Alejandro Guerrero

Iguala

El alcalde priista Herón Delgado Castañeda informó que entregó un oficio para solicitar que a los policías municipales les regresen las armas que les fueron decomisadas en 2014, luego del caso Ayotzinapa.
En el acto de entrega de moto patrullas, uniformes y equipamiento para los 71 policías municipales, con una inversión de más de 3 millones 200 mil pesos, en las instalaciones del cuartel de la Policía Municipal, después de la una de la tarde de ayer, Herón Delgado mencionó, sin dar detalles, que acaba de firmar el oficio, “es imperante que ustedes tengan nuevamente armas para poder cumplir cabalmente con la gran responsabilidad que tienen ante la ciudadanía… Nosotros necesitamos una policía capacitada, ordenada y con una actitud de generosidad hacia la población, pero también con una actitud firme en contra de quienes actúan mal. Si sumamos esos esfuerzos, vamos a tener una policía que dé buenas cuentas”, dijo el alcalde tras dar a conocer que la petición es una encomienda dada por el gobernador Héctor Astudillo y por el Secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
Mencionó que Iguala es uno de los cinco municipios del estado que están dentro del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), debido a la disciplina de los agentes de la policía, pero también administrativa del gobierno local, que tiene la capacidad financiera en coordinación con el estado para tener los recursos para la compra del equipamiento.
Dijo además, que la entrega de este equipo al área de Seguridad Pública es el reflejo del orden financiero de la administración local, “respetamos el manejo administrativo de las finanzas y que vamos bien, por eso no nos sacan del programa”.
Acompañado del Síndico procurador, Julio César Catalán; del Secretario de Finanzas, Jesús Romero Valle; y el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Domingo Tlatempa Vázquez, el alcalde Delgado Castañeda entregó 162 uniformes completos, dos para cada policía, con una inversión de 882 mil 900 pesos.
Entregó también cinco moto patrullas equipadas que costaron un millón 750 mil pesos; 81 cámaras de solapa, bastones policiales y esposas con una inversión de 653 mil 731 pesos del Fortaseg.
Por la mañana, en las instalaciones del Centro Regional de Adiestramiento Policial (Crapol) fue clausurado el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal a 29 policías municipales, que inició el 29 de mayo.

De tres impactos de bala calibre .9 milímetros fue asesinado Jorge Santin. Su cuerpo fue encontrado en el monte cerca del paraje conocido como La Antena, en esta ciudad.
Se sabe que es originario de Chiapas pero vive en la comunidad serrana de Los Valles.
Su cadáver fue recogido por las autoridades policiacas y trasladado a la funeraria Sarabia.
Traía un pantalón de mezclilla azul y una camisa verde y presentaba los disparos en la nuca. (Víctor Cardona Galindo / Atoyac).

El cuerpo de un joven de 26 años, de Tlamacazapa municipio de Taxco, que estaba desaparecido desde el sábado fue encontrado ahogado la noche del jueves en una presa de esa comunidad.
Reportes de fuentes policiacas de seguridad pública estatal informaron que minutos antes de las 8 de la noche del jueves, campesinos informaron al 911 el hallazgo del cuerpo de un hombre flotando en la presa conocida por lugareños como Laguna Chiquita.
Al lugar llegaron rescatistas de Protección Civil, policías estatales y agentes del Ministerio Público quienes confirmaron el hallazgo y rescataron el cuerpo, el cual ya tenía varios días muerto, según los informes ministeriales.
Fue identificado por los pobladores como Eduardo Marcos Teodoro de 26 años, vecino de esa comunidad taxqueña.
El joven estaba reportado como desaparecido desde el sábado de la semana pasada. Después de las diligencias fue trasladado a la morgue de Iguala. (Alejandro Guerrero / Iguala).

La Policía Federal (PF) destruyó nueve plantíos de amapola en el ejido de Llanos de Tepoxtepec, en la sierra del municipio de Chilpancingo.
En un boletín de prensa informó que como parte de los trabajos de investigación de gabinete y campo por el Operativo Cebra, ayer en un recorrido localizaron los terrenos irregulares.
Agentes de la División de Fuerzas Federales, Gendarmería, Científica, Investigación y Antidrogas destruyeron y erradicaron los sembradíos.
Se especificó que el primero tenía una dimensión de 400 metros cuadrados, contenía 60 plantas por metro cuadrado, un total de 24 mil, con una altura de 90 centímetros.
El segundo era de 9 mil metros cuadrados con 70 plantas por metro cuadrado. El tercero era de 11 mil 200 metros cuadrados y el cuarto era de 9 mil 600 metros cuadrados, con 55 plantas por metro cuadrado.
El quinto tenía una dimensión de 30 mil metros, el sexto 3 mil 600 metros cuadrados, el séptimo 21 mil 600 metros cuadrados, el octavo de 5 mil metros cuadrados y el noveno tenía una dimensión de 8 mil metros cuadrados.
En el boletín emitido la PF indicó la geo referencia de cada plantío. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro obtuvo una sentencia de 50 años de prisión contra cinco hombres, por distintos hechos en la región Costa Chica.
En un boletín de prensa la FGE precisó que el primer hecho fue en Ometepec, donde la víctima fue un transportista público, a su unidad se subió el sentenciado Manuel, durante el camino salieron al paso dos personas que lo desviaron por la maleza y lo mantuvieron cautivo en un tejado de madera.
Acordaron con los familiares el monto a pagar como rescate y el transportista fue liberado, según hechos registrados en la Carpeta Judicial 22/2016.
Otra víctima fue un transportista, quien viajaba en su unidad cerca de la localidad de Cruz Grande, en el camino salieron al paso los sentenciados Jesús, Omar, Gamaliel y Alexis, quienes con arma de fuego obligaron a la víctima a subir a una camioneta tipo pickup de la marca Chevrolet, doble cabina roja.
El transportista estuvo cautivo hasta el pago de un rescate, luego fue liberado según hechos en la Carpeta Judicial C-01/2017.
Ante los hechos la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro solicitó las aprehensiones correspondientes y luego de pasar las etapas del proceso penal logró acreditar el delito.
En audiencia de juicio oral el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia condenatoria de 50 años de prisión para ambos casos, así como a pagar una multa y la reparación del daño.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Policías estatales que fueron dados de baja en mayo pasado, denunciaron que tras denunciar públicamente que el secretario Pedro Almazán Cervantes incurrió en abuso de autoridad en su contra, el hermano de uno de ellos fue levantado durante cuatro horas en Tlapa, y sus captores le pidieron que les dijera que “le bajen de huevos”, y dejen el proceso jurídico para conseguir su pago salarial y su reincorporación.
El miércoles, unos 30 policías sancionados se concentraron afuera de las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), en la capital, y aclararon que no se consideran despedidos ni dados de baja de la corporación, sino solamente “reprimidos” por el secretario de Seguridad Pública estatal, pues no les ha llegado ninguna notificación, y tampoco han firmado un documento donde aceptan su finiquito.
Recordaron que protestaron en el cuartel general en la capital para exigir una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, chalecos blindados, mejor armamento y equipo de transporte, porque en las operaciones utilizan vehículos no oficiales, lo que calificaron como una irregularidad.
Explicaron que estas demandas eran para mejorar el servicio que prestan a la sociedad, pero que el secretario de Seguridad Pública prefirió reprimir el movimiento y con ello incurrió en abuso de autoridad, y por ello debe de ser sancionado.
Ayer, los policías volvieron a reunirse en la Codehum, donde uno de ellos denunció que, luego de la conferencia de prensa del miércoles, el hermano de un compañero, que participa en el movimiento, fue levantado por desconocidos durante unas cuatro horas en Tlapa, de donde es originario el agente.
La víctima fue maniatada, golpeada y liberada cerca de su casa, según dijo el policía que relató los hechos, quien prefirió no proporcionar su nombre ni el del hermano de su compañero, por seguridad.
Dijo que además, el miércoles una agente, que también participa en el movimiento, informó que desconocidos la buscaron en el pueblo de donde es originaria de manera sospechosa, pero sus vecinos no dieron información de su paradero; en este caso, el policía tampoco precisó el lugar donde fue buscada su compañera.
Ante la situación, señaló que a los policías les preocupa que “algo” les pase, ya que desconocen si se trata de una manera de reprimirlos para que desistan de sus demandas, o si el crimen organizado está involucrado.
“Da miedo que nos están perjudicando, o que estamos a lo mejor afectando la economía del gobierno del estado, por eso hacemos pública la situación, que la sociedad se entere que si algo nos pasa, o me pasa a mí, hay responsables”, expresó.
Por último, los policías informaron que el próximo martes, 15 de agosto, se dará solución a su demanda por la vía jurídica, por lo que esperan que la situación se resuelva a su favor y las autoridades no tomen represalias en su contra.

Beatriz García

Chilpancingo

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero emitió un comunicado en apoyo a los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez encarcelados en esta ciudad, en el que manifiesta que pese a los convenios internacionales, el artículo Segundo Constitucional y las asambleas comunitarias el gobierno sigue sin reconocer a la organización.
En el documento menciona que el 6 de noviembre de 2013 detuvieron a Molina González, primero lo tuvieron siete meses en un penal de Oaxaca, lo trasladaron al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México y después a la cárcel de Chilpancingo, y lo acusan de secuestro.
Mientras que el na’savi Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre de 2013 cuando tenía 18 años, acusado de portación de arma de fuego cuando fungía como policía comunitario.
Fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión, y aunque alcanzó fianza prefirió impugnar la resolución de la sentencia, porque no es culpable de los delitos que le imputan, y aceptar la sentencia es aceptar que la Policía Comunitaria es ilegal, agrega el documento.
“La CRAC–PC es una institución de los pueblos originarios cuyo modelo de justicia sigue siendo efectivo y exitoso, los caminos y pueblos donde impera el sistema de justicia de la CRAC-PC hoy en día son seguros, allí se puede caminar y dormir tranquilamente, aún cuando el funcionamiento de la Policía Comunitaria ha sido objeto de persecución y denostación permanente por parte de las autoridades durante toda su historia”, expone.
Menciona que la organización cuenta con un reglamento que ha condensado los sistemas normativos de los pueblos indígenas que se encuentran en el territorio comunitario, que es el marco de la Policía Comunitaria y sus coordinadores.
Refiere que esta institución de justicia de los pueblos ha sido una alternativa para tomar la seguridad en sus manos, porque desde hace 21 años ha representado una forma de organización comunitaria, que se ha vuelto un peligro para el Estado porque deja clara la corrupción y el vínculo de los gobiernos con la delincuencia organizada.
El comunicado subraya que “desde hace años el gobierno ha tratado de desmantelar a la Policía Comunitaria mediante la criminalización, tachándola de ser un grupo violento, y con constantes ataques a las comunidades con grupos financiados por el Estado para que los pueblos dejen de organizarse.
Abunda que la CRAC-PC como institución está avalada por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado, mediante la norma de seguridad, justicia y educación comunitaria. Además el artículo Segundo de la Constitución autoriza la organización de los pueblos originarios mediante sus usos y costumbres, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México, garantiza los derechos de los pueblos indígenas avalados por las asambleas comunitarias.
A pesar de toda la legislación en la que se sustenta la CRAC, el gobierno sigue sin reconocer a su sistema comunitario, “manteniendo compañeros encarcelados o con procesos penales impidiendo la libre organización”.
Añade que en su encarcelamiento Gonzalo Molina ha estudiado su caso y las leyes para defenderse aunque ha recibido asesoría jurídica de sus compañeros, pero es él quien ha llevado su defensa, y ha asesorado y ayudó a meter un oficio de impugnación a la sentencia y pruebas de la defensa de Samuel Ramírez que el juez había omitido.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que investiga el asesinato del ex candidato priista a la presidencia municipal de Eduardo Neri (Zumpango), Francisco Torres Rendón, y de su primo Antonio Torres Sánchez, sobrino del político Carlos Sánchez Barrios.
En un escueto boletín de prensa informó que comenzó la investigación del asesinato de Torres Rendón y Torres Sánchez, quienes
fueron “privados de la vida por arma de fuego en el municipio de Eduardo Neri, cerca de Zumpango del Río, cabecera municipal”.
Indica que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicaron los exámenes correspondientes y luego fueron reconocidos por sus familiares.
El jueves en un camino de terracería que conduce al antiguo campo de tiro, en Agua Buena, se encontraron los cuerpos de ambos asesinados a balazos junto a una camioneta Tacoma roja, con placas de circulación de Guerrero, la cual permanece bajo resguardo de las autoridades.
Torres Rendón contendió por la presidencia municipal en el proceso electoral de 2015, y perdió ante el actual alcalde perredista, Pablo Higuera Fuentes, por una diferencia de unos 150 votos. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García informó que solicitó al juez de Tlapa el cierre del juicio del consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla, Arturo Campos Herrera, para que de inmediato se le emita una sentencia, esperando sea de libertad.
En consulta telefónica el abogado informó que ya se presentó ante el juez del Juzgado de Primera Instancia de Materia Penal de Tlapa el cierre del juicio, porque ya se han aportado todos los recursos en el proceso.
Abundó que se espera que el juez cierre el caso, de ahí emitirán al juez un escrito con conclusiones finales, para que posteriormente dicte una sentencia.
Téliz García añadió que si la siguiente semana se cierra el juicio habrá un máximo de 15 días, para que se establezca la sentencia como lo dicta la ley, sin embargo como ya está preso la respuesta deber ser lo más pronto posible.
Exhortó a la comisión especial para dar atención a procesos de indígenas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a cargo de Adela Román, que como garantes revisen el juicio y pida al juez el cierre del proceso.

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

En Guerrero hay turismo sexual infantil en Acapulco y Zihuatanejo, y en zonas indígenas por usos y costumbres se obliga a las niñas a casarse forzosamente y a ser serviles, informó el gobierno federal.
Ayer en el Día Mundial contra la Trata de Personas, la Secretaría de la Mujer (Semujer) organizó una conferencia en el auditorio Sentimientos de la Nación donde reconoció que en Guerrero se comete este delito.
Este viernes en la mañana la directora de la Coordinación General de Formación de Políticas Públicas de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR), Rosa Pérez Martínez reconoció que hace falta mucho trabajo en el marco legal.
“Hay grandes retos, uno de ellos es armonizar las leyes a la ley general, falta poner más unidades de trata de personas, hay que implementar más refugios para las víctimas, sí hay retos por cumplir”, señaló.
Puntualizó que uno de los trabajos es la sensibilización de los operadores del sistema, para que no piensen que porque la persona dio su voluntad digan que lo hace por su gusto, “sino que vean el contexto, si obtuvieron un consentimiento engañado o de manera viciada”.
La funcionaria federal dijo que en el diagnóstico nacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se habla de las zonas turísticas. En el caso de Guerrero dijo que es uno de los estados donde se presenta el turismo sexual infantil.
“Hay estados como Guerrero en donde se habla que por ser zonas turísticas como Acapulco y Zihuatanejo se da este tema, donde vienen personas extranjeras, estadounidenses y europeos, precisamente a la búsqueda de este turismo sexual infantil”, agregó.
Además en comunidades indígenas por “usos y costumbres” se obliga a las niñas de 10, 11 y 12 años a casarse, y las intercambian por objetos o animales.
“Prácticamente la niña ya está pensada para darla en matrimonio, y en ese matrimonio la niña es explotada, porque es un matrimonio servil en donde tiene que estar atendiendo al marido para todo lo que necesite”, agregó.
Dijo que son niñas obligadas a casarse con personas adultas que les doblan la edad, además en las franjas turísticas existe la mendicidad forzada, ponen a niños, personas indígenas, discapacitados y a adultos mayores a pedir limosna.
“Hay personas que se aprovechan de esa situación, les quitan el dinero, los controlan y los explotan”, informó.
Durante la consulta se le preguntó de las cifras específicas de los casos de Guerrero, pero reconoció que es difícil contarlos por la falta de denuncia de las víctimas.
Agregó que la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene un área especifica que hace las evaluaciones anuales por entidades federativas para investigar y recabar la información, pero el problema es que se topan en ocasiones con que las autoridades no les dan la información.

Hay quien se dedica a comerciar y explotar a las personas por dinero

La funcionaria Rosa Pérez Martínez durante 2 horas y media se dedicó a plantear lo que se vive diariamente en México, donde personas se dedican a explotar y comercializar a las personas por dinero.
Expuso que el problema es tan delicado que se considera después de la comercialización de la droga, el más importante en el que se debe de capacitar a los funcionarios para que puedan atender a las víctimas.
Relató historias de explotación sexual y laboral, así como la importancia de que las leyes sean revisadas y mejoradas para ofrecer una atención adecuada a la población.