Por cuestiones de presupuesto, el gobierno del estado solicitó una prórroga para entregar el plan de trabajo y cronograma de acciones de la Alerta de Violencia de Género, que el 22 de junio decretó la Secretaría de Gobernación (Segob), informó la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta, al salir de Casa Guerrero.
La peticionaria de la Alerta, la activista Marina Reyna Aguilar, añadió que la funcionaria federal informó en la sesión extraordinaria del Consejo estatal para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres en Casa Guerrero, que se realizó en la residencia oficial, que el gobierno del estado tienen un mes a partir de hoy para entregar dicho plan, que en los plazos normales debe ser entregado en un plazo de diez días hábiles.
La funcionaria federal participó en una sesión para informar la ruta de cumplimiento de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género de la Segob, donde según el orden del día, sólo habría intervenciones de la comisionada nacional y del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Sin embargo, sólo el mensaje del gobernador se transmitió en la cuenta oficial de Facebook de la Secretaría general de Gobierno, y ahí Astudillo Flores reconoció que en este momento del año “es muy complicado acomodar temas que no fueron considerados en el presupuesto original”.
No obstante, aseguró que “algo tendremos que encontrar para no quedarnos en la indefensión presupuestaria. Creo que hay que implementar el programa estatal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en lo que resta de 2017, y afinar un presupuesto para 2018”.
La reunión ocurre 40 días después de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios del estado, que el propio gobernador decretó con un día de diferencia de la Alerta de la Conavim, a la que siguió una confrontación mediática cuando el gobierno estatal se negó a recibir la Alerta de la Segob “por errores de escritura”, subsanados después por la federación con una fe de erratas.
La sesión se realizó a puerta cerrada con funcionarios del gabinete y algunos alcaldes que también son parte del sistema, y se supo por algunos asistentes que no les permitieron entrar a la reunión con teléfonos celulares.
Abordada en el estacionamiento de la residencia de gobierno, al terminar el encuentro, Negrete Morayta informó que en la sesión se presentó un programa estatal de cumplimiento  para generar las líneas de acción y seguimiento puntual de la Alerta en los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
Resueltas las diferencias entre las instancias, mencionó que a partir de que se dictó la Alerta, se abrió un periodo de diez para que el gobierno del estado entregue a la federación el programa de trabajo con un cronograma de acciones que incluyen un presupuesto especifico para llevarlas a cabo.
Sin embargo, el estado solicitó una prórroga porque en esta etapa del año es muy difícil la reasignación de recursos, “pero se hace esfuerzo importante”.
Explicó que una acción fundamental de la Alerta por violencia de género es la generación de fondo específicos para el cumplimiento de las medidas, no sólo que los estados tengan presupuestos con perspectiva de género, sino que haya un aumento en todos los programas de apoyo o financiamientos que incluya a las mujeres que han sido víctimas de violencia.
Sobre las muertes de mujeres en Guerrero, que se han incrementado de 49 en 1990, a 241 en el 2016, se reservó a hacer comparaciones con otros estados, porque el número “no necesariamente nos van a dar una respuesta adecuada de cuáles son los que corresponden a violencia de género y cómo vamos a enfrentarlos”.
Señaló que tal vez un estado no tienen muchos feminicidios, pero es el primero en violencia intrafamiliar, “siempre vamos a encontrar en cada entidad las problemáticas muy específicas que se van generando, aquí por ejemplo fue muy enfática la alerta en el tema de embarazo adolescente, en el tema de trabajo con comunidades indígenas, y de violencia sexual, tendremos que hacer como un trabajo muy específico”.
Aclaró que en Guerrero se consideró importante el aumento de la violencia, por esa razón se decidió dar el paso de la Alerta. Sin embargo, reconoció que en sí mismas las alertas no resuelven de inmediato los problemas.

Las alertas no van a dar resultados al día siguiente

Al cuestionarla sobre el tratamiento para Guerrero frente a pocos resultados de las alertas en otras entidades de la República, respondió que éstas son medidas estructurales amplias, de largo plazo, para atender sobre todo de violencia institucional contra las mujeres.
“Las alertas no te van a dar un resultado al día siguiente, no va suceder con la alerta ni con una política específica porque estamos hablando de una cuestión cultural que tiene que ver con diferentes procesos: migración, uso de alcohol, turismo. La violencia de las mujeres pasa por muchas de las cuestiones, sobre todo por la violencia de pareja que se da adentro de las casas y que se tienen que generar un cambio de cultura importante. No estamos hablando de alertas como solución en el corto plazo, es una apuesta muy importante a largo plazo, institucional, estructural profundo para poder ir cambiando estas dinámicas”.
De las medidas en Guerrero indicó que la Segob prioriza diez pasos principales y fundamentales para generar una política integral de atención. La primera es cómo será la coordinación de todas las autoridades de los tres niveles, particularmente entre los gobiernos municipales y estatal.
Además, que se emitan medidas de protección (garantías de seguridad) para que las mujeres realmente se sientan respaldadas y puedan salir del círculo de violencia en el que se encuentran sometidas.
De acuerdo con el dictamen del Grupo de Trabajo de la Alerta de Género por violencia feminicida, hasta la entrega del informe del gobierno del estado en proceso de solicitud, no se había emitido ninguna medida de protección para mujeres víctimas de violencia en la entidad.
Otra línea de trabajo, dijo, es el empoderamiento económico de las mujeres, para que cuando son violentadas, los recursos no sean impedimento para salir del círculo de violencia.
Además de implementación de protocolos específicos para investigar los casos de feminicidio, violencia sexual y otros delitos contra las mujeres, de tal forma que desde un inicio se investiguen todas las muertes de mujeres como feminicidio, para que no se pierda la cadena de custodia y se pueda llegar a la verdad de los casos.
Señaló que en los temas de violencia sexual, los casos no llegan a la justicia porque desde un inicio no fueron destinados a un área de delitos sexuales, para la aplicación de las pruebas que se necesitan en esta materia.
También se refirió a la elaboración de presupuestos con perspectiva de género, y al trabajo con agresores: “cómo se va que generar una política de estado para trabajar con hombres que violentan mujeres, porque al ser parte del problema tendrían que ser parte de la solución, tendrían que reeducar de cierta manera para no cometer más actos de violencia contra las mujeres”.
Asimismo, habló del trabajo con niñas y niños que de manera indirecta con afectados por la violencia que sufre directamente las mujeres, “para que cuando crezcan no sean violentadores o se dejen violentar por haber vivido eso desde la primera instancia”.
y la creación de un banco de datos para saber qué está pasando en el estado, a quién le está pasando, en que lugar está pasando y porqué  está pasando, para poder hacer efectivamente políticas de prevención.
Aclaró que hay avances dentro del proceso de cumplimiento de los primeros seis meses de la Alerta de Violencia de Género en Guerrero, y la Conavim trata de fortalecer “todas las áreas de oportunidad que se tienen para poder consolidar cada una de estas medidas”.
El gobernador, por su parte, en el video subido a redes sociales, informó que en 2018 habrá una partida clara y específica para las acciones de la Alerta, y continuará presentando iniciativas de leyes en el Congreso local que puedan promover la igualdad de género, y la protección de las mujeres.
Solicitó a la Fiscalía General del Estado, consolidar el banco estatal del registro de datos violencia contra las mujeres, a la Fiscalía especializada en feminicidios, que actualice los informes desde órdenes de protección emitidas y el seguimiento de delitos específicamente de feminicidios y homicidios contra las mujeres.
Destacó la asistencia de la comisionada nacional en la sesión, de los funcionarios y representantes de organizaciones que promovieron la Alerta, para resolver el tema de la violencia contra las mujeres.
De las cinco organizaciones de mujeres que participan en el sistema estatal, se supo que sólo asistieron tres: Mujeres de Tlapa, la Coalición Nacional de Mujeres Rurales, y la Asociación Guerrerese contra la violencia hacia las mujeres, sólo la última fue promovente de la Alerta ante Segob.
De acuerdo con el boletín del gobierno del estado, asistieron a la reunión los alcaldes de Iguala, Herón Delgado; de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva; de Ometepec, Omar Estrada, y de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar, entre otros funcionarios estatales y representantes de organizaciones.

El aumento de homicidios en Guerrero, sobre todo en Acapulco, se debe a que se “está llegando al punto de quiebre” en el combate a la delincuencia, afirmó el comandante de la Octava Región Naval, el Almirante Juan Guillermo Fierro Rocha, quien detalló que también puede ser considerado como una reacción de los grupos delincuenciales que están siendo acotados y por eso su respuesta es más violenta.
En entrevista con El Sur, Fierro Rocha rechazó que las corporaciones policiacas hayan sido rebasadas por la delincuencia organizada luego de los últimos hechos violentos en el área turística o en el centro de Acapulco. “Rebasados definitivamente no, yo no podría aceptar que estamos siendo rebasados por la delincuencia, el Estado jamás podrá tener menor fuerza que la delincuencia”.
Y coincidió con el comandante de la Novena Región Miltar, el general Germán Jiménez Mendoza, en que ante las autodefensas vale más el diálogo. “Desde un punto de vista estratégico concuerdo con el general Jiménez, de que esto podría escalar a una situación en la cual quizás la misma fuerza armada tendría que hacer uso de mayor fuerza, no es esta la intención, el diálogo va ser el último recurso que se agote para que nosotros tengamos que participar otra vez”.
El 19 de enero del 2016 fue designado como comandante de la Octava Región Naval, Juan Guillermo Fierro Rocha. Es originario del Distrito Federal y se graduó como ingeniero en Ciencias Navales en la Heroica Escuela Naval Militar; tiene maestrías en administración naval y en administración militar para la seguridad y defensa nacional, así como un doctorado en defensa y seguridad nacional.
A casi año y medio de haber sido designado como comandante de la Octava Región Naval, que comprende además del litoral de Guerrero la jurisdicción naval de Oaxaca y Chiapas, destacó que en seguridad en el área que le compete atender la estrategia que ha establecido ha tenido beneficios y ejemplificó que se ha asegurado nueve toneladas de drogas en el transcurso de 16 meses.
–¿Cuáles considera que son las razones por las que a pesar de las estrategias que han establecido las diferentes corporaciones que integran el Grupo Coordinación Guerrero (GCG) continúan los altos números de homicidios en el estado y particularmente en Acapulco?
—Un análisis estratégico que hemos llevado a cabo, porque estamos analizando todas las causas y las vertientes que estamos manejando, nos implica que bajo una situación conceptual en un análisis estratégico el que haya algún incremento en el número de estos factores que vemos, podríamos interpretarlo como que estamos llegando al punto de quiebre o al punto de inflexión, el cual necesariamente tendrá que venir un descenso brusco también. Es decir, podría ser interpretado como una exacerbación, una reacción de los grupos delincuenciales que están siendo copados o están siendo acotados, entonces su respuesta tendría a ser un poco más violenta.
“El pronóstico sería que en un factor de tiempo pues estamos empeñados en poder determinarlo, que tendría que descender bruscamente estos niveles”.
— ¿Se tiene establecido algún tiempo estimado?
—Es un punto difícil de contestar desde un punto de vista unilateral porque esto tendríamos que considerar todos los factores que el gobernador Héctor Astudillo, como líder de grupo, y el general Germán Javier Jiménez Mendoza como coordinador del Grupo de Coordinación Guerrero, para poder dar un pronóstico a nivel estatal. Yo puedo pronunciarme en el terreno de mi competencia.
El almirante Fierro Rocha de 44 años de servicio activo en la Semar, afirmó que hay exceso de la vigilancia del crimen organizado, al preguntarle si ha fallado la estrategia de seguridad en lo que podría considerarse como la zona más vigilada de Acapulco como es el área turística y el centro de la ciudad,  “aquí debemos poner en el plano, la situación de que estamos sobrevigilados, nosotros nos empeñamos en algunas áreas que nos asignan pero la realidad es que a veces nos encontramos situaciones que escapan a nuestro control y parece ser que las prácticas de vigilancia y de halconeo de todas estas cosas, nosotros en un momento dado somos también en un momento dado ¿cómo podría yo manejar esto?
—¿Rebasados?
—No, no rebasados, definitivamente no, yo no podría aceptar que estamos siendo rebasados por la delincuencia, el Estado jamás podrá tener menor fuerza que la delincuencia.
Explicó que el crimen organizado al actuar fuera de la legalidad, transgrede, “lo que sucede es que  nosotros vemos diferentes factores como es el uso de la fuerza, la proporcionalidad, los elementos que estamos disgregando en el área que nos corresponde, los factores sorpresa, etcétera, todo eso en un momento tenemos que conjugarnos y seguir trabajando conjuntamente para que estadísticamente tener ocupando estos lugares.
—¿Entonces hay más coordinación en el crimen organizado?
—No, yo puedo interpretar esto desde el punto de vista en el marco que nosotros estamos injertos. Tenemos en el marco del respeto a los derechos humanos, la legalidad, la transparencia, el uso de la fuerza, y bueno el manejo de todo el personal que no nos interesa o qué situación se encuentra.
Son ciudadanos que tienen que ser respetado en sus derechos humanos, no es así la respuesta de ellos, ellos a veces tienen manifestaciones de violencia que rebasan nuestras expectativas, no es esto una interpretación de que tienen mayor coordinación, ellos en un momento dado arriesgan todo por nada,  entonces esas son las consecuencias. Pero no, bajo ninguna circunstancia  ni mayor coordinación, quizás  en un momento dado puedan hacer mayor acopio de mayores recursos o financieros o técnicos que nosotros tenemos que administrar adecuadamente para tener esa función.
Cuando se le preguntó su opinión de la Policía Municipal de Acapulco, dijo que “es una tarea muy vasta que tienen, el número reducido y las condiciones  en las que se están  desempeñando ellos pues los hace sujetos de mayor capacitación y profesionalización”.
—¿Hay confianza para trabajar con la Policía municipal?
—Nosotros trabajamos con los grupos y cada uno de acuerdo a nuestras capacidades y necesidades establecemos nuestros operativos.
Fierro Rocha coincidió con la postura del comandante de la Novena Región militar, el general Javier Jiménez Mendoza que el pasado jueves ponderó el diálogo con el grupo de las autodefensas antes de iniciar acciones contundentes que desatarían un conflicto en Guerrero muy grave. “El diálogo es el principal instrumento del gobernador, en un momento dado cada uno debe tener una respuesta a sus demandas. Desde un punto de vista estratégico concuerdo con el general Jiménez, de que esto podría escalar a una situación en la cual quizás la misma fuerza armada tendría que hacer uso de mayor fuerza, no es esta la intención, el diálogo va ser el último recurso que se agote para que nosotros tengamos que participar otra vez”.
—Hablando de diálogo, el obispo Salvador Rangel en innumerables ocasiones ha mencionado que es oportuno  hablar con la delincuencia organizada para  disminuir los homicidios, ¿usted qué opina?
–Bueno, los conductos de esto rebasa el ámbito de mi competencia y si esto se maneja en un terreno político, es una decisión que a nivel político tendría que tomarse.
Se le preguntó sobre la confianza a la corporación luego que se informó el pasado jueves que la Semar puso a disposición de las autoridades correspondientes a siete marinos por estar relacionados presuntamente con el secuestro de personas en Texcoco, Estado de México.
—¿En la Octava Región no han encontrado marinos relacionados al crimen organizado?— se le preguntó.
—No, nosotros estamos incidiendo en el adoctrinamiento de nuestro personal, estamos vigilándolos, lo que menciona es una prueba de la disposición del Almirante Secretario.
—¿Pero cree que hay confianza de la sociedad cuando hay siete marinos relacionados a secuestro?
—Desde luego, creo que una manifestación de cero tolerancia a cualquier conducta irregular de parte de nosotros, tendrá que tener la respuesta necesaria de la sociedad para que ellos vean que estamos comprometidos también.

El alcalde panista de Leonardo Bravo (Chichihualco), Alfredo Alarcón Rodríguez, informó que la Policía Federal se comprometió a realizar sus operativos de seguridad sin violentar los derechos humanos de los habitantes de su municipio e investigar las acusaciones de abusos.
Este lunes por la mañana, el alcalde se reunió en Casa Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo Flores y el comisario de la Policía Federal en Guerrero, David Portillo Menchaca, para evaluar de las demandas de abuso de poder presentadas por los habitantes.
El domingo pobladores de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, bloquearon la salida de este pueblo y retuvieron casi tres horas a unos 100 agentes de la Policía Federal, a bordo de 20 patrullas, quienes finalmente se abrieron paso con el apoyo de un helicóptero que sobrevoló a unos metros de altura para dispersar a los inconformes.
Los vecinos denunciaron atropellos, arbitrariedades y abuso de la Policía Federal, que desde el miércoles pasado mantenía un operativo en esa cabecera, a raíz del ataque a la policía la noche del martes que derivó en un enfrentamiento en el que murió un agente de la corporación y dos más resultaron heridos.
Consultado a la salida de la reunión en la que también estuvieron presentes algunos pobladores, Alarcón Rodríguez detalló que este lunes en la reunión le entregó a las autoridades federales y estatales las peticiones de su pueblo, para que las evaluaran.
“El gobernador se comprometió de que se debe reinar con paz, me dijeron que llevara el mensaje a la población, aquí lo único que pedimos es con lo que se venía cumpliendo en nuestro pueblo desde hace dos años no había incidentes, esperemos.. es por lo que yo venia abogando por paz y tranquilidad”, agregó.
Insistió que el gobierno del estado se comprometió a brindar paz en el municipio para que opere la Policía Federal sin que se registren más abusos por parte de la corporación policiaca.
“Que se respeten los derechos humanos, como la policía siempre ha ido, que haga su trabajo como debe de hacer, los pobladores no están en contra de su presencia sino que cumplan bien con su trabajo”, comentó.
Recordó que en la reunión de este domingo por la noche se redactó el pliego petitorio que se presentó en la reunión de este lunes en Casa Guerrero, donde se enuncian las violaciones a los derechos humanos.
Dijo que el Ayuntamiento se comprometió a instalar una mesa de trabajo en la que se recopilen las quejas de los ciudadanos que fueron abusados por la fuerza federal con el propósito de que se les dé solución.
“Queremos que cada uno de ellos me digan qué tipo de violaciones se dieron y qué es lo que vamos hacer”, agregó.
Se le preguntó sobre cuántos pobladores fueron afectados por la corporación, y sólo respondió que fueron muchos, “el kiosco estaba muy lleno, era mucha gente la que estaba ahí”.
Alarcón Rodríguez explicó que el encargado de la Policía Federal se comprometió a hablar con los agentes que integran el operativo implementado en esa zona para evitar que se registren hechos similares.
“Sobre todo que traten con decencia a la gente cuando vayan hacer su operativo, que la respeten”, agregó.
Comentó que en el encuentro se pidió más comunicación con la Policía Federal, con la Secretaría de Seguridad Pública del estado para que se dé un mejor resultado y se dé “tranquilidad a la población”.

El gobierno del estado invertirá 50 millones de pesos para la construcción de la carretera que comunicará a la capital con la sierra, anunció el gobernador Héctor Astudillo.
Este lunes el gobernador visitó las comunidades de Jaleaca de Catalán y Santa Bárbara de este municipio, acompañado por el alcalde Marco Antonio Leyva Mena y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán .
En la gira anunció que se construirá la carretera Chilpancingo- Omiltemi-Chauti-pa- Jaleaca, en la que se invertirán 50 millones de pesos.
En un boletín de prensa se da a conocer que el mandatario priista se comprometió a concluir la carretera durante su gestión.
Durante el discurso en Jaleaca explicó que en este año se han invertido cerca de 20 millones de pesos, por lo que solo le faltan 30 millones y 40 kilómetros. Se planea construir 10 kilómetros por año.
Recordó que hace 30 años fue por primera vez a esta comunidad, donde llegó como alcalde y después como diputado y por último como senador.
También reiteró su agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto, por el apoyo durante las tormentas Ingrid y Manuel y la inversión en la reconstrucción en la infraestructura de planteles educativos.
En la gira el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Rafael Navarrete Quezada, detalló que debido al convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se trabajaron 4.5 kilómetros de carretera, con una inversión de 30 millones.
Por su parte, la diputada federal Beatriz Vélez Núñez, agradeció la disposición de Astudillo para atender las gestiones de los representantes populares y señaló: “Esta obra es gracias a usted, usted es el hombre que necesitaba Guerrero, hoy tiene la mano amiga de los habitantes de Jaleaca y de su servidora, porque es un hombre dedicado y que quiere hacerle justicia a Guerrero”.
La legisladora federal dijo que gestionó 10 millones de pesos para la rehabilitación de la carretera Cruz de Ocote-Jaleaca.
Mientras que el comisario Tomás Pa-checo Almazán, consideró que este es un día histórico por la visita de las autoridades estatales, que acudieron para conocer las condiciones en que se encuentra esta comunidad y sus habitantes.
Durante el recorrido, Astudillo Flores inauguró la primer etapa de la Unidad Deportiva Alfonso Vélez Arcos con el objetivo de ofrecer un espacio par que los niños y jóvenes cuenten con lugares de sano esparcimiento.
También se entregaron alimentos, cobertores, laminas y ropa como parte de los programas que ofrece el DIF Guerrero.
En la comunidad de Santa Bárbara se invirtieron 17 millones de pesos para la construcción de un jardín de niños, dos escuelas primarias, una telesecundaria y un tele bachillerato.

En la comunidad me’phaa de Colombia de Guadalupe se realizó un foro para informar sobre los avances de la iniciativa de reforma integral a la Constitución local surgida de los pueblos, y allí se dijo que ésta no es aceptada por los diputados y el gobierno del estado porque implica inversión de recursos para atender a los pueblos indígenas.
El comisario municipal Moisés Figueroa Estrada dio la bienvenida a más de 300 representantes de Malinaltepec, San Luis Acatlán, Copanatoyac e Iliatenco
El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM) y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos en la Montaña (Frecoddec), realizó la reunión para informar sobre el contenido  de la iniciativa  de reforma integral a la Constitución local que respaldan  la CRAC-PC, el Frente Popular de Tlapa (FPT) y el Cecop.
Abel Bruno Arriaga dijo que la iniciativa popular cumplió los requisitos legales, pero su contenido no es aceptado por los diputados y el propio gobernador, porque contiene derechos que requieren de inversiones millonarias para atender la salud, educación, becas para estudiantes, canasta básica, campo y territorio.
Dijo que los diputados también han manifestado que las organizaciones que la promueven “piden mucho”.
Mencionó que la iniciativa que Astu-dillo mandó al Congreso es un retroceso y en sus declaraciones dice que va a desaparecer organizaciones sociales o grupos.
Del Frente Popular de Tlapa, Ubaldo Segura Pantoja dijo que los diputados no aceptan la iniciativa porque ellos hacen las leyes que  violan las garantías de los ciudadanos y de los pueblos originarios y un ejemplo es la reforma educativa.
Lamentó las dificultades para que la ley sea aprobada por un Congreso con mayoría del PRI y sus aliados.
Remarcaron que la  CRAC-PC ha garantizado la seguridad en las comunidades donde tiene presencia y la quieren desaparecer, como lo mencionó el secretario de Gobernación,  Miguel Ángel Osorio Chong, sin pensar que es un sistema de justicia en donde la ley no se vende sino que se aplica.
El comisario de San Miguel del Progreso, Luis Gálvez Ortega, invitó a luchar para conservar el territorio para sus hijos porque el  gobierno vende los territorios de los pueblos y no las ciudades.
Los asistentes dijeron que van defender el derecho y territorios como la hace San Miguel del Progreso, el cual dio batalla en los tribunales al ampararse de las mineras.
Representantes de núcleo agrario  de Ocoapa  dijeron que el comisariado Raúl Jerónimo Solano obliga los comuneros a inscribirse y acepten la certificación parcelaria que promueve la Sagarpa, lo que consideran servirá para las mineras.
Se acordó un foro en la comunidad de Plan de San Miguel del núcleo agrario de Ocoapa del municipio de Copanatoyac el próximo 17 de septiembre.
Los comisarios lamentaron los comentarios de desprestigio del delegado estatal de la CDI,  Lenin Carbajal Cabrera, hacia el centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, al decir que maneja de 18 a 20 millones de pesos para los granos básicos que se entrega los damnificados de la Montaña sin que de cuentas.
Dijeron que el consejo no maneja dinero y es la CDI la que  entrega los granos por medio de los camiones de Liconsa y se hace con la exigencia de documentación de la CURP y credencial de elector.