Los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace 20 meses en Iguala pidieron a los gobiernos de diferentes países abordar en sus diálogos bilaterales con México el problema de derechos humanos, y en particular el caso Ayotzinapa.
Divididos en diversos grupos, los familiares acompañados de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), visitaron las embajadas de Alemania, Rumania, Cuba, El Salvador y España, en la zona de Polanco.
También acudieron a las representaciones de Irlanda, Israel, Ucrania y Portugal, en las Lomas de Chapultepec.
Sólo en las sedes diplomáticas de El Salvador y España les abrieron las puertas, en las demás fueron recibidos en las rejas por funcionarios que les acusaron de recibido.
El documento de cinco páginas, entregado en cada representación es un resumen del caso Ayotzinapa, en el que los padres plantean la importancia que tuvo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para desdecir la llamada “verdad histórica”.
“Por las razones apuntadas, (solicitamos) incluya en la agenda y diálogo bilateral con México el tema de derechos humanos y particularmente la desaparición de los 43 normalistas Ayotzinapa y los más de 26 mil desaparecidos en México”, se pide en el documento.
Los padres y quienes los acompañan regresaron al metro Polanco para de ahí partir hacia la sede de la Unión Europea, donde tuvieron un mitin previo a la marcha del monumento a la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

El mecanismo para el caso Ayotzinapa será de seis meses, ofrece el gobierno; los padres lo rechazan

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos anunciaron que no aceptarán un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dure solamente seis meses.
Al dar inicio a su jornada de protesta a 20 meses de la desaparición de los estudiantes en Iguala, el abogado de los padres de los desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra dijo que esa fue la propuesta del gobierno federal en una reunión que sostuvieron ayer.
“De nueva cuenta el gobierno de México sólo acepta el mecanismo por seis meses, seis meses en los que nos van a volver a poner obstáculos y no se va a permitir que avancen las investigaciones, esa experiencia tenemos”, comentó en un mitin previo a recorrer diversas embajadas.
“Por eso les decimos: los padres de familia no aceptamos el mecanismo especial de seguimiento por seis meses, porque la investigación no va a durar seis meses, porque es una investigación compleja”.
Vidulfo agregó que fue el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, quien en la reunión de ayer fijó esta postura del gobierno federal.
Los padres de familia en compañía de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se dispersaron en cuatro grupos, algunos de los cuales llegaron a la embajada de Alemania y Rumania, y otras sedes en las zonas de Polanco y Lomas de Chapultepec.
Alrededor de las 2 de la tarde fueron a la representación de la Unión Europea para hacer un mitin.
Luego marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez, para concluir su jornada de protesta.

 

A seis días de que empezó en la zona centro del estado el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, los abogados no saben si podrán participar en los juicios orales sin estar certificados, o solamente quienes hayan participado en los cursos, reconoció José Ramírez Villalva, quien fue director de Asuntos Jurídicos en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
Mientras tanto, el presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García, insistió que por la indolencia del actual gobierno estatal se pretende ocultar que el nuevo sistema de justicia penal será un fracaso en la entidad.
Ramírez Villalva, quien ahora litiga casos particulares, declaró que en su caso no ha participado en los cursos de actualización convocados por la comisión implementadora del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, porque, por lo menos en su caso, no fue convocado.
Añadió que no sabe tampoco si los abogados tendrán que estar certificados para poder asumir la defensa de los imputados en los juicios orales, “o, incluso, para poder litigar. En este caso, cada quien tomará sus riesgos”, dijo.
Para el abogado, sin embargo, no se requiere de mucho conocimiento para poder participar en la defensa de un imputado en un juicio oral, “es cuestión de leer la ley y seguir los pasos para que en una sola audiencia resolver el procedimiento, es cuestión de ponerse a estudiar, nada más”, declaró.
Explicó que, “como en todo”, con el paso del tiempo se van a ir resolviendo los detallitos, y que no ve mucho problema en el hecho de que la mayoría de los abogados no estén capacitados en el nuevo sistema de justicia penal.
Sin embargo el presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano, insistió en que la capacitación de policías, peritos y abogados de la Fiscalía General del Estado (FGE) “es insuficiente” y que el panorama es “incierto y sombrío”.
Sostuvo que eso le consta a toda la comunidad jurídica de Guerrero, “y sólo el gobierno pretende tapar el sol con un dedo”.
Agregó que por “la intolerancia” del gobierno de Héctor Astudillo Flores, se pretende ocultar que el nuevo sistema de justicia penal “va al fracaso”.
Dijo que en estos momentos el secretario técnico de la comisión implementadora del nuevo sistema, Luíi Camacho Mancilla, debería asumir su responsabilidad ante la falta de preparación de quienes aplicarán el sistema.
“Será su responsabilidad si delincuentes salen con una mano en la cintura por la falta de capacitación del personal”, advirtió el abogado, y ante este escenario dijo que el secretario técnico debería ir preparando sus argumentos ante las víctimas de los delitos que quedarán impunes en Guerrero.

El periodista José Reveles advirtió que el gobierno mexicano le apuesta al olvido en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Criticó que han transcurrido 20 meses, hay 120 detenidos y todavía no se sabe qué sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 ni dónde están los estudiantes.
“El gobierno no ha cumplido con su tarea y su deber de encontrarlos, sino que ha desviado las investigaciones, al grado de fabricar la famosísima verdad histórica”, dijo.
Experto en temas de seguridad, violencia política y derechos humanos, Reveles participó en el primer foro de Comunicación no violenta organizado por la Facultad de Sociología de la UAG en Acapulco que dirige el maestro Carlos Unda Hernández, y en el que también participaron el director de El Sur, Juan Angulo Osorio, y el fundador de la escuela de Ciencias Sociales, Francisco Navarrete González, y asistieron unos cien estudiantes y maestros.
El periodista cuestionó “¿cómo es posible que el gobierno tenga en siete penales de todo el país a 120 detenidos y no llega a saber la verdad?”.
“Siento que hay encubrimiento, están jugando a la desmemoria colectiva, están jugando al tiempo en un país que ni siquiera sabe la verdad exacta de lo que pasó en Tlatelolco en 1968, a eso están jugando y me parece criminal, pero más criminal me parece que la supuesta guerra al narcotráfico haya producido tanto daño, tanta violencia”, agregó.
Abundó que la desaparición de los normalistas es una consecuencia de la guerra contra el narcotráfico que se inició en el periodo del presidente Felipe Calderón.
Por su parte, el director de El Sur señaló que el mensaje de la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, durante la visita que el presidente Enrique Peña Nieto hizo a ese país en abril, de ofrecer ayuda al gobierno de México en la investigación del caso de los normalistas, significa que no creen en el trabajo que ha hecho la PGR.
En su participación Reveles habló de la investigación que plasmó en su libro Échale la culpa a la heroína, de Iguala a Chicago, en el cual, dijo, busca contextualizar el porqué del ataque contra los normalistas.
Explicó que de la lectura de las actas ministeriales que están en el expediente de la PGR se desprende que hay cuatro posibles sitios donde los estudiantes pudieron ser asesinados: el basurero de Cocula, “que ya se demostró que fue absolutamente imposible” que ahí hubieran asesinado a los normalistas; Pueblo Viejo, el lavado de autos Los Peques, y una casa de seguridad en Lomas del Coyote.
Explicó que de acuerdo con lo que encontró en el expediente, los normalistas no pretendían ir al centro de Iguala, sino que fueron llevados a la terminal por el chofer de un autobús de la Estrella de Oro, quien los engañó y los encerró en el autobús, llegaron policías de la terminal y después llegaron todos los normalistas que eran más de cien al centro de la ciudad.
Indicó que en el C-4 de Iguala está el registro de las actividades de los normalistas del 26 de septiembre, pues fueron monitoreados desde que salieron de Ayotzinapa, estuvieron en Chilpancingo y nunca intentaron detenerlos, pero los cinco autobuses en los que pretendían regresar a Ayotzinapa fueron detenidos cuando salían de Iguala.
“¿Por qué el ataque cuando ya van saliendo? Pues estamos hablando de la zona amapolera más importante de América”, dijo.
“Lo único que podría explicar, eso es lo que concluyeron los expertos, es que fuera uno de esos tres autobuses que tomaron cargado de heroína o de goma de opio”, y los integrantes del GIEI consideran que ese es el quinto autobús, “porque es el único que no fue reportado y es el único que no tiene un solo impacto de bala”, en cambio el autobús donde viajaban los integrantes del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo tiene casi 100 impactos.
También señaló que en Iguala operaba un cogobierno entre una administración llevada por el PRD, “dizque de izquierda”, y los delincuentes, los que están presos, son policías y delincuentes que integraban un grupo delictivo llamado “Los Bélicos”.
José Reveles dijo que todas las fuerzas estaban coordinadas en la desaparición de los normalistas, y “es imposible creer que el Ejército no tuvo nada que ver”.
Señaló que la versión que ahora se quiere validar es que en el basurero de Cocula fue incinerado un grupo de normalistas, pero para acreditar la versión necesitan mostrar restos de un estudiante normalista encontrado en algún otro sitio.
El periodista destacó que en su último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que la PGR sembró pruebas, pues el director de la Agencia de Investigación, Tomás Zerón de Lucio, realizó pesquisas en el río San Juan pero no lo registró en el expediente.

Violencia histórica en Guerrero

En su intervención, el director de El Sur habló sobre la violencia histórica que ha vivido Guerrero y sostuvo que la entidad permanece en el rezago y la pobreza porque las clases dominantes del país no han perdonado la actitud protagonista de insurgentes nacidos en el territorio de lo que hoy es Guerrero en la lucha por la Independencia.
Recordó que fue en Guerrero donde José María Morelos organizó el primer Congreso de Anáhuac y emitió los Sentimientos de la Nación, en donde postuló moderar la opulencia y la pobreza y 200 años después, Guerrero es el estado más pobre del país.
“Mi hipótesis es que es un castigo de las clases dominantes, que los grupos gobernantes le han impuesto esta condición a nuestro estado por la rebeldía que siempre lo ha caracterizado”, dijo Juan Angulo.
También señaló que la violencia con la que se asocia a los guerrerenses “ha provenido de los grupos gobernantes”, porque la del pueblo siempre ha sido una violencia defensiva, “en respuesta a la opresión, a la pobreza, a la falta de oportunidades, a la ausencia de un desarrollo económico incluyente”.
Puso como ejemplos las protestas pacíficas de los maestros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que concluyeron con acciones represivas por parte del gobierno y derivaron en guerrilla, y en ese contexto hubo cientos de desaparecidos en la entidad por considerar que respaldaban a la guerrilla, de quienes nunca se volvió a saber de ellos.
Dijo que con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 en Chiapas, hubo militarización en el estado porque el gobierno tuvo temor de que en la entidad surgiera un grupo similar, pues había condiciones de rezago y violencia política que podrían germinarlo.
Entonces el Ejército se alió con los caciques locales aunque supiera que éstos estuvieran involucrados en el narcotráfico, pues lo principal era evitar un resurgimiento de la guerrilla en Guerrero.
Esta visión de contrainsurgencia, dijo, explica los casos emblemáticos de ese periodo que fueron la matanza de 17 campesinos en junio de 1995 en Aguas Blancas por policías del estado y la matanza de 11 campesinos en El Charco en junio de 1998 por el Ejército.
Ese vínculo entre autoridades y crimen organizado, advirtió, se mantiene hasta la fecha con el agravante de que ahora cualquier acto violento en contra de luchadores sociales o adversarios al régimen es fácilmente atribuido a los grupos delictivos.
Se refirió al asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera en 2009, el ataque a la Redacción de El Sur en 2010 y el ataque a los normalistas en 2014, todos atribuidos al narcotráfico.

Mercado saturado para la amapola

José Reveles criticó la propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores de legalizar la siembra de amapola, y sin especificar contó que leyó un artículo en el que se informaba que el mercado de la morfina para uso medicinal está saturado, entonces preguntó ¿a quién se le va a vender la amapola?
También recordó que no se terminado el proceso para la legalización de la mariguana, y todavía no se ha dicho cómo se va a comercializar, porque si la ley permite portar 28 gramos y no se especifica cómo se cultivará o quién la vende, entonces habrá narcomenudeo, “no sabemos cómo será la distribución”.
Estimó que en los últimos tres años el cultivo de la amapola aumentó 400 por ciento.
El periodista dijo que la guerra contra el narcotráfico del ex presidente Felipe Calderón fue fingida porque no atacó el meollo del problema, “no sirvió para nada por los resultados que tenemos hoy, toda esta violencia, esa capacidad para producir muertos, desplazados, desaparecidos”.
En su intervención, José Reveles señaló que Harry Anslinger en 1930 fue quien inventó la guerra contra las drogas y fue el presidente estadunidense Richard Nixon (1969-1974) quien intensificó la política prohibicionista de las drogas por la oposición que había de los hippies contra la guerra de Vietnam.

Policías estatales pararon labores 2 horas y media la mañana de este jueves en el cuartel central y exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores aumento de salario, de seguro de vida, viáticos, guarderías, mejores equipos y parque vehicular.
Tras una reunión con una comisión de 22 policías estatales en el hangar de la aeropista de Chilpancingo, Astudillo Flores reconoció que los policías del estado no laboran en las mejores condiciones.
Consultado al concluir la reunión, el gobernador dijo que se le plantearon entre 14 y 16 peticiones, y la primera que será cumplida es la construcción de la guardería para los hijos de policías, así como el permiso de maternidad para las madres policías.
Dijo que también será atendida de manera inmediata la petición del aumento en el salario, seguro de vida y viáticos, por lo que se conformó una comisión integrada por los secretarios de Finanzas y Administración Héctor Apreza Patrón, general de Gobierno Florencio Salazar Adame y el de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes para darle atención.
Señaló que la Policía del Estado es una corporación que merece ser dignificada, y en todo lo que pueda ayudar lo hará, ya que “han sido muy leales con el gobierno”.
Sostuvo que la corporación ha estado presente durante los dos años “mas difíciles” como en “las ultimas crisis sociales de Ayotzinapa e Iguala” , así como en la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.

Las demandas

El gobernador informó que la petición del aumento en el seguro de vida para los policías es de un millón de pesos, de los 750 mil que tienen, lo que verá cómo resolver.
El segundo aumento es el de los viáticos que es de 6 mil pesos y son principalmente para sus alimentos, y la solicitud de los policías es que aumente a 9 mil pesos.
“También iremos viendo cuánto cuesta cada caso porque todo cuesta dinero”, agregó.
Dijo que las instrucciones para el aumento en los tres rubros (seguro de vida, viáticos y salario), será revisado por la secretaría de Finanzas y Administración.
De los uniformes dijo que se dará a los policías tres opciones de uniformes, para que determinen cuáles son los más cómodos y adecuados para sus labores diarias.
“En el caso de los seguros, de los viáticos de los uniformes, todo eso… es nuestro problema, yo veré como le hago”, agregó.
Aseguró que no se trató de un paro, ya que hasta los policías en la reunión se lo dijeron, sino que querían “expresar una serie de demandas”.
De la exigencia de los policías para que sea removido el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes, dijo que la disciplina en cualquier organismo y principalmente en uno de seguridad “no permite satisfacer todo lo que se plantea”, lo que genera circunstancias “difíciles” en cuanto a las relaciones.
“No es un asunto de mermar su mando sino de resolver los problemas que hay que resolver y se pueden quejar mucho… mientras la disciplina exista a algunos no les gustará mucho la disciplina”, defendió.
El paro de labores

A las 7 de la mañana 400 policías se congregaron en el patio principal del cuartel de la Policía Estatal, cuando se realizaba el cambio de turno y suspendieron las labores para exigir una reunión con el gobernador.
Al lugar acudió el subsecretario de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Enrique Rivera, con quien los paristas acordaron que en tres días les informaría a los comandantes de las siete regiones los avances para atender las peticiones de los policías.
A las 9:30 de la mañana los agentes reanudaron las labores de vigilancia en la región Centro.
Una fuente de la corporación relató que cuando estaba la reunión los agentes  estatales gritaron que querían que estuviera la prensa. Afuera reporteros y fotógrafos esperaban porque no se les permitió el paso debido a órdenes de mandos policiacos.
Después un grupo de los inconformes salió del cuartel y pidió a los reporteros que entraran a la reunión con el subsecretario de operaciones de la SSP, Enrique Rivera.
En la reunión un policía dijo que entre sus demandas está que el gobierno estatal entregue tres veces uniformes de buena calidad.
Denunció que les descuentan de su salario pagos al ISSSPEG, pero el instituto les niega prestamos, que sus baños y dormitorios están en malas condiciones, además las policías que son madres no cuentan con guardería y no se respetan los días de incapacidad.
“Reconocemos que tenemos obligaciones, también tenemos deberes y derechos que tal parece que nada más nos exigen para cumplir, pero no atienden nuestros derechos laborales”,  declaró.
Comentó que piden el aumento de viáticos de 4 mil 500 pesos que está autorizado por el gobernador Astudillo Flores pero no han realizado el pago, además cuando el mes tiene 31 días un día no se les paga a pesar de que lo trabajan.
Recordó que en el caso de su compañera Marilú Cruceño  García de 22 años, quien murió el sábado en un enfrentamiento con criminales en Tixtla cuando revisaba una Urvan de transporte público, desconocen cual es el monto que se les pagará del bono de riesgo.
Dijo que la corporación les entregó una hoja donde les informa que las autoridades pagarán 775 mil pesos por muerte, “pero en el caso de un compañero que muere en el acto de servicio debería ser el beneficio lo doble de la cantidad”.
Comentó que otra de las irregularidades es que cuando los agentes están enfermos e internados en el ISSSTE,  se les descuentan sus viáticos, “es el mismo caso de las policías que dan a luz o están en hora de lactancia, les afecta este descuento”.
Agregó que cuando un agente alza la voz en una reunión o levanta la mano para  reclamar un derecho, hay represalias porque los cambian de lugar a las regiones Tierra Caliente y Montaña,  lejos de su familia como castigo.
Pidió que el acuartelamiento sea general y que los trabajadores administrativos no tengan los beneficios para descansar.
Una mujer policía comentó que como madre se le respeten sus horas de lactancia, que instalen una guardería, “cuando las compañeras tienes incapacidad de maternidad de les descuentan los viáticos”.
En un recorrido en el cuartel central de la corporación ubicado en el crucero a Chichihualco,  se vio que los baños,  dormitorios y patrullas se encuentran en malas condiciones.
Cuando los mando policiacos se enteraron que el gobernador Héctor Astudillo Flores acudiría al cuartel, los encargados del lugar retiraron los colchones en mal estado.

El boletín de Seguridad Pública

En la tarde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dijo en un boletín de prensa que del paro no descarta “que intereses mezquinos y hasta de la propia delincuencia organizada estén aprovechando la falta de ética profesional que algunos malos elementos de la corporación que de manera sistemática buscan evadir sus obligaciones, y por el contrario buscan obtener prebendas y beneficios”.
La dependencia señaló que “irrumpieron en el cuartel Central de Chilpancingo sin autorización alguna varias personas que se dijeron representantes de los medios de comunicación, sin que pudieran acreditarlo”.
“Ante las publicaciones de redes sociales y medios de comunicación que señalan que policías del Estado iniciaron un paro laboral, (se informa) que ningún Policía del Estado se encuentra en paro laboral”, indica el  comunicado.