En una reunión con integrantes de la Coordinadora Estatal Pro-AMLO en esta capital, un representante de la dirección nacional de Morena, anunció que ese partido se abrirá en Guerrero a las candidaturas ciudadanas y externas, con lo que los integrantes de ese grupo, ex perredistas la mayoría, vislumbraron la posibilidad de participar como candidatos.
Unos 20 ex, y algunos todavía perredistas, se reunieron desde las 3 hasta las 6 de la tarde en el restaurante El Tecuán con José Antonio Rueda, integrante de la Comisión de Organización de la dirigencia nacional y encargado de enlaces con sectores sociales de Morena con miras a las elecciones del 2018.
Consultado al final de la reunión, el integrante de la Coordinadora Estatal Pro-AMLO y ex presidente estatal del PRD, Misael Medrano Baza, informó que en la reunión le plantearon dudas sobre los tiempos electorales de Morena, y también sobre la organización y participación en la estructura de las agrupaciones Pro-AMLO.
En la reunión con el enviado nacional estuvieron los ex presidentes del PRD, Félix Salgado Macedonio y Misael Medrano Baza, y los ex presidente del Consejo estatal, Apolinar Segueda Dorantes -quien ahora es del Movimiento Ciudadano- y Mauro García Medina, así como el ex diputado federal y local Carlos Sánchez Barrios.
También estuvieron los perredistas Ramón Gracida González; el ex alcalde de Zirándaro José Luis Ramírez Mendoza; el ex alcalde de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, y los perredistas Daniel García Torres y Abril Garnica.
Entre los asistentes también estuvo el representante del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nicanor Adame Serrano, quien evadió explicar su presencia con el enviado de Morena, pero Medrano Baza dijo que él le pidió que asistiera “porque también había dudas sobre los plazos y términos del calendario electoral”.
“Yo le pedí a Nicanor (Adame Serrano), como representante ante el organismo electoral que pudiera explicarnos el calendario electoral local, por eso su presencia aquí”.
Informó que no es la primera vez que ha estado en una reunión, puesto que las reuniones de la Coordinadora son abiertas, y también ha estado el presidente estatal del PRD Celestino Cesáreo, “y ojalá algún día pudiera estar Bety (Beatriz Mojica Morga, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD)”.
Medrano Baza contó que también trataron en la reunión con José Antonio Rueda su situación dentro del PRD, la posibilidad de las candidaturas comunes, así como la estructura de Morena en la entidad.
Explicó que al respecto hablaron de las reglas y los lineamientos que tiene Morena, “porque se pudiera dar el caso de que algunos compañeros quieran participar”. En el encuentro según Medrano Baza también, “afinaron” las reuniones que tienen pendientes la Coordinadora en los distritos, como Iguala y la Costa Chica.
Pero las dudas más comunes que se plantearon en la reunión fueron sobre los tiempos electorales que tiene Morena, “porque ellos están definiendo responsables de organización territorial por estado, por distrito electoral, por distritos locales y a nivel municipal, tratando de afinar estructuras con miras a las elecciones del 2018”.
Incluso dijo que el enviado les expresó que si tienen propuestas para responsables de estructura en estos ámbitos se les hagan llegar, e informó que quedaron
que este jueves enviarán a la dirección nacional de Morena una lista de las propuestas por parte de la Coordinadora Estatal Pro AMLO.
“Lo más importante que dijo Rueda es que Morena en Guerrero se va a abrir con miras a las elecciones del 2018 para que haya candidaturas ciudadanas o candidaturas externas”, soltó Medra Baza.
Añadió que les dijeron que la figura de por sí está establecida en sus estatutos, “pero que aquí (en Guerrero) van a abrir a Morena y con ello hay la posibilidad de abrirse a algunos compañeros que quieren trabajar en los ámbitos municipal, distrital y estatal para que después crezcan, sean competitivos y puedan ser candidatos”, declaró Misael Medrano.

 
El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, informó que no puede haber reparto de candidaturas en Morena y la propuesta del grupo Pro-AMLO sólo es una idea, pero corresponde avalarlas al Consejo Estatal.
En una reunión entre el representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Sergio Montes Carrillo y los ex presidentes del PRD Félix Salgado Macedonio, Saúl López Sollano y el ex presidente del Consejo Estatal del PRD Mauro García Medina, se planteó un escenario de candidaturas comunes entre PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Morena en los 26 municipios más importantes del estado y en nueve distritos locales.
Consultado, después de la conferencia de prensa encabezada por los perredistas Pablo Gómez Álvarez y Carlos Sotelo García, Rodríguez Saldaña dijo que en Morena no hay una lógica de reparto de candidaturas pero pueden escucharse la propuestas.
Al preguntarle sobre la propuesta de reparto de candidaturas que se planteó entre representantes de Morena e integrantes del grupo Pro-AMLO, Marcial Rodríguez respondió “no tanto que haya una repartición pero las personas que quieren participar se deben escuchar y ser tomados en cuenta para que puedan, eventualmente, ser candidatos”.
Refutó la palabra reparto porque dijo que no es un pastel como el que se da en las fiestas y corresponde al Consejo Estatal definir esos espacios de representación.
Dijo que Morena está abierto a escuchar y dialogar a los grupos que apoyan a López Obrador pero no en la lógica de reparto de candidaturas.

El doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Carbonell Sánchez dijo que un obstáculo serio al desarrollo social y económico de México es la mala administración pública que se ejerce.
“Yo creo que si tuviéramos mejor servicio público, y mejor servicio público va desde la patrulla que no llega cuando tiene una emergencia porque le da miedo enfrentarse a no se quién o por que no contestan en C4, o porque te mandan a la patrulla 35 minutos después, hasta las máximas instancias que toman decisiones con base a quien sabe qué”, expuso.
En la mañana en el Auditorio Estatal Sentimientos de la Nación presentó la conferencia magistral, La ley general de responsabilidad administrativa organizada por la Secretaría de Finanzas y Administración y el DIF estatal.
Durante una hora Carbonell Sánchez explicó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las nuevas reglas del Sistema Nacional Anticorrupción.
En su exposición habló de los 12 delitos que se castiga con la ley general en los que aparecen obstrucción de la justicia, tráfico de influencias, y enriquecimiento oculto que es definido como mentir en tu declaración patrimonial.
Indicó que si en las dependencias gubernamentales se diera mejor servicio público y se aplicara en la realidad ciudadana, cuando se trate con la población se tendría un mejor resultado.
“Yo conozco a muchos empresarios que tienen pavor a cualquier trámite oficial, no porque les vaya a pedir dinero sino porque no se sienten bien atendidos”, agregó.
Dijo que en la ley existen las ocho faltas de los particulares, es decir que también se castiga a los que son parte de alguna falta cometida aunque no sean servidores públicos.
Detalló las directrices del servicio público, cómo deben de comportarse con los ciudadanos, la primera es el principio de legalidad por lo que se deben de informar sobre la normatividad interna.
Se deben de acatar los reglamentos y las leyes así como las circulares y las fuentes formales del derecho que los obligan a cumplir, en segundo lugar la imparcialidad para desempeñar su función correctamente.
Una de las directrices más importantes que señaló fue el respeto a los derechos humanos, y pidió que no vieran el tema como algo molesto o una carga adicional a su trabajo.
Pidió a los servidores públicos que asistieron de las diferentes dependencias como Finanzas, la Fiscalía, el DIF, la Secretaría General de Gobierno y Planeación, que tuvieran vocación para desempeñar su labor.
“No hay nada mejor que llegar a hacer un trabajo que te gusta, que te sientes llamado a realizar, que estás contento, puede ser que lleguen unos diciendo que ya están hartos de esa oficina y si es así pues mejor que busquen otro trabajo”, recomendó.
Durante su intervención habló de la Ley Anticorrupción que dijo que obliga a las dependencias a realizar su propio diagnóstico para definir las áreas de riesgo, donde pueda haber prácticas de corrupción.
Insistió que este diagnostico le ayudará a las dependencias a definir los focos amarillos y rojos para prevenir casos.
“La ley ordena que exista un código de ética, puede haber uno del gobierno del estado de Guerrero, pero cada dependencia presenta particularidades, porque no es lo mismo una Fiscalía que una Secretaría de Obras Públicas”, agregó.
Recordó que se debe hacer una evaluación anual por el órgano evaluador, en este caso la Auditoría, aparte de su trabajo anual, así como debe de existir coordinación entre los niveles de gobierno para evitar “escándalos increíbles”.
El abogado recordó a los funcionarios que ante esta nueva ley existe una nueva plataforma que ayuda al “fuego amigo”, es decir que podrán realizar denuncias anónimas en caso de registrarse un acto de corrupción en sus áreas de trabajo.
“Uno desde adentro es el que ve, pero hay veces en las que ni modo que te presentes con tu carota para decir: ‘hola, vengo a denunciar a mi jefe’, en ese momento estás despedido”, agregó.
Recordó que con esta ley también se obliga a los servidores públicos a cumplir su declaración patrimonial.

Antes del 30 de agosto, cuando se cumpla la prórroga que otorgó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el gobierno del estado entregará el programa y el cronograma de trabajo de la Alerta por Violencia Feminicida, que dictó la Secretaría de Gobernación el 28 de junio pasado.
Este anuncio se realizó ayer en la sesión ordinaria de la Comisión de Alerta de Género del Sistema estatal para atender, evitar y sancionar la violencia contra las mujeres, que presidió el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, en un acto cerrado en Casa Guerrero.
También se realizó la sesión ordinaria de la Comisión de Enlace y Participación Ciudadana que es parte del mismo sistema, y de las dos sólo se transmitieron 14 minutos de información en la cuenta de Facebook de la oficina de gobierno.
Habló del evento la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, acreditada en el sistema.
Consultada vía telefónica, Reyna Aguilar señaló que a las sesiones acudieron representantes de siete de los ocho municipios donde se declaró la Alerta en el estado.
Planteó que, dado los altos índices de violencia feminicida y de género registrados desde años atrás, se tienen que realizar acciones gubernamentales de emergencia coordinada con los tres poderes de gobierno, particularmente en los ocho ayuntamientos donde fue declarada la alerta: Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa.
Denunció que a la fecha, las instancias de atención a las mujeres en estos ayuntamientos no tienen el apoyo de alcaldes.
Asimismo, pidió que la Ley orgánica del municipio libre del estado de Guerrero se armonice con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y con la norma Oficial Mexicana NOM-046, sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y que se llame al sistema a los representantes de cada uno de los ocho ayuntamientos para que rindan un informe de la acciones que le competen en la atención integral a las mujeres, establecidas en la Ley 553 de acceso de las mujer es a una vida libre de violencia del estado libre y soberano de Guerrero que se aprobó hace diez años, independiente del programa de trabajo que ordena la Alerta de Violencia de Género.
Además de la asociación que representa Marina Aguilar, promovente de la AVG, acudieron a la sesión Mujeres de Tlapa, Fundación de bloques de mujeres al poder, una coalición de mujeres rurales, y la Unión de Organizaciones Económicas de Mujeres productoras de Guerrero, que habló de su experiencia en la impartición de cursos de capacitación en algunos municipios.
A la fecha, no están participando en las actividades del sistema la mayoría de las organizaciones que respaldaron la solicitud de alerta de género, y que han solicitado públicamente su incorporación.
Por la noche, el gobierno del estado informó en un boletín sobre las sesiones de las comisiones del sistema estatal.
En voz de Salazar Adame, indicaron que el gobierno del estado atiende “diferentes demandas de la sociedad con el propósito de dar resultados y avanzar a favor de las políticas de igualdad de las mujeres, las mismas que fortalecerán la participación ciudadana y de los Derechos Humanos”.
Asimismo, dice que la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O García, indicó que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, sigue en proceso “y será entregado en tiempo y forma ante la CONAVIM, antes del 30 de Agosto”.
Salazar Adame explicó que solicitó a la Conavin “ampliar el tiempo de entrega del programa de Atención a la Declaratoria de la Alerta de Genero por la importancia del tema, ya que en un lapso de diez días (plazo ordinario para responder a la Alerta) no era posible consultar a las 18 secretarías y municipios para poder entregar un documento formal estableciendo una política pública sostenible y con soporte presupuestal”.
Dijo también que “se necesita prever recursos presupuestales que aseguren el buen funcionamiento, integrando los recursos humanos para que operen en óptimas condiciones los Centros de Atención a Mujeres en los diferentes municipios”.
Destacaron la asistencia del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, de la subsecretaria de Enlace y Atención de Organizaciones Sociales, María Adela Herrera de la O, y del Vicefiscal de Prevención, Alejandro de los Santos González.

Revisarán on diputados la postura del secretario de Salud sobre el aborto

En cuanto a la controversia del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos con organizaciones de mujeres, sobre la aplicación de la norma 046, en el punto específico de interrupción voluntaria del embarazo por violación, Reyna Aguilar informó que con otras activistas solicitaron una reunión con los diputados presidentes de las Comisión de Igualdad de Género y de Salud, para revisar el tema en una mesa de trabajo.
También pedirían que el Congreso emita un exhorto a la Secretaría de Salud para que cumpla con los criterios de la norma 046, de dar atención integral a la víctima de una violación sexual.
Recordó que una víctima de violación puede acudir a las instancia judiciales a pedir justicia, o al sector salud por atención integral. Subrayó que acudir a una agencia del Ministerio es un derecho, no una obligación.
La secretaría de Salud aún se apega al Código Penal del estado de Guerrero, que establece la entrega de una demanda por escrito, presentada ante el Ministerio Público, para que las autoridades sanitaria realicen una interrupción voluntaria del embarazo por violación.
La activista añadió que la norma 046 no sólo es administrativa, sino tiene el respaldo en la Ley General de Víctimas, que establece una serie de protecciones a las víctimas para evitar una doble revictimización.
El artículo quinto señala que los servidores públicos deben confiar en la buena fe de la víctima, en lugar de responsabilizarla por alguna situación, y brindarle asistencia en el momento que lo requiera
Finalmente, indicó que si hay una iniciativa en la Cámara de Diputados, como dijo el secretario de Salud, los movimientos feministas van a estar muy atentos de que no sea regresiva.

 

La ley número 404 de ingresos para Chilpancingo, disponible en el portal oficial del Congreso de Guerrero, confirma que el Poder Legislativo aprobó en diciembre pasado que el gobierno municipal cobre 56.45 pesos mensuales u 11 pesos por ocasión, el servicio de recolección de basura.
En el capítulo sexto de la ley referente a los ingresos del municipio por el servicios de limpia, aseo publico, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, se establece en su artículo 28 el impuesto por los derechos por la prestación del servicio.
Se establece que “los derechos por el servicio de limpia y aseo público, transporte y disposición final de desechos y residuos sólidos no peligrosos, se causarían y pagarían conforme a la siguiente clasificación y tarifa: Por servicio de recolección de desechos y/o residuos a los propietarios o poseedores de casas habitación, condominios, departamentos o similares 56.45 pesos mensualmente u 11.00 pesos por ocasión”
También se precisa que cuando los usuarios del servicio clasifiquen sus desechos y residuos en orgánicos e inorgánicos y los entreguen en bolsas de plástico separadas, gozarían de un estímulo correspondiente al 30% de descuento en las tarifas.
El alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena había anunciado el cobro de un impuesto de 15 pesos mensuales por el servicio de recolección de basura. Después dijo que solo se trataba de un programa piloto a pesar de que argumentó que el Congreso se lo había autorizado.
Ayer por la mañana se consultó nuevamente por el mismo tema al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el priista Eusebio González Rodríguez, quien insistió en que si el impuesto se hubiera aprobado, este debió cobrarse desde inicios del 2017. De los contrario dijo se trataría de una irregularidad.
“La ley de ingresos que autoriza el Congreso es para todo el ejercicio fiscal, si se implementa a estas alturas, sería completamente incorrecto”, e invitó al alcalde a reconsiderar el cobro.
Antes de conocer la ley de ingresos de Chilpancingo se le insistió en saber si el impuesto fue solicitado por el alcalde y aprobado por el Congreso, a lo que el diputado respondió: “yo estoy en el entendido que no, y si él dice que está aprobado habrá que ver si se cobra, porque si se hace a estas alturas sería un cobro irregular”.
Insistió en que el Congreso autoriza los cobros de impuestos durante un ejercicio fiscal y no durante meses, o incrementos a ejecutarse hasta después de un año.
De lo dicho al alcalde en el sentido de que las críticas tienen motivos políticos, el diputado dijo que “se trata de necesidades de Chilpancingo y de hacer una planeación correcta”.
Explicó que en la ley de ingresos los municipios proyectan los recursos que pretenden ingresar y en la ley de egresos señala en que se lo quiere gastar, “si él no lo manifestó con oportunidad, tendría que ser un cobro fuera de toda aprobación y eso ya tendría el alcalde mismo que decidir si corre ese riesgo porque nosotros como Congreso fiscalizamos lo que se aprueba”.
El alcalde dijo este martes que no se va a cobrar nada en la recolección de basura y sólo se platicó la idea de un programa piloto en una zona determinada de la ciudad, que incluiría las colonias Jardines del Sur, Lomas del poniente, Texcalco, Rubén Figueroa, Jardines de Zinnia, Potreritos y René Juárez.

Durante la sesión de la comisión Permanente del Congreso local, se presentaron ante el pleno dos iniciativas de reforma al Código Penal del estado, para garantizar que en ningún centro médico de la Secretaría de Salud  (Ssa) se niegue el derecho de abortar a mujeres embarazadas, producto de una violación.
Las propuestas fueron a nombre de los diputados perredistas Sebastián de la Rosa Peláez y Yuridia Melchor Sánchez. Ésta segunda es presidenta de la Comisión para la Igualad y Género, quien consideró en su argumentación que obligar a una mujer a interponer denuncia para obtener la autorización del Ministerio Público “no es otra cosa que revictimizarla después de haber sufrido en su persona una conducta delictiva”, porque consideró que es injusto.
Consideró que lo establecido por el Código Penal con su actual redacción, y que es el argumento del titular de la Secretaría de Salud, Carlos de la Peña Pintos para no practicar un aborto en esos casos, atenta contra  los derechos de la mujer, principalmente el de decidir sobre su cuerpo, más aún cuando es víctima de un delito.
Mientras que el diputado Sebastián de la Rosa Peláez criticó que Carlos de la Peña se niegue a la interrupción de embarazos productos de una violación, pese a que la norma 046 es del orden federal, por lo que está por encima de cualquier normativa local.
Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones para su análisis y dictaminación.
El objetivo de ambas iniciativas es homologar el marco normativo local, con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que autoriza la interrupción del embarazo en caso de que sea consecuencia de una violación, sin necesidad de que exista “autorización del Ministerio Público”.
En las iniciativas se explica que la fracción uno del artículo 159 del Código Penal, establece que el aborto no será castigado cuando el embarazo “sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, caso en el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica”. Las iniciativas presentadas proponen reformar esa fracción para eliminar ese requisito.
La iniciativa de Sebastián de la Rosa, que todos los centros médicos de la Ssa “deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación”.
Y que el “personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas”.

 

La procuradora de Defensa de los Derechos de la Mujer en el estado, Indalecia Pacheco León, informó que ha faltado colaboración de los ayuntamientos en tel combate a la violencia hacia las mujeres y tener un presupuesto para prevención, atención, sanción y la erradicación de este problema.
En declaraciones a reporteros la tarde de ayer tras impartir el taller El acceso de la mujer a la justicia, competencia del gobierno municipal, dirigido a funcionarios y empleados municipales, declaró, sin dar cifras, que Guerrero ocupa el primer lugar nacional en feminicidios, seguido por Chihuahua y Estado de México.
A pregunta de una reportera, indicó que para frenar la violencia hacia las mujeres, ha faltado que todos los gobiernos municipales colaboren, y precisó que a eso se debía su presencia en Iguala.
Señaló que con la información que se les está proporcionando, los ayuntamientos están obligados a coordinarse con el gobierno estatal, y hacer sus propias tareas.
Llamó también a la población a estar informada de la violencia hacia la mujer, “porque nos está llevando a una descomposición social el vivir tan violentamente”.
A pregunta, afirmó que a alerta de violencia de género emitida por la Secretaría de Gobernación y el gobernador Héctor Astudillo en junio en ocho municipios, incluido Iguala, “ya se está viviendo”.
El 1 de agosto se informó que el gobernador solicitó una prórroga para entregar el plan de trabajo y cronograma de acciones por cuestiones del presupuesto.
Indalecia Pacheco dijo ayer que a pesar de que no se hayan previsto recursos, el gobernador está haciendo todo “para sacarlo de donde se pueda para poder hacer acciones, tan es así, que estoy hoy aquí por ejemplo”.
Puntualizó que el taller es parte de las actividades que se realizan en los ocho municipios en los que se emitió la Alerta.
La mañana de ayer la procuradora impartió el taller, que fue organizado en coordinación con la regidora de Participación Social de la Mujer, la perredista Martha Eugenia Todd Mena, y en la que se dio capacitación a unos 50 funcionarios y empleados municipales que fueron convocados en el auditorio del palacio.