Casi ocho años después del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera; el universitario Arturo Miranda Ramírez, quien fuera discípulo del perredista victimado, denunció que desde los primeros minutos del crimen hubo acciones deliberadas con la intención, no solamente de dejar impune el caso, sino para que nunca se sepa la verdad.
Miranda Ramírez, quien era vecino de Chavarría Barrera, fue el primero que llegó a la escena del crimen la mañana del 20 de agosto de 2009 y pudo observar las omisiones, la negligencia y las acciones que se hicieron a propósito, por parte de las autoridades, para que se alterara la escena del crimen.
En entrevista posterior a la conferencia de prensa en la que participó junto con la viuda de Chavarría, Marta Obeso, el 8 de agosto pasado, el universitario contó que vecinos suyos le revelaron que el día del crimen, en la casa del entonces director de la Policía Ministerial, Erit Montúfar Mendoza, también vecino del inmolado perredista, fueron acuartelados decenas de policías de esa corporación desde la noche del 19 de agosto, y que caminando pudieron haber llegado a la casa de Chavarría en 5 o 10 minutos, pero que inexplicablemente no acudieron y que los primeros policías de otras corporaciones comenzaron a llegar casi media hora después.
Recordó que ese día, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, caminaba cerca de la casa de Chavarría Barrera, ubicada en la calle principal del fraccionamiento Lomas Diamante, al sur de la capital.
El universitario dijo que a esa hora se dirigía a su trabajo, cuando un conocido suyo lo alcanzó y le preguntó: “Oiga, ¿usted era amigo de Chavarría?”, y extrañado le espetó: “Es mi amigo, ¿por qué?”.
El hombre que lo había abordado le dio la noticia de sopetón: “Creo que lo mataron, acabo de pasar por su casa. Se escucharon muchos balazos”.
Mirada Ramírez recordó que no terminó de escuchar la explicación y partió presuroso a la casa de Chavarría Barrera, “cuando llegué todavía no había nadie, vi el carro (Volkswagen, color gris, placas HED7271) con el cadáver, expuesto totalmente a que se borraran las evidencias”.
Recordó que después de él, quien llegó fue el director de Radio UAG, Víctor Wences, “él comenzó a hacer lo suyo, a transmitir para la radio, y yo me dediqué a hacer una observación del ambiente”.
Admitió que la escena le causó mucho dolor, porque aunque no es ni ha sido del PRD (Chavarría era dirigente de la corriente Polo Guerrerense de Izquierda de ese partido), fue su alumno en la Universidad “y de manera personal yo lo estimada”. Además recordó que políticamente el victimado también fue miembro de su organización, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y que “hay muchos motivos para que independientemente de que no estábamos en el mismo proyecto político, yo estuviera indignado y dolido por el escandaloso crimen”.
Miranda explicó que lo que pudo concluir de sus observaciones fue que quienes mataron al diputado perredista “no fueron aprendices de pistoleros, sino profesionales”. Dijo que comprobó que los impactos fueron de sur a norte, de frente y en dirección al vehículo de Chavarría, que estaba estacionado afuera de su casa, agregó que el carro también tenía impactos por ambos lados, “y recargado en el asiento del copiloto estaba Chavarría, con el tiro de gracia en la frente”.
Añadió que media hora después de que llegó él, vio que comenzaron a concentrarse políticos de todos los partidos, principalmente del PRI, “yo no sé si para estar seguros que su amigo (de los priistas) Manuel Añorve (entonces aspirante a la gubernatura) ya no tendría competidor de peso”.
Dijo que entonces él prefirió “dar un paseo” alrededor de la casa de Chavarría Barrera y que encontró en la parte alta, al oriente de la construcción, un lugar en donde los homicidas habían estado posiblemente agazapados, bajo un matorral esperando a su presa. Aseguró que vio huellas de pisadas, mismas que mostró a policías federales que para entonces ya habían llegado al lugar, “pero ni me pelaron”.
Siguió: “Lo que yo observé fue una serie de situaciones, la primera es que muchos curiosos, por razones de morbo, llegaban y se amontonaban alrededor del coche de Chavarría. Incluso una aletita del carro la tiraron, porque tenía un rozón de bala y con el aglomeramiento por allá fue a dar”.
Dijo que también vio que después de que llegó la policía movieron el carro a empujones del lugar donde estaba, “que porque según allá iban a hacer el peritaje, cuando se supone que debieron hacerse hecho en el lugar donde fueron los hechos”.
Destacó que antes, cerca de las 12 del día, cuando llegaron los hijos de la víctima, decidieron sacar el cadáver del carro y meterlo a su casa, porque la portezuela del vehículo había quedado exactamente en la dirección de la puerta. Recordó que para eso le pidieron a José Higuera Fuentes, amigo de la familia, que les ayudara.
“Fue por eso que después el gobernador Zeferino agarró la estúpida hipótesis de que Higuera había sido uno de los responsables de ese crimen, cuando él sólo ayudó a los hijos de Chavarría, porque se lo pidieron, debido a la confianza que le tenían”.
Sin embargo, insistió que todo eso fue permitido adrede, porque la autoridad no llegó a tiempo para hacer el levantamiento cadavérico y los hijos por su dolor decidieron mover el cuerpo, “no porque quisieran borrar evidencias, pero se supone que la autoridad debió haber estado allí hasta agotar la investigación y después permitir los movimientos”.
El universitario añadió que también era vecino de Chavarría el entonces director de la Policía Ministerial, Montúfar Mendoza, quien vivía en la colonia 20 de Noviembre, “queda casi enfrente de la casa de Chavarría y no es posible que no se hayan escuchado los disparos, en línea recta no rebasan los 500 metros”.
Mencionó que, asimismo, vecinos del jefe policiaco le contaron que ese día “se llevaron el susto de su vida”, porque al despertar algunos de ellos, se encontraron con una gran cantidad de policías de la PIM afuera de la casa del director de la corporación y pensaron que algo le había pasado.
Pero explicó que aproximadamente media hora después del crimen del diputado, los agentes se comenzaron a retirar y que dejaron despejada el área donde se encontraban aglomerados.
Destacó que le llamó la atención que los agentes no acudieran al lugar del asesinato, al que pudieron haber llegado en 5 o máximo en 10 minutos caminando, pero que los primeros policías que comenzaron a llegar media hora después, afuera de la casa del perredista asesinado, fueron de otras corporaciones, “por ese detalle no se descarta que hayan tenido que ver (los ministeriales) en la ejecución material”.
Miranda Ramírez dijo que para esclarecer el crimen habría que ver quiénes estaban interesados en quitar de en medio a Chavarría, “pues nadie duda que había logrado un amplio consenso entre otros partidos”, porque, incluso, estaba en pláticas con la dirigencia del Verde Ecologista y con el Partido Nueva Alianza (Panal), en la perspectiva de que hubiera un candidato de unidad y un frente amplio.
“Por eso, yo sostengo que se trata de un crimen político, porque se le trató de quitar de en medio, para que no fuera competitivo frente a dos aspirantes, el de Zeferino Torreblanca, Armando Ríos Piter, y el aspirante Manuel Añorve, por parte del PRI”.
La deducción de Miranda Ramírez es que si Añorve apoyó a Zeferino Torreblanca en su campaña, no estaba lejos que Zeferino también se inclinara por Añorve y no por Ríos Piter, pero menos por Chavarría, “con quien tenían diferencias importantes desde que estuvo como secretario de Gobierno y después como diputado”.
Contó que estas diferencias se las reveló el mismo Chavarría días antes de su asesinato, en una reunión de líderes de la UAG que tuvieron en el Parador del Marques, para ponerse de acuerdo con respecto a quien apoyarían como candidato a la Rectoría.
“Chavarría asistió a esa reunión como representante de una de las fuerzas, además encabezaba la iniciativa de que se promoviera a Rogelio Ortega como candidato”, explicó.
Recordó que al terminar la reunión, cuando todo mundo se empezó a retirar, ambos se quedaron al último, “lo vi muy pensativo, como ido en su pensamiento, entonces me comentó que estaba muy preocupado porque ‘el pinche de Zeferino (dijo que le comentó textual) me quitó mi guardia de seguridad’”.
Miranda contó que el entonces diputado local perredista le informó que tenía tres guardias y que el entonces gobernador le dijo que si quería personal de seguridad que la pagara de su bolsa.
Dijo que Chavarría estaba molesto porque le contó que cuando todavía era secretario de Gobierno, habían acordado con el gobernador Zeferino que los funcionarios de primer nivel deberían tener protección mínimo tres años después de haber dejado el cargo, y que él apenas tenía el año de haber dejado el suyo cuando ya le había quitado el personal de seguridad, pero que, además, era el presidente del Congreso local.
Explicó que ese día le confió que su preocupación no era por él, “a mí me pueden matar cualquier día, además no tengo enemigos, pero el que me preocupa es mi hijo Owaldo, quien apenas empieza a crecer políticamente y me dolería que atentaran en su contra”, recordó que le dijo.
Para Miranda Ramírez hay elementos para pensar que Zeferino a toda costa no quería que fuera candidato Chavarría, porque había riesgo que ganara.
El universitario añadió que entonces Zeferino prefería que ganara un priista que un perredista y que Chavarría se estaba adelantando a Ríos Piter, que era la propuesta como aspirante del PRD de Torreblanca.
Eso sumado a que dijo que le contó Chavarría que también Zeferino estaba molesto con él, porque el Congreso no le aprobó un presupuesto de 400 millones de pesos “para algo que no me contó Armando”, dijo.
En este contexto, el universitario subrayó que ocho años después “las maniobras que se están haciendo para enturbiar el esclarecimiento de los hechos, no solamente van orientadas a dejar impune este caso, sino además, a lograr que nunca se sepa la verdad”.

El presidente del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del PRD en Chilpancingo, Asunción Martínez Ortiz, se reunió con el ex presidente del PRD y ahora promotor de Andrés Manuel López Obrador en el estado Eloy Cisneros Guillén, con quien coincidió en el sentido de que el líder nacional de Morena debe ser el candidato presidencial de los partidos de izquierda.
Consultado vía telefónica, después de su reunión con Eloy Cisneros en un céntrico restaurante de la capital, comentó que se reunieron para hablar del “momento histórico que está pasando el país y coincidimos en que la crisis que atraviesa es el agotamiento del sistema capitalista en México y en los estados del sur”.
Por eso dijo que coincidieron en que es necesario “hacer un esfuerzo para caminar de la mano con los partidos de izquierda, pero en especial de caminar junto a Andrés Manuel López Obrador”.
Martínez Ortiz comentó que coincide con Eloy Cisneros y el grupo de ex presidentes perredistas, en el sentido de promover al líder nacional de Morena y dos veces candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, que consideró es “el candidato mejor posicionado que representa el sentimiento de la izquierda en México”.
Dijo que eso es algo que reiteradamente los ciudadanos y militantes del PRD le expresan en “las calles y colonias, que están dispuestos a caminar con López Obrador”.
Ante la invitación de Eloy Cisneros, comentó que le puntualizó que están al pendiente de las decisiones del Consejo Nacional que se realizará el domingo, “y tendremos claridad de hacia donde va a caminar de manera institucional nuestro partido, coincidimos en lo que ellos (los ex dirigentes) han dicho en sus foros, pero somos cuidadosos de los tiempos que nos está marcando nuestro partido”.
Recordó que la dirigencia del PRD, los comités municipales, las corrientes, alcaldes y diputados firmaron y publicaron un documento en marzo pasado, en el que pidieron a la dirigencia nacional que se priorizara una alianza con los partidos de izquierda, incluido Morena, sin embargo la decisión fue otra.
Dijo que los llamados fueron reiterados también para que el PRD en el estado busque acercamiento con Morena, sin embargo, apuntó que “de manera personal y atendiendo sólo a intereses de grupo, iniciaron diálogos con el PAN”.
Asunción Martínez reprochó que el dirigente perredista, Celestino Cesáreo Guzmán, haya decidido iniciar las reuniones con el PAN, sin antes consultar a las corrientes y a la militancia.
En una publicación en su Facebook hizo un llamado a los militantes de su partido, organizaciones sociales y civiles, a manifestarse en contra de la alianza que están perfilando con el PAN para competir en el proceso electoral 2018, porque consideró que el Frente Amplio Democrático sólo busca recuperar el poder que ha mantenido una élite de beneficios en el país.
“El PAN no representa en nada los sentimientos de nuestro estado, y por el contrario, representa más de lo mismo y ayudar al PAN, a la derecha de este país, es como premiar al PRI, al partido que tanto daño le ha hecho al pueblo de México (…), el perredismo declara no sentirse identificado con los líderes del partido en México, y menos con una alianza que a todas luces sólo busca recuperar el poder que ha mantenido a una élite de beneficios de este país”, criticó.

Redacción

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre consideró que se debe de mirar más allá de partidos y candidatos, sino en un proyecto de país, ante el trabajo que están haciendo el PRD y PAN para una posible alianza para las elecciones de 2018.
“Hoy ese frente tiene sentido, no solamente PAN-PRD, tiene sentido abrirlo a otros partidos, a otras formas de mirar y de ver, hoy México necesita un cambio y ese se da siempre y cuando unamos fuerzas ciudadanas y fuerzas distintas”.
Velázquez Aguirre también insistió en que es “muy raro” que los diputados locales sólo hayan pedido auditoría para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y no para organismos operadores de agua de otros municipios.
En declaraciones después de la firma de convenio con integrantes de Canacintra Acapulco, consultado respecto al posible frente que se dé entre el PRD y PAN para candidaturas comunes, luego de que el pasado miércoles se reunieron por primera vez las comisiones de alianza, el alcalde consideró que esta unión tiene sentido.
“Veo bien un frente de esta naturaleza, hoy que necesitamos priorizar el proyecto del país, no del candidato, no del partido, del país y en eso estoy convencido, y estoy dispuesto a abonar y apoyar”, expuso.
De la auditoría a la CAPAMA, Evodio Velázquez insistió en que se están dando todas las facilidades para que la Auditoría General del Estado (AGE) revise el ejercicio fiscal 2016, e insistió en que le parece “muy raro” que los diputados sólo se hayan enfocado en la paramunicipal en Acapulco, no con organismos operadores de otros municipios, “por qué no se hace en Chilpancingo, en Iguala o en Taxco”.
Sobre si es auditoría es para frenar su posible reelección, Evodio Velázquez dijo que eso es pensar en el futuro y que se debe de hacer en el presente, “yo ya soy alcalde, estoy haciendo todo el intento por hacer un buen papel e intentar resolver todos los problemas que se tienen en Acapulco”
A pregunta expresa de si hay “caballos” en el PRD, para la contienda electoral de 2018 para Acapulco, Velázquez Aguirre respondió que hay “caballos, yeguas y todos muy bravos”.

El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, indicó que ante la división que existe en la dirigencia estatal del partido es hora de la madurez y la tolerancia y de ser respetuosos con “todos los activos del partido”.
Consultado vía telefónica por la protesta del viernes en la reunión de organizaciones sociales que respaldaron a Andrés Manuel López Obrador, en la que no fue tomado en cuenta para ocupar el presídium, ayer el también ex rector de la Uni-versidad Autónoma de Guerrero (UAG) dijo que promoverá la unidad.
En la reunión del jueves en el centro de negocios Costera 125, organizaciones civiles convergieron para el acto titulado Promoviendo la unidad para preparar el camino y organizados enfrentar las siguientes etapas de lucha, del cual se destacó la desunión y desorganización de la estructura interna del partido, en la que tampoco se consideró en el presídium al enlace nacional de Morena en Guerrero, César Núñez Ramos, quien al final sí subió al presídium pero por exigencia de los asistentes. Otro de los desdeñados fue el diputado federal Roberto Guzmán Jacobo.
Rodríguez Saldaña expuso que tampoco fue convocado el también primer dirigente estatal en Guerrero de Morena, “no invitaron al maestro César Núñez, que es el enlace del Comité Ejecutivo Nacional aquí en Guerrero, al diputado federal Roberto Guzmán Jacobo y eso hizo que los asistentes y militantes de Morena, pues plantearan que estuvieran en el presídium y de ahí se generó una exigencia de parte de los militantes, no sé por qué hubo ese descuido”.
La exclusión también fue para algunos consejeros, quienes le comentaron que no fueron invitados al acto de ayer.
Recordó que el jueves César Núñez Ramos hizo un llamado a que la militancia se una a participar y evitar la división “para mí, esa es la indicación que tenemos que seguir, de que haya unidad, se tomen en cuenta a consejeros y consejeras para que se trabaje en forma muy coordinada y eso es lo que promovemos e impulsamos”.
Sin dirigirse al presidente del partido en Guerrero Pablo Amílcar Sandoval y a los organizadores de la reunión del jueves, manifestó que debe prevalecer madurez y tolerancia “para que respeten a todos los activos del partido”.
Se le preguntó si consideraba al grupo del presidente del CEE y al propio Sandoval como una fuerza que promueve la división, respondió: “No, yo no podría decir eso o emitir contra mi compañero una opinión negativa, yo soy muy respetuoso y cualquier asunto de carácter interno lo trataríamos en las instancias propias”.
Sostuvo que en su calidad de secretario general en Guerrero y consejero nacional de Morena, “tengo que abonar ante la opinión pública a fomentar un trato respetuoso entre compañeros del partido”.

El ex presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD y promotor del Movimiento Pro-AMLO, Misael Medrano Baza, anticipó que en el momento que se formalice la alianza entre PRD y PAN, miles de militantes perredistas van a renunciar y se sumarán a la iniciativa para apoyar a quien encabeza las preferencias electorales, Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, el también ex dirigente estatal del PRD, Saúl López Sollano, dijo que el objetivo de este movimiento es impulsar y apoyar la candidatura presidencial de López Obrador, pero no descartó que apoyen la aspiración a algún cargo de elección popular de algún integrante de este movimiento.
La noche del jueves, los dos ex dirigentes del PRD encabezaron en esta ciudad una reunión informativa y organizativa, con miras a la conformación de la coordinadora distrital del proyecto Pro-AMLO. La reunión fue sin acceso a reporteros y se realizó en la casa del ex alcalde del PRD, ex secretario de salud y ex candidato del PT a la alcaldía de Iguala, Antonio Jaimes Herrera.
A la reunión asistieron unos 30 líderes naturales, de organizaciones de Iguala y otros nueve municipios que integran el Distrito 02. Entre los que se vio al ex senador del PRD y miembro de la corriente Grupo Guerrero, Valentín Guzmán Soto, recientemente amenazado y mencionado a través de un video por el grupo armado de la Familia Michoacana, como uno de los posibles aspirantes a la alcaldía de Teloloapan.
Se vio al ex alcalde de Iguala, Antonio Jaimes Herrera; los ex regidores del PRD, Alberto Bahena Jiménez y Nicolás Guerrero González; así como el líder municipal de Morena, José Socorro Peralta.
En declaraciones hechas al término de la reunión, Medrano Baza informó que el objetivo principal es el apoyo a Andrés Manuel López Obrador, “todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en apoyar a Andrés Manuel y todos los que estamos aquí nos vamos a incorporar a Pro-AMLO, en el distrito y en el estado”.
Dijo que están al pendiente de lo que vaya acordar la dirigencia nacional del PRD en relación con el llamado Frente Amplio Opositor con el PAN y advirtió, “que Pro-AMLO y muchos de los que somos militantes del PRD vamos a rechazar ese frente, que lo han concebido no para competirle al PRI, sino para oponerlo a la lucha democrática que encabeza Andrés Manuel”.
A pregunta de la advertencia de que habrá renuncias individuales y masivas de militantes del PRD por la alianza con el PAN, Medrano Baza anticipó que “eso se va a presentar y va a suceder en cuanto el consejo nacional del PRD llegara a aprobar la alianza con el PAN, inmediatamente en Guerrero, lo queramos o no lo queramos, se proponga o no se proponga, se van a dar renuncias al partido y va a crecer el apoyo a Andrés Manuel, porque mucha militancia y liderazgos no se ven en la ruta de incursionar con el PAN y un candidato de este partido”.
Señaló que solo están esperando que se formalice la alianza PRD-PAN, “y van a suceder varios acontecimientos en Guerrero y en el país, se van a multiplicar las muestras de apoyo a Obrador”. Anticipó que habrá “miles” de compañeros en esta iniciativa Pro AMLO para apoyar a quien encabeza las preferencias electorales a nivel nacional.
Mencionó que la principal diferencia la tienen con la dirigencia nacional y señaló que en el caso de Guerrero, el presidente del CEE del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, carga con la responsabilidad institucional, sin embargo se ha reunido con Pro AMLO y está invitado a reunirse con quienes integran este movimiento de apoyo a López Obrador.
Anticipó que se van a reunir la otra semana con la dirigencia estatal del PRD y sus corrientes para platicar de este tema, unificar a las fuerzas democráticas más allá de las siglas y los colores, pensando en el objetivo supremo, que es el cambio en el país.
A pregunta, dijo que en la reunión no se abordó el tema de las posibles renuncias al PRD.
Por separado, el también ex dirigente estatal del PRD, Saúl López Sollano señaló que Pro AMLO no es un partido político, pero se tiene la disposición de colaborar en la causa de López Obrador, por lo que tienen el interés de sumar a luchadores sociales, líderes y militantes de otros partidos políticos.
Coincidió en que las renuncias de militantes del PRD se van a dar de manera “natural”, por la alianza que se pretende realizar con el PAN.
Sollano declaró que Pro AMLO no tiene la intención de hacer una campaña de afiliación a Morena, sino sólo colaborar con López Obrador en su proyecto por la presidencia de la república.
Dijo que si “en el camino” hay compañeros que aspiren a algún cargo de elección popular, ya sea del PRD o Morena, dependiendo de quien sea, “le brindaremos el apoyo, pero lo fundamental es el apoyo a Andrés Manuel”.
Informó que entre los acuerdos de la reunión del jueves está unificar el trabajo disperso que hay, organizase en cada distrito y municipio. Asistir a las reuniones de Pro AMLO a nivel estatal, estar preparados para la coyuntura que se prevé por la alianza con el PAN y dar conferencias de prensa sobre los avances de este movimiento.

El grupo de priistas que salieron de su partido en 2010 con el ex gobernador por el PRD, Ángel Aguirre Rivero, festejó su séptimo aniversario con el compromiso de revisar quienes son los candidatos del PRI para impulsarlos.
La asociación civil Por un Mejor Guerrero, que encabeza Raúl Salgado Leyva, acompañado de sus seguidores, festejaron el séptimo aniversario de la organización en el centro recreativo Raúl Peralta, en el municipio vecino de la capital Eduardo Neri (Zumpango).
Se esperaba la visita del gobernador, pero éste no llegó al municipio, donde el jueves fueron asesinados a balazos el ex candidato a presidente municipal por el PRI, Francisco Torres Rendón, y su primo hermano Antonio Torres Sánchez, sobrino de Carlos Sánchez Barrios.
En el festejo de su séptimo aniversario, el presidente de la organización recordó que son un grupo de priistas que salió de su entonces partido, a partir de la decisión que tomó de postular a Manuel Añorve Baños como candidato a gobernador y no a Ángel Aguirre Rivero.
Tras la postulación de Aguirre Rivero por el PRD, decidieron conformar su asociación civil, que en su inicio respaldó al ahora defenestrado ex gobernador.
En referencia al proceso electoral 2018, dijo que tienen “cuadros ideológicamente importantes, que comparten principios con diferentes partidos políticos”, que podrían buscar participar en sus partidos.
Sin embargo, dijo que esperarán a conocer las convocatorias de los partidos políticos, para saber si podrán participar, y buscarán a los partidos políticos para impulsar candidaturas comunes de los integrantes de su organización.
Al festejo no llegó el gobernador Héctor Astudillo Flores, a pesar de que de manera oficial fue incluida su visita al acto.

El gestor social Pedro Quiroz Basurto, manifestó que el gobernador Héctor Astudillo Flores tiene estancado el proceso para la declaración de la Sierra como la octava región de Guerrero, “él conoce realmente cómo está la situación, sabe que todo lo que se hizo al respecto con el ex gobernador Rogelio Ortega fue una farsa, por lo que se comprometió a impulsarlo en el Congreso a través de la diputada local Ángeles Salomón, quien desde hace tiempo ni siquiera atiende las llamadas”.
Quiroz Basurto, quien ha sido uno de los principales impulsores en el municipio de Zihuatanejo por conseguir que la sierra de Guerrero sea considerada como la octava región de la entidad, dijo que al inicio del mandato de Astudillo Flores se reunieron con la diputada local Ángeles Salomón, quien les comentó que el gobernador le había encargado impulsar ese tema y se comprometió a mantener el contacto, sin embargo, “la diputada después ni siquiera atendió las llamadas”.
Agregó que ya como gobernador electo, Héctor Astudillo visitó la comunidad El Paraíso, en el municipio de Atoyac, donde analizaron el tema de la octava región, “y uno de los compromisos por parte de él fue darle seguimiento y llegar a su final, porque este tema él lo conoce desde antes (…) pero lo tiene ahora ahí estancado, en la congeladora y no tenemos ninguna explicación a la gente de la sierra cuál es el motivo por el que está estancado y es lo menos que debe explicar, porque ahora la pelota está en su cancha”.
A pregunta expresa, Pedro Quiroz aseveró que el ex gobernador Rogelio Ortega “hizo toda una farsa, hubo mucha emoción en la gente de la sierra, precisamente en El Paraíso, antes de terminar su mandato, firmó ese decreto, esa iniciativa para que la sierra se reconociera como la octava región y lo hizo cuando ya estaba casi por salir y cuando entró la actual administración estatal nos dedicamos a darle seguimiento y resultó que fue eso, una farsa, porque ni siquiera lo publicaron en el Diario Oficial del estado para que quedara el antecedente de hasta dónde se había llegado”.
“Entonces eso terminó en eso, en una farsa, en una burla para la gente de la sierra y todo eso se platicó con el ahora gobernador y lo que es real es que seguimos en las mismas. Por supuesto que el buscar que la sierra se reconozca como la octava región tiene un sentido: desarrollar a la sierra de manera integral, porque la sierra tiene graves atrasos en cuanto al desarrollo que debe de haber y ese es el motivo que nos ha movido siempre y nos sigue moviendo, que le seguimos exigiendo al gobierno del estado porque está en sus manos hacerlo”.
Dijo que se tiene que diseñar una estrategia de acción para la sierra “en la parte productiva, en la parte de educación, de salud, de los servicios sociales que requieren los más de 120 mil habitantes de toda esta región (…) pudiera decirnos el gobierno ‘está bien, no estoy resolviendo lo que me pides, que es el reconocimiento de la sierra como la octava región, pero te estoy atendiendo tus necesidades’, pero no conocemos una estrategia del gobierno del estado que atienda verdaderamente las necesidades de la sierra”.

Apoyado en informes de organismos internacionales y en datos periodísticos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció en Guerrero “al Estado mafioso” y “la porosidad de las instituciones de seguridad y justicia, que dan cabida a las mafias delincuenciales”.
En su informe anual de aniversario, que será presentado mañana en Tlapa, y a modo de introducción de las luchas de los pueblos y organizaciones, señala en un mapa de Guerrero a los 14 principales grupos de la delincuencia organizada que se disputan o establecieron una connivencia por el territorio.
Declara que “ante el desfondamiento del sistema de seguridad y de justicia que ha dejado en total indefensión a la población guerrerense, las comunidades indígenas y campesinas enfrentaron la amenaza con organización, se erigieron como los guardianes de sus territorios”.
Señala también que la mayoría de las 19 policías comunitarias, policías ciudadanas o autodefensas, asentadas en 49 de 81 municipios de Guerrero, “nacen de la preocupación genuina para contener la avalancha delincuencial”.
Precisa que “en este ambiente de descomposición, tanto de las instituciones del Estado como de la misma sociedad, que se ha contaminado de la influencia que ejercen las organizaciones delincuenciales, han aparecido grupos de civiles armados que se han autodenominado policías comunitarios, que no necesariamente nacen del seno de una asamblea, ni responden a una amenaza inminente de algún grupo delincuencial”.
Reconoce que algunas fueron creadas a iniciativa de líderes criminales, “son ellos quienes promueven la creación de estos grupos, comprando los atuendos de las policías comunitarias y otorgándoles armamento de grueso calibre”.
En el informe de 2016, denominado Guerrero: mar de luchas, montaña de ilusiones, confirmó que “hay alcaldes supeditados a las decisiones del jefe de la plaza. Se han dado casos donde diputados y presidentes municipales forman parte la estructura delincuencial”.

Acapulco dejó de ser el puerto paradisiaco

Sobre las operaciones del narcotráfico, señala que Acapulco “dejó de ser el puerto paradisiaco, para transformarse en el centro de operaciones del narcotráfico”. Ahí, según los registros, operan el Cartel Independiente de Acapulco, que se extiende a Chilpancingo, en la zona Centro; Coyuca de Benítez, en Costa Grande, y en cuatro municipios de Costa Chica: Cruz Grande, Copala, Ometepec y Cuajinicuilapa, los últimos dos colindan con Oaxaca. Asimismo, tiene presencia La Barredora, al parecer del mismo grupo, y el Comando del Diablo que se encuentra también en Zihuatanejo.
En este registro se coloca a Los Rojos como el grupo con más presencia en 31 municipios: nueve de la zona Centro, diez de la Norte, ocho Montaña, dos de Tierra Caliente, uno en Costa Grande y uno Costa Chica.
Sigue en número Guerrero Unidos, cuyo nombre llegó a primeras planas nacionales e internacionales por los ataques a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, futbolistas y otras víctimas, la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, cuando se evidenció un sistema de narcogobierno en Iguala. El grupo tiene presencia en 26 municipios: cinco del Centro, 14 de la Norte, seis de Tierra Caliente y uno en Costa Grande.
Los Caballeros Templarios en 17 municipios: siete de Costa Grande, ocho de Tierra Caliente, de la Zona Norte, Costa Grande y dos de la zona Centro. Además de Los Tequileros, en cuatro municipio de Tierra Caliente y dos de Costa Grande.
Con todos los anteriores, que están en guerra por los territorios, la Familia Michoacana tiene presencia en ocho municipio de Tierra Caliente, siete de Costa Grande y dos de la zona Centro.
En los municipios la zona Centro, siempre repiten Chilpancingo y General Heliodoro Castillo, donde también se encuentra el Cartel del Sur, con presencia en la capital.
Los Granados operan en cinco municipios de Tierra Caliente y cinco de Costa Grande, más cercano a Michoacán y conectados por la sierra. Menciona una alianza de Los Granados con el Cartel de Jalisco Nueva Generación en cuatro municipios de Tierra Caliente y cinco de Costa Grande, donde comparten influencia.
Los Ardillos, en fuerte disputa con Los Rojos en la Montaña, tienen presencia en cuatro municipios del Centro, dos de la Montaña, tres de Costa Chica y Acapulco, además de Los Jefes o Gente Nueva, de quienes sólo hay registros en Chilapa.
Para explicar la fuerte presencia criminal en el estado, declara que “la Costa grande permite un sin número de maniobras marítimas y terrestres para el trasiego de droga. La Sierra Madre del Sur es una región mega diversa, abandonada por el gobierno y controlada por los caciques y sus pistoleros”.
Antes, hace referencia a los índices de criminalidad, con los cuales estima que 37 por ciento de municipios con presencia criminal están supeditados a la lógica de la violencia criminal y las autoridades locales “se encuentran atadas de manos por los compromisos contraídos con algún grupo delincuencial que impulsó su candidatura”.
En este marco, indica que 10 de los 13 municipios de la zona Centro están catalogados como violentos, sobresaliendo Chilapa, Zitlala, Tixtla, Quechultenango, General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Juan R. Escudero, Mártir de Cuilapan y Eduardo Neri.
A nivel regional, señala que si bien la Montaña presenta el menor número de homicidios dolosos que se registraron durante los meses de enero a mayo de 2017, Tlapa es la ciudad más violenta de la zona, y la cabecera de Copanatoyac sigue en menor en número de homicidios, pero advirtió que los datos oficiales, que genera la Fiscalía General del Estado “no necesariamente corresponden a la realidad, porque el municipio es un foco rojo”.
En este tenor, destacó los resultados del Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2016, elaborado por Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas, Puebla, que ubicó a Guerrero “en el grupo cuatro de impunidad muy alta y tiene una cifra negra de 95.8, superior a la nacional que es de 92.8”.
El equipo concluyó que hay “una baja cultura de la denuncia y una muy alta desconfianza a las instituciones de seguridad y justicia”.
No obstante las operaciones policiacas y militares, se incrementaron los homicidios, “la población considera infructuosa una presencia armada que sólo aterroriza a la gente y deja el campo libre a quienes se disputan el trasiego de la droga”.
En respuesta, reconoce a las comunidades indígenas y campesinas que se asumieron como sujetos de derecho y retomaron el modelo exitoso de la policía comunitaria, para hacerle frente a la delincuencia.
Indicó que en los últimos dos años se multiplicaron los modelos de seguridad, como policías comunitarias y autodefensa.
Señala a la Policía Comunitaria de Tlacotepec, el Movimiento Adrián Castrejón, de Apaxtla; La Tecampanera, de Teloloapan; la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, en comunidades de Coyuca de Catalán y Zihuatanejo; Movimiento por la Paz, de San Miguel Totolapan; Policía Comunitaria, de Eduardo Neri; Policía Comunitaria, de Tlacotepec, asimismo, las organizaciones de Juchitán del Progreso, Arcelia, Tecpan y Cuetzala del Progreso.
Enseguida aparecen tres expresiones de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC): de la microrregión Costa chica-Montaña, de los pueblos de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Teconaoapa y Tlapa, y la de Los Pueblos Fundadores.
Además de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), de Temalacatzingo, en comunidades de Olinalá, Cualax y Tlapa; el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Aclara, que estos primeros movimientos por la seguridad requieren un tratamiento más profundo y detallado.

El informe

Tlachinollan dedicó su 23 informe anual a reseñar la lucha de las víctimas y de los pueblos en Guerrero en el contexto de inseguridad e impunidad, y de manera particular al tema de Ayotzinapa, a mes y medio de que se cumplan tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala.
Afirma que si el caso Ayotzinapa no está resuelto, es por los pactos de impunidad que no han sido rotos, y que señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia jurídica internacional en el caso.
Recordaron que a la salida del GIEI del país, los expertos dejaron 20 medidas esenciales para conseguir la verdad de los hechos, que el nuevo el Mecanismo Especial de Seguimiento insiste en que sean atendidas.
A pesar de la disposición expresa de las autoridades, a la fecha no hay un sólo detenido por el delito de desaparición forzada, no ha habido justicia en la asesinatos de los estudiantes ejecutados Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes, ni para los heridos que presentan las más graves secuelas, Aldo Gutiérrez Solano, que permanece en estado vegetativo, y Edgar Andrés Vargas, que sigue recibiendo tratamiento por los impactos de bala en su cara.
En otro de los apartados, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, de Chilapa, documentó desplazamientos forzados de periodistas locales y familias en 15 localidades de Heliodoro Castillo, nueve de San Miguel Totolapan, dos de Chilpancingo, siete en Chilapa, tres de Zitlala, tres de Coyuca de catalán, una en Pungarabato, Tixtla, Arcelia, Leonardo Bravo y Apaxtla de Castrejón.

Señala que las familias provienen de comunidades donde la confrontación entre grupos de la delincuencia organizada es parte de la cotidianidad, mientras las instituciones criminalizan y regatean los recursos a las familias, “como si se tratara de negociar su tragedia”.
Asimismo, se hace un recorrido de la lucha social y legal que permitieron los dos amparos en favor de la Jubá Wajín (San Miguel el Progreso), contra la minería a cielo abierto en el territorio del pueblo me’phaa.
También documentaron la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el estado, que tiene 30 por ciento de los datos individuales del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), de un total de 3 mil 949 víctimas registradas en todo México.
Hasta 2016, Guerrero contaba una inscripción de mil 131 víctimas, y “en la reinvindicación de sus derechos, surgieron defensores emergentes frente al Estado”.
Menciona entre estas iniciativas ciudadanas a la organización para la búsqueda de personas desaparecidas, así como de apoyo a familias desplazadas por la violencia, como Siempre Vivos de Chilapa, y los que exigen justicia por las ejecuciones extrajudiciales, en este caso la familia de Bonfilio Villegas, asesinado por militares en 2009.
Además del caso de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, que refleja a un Estado rebasado por las bandas del crimen organizado, donde el grupo criminal que controla la zona asesinó a varias personas y mantiene el acoso a los pobladores.
Entre otros temas, la periodista Marcela Turati reunió para este informe testimonios que dan cuenta de las estructuras criminales que operan fuera de la ley y buscan el control de territorios; y sobre la operación, colusión u omisión de amplios sectores de la administración pública en diversos niveles, que inhiben la labor de informar.
Señala factores que “limitan la libertad de expresión y produce un efecto amedrentador sobre el libre flujo de la información, genera autocensura y refuerza la tendencia a llevar a cabo un periodismo que evite informar sobre temas de seguridad, corrupción o tráfico de influencias”.
De las agresiones a periodistas, se enlistan un asesinato, dos agresiones con arma de fuego, además de la retención ilegal de grupo de comunicadores, ultraje y robo, y hostigamientos verbales, vigilancia por civiles, obstrucción al trabajo y amenaza de muerte.

Un hombre fue ejecutado a balazos con armas de grueso calibre en la colonia Benito Juárez de la capital, frente al sitio de los taxis que van a la comunidad de Xochipala, a unos metros de la delegación del Programa de Inclusión Social (Prospera) y cerca del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla.
Fuentes policiacas informaron que el hecho ocurrió a la 1:30 de la tarde, trascendió que la víctima, de unos 40 años, era transportista, presuntamente originario de Xochipala, municipio de Eduardo Neri.
Según las fuentes, el hombre caminaba en la calle Leyes de Reforma esquina con 17 de Febrero, frente al sitio de taxis, cuando desconocidos lo atacaron a balazos.
La situación alarmó a vecinos y comerciantes de la zona, quienes notificaron a las autoridades; al lugar llegaron policías estatales y soldados del Ejército, así como peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) para las diligencias de ley. En el lugar se encontraron cinco casquillos percutidos AR-15.
El cuerpo de la víctima fue cubierto con una sábana, presuntamente por vecinos, antes de que llegaran las autoridades; el hombre fue trasladado al Semefo como desconocido. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).