DPA

Ciudad de México

La prisión preventiva se usa en América Latina de manera “excesiva” y se ha convertido en un mal crónico que hace evidente el fracaso del sistema de justicia en la región, alertó este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El uso excesivo de la prisión preventiva constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia”, afirmó el comisionado James Cavallaro, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad.
El organismo, dependiente de la Organización Interamericana de Derechos Humanos (OEA), presentó en la Ciudad de México un informe que propone medidas para reducir el uso de la prisión preventiva.
La prisión preventiva permite mantener detenida a una persona que está siendo investigada, antes de que sea presentada ante la justicia y sin que existan cargos formales.
De acuerdo con la CIDH, que realiza en la Ciudad de México su 164 periodo de sesiones, el promedio de personas en prisión preventiva en América latina es de 36.3 por ciento del total de la población penitenciaria, aunque en algunos países es superior a 60 por ciento.
El organismo afirmó que los Estados han hecho “importantes esfuerzos” para reducir su uso, pero manifestó su preocupación “por la falta generalizada de voluntad política por parte de los Estados para hacer efectiva la implementación de dichas medidas”. Por eso, los urgió a recurrir a esta figura de manera excepcional.
“La CIDH recuerda que la prisión preventiva debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia y tener en cuenta la naturaleza excepcional de esta medida; además, debe aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dice el informe.
Advirtió también que el uso excesivo de la prisión preventiva ha agravado también el hacinamiento carcelario, mientras que en algunos Estados, por el contrario, para reducir su uso se realizan procesos abreviados o inmediatos, que suelen afectar el derecho al debido proceso.

Jaime Luis Brito / APRO

Cuernavaca, Morelos

Un nuevo socavón se abrió durante la noche del miércoles, ahora en el estacionamiento de las oficinas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), localizadas en el entronque del Paso Exprés con la Paloma de la Paz, al norte de la ciudad, en el sentido sur a norte.
Después de las ocho de la noche, y en medio de un aguacero, fue reportada la nueva oquedad de unos tres metros de diámetro por cuatro de profundidad, según los reportes del organismo público, aunque las autoridades de Protección Civil del estado dijeron que era más pequeño.
El agujero se localizó en la salida del estacionamiento de las oficinas de Capufe, pero alcanzó el carril de baja velocidad de la gasa de entronque del Paso Exprés con la Paloma de la Paz.
El 12 de julio pasado se generó un socavón en el Paso Exprés, a la altura del poblado de Chipitlán, donde cayó un vehículo en el que viajaban Juan Mena Romero y Juan Mena López, padre e hijo, quienes a la postre fallecieron por asfixia debido de la tardanza de los trabajos de rescate.
Por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las empresas constructoras del Paso Exprés, Aldesa y Epccor, alcanzaron un acuerdo de indemnización con las familias de los fallecidos.

Pese a las alertas que han lanzado especialistas y grupos ecologistas, el gobierno federal publicó discretamente las reglas por medio de las cuales puede ser empleado el procedimiento de fracturación hidráulica para la explotación de gas shale en el subsuelo.
El activista Antonio Hernández Ramírez, especialista en temas de sustentabilidad, explicó que el pasado 30 de agosto fueron notificadas en el Diario Oficial de la Federación las reglas que las empresas deben seguir para usar el agua en la extracción de carburante del subsuelo mediante la técnica del fracking, para la cual son empleados millones de litros del recurso natural mezclado con químicos contaminantes.
En las perforaciones el líquido se inyecta a presión sobre las rocas de las que se extrae el energético, lo que provoca que todo el fluido empleado se derrame dentro del subsuelo, de forma incontrolable y que al final contamine los mantos acuíferos de los que se extrae el agua para uso generalizado, explicó el también biólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
“A la gente de Monterrey debe preocuparnos la afectación a la calidad del agua por la inyección de estas sustancias en los acuíferos de donde nosotros nos abastecemos para el consumo humano, la ganadería y la industria”, expuso Hernández.
Además, la masa de agua agregada al subsuelo provoca reblandecimientos subterráneos que ocasionan temblores que, en el caso de Nuevo León, se han sentido hasta la zona metropolitana, pese a que la explotación ocurre en la zona rural.
La publicación del Diario Oficial se denomina Lineamientos para protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, lo que significa que el recurso, incluido el que pudiera ser extraído del mar, puede ser empleado para el método de la fractura hidráulica de manera legal, denunció.
Anteriormente, en México existía únicamente una Ley para las Aguas Nacionales, que contenía reglas difusas en las que se establecía una prohibición para el uso de aguas en los trabajos del fracking, lo que hacía que las empresas hicieran maniobras prácticamente en secreto.
“Ahora, con estas reglas, ya se puede efectuar de manera masiva y más claro el trabajo de la fractura hidráulica, lo que representa una amenaza el agua en el estado, pues en esta técnica se inyectan millones de litros de agua en profundidades de hasta 5 mil metros y el agua va mezclada con diferentes químicos que fracturan la roca”.
“Aunque el gobierno dice que los pozos que se perforen para inyectar el agua deben ser cubiertos, y marcan cierto tipo de reglas, hasta ahora no han podido dar con una garantía de que el aislamiento de agua contaminada con químicos no afecte acuíferos, pues la Conagua dice que hay que monitorear la salida del agua, y allá abajo, a miles de metros, no se sabe a dónde va el líquido”, señaló el especialista.
Además, dijo, la reglamentación expedida por la Conagua, que dirige Roberto Ramírez de la Parra, establece que la autoridad aplicará sanciones a quien afecte la calidad del agua, obligando a la respectiva empresa a restaurar el daño y, si eso no fuera posible, tiene que haber una compensación por la afectación.

El artista plástico Francisco Toledo entregó ayer una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que, a nombre del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, le pide prohibir el cultivo de transgénicos en el país y proteger el maíz.
El también activista aprovechó la visita del mandatario a Oaxaca para hacerle llegar una misiva similar a la que le hizo llegar en 2014, en la que advierte sobre evidencias científicas que señalan efectos nocivos para la salud humana del herbicida glifosato y sobre hallazgos que sugieren que más del 90 por ciento de los alimentos de maíz procesados industrialmente tienen presencia de transgenes.
“Como lo expresamos en 2014, sentimos que contaminar nuestro maíz es herir el corazón de México. Por ello pedimos a usted no autorizar el cultivo de semillas transgénicas en el territorio nacional”, se lee en la carta. (Staff / Agencia Reforma / Ciudad de México).

Escribo estas palabras en un papel humedecido por el sudor de mi mano, desde un campamento de la selva Lacandona. Vine a trabajar, pero no puedo dejar de pensar en el pueblo desaparecido, en la inmensidad a la que se enfrentaron los primeros exploradores y que los llevó a llamarle “Desierto de la Soledad” a una selva tan lluviosa. Y yo que me salí del sendero y me sentí perdido con tan poco. Perdido anduve hasta que me topé con un personaje que caminaba también sin propósito aparente. La negrura de su cabello largo y su andar sereno encandilaban.
Después de largos minutos rompimos el muro levantado por quienes “vienen, toman fotos y van allá a decir que ayudaron”. La desconfianza creada por la buena voluntad. Le expliqué mis intenciones tan francamente como pude, mientras él observaba un tronco partido en dos por un rayo y yo trataba de tomar una foto a contraluz.
Del suelo levantó unos frutos verdes que comen los pericos. Me contó que si una persona los consume, tiene alucinaciones y que si es demasiado, puede quedarse así permanentemente. Le dije que algún día me gustaría probar un poquito. Durante un par de horas de caminata me enseñó caídas de agua, árboles de frutos comestibles entre los cedros, lianas y ceibas; las espinas que curan el piquete de colmoyote, que deja una larva subcutánea hasta formar una cavidad en la carne; me habló de un absurdo: tirar la selva para producir vacas. Aunque en su comunidad no se da la deforestación con tal fin, sabe que el aparente dinero del ganado no compensa el valor de un ecosistema tan diverso. Le han dicho que aquí cae una tercera parte del agua dulce del país, y rodeado de borbotones, no tiene la menor duda.
Me habló sobre la migración. Él piensa que en su comunidad nadie se quiere ir porque están muy a gusto con su entorno. Y porque no desean “nada que aquí no puedan encontrar”. Los jóvenes de otras comunidades “quieren tener lo que no pueden y por eso se van”. Yo le di toda la razón: por eso me fui de Oaxaca y por eso se han ido todos los míos. ¿Qué hubiera pasado de haber nacido rodeado de una tierra propia? Los sin tierra son los verdaderos condenados del mundo.
Bajamos hasta una hondonada. Dijo que las mariposas ya iban a dormir. Quise tomar una foto y las mariposas huyeron. Es que para domar a las mariposas hay que tranquilizarlas con buena energía: “Si sienten que vas a tomar algo de ellas, se van –soltó en un tono que no pude identificar si era de broma o en serio y me llevó a un árbol. Aquí duermen dos cada tarde, mira”. Dos mariposas colgaban de la rama. Se acercó con cautela y logró que una de ellas se posara en su dedo. Intenté lo mismo. La mariposa “despertó” y echó a volar. “¿Ves? –se rió. Es tu mala vibra”.
De su túnica blanca sacó un celular de última generación. Lo sorpresivo de ese gesto me hizo callar. En el teléfono traía videos de mariposas en sus manos, fotos de mariposas posadas en los tallos y él acercándose hasta casi tocarlas con la nariz. En un ecosistema con casi la mitad de las especies de mariposas de México, domar mariposas me pareció un oficio atractivo.
Este ambientalismo sí me gusta. Es frugal y desinteresado, es desapegado del reconocimiento. Se basa en la profunda conexión con el ecosistema (¿quién es capaz de identificar en un bosque hasta la rama donde duermen las mariposas?), en el entendimiento de los problemas y amenazas. En el conocimiento profundo. Es incrédulo y cínico. Es sereno, sin estridencias, y es personal.
“Tú deberías ser comunero con derechos”, le dije. “Nunca es mejor ser comunero, es mucho trabajo –me contestó– y a veces gana la ambición y uno ya no vela por su selva”.
Su escepticismo por los arreglos institucionales locales me hizo tambalear. Pero cómo esperar menos entre la juventud rural e indígena, cuando les hemos dado la espalda durante generaciones. En muchas comunidades agrarias del país, los jóvenes forman “asociaciones de hijos de comuneros” para exigir apoyos gubernamentales, ya que los programas están diseñados para ejidatarios y comuneros con derechos, y la mayoría de éstos tiene más de 65 años. ¿Qué le queda a un joven indígena o rural? Emigrar, educación media superior técnica sin mercado laboral, subempleo en servicios, ser jornalero agrícola.
Quise saber qué sugería, ¿organizarse? ¿resistir? “Organizarse, no. Para qué. Es darle poder a unos pocos que luego van diciendo que todo lo hacen por ayudar. Resistir, tampoco. Eso da la esperanza de estar esperando que algo cambie: resisten quienes están infelices”.
En la selva diversa, trabajando por conservarla cada día y viviendo con sencillez, la palabra “resistir” carece de significado, pensé. Y no me importa saber que estos caribes no son, ni de lejos, aquellos lacandones originales de hace 400 años, quienes defendieron heroicamente su ciudad lacustre amurallada hasta emboscar a españoles y sitiarlos, aquellos que empalaban a sus prisioneros de guerra y eran el temor de todos los pueblos de paz del gran “Desierto de la Soledad” –como llamaron a la selva–, aquellos que cubrían su cuerpo con ceniza para evitar picaduras de moscos, aquellos que jamás fueron dominados (domados). Lo que me importa más es esta forma de ocupar el territorio, dispersa, equilibrada, casi sin dejar huella.

Este jueves, personas que habitualmente se ejercitan en la playa Principal en Zihuatanejo, reportaron que frente al Museo Arqueológico de la Costa Grande se encontraban los restos de una torga de la especie golfina destazada. El director municipal de Ecología, Gustavo Adolfo Gurrión Maldonado, confirmó el hecho al tiempo que lamentó que las autoridades encargadas de vigilar, proteger y conservar esta especie no hacen su trabajo.
Se presume que el ejemplar de quelonio fue destazado cuando salió a desovar a esa playa y sus depredadores sólo dejaron sobre la arena el caparazón y el plastrón.
Gurrión Maldonado lamentó que “están matando a las tortugas marinas que salen a desovar dentro de la bahía, aún cerquita del Sector Naval, es un problema muy grave porque debería de haber más vigilancia ya que el Sector Naval está cerca y es competencia federal cuidar, resguardar las playas no nada más en la fauna silvestre, sino en la seguridad, sí es triste que nosotros como municipio tenemos tantas unidades de manejo protegiendo la tortuga, recorriendo en las noches, recolectando huevos, liberando tortugas y las tortugas mayores que están saliendo dentro de la bahía a desovar, las están matando”.
Informó que el de ayer es el tercer ejemplar de tortuga que aparece depredada en playas de la bahía en menos de 20 días. Recordó que dos han sido en la playa La Madera y la tercera, ayer jueves en la playa Principal frente al Museo Arqueológico, “y no hacemos nada, desgraciadamente nosotros no podemos hacer vigilancia en playas, no tenemos autorización de la dirección de Vida Silvestre (Semarnat) para proteger las playas de la bahía, las únicas autorizaciones que tenemos son en El Palmar, Buena Vista, playa Linda, y dos privadas que están en la isla de Ixtapa y playa Larga, pero las otras playas están libres”.
Más adelante, el funcionario municipal comentó que es arriesgado intentar proteger a las tortugas marinas que salen a desovar si no hay un permiso por parte de la autoridad correspondiente “porque desgraciadamente se mete uno en un delito y hasta a la cárcel podemos ir a dar. A nosotros nos piden que entremos a las playas, no podemos (…) aquí es competencia de las autoridades policiacas, llámese estatal o federal hacer la vigilancia de que es el tráfico de carne de tortuga y es un delito federal”.

 

Organizaciones de la sociedad civil exigieron a las autoridades de la Ciudad de México la activación de la alerta de género ante la persistencia de actos de violencia en contra de las mujeres que habitan en la capital del país.
Durante el Foro de Violencia Feminicida: Impunidad y Falta de Acceso en la Ciudad de México, realizado en la Asamblea Legislativa de esta ciudad, especialistas en cuestiones de género denunciaron que las autoridades capitalinas fallan en el cumplimiento de investigar, castigar y prevenir los actos que atentan en contra de las mujeres.
Por el contrario, los funcionarios responsables de impartir justicia minimizan los casos, responsabilizan a las víctimas o niegan los casos de feminicidio al tipificarlos como homicidio o suicidio, denunciaron los participantes del foro.
También alertaron sobre la presencia de la delincuencia organizada en la Ciudad de México, pues ha impactado en la seguridad de las mujeres, al aumentar los casos donde la muerte de la víctima es consecuencia del uso de armas de fuego.
María Salgueiro, geofísica por el Instituto Politécnico Nacional y creadora del Mapa del Feminicidio Nacional, ofreció algunas cifras para dimensionar el alcance de la violencia feminicida.
En 2016, Salgueiro registró en el mapa 74 feminicidios, casi el doble de los que reportó la propia Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, la cual determinó que únicamente se habían cometido 39. Posteriormente, la dependencia actualizó su cifra a 46.
En cambio, en lo que va del año se han cometido 45 feminicidios y 37 asesinatos de mujeres no tipificados como feminicidios. La distinción entre uno y otro obedece a que, en el caso del feminicidio, existe una relación entre la víctima y el sujeto en el ámbito familiar, laboral o escolar. O bien, un vínculo sentimental, afectivo o de confianza. También pesa el hecho de que existieran amenazas, acoso o lesiones y que la víctima hubiese sido incomunicada.
En estos 82 casos de 2017, dos de las víctimas eran menores de 12 años, cuatro adolescentes, 58 mujeres adultas, cuatro adultas mayores y en 14 casos no se especificó su edad.
Once de las víctimas fueron asesinadas por sus parejas; tres, por conocidos; ocho, por familiares; dos, por ex parejas. En el resto de los crímenes no hay información sobre el atacante. En 54 casos se desconoce la identidad del perpetrador y en cuatro más no se estableció el vínculo entre la víctima y el feminicida.
Salgueiro calificó como una burla que la PGJ tipifique como suicidio y homicidio crímenes que, por sus características, deberían investigarse como feminicidio.
En ese sentido, recordó el caso de Lesvy Berlín Osorio, la joven cuyo cadáver fue encontrado con signos de asfixia y violencia en una caseta telefónica ubicada dentro de Ciudad Universitaria, y cuya muerte fue tipificada como suicidio (se habría ahorcado con el cable del teléfonico, según la versión oficial).
También mencionó el caso de Blanca Estela “N”, de 17 años, víctima de acoso, violación y asesinato. Su cuerpo fue localizado en la cisterna de un deportivo y a su agresor se le le hicieron cargos no por feminicidio, sino por homicidio simple.
“De esta manera se manipulan los casos y se disminuyen las cifras de feminicidio en la ciudad”, advirtió Salgueiro.
Por su parte, la abogada Karla Michel Salas Ramírez, abogada feminista que ha trabajado con el colectivo de madres Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, enfatizó la necesidad de homologar la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal Federal.
Salas Ramírez dijo que existen 169 sentencias por feminicidio en nueve entidades del país. Cincuenta y cinco de ellas se registraron en la Ciudad de México. El problema, indica, es que las sentencias se reclasifican una vez que son atendidas por los jueces de distrito.
Otras consecuencias de la falta de homologación en el delito de feminicidio enumeradas por la abogada, son la reproducción de estereotipos que derivan en la culpabilización de la víctima y no del agresor; la inexistencia de reparación de daño a los deudos, y la ausencia de identificación de las víctimas indirectas de los feminicidios, por ejemplo los huérfanos.
En su turno al micrófono, el abogado Rodolfo Manuel Domínguez, del Observatorio Nacional del Feminicidio, indicó que si bien la Ciudad de México posee un protocolo de investigación de violencia de género “de avanzada”, en la práctica ha servido de muy poco.
Destacó que entre 2015 y 2016 se produjeron 2 mil 80 asesinatos de mujeres en 15 estados, pero sólo en 25 por ciento de estos casos se inició una carpeta de investigación clasificada como feminicidio. En el país, la Ciudad de México ocupa el lugar 16 de incidencia.