En un escrito de cuatro páginas tamaño carta, el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez informó al Congreso que solicitó a un juez que libere una orden de aprehensión contra “varios sujetos que presuntamente participaron en el homicidio” del presidente de la Comisión de Go-bierno, el diputado Armando Chavarría Barrera.
El fiscal indicó que llegó a esa conclusión después de desarrollar las hipótesis “afectiva, política, de la delincuencia organizada y los grupos subversivos”, sin precisar cuál fue la línea determinante.
Ayer durante la sesión de la Comisión Permanente se notificó de la llegada del informe del fiscal sobre el caso Chavarría.
El pasado 26 de junio, durante su comparecencia ante comisiones del Congreso, el fiscal se había comprometido a entregar a los diputados un informe concluyente en el que revelaría quiénes eran los autores del crimen, y con base en ello solicitaría las conducentes órdenes de aprehensión.
De acuerdo con el documento que se distribuyó a los integrantes de la Comisión de Justicia y de Asuntos Políticos para “su análisis y discusión”, el informe por el asesinato cometido hace ocho años, consta sólo de cuatro páginas tamaño carta, escritas a doble espacio. El fiscal indica allí que como señaló en su comparecencia ante diputados, “se ha concluido la investigación del homicidio” de Armando Chavarría ocurrido el 20 de agosto del 2009. Y menciona en qué consistieron las investigaciones del caso.
Las dos primeras hojas solamente traen una relación de todos los procuradores que participaron en la averiguación. Menciona a Eduardo Murueta Urrutia, en el momento de los hechos, posteriormente Albertico Guinto Sierra quien estuvo como encargado de despacho tras la dimisión del primero, luego David Augusto Sotelo Rosas y cinco abogados coadyuvantes de PRD.
“En esta etapa de manera desafortunada no se avanzó en la investigación”, dice en alusión a los procuradores del gobierno de Zeferino Torreblanca.
Agrega que del 18 de mayo de 2011 al 6 de diciembre del mismo año Alberto López Rosas “practicó únicamente 23 diligencias sin relevancia alguna o trascendencia en la investigación”.
Del 20 de diciembre del 2011 al 4 de enero de 2012 estuvo César de los Santos Mendoza, el subprocurador encargado de la Procuraduría “no practicó ninguna diligencia” y agrega que lo mismo ocurrió con el encargado del 4 de enero al 15 de mayo del 2012, Manuel Herrera Campos.
Detalla que del 14 de julio del 2012 al 21 de mayo del 2013 cuando era procuradora Martha Elba Garzón Bernal se practicaron 61 diligencias en 1075 fojas y que el procurador Iñaki Blanco practicó 109 diligencias.
Y el anterior procurador Miguel Ángel Godínez Muñoz “no practicó ninguna diligencia”.
En el informe se apunta que Javier Olea “participó en 14 mil 700 fojas, en 28 tomos, diez etapas de investigación y, determinó la averiguación previa, en el periodo de 11 de diciembre de 2015 al 16 de julio de 2017, invirtiendo más de mil 950 horas en la investigación”, resaltó el fiscal en el escrito.
Y continúa: “amén de que se removió de su cargo al fiscal de asuntos especiales, en virtud de que dicho servidor público, no había practicado diligencias idóneas desde el punto de vista estrictamente jurídico. Para ello, designó un grupo especial de Ministerios Públicos y Policía Ministerial, que atendiera exclusivamente el asunto Armando Chavarría, en el que el propio fiscal participó para llegar a la conclusión que se puso a disposición del órgano jurisdiccional”.
En el documento de siete puntos también se apunta que la Fiscalía General del Estado (FGE) “remitió al Juzgado Penal correspondiente la solicitud de orden de aprehensión en contra de varios sujetos que presuntamente participaron materialmente en el homicidio”, pero no menciona nombres ni a cuántos acusó ante el juez.
No obstante sostiene que su conclusión es que se trata de “los presuntos responsables después de desarrollar las siguientes hipótesis, la afectiva, la política, la delincuencia organizada y los grupos subversivos, determinando después de la ardua investigación qué sujetos presuntamente intervinieron en el injusto penal de referencia (sic)”.
“Razón por la cual se consignó ante el órgano jurisdiccional correspondiente, para que primeramente, se obsequie la orden de aprehensión que –en su caso- libre el juzgador en materia penal que conozca el asunto, una vez que analice todos los tomos que fueron remitidos”, agrega.
Al final el informe indica que “una vez hecho lo anterior la Fiscalía General del Estado de Guerrero, procederá a poner a los responsables a disposición del órgano Jurisdiccional”.

El gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que su gobierno está preparado para responder sobre la investigación del asesinato de quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armado Chavarría Barrera, y aunque el suceso no se produjo en su periodo ha mostrado interés en que se avance en el caso.
Esto, un día después de que el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, sostuviera en la capital del estado que por la opacidad del caso se abría la puerta para que este fuera retomado por la justicia internacional.
“De las expresiones de Álvarez Icaza, pues no vino a otra cosa más que a sumarse a una invitación que entiendo hizo la señora Marta Obezo del aniversario (el octavo del crimen de Chavarría Barrera) y él por supuesto llega a un estado que es libre y que él puede hacer las consideraciones correspondientes”, agregó.
Álvarez Icaza aseguró que no hay razón legal para que la familia de Armando Chavarría Barrera no tenga la oportunidad de la coadyuvancia en las investigaciones del crimen y que la Fiscalía General del Estado (FGE), le niegue información y hasta las copias del expediente.
Ante esto Álvarez Icaza subrayó que por la denegación de la justicia en el ámbito local existen elementos para acudir ante la justicia internacional.
Sobre estas declaraciones, Astudillo Flores subrayó que el asunto es muy delicado y justificó que en su administración “se ha tratado de que el asunto camine”, y como muestra de eso ha recibido a la viuda del ex diputado perredista, Marta Obezo Cázares.
“He hecho lo que me corresponde para tratar de orientar las cosas, en que se pueda ver un avance, en lo que se lleva de este gobierno a través de la Fiscalía, que es independiente”, insistió.
Se le preguntó si su gobierno estaba listo para responder a la justicia internacional en caso de que se solicite su intervención por parte de la familia del diputado perredista, a lo que respondió que está preparado.
Dijo que los órganos que tiene para dar constancia de las investigaciones realizadas en el caso del asesinato, “al final de cuentas es un tema delicado” y que no se originó en su administración.
“Es un tema que no se originó en el gobierno de Héctor Astudillo, cuando yo soy gobernador, y por supuesto que yo tengo un enorme compromiso con quien fuera mi amigo Armando Chavarría”, señaló.

Gestionó adeudos con Meade y el director del ISSSTE, informa

En declaraciones a reporteros, Astudillo Flores informó que se le deben al ISSSTE de cuotas de trabajadores 13 mil millones de pesos en total, y que de eso habló con el director general de esta institución, José Reyes Baeza Terrazas.
Explicó que este martes en la Ciudad de México también sostuvo una reunión con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, con quien trabajó para determinar la estrategia para cubrir la deuda que se enfrenta por no pagar el Impuesto Sobre la Renta.
Dijo que este miércoles el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, se quedó en la Ciudad de México para una mesa de trabajo en la que se plantea darle seguimiento a tres acuerdos que permitan dar solución al problema.
“Yo espero que en los próximos días podamos anunciar que nos enrutamos finalmente a una solución, no es nada sencillo, no es nada fácil. Hacienda al final de cuentas a los que aspira es a cobrar un dinero que no se le pagó”.
Dijo que la propuesta de Hacienda es que se trabaje con programas que ya están diseñados para quienes necesitan pagar sus deudas. Por ello se decidió que el secretario de Finanzas se quedara para analizar las propuestas.
Recordó que ante la falta de pago del impuesto de ISR y de las cuotas al ISSSTE, se están pagando las consecuencias ante los primeros descuentos aplicados al estado y si no se atiende este problema se agudizara “en el presente y futuro”.
“Se tiene que encontrar una solución porque al alargarlo vamos a encontrar problemas serios a presente y futuro”.
Dijo que la única forma de solucionar este problema es pagando lo que se debe, pero a plazos largos.
En la consulta también se le preguntó sobre los seis cuerpos encontrados en la fosa ubicada a un costado del fraccionamiento Costa Dorada en Acapulco, pero el gobernador evadió: “Muchas gracias, ya contesté lo que tenía que contestar”.
Acto por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Siete días después de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el gobierno del estado lo celebró en la Sala de la República de Casa Guerrero con la entrega de proyectos productivos.
Astudillo Flores puntualizó que la prueba de que existe una ruta de atención a los pueblos indígenas de Guerrero es que se impulsa el desarrollo de sus comunidades haciendo caminos, puentes, drenaje, electrificaciones y se instalan albergues para niños.
En un breve mensaje, interactuó con los asistentes, pidiéndoles que expusieran sus peticiones en su lengua tlapaneca, mixteca, amuzga y náhuatl. Celebró que la entrega de apoyos para la instalación de pequeños negocios ayuda a mejorar la condición de vida de las familias indígenas.
Por su parte el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Lenin Carbajal Cabrera, informó que se realizan 37 proyectos de agua potable y drenaje con una inversión de 207 millones de pesos.
Detalló que para Guerrero se cumplió con la atención de cinco mil 721 niñas y niños a través de 99 casas de niño indígenas en las que se invirtieron 57 millones de pesos, en las que se incluye muebles como televisión, colchones refrigeradoras, además de la rehabilitación de algunas casas que requerían atención como la de Zapotitlán Tablas, Metlatónoc, Xalpatláhuac con una inversión de 34 millones de pesos.
También informó que se otorgaron apoyos culturales que consisten en rehabilitación de museos y centros comunitarios, así como bandas musicales por una inversión de 1.7 millones de pesos.
Dio a conocer que se apoyó a 110 mujeres de 90 grupos comunitarios con una inversión de más de 30 millones de pesos en proyectos productivos.
Al acto también asistió la coordinadora Técnica del Sistema Estatal del Registro civil, María Inés Huerta Pegueros, quien dijo que a tres meses de la firma de convenio con la CDI para dar derecho de identidad a indígenas se han entregado actas de nacimiento gratuitas.
Detalló que entraron en vigor siete módulos de servicio del registro civil en los centros coordinadores indigenistas de Chilapa, Tlapa, Olinalá, Tlacoapa, Ometepec y Chilpancingo, con lo que se ha cumplido con 3 mil 628 servicios que incluyen aclaraciones, rectificaciones de actas de nacimiento, matrimonio, expediciones de actas y registros de nacimiento.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso se notificó de la llegada del informe del fiscal del estado Javier Olea Peláez sobre el caso del asesinato del presidente del Poder Legislativo, Armando Chavarría Barrera, que llegó en un sobre con carácter de “confidencial” dirigido a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo.
El informe del fiscal, que se comprometió a ofrecer desde el 26 de junio, se turnó a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Asuntos Políticos para su “análisis y discusión”, sin embargo éste no tendrá ningún alcance legal.
Olea Peláez informó el 9 de agosto que desde dos semanas antes entregó el informe al Congreso local y se consignó a la “autoridad jurisdiccional” el expediente con la conclusión sobre los responsables del asesinato, mientras que los diputados locales negaron que el informe hubiera llegado, y fue ayer cuando se conoció de su existencia de manera oficial pero no se informó cuándo llegó.
En tribuna, el diputado Ricardo Mejía Berdeja dijo que ayer por la mañana se enteraron “con sorpresa, vemos que clandestinamente este fiscal hizo llegar, no a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, ni a la Oficialía de Partes, cual debe ser el procedimiento, sino a la presidenta, directamente, en un sobre confidencial el famoso informe”.
El diputado no precisó cuándo llegó el informe pero dijo que Flor Añorve, “diligente y responsable, como lo es, pues le da el trámite que corresponde”, ya que lo envió a la Secretaría de Servicios Parlamen-tarios para que le dé entrada.
“No tiene el fiscal que andar clandestinamente entregando cosas, y luego mal informando a la opinión pública, cuando esta soberanía no se ha enterado oficialmente de ningún informe”, señaló.
Calificó como grave que “al Congreso siempre lo ha usado (el fiscal) como coartada de su ineficiencia, como cuando no procedió contra el diputado con licencia, Saúl Beltrán Orozco y justificó su inacción porque supuestamente el Congreso le pidió que no actuara”.
En su intervención criticó que el fiscal “andaba declarando que ya había informado al Congreso cuando no era cierto”.
Y adelantó que pediría copia del informe “pero también esperemos que diga lo mismo del caso de Ambrosio Soto, del caso del (periodista) Cecilio Pineda, del caso del ex alcalde de Tecpan Crisóforo Otero Heredia, que permanecen en la impunidad como cientos de homicidios, robos, secuestros y extorsiones en todo el estado”.
Dijo que si la fiscalía solo acumula carpetas, “yo creo que se le deba cambiar el nombre a la Fiscalía General del Estado, y ponerle Carpetería General del Estado”.

No se revelará su contenido, adelanta el priista Vicario

En declaraciones al culminar la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Magdalena Camacho Díaz, informó que el informe del fiscal fue entregado a la Mesa Directiva hasta ayer, porque antes sólo lo tenía la presidenta de la Junta de Coordinación Política.
Comentó que la diputada Flor Añorve le notificó que “previo a la sesión había llegado a su oficina un sobre cerrado que decía ‘confidencial’ y que en su interior traía el informe del fiscal”.
Magdalena Camacho precisó que “el informe es sólo de conocimiento, ya que jurídicamente no tiene  ningún alcance” porque “en el informe no se dice, ni se revelan otras cosas, sino lo que ya se conoce y ha pronunciado el fiscal”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Vicario Castrejón, advirtió que no se le daría ninguna difusión al informe para cuidar la secrecía del tema.
“Estamos obligados a salvaguardar la secrecía de la investigación y no vamos hacer ninguna difusión de ese informe. Cuando menos en el turno que se le dé a la Comisión de Justicia, no habremos de hacer público lo que en ese informe se dé, porque puede que venir ahí líneas de investigación y se pueden violar el debido proceso. No-sotros se lo daremos a conocer a los diputados integrantes,  pero no será un documento que se pueda exhibir públicamente”, dijo el  priista.
Al diputado se le preguntó los alcances del informe que se entregó al Congreso, a lo que respondió: “esto son asuntos que se deben de salvaguardar, que se deben de reservar  en la Fiscalía  del estado, por eso nosotros nunca hicimos un planteamiento de que llegara dicho informe al Congreso porque nosotros no tenemos facultades para darle seguimiento”.
Precisó que a pesar de que el informe se envió a su comisión, “nosotros no haremos ni siquiera una evaluación siquiera de dicho informe, porque no tenemos materia ni siquiera competencia, eso es de la fiscalía y es asunto de las instancias jurisdiccionales. El Congreso no es una dependencia para andar litigando asuntos que corresponde a una dependencia muy puntual. Como diputados debemos ser responsables y debemos de mantener la exigencia de investigación, aprehensión y castigo de quienes cometieron ese delito”. El también ex compañero de legislatura de Armando Chavarría dijo que no serviría de nada que los diputados “analicemos o evaluemos, en nada” y consideró que el informe fue solo en “atención” a lo que se comprometió el fiscal en su comparecencia.

Protege la PGR?al fiscal: Mejía

En tribuna el coordinador de los diputados de MC recordó que en la comparecencia del 26 de junio, el fiscal informó que 293 elementos de la Fiscalía, entre ministerios públicos policías investigadores y peritos, habían reprobado los exámenes en control y confianza. Sin embargo, continuaban desarrollando sus funciones.
Dijo que el fiscal seguía violando el artículo 21 de la Cons-titución, que establece que nadie podrá ser parte de la instituciones de seguridad pública, si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Mejía recordó que encontró trabas cuando presentó la denuncia penal en la Procuraduría  General de la República (PGR) por delitos contra el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y contra la administración de justicia.
“No querían recibirla y cuando se admite y la ratificamos, la PGR en la sede de Chilpancingo saca un acuerdo de abstenerse de investigar al fiscal general basando, supuestamente en el artículo 258 del Código nacional de procedimientos penales”, dijo el diputado.
Comentó que entonces acudió ante un al juez de control para presentar un recurso de inconformidad porque el MP federal no quiere investigar al fiscal del estado. A la inconformidad se le dio entrada y fijaron audiencia para el 24 de agosto a las 10 de la mañana.
El pleno del Congreso aprobó a propuesta de la diputada Silvia Romero Suárez (PRD), un exhorto al ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Comunica-ciones y Transportes a que realice revisiones al servicio de autotransporte de turismo y garantice la seguridad de los pasajeros desde el momento que suben a un autobús.
Romero Suárez dijo se debe identificar a concesionarios que no cuentan con el seguro del pasajero y las condiciones físicas y mecánicas de las unidades y sancionar a los que no cumplan los protocolos.

El presidente estatal de Morena Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, espera que la elección de los 120 coordinadores de organización –que en la jerga de ese partido vendrían siendo sus candidatos– que se realizará en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal, sea por unanimidad, para no tener que realizar “consultas”, es decir para no decidir mediante encuestas de opinión.
Lo que se espera para este domingo es que se elija a dos coordinadores de organización estatal (que van a ser los candidatos a senadores), 28 para los distritos locales (que van a ser los candidatos a diputados locales), 9 para los distritos federales (que serían los candidatos a diputados federales) y 81 municipales (que van a ser los candidatos a alcaldes).
El 13 de agosto el presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo, emitió la esperada convocatoria para el Consejo Estatal.
En declaraciones telefónicas, Sandoval comentó que son 90 los consejeros convocados, sin embargo precisó que no todos ellos tienen actividad “efectiva en su encargo de consejeros”. Agregó no obstante que la convocatoria es abierta a todos los integrantes del Consejo Estatal.
Lo que se genere de este Consejo “de consenso o no consenso”, se enviará a la Comisión Nacional conformada por la secretaria general Yeidckol Polevnsky, el secretario de Organización, Gabriel García, y el de Acción Política, Mauricio Hernández.
El presidente del Morena recordó que desde sus estatutos quieren evitar “en medida de lo posible, lo más que podamos, que se creen grupos de poder en torno a personas, en torno a intereses, para que todos estemos cuidando el gran proyecto nacional que tenemos”.
Ante la pregunta de cómo serían los mecanismos para la elección de candidatos, el dirigente comentó que “tenemos una ruta establecida en Morena, estamos tratando de generar los acuerdos necesarios porque queremos mantener la unidad, nos interesa mucho salir unidos y organizados rumbo a 2018”.
Pero en caso de que no logren acuerdos unánimes en algunas candidaturas ya sea en los distritos o municipios, “hay el método estatutario que es el de ir a un estudio de opinión, a una encuesta, que definirá no sólo a quiénes conocen, sino quién es el mejor posicionado, mejor calificado para que pueda enarbolar los postulados de Morena”.
Explicó que el método de encuesta es para conocer además de la popularidad del aspirante, también la calidad moral y elegirán al que cumpla con los tres requisitos mínimos que piden, “no estar acusados de actos de corrupción, no estar vinculado con ninguna situación de represión o violación a los derechos humanos y tener una buena fama pública, sin antecedentes que se le puedan recriminar”, y subrayó que no “habrá dedazo”.
Por su parte el presidente del Consejo Estatal Ríos Saucedo detalló que el Consejo Nacional mandató que el conclave estatal se realizara en este mes y es para dar seguimiento a os acuerdos de esa instancia del 9 de julio, para determinar quiénes serán los coordinadores de organización. En Morena, se entiende que estos serían los candidatos.
La elección de los 120 coordinadores de organización está prevista para la sesión del domingo, pero si no concluyen se podría convocar a otra antes de que termine agosto.
La función de los coordinadores, es garantizar que se forme al menos un comité de organización en las más de 65 mil secciones electorales del país.
En el caso de Guerrero, explicó que hay aproximadamente 2 mil 700 secciones y que Morena tiene ya 4 mil 600 comités de protagonistas seccionales, la actual etapa de selección de coordinadores de organización es para que se encarguen de orientar los trabajos de los comités.
Dijo que la figura de coordinador de organización es “para fortalecer la estrategia de coordinación en 2018” porque precisó que serán los encargados de dirigir la promoción del voto y también la defensa del voto en las casillas.
Luis Enrique Ríos comentó que a pesar de que el PRI mencione que la debilidad de Morena es la falta de estructura que defienda el voto, “aunque no lo digan, sí tienen información de la gran fortaleza territorial que estamos adquiriendo”.
Explicó que junto con el presidente estatal de Morena han recorrido el estado más de 10 veces para fortalecer la estructura municipal.
De acuerdo con la convocatoria, el Consejo se realizará en el piso número 8 del edifico ubicado en avenida Insurgentes 63, frente al mercado Baltazar R. Leyva Man-cilla, este domingo partir de las 11 de la mañana.
Participarán los 90 consejeros, los delegados efectivos electos en los Congresos Distritales celebrados en cada distrito federal electoral.
Los participantes tendrán que estar en los listados autorizados y validados por los Congresos Distritales y la Comisión Nacional de Elecciones y las determinaciones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

La sesión

La sesión está programada para las 11 de la mañana en las oficinas del partido en Chilpancingo que se ubican en el edificio que está frente al mercado Baltazar R. Leyva Mancilla.
La convocatoria sugiere a los consejeros “evitar los abusos en el uso de la palabra”, que acudan solos y advierten que los acompañantes permanecerán fuera del salón y no se permitirá grabar o filmar las participaciones de los consejeros.
Se prevé que asistan un representante del Comité Ejecutivo Nacional y otro de la Comisión de Honestidad y Justicia.
La sesión se llevará a cabo en el contexto de la pugna que hay entre el presidente del Comité Ejecutivo Estatal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y el secretario general Marcial Rodríguez Saldaña pues ambos aspiran a encabezar la fórmula de candidatos para la Cámara de Senadores.
Los grupos de Marcial Rodríguez y de Pablo Amílcar Sandoval aspiran a conseguir mayoría en el Consejo Estatal que decidirá “por consenso” las candidaturas para la elección de 2018.
De acuerdo con uno de los militantes consultados, la fuerza de Marcial Rodríguez radica en Acapulco donde tiene el respaldo de 20 consejeros. De Sandoval Ballesteros su fuerza está en la Montaña y Zihuatanejo donde cuenta con la mayoría de los consejeros, mientras que el ex presidente estatal César Núñez Ramos tiene presencia en Costa Chica y en la zonas Centro y Norte.

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Dagoberto Santos Trigo, afirmó que es tarea de los partidos evitar postular como candidatos a personas ligadas al crimen organizado, en respuesta a los señalamientos del ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.
El funcionario aclaró que el INE organiza elecciones bajo el principio de legalidad y no realiza labor de investigación como el Ministerio Público como para saber los antecedentes penales de los ciudadanos que son registrados por los partidos como candidatos a cargos de elección popular.
En cuanto al financiamiento de campañas con recursos de procedencia ilícita, de las que también advirtió el defensor de derechos humanos, Santos dijo que hasta ahora no hay quejas al respecto, pero quien conozca de un hecho que puede ser investigado, debe hacer la denuncia.
Al recordarle que el INE también tiene que vigilar los gastos de las campañas para que no rebasen los topes, aclaró que el organismo tiene la capacidad de revisar todo lo que reporten los partidos, “también irá a las casas de campaña, a los actos políticos a checar la propagada, entonces haremos todo lo que sea de nuestra parte”.
Pero indicó que el “dinero sucio” que se usa para presionar a los ciudadanos en su intención del voto, difícilmente podrá comprobarse sin la denuncia. Subrayó que el INE no puede determinar que hubo coacción sin pruebas.
Consideró que tal vez algunos políticos hagan denuncias ante la prensa sobre irregularidades, pero como actores que también son responsables de la elección, debe presentar las demandas ante la Procuraduría General de la República, cuando haya gastos de campaña que no estén previstos en la ley.
Precisó que no está en contra de que las irregularidades se difundan en la prensa, pero particularmente los partidos deben acudir también a las instancias que pueden investigar y castigar los delitos.
Sobre de violencia y la impunidad que señalan los indicadores oficiales de seguridad, aclaró que en el INE Guerrero no han tenido incidentes de agresiones, pero “tampoco puedo decirle al personal que no haga nada por el contexto” en que se vive en Guerrero.
Indicó que todos los módulos del INE en el estado están funcionando con normalidad, están firmando convenios con todos los ayuntamientos y han platicado con los grupos de las Policías Comunitarias para continuar su labor.
Destacó la coordinación con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado para realizar acciones conjuntas para el proceso electoral que formalmente inicia el 8 de septiembre. Estimó que para finales del mismo mes, estará integrado el Consejo local que calificará las elecciones federales en el estado.

La viuda de quien fuera diputado federal priista por la región de la Montaña, Moisés Villanueva de la Luz, Lucía Leyva Rosas, acusó al fiscal Javier Olea Peláez de proteger al ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, responsable intelectual del homicidio de su esposo, de quien fue su abogado.
Dijo que después de que llegó a la fiscalía Olea Peláez, ordenó que le retiraran al personal de seguridad que tenía por medidas cautelares y que, asimismo, aumentaron las amenazas y el hostigamiento en su contra.
Leyva Rosas asistió éste miércoles a la inauguración de la exposición fotográfica Por la verdad y la justicia, que se montó en el vestíbulo del Palacio Municipal, en el marco del octavo aniversario del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local Armando Chavarría Barrera. En la exposición también se incluyeron fotografías del diputado Villanueva de la Luz.
Consultada al final, Leyva Rosas dijo que “es más que obvio que hay muchísima protección porque él fue su primer defensor”.
El diputado federal del PRI, Moisés Villanueva de la Luz fue encontrado muerto junto con su chofer, Eric Estrada, en septiembre del 2011, cerca de Huamuxtitlán El 23 de noviembre de ese mismo año fue detenido Francisco Flores Lorenzo, secretario de Seguridad Pública de Tlapa, quien confesó que el entonces alcalde de ese municipio, Willy Reyes Ramos, le ordenó planear la muerte de Villanueva de la Luz.
A pesar de que existe una orden de aprehensión en su contra, el ex alcalde de Tlapa, quien tuvo como abogado al actual fiscal Olea Peláez, no ha sido detenido y según la viuda actualmente sigue contando con su protección.
Recordó que después de que tomó protesta, Olea Peláez se reunió con diputados locales a quienes les aseguró que Reyes Ramos sería detenido, “cosa que hasta ahora yo no he visto, y la verdad todavía no hay nada. El señor se ha hecho de oídos sordos”, dijo la viuda.
Reconoció que ella no lo ha buscado porque cree que “no es necesario que una como agraviada se presente a recordarle el caso, él sabe y lo conoce perfectamente bien porque fue su defensor y yo creo que las palabras salen sobrando”.
Insistió que la orden de aprehensión en contra de Willy Reyes está vigente pero que no lo han detenido por la protección que tiene el fiscal, “a lo mejor porque, incluso, le sigue pagando sus honorarios, me imagino que esa será la causa y el fiscal lo sabe”.
Informó que, mientras tanto, ella sigue siendo amenazada y hostigada y que supone que éstas vienen de parte de los familiares de Reyes Ramos, “porque yo tengo problemas con nadie. Mi esposo y yo nunca tuvimos problemas con nadie, por eso creo que las amenazas y las extorsiones vienen de aquél lado, es obvio que vienen de allá, de otro lado no pueden venir”.
Contó que el hecho más grave ocurrió a finales del año pasado cuando todavía contaba con personal de seguridad por las medidas cautelares que le otorgaron por las amenazas que viene sufriendo.
Denunció que uno de los agentes de seguridad que la acompañaba, fue interceptado por civiles armados antes de llegar a su casa y lo golpearon. Dijo que ella se enteró al día siguiente cuando le mandó decir que no se presentaría a trabajar porque se encontraba internado en el hospital.
Explicó que los agresores fueron cuatro personas que lo bajaron a golpes de su vehículo, le quitaron el arma y la camioneta.
Explicó que a él lo fueron a tirar inconsciente a la orilla de Tlapa y en otro sitio distinto dejaron abandonada la camioneta. Aseguró que de ese incidente levantaron un acta, además porque le quitaron el arma oficial que le habían asignado.
“Todo eso lo hacen como advertencia para que yo deje de exigir justicia”, denunció la viuda.
Dijo que esto ocurrió antes de que Olea Peláez asumiera el cargo de fiscal y que después cuando éste tomó protesta ordenó que le retiraran a los dos agentes que le habían asignado por las medidas cautelares.
“Para mí, su llegada a la Fiscalía fue muy lamentable porque será muy buen abogado defendiendo a los criminales que tienen mucho dinero, pero como fiscal deja mucho que desear, no ha hecho nada”, se quejó.