Guerrero ocupó en el sexto sitio de ingresos por remesas en el primer semestre del año, después de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Puebla, con 716 millones 694 mil 539 dólares, que representa 5 por ciento del dinero enviado por los paisanos desde Estados Unidos, según la información del Banco de México actualizada a junio de 2017.
Michoacán tiene 10 por ciento de las remesas totales, Jalisco 9.6, Guanajuato 9, Estado de México 5.9 y Puebla 5.4 por ciento, de 13 mil 946 millones de dólares de los primeros seis meses del año.
Respecto al mismo periodo de 2016, el ingreso por remesas en Guerrero incrementó en 47.6 millones de dólares, que equivale a 6.6 por ciento.
Acapulco tiene más entradas por este concepto, pues tiene 12.4 por ciento de las remesas estatales, que corresponde a 89 millones 253 mil 363 dólares; muy cerca de Tlapa, con 10.46 por ciento y 74 millones 992 mil 344 dólares.
El tercero es Iguala, con 58 millones 134 mil 351 dólares, que corresponden al 8.11 por ciento de las entradas al estado. Detrás está Chilpancingo, con 7 por ciento o 50 millones 251 mil dólares, y Pungarabato, con 6.56 por ciento o 47 millones 62 mil 939 dólares.
Los ingresos de Chilapa, Arcelia, Ometepec y Teloloapan van de 27 millones 961 mil dólares a 21 millones 745 mil dólares y suman 14.1 por ciento del total de las remesas.
Huitzuco está arriba de 20 millones de dólares y representa 2.8 del ingreso estatal, mientras Ayutla, Taxco, Zihuatanejo, San Marcos y Cuajinicuilapa van de 18 a 11millones de dólares, y los siete acumulan 14.8 por ciento del total.
Olinalá, Tecpan, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Cutzamala, San Luis Acatlán, Florencio Villareal y Petatlán, tienen de ingresos de 13 a 11 millones de dólares en estos seis meses.
Atoyac tuvo ingresos de 9 millones de dólares en remesas, Coyuca 8.5 millones, Quechultenango 7.3 millones, Huamuxtitlán y Marquelia están en el orden de los 6 millones y Tecoanapa, por 5.4 millones de dólares, y suman 8.4 por ciento de las remesas de medio año.
En el rango de ingresos de 2 a 3 millones de dólares está Cocula, con 2.98 millones, Copala (2.96 millones), Tlacotepec (2.8 millones), Zumpango (2.6 millones), Chichihualco (2.3 millones), La Unión (2.4 millones), Xochihuehuetlán (2.5 millones), Tlalixtaquilla y Buenavista de Cuéllar con 2.1 millones.
Benito Juárez (San Jerónimo), Apaxtla, Metlatónoc y Cochoapa rondan el 1.5 millón de dólares, siguen Tlalchapa, Igualapa, Coahuayutla, Alcozauca, Alpoyeca, Atlixtac, Tepecoacuilco y Zirándaro, con un millones de dólares.

La directora general de hotelesBF, Beatriz Tinajero, informó sobre la reapertura de Casa Lisa como un hotel boutique “exclusivo”, que busca captar a turistas de clase alta de la Ciudad de México y a los extranjeros en la zona Dorada.
En declaraciones para El Sur, en las instalaciones de la Casa Lisa, que se encuentran adentro del hotel Villa Vera, la directora general de los hotelesBF afirmó que a los turistas se les debe hacer saber que en la zona dorada no hay hechos violentos, y éstos se concentran en las colonias donde no van los turistas.
“La estrategia es tener una comunicación que les haga saber que están seguros (los turistas), la realidad es que los incidentes son en las colonias donde los turistas no tocan, nosotros les ofrecemos un espacio donde estén divertidos y seguros”.
La directora general agregó que como sector empresarial seguirán demandando al gobierno mayor empeño en los esfuerzos para dar seguridad y que los resultados de lo implementado por los tres niveles de gobierno “está por verse”.
Confió en que Acapulco se recupere como en los años de la época de Oro, “esto no va hacer de un día para otro”. Destacó que Acapulco tiene muchas bondades entre ellas es que tiene a una de las ciudades más grandes de mundo a tres horas, en referencia a la Ciudad de México.
La representación de los hotelesBF indicó que la remodelación de Casa Lisa, incluyó siete cuartos, así como el área de alberca y el restaurante, cuyo monto no quiso revelar.
La obra de rediseño estuvo a cargo del arquitecto Pablo Torres, a la construcción original del arquitecto Manuel Parra, agarrando elementos de diseño como mueblería exclusiva, y la compra de artesanías de distintas zonas del país y el estado, que adornan los espacios del hotel.
La directora general refirió que el nuevo concepto del hotel boutique, tiene un servicio “completamente personalizado”. Reconoció que es un nicho complicado en Acapulco, sin embargo dijo que el concepto se posicionó entre la clase alta y los extranjeros, que gustan de un servicio más personalizado.
Dijo que si esta primera etapa es un éxito, el siguiente paso será la adecuación del Hotel Villa Vera a este mismo concepto, aunque por el momento se mantiene con los 62 cuartos de hotel, que fueron acondicionados con mueblería y equipo de televisión.
El costo por noche en los siete cuartos que tiene Casa Lisa, van de los 3 mil a 6 mil pesos por noche, según los servicios.

El secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Brugos Barrera, señaló que el Fondo Minero está al corriente en los pagos con los municipios y el gobierno del estado.
Consultado al concluir la instalación de la comisión intersecretarial de Cultura, Brugos Barrera comentó que en 2015 se ejercieron 27 millones de pesos, que se distribuyeron a siete municipios donde hay actividad minera.
Agregó que de ese dinero, 17 millones fueron entregados directamente al gobierno del estado, como les corresponde.
Ante los señalamientos del diputado Isidro Duarte Cabrera, sobre la opacidad en los recursos del Fondo Minero, Brugos Barrera se defendió diciendo que el dinero se ha aplicado con transparencia.
Recordó que se está a la espera de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) notifique del dinero correspondiente a 2016, sobre cuanto le corresponde a los siete municipios y al gobierno del estado.
Sobre el amparo promovido por la minera Media Luna, dijo que por ley no se le debe de notificar al gobierno del estado, y que además no es novedosa la determinación tomada por la empresa minera.
“Yo creo que ellos tienen su derecho y la instancia judicial será la que determine qué pasara”, agregó.
Señaló que hay más empresas amparadas, pero no pudo detallar sobre cuáles y desde cuándo, pero aseguró que en su momento se verá que pasa con las mineras. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

La presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, destituida ilegalmente hace unos meses, dio una entrevista exclusiva a la revista Esquerda Petista que fue publicada en el número correspondiente al 7 de julio de 2017 (disponible en www.pagina13.org.br). Se trata de una extensa plática que ha tenido poca difusión dentro y fuera de Brasil pero que adquiere una importancia especial pues Dilma ofrece un panorama muy amplio de la situación del mundo y a partir de ahí explica las dificultades de su gobierno para transformar a su país. Hace incluso una autocrítica de su administración y plantea cuáles deberían ser las metas de un futuro gobierno progresista. En momentos tan difíciles para la izquierda latinoamericana y después de un periodo tan exitoso que duró más de quince años, tratar de entender las razones de esas victorias y derrotas resulta muy importante. La exposición de la presidenta ayuda a esta reflexión.
Dilma comienza la entrevista explicando que la etapa del capitalismo que vive hoy el mundo se caracteriza en primer lugar por el enorme poder que ha concentrado el capital financiero y que ha dado lugar al llamado proceso de financiarización (una traducción de un neologismo en inglés, financialization) de la economía mundial. En la academia existe una literatura más o menos amplia sobre este término y el fenómeno que pretende describir, sobre todo en el caso de la economía de Estados Unidos, pero en esta ocasión resumiré solo cómo Dilma, con sus palabras, explica este fenómeno y sobre todo las conclusiones políticas a las que llega.
Para ella, la financiarización de la economía se expresa fundamentalmente en el hecho de que el valor de las ganancias y de las acciones de las empresas responden cada vez más a sus actividades financieras que a sus procesos productivos. No importa si se trata de empresas dedicadas a la industria, la tecnología digital, o los servicios, las grandes compañías mundiales utilizan una parte cada vez mayor de su capital a comprar y recomprar acciones y otros instrumentos financieros, la mayor parte de ellos especulativos, para aumentar sus ganancias y repartir en plazos muy cortos esos beneficios entre sus socios y sus directivos.
Según Dilma el proceso de financiarización explica el estallido de la crisis mundial de 2007-2008 y las dificultades que ha tenido la economía global para recuperar el crecimiento. El G-20, el grupo en el que se reúnen las mayores economías del mundo no ha podido poner en práctica las medidas regulatorias necesarias. Y ello se debe, según Dilma, “a la captura de funcionarios públicos, gobiernos y agencias reguladoras por parte de las empresas financieras”. Ello explica, por ejemplo, porqué no se han podido erradicar los paraísos fiscales que han servido principalmente para eludir el pago de impuestos. El resultado de este proceso de financiarización de la economía mundial ha sido un aumento extraordinario de la desigualdad en el mundo, incluyendo los países desarrollados: Estados Unidos y la Unión Europea.
A pesar de este entorno desfavorable, y “a contracorriente”, en América Latina, los gobiernos de izquierda “desde el de Chávez en Venezuela hasta los gobiernos de la Concertación de Chile”, lograron, unos más otros menos, poner en práctica una política de redistribución del ingreso. También avanzaron en su integración regional, lo que dio como resultado Unasur y luego la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). En el caso de Brasil se fue más lejos con la formación de los BRICS (en el que participan Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica), sobre todo cuando se creó el Banco de Desarrollo de este grupo de países.
A pesar de los beneficios que estas políticas aportaron a los ciudadanos hay que reconocer, dice Dilma, que se trató de una redistribución del ingreso, no de la riqueza. En Brasil se trató de avanzar en este último aspecto mediante un programa masivo de vivienda que se puso en práctica bajo su administración. Además, a pesar de las dificultades, con Petrobras, Electrobras y los tres bancos estatales que son los más grandes en su ramo: el inmobiliario, el comercial y el de financiamiento al desarrollo, el Estado brasileño tiene una fortaleza financiera y una influencia muy grande en la vida económica del país que ha permitido sostener esas políticas redistributivas.
Dilma, sin embargo, también afirma en la entrevista, que “no entendimos a tiempo este proceso de financiarización sino hasta después de la crisis de 2008…”. Un ejemplo claro se presentó cuando el gobierno brasileño bajó las tasas de interés que, en Brasil, siempre han sido muy altas. Pensamos, dice la presidenta, que los empresarios en su conjunto incluyendo a los más poderosos nos iban a apoyar, pero eso no sucedió. Ello, debido precisamente a este proceso de financiarización de la economía. Todas las grandes empresas brasileñas tienen una filial bancaria que poco a poco se ha convertido en una actividad más importante que la productiva. A través de ellas se hacen de ganancias extraordinarias.
Pero de ello, asegura Dilma, “no me di cuenta sino posteriormente, hasta después de la reacción de las clases más ricas con el asunto de las tasas de interés. No percibí su aversión a pagar cualquier costo de la crisis y su decisión de apoyar un golpe de Estado. Un golpe que va en contra de un proyecto de desarrollo nacional que se propuso recuperar las cadenas productivas por medio del petróleo y el gas, y crear una industria nacional farmacéutica y del automóvil. Pensé que estarían interesadas en eso… Y ahora veo que no, que les importa más la especulación financiera”.
Otro asunto en el que Dilma acepta la crítica tiene que ver con un tema muy complejo para la izquierda. Los medios de comunicación de masas, dice la presidenta, son un negocio y en cuanto tales deben ser tratados; por tanto, agrega, es inadmisible que haya monopolios u oligopolios. Eso va contra la democracia. “Debimos haber impulsado una democratización de los medios y haber impulsado una Ley de Medios”. Y agrega: defendemos la libertad de expresión y no queremos controlar el contenido informativo de ninguna empresa, de ningún medio de comunicación. Pero, reconoce, fuimos ingenuos. Ellos no tienen principios democráticos ni republicanos. “Ahora no tengo duda de que esta es una cuestión vital para Brasil”. La otra tarea pendiente es democratizar el sistema político, que se ha corrompido mucho. A pregunta expresa, Dilma acepta también que otro asunto importante será llevar a cabo una reforma agraria. En resumen, dice la presidenta, “ahora tenemos que continuar con políticas distintas, rehacer nuestras propuestas”.
¿Cómo conseguir esas metas, aún más ambiciosas, cuando hay una ola derechista y varios gobiernos de izquierda en América Latina y sobre todo en Sudamérica que han perdido o están perdiendo la batalla del poder? Dilma responde de manera optimista: “en 2018 podemos volver a ganar… mi destitución no fue una derrota, no la veo como tal… La democracia juega a nuestro favor. No hay condiciones objetivas para destruir el proceso democrático en Brasil”.
La visión de Dilma Rouseff puede ayudarnos a entender las dificultades y retos de un gobierno progresista y ofrece una interesante autocrítica que plantea que la izquierda tiene que ir más allá de las políticas de distribución del ingreso para pasar a otras que se propongan una distribución de la riqueza.
La cuestión reside entonces en cambiar la correlación de fuerzas para hacer todo esto posible con métodos democráticos y no violentos. Y ello requiere, dice Dilma, persistir en la construcción de un gran movimiento popular que sea capaz de apoyar estas transformaciones y disputarle el poder a la derecha.
Si interpretamos bien las palabras de la presidenta en esta entrevista, la izquierda puede perder muchas batallas y hasta el poder político, pero no renunciar a la construcción de ese movimiento “popular, democrático y nacional”, a pesar de todas las dificultades internas y externas.

Twitter: #saulescoba

La elección, el pasado domingo, de la asamblea constituyente venezolana, marcó un paso más en la grave crisis política, económica y social que vive este país desde hace varios meses. Según la Comisión Nacional Electoral, controlada por el gobierno, un poco más de 8 millones de venezolanos votaron en esta ocasión. Es decir, más que la cifra adelantada por la oposición hace quince días, cuando esta última organizó una consulta para pedir la salida del presidente Maduro del poder. Como estos dos procesos electorales no fueron objeto de una verificación independiente, es difícil saber quién del gobierno o de la oposición dice la verdad; sin embargo, lo que sí queda claro es la tremenda polarización del país, que impide la construcción de una salida política, fruto de un diálogo, a corto plazo. En ambos lados, los sectores más radicales han venido ganando terreno en las últimas semanas. Según el periódico francés Le Monde, se llevaron a cabo en las últimas semanas una serie de negociaciones secretas entre el gobierno y la oposición, para por lo menos aplazar la realización de la elección de la asamblea constituyente. El presidente Nicolás Maduro, según esta nota, habría estado dispuesto a conceder este gesto para enviar una señal de distensión hacia la oposición. Sin embargo, Diosdado Cabello, ex vicepresidente de Venezuela y posible futuro presidente de la Asamblea Constituyente, habría rechazado tal propuesta. Por su lado, nadie en la oposición está de acuerdo con un eventual diálogo con el gobierno de Maduro si no se incluye en la agenda la salida de este último del gobierno. De ahí que el impasse político actual no presagie nada bueno para los próximos días.
Además del tema de la agenda, uno de los principales problemas que hace difícil una solución pacífica al conflicto reside en la personalidad que podría encargarse de la mediación entre el gobierno y la oposición. Durante los últimos años, los ex presidentes de República Dominicana, Leonel Fernández, de Panamá, Martín Torrijos, y el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, han llevado a cabo esa tarea de mediación entre las partes. No tuvieron éxito. Tampoco lo tuvo la gestión política del papa Francisco, que tuvo lugar durante el año pasado y el principio del 2017(tal vez continúe de manera confidencial). Por su lado, los gobiernos de América Latina han ido tomando posición sobre la crisis venezolana durante los últimos meses, también con orientaciones divergentes. Esto quedó de relieve durante el pasado mes de junio, cuando se llevó a cabo en Cancún la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El secretario general de ese organismo, el uruguayo Luis Almagro, ha sido un fuerte crítico del régimen del presidente Maduro, y durante esta asamblea general, intentó junto con México, Estados Unidos y otros países de la región hacer votar una resolución contra el régimen del presidente Maduro. Sin embargo, los países del Caribe, aliados desde tiempo atrás del gobierno venezolano, junto a países como Bolivia, Ecuador o Nicaragua, impidieron que esto sucediera. Esta parálisis también es perceptible en el seno de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), que se encuentra acéfala desde hace más de cinco meses tras la salida del ex presidente Ernesto Samper, sin que exista un consenso entre los países para reemplazarlo. Finalmente, los anuncios del gobierno de Donald Trump, de querer imponer sanciones económicas a Venezuela, han generado un rechazo mayoritario en la comunidad internacional.
Frente a la profundización de la crisis política, económica y humanitaria, así como al aumento del número de muertos, queda claro que un aumento de la polarización entre ambas partes podría tener consecuencias terribles para Venezuela. En este caso, tal vez sea la hora para que países como Cuba, que dispone de gran credibilidad e influencia en Venezuela, entren de lleno en esta mediación para evitar el aumento de la violencia en este país.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada

Uno de los dilemas más complejos de la construcción del llamado Frente amplio opositor o democrático yace en la elaboración de un programa común, aceptado por el PAN, el PRD, MC y los eventuales sectores de la sociedad civil que se unirían bajo una misma bandera. Obviamente no es el único obstáculo. Escoger a candidatos únicos a la presidencia, la jefatura de un gobierno de coalición, de la Ciudad de México, y de sendas bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados puede constituir una tarea titánica, o francamente imposible. Encontrar aspirantes que encabecen un frente tan anti PRI como anti AMLO, y a la vez enarbolen una propuesta innovadora, audaz y atractiva constituye asimismo un reto quizás insuperable. Pero el programa encierra sus propias dificultades, en algunos sentidos más interesantes.
En discusiones con diversos interlocutores vinculados a la construcción del hipotético frente, he detectado una disyuntiva hasta cierto punto tajante a propósito del hilo conductor del programa posible. O bien se procedería mediante la llamada triangulación –inventada por Bill Clinton a principios de los años 90– sumando posturas de todas las partes, o bien habría que recurrir al mecanismo de los denominadores comunes mínimos de todas las partes. Ambas posturas encierran ventajas y desventajas.
La triangulación implicaría sumar, por ejemplo, las tesis liberales del PAN en materia económica e internacional, a las definiciones progresistas del PRD, de los independientes y de parte de la sociedad civil en materia social y de vida cotidiana. Así, un programa común incluiría la profundización de la reforma energética, una mayor apertura económica, una reforma fiscal basada en el aumento y la extensión del IVA, la reforma del sistema de procuración de justicia y del régimen político mexicano, y una posición internacional comprometida con los derechos humanos y la defensa colectiva de la democracia representativa y no con la no intervención. Pero también incorporaría el ingreso básico universal, el alza del salario mínimo, un sistema universal de protección social, la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización de la mariguana, y una activa promoción de la sustitución de importaciones de los insumos de las exportaciones.
Este camino revestiría la ventaja de darle satisfacción a todos los integrantes del frente, a nivel cupular. Pero podría traer como grave consecuencia enajenar a las bases: las del PAN, que no tolerarían temas como el aborto o los matrimonios igualitarios, o a las de la izquierda, que no aceptarían la privatización de parte de las hipotéticas acciones de Pemex. Tal vez los intelectuales, activistas y militantes verían con buenos ojos un esquema de esta naturaleza, pero los votantes se enfurecerían. Los del PAN se refugiarían en la abstención o el voto útil por el PRI, como en 2012, y los del PRD se aventarían a los brazos de Morena.
La otra opción es más prudente, pero quizás menos movilizadora. El programa incluiría, y solo incluiría, aquellas propuestas comunes a todos los sectores: PAN, PRD, MC, sociedad civil e independientes. Empezaría posiblemente con la lucha contra la corrupción, tal vez un fin a la guerra del narco y la construcción de un Estado de derecho funcional, una política económica que buscara un mayor crecimiento, un combate más imaginativo a la pobreza y la desigualdad, y algunas reformas político-electorales (segunda vuelta, reducción del financiamiento a los partidos y del número de diputados y senadores plurinominales). Existen suficientes convergencias para que no se tratara de una simple lista de lugares comunes o buenos deseos, y al mismo tiempo, los electores de base no se sentirían ofendidos. El problema aquí es saber qué sucedería cuando por una razón u otra fuera preciso abordar temas espinosos excluidos del programa común, y que la actualidad impusiera. Lo conveniente de este segundo enfoque consiste en que los pleitos vendrían después; con el primero, vendrían antes.
Supongo que los arquitectos del Frente han revisado estas opciones –y otras, desde luego– y que van avanzando por buen camino. Eso esperamos muchos que ya no nos resignamos a votar por el mal menor, que tenemos una definición clara –la mía es la candidatura independiente de Ríos Piter– pero que podríamos apoyar una vía que incluyera nuestra primera preferencia y la ampliara.

El 6 de diciembre de 2015, en Venezuela se eligió a los 167 diputados de la Asamblea Nacional por un periodo constitucional de cinco años, de enero de 2016 a enero de 2021. En la elección participaron poco menos de 14 millones de votantes. De manera oficial el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de la elección, el día 8 de diciembre, con el total de las actas contabilizadas, asignó 109 diputados a la oposición, 55 al oficialismo y 3 a las comunidades indígenas.
Desde la llegada del chavismo, 17 años atrás, era la primera victoria de peso para la Mesa de Unidad Nacional (MUD) que reúne a los partidos de la oposición. En un primer momento, ante la evidencia, el presidente Nicolás Maduro declaró que “reconocía los resultados adversos” que explicaba como que “ha triunfado la guerra económica” y también dijo que la elección era una victoria para la Constitución y la democracia.
Semanas después de esta declaración empezó a desconocer a la Asamblea Nacional y a volver, como lo había hecho en muchas ocasiones el presidente Hugo Chávez, a gobernar por decretos haciendo a un lado al Poder Legislativo. La lucha contra este poder alcanza niveles de golpe de Estado cuando el pasado 30 de julio, el presidente Maduro lleva a cabo la elección de una Asamblea Constituyente que hará una nueva Constitución y que de entrada pasa por encima del actual Poder Legislativo elegido democráticamente y en el marco de la Constitución vigente.
El chavismo, ahora madurismo, no acepta gobernar en condición de minoría. La democracia es bienvenida sólo si ellos ganan las elecciones, pero si las pierden, como ocurrió con la Asamblea Nacional, no la reconocen y buscan otros mecanismos donde ellos puedan tener el control total. Sólo sabe actuar en el marco de un régimen autoritario, que ahora toma carácter dictatorial después del golpe de Estado del Poder Ejecutivo en contra del Poder Legislativo.
El 72 por ciento de los venezolanos se manifiestan en contra de la instalación de una Asamblea Constituyente, según la encuestadora Datanálisis, la más prestigiada de ese país. Ésta se integra por 545 miembros todos afines al régimen, no hay de otros. La prensa internacional e instancias independientes estiman que a la elección del pasado domingo se presentaron no más de 2 millones de votantes. El gobierno habla de más de 8 millones de éstos. Los números cuentan, pero no son el punto. El hecho es que se trata de una Asamblea ilegal que está fuera de la Constitución. Da origen a un golpe de Estado.
En México hay algunos sectores de izquierda y del ámbito de la intelectualidad que se han pronunciado a favor del golpe de Estado. Existe una Asamblea Nacional elegida por la mayoría del voto popular y un presidente no la puede desconocer sólo porque no le es afín. Hay que defender a la democracia y el orden constitucional ahora roto por Maduro. Esto no implica estar de acuerdo con la oposición. Lo que acaba de ocurrir en Venezuela es una vuelta atrás de la rueda de la historia, regresamos a la época de los golpes de Estado que parecían se habían ido para siempre. Lo nuevo es que ahora los defienden sectores de la izquierda y la intelectualidad. Son nuevos tiempos, tiempos bizarros.

Twitter: @RubenAguilar

Los Ángeles. – El Día Uno de una nueva Casa Blanca, bajo la mano dura del general John Kelly, comenzó como ha estado el gobierno de Donald Trump: sumergido en un caos. El presidente negó en la mañana que existiera tal caos, pero para limpiar de obstáculos la llegada de Kelly, despidió a menos de 10 días en el cargo, a Anthony Scaramucci, su alter ego, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, después de haber provocado la salida del vocero, Sean Spicer, y del jefe de gabinete, Reince Priebus, a quien relevó Kelly. La idea era restablecer la línea de mando en el Ala Oeste de la Casa Blanca, donde se encuentra la Oficina Oval, donde su trabajo incluirá disciplinar la lengua del propio Trump. La llegada de Kelly fueron buenas noticias para México; el desorden mental de su jefe sigue siendo un problema estratégico.
El presidente Trump inició sus actividades con la toma de protesta del general Kelly como jefe de gabinete de la Casa Blanca, que es el equivalente a lo que fue en algún momento del pasado la Secretaría de Gobernación, responsable de la política interna –no la policía– y de tener la relación con todos los actores políticos del país. De lengua incontenible, al alabar Trump el trabajo de Kelly al frente de la Secretaría de Seguridad Interna, y ensalzar su trabajo en la inmigración, dijo que el presidente Enrique Peña Nieto le había llamado para elogiarlo. “Me dijo que muy poca gente está entrando por su frontera sur porque saben que no van a pasar nuestra frontera”, dijo Trump, de acuerdo con un despacho del periódico conservador The Washington Times.
La Secretaría de Relaciones Exteriores negó que eso hubiera sucedido. No han hablado por teléfono durante un largo tiempo y la última vez que tocaron el tema de la migración, agregó, fue durante la reunión bilateral en Hamburgo, en el marco de la cumbre del G-20. Peña Nieto no pudo haber dicho eso. La inmigración centroamericana no se ha frenado, pero un creciente número de indocumentados se quedan en México sin intentar cruzar a Estados Unidos. Esto no es un fenómeno nuevo, sino empezó en la parte final del gobierno de Barack Obama. La afirmación de Trump, hay que recordarlo una vez más, se da en su mundo, como muchas otras cosas que pasan por su cabeza, y toman forma de posicionamiento en sus discursos o en su cuenta de Twitter.
Lo que pasa todos los días en la Casa Blanca hace que cualquier relación con Trump sea un viaje a lo desconocido. Mentiroso e impredecible, como la declaración de este lunes frente a Kelly, cuya designación como jefe de gabinete de la Casa Blanca debería de haber sido una muy buena noticia para el gobierno del presidente Peña Nieto. Pero no está claro si así será. En la Casa Blanca, Kelly estará atendiendo todos los temas del gobierno de Estados Unidos y articulando la política estadunidense. Su salida de Seguridad Interna, más allá de que deje al mando a una persona de su confianza, es una pérdida para México. Kelly tenía una relación personal de tiempo atrás con los secretarios de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y de Marina, el almirante Vidal Soberón, y durante este año había desarrollado buena empatía con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
Posiblemente Kelly era el secretario de Trump que mejor conoce México, y aunque aparentemente se ganó un alfil en la Casa Blanca, se perdió el mejor enlace, informado y sensible de lo estratégico de la relación bilateral, que tenía el gobierno del presidente Peña Nieto. Habrá quien alegue en México que en la Casa Blanca, Kelly sumará al bando de los aliados, al encontrarse en el Ala Oeste con Jared Kushner, uno de los principales –si no el más– asesores de Trump, además de su yerno, que tiene bajo su cargo la coordinación de la relación bilateral con el gobierno mexicano. Lo que hay que tomar en cuenta ahora es que Kelly y Kushner se encaminan a un encontronazo.
Un despacho de The New York Times dijo que Ivanka Trump, la influyente hija del presidente, y su esposo Kushner, fueron quienes impulsaron a Scaramucci a la jefatura del gabinete, para deshacerse de Priebus y hacer una purga de quienes filtraban información a la prensa, y querían en el cargo que recayó en Kelly, a Dina Powell, subdirectora del Consejo Nacional de Seguridad. Kelly no estaba en su radar, ni tampoco les gustará su forma de establecer un orden militar en la Casa Blanca, donde ellos están acostumbrados a hacer prácticamente lo que quieren. Ambos, señaló en un editorial Los Angeles Times, para resaltar la posibilidad de un corto circuito, “tienen el oído del presidente de una forma como Kelly no lo tendrá”.
La dinámica de lo que suceda en la Casa Blanca tendrá repercusiones directas en México. Inesperadas, porque la relación parecía estar en una fase de normalidad. La fragilidad volvió esta semana con un reacomodo que anticipa tormentas entre las dos personas más cercanas a los mexicanos. La incertidumbre por lo que suceda en las semanas siguientes es ancha, por las características mitómanas de Trump y la tensión en el Ala Oeste. ¿Podrá Kelly controlarlo? ¿Sobrevivirá la lucha interna con Kushner? Las interrogantes son tantas en este momento, que lo único que podrá hacer el gobierno mexicano es esperar a que se acomoden las fuerzas en la Casa Blanca y cuidar de no ser una daño colateral de esa batalla que viene.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, lamentó la reaprehensión de los líderes opositores venezolanos Antonio Ledezma y Leopoldo López, y les expresó su solidaridad.
A través de su cuenta en la red social Twitter, consideró la medida como un “lamentable retroceso” a la búsqueda de la paz ante la crisis política y económica que vive Venezuela.
“El re-encarcelamiento de L. López y A. Ledezma es un lamentable retroceso en la búsqueda de la paz y la reconciliación en Venezuela”, señaló en un primer mensaje.
Videgaray sostuvo en otro tuit que “expresamos nuestra solidaridad con Leopoldo López, Antonio Ledezma y los demás presos políticos en Venezuela”.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Venezuela arrestó ayer a López y Ledezma, quienes estaban bajo detención domiciliaria.
Los opositores, quienes fueron acusados por las autoridades de planear fugarse, fueron trasladados a la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas.
México mantiene desde hace varios meses una intensa actividad diplomática en busca de lograr apoyo internacional para lograr una solución negociada a la crisis venezolana.

Da México respaldo diplomático a la oposición

La embajadora de México en Venezuela, Eréndira Paz, acudió ayer en una sesión especial de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, en Caracas, donde también participó en una reunión con la directiva del Legislativo.
Paz estuvo en el Congreso venezolano, dominado por la oposición, en compañía de los embajadores de Francia, Romain Nadal; John Saville, de Reino Unido, y Jesús Silva, de España.
El Presidente de la AN, Julio Borges, agradeció el apoyo de los diplomáticos y dijo que su país está acompañado por todas las democracias del mundo.
“Las democracias del mundo están apoyando y presionando democráticamente para que en Venezuela quien gobierne sea la fuerza de la ley”, aseveró.

Divide al PAN y PRD la crisis en el país sudamericano

La postura del gobierno de México de desconocer la elección Constituyente en Venezuela dividió ayer al PAN y PRD en el Senado, donde el blanquiazul planteó romper las relaciones diplomáticas con Caracas y los perredistas exigieron respetar el principio de no intervención.
El PAN planteó la expulsión de la Embajadora venezolana en México, María Lourdes Urbaneja, así como el retiro de la representante de México en Caracas, Eréndira Paz, y considerar la ruptura de los vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro.
“Si es necesario, sí (evaluar la ruptura); yo creo que es un régimen de la edad de piedra lo que tiene Maduro en Venezuela, y México no puede avalar ni ser copartícipe de lo que está sucediendo ahí. Es lo menos que podemos hacer, no podemos seguir avalando lo que está pasando en Venezuela, es un régimen de los peores que ha visto la humanidad”, sostuvo el senador Ernesto Cordero.
La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, aseveró que la Constitución de México establece la no intervención en los asuntos de otros países.
“Podemos estar o no de acuerdo en lo que ha venido implementando el gobierno de Venezuela pero es otro país, otro pueblo, otra ciudadanía. Yo, de ninguna manera, puedo prestarme a una orquestación mediática desde Estados Unidos en contra de un país para desestabilizar a un gobierno, para meterlo en crisis, en caos”, advirtió.
El presidente del Senado, el verde Pablo Escudero, respaldó la postura del gobierno mexicano para desconocer la Constituyente y la aplicación de las sanciones económicas.

 

A partir de hoy, el Presidente Enrique Peña Nieto se tomará cuatro días de vacaciones.
De acuerdo con fuentes consultadas, hasta el momento se prevé que el gobernante esté en Punta Mita, Nayarit.
Sin embargo, no se descarta que también visite alguna otra playa con campo de golf, el deporte que practica el mexiquense.
En tanto, en un comunicado, la Presidencia informó que Peña Nieto estará pendiente de lo que suceda en el país.
“En tanto, el Primer Mandatario se mantendrá al pendiente de los acontecimientos del país y al frente de su responsabilidad nacional”, aseguró la dependencia. (Érika Hernández / Agencia Reforma / Agencia Reforma).