El político y antropólogo Gilberto López y Rivas señaló que la sección segunda del Ejército, encargada de las acciones de inteligencia militar del Estado Mayor, tiene mucha información que aportar sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa.
No obstante, dijo que la poca transparencia en la actuación de los militares en la escena del crimen y en los siguientes días, los incrimina por omisión o comisión en ese caso considerado de lesa humanidad.
El también activista del Consejo Nacional Indígena (CNI) participó como ponente en el segundo día del coloquio Violencias, complejidades y alternativas, con el tema Terrorismo de Estado, donde habló del intervencionismo estadunidense en las dictaduras de América Latina de las décadas de 1960 a 1980, las intervenciones en Medio Oriente que “no puede ser considerada más que como terrorismo” entendido como el uso ilegal de la fuerza o de violencia sobre personas o propiedades para coaccionar a un gobierno o a la población civil en la persecución de objetivos sociales y específicos, según la propia definición del Buró Federal de Investigación (FBI).
López y Rivas, quien tiene una decena de publicaciones sobre movimientos armados y contrainsurgencia, entre ellos Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos: manuales, mentalidades y uso de la antropología, Ministerio de Cultura del Poder Popular, Venezuela, 2012, señaló asimismo las intervenciones abiertas o secretas en distintos puntos del planeta donde se despliega el terrorismo con guerras contra grupos terroristas y contra el narcotráfico como sucede en México, y “facilita el escenario bélico para mantener y expandir el nuevo orden global”.
Señaló que actualmente vivimos una economía global de la guerra, que reproduce ciclos de construcción y destrucción, porque generan inmensos beneficios”. Advirtió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió al Congreso el presupuesto militar más grande de la historia, en este esquema del terrorismo global de estado”.
En este tenor, quien ha sido diputado federal por el PRD, partido al que renunció, añadió que utilizan a la ciencia social para combatir la insurgencia, y señaló algunos manuales de científicos sociales estadunidenses que indican cómo la antropología puede ser más efectiva que la artillería, además de la utilización de estudios geográficos.
Entre las estrategias de contención, destacó que una se denomina cazar-matar, “para destruir enemigos aislados”, y aclaró  que las acciones no se realizan sin comunicación con la policía o el Ejército de los “Estados-huésped”.
En consulta posterior sobre los hechos de Iguala, en el marco del terrorismo de Estado, aseguró que por omisión o comisión el Ejército está involucrado en el  asesinato de tres y en la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Es evidente a todas luces. En el terreno había militares, incursionaron con los heridos que se refugiaron en un hospital. ¿Por qué inteligencia militar no ha reportado lo que observó durante toda la noche? El hecho de que el Ejército no sea transparente en su intervención en la noche del crimen y días consecuentes, y que se cierre a ser investigado, ya es prueba de la responsabilidad de las fuerzas armadas en el crimen (sino) ¿cuál es el secreto militar”.
Aseguró que la inteligencia militar siempre está ligada a todo lo que tiene que ver con la obtención de información, “por las vías que juzguen convenientes, civiles o lo que sea”. En este sentido señaló que la sección segunda “tiene mucho qué aportar en todo esto”.
Sin embargo, recordó que ninguno de los crímenes de Estado en México han sido juzgados, empezando con la masacre de estudiantes en Tlatelolco, menos de la represión del movimiento ferrocarrilero de los años 50, y todos los demás.
Recordó que cuando fue diputado federal, denunció la presencia de paramilitares en Chiapas, y el entonces procurador de la República le confirmó la existencia de 12 grupos paramilitares, y dio origen a una investigación y un informe sobre civiles encubiertos en San Cristóbal de las Casas. Pero señaló que los militares ni siquiera respondieron, y la Fiscalía especial creada al respecto.

El cruce de información de la plataforma Ayotzinapa: una cartografía de la violencia, de Forensic Architecture, permite identificar que algunos de los aparatos celulares de los estudiantes desaparecidos continuaron activos después de los ataques en Iguala, lo que da al traste con la “verdad histórica” de que los teléfonos de los estudiantes habían sido quemados con los 43 normalistas en el basurero de Cocula.
La nueva plataforma digital muestra, paso a paso, la progresión de la violencia desatada en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, que culminó en el asesinato de tres estudiantes y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se trata de un mapa interactivo que reconstruye con un nivel de detalle abrumador todos los acontecimientos conocidos ocurridos en la noche de Iguala, incluyendo las incoherencias de la llamada “verdad histórica” y la destrucción de evidencias operada por las autoridades.
También exhibe con toda claridad cómo fuerzas federales y municipales, militares y crimen organizado operaron en Iguala durante la noche del 26 de septiembre de hace casi tres años, a veces en evidente colusión entre sí.
Después de cargar su sistema de filtros, etiquetas y línea cronológica –operación que requiere algún tiempo–, la plataforma permite visualizar todas las etapas de la tragedia, desde la salida de los estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, hasta los ataques que sufrieron de manera simultánea y en distintos puntos del municipio y la desaparición forzada de 43 de ellos.
Se puede navegar en Internet la plataforma del proyecto de Forensic Architecture, una agencia de investigación con base en la Universidad Goldsmith de Londres, con la colaboración del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante legal de los padres de los estudiantes desaparecidos, así como por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La plataforma que sistematiza los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) así como declaraciones de sobrevivientes de los hechos plasmados en el libro de John Gibler, Una Historia de la Infamia, permiten explorar –entre otros temas- el de la telefonía celular, ubicar a víctimas, presuntos perpetradores de la desaparición y autoridades en el lugar y en tiempo real.
En el caso de los procesados por los hechos, es posible contrastar la información con las declaraciones ministeriales, lo que permite confirmar o desmentir lo dicho ante las autoridades.
En el caso de las víctimas, el cruce de información en la plataforma, permite también identificar que algunos de los aparatos celulares de los jóvenes estudiantes continuaron activos aún después de los ataques en Iguala, lo que da al traste con la “verdad histórica” de que los teléfonos de los estudiantes habían sido destruidos.

Son insostenibles las versiones de los procesados

El cruce de los testimonios con los informes del GIEI, en los que se detallan los reportes de telefonía, permite identificar contradicciones como las expresadas por uno de los procesados, Marco Antonio Ríos Berber, quien aseguró a agentes ministeriales que cuando llegaron los estudiantes a Iguala, alrededor de las 9 de la noche, se encontraba en la iglesia de San Francisco en pleno centro de esa ciudad, donde dijo haber sido testigo de que “la gente empezó a correr para refugiarse y los “ayotzinapos” empezaron a robar carros para escaparse”.
De acuerdo con la declaración rendida ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 9 de octubre de 2014, Ríos Berber se encontraba con su familia en el centro de la ciudad desde las 6 de la tarde, hora en que fue alertado a través de mensaje telefónico de David Cruz Hernández, un exempleado de la Dirección de Protección Civil municipal, de la presencia de normalistas en la ciudad.
Aunque en su declaración el presunto integrante de Guerreros Unidos aseguró que se le ordenó perseguir a los normalistas desde el Zócalo de Iguala, por su teléfono celular se le ubicó a las 9:34 de la noche en la Antena Jardines, en la salida de Cocula, a por lo menos 30 minutos de donde supuestamente los estudiantes “empezaron a robar carros para escaparse”.
En la misma circunstancia está otro de los presuntos implicados, Martín Alejandro Macedo Barrera, quien en su declaración ante la PGR dijo que “persiguió a los estudiantes”, pero en la plataforma se puede observar que su teléfono se activó toda la noche en la Antena Jardines, lejana a los lugares donde los estudiantes sufrieron la persecución.
Otro caso relevante es el de Jonathan Osorio Cortez, presunto integrante de Guerreros Unidos quien supuestamente habría participado en la cremación de los estudiantes en el basurero de Cocula.
La plataforma destaca que en su declaración ante la PGR, el inculpado refirió tener dos celulares, pero “la información de telefonía de ninguno de los dos coincide con su declaración, el primero tiene actividad toda la noche junto a la antena de Arquitectos, municipio de Iguala, el otro tiene actividad en la Antena de Cocula, de 19:37 hasta 23:43 del 26, y a partir de las 9:01 del 27 de septiembre”.
Los puntos de la plataforma que indican la ubicación de antenas de telecomunicación sobre la imagen satelital de los municipios vinculados a la desaparición de los normalistas –Iguala, Cocula y Huitzuco– revelan que la antena Truenos, registró actividad de tres implicados, el exjefe de la policía de Cocula, César Nava, el jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Eduardo Joaquín Jaimes, El Chuky, y el agente municipal de Cocula, Roberto Pedrote Nava.
La plataforma ubica este dato como no investigado, pese a que la antena Truenos está ubicada en Loma de Coyote, área localizada a la salida de Iguala rumbo a Cocula, y que la actividad de los celulares de dichos personajes se registró entre las 0:41 y las 4:47 horas del 27 de septiembre de 2014.
“Las contradicciones entre la información que aparece en la telefonía de estas personas y sus declaraciones no se ha indagado en la investigación. Tampoco se ha indagado por qué se encontraban en horas clave cercanas a las escenas del crimen o lugares relevantes para el caso, y cuál fue su participación en estos hechos en ese momento. Información clave, incluso se ha separado del caso”, alerta la plataforma.
Contra lo declarado por el entonces procurador general Jesús Murillo Karam, que los teléfonos celulares de los estudiantes habían sido destruidos, los peritajes de telefónica instruidos por el GIEI determinaron la operación de algunos aparatos tiempo después de los hechos.
Así ocurre con el número del normalista desaparecido Carlos Iván Ramírez Villareal, cuyo aparato registró actividad en inmediaciones de la Antena Villa de Guadalupe, muy cerca de la ciudad de Iguala, a las 19:26 del 27 de septiembre.
El IMEI (código o serie electrónica) de su aparato hizo un uso de datos para enviar un mensaje a otro número, y ocho minutos después, desde de la misma ubicación, pero con un IMEI distinto se envió otro mensaje al mismo número, lo cual para la plataforma “significa que cambiaron el aparato telefónico”.
El equipo que elaboró la plataforma resalta que, pese a que tanto el GIEI como autoridades mexicanas encontraron esa inusual actividad, “no se registró diligencia destinada a esclarecer por qué se utilizó el teléfono 21 horas después de la hora de la detención. Esta investigación habría permitido determinar si uno de los perpetradores era quien utilizaba el teléfono, o si Carlos Iván estaba retenido en un lugar cercano a su detención”.
La reflexión resulta relevante si se considera que la misma antena Villa de Guadalupe registró comunicación entre un policía de Iguala detenido, Bruno Heredia, con un personaje que hasta ahora no se ha podido identificar más que como El Caminante, y que sería quien habría mantenido comunicación tanto con agentes como con presuntos implicados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Dicho agente habría mantenido comunicación con El Caminante en 10 ocasiones, desde las 22:16 del 26, a las 3:42 del día siguiente, de acuerdo con los registros de las antenas Jardines y Villa de Guadalupe.
Otro caso que no ha sido indagado es el del teléfono celular del normalista Julio César López Patolzin, el cual “estuvo activo más tarde del momento de detención, y todavía hasta el día 30 de septiembre en el centro de la ciudad de Iguala”, según lo registró la antena Benito Juárez.
También en el centro de la ciudad de Iguala la antena Álvaro Obregón registró actividad del celular del estudiante Jorge Luis González Parral, el 26 de septiembre de 2014, y volvió a tener actividad el 30 de septiembre a las 6:58 de la tarde, desde la antena Calvario.
Hay registro de actividad de la línea de Jorge Antonio Tizapa Legideño en la antena Margaritas, cerca al Palacio de Justicia, donde desaparecieron varios estudiantes que fueron bajados de un autobús para ser trasladados con rumbo desconocido por patrullas del municipio de Huitzuco.
La antena Margaritas registró seis llamadas a través de la línea de Tizapa pero con dos aparatos distintos el 4 de octubre de 2014, sin que haya “constancia en el expediente respecto a la decisión sobre las líneas de investigación”, apunta la plataforma.
Por evidencias de que los teléfonos celulares de los normalistas siguieron activos aún después de las detenciones y los ataques armados, el 30 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conminó al Estado mexicano a suprimir de su discurso la “verdad histórica” que postuló Murillo Karam, y que entre otras cosas asegura que los aparatos de telefonía de los 43 estudiantes habían sido destruidos.
En su informe tras la visita de trabajo de la relatora para México, Esmeralda Arosamena, y coordinadora del Mecanismo de Seguimiento del caso de Ayotzinapa, la CIDH señaló que continuar divulgando esa versión, “provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso”.
El organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó que durante la reunión con agentes de la PGR se informó que, “se tiene certeza que los teléfonos y chips de los estudiantes fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, hecho que aunado a otros elementos de prueba corrobora la necesidad de descartar la versión inicial de indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”.

 

En un acto de “solidaridad” con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente en Iguala, el equipo de Forensic Architecture de la Universidad de Goldsmiths, con sede en Londres, plasmó cartográficamente y el tiempo de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, como una herramienta de difusión de los hechos.
En conferencia de prensa para presentar la Plataforma Ayotzinapa: una cartografía de la violencia, el director de Forensic Architecture, Eyan Weizman explicó que su agrupación tiene como objetivo utilizar las “herramientas tecnológicas para apoyar investigaciones independientes, en casos de graves violaciones a derechos humanos en los que están involucradas fuerzas del Estado encargado de investigar esos hechos”.
Forensic Architecture ha hecho otras plataformas interactivas para analizar casos de abusos en Pakistán, Siria, Indonesia, Guatemala y la franja de Gaza.
Weizman advirtió que el objetivo (mediante las herramientas tecnológicas y un equipo multidisciplinario de arquitectos, cineastas, periodistas y diseñadores de programas de computadora, entre otros) es “establecer los patrones de las violaciones de derechos humanos y de las investigaciones viciadas”.
Para el director de la organización internacional que empezó a trabajar en la plataforma en noviembre del año pasado, “Ayotzinapa es un caso en el que las fuerzas de seguridad del Estado están involucradas directamente en dos tipos de violencias: contra los estudiantes y en la destrucción de las evidencias”, por lo que su aporte es un acto de “solidaridad con las víctimas, con las familias y con la sociedad”.
La idea de la reconstrucción del caso Ayotzinapa surgió el año pasado, “ante la complejidad de la escena del crimen con 13 horas de actividades en la ciudad de Iguala, en acciones simultáneas”, contó Mercedes Doretti, coordinadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organización que colabora como peritos de los familiares de los 43 desaparecidos, representados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El proyecto digital también se plasmó en un mural de 16 metros que será expuesto en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), a partir del sábado.
Durante la conferencia en las instalaciones del Centro Prodh, miembros del equipo de Forensic Architecture que colaboraron en el proyecto coordinado por Stefan Laxness, explicaron cómo fue construyéndose la plataforma a partir de los dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los testimonios de normalistas sobrevivientes de los ataques, contenidos en el libro del periodista John Gibler Una historia oral de la infamia, y el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Laxness explicó que la pretensión es acercar al público en general y a los investigadores a “la complejidad y la magnitud de los eventos ocurridos esa noche”, que permitan “comparar la versión oficial con la evidencia”, a partir de material ya conocido.
Theo Resnikoff e Irving Huerta precisaron que para elaborar el material interactivo fue necesario sistematizar los documentos en bases de datos en distintas categorías, lo que llamaron data mining o minería de datos, logrando una base de “5 mil eventos y acciones precisas con personajes involucrados, el lugar y la hora en que acontecieron”.
El producto final es una plataforma sobre una imagen satelital de Iguala y de la región norte donde se ubica a personajes en tiempo y lugar de los hechos, modelos interactivos en tercera dimensión de las tres escenas principales del crimen, videos que analizan algunos de los temas torales de la investigación del GIEI, además de la exhibición en el MUAC, a cargo de la curadora Rosario Güirales.
Al hablar de la exposición “Forensic Architecture: hacia una estética investigativa”, el curador en jefe del MUAC, Cuauhtémoc Medina expuso el contraste entre la narrativa oficial y lo presentado por el equipo londinense, por lo que consideró que lo que revela el ejercicio es “un ámbito de responsabilidad del Estado, la violencia que se ejerce al crear un sistema de información totalmente incapaz de proveer alguna claridad, y que beneficia a la impunidad y a un ejercicio autoritario del poder”.
Luego de destacar que para la exposición se contó con el apoyo de la Fundación Ford, Medina insistió en que en el caso Ayotzinapa hay también “alguna clase de responsabilidad informativa por no generar una investigación científica, lo que produce la cobertura para la violencia y la omisión de la justicia”.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, puntualizó que el aporte de la plataforma digital es la confrontación con el discurso oficial, que además dista mucho de los hechos plasmados en el proceso judicial.
Mencionó que desde enero de 2014, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) dio su “verdad histórica” que dice que los 43 estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula, no ha habido nuevos cambios en las investigaciones, y de los 170 detenidos por el caso sólo 70 tienen alguna vinculación directa con la desaparición de los jóvenes, considerada como “secuestro” y no como desaparición forzada.
Aguirre reconoció el esfuerzo como una “representación cartográfica accesible para todo mundo, de los hechos hasta hoy probados”.
Al finalizar la presentación, en nombre de los padres de los 43 normalistas presentes, Cristina Bautista agradeció a los integrantes de Forensic Architecture “su contribución en la búsqueda de verdad y justicia”.

Etiquetas: México, Iguala, Ayotzinapa, 43 desaparecidos, desaparición forzada, Forensic Architecture, Universidad de Goldsmiths, Londres, cartografía

Agencia Reforma

Ciudad de México

Hay coincidencias entre la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) y los testimonios obtenidos presuntamente bajo tortura, mientras que los registros de policías y militares tienen más similitud con la versión de los normalistas de lo que pasó la noche en que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos, según la recreación de la agencia de investigación Forensic Architecture de la Universidad de Goldsmiths, con sede en Londres.
La plataforma Ayotzinapa: una cartografía de la violencia, que se encuentra disponible en Internet, recopila información contenida en el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR), en los informes del GIEI y testimonios de normalistas sobrevivientes, para ubicar en un mapa del municipio cada elemento según las diferentes versiones del caso.
Con ayuda de arquitectos, cineastas, programadores y periodistas, Forensic Architecture recreó también tres escenas en modelos tridimensionales que muestran la evolución de los hechos esa noche.
Analizando la fotografía (que ya ha sido revelada) que tomó el soldado Eduardo Mota Esquivel del autobús Estrella de Oro 1531, debajo del puente del Chipote y casi frente al Palacio de Justicia, los investigadores pudieron determinar su ubicación.
La imagen revela coincidencias entre la versión de la PGR y los testimonios obtenidos presuntamente bajo tortura, mientras que los registros de policías y militares tienen más similitud con la versión de los normalistas.
El mapa tridimensional revela que el militar, integrante del Órgano de Búsqueda de Información (OBI), también tenía en su campo visual, pero a su otro lado, la unidad Estrella Roja 3278, señalado como el quinto autobús, del que no dijo nada ni la PGR le preguntó en las cinco declaraciones que ha rendido.
El mismo modelo tridimensional muestra el campo visual de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, tomando en cuenta sus especificaciones técnicas, y revela que pudieron captar sucesos importantes de aquella noche, contrario al argumento que usó la autoridad para destruir esa evidencia.
También elaboró una línea del tiempo en la que ubica los sucesos según la teoría de la PGR, que culmina en el basurero de Cocula, y según las versiones de los sobrevivientes.
En la línea del tiempo pone los testimonios de presuntos delincuentes que habrían sido torturados, y los registros oficiales de patrullas -municipales y federales- y de soldados del Ejército.
La imagen revela coincidencias entre la versión de la PGR y los testimonios obtenidos presuntamente bajo tortura, mientras que los registros de policías y militares tienen más similitud con la versión de los normalistas.

 

Un sismo de 8.4 grados Richter se sintió ayer a las 11:49 de la noche en Guerrero, y causó temor en los habitantes.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo tuvo su epicentro a 111 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.
A pesar de la magnitud del sismo, en Acapulco el temblor no causó cortes de electricidad ni afectó otros servicios en colonias del puerto, sólo temor en ciudadanos de las partes altas.
La Secretaría de Protección Civil Guerrero dijo que activó los protocolos de seguridad en los 81 municipios; en todos se sintió el fuerte movimiento telúrico.
El gobernador Héctor Astudillo, en twitter informó después de l media noche que no habrá clases hoy en todas las escuelas porque se revisará la infraestructura educativa.
En un mensaje en la red social Facebook, a las 12:07 de la medianoche, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez informó que Protección Civil municipal aplicaría el Protocolo de Seguridad en caso de sismo, para revisar que todo estuviera en orden y sin afectaciones.
La Secretaría de Protección Civil estatal informó que, después de la medianoche no se habían reportaron daños en regiones de la entidad a causa del sismo.
La Secretaría agregó que continuó haciendo recorridos de verificación y que estaba en constante comunicación con los centros regionales del estado y con autoridades municipales en caso de que se reportaran daños.
El SSN informó que ayer hubo otros cinco sismos en el estado, el de mayor intensidad, después del que se registró en la noche, fue uno de 4.3 grados en la escala de Richter, con epicentro en Coyuca de Benítez.
El SSN informó en su cuenta de Twitter que el primer temblor se registró a las 10:17 de la mañana, y fue percibido de ligero a moderado en Acapulco, Coyuca de Benítez y Atoyac; el segundo sismo fue de 3.5 grados, con epicentro en San Marcos; el tercero, con magnitud de 3.4, fue en Ometepec y tuvo una réplica de 3.3; y el quinto fue de 3.3 grados, con epicentro en Coyuca de Benítez.
En edificios gubernamentales en Acapulco se aplicaron los protocolos de emergencia tras el sismo; fueron desalojados trabajadores de las dependencias de los tres órdenes de gobierno en el Palacio Federal, en el centro de la ciudad.
La Secretaría de Protección Civil informó que desde el 1 de enero van 2 mil 334 sismos en el estado, lo que representa 21.92 por ciento a nivel nacional; en esta cuenta no entró el sismo de 8.4 grados que ocurrió a la medianoche.

 

Campesinos na savi de la comunidad de Tototepec, municipio de Tlapa, se plantaron en el Ayuntamiento para demandar fertilizante para 40 productores que están en la lista adicional, pero que el presidente municipal priista, Jesús Noé Abundiz García se niega entregar.
El comisariado de los bienes comunales, Honorio Morales Bonilla explicó que los productores se plantaron en el Ayuntamiento porque necesitan el fertilizante que les deben entregar cada año.
Dijo que los campesinos no aceptaron la propuesta del Ayuntamiento, que les ofrece dos bultos, porque el paquete es de siete, dos de granulado y cinco de sulfato, y como no aceptaron decidieron exigir que los atienda personalmente el presidente mediante el plantón.
Por su parte, el comisario Rigoberto Garzón Montalvo dijo que ha venido a preguntar por el apoyo porque es el representante de la comunidad, pero sólo le confirman que les entregarían dos bultos.
Explicó que la encargada del programa de apoyo al campo del Ayuntamiento les recomendó que fueran a empadronarse a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), lo que hicieron, pero hasta la fecha no les han entregado los paquetes; recordó que el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arreaga gestionó paquetes para su grupo político, y que hace unos días les entregó toneladas de fertilizante, mientras que a ellos les dicen que no hay recursos.
Advirtió que permanecerán en el Ayuntamiento de Tlapa en tanto no les entreguen el apoyo.
En el lugar, el campesino, Cornelio Montalvo Rivera dijo que ya llevan meses esperando y que la milpa se está echando a perder, porque se necesita del fertilizante para que dé maíz.
La mayoría de quienes demandan el fertilizante son mujeres, algunas dijeron que son madres solteras y no tienen dinero para comprar el insumo, porque sólo trabajan en el campo y siembran maíz de temporal para su autoconsumo de todo el año. (Antonia Ramírez/Tlapa).

 

Padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos y estudiantes de esa Normal originarios de Atoyac hicieron un mitin informativo, con el apoyo del Frente de Defensa Popular (FDP), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) de esta ciudad.
La actividad fue en el obelisco a Lucio Cabañas en el Zócalo, donde el vocero de los padre, Felipe de la Cruz informó que los policías federales y los municipales de Huitzuco implicados en la desaparición de los estudiantes tienen órdenes de aprehensión, pero falta detenerlos.
Acudieron siete padres de los normalistas informaron que se intensificará la jornada de lucha para exigir la verdad y el seguimiento a las cuatro líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que confían dará con el paradero de los estudiantes.
Reclamaron la pasividad con la que el gobierno federal ha dado seguimiento a este hecho por el cual incluso se solicitó el apoyo de países extranjeros, “lo cual es una vergüenza ya que aquí no se puede hacer nada”.
El vocero dijo que es importante visitar Atoyac por su historia y por su por su tradición, “y también porque aquí hay cuatro desaparecidos de Atoyac, uno del Ticui y dos de San Juan de las Flores, (comunidades) que forman parte del municipio y creemos que es importante venir”.
Abundó que en Atoyac conocen el sentir de las desapariciones por la historia que se vivió en la llamada época de terrorismo de Estado en la década de 1970, cuando muchos habitantes fueron desaparecidos por militares.
Precisó que a partir del 15 de septiembre se va intensificar la jornada de lucha a favor de los 43, “porque todos los gobernantes gritan con bombos y platillos viva la independencia, viva México, cuando sabemos que la independencia no ha existido jamás en este país, no hay nada que festejar”.
Mencionó que el Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa, “le va a dar continuidad a las recomendaciones (del GIEI), hoy con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estamos viendo los resultados, en la última reunión que tuvimos con la PGR nos habían dado un programa de actividades empezando por las líneas que nosotros exigimos, que son cuatro, antes decían que no las aceptaban porque que la única verdad era de la Murillo Karam (entonces procurador de la República), hoy aceptan que eso no existe y avanzan sobre la línea telefónica”.
Sostuvo que saben que los teléfonos de los estudiantes siguieron funcionando (después de su desaparición), “ya nos dijeron en qué lugar estuvieron. Eso echa abajo la verdad histórica de Murillo Karam”.
Indicó que lo que deben hacer hoy los mexicanos es organizarse “ya que como ejemplo está Cherán (Michoacán), Chiapas, y varios estados donde no permiten que ningún partido intervenga, se gobiernan y se rigen por ellos mismos y viven mejor que los que siguen la fantasía de los políticos esperando a que les ayuden a resolver sus problemas”.
Expuso que los familiares sólo aceptan la versión de que sus hijos están vivos porque no les han podido demostrar lo contrario, a pesar del teatro de la “verdad histórica” que fue hecha pedazos con todo lo que informó el GIEI. (Francisco Magaña  / Atoyac).

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerró las compuertas de la presa El Caracol a las 2 de la madrugada, lo que disminuyó el caudal del río Balsas, y permitió cerrar los albergues temporalmente.
La carretera de Tlapehuala a Ajuchitlán, donde la tarde del miércoles los transeúntes tenían que cruzar en lanchas, fue abierta a la circulación de carros.
Este jueves, el agua del río regresó a su cauce y no hay reportes de otros arroyos crecidos que estén provocando problemas, por lo que los ayuntamientos también cerraron sus albergues y los vecinos refugiados pudieron volver a sus casas.
Se confirmó que en la mayoría de las localidades de la ribera del Balsas no hubo daños, pues el agua llegó sólo a los patios o alcanzó niveles menores a 20 centímetros dentro de algunas casas. Sin embargo, hubo más de 300 vecinos evacuados de Altamirano, Tlapehuala, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan y Arcelia, pues se temía una inundación similar a la de 2013.
Fue en localidades afectadas por arroyos que crecieron de forma repentina o ríos menores, donde se reportaron pérdidas materiales.
La mayor afectación en Tierra Caliente es la pérdida de siembras, que aún no terminan de cuantificar, pero que podrían ser unas 300 hectáreas.
La Secretaría de Protección Civil estatal reportó que, ante el pronóstico de fuertes lluvias en la región y la evolución de niveles en la presa de El Caracol, la Coordinación de Generación Hidroeléctrica del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), acordó que desde las 9 de la noche de ayer jueves, comenzarían a abrir las compuertas nuevamente para vaciar 2 mil 100 metros cúbicos por segundo, como medida preventiva. Prevén que el río Balsas tenga desbordamientos ligeros, dado su nivel actual. (Israel Flores / Ciudad Altamirano)Un n
Se deben extremar precauciones ante la llegada del huracán Katia, informa PC estatal

El secretario de PC del estado, César Antonio Mayares Salvador dio a conocer que en Guerrero se mantiene la alerta por la presencia del huracán Katia que se ubica frente a las costas del golfo de México.
En un boletín de prensa y de la cuenta de Twitter oficial del gobernador, Héctor Astudillo Flores, se informó sobre la probabilidad de lluvias moderadas en la región Norte, Centro y Tierra Caliente del estado.
El comité de Protección Civil (PC) del estado sostuvo una reunión privada en una de las salas de Casa Guerrero para determinar las acciones a implementar ante el paso del huracán Katia.
En el documento publicado en el portal oficial del gobierno del estado se informó que continua en categoría 1 y se prevé que sus bandas nubosas generen lluvias para las próximas 72 horas en todo el estado.
Ante este pronóstico se solicitó a la población que extremen precauciones en las zonas de alto riesgo, principalmente lugares cercanos a cauces de ríos y arroyos, así como escurrimientos pluviales, barrancas y laderas.
Se emitió un aviso previo a los 81 municipios del estado, para que la población evite cualquier riesgo.
Se recomendó ubicar los refugios temporales más cercanos, conocer rutas de evacuación, tener listo un botiquín de primeros auxilios y guardar documentos importantes en bolsa de plástico.
Asimismo, por la tarde de este viernes en la capital del estado se registró una precipitación que provocó encharcamientos en el primer cuadro y la zona sur de la ciudad a causa del agua que bajaba de las barrancas. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

 

Por cuarto día, habitantes de cinco pueblos de los municipios de Mártir de Cuilapan y de Huitzico mantuvieron bloqueada la carretera que lleva a la Autopista del Sol y que utilizan varios pueblos de la zona del alto Balsas.
Los inconformes insisten en que los habitantes de San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco, retiren otro bloqueo que mantienen desde hace más de dos años en esa carretera por un conflicto agrario con sus vecinos de San Agustín Oapan.
Nahúm García, líder de la comunidad de San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco, una de las cinco comunidades que participa en el bloqueo que comenzó el lunes pasado, advirtió ayer vía telefónica que mantendrán su movimiento mientras los de San Miguel Tecuiciapan desbloqueen la vía, y dieron de plazo hasta el miércoles de la próxima semana para que las autoridades intervengan, de lo contrario, advirtió que irán a la Autopista del Sol a bloquear el puente Solidaridad.
Por su parte, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, reconoció que las pláticas están estancadas porque el conflicto agrario entre San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan sólo “es un pretexto” para mantener cerrada la carretera contra sus contrapartes.
Desde el lunes, vecinos de las comunidades de Tula del Río, San Juan Totolcintla y San Agustín Ostotipan, en el municipio de Mártir de Cuilapan, y de San Francisco Ozomatlán y Tulimán, municipio de Huitzuco, cerraron el tramo de la carretera que comunica a la Autopista del Sol para impedir el paso a los habitantes de San Miguel Tecuiciapan, en represalia por que estos tienen cerrada esa misma carretera a la salida de su pueblo, ante el conflicto agrario que tienen con San Agustín Oapan.
Un vecino de San Francisco Ozomatlán, Nahum García, declaró vía telefónica que la solución del problema es sencillo, “solamente pedimos que San Miguel Tecuiciapan quite el bloqueo que tienen entre San Agustín Oapan y San Miguel Tecuiciapan, en el momento que ellos retiren las láminas que cierran el paso, nosotros también retiramos la tierra que bloqueo el paso”.
Informó que desde el lunes le pidieron a Jaimes Ferrel, “que le eche ganas y que les diga a los de San Miguel que quiten las láminas que cierran el paso para que aquí también destapemos y se libere totalmente te la vía de comunicación”.
Informó que, el miércoles acordaron que ayer jueves el subsecretario se reuniría con vecinos de San Miguel Tecuiciapan para decirles que quiten la lámina, pero dijo que, a las 5 de la tarde no se había comunicado con ellos.
Informó que, en la reunión que tuvieron con el subsecretario le advirtieron que los pueblos van a esperar hasta el 14 de septiembre, y que si para entonces no se ha resuelto nada, van a trasladar el bloqueo a la Autopista del Sol, en el puente Solidaridad. Dijo que en ese bloqueo participarían habitantes de otros pueblos de la zona.
Por su parte, el subsecretario Jaimes Ferrel declaró que los vecinos que instalaron el bloqueo el lunes pasado, sólo piden que los habitantes de San Miguel Tecuiciapan retiren el bloqueo que instalaron desde marzo de 2015 en la carretera Xalitla-San Francisco Ozomatlán.
Informó que acordaron con el abogado de San Miguel Tecuiciapan que ayer jueves se reunirían a las 12 en Chilpancingo, pero que finalmente le informaron que tendrían una reunión a la misma hora en su comunidad, y ya no se presentaron.
Informó que el miércoles, mientras él estaba en San Francisco Ozomatlán, los de San Miguel Tecuiciapan se reunieron con el subsecretario de Asuntos Políticos, José Martín Maldonado del Moral, y acordaron una reunión de trabajo para el 13 de septiembre, en la que estarán funcionarios de dependencias estatales y federales, y en las que se espera que haya acuerdos.
Reconoció que el conflicto está estancado, pero que al gobierno le interesa destrabarlo lo antes posible, porque el segundo bloqueo está afectando ya el abasto de alimentos a San Miguel Tecuiciapan, la comunidad más afectada con este segundo bloqueo, porque les cerraron el único paso que tenían para salir a la Autopista del Sol. La otra salida es hacia la carretera federal México-Acapulco pero por ese lado está San Agustín Oapan por donde no pueden pasar a causa del conflicto agrario.