Integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN, partido que gobierna en Ahuacotzingo y Leonardo Bravo, pidieron al Congreso local que llame a comparecer a la  secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Nybia Solís Peralta, y al secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, para que expliquen las acciones en seguridad.
También el porqué a los policías municipales que aún no están certificados se les han asignado armas, y reclamaron que la discusión se centre en que no estaban certificados y no en la responsabilidad del estado de garantizar la seguridad y del gobierno federal para resguardar los recursos federales que envían.
A los integrantes del PAN se les preguntó durante una conferencia de prensa en sus oficinas, por los hechos ocurridos en Ahuacotzingo, donde fueron asesinados cinco policías municipales y dos custodios del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), para robarles 997 mil pesos del programa federal Prospera.
La secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Nybia Solís Peralta declaró que los policías asesinados no estaban evaluados ni capacitados y tampoco estaban registrados como elementos policiales en el Sistema Nacional de Seguridad, por lo que dijo que sería sancionado el alcalde panista Gerzaín Hernández Casarrubias.
El presidente estatal del PAN Marco Antonio Maganda Villalva comentó que el alcalde le informó que los policías municipales asesinados sí estaban dados de alta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública pero estaban en proceso de certificación.
Y que ya lo estaba “apoyando a las familias” de los uniformados. Lamentó que la funcionaria estatal realice juicios sin tener la información completa de la situación de los policías municipales.
Maganda Villalba dijo que debe ser Nybia Solís quien explique porque los policías municipales sin estar certificados, estaban dados de alta en el Sistema Nacional de Seguridad y tenían una arma asignada.
El presidente y el secretario general del CDE del PAN reiteraron la solicitud de que el Congreso local llame a comparecer a Solís Peralta y a Pedro Almazán.
Del caso de los 100 federales retenidos por pobladores en Leonardo Bravo (Chichihualco), municipio también gobernado por el PAN, donde los habitantes se quejaron de cateos y detenciones el presidente estatal del PAN dijo que las acciones de los uniformados “no fueron de buena manera, violaron los derechos humanos”.
Pero dijo que todos los casos de violencia y este de abusos por parte de la Policía Federal, son el reflejo de “la ingobernabilidad que hay en el estado y la ineficacia del gobierno de Guerrero y de la federación”.
El operativo de la Policía Federal fue buscar a civiles armados que se enfrentaron a agentes y mataron a uno, además de que el alcalde ya había solicitado el apoyo del gobierno federal.
El secretario general del CDE Eloy Salmerón Díaz dijo que la programación de los cursos para la certificación, son complicados, y que mientras ese proceso se realiza, los alcaldes tienen que buscar la manera de resolver como atender la seguridad de los municipios.
Por ambos casos, el presidente estatal del PAN dijo que “la delincuencia se les ha salido de las manos al gobierno federal, al gobierno del estado y en algunos municipios donde está el tema muy delicado”.
Dijo que los hechos violentos son solo un reflejo de la “incapacidad y la corrupción”.
Por su parte el tesorero del CDE Alejandro Martínez Sídney dijo que no se debe perder de vista que los policías asesinados estaban cumpliendo con su trabajo y fueron atacados por delincuentes.
“Estaban dando protección a recursos de un programa federal para atender la pobreza, se trata de seres humanos abatidos por delincuentes” y lamentó que no haya todavía una respuesta concreta de las autoridades estatales en la detención de los responsables.

Después de los anuncios de las dirigencias nacionales del PRD y PAN de buscar un frente amplio opositor, sus presidentes estatales Celestino Cesáreo Guzmán y Marco Antonio Maganda Villalba se reunirán por primera vez este miércoles para buscar acuerdos previo al inicio del proceso electoral en septiembre próximo.
Ayer en conferencia de prensa, en las oficinas estatales del PAN en el centro de Chilpancingo, el presidente del partido en el estado, Marco Antonio Maganda Villalba, informó que se reunirá con el presidente estatal de PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, este miércoles, para iniciar las “platicas de acercamiento” en busca de alianzas en el estado entre ambos partidos.
En la conferencia estuvieron el secretario General Eloy Salmerón Díaz, y el tesorero Alejandro Martínez Sídney.
Ahí Maganda Villalba informó que ya tuvo comunicación telefónica con el dirigente perredista, con quien hablaron de una reunión que concretaron para mañana.
Esta sería la primera reunión entre las dirigencias estatales de ambos partidos, después del anuncio de un frente opositor que se anunció en la
Ciudad de México.
“En lo posterior, dependiendo de lo que platiquemos, ya le va a entrar al quite esta comisión”, dijo el panista.
El dirigente no dio detalles de cómo se dio la comunicación con su homólogo del PRD, pero apuntó que tentativamente el encuentro sería en Acapulco.
A pregunta, reiteró que al frente que buscan, se pueden sumar “todos los partidos de oposición, menos el PRI y Morena”.
Dijo que al frente serán bienvenidos todos los guerrerenses que busquen “un cambio, son cordialmente invitados”.
La conferencia fue para presentar a los integrantes de la Comisión de Alianzas nombrados por el CDE, que son Marco Antonio Maganda, Francisco José Rodríguez Otero, Irma Lilia Garzón Bernal, Benedicto Popoca Saucedo, Martha Botello Uribe, Perla Otilia Ramos y Juan Pérez Romero.
En la conferencia, el dirigente estatal explicó que la comisión se encargará de buscar alianzas entre los partidos en el estado menos el PRI ni Morena, pero precisó que también están abiertos a alguna candidatura ciudadana.
Francisco Rodríguez precisó que la comisión no será una carga económica del partido porque no recibirán salario por su trabajo, y que tampoco serán los encargados de la definición de candidatos o su género.
Según un documento leído en la conferencia, la comisión propondrá en qué municipios y distritos locales el PAN puede encabezar candidaturas.
También buscará a comisiones de otros partidos políticos, para promover convenios para coaliciones o candidaturas comunes, y presentarlos al CDE para que sean puestos a consideración para su aprobación de la dirigencia y de la Comisión Permanente del Consejo Estatal.

Los dirigentes locales del partido Morena anunciaron que trabajarán de manera coordinada, lo que no venían haciendo y anunciaron que habrá una sola oficina de ese partidoen la ciudad.

En conferencia de prensa en el restaurant México, Fortunato Hernández Car-bajal, del comité estatal; Noé Cueva Pacheco y Pablo Cesar Solís Nava, delegados nacionales, y el regidor Gabino Her-nández, reafirmaron sus intención de llevar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República .
Cueva sostuvo que “es importante estar organizados y a partir de este momento vamos hacer trabajos coordinados”.
Por su parte Solís Nava dijo que son un partido abierto a todos los militantes de otras expresiones políticas y ciudadanos, y que “Andrés Manuel solo cerró las puertas a la mafia del poder”.
Dijo que “nos queda claro que no va a haber alianzas con el PRD, PAN, ya tienen una política definida, fueron los que hicieron el Pacto por México, su objetivo es que AMLO no llegue a ser presidente”.
Adelantaron que no hay candidatos oficiales para la alcaldía y diputaciones en Atoyac y esperarán el lanzamiento de la convocatoria para el proceso interno.
Destacaron que la regiduría será la única elegida en asamblea municipal y la propuesta es que se defina por una una tómbola. (Francisco Magaña / Atoyac).

Policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOPEG) entraron este lunes a Chichihualco, la cabecera del municipio de Leonardo Bravo, luego de las denuncias de abusos de los pobladores en contra de policías federales, que llegaron el miércoles de la semana pasada tras el ataque y enfrentamiento con presuntos miembros del grupo criminal del Cártel del Sur que dejó un policía muerto y dos heridos.
La noche de ayer unos 500 habitantes de la cabecera municipal marcharon para expresar su apoyo a la Policía Ciudadana y llegaron a la casa particular del presidente municipal panista, Alfredo Alarcón Rodríguez, a quien le exigieron que pidiera a los gobiernos federal y estatal la salida de los policías federales, que todavía en la tarde permanecían en Atlixtac, el pueblo más cercano.
Unos 100 policías federales salieron la noche del domingo, después de que estuvieron durante tres horas retenidos por unos 200 vecinos quienes instalaron bloqueos a la salida del pueblo para evitar que los agentes se llevaran detenidos a algunos de los pobladores así como motos y un coche decomisados. Los manifestates denunciaron violaciones a sus derechos cometidas por los federales y cateos, detenciones e interrogatorios ilegales.
La mañana de ayer entraron al pueblo agentes en dos patrullas, mientras que decenas de ellos en unas 12 patrullas se mantuvieron apostados en la población de Atlixtac que está a unos 20 minutos de Chichihualco.
La presencia cercana de los policías federales mantuvo durante el día de este lunes en un ambiente de tensión a los habitantes de la cabecera municipal, ante el temor de que regresaran a cometer atropellos nuevamente.
En el transcurso del día corrieron diversos rumores en el sentido de que los agentes federales se acercaban nuevamente al pueblo. En la tarde se dijo que iba la Marina. Ello motivó que cientos de habitantes de la cabecera municipal y de algunas comunidades cercanas se mantuvieran atrincheradas en el Zócalo de la cabecera municipal.
A las 3 de la tarde un grupo de los pobladores bloqueó la carretera con tierra en la entrada del pueblo, y solamente dejó espacio para la rodada de un vehículo. También hubo llamados varias veces a los habitantes mediante el repique de las campanas de la iglesia para que se concentraran y evitar la entrada de los policías federales.
En el pueblo permanecieron durante todo el día los policías ciudadanos de la UPOEG que entraron en cinco camionetas por la mañana.
Los vecinos los vieron entrar con playeras verdes y portando armas pero en la tarde cuando llegaron los reporteros todos vestían ropa de civil y estaban desarmados, aunque permanecieron a bordo de las camionetas con el logotipo de la UPOEG. Los policías ciudadanos entraron por la carretera de la sierra.
Antes de que llegaran los reporteros los ciudadanos se reunieron y acordaron mantenerse organizados para impedir represalias del gobierno, luego de que el domingo presionaron su salida y exigieron que ya no regresaran, además de que les quitaron motocicletas y un vehículo que habían decomisado.
Un aparatoso retén en la carretera de Chilpancingo

Este lunes se vio una aparatosa operación a la salida de Chilpancingo, en la carretera hacia Chichihualco, agentes de la Policía Federal, de la Estatal y de Tránsito instalaron un retén en donde revisaban todos los vehículos que regresaban o iban hacia esa cabecera municipal. También interrogaban y realizaban una minuciosa revisión a los automovilistas y sus acompañantes.
En la tarde unos 60 agentes a bordo de unas 12 patrullas avanzaron a la comunidad de Atlixtac que se encuentra a unos 20 minutos de la cabecera municipal.
Eso motivó que los pobladores que se mantenían concentrados en la entrada del pueblo, en la tarde se trasladaran al centro de la población en donde después de las 8 de la noche marcharon, pasaron por el Palacio Municipal y de allí se trasladaron a la casa del presidente municipal Alarcón Rodríguez.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leyeron consignas como: “apoyamos a la policía comunitaria aquí en nuestro pueblo de Leonardo Bravo”, “no queremos la presencia de ninguna corporación policiaca en nuestro pueblo”, “exigimos al licenciado Héctor Astudillo Flores que resuelva el problema policiaco aquí en Chichualco”, “Fuera policías, no queremos más injusticias en Chichihualco”, “Pedimos la intervención de los derechos humanos”.
En la marcha también se escucharon consignas como: “queremos paz en el pueblo de Chichihualco”, “Aquí, allá, el presidente no está”, gritaron en referencia a que el alcalde dejó a los ciudadanos solos frente a los atropellos que sufrieron de los policías federales. También corearon, “queremos paz, queremos a los comunitarios en nuestro pueblo”.
En el transcurso de la marcha hubo pobladores que narraron los atropellos que sufrieron de los policías federales.
La dueña de un hotel denunció que los agentes entraron violentamente a su establecimiento y cometieron destrozos en el interior, otra mujer denunció que la golpeó una mujer policía y que tuvo que ir al hospital para que no perdiera al bebé del que está embarazada, otra denunció que su hijo de apenas 16 años fue detenido y golpeado por los agentes injustificadamente. Otro ciudadano aseguró que vio cuando los policías le dispararon “en las patas” a un vecino suyo.
La marcha de unas 500 personas llegó a la casa del presidente municipal, a quien le exigieron que les informara los resultados de la reunión que tuvo en el transcurso del día con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Allí dijeron que en la noche del domingo se habían reunido con el alcalde y le pidieron que le pidiera al gobernador su intervención para que la Policía Federal se fuera del pueblo y ya no regresara.
“Hoy estuve con el gobernador como quedamos en la reunión, y le llevamos un pliego petitorio de todos los problemas que se han presentado y me firmó su secretario general”, les respondió el alcalde quien dijo que lo acompañaron tres representantes de los vecinos “quienes explicaron los pormenores de los atropellos que se han presentado en nuestro pueblo por parte de la Policía Federal”.
Informó que en la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame y el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
El alcalde aseguró que el compromiso del gobernador fue que atendería su llamado que le planteó en el sentido de que viera por el pueblo que está intranquilo por la presencia de la Policía Federal, “y eso él a mi me dio la seguridad de que él lo iba a ver de tal manera de que se solucionara, y él está al pendiente”.
Antes el alcalde frente a los vecinos, marcó al teléfono del gobernador a quien le planteó la inconformidad de los vecinos que habían llegado a su casa, y le pidió la ayuda para que interviniera para el retiro de los policías federales que se encontraban en la comunidad de Atlixtac, pero cuando los vecinos le pidieron que pusiera el altavoz del teléfono sólo se escuchó el sonido de ocupado.
El alcalde volvió a marcar a ese número varias veces pero ya nadie le contestó. Quien sí le contestó fue un empleado que le dijo que le marcara al secretario Florencio Salazar, pero igual no recibió respuesta.
Entonces los manifestantes amenazaron que lo llevarían al frente de la manifestación hasta la Ermita, a la salida del pueblo, y que allí permanecería toda la noche para impedir la entrada de los policías federales.
Entonces el alcalde les planteó que acudiría personalmente con los policías municipales a la comunidad de Atlixtac, en donde se encontraban los policías federales para pedirles que se retiraran.
Los inconformes aceptaron pero cuando el alcalde llegó ya casi a las 10 de la noche al pueblo vecino, los agentes federales se habían retirado.
El pueblo de Chichihualco, según fuentes policiacas, es territorio bajo control del grupo criminal del Cártel del Sur que encabeza Isaac Navarrete, El señor de la I, a quien se atribuye el ataque a los policías federales la noche del martes de la semana pasada cuando murió un oficial y dos más resultaron heridos.
La agresión motivó la operación de la Policía Federal para buscar a los agresores, lo que generó las protestas de algunos de los vecinos, inconformidad que fue aprovechada para el ingreso de la Policía Ciudadana de la UPOEG la mañana de ayer.
Fuentes extraoficiales han informado que existe una alianza entre el Cártel del Sur y la UPOEG, lo que explicaría el ingreso de la Policía Ciudadana para apoyar la inconformidad de los pobladores en contra de la Policía Federal.

 

Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y la sociedad mexicana, necesitan conocer detalles que faltan sobre el caso Iguala para tener certeza sobre el paradero de los jóvenes, afirmó ayer el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
“Nosotros buscamos la verdad en términos de derechos humanos, desde luego que es un expediente abierto en donde todavía la sociedad mexicana necesita conocer detalles que faltan para tener certeza sobre el paradero de los 43 jóvenes.
“Que la sociedad y sobre todo los familiares de las víctimas desaparecidas tengan plena certeza del destino, más allá de fincar las responsabilidades correspondientes”, pidió en entrevista, al término de un evento en la Secretaría de Gobernación.
El presidente de la CNDH afirmó que este organismo sigue trabajando intensamente para cerrar su investigación sobre el caso Iguala y emitir un pronunciamiento.
Parte de ese trabajo, abundó, es analizar todos los tomos de la averiguación previa de la PGR y dar seguimiento tanto a las recomendaciones que ha hecho el organismo, como las que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Desde luego nos gustaría ya, lo más pronto posible, emitir un pronunciamiento. Tiene que haber, al final de la investigación tiene que haber un pronunciamiento, desde luego que la Comisión Nacional emitirá pronunciamiento respectivo”, añadió.

Dos niñas de 2 y 11 años, y un niño de 3, murieron el domingo tras intoxicarse con frituras envenenadas con herbicida en la comuniad Paraje Montero, municipio de Malinaltepec.
Los hechos ocurrieron el domingo al mediodía, cuando los tres niños me’phaa comieron accidentalmente frituras contaminadas con un herbicida líquido, que tiene el nombre comercial de Gramoxone.
En los poblados de la región el uso de insecticidas y herbicidas sin vigilancia es común, y aumenta durante la siembra de temporal, cuando los campesinos compran el Gramoxone para rociar los cultivos con una bomba aspersora, y se ahorran contratar a peones para desyerbar la milpa.
Otras muertes relacionadas con el uso de este herbicida, han ocurrido accidentalmente o por uso directo, ya que es considerado letal porque daña órganos internos. El litro cuesta entre 150 y 200 pesos.
La comunidad me’phaa de Paraje Montero está a la orilla de la carretera Tlapa-Marquelia, a dos horas y media de Tlapa, en el territorio donde se pretende concesionar tierras a las mineras. Tiene un grado de marginación alto y de rezago social medio con mil 146 habitantes. Es una zona de pinos y encinos.
Los padres de los niños fallecidos, son profesores, originarios de Paraje Montero, pero habitan en Tlapa; acudieron a la comunidad por las vacaciones y a sembrar.
Versiones indican que la señora Ernestina encontró a su gato muerto en el patio y al llevarlo a tirar a otro lado se dio cuenta que tenía espuma en la boca y olía al insecticida; al regresar a su vivienda halló en el patio a las niñas intoxicadas.
El niño murió en la comunidad, y las niñas fallecieron en el hospital de Tlapa, a donde fueron trasladadas para su atención. (Carmen González Benicio/Tlapa).

 

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que en 2016, el 34.7 por ciento de la población penitenciaria de Guerrero fue víctima de actos de corrupción en alguna de las etapas relacionadas con el arresto y su posterior reclusión.

Señalaron abusos como sometimiento con fuerza física, amenazas y agresiones físicas y sicológica, además de violaciones físicas y a sus derechos durante el arresto, en la presentación ante la agencia del Ministerio Público y en el proceso judicial.
Asimismo da cuenta de que sólo el 17.5 por ciento de los encuestados de Guerrero pudo contactar a un abogado cuando se presentaba ante el agente del Ministerio Público (MP), y 37.1 tuvo presiones y amenazas para declararse culpable en la agencia.
Ayer se presentaron los resultados de la encuesta que se hace por vez primera en 338 cárceles de los ámbitos federal, estatal y municipal en las 32 entidades federativas, con lo que se cubrió la totalidad de los centros habitados en el país, con una muestra de 211 mil personas, 5 por ciento mujeres, de una población total de 64 mil 150 personas privadas de la libertad.
Con 15 centros de reclusión estatales y municipales en la muestra, Guerrero se ubica 4.6 puntos abajo de la media nacional en el porcentaje de víctimas de corrupción, que es de 39.3 por ciento.
La Secretaría de Seguridad Pública en su página oficial señala 17 cárceles, 15 con mayor población penitenciaria en Acapulco, Arcelia, Ayutla, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, La Unión, Malinaltepec, San Luis Acatlán, Taxco, Tecpan, Tlapa y Zihuatanejo.
La encuesta de Inegi indica que por cada cien mil personas privadas de su libertad en Guerrero, 347 han sido víctimas durante todas las etapas relacionadas con el arresto y posterior reclusión: 261 durante el arresto, 116 en la agencia del Ministerio Público, 71 durante el proceso judicial y 30 en el centro penitenciario. La tasa nacional es de 393: 272 durante el arresto, 147 en la agencia del Ministerio Público, 58 en el proceso judicial, y 108 en el centro penitenciario.
En cuanto a la densidad de población la prisión de Acapulco figura entre los 37 centros penitenciarios con más reclusos en el país.
Ahí el 72.2 por ciento de la población sentenciada indicó que esperó más de un año privada de su libertad la resolución de un juez (no se especifica hasta cuántos años se puede esperar una sentencia).
A nivel estado indica que el 81.9 por ciento que espera una sentenciada, tiene más de un año con su proceso.
Del hacinamiento señala que en 2016, 42.5 de la población en reclusión compartió su celda con más de cinco personas. El promedio en el país es de 45.6 por ciento.
Sólo 7.2 por ciento de la población identificó algún tipo de separación entre internos que cuentan con sentencia dictada y aquellos que se encuentran en proceso de obtenerla. Esta percepción se reduce a 5.7 por ciento en el penal de Acapulco.
También ahí el 13.7 por ciento indicó percepción de inseguridad en el centro penitenciario, y el 12.9 aceptó que fue víctima de alguna conducta ilegal.
A partir de esta encuesta el Inegi informó que en México en octubre de 2016 se tuvo una tasa de 173 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes. En Estados Unidos la tasa fue de 693, mientras que en Canadá fue de mil 114.
Por entidad federativa, Guerrero tiene una tasa de 131 personas privada de la libertad por cada cien mil habitantes en ese mismo periodo.
El 25.9 por ciento de la población privada de la libertad en 2016 fue juzgada penalmente por algún delito antes del proceso que determinó su reclusión actual, y el 24.7 por ciento estuvo recluida previamente en un centro penitenciario.
En el estado, 14.9 por la población penitenciaria de Acapulco cubrió una sentencia antes de su actual reclusión (son reincidentes). (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

Un hombre de unos 40 años fue asesinado a balazos en una barranca atrás del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla de esta ciudad.
Fuentes policiacas informaron que a las 12:30 del día se reportó una balacera cerca del mercado, donde se han hecho comunes los homicidios en los últimos meses.
Al lugar acudieron policías quienes encontraron al hombre asesinado en la barranca Las Calaveras, cerca de la calle Violeta esquina con 21 de Marzo, donde fueron hallados varios casquillos percutidos de calibre .9 milímetros.
La víctima vestía pantalón azul, camisa a cuadros verdes y zapatos negros y fue identificado por los comerciantes como Andrés de aproximadamente 40 años, quien vivía en la colonia San Juan de esta ciudad.
“Es El Cuerudo, me dijo que iría a traer agua y ya no regresó, lo mataron, era mi amigo, el perro (echado al lado del cuerpo) se llama Grifi, él lo cuidaba”, dijo un hombre que estaba en estado de ebriedad en el lugar.
Según lo publicado en El Sur con este hecho suman seis personas asesinadas en esta parte en el año, atrás del mercado central, y a pesar de los hechos de violencia en la zona no hay resguardo policiaco.
Debido al ataque comerciantes, principalmente, se acercaron a la zona acordonada para ver si podían reconocer a la víctima, y coincidieron en que era El Cuerudo pero no quisieron dar más información.
El crimen ocurrió un día antes de festejar el Día del Comerciante.
Las personas dijeron que tenían miedo debido a los constantes hechos de violencia y congroserías expresaban su inconformidad y molestia ante la incapacidad de las autoridades.
Niños que estaban en la escena de crimen veían al hombre tendido bocarriba, cubierto con sábanas y la sangre que escurría de su cuerpo debido a los impactos de bala.
Un niño dijo a otro, “¿ya viste?, otro muerto, a ver uno, dos, tres, cuatro, son cuatro números que están”, contó los casquillos percutidos que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) marcaron.
Al lugar llegaron policías municipales, estatales, federales y ministeriales, quienes acordonaron la zona para levantar el cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).
Cuando el personal de Semefo quiso levantar el cuerpo con una escoba quitó al perro que estaba aferrado al cuerpo y gruñía.
Según la información publicada en El Sur, con este hecho suman 163 personas ejecutadas en lo que va del año, en crímenes atribuidos a la delincuencia organizada. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Con impactos de arma de fuego fue encontrado sobre el camino de San Martín de las Flores-Atoyac el cuerpo de un hombre asesinado.
La víctima fue encontrada por huerteros a 200 metros del primer poblado, en una desviación que conduce al basurero municipal.
Tenía dos disparos y golpes con un trozo de madera que se encontró en el lugar.
El cuerpo fue arrastrado a una huerta cerca de la brecha donde se observaron rastros de sangre.
En el lugar se localizaron dos casquillos calibre .9 milímetros y fue el traslado sin ser identificado a la funeraria Sarabia para la necropsia de ley. (Francisco Magaña / Atoyac).

 

La madrugada de ayer un vecino de la cabecera municipal de Huitzuco fue atacado a balazos y herido de un impacto en el costado izquierdo del torso, al parecer tras un intento de asalto del que logró escapar y llegar a su casa.
Según fuentes policiacas de seguridad pública del estado, en los primeros minutos de ayer al 911 una mujer reportó que su esposo de 31 años había llegado a su casa de la colonia La Joya, en Huitzuco, con una herida de bala en el cuerpo.
Paramédicos de Protección Civil municipal llegaron al lugar para auxiliarlo y lo trasladaron al hospital general de ese municipio, donde su estado de salud fue reportado grave.
El hombre llegó a su casa a bordo de su camioneta Jeep Grand Cherokee negra con placas de Guerrero.
En la mañana las fuentes consultadas informaron que según testigos, hombres armados interceptaron al automovilista para robarle la camioneta pero se resistió y fue agredido y logró escapar herido del lugar. (Alejandro Guerrero / Iguala).