La Secretaría de Protección Civil estatal emitió una recomendación para mantener medidas de prevención ante tormentas puntuales muy fuertes que seguirán en el estado.
Las lluvias de la madrugada de este martes, provocadas por el aire marítimo tropical procedente de ambos litorales dañaron techos volados y provocaron inundaciones en casas del estado.
En la localidad San Pedro Acatlán, municipio de Tlapa, en la región de la Montaña, resultaron afectadas 11 viviendas de adobe y lámina de cartón, lo que requirió una evaluación de Protección Civil.
El reporte oficial detalla que, nueve viviendas presentaron desprendimiento parcial de techo, otra presentó daño estructural importante y una más se colapsó totalmente; además en ese municipio se registró un derrumbe carretero y el deslizamiento de una roca.
El recuento de los daños de Protección Civil en las últimas 48 horas, detalla que han resultado 25 viviendas afectadas, dos escuelas y un centro de salud, e inundaciones en la localidad de Arrayanes, municipio de Atoyac.
El llamado de la dependencia estatal, indica mantener la vigilancia en las próximas horas ante el aumento en las temperaturas provocado por la onda tropical número 26.
La onda cálida continuará en gran parte del país, con exponentes de temperaturas que podrían alcanzar 40 grados centígrados, además de la probabilidad de tormentas muy fuertes de 50 a 75 milímetros para el estado de Guerrero, las cuales podrían ir acompañadas de actividades eléctricas, fuertes rachas de viento, y posibles granizadas en las partes altas.
La tarde de este martes en la capital del estado se registró un chubasco sin actividad eléctrica, que provocó inundaciones en el sur de la ciudad y el primer cuadro, además de escurrimientos de los cerros que la rodean.

 

Los juzgados Primero de Distrito y Séptimo de Distrito Federal suspendieron la audiencia con los policías estatales dados de baja, en la que se trataría su situación laboral.
A las 9:30 de la mañana unos 60 despedidos acudieron a las oficinas de los juzgados federales ubicados frente al bulevar Vicente Guerrero, en las que tenían una audiencia para tratar los avances de la demanda en contra del secretario de Seguridad Pública estatal, general brigadier Pedro Almazán Cervantes, por abuso de autoridad y despido injustificado.
El abogado de los agentes les informó que no se iba llevar a cabo la audiencia “por cuestión procedimental porque debe estar integrado debidamente el expediente, para poder resolver la situación laboral de los afectados”.
Dijo que entre 15 y 16 días se va a reanudar la audiencia y dará detalles de los avances de la demanda de los policías estatales despedidos, si serán reinstalados a la corporación o recibieran el finiquito.
El viernes en conferencia de prensa, policías estatales que fueron dados de baja en mayo, denunciaron que tras denunciar públicamente que el secretario Pedro Almazán Cervantes incurrió en abuso de autoridad en su contra, el hermano de uno de ellos fue levantado durante 4 horas en Tlapa, y sus captores le pidieron que les dijera que “le bajen de huevos”, y dejen el proceso jurídico para conseguir su pago y su reincorporación.
El 29 de mayo unos 600 policías estatales de las regiones Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por cada tres de trabajo y el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 pesos a 12 mil pesos.
El 31 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó en un boletín de prensa que separó del cargo y dio de baja de su corporación.

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Familiares de una adolescente de 13 años desaparecida colocaron pancartas en el centro de Chilpancingo, para pedir información para dar con su paradero.
En los anuncios se muestra una fotografía de la joven en la que se lee “Se Busca, Brissa Nohemi Juárez González. Cel. 7471597237. Casa. 4947408. Ayúdenme a regresar a casa sólo tengo 13 años”.
Según la Policía Municipal la adolescente desapareció a las 2 de la tarde del sábado al salir de su casa en la colonia Los Ángeles.
La joven Brissa vestía un short blanco, una ombliguera negra que cubría con una sudadera gris y una mochila rosa, dice el anuncio.

 

Hombres armados presuntos miembros de una banda dedicada al robo de vehículos le quitaron con violencia una camioneta Jeep Patriot a un vecino de Iguala, en la carretera federal en el crucero de la comunidad Puente Campuzano.
Los delincuentes utilizaron un vehículo robado con violencia el lunes a un vacacionista de la Ciudad de México, según la fuente de seguridad pública del estado.
Ayer informaron que cerca de las 9:00 de la mañana tres hombres armados a bordo de un vehículo Volkswagen Pasat negro, con placas de la Ciudad de México, el que fue robado el lunes, dieron alcance al conductor de una camioneta Jeep Patriot blanca con placas de Guerrero en la carretera federal, México-Acapulco, tramo Taxco-Iguala.
Después de que se le emparejaron dos de los tripulantes le apuntaron con armas de fuego cortas para obligarlo a detenerse, le gritaban que lo matarían si no se detenía y se llevaron el vehículo. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Resguardados por soldados del Ejército y la Policía Municipal, el alcalde priista de Chilapa, Jesús Parra García junto a la diputada federal Verónica Muñoz Parra encabezaron a funcionarios y empleados del Ayuntamiento, en la marcha de la tradicional Tigrada.
Desde el primero de agosto los trabajadores denunciaron que fueron obligados a vestirse y marchar, ante la falta de ciudadanos que se reusaron a hacerlo debido a la violencia que provoca la lucha de los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos.
La participación ciudadana ha sido poca en comparación de años anteriores, y el gobierno municipal obligó a sus trabajadores a disfrazarse para La Tigrada.
Hombres, mujeres y niños vestidos de tigres salieron a recorrer y a rugir en las calles de Chilapa en esta colorida tradición de vestirse de tigres, recorrer las calles arrastrando cadenas y concentrarse en el centro de la ciudad. Frente a la catedral de Chilapa.
Ayer familias enteras salieron a las calles vestidas de tigres o a observar la tradición que data de 1987, cuando un grupo de jóvenes católicos se apropió de un tradicional y desconocido acto que consistía en que personas vestidas de tigres (como llamaron los europeos a los jaguares) y perros recorrían las calles empedradas y lluviosas de la población.
Dos de las manadas de tigres iniciadoras de esta tradición, la del barrio de La Villa y la de la familia Silva que muestra las máscaras artesanales más antiguas, hicieron un recorrido independiente al convocado por el gobierno municipal.

El alcalde y el baile de la iguana

En la marcha oficial, vestidos de tigre y con la cobertura de medios de comunicación de todo el estado, el alcalde bailó el son de La Iguana por una de las calles ante la mirada de los vecinos.
A convocatoria del Ayuntamiento desfilaron también contingentes de escuelas allegadas al presidente municipal, grupos de danza, representaciones del pueblo de Acatlán y de los municipios de Ayutla de los Libres, Olinalá, Tixtla, Ahuacuotzingo, Mártir de Cuilapan, Chilpancingo, Cuajinicuilapa, San Jerónimo de Juárez y Teloloapan.
La celebración oficial concluyó con un acto de alabanzas y agradecimientos al alcalde en la plaza cívica y un fandango en el kiosco de la ciudad amenizado por los grupos Laguneros, Sones de Artesana, Alacrán son, Xiltonsin y Tradición fandanguera.
Antes, en la mañana, el obispo Salvador Rangel Mendoza encabezó La Confirmación, un juramento a la Iglesia Católica después del Bautismo, de más de 100 niños, y al mediodía una misa en una catedral repleta de feligreses en torno a la imagen de la virgen que fue ofrendada con muchas manzanas.
Las calles del centro de la ciudad lucieron llenas de familias, invitados, visitantes, fotógrafos, comerciantes de manzanas, garnachas, antojitos, tacos, artesanías, chacharas y juegos mecánicos, así como de militares, en una de las dos principales fiestas patronales del pueblo.

 

 

Para el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, “hay dolo” en la información publicada este lunes en El Sur, donde se señala que se construyeron cuartos rosas en sitios deshabitados, en zonas de alto riesgo, y en otros casos no se ocupan.
Declaró que, con “seis casos” se pretende desacreditar un noble programa con el que se dotó de cuartos a casi 14 mil familias en Guerrero.
Sin embargo informó que se realiza una auditoría para revisar posibles irregularidades. Datos de la dependencia federal indican que el programa se echó a andar con recursos federales y estatales.
Este martes se publicó en El Sur que muchos de los llamados cuartos rosas que fueron presumidos por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la secretaria de Sedatu, el mes pasado en esta capital, como una estrategia del gobierno federal para resolver el problema de hacinamiento en las casas de familias pobres y evitar la violencia hacia las mujeres, fue un fraude y un engaño porque muchos se encuentran deshabitados, se construyeron en zonas de alto riesgo, se autorizaron a familias que no los necesitan o, en el peor de los casos, se construyeron en terrenos baldíos donde no vive nadie.
En respuesta, el delegado Armenta Tello declaró que son casi 14 mil acciones que están dirigidas a una población marginada, pobre y, específicamente, que vive en hacinamiento, de los cuales, aseguró, sólo tiene identificados seis casos en donde se edificaron cuartos adicionales “que pudieran estar considerados en zonas de riesgo, y en donde nosotros hemos precisado que sería necesario hacer obras de mitigación, o reubicarlos”.
En defensa del programa, y sin reconocer la existencia de cuartos que no están siendo utilizados, como los que se encontraron en un recorrido en cuando menos seis colonias de la capital, el delegado Armenta Tello, dijo que “yo creo que es un programa generoso, ambicioso y con una cadena de valor adicional que generó empleo, derrama económica y elaborado por el gremio constructor local.
Insistió que el programa no puede demeritarse por seis acciones que pudieran estar en una condición de reubicación o de corregirse esas faltas.
Explicó que si está dirigido y hecho en lugares aislados, “es porque así es Guerrero, y porque allí está ubicada la pobreza; en lugares y en sitios aislados”.
Aclaró que, si se construyeron en predios baldíos, es porque “no podíamos construirlos encima de otra vivienda, porque nosotros no podemos garantizar la estabilidad de las acciones que se hubiesen hecho previamente.
Explicó también que no se construyen en un segundo nivel, sobre casas ya construidas, “porque nosotros no podíamos garantizar que hubiesen estado dispuestas para recibir una segunda construcción”
Armenta Tello justificó que se enfrentaron a la dificultad de localizar predios adecuados para construir las viviendas.
En cuanto a los cuartos que no están ocupados, como los que se señaló en El Sur, el funcionario respondió que: “yo no veo esos casos, en todos debió observarse lo que nosotros observamos como reglas de operación del programa que está dirigido a gentes que tienen esta necesidad y carencia”.
También rebatió el presupuesto de un albañil independiente de 25 mil pesos.
Aseguró que él, personalmente, hizo un muestreo y que para ello se construyeron seis acciones antes de empezar el programa para saber la cantidad de material necesario para la construcción de acciones y que la inversión fue de 18 mil pesos para materiales, y unos 12 mil de mano de obra, lo que implica 30 mil pesos, más las utilidades que ganan las empresas y los impuestos, además del seguro social que están obligadas a pagar.
“Así que no son 25 mil pesos, es una acción de 3 por 2 (metros), muy digna, con puerta, ventana aplanada por dentro y por fuera, además con una losa de concreto”, explicó.
Independientemente de la apreciación y de la información, se le preguntó si se revisará cuántas viviendas están utilizadas y cuántas no, o cuántas fueron entregadas de manera irregular.
Respondió que ya hay una auditoría, “en todo el país se hicieron acciones, pero se está revisando primero la elaboración de beneficiarios y después habrán de revisarse… las acciones de obra.
Además, aseguró que ha supervisado y revisado seis o siete acciones, de un total de 10, que se construyeron, y que en todos los casos no ha encontrado irregularidades, “salvo cuestiones mínimas en la calidad de la ejecución de los programas”.
Según la Sedatu, durante el ejercicio fiscal del 2016 se construyeron 13 mil 540 cuartos adicionales en 40 municipios, que beneficiaron a 67 mil 700 personas.
La inversión federal, por medio de la Sedatu fue de 335 millones, 843 mil 325 pesos; el gobierno estatal aportó 218 millones, 103 mil, 97 pesos y los gobiernos municipales un millón, 281 mil 488 pesos. Es decir, 605 millones 227 mil 910 pesos.

 

 

Ha transcurrido un mes desde que autoridades de Salud prometieron que enviarían una brigada médica al centro de salud de Colotlipa, municipio de Quechultenango, y ayer les enviaron un médico pasante y una brigada para atender a pacientes que padecen de hipertensión y diabetes, y a mujeres embarazadas; ese día les aseguraron que acudiría cada mes.
El 23 de junio, vecinos de las comunidades de Zoyapexco, Colotlipa, Atlitenco, El Aguacate, San Antonio y Juxtlahuaca, bloquearon dos horas la avenida Ruffo Figueroa y la calle Circunvalación, en la colonia Burócratas, afuera de oficinas centrales de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal, para exigir médicos y medicamento. Entonces les prometieron que tres días después les enviarían a un médico y a los 15 días la brigada de salud.
El centro de salud atiende a 12 mil habitantes, quienes están divididos en cuatro núcleos, cada uno de los cuales debería contar con un médico. Al momento de la manifestación sólo estaba la directora, quien también los atendía.
Consultada telefónicamente, la representante de las beneficiarias del programa Prospera, Carmen Hernández Rojas recordó que fue hasta tres semanas después de que les hicieran la promesa que les mandaron un médico, y el 27 de julio les enviaron un médico pasante y la brigada médica.
La brigada médica atendió a 300 pacientes hipertensos y diabéticos, así como a mujeres embarazadas, además de dotarlos de medicamento, y les prometieron que cada mes irían a darle seguimiento a sus casos.
La también ex comisaria indicó que el médico pasante está permanentemente en la comunidad por si se presenta una emergencia, como picaduras de alacrán, pues eso les implicaba trasladarse hasta el hospital de Quechultenango o a un médico particular, sin embargo desconoce hasta cuándo estará ahí el médico.

 

 

A trabajadores del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no les terminan de pagar salarios devengados que les prometieron que a más tardar les pagarían el 23 de junio. A los trabajadores les adeudan tres meses de salario, es decir, entre 15 mil y 20 mil pesos.
Los trabajadores iniciaron un paro laboral el 16 de mayo porque les debían cinco meses de salario, ese mes les depositaron un mes de pago, pero sólo a 29 de los 33 trabajadores.
El 31 de mayo, los empleados se reunieron con funcionarios de la Sedatu en la Ciudad de México que les prometieron pagarles cada viernes, para terminar de pagarles el 23 de junio, pero después sólo les pagaron un mes.
Consultada telefónicamente, la trabajadora Violeta Medina expuso que hasta julio le adeudan tres meses a cada uno de los trabajadores, igual que a los compañeros que se dedican a la supervisión de obras que se construyen tras el paso de Ingrid y Manuel en 2013, pues no hay dinero para la gasolina ni otros gastos que implican los viajes.
Sin embargo indicó que los trabajadores que están en oficina, como los administrativos, están yendo a laborar normalmente, y que quienes se encargan de la supervisión de obras están en las oficinas centrales.
Abundó que les preocupa que desde enero están sin contrato pues cada nuevo ciclo les piden documentación, y esta vez no ha sido así, y están en incertidumbre laboral.
La trabajadora refirió que se ha comunicado con la Sedatu en la Ciudad de México, que se comprometieron a hacer el enlace para revisar lo de sus pagos, pero que ya no le responden las llamadas.
Aseguró que el delegado José Manuel Armenta Tello, ha enviado a la Oficialía Mayor de la Sedatu oficios para demandar sus pagos, pero que tampoco ha obtenido respuesta favorauble.

 

 

La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) denunció que el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos interrumpió un taller de violencia de género y aplicación integral de la norma 046 de Violencia familiar, sexual y contra las mujeres para amenazar a los médicos asistentes de que cometerían una falta administrativa, e incluso penal si atienden esta garantía, de derecho al aborto.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Área de Violencia de Género indicó que el incidente ocurrió hace algunas semanas, y será llevado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim).
Vía telefónica indicó que desde hace 10 años coordina un observatorio de violencia de género, y fue invitada a un taller de médicos en Guerrero para informar de los datos de violencia sexual, los obstáculos que enfrentan las víctimas para recibir una atención integral, y hubo mucho receptibilidad de los profesionistas de la salud.
Afirmó que cuando llegó el secretario a dar un saludo a los médicos dijo contundente que la norma 046 no aplica en Guerrero mientras no haya una homologación con el Código Penal estatal, que señala condiciones para aplicar en el sector salud para la interrupción del embarazo.
Agregó que la posición generó incertidumbre entre todos los médicos y en lugar de escuchar los argumentos, el funcionario llamó al encargado del área jurídica a descalificar a las activistas. Ellos insistieron en que las modificaciones al Código ya habían sido enviadas al Congreso, y ahí debían resolver este conflicto de la interrupción legal del embarazo.
María de la Luz explicó que la norma establece que menores de 18 años violentadas sexualmente, deben ser atendidas de inmediato en los centros de salud. Ya no necesitan de una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar ayuda integral.
Planteó una mesa técnica para revisar por qué desde las reformas en materia de derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2011, los estados ya no pueden regir los códigos penales que son violatorios de los convenios y tratados internacionales
Aseguró que la ley que debe de prevalecer siempre es la más protectora de los derechos humanos, y “el secretario se enojó, cómo viene una mujer a corregirlo en su estado”.
Agregó que les preocupa que los médicos que mostraron voluntad de atender la norma ya no lo hagan por la presión de su jefe.
Lamentó que se haya podido usar a la organización para dar un taller en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, para decir que el gobierno del estado está capacitando a los funcionarios públicos, cuando en realidad les dicen que no atiendan una norma fundamental, “porque si lo hacen están incurriendo en una falta administrativa y hasta penal, eso es una amenaza”.
Recordó que en el contexto de violencia de Guerrero, si una mujer es violentada por la delincuencia organizada o la delincuencia común (fuera del ámbito familiar) difícilmente va a presentarse ante el Ministerio Público a hacer una denuncia.
Cuestionó, “qué hacen en Guerrero con los 9 millones de pesos destinado a la compra de profilácticos (antivirales) y anticoncepción de emergencia que sólo funciona en las primeras 24 horas del acto sexual”.

Trabajadores extraordinarios del Ayuntamiento que protestaron el lunes se reunieron con el Cabildo, para exigir el aumento de 300 pesos al salario base cada quincena, y les prometieron que les recibirán la petición por escrito y con firmas el jueves, y el 24 de agosto les darán una respuesta.
El lunes trabajadores extraordinarios de diferentes áreas del Ayuntamiento desde las 8:30 de la mañana suspendieron labores, y más tarde protestaron en Casa Guerrero para exigir el aumento salarial, además acudieron a radiodifusoras a informar sobre su lucha.
El aumento lo exigen para 350 trabajadores que no forman parte de ninguno de los dos sindicatos del Ayuntamiento.
En la protesta en Casa Guerrero fueron atendidos por el secretario particular del gobernador, Héctor Astudillo Flores, César Armenta quien les prometió que buscaría una reunión con el mandatario estatal.
Este martes una comisión de trabajadores fue recibida por el Cabildo, donde estuvo el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena, y a las 3 de la tarde el resto de los trabajadores se congregó en el auditorio del Ayuntamiento, para que les informaran los resultados del encuentro.
El líder de los trabajadores, Salvador Vargas Arriaga expuso que “la reunión que hubo el día de hoy, la que hubo el día de ayer en la marcha que hicimos, yo las considero muy positivas, hoy (ayer) ya llegamos a un acuerdo el día y hora para el beneficio, les puedo adelantar que me emociona que si lo vamos a lograr pero tampoco quiero echar las campanas al vuelo conociendo a Marco Antonio Leyva”.
Abundó que su percepción fue que debido a la intervención de los regidores y del síndico Miguel Ángel, sí van a lograr el beneficio que están solicitando.
Sin embargo “la fuerza se vio ayer, va el reclamo para los que todavía piensan que del cielo les va a caer el apoyo, ya no, se les acabó el líder que decía para todos, ni madres, va el apoyo para los que apoyen, los que no apoyen por miedo o lo que sea solitos se van a salir”.
Señaló que hubo el compromiso que el jueves se hará entrega formal del pliego petitorio con firmas al cabildo, y se acordó que tienen hasta el jueves al mediodía para firmar si no ya no serán incluidos.
Resaltó que aunque entreguen el pliego petitorio van a reunirse con el gobernador, para externarle las anomalías que han detectado hacia los trabajadores en el palacio municipal, y dijo que se equivocó al quererse poner de alfombra del alcalde porque lo terminó pisando.
“Hasta políticamente podríamos ir por buen camino, porque por mala suerte para los empleados quien llega a dirigir los destinos de un Ayuntamiento es un político… tendremos que aprender algo de la política o de la grilla, estos triunfos que estamos logrando no son míos son de todos ustedes”, indicó.
Los trabajadores presentes señalaron que una de las anomalías es que no se ha cumplido con el pago de los seguros de vida. (Beatriz García / Chilpancingo).