóvenes se incurra en actos vandálicos, todavía se ignore el sentimiento de la familia y todavía estemos buscando exactamente a un culpable cuando aquí todo mundo ha especulado, fue un acto consumado por la delincuencia organizada”.
Reclamó que los familiares de los normalistas y organizaciones sociales no acudan a apedrear las casas de los integrantes de los grupos criminales.
“No veo yo a un grupo social importante yendo a apedrear la propiedad de quienes son hasta ahora los presuntos responsables, ¡ahí no!, mejor las autopistas o las carreteras, mejor ponerle etiqueta a un gobierno”.

El gobierno federal quiere que ,os padres dejen de buscar a sus hijos, dice el MC

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja dijo los hechos ocurridos en Iguala, “cambiaron la historia del país porque la colusión entre delincuentes y fuerzas policiacas y autoridades generó una masiva desaparición forzada”.
Afirmó que el gobierno federal busca que los padres de los 43 estudiantes ya no sigan luchando por conocer la verdad de lo que ocurrió con los estudiantes.
Llamó a que se deseche y se deje de insistir en “la verdad histórica”, la versión oficial que dice que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Llamo al procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade, a que profundice en las cuatro líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): la participación del Ejército, el traslado de un grupo de normalistas a Huitzuco por policías municipales, la telefonía celular tras la desaparición y el trasiego de droga de Iguala a Chicago.
“Que se lleve a cabo una investigación total de todos los elemento del Estado mexicano como federales, estatales y municipales quienes pudieran tener una intervención por acción u omisión, que no haya intocables”, pidió en tribuna Mejía Berdeja.
La propuesta del también presidente de la Comisión especial fue votada a favor por MC, Morena y PRD y en contra por el PRI y el PVEM para evitar que pasara de urgente y obvia resolución, por lo que fue enviada a comisiones.

También frenan el exhorto para esclarecer el ataque del 13 de septiembre en la carretera de Chilpancingo a Tixtla

En otro momento pero también referente a las agresiones contra los normalistas de Ayotzinapa, las fracciones parlamentarias del PRI y PVEM frenaron una iniciativa de Morena que proponía exhortar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a investigar la agresión a balazos que sufrieron estudiantes el 13 de septiembre, por policías estatales.
A pesar de que la propuesta de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez fue respaldada por el PRD y MC, fue votada en contra por el PRI y el PVEM.
La diputada de Morena reprochó la “permanente criminalización en contra de los normalistas”, lo que afirmó, quedó en evidencia el 13 de septiembre cuando policías estatales persiguieron un autobús en el viajaban,  sobre el nuevo libramiento a Tixtla, hecho en el que los uniformados dispararon contra la unidad.
“No hay para cuándo cesen en Guerrero los actos de persecución y de criminalización de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, lo que ya se volvió costumbre para este gobierno, exhibiendo su intolerancia hacia los jóvenes y nuestros futuros maestros”.
Propuso exhortar al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Pedro Almazán Cervantes, a que “pongan toda la voluntad política y administrativa” para el esclarecimiento de los hechos y pongan a disposición de la FGE documentos, pruebas, testimonios y peritajes que ayuden a deslindar responsabilidades, pero la propuesta fue frenada por el PRI y el PVEM y turnada a las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad Pública.

Cuatro muertos en ataques por una marcha en Zumpango

Un policía comunitario vigila la marcha de pobladores de nueve comunidades en Zumpango, que exigieron seguridad . Foto: Lenin Ocampo Torres
Un policía comunitario vigila la marcha de pobladores de nueve comunidades en Zumpango, que exigieron seguridad . Foto: Lenin Ocampo Torres

Cuatro muertos y dos vehículos quemados en ataques alrededor de una marcha en Zumpango

Unos 2 mil pobladores de nueve comunidades de Eduardo Neri acompañados por civiles armados marcharon en la cabecera municipal para demandar seguridad y la instalación de la policía comunitaria. Presuntamente un grupo rival emboscó a miembros de esta movilización y causó los muertos y dos heridos, e hirió a un automovilista en la carretera federal. También quemó un autobús de pasajeros y una camioneta de Marinela en el libramiento a Tixtla. Líderes de los manifestantes denuncian que el Ejército y las policías retiraron ayer los retenes y patrullajes para permitir los ataques. En la región hay una disputa entre el Cártel del Sur y el grupo del crimen organizado de El Teniente

Una marcha de casi 2 mil pobladores de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri, que exigieron seguridad y la instalación de la Policía Comunitaria en Zumpango del Río, desencadenó distintos hechos de violencia con resultados de al menos cuatro muertos, dos heridos, un autobús de transporte público y una camioneta distribuidora de productos de una empresa privada incendiados.
Mientras tanto, el gobierno estatal por medio del vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga algunos de estos hechos, pero en el comunicado no confirmó el asesinato de cuatro personas.
La movilización y los posteriores episodios violentos ocurrieron en una zona que hasta antes del mediodía estaba sitiada por militares, policías federales y estatales, pero que después del mediodía, inexplicablemente, levantaron los retenes y suspendieron los patrullajes dejando la zona al libre albedrío de quienes se manifestaron violentamente.
Las acciones violentas se dieron en un contexto previo de acusaciones en las redes sociales entre los grupos criminales que se disputan la zona. Por un lado el Cártel del Sur y Los Ardillos, con el respaldo de los civiles armados de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Por el otro, los grupos armados que encabezan Juan Castillo Gómez, El Teniente, aliado, según pobladores de la sierra, de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero y con el respaldo de la autodenominada Policía Comunitaria de Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo y de nueve pueblos de Eduardo Neri.
Estos nueve pueblos son los que se manifestaron ayer en Zumpango, la cabecera municipal de Eduardo Neri, para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno el cese de la violencia en sus pueblos y en la cabecera municipal. Después se desencadenó la violencia.
Los habitantes que se manifestaron son de Mezcala, Carrizalillo, Tenantiltlan, Amatitlán, Tepehuaje, San Miguel Vista Hermosa, Puente Sur Balsas, Mazapa y Plan de Libres.
Los pobladores se concentraron desde las 9 de la mañana en Mezcala, resguardados por civiles armados autodenominados “policías comunitarios”. Posteriormente partieron en una caravana de unos 80 vehículos, entre Urvan del servicio de transporte público, camiones de la minera Leagold (antes Gold Corp), y autos particulares rumbo a Zumpango. Encabezaban el convoy camionetas con civiles armados y encapuchados.
Cuando se organizaba la caravana a la salida de Mezcala pasó por la carretera federal un convoy de elementos de la Policía Militar de unos cinco camiones y vehículos en los que circulaban de Iguala a Chilpancingo aproximadamente 50 elementos, sin que se detuvieran a indagar lo que ocurría a pesar de que vieron la presencia de civiles armados.
La caravana de vehículos de los habitantes de los nueve pueblos y civiles armados avanzó atrás del convoy de la Policía Militar, después pasó sin incidentes por el retén de militares y policías federales y estatales que estaban en Casa Verde, en la desviación hacia Filo de Caballos y Tlacotepec. También cruzó sin problemas por el retén de militares y policías estatales ubicado en la entrada de Zumpango.
En la cabecera municipal se concentraron unas 2 mil personas que marcharon por varias calles gritando consignas como: “¡queremos la paz!” y “comunidades unidas, jamás serán vencidas”.
Los marchistas mostraban pancartas con leyendas como: “Paz y seguridad”, “queremos paz y bienestar para todas las comunidades” y “marcha por la paz”.
Adelante, caminaron resguardando a los marchistas que abarrotaron las calles, los civiles encapuchados y armados, otros se colocaron en las bocacalles de la carretera federal que pasa a la orilla del pueblo, y algunos más resguardaron desde las entradas y salidas la cabecera municipal.
En el transcurso de la marcha, el comisario municipal de Mezcala, Víctor Ventura, declaró que el motivo de la marcha era exigir seguridad para los pobladores de los nueve pueblos porque cuando vienen a la cabecera municipal son asaltados y robados, “y ya no queremos que pase eso”, dijo.
“Esta es una marcha por la paz y lo que queremos es la seguridad de todos los pueblos y principalmente en Zumpango en donde nuestra gente es asaltada y robada. “Zumpango es un pueblo de violencia, por eso los comisarios de la zona nos hemos puesto de acuerdo para venir a manifestarnos por la paz”, dijo.
Los marchistas caminaron por varias calles, pasaron por el antiguo Palacio Municipal que fue desalojado y cerró sus puertas. Después los marchistas se trasladaron al nuevo edificio ubicado en la colonia Los Arcos en la periferia de la población pero también estuvo cerrado. Los manifestantes se quedaron en plantón hasta que casi a la una y media llegó el alcalde perredista, Pablo Higuera Fuentes, quien entró al edificio para reunirse con una comisión de comisarios.
En la reunión que fue a puerta cerrada, los comisarios denunciaron los actos de violencia que sufren los habitantes de las comunidades cuando vienen a la cabecera municipal y pidieron que autorizara módulos de la Policía Comunitaria, porque señalaron que la Policía Municipal no es garantía y que, por el contrario, sospechan que es cómplice de los delincuentes”, dijo uno de los comisarios que entraron.

El incendio del autobús

Cando en la reunión todavía no había acuerdos, llegó la noticia a los comisarios, y los rumores a los marchistas que permanecían afuera del Palacio Municipal, de que civiles armados habían incendiado un autobús de pasajeros en el libramiento de cuota Chilpancingo-Tixtla. El incendio ocurrió a 5 kilómetros de Tierras Prietas, rumbo a Tixtla.
Alejandro, el chofer del autobús, declaró que civiles armados a bordo de una camioneta le cerraron el paso, lo encañonaron, lo despojaron de sus pertenencias de valor e hicieron lo mismo con los 40 pasajeros que llevaba. En seguida rociaron de gasolina el autobús y le prendieron fuego.
El chofer informó que el autobús que conduce es de turismo pero que ayer transportaba pasajeros de Chilapa a Chilpancingo.
Minutos más tarde, una camioneta de la empresa distribuidora Marinela fue también incendiada en el antiguo libramiento a Tixtla, a la salida de Chilpancingo, en la entrada a la colona México.
Antes, los mismos hombres armados habían sometido al conductor de una camioneta de la empresa Transportes Rivera, a quien encañonaron y lo despojaron de sus pertenencias pero dejaron intacto el vehículo. Los civiles armados regresaron rumbo a Tierra Prietas.
Casi simultáneamente, hombres armados que se encontraban apostados a un costado de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, en la entrada de Zumpango, en el punto donde en la mañana estaba instalado el retén de militares y policías federales y estatales, dispararon a un convoy de camionetas de los marchistas que regresaban a Mezcala.
En se lugar resultaron heridos el ex comisariado ejidal de Carrizalillo, Roberto Guzmán Montiel y el ciudadano Oscar Marcial. El primero fue trasladado para su atención médica al hospital Raymundo Abarca Alarcón y el segundo a Mezcala.
A esa misma hora, cuando los comisarios todavía estaban reunidos con el presidente municipal Higuera Fuentes, cuatro campesinos de Carrizalillo fueron emboscados y asesinados en un paraje entre la comunidad de Amatitlán y Carrizalillo.
Uno de los muertos es el promotor de la autodenominada policía comunitaria y ganadera de Morelos pero avecindado en Carrizalillo, Clemente Flores. De los otros tres se desconocían sus nombres hasta entrada la noche.
El ex comisario municipal de Carrizalillo y promotor de la autodenominada policía comunitaria, Nelson Figueroa, denunció que todos estos hechos fueron parte de una emboscada que se tendió a los pobladores de las nueve localidades de Eduardo Neri que se manifestaron en contra de la violencia y para exigir seguridad en la zona.
También denunció que elementos del Ejército, Policía Federal y Estatal, evidenciaron su complicidad con los grupos armados que perpetraron los ataques indiscriminadamente, al abandonar la zona para que los agresores actuaran libremente.
Otro de los manifestantes, Osiel Nájera, denunció que desde que la caravana de los nueve pueblos entró a Zumpango del Río, los retenes que estaban en Casa Verde y en la entrada de la cabecera municipal se retiraron, asimismo, dijo que se suspendieron los patrullajes de militares y policías que se habían mantenido por la mañana, para dejar en libertad a los grupos del crimen organizado.
Denunció que desde Zumpango hasta Casa Verde, donde está el entronque para las comunidades de la sierra, se apostaron en las orillas de la carretera francotiradores que disparaban a diestra y siniestra a los automovilistas que les parecían sospechosos.
Uno de estos automovilistas fue el que conducía un vehículo blanco Ford Fusion, placas HAZ-727-A del Distrito Federal que recibió dos impactos de bala en las ventanillas del lado del conductor; en este vehículo resultó lesionada una persona pero no se conoció su identidad.
Mientras se cometieron los ataques en los distintos puntos, el temor y la angustia se apoderó de los marchistas que esperaban en Zumpango a que terminara la reunión y despavoridos en distintas direcciones comenzaron a correr en busca de los vehículos en los que llegaron para salir de la cabecera municipal rumbo a sus comunidades.
Al salir del pueblo se enteraron de la presencia de francotiradores en las orillas de la carretera e instalaron un bloqueo a la carretera federal, en el sitio donde por la mañana estaba el retén de militares, policías federales y estatales. Allí demandaron el resguardo de militares y policías federales y estatales para poder llegar a sus comunidades, ubicadas delante del punto conocido como Casa Verde, una zona controlada por el grupo criminal Cártel del Sur.
Por la noche, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que la FGE investiga el asalto al camión que, informó, transportaba jornaleros migrantes y el incendio de una camioneta “por sujetos desconocidos fuertemente armados”.
Agregó que la Policía del Estado implementó “inmediatamente” un operativo de búsqueda y localización de los responsables de los hechos y dar seguridad a la zona. Dijo que aproximadamente a las 13:30 horas de este martes, a través del 911, la Policía del Estado recibió el reporte de que en el libramiento a Tixtla, muy cerca de Matlalapa, estaba un autobús de pasajeros que se estaba incendiando y obstruía el paso de vehículos;  de inmediato elementos de la Policía Estatal y bomberos acudieron al lugar, así como personal de la Fiscalía.
Agregó que en el lugar de los hechos, el conductor de la unidad que transportaba a 40 jornaleros agrícolas, quien se identificó como Alejandro “N”, explicó que minutos antes tres sujetos que viajaban a bordo de una camioneta blanca y que portaban armas de grueso calibre, lo habían interceptado y obligado a detener la marcha en ese lugar. Dijo que los sujetos armados obligaron a todos los pasajeros del autobús a bajar y después de robarles todas sus pertenencias, incendiaron el camión y enseguida huyeron. Álvarez Heredia añadió que una hora más tarde, en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, la Policía del Estado recibió otro reporte sobre el incendio de una camioneta con caja placas HE -24-282, propiedad de una empresa privada, que obstruía el tráfico en un carril a la altura del kilómetro 3 más 400, muy cerca de la colonia Lomas de Ocotepec. “En este caso, el chofer de esa unidad, quien fue encontrado cerca del sitio, explicó que sujetos armados lo habían interceptado y bajado de la unidad, y tras quitarle su cartera y celular, le habían prendido fuego a la camioneta repartidora”.
Álvarez Heredia también informó de un tercer hecho ocurrido en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, a las 14:30 horas, cuando elementos de la Policía del Estado que se encuentran en un puesto de control ubicado cerca de Zumpango del Río, fueron informados de que en el kilómetro 27 más 500 de esa vía un hombre que viajaba en un auto había sido atacado a balazos por desconocidos.
El portavoz explicó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron de inmediato al lugar y se encontraron un automóvil Ford, tipo Fusión, blanco, con impactos de bala en el parabrisas, ventanas y partes de la carrocería, y a un costado estaba tirado con varias heridas el conductor del mismo, quien fue trasladado al hospital general de Chilpancingo por personal de Protección Civil. El vocero añadió que la víctima, quien se identificó como Roberto “N”, declaró a los uniformados que lo auxiliaron que iba conduciendo su auto y de pronto sujetos desconocidos comenzaron a dispararle sin motivo alguno desde los cerros.
El funcionario no confirmó el asesinato de cuatro pobladores de Carrizalillo, ni los dos heridos en el ataque a la salida de Zumpango.

 

Asesinan a balazos a un hombre en el patio de una casa a las afueras de Arcelia

Por la mañana de este martes un hombre en Arcelia fue asesinado a balazos en la colonia Invisur en el patio de una casa.
Los hechos fueron reportados a las 9 de la mañana en una casa a las afueras de la cabecera municipal.
Según el reporte nadie se había dado cuenta del cuerpo y hasta que algunos vecinos lo vieron de lejos.
Agentes policiacos y del Ministerio Público (MP) confirmaron que era un hombre de aproximadamente 45 años y que según las primeras indagatorias habría sido asesinado a balazos.
Al lado del cuerpo había una silla, como si el hombre hubiera estado sentado en el momento que le dispararon. Nadie de los vecinos reportó los disparos y se desconoce el motivo del homicidio.
El cuerpo fue trasladado al MP y más tarde entregado a los familiares quienes llegaron de manera inmediata.
El MP abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio en contra de quien resulte responsable. (Israel Flores/ Arcelia).

Ejecutan a dos hombres que iban en un Tsuru blanco en Cuajinicuilapa; eran de Igualapa
Hombres armados atacaron un automóvil en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en la comunidad de Barajillas, Cuajinicuilapa, ahí fueron ejecutados dos hombres que iban en dicho vehículo.
El hecho se registró alrededor de las 11 de la mañana  de ayer cuando las dos víctimas que viajaban en un automóvil Nissan Tsuru blanco fueron atacadas a balazos. El carro se salió de la carretera.
El conductor y el acompañante quedaron adentro del auto. Los familiares informaron que ambos son originarios de Igualapa y los identificaron como Agustín  de 35 años y Macrino de 33 años.
Luego de que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y  agentes del Ministerio Público (MP) hicieran las diligencias los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco. (Jacob Morales Antonio).

 

Ejecutan en Chilpancingo a un coordinador de MC; sería candidato a la alcaldía de Ajuchitlán

El coordinador regional en Tierra Caliente del partido Movimiento Ciudadano, Ángel Vergara Chamú fue ejecutado a balazos adentro de su vehículo en la calle Acotzingo de la colonia San Rafael Norte de Chilpancingo.
El presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto condenó enérgicamente el asesinato, en tribuna en el Congreso local el coordinador de la fracción de ese partido, el diputado Ricardo Mejía Berdeja exigió que se esclarezca el homicidio y su partido informó que se perfilaba como aspirante a ganar en la próxima elección para presidente municipal en Ajuchitlán del Progreso.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que minutos después de las 4 tarde recibieron el reporte de que había una persona herida.
Según testigos hombres armados llegaron a bordo de vehículos a la calle Acotzingo, interceptaron a Vergara Chamú y lo atacaron a balazos.
El cuerpo quedó en el asiento del chofer en su camioneta Jeep Cherokee blanca, tenía impactos de bala en la cabeza y en el lugar había cinco casquillos percutidos calibre 22 milímetros.
A la colonia San Rafael Norte llegaron policías que acordonaron la zona. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Su padre fue asesinado y su hermano y su madre fueron levantados

Ángel Vergara Chamú era coordinador en la región Tierra Caliente del partido Movimiento Ciudadano. Asumió el cargo concluidas las elecciones de 2015 en las que participó como candidato a presidente municipal de Ajuchitlán y quedó como tercera fuerza, a menos de 500 votos del ganador.
A sus 45 años era médico de profesión, apuntaló en Tierra Caliente la candidatura de Luis Walton Aburto a gobernador, era un activista que ya era considerado como candidato a la presidencia municipal en el 2018 mediante el Frente Amplio Democrático que conforman PAN-PRD-MC. Era originario de la cabecera municipal de Ajuchitlán.
Era hermano de Esteban Vergara Chamú, presidente municipal de 2002 a 2005 por el PRD, quien al dejar la presidencia fue detenido un año después acusado de enfrentarse con policías estatales a balazos y portar un arma de grueso calibre. Pasó menos de un año en la cárcel una vez que la defensa comprobó que el arma fue sembrada y la escena del enfrentamiento manipulada.
En 2009 fue asesinado su padre y en 2012 fue levantado Esteban Vergara de quien todavía se desconoce su paradero. En 2015 fue levantada su mamá.
Al menos tres candidatos del Movimiento Ciudadano a diversas alcaldías de Guerrero recibieron amenazas de muerte, dio a conocer el dirigente de esa agrupación partidista Adrián Wences Carrasco en marzo de 2015, durante una reunión con el fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, en ellas incluyó a Ángel Vergara Chamú.
El coordinador de los diputados de MC Ricardo Mejía Berdeja exigió ayer en la tribuna del Congreso local que se esclarezca el asesinato del ex candidato a alcalde de Ajuchitlán del Progreso y coordinador de ese partido en Tierra Caliente.
Mejía Berdeja dijo que MC exige “a la Fiscalía que esclarezca este como todos los homicidios, extorsiones, violaciones que permanecen en la impunidad”.
Lamentó la noticia que recibió durante la sesión de ayer, “hace unos momentos fue asesinado aquí en Chilpancingo, es decir, sigue la violencia, esta ola criminal, nosotros evidentemente no sólo reprobamos y denunciamos estos hechos cobardes y ruines, sino que pedimos todo el peso de la ley y que se esclarezca este homicidio y se castigue a los responsables”.
Mencionó que en el último año han ocurrido asesinatos de alcaldes, ex alcaldes, ex diputados y dirigentes partidistas.
Lamentó también que la “criminalidad en el estado” en lo que va del año “ha cobrado no cuatro, no seis, sino más de mil 500”.
En un comunicado la coordinadora estatal de MC condenó el asesinato de Vergara Chamú y exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación a fondo, “para esclarecer los hechos y castigar a los culpables, como un acto de justicia elemental”.
Menciona que Ángel Vergara fue candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano en el 2015 en Ajuchitlán del Progreso, donde continuó su labor política y se perfilaba como aspirante a ganar en la próxima elección.
“Este asesinato se da en el contexto de violencia que prevalece en el estado, pero cobra mayor relevancia por presentarse en el inicio del proceso electoral de 2018”, indica.
“Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a los familiares de la víctima, a quienes acompañamos en su dolor”, concluye el comunicado.

Descuentos de la CFE, en la autopista y apoyo federal para damnificados, proponen diputados

En las dos sesiones del primer periodo ordinario del tercer año legislativo y tras una semana sin actividades, los diputados hicieron diferentes propuestas, exhortos y llamados para que el gobierno federal atienda las afectaciones por el huracán Max y el sismo del 19 de septiembre, que provocaron daños graves en el estado.
Se exhortó al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, a que valore la viabilidad de emitir la declaratoria de desastre natural en diversas zonas afectadas por el paso del huracán Max y por los sismos, para que se disponga de los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).
La mayoría de los exhortos e intervenciones de los diputados fueron referentes a los daños provocados del huracán Max y los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Llamaron al gobierno federal a que determinen la situación real de los edificios que conforman la Unidad Habitacional Infonavit de Taxco, y agilicen las gestiones que permitan a las familias tener acceso a un lugar seguro, ya que fueron evacuadas alrededor de 240 de 24 edificios.
Se aprobó el punto de acuerdo del diputado priista Héctor Vicario Castrejón por el que se exhorta la Segob, a la que pidieron que “gire instrucciones para que la Dirección General para la Gestión de Riesgo autorice y fluya los recursos financieros para atender la emergencia derivada del sismo del 19 de septiembre, principalmente en los municipios de Atenango, Huitzuco, Tepecoacuilco, Buena Vista, Copalillo, Iguala, Taxco y Tetipac”.
El diputado de Costa Chica Ociel Hugar García Trujillo propuso exhortar al Ejecutivo estatal que instruya a los secretarios de Protección Civil y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que determinen la viabilidad de ocupar los locales nuevos del mercado de Ayutla, debido a que el inmueble presenta fallas en su estructura física y “representa un alto riesgo para los transeúntes y locatarios”.
Mientras que la perredista Eloísa Hernández Valle planteó exhortar al Ejecutivo estatal que instruya a la Secretaría de Protección Civil que, en coordinación con la de Educación, soliciten el apoyo de colegios, asociaciones y organizaciones de arquitectos e ingenieros y realicen revisiones minuciosas en los planteles educativos.
En nombre de la fracción perredista la coordinadora Érika Alcaraz Sosa exhortó al gobernador  que solicite a la Segob la declaratoria de desastre en los municipios afectados, para que instruya al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que establezca un programa emergente de apoyo a damnificados, que integre la condonación del último pago del periodo y se otorgue un descuento del 50 por ciento a las familias afectadas.
También pidieron que instruya al Fondo Nacional de Infraestructura y Caminos y Puentes Federales un descuento permanente del 50 por ciento sobre las tarifas de la Autopista México-Acapulco, “como forma de apoyo y solidaridad a las comunidades y ciudadanos afectados.
En tribuna el diputado priista Eusebio González Rodríguez se pronunció porque en el próximo ejercicio presupuestal se incluyan las obras, programas o acciones necesarias para enfrentar el problema a corto, mediano y largo plazo.
En la sesión los diputados hablaron de la propuesta de eliminar las prerrogativas a los partidos políticos, y que de manera inmediata esos recursos sean destinados para los afectados por el sismo del 19 de septiembre.
En ese sentido intervino el diputado perredista Ernesto Fidel González Pérez quien pidió una minuciosa revisión del sistema electoral, que incluya la disminución permanente de prerrogativas de campaña de los partidos políticos, mientras que Samuel Reséndiz anunció una iniciativa para eliminar el financiamiento público a partidos y la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez recordó que fue su partido inició la propuesta nacional.

Otras propuestas

El diputado priista Cuauhtémoc Salgado Romero propuso crear una dirección de Atención a las Personas con Discapacidad en cada uno de los ayuntamientos, para que les brinde apoyo para resolver sus necesidades inmediatas, por lo que propuso adicionar la Ley Orgánica del Municipio Libre, la propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.

El diputado perredista Raymundo García Gutiérrez presentó una iniciativa de Ley para la Donación Altruista de Alimentos del Estado, y la diputada Eloísa Hernández Valle propuso una Ley de Becas para Estudiantes de Nivel Medio Superior, el diputado Fredy García Guevara propuso reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Raymundo García Gutiérrez por el que se exhorta al gobernador Héctor Astudillo Flores para que instruya al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos que busque los mecanismos y agilice la concertación “de un convenio con su homólogo del estado de Morelos, para que niños y adolescentes guerrerenses sean referenciados para su atención especializada en el Hospital del Niño Morelense”.

A comisiones, propuesta de una mesa de diálogo con las empresas mineras

También se presentó una propuesta del diputado Silvano Blanco que consistía en un exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que instale una mesa trabajo con las compañías mineras que operan en el estado “con el objeto de promover el desarrollo, implementación y armonización de prácticas ambientales adecuadas y políticas y prácticas de salud que aseguren la producción, uso y reciclaje y disposición de metales para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, impulsando un sentido de responsabilidad de todos aquellos involucrados en la industria minera”.
Pero también para implementar “esquemas de respaldos solidario” entre las “instituciones del estado y las compañías mineras” para implementar proyectos productivos que “detonen” el desarrollo regional de las zonas cercanas a las minas, y la propuesta fue enviada a comisiones.