La ocupación hotelera de Acapulco alcanzó este lunes un 63 por ciento, informó la Secretaría de Turismo estatal.
La dependencia indicó que los tres destinos turísticos más importantes del estado tuvieron una ocupación de 64.2 por ciento.
Por zonas, la Dorada fue la de mayor preferencia de acuerdo con las estadísticas, al promediar un 66.8 por ciento de habitaciones ocupadas. En la zona Diamante, por cada 100 habitaciones disponibles, 60.5 fueron ocupadas. El Acapulco Tradicional por su parte reportó un 49 por ciento de ocupación hotelera.
En Ixtapa-Zihuatanejo la ocupación bajó 25.5 puntos con relación al domingo. Un día antes, el municipio de Costa Grande reportó el 95.2 de ocupación.
Ayer en Ixtapa-Zihuatanejo por cada 100 cuartos 69.7 fueron ocupadas.
Por separado, Ixtapa promedió 71.4 y Zihuatanejo 56.6 por ciento de ocupación hotelera.
En la ciudad platera de Taxco, la ocupación promedio de la hotelería fue del 42 por ciento. Cifra que representó una baja de 44 puntos con relación al sábado, cuando alcanzó el 86 por ciento de ocupación. (Abel Salgado).

 
El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Saúl Montúfar Mendoza, informó que en la temporada vacacional hay 56 quejas, en su mayoría contra aerolíneas y empresas de autobuses de turismo.
Consultado en las oficinas de la Profeco, el delegado detalló que 29 quejas fueron contra líneas de autobuses, en su mayoría por no aplicar los descuentos a estudiantes, maestros y adultos mayores. Las denuncias fueron resueltas en su mayoría de forma inmediata.
Las quejas son recibidas en los módulos en las playas de Acapulco, como en el Asta Bandera, Puerto Marqués y Caleta, terminales de autobuses y en aeropuertos, y en lo que va de la temporada son 56.
El delegado dijo que para las líneas aéreas se recibieron a la fecha 19 quejas, de las cuales casi su totalidad fue por retrasos en los vuelos, sin embargo no excedieron de una hora; “no ha habido cancelación ni nada por el estilo, porque son retrasos que no han causado mayor molestia a los consumidores”.
Saúl Montúfar agregó que en hoteles se levantaron cinco denuncias por incumplimiento del contrato, “los visitantes las hicieron vía internet o vía telefónica y al llegar se dieron cuenta de que la habitación no está en las condiciones como se exhibía en fotografías”.
Enfatizó que hay una baja “considerable” de denuncias en relación con otros periodos vacacionales, y que contra restaurantes no hay quejas en lo que va de las vacaciones.
Informó que además de la recepción de denuncias, se han hecho 70 visitas de verificación: “de esas solamente hemos iniciado cuatro procedimientos, uno fue para un hotel de nombre Montemar por negativa a la verificación, es decir que los encargados no permitieron que se verificara”.
Otras, agregó, fueron contra una tienda de conveniencia, un restaurante y un bar de la Condesa por vender la bebida llamada “Perla Negra” que está prohibida su comercialización y por no exhibir la lista de precios al consumidor.
Saúl Montúfar destacó que en Puerto Marqués no se han presentado quejas de turistas, lo que consideró un logro porque “regularmente en esa zona restaurantera había señalamientos por el cobro excesivo en los restaurantes, dobles menús, con precios más altos entre uno y otro”.
Dijo que las reuniones con restauranteros y recorridos constantes fue un trabajo preventivo que en la temporada dio resultados efectivos, “como ahí nos ven constantemente pues evitan tener problemas”.

Luego de la intermediación del Ayuntamiento por el despojo que pretendía hacer el hotel Gran Plaza de Acapulco, dos prestadores de servicios turísticos ubicados frente a la hospedería tomaron el acuerdo de un ordenamiento en la zona de la playa, informó el presentante de la Unión de Sociedades Cooperativas en Vanguardia por el Estado de Guerrero, Arturo Pantoja Guatemala.
En declaraciones por teléfono, el representante de los afectados indicó que luego de una reunión entre las partes se acordó un ordenamiento de los prestadores de servicios turísticos frente al hotel, que incluye a las masajistas, meseros y los prestadores de mobiliario.
Pantoja Guatemala informó que el permiso otorgado al hotel para hacer uso de la playa tiene entre tres y 6 meses de vigencia, o un máximo de un año.
Indicó que ayer los representantes del hotel mostraron una buena postura para que los prestadores de mobiliarios sigan instalados frente a la playa del hotel.
Lamentó que existan personas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que se benefician del desorden”, porque reiteró que los dos prestadores afectados tienen permisos federales y pagan impuesto desde hace más de 20 años.
El lunes pasado, el representante y los afectados se reunieron con el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, a quien solicitaron su intervención en el conflicto luego de la presencia de la Policía Ministerial que informó que había una investigación por una denuncia de despojo por parte del hotel Gran Plaza, Acapulco. (Jacob Morales Antonio).

 

Usuarios de autobuses de las empresas Estrella de Oro y Costa Line se sorprendieron del aumento en el costo de los boletos de entre 3 y 5 pesos.
El aumento tomó por sorpresa a los usuarios del servicio y es que desde hace unos meses, además del costo del pasaje, en el caso del trayecto que va de Acapulco a Chilpancingo, se cobraba un peso más por el seguro de viajero para cerrar en 100 pesos.
Desde el sábado incrementó el costo del pasaje y el trayecto de Acapulco a Chilpancingo, que era de 100 pesos ahora es de 103 pesos, lo que representa un alza de 3 por ciento.
En diciembre del año pasado, el costo del pasaje era de 97 pesos, lo que representa que en el año viajar de Acapulco a Chilpancingo aumentó 6 pesos. En las vacaciones de verano del año pasado, las empresas de transporte aumentaron el pasaje de 95 a 97 pesos, por lo que en un año subió 8 pesos costo del trayecto.
En el caso de la ruta que va de Acapulco a la Ciudad de México, el costo del boleto del autobús pasó de 520 pesos a 525 pesos. En enero el precio de dicho trayecto aumento de 490 a 520 pesos.

Es más frecuente de lo deseable el llamado “síndrome del ladrillo” que aqueja a quienes obtienen un éxito, una meta o un logro personal y pierden el sentido de la realidad, se marean y caen presa de la soberbia, pecado, defecto o enfermedad muy difícil de superar. Son excepción quienes en el gobierno logran rechazar el halago falso y menos son quienes mantienen viva la virtud de la humildad, esa que permite, ni más ni menos, mantener los pies en la tierra.
La mayoría de los gobernantes, acepten o no, buscan la aprobación, y si es posible, el aplauso de sus colaboradores y de sus gobernados. Desde ahí vamos mal porque quien gobierna a secas, como unos padres de familia que educan a sus hijos, tienen que asumir el riesgo de ser justos y eso no es siempre bien recibido y mucho menos aplaudido.
Guerrero, como el país completo, está urgido de gobernantes capaces de mantener los pies en la tierra y recuperar el gobierno que se debilitó tanto y que en muchas partes se ha perdido de plano, se acepte o no. Amplias zonas del territorio nacional, instituciones completas o parciales han caído en poder de grupos de presión, grupos delincuenciales o por los llamados poderes fácticos.
Mantener los pies en la tierra tiene implicaciones físicas, mentales y espirituales, practicar la mesura, la humildad, la prudencia y la sabiduría, esto último pedido a Dios por el propio Salomón, quien habiéndosele concedido, desperdició según afirman algunos documentos históricos.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, asegura tener los pies en la tierra, al referirse a las delimitaciones de los cargos municipales, estatales y federales. En Acapulco, el municipio más grande y la ventana más hermosa que tiene Guerrero para México y para el mundo, el gobernador Astudillo expresó: “Yo no tengo ningún problema con nadie porque soy el gobernador y entiendo mi papel, ya me tocó ser presidente municipal y cuando fui presidente municipal entendí cuál es el papel del presidente municipal y hoy entiendo cuál es el papel del gobernador”.
Prudencia y mesura, sin duda alguna, son cualidades que cualquier funcionario debiera cultivar. Es un riesgo echar las campanas a vuelo cuando la fragilidad de los resultados de gobierno, la debilidad institucional y el negro del arroz, la violencia creciente, echan a perder cualquier fiesta. Ya no es noticia la inseguridad en el territorio del estado, la cual se agrava y profundiza día con día. Planes y programas para enfrentar la criminalidad van y vienen, pero la situación empeora pese a todos los esfuerzos anunciados, las bandas tienen mejor armamento y más recursos que las corporaciones policiacas.
En el asalto perpetrado hace unos días contra un convoy con recursos del programa federal Prospera destinados a las familias en pobreza extrema, los que se entregarían en la localidad de Tecozapa, los cinco policías municipales de Ahuacuotzingo que lo custodiaban fueron acribillados sin que pudieran oponer resistencia, además de dos pagadores también muertos y una empleada bancaria más que resultó lesionada.
El convoy fue atacado por tres frentes, pero la incapacidad de los policías para reaccionar muestra también la escasa preparación ante la peligrosa responsabilidad que les es asignada. Seguramente tampoco cuentan con las armas adecuadas. Los elementos muertos en servicio ni siquiera estaban formalmente contratados por el ayuntamiento de Ahuacotzingo para el que trabajaban, no tenían seguro de vida, ni seguridad social. No es el primero de este tipo de atracos violentos en el estado.
Menos de dos meses antes, al empezar junio, en el municipio de Cualac, una emboscada similar dejó como saldo tres policías muertos, otros cuatro heridos, y el robo de tres millones de pesos en efectivo. En ambos casos los delincuentes además de robar las remesas se han apropiado de las armas de los agentes abatidos. La impotencia policiaca arranca desde las corporaciones municipales pero se advierte hasta en los operativos del más alto nivel.
El mismo día del asalto de Ahuacotzingo al que nos referimos, un operativo fallido aparentemente para capturar al líder del denominado Cártel del Sur, conocido como “El señor de la i” en el municipio de Chichihualco, derivó en un enfrentamiento armado que concluyó con la muerte de un policía federal y dos más heridos, sin lograr la aprehensión del capo buscado. La reacción de las redes de estas bandas llegó hasta Chilpancingo, donde se produjeron ataques a taxis que fueron incendiados o rafagueados, y derivaron en la suspensión del transporte público entre la capital estatal y la cabecera municipal de Chichihualco.
Un mes atrás, una operación organizada supuestamente en el mayor de los secretos para capturar a El Tequilero”¡, el capo que ha asolado San Miguel Totolapan, tuvo un final sangriento, cuando varias decenas de agentes federales fueron atacados por un grupo armado en La Gavia, la localidad en que hacían base este criminal y su banda, de lo que resultaron cuatro policías muertos y siete más lesionados.
El esquema se repite y nos muestra que los delincuentes tienen infiltradas y neutralizadas a la policía federal y a las estatales, y con mucha frecuencia las corporaciones municipales están en realidad a su servicio.
Mientras el crimen organizado incrementa su poder, el monto de los recursos que maneja y los territorios que controla, el Estado ha sido incapaz de profesionalizar las policías, limpiar sus estructuras e impedir su infiltración. El tema se complica cuando diversos grupos de autodefensa comunitaria son acusados de haber sido instrumentados o penetrados por los cárteles y servir a sus intereses.
Entretanto, la violencia crece sin control y la inseguridad se vuelve parte de la cotidianeidad en la vida de los guerrerenses, sin que se encuentre una fórmula para revertir o para aminorar el proceso. En la realidad, porque por planes oficiales no paramos.
Muy bien rehabilitar calles, inaugurar muchas obras pero la tarea es mucho mayor. Tiene que ver con salud, educación y bienestar, temas en que los guerrerenses aún están muy lejos. Reconocer lo que falta, mantener mesura y prudencia es, en efecto, tener los pies en la tierra.

La situación legal y política del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se volvió insostenible tras un video en el que Moisés Manzur le dio un tiro de gracia, aportando elementos para que lo acusaran de corrupción. Manzur fue persuadido de hablar por Juan José Rodríguez Janeiro, quienes junto con Duarte formaban un trío que con presuntos recursos públicos, habían construido un emporio particular. Rodríguez Janeiro, a su vez, fue convencido por el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes, que era mejor que hablaran y colaboraran. Yunes llegó a Rodríguez Janeiro por un amigo común, y vio a los dos en Vancouver. Con su colaboración se empezó a construir una cadena de informantes de Yunes, algunos que fueron incondicionales de Duarte, y que prefirieron traicionarlo para tratar de salvarse de la justicia.
Duarte está en la cárcel, casi solo y traicionado. Una traición estratégica, porque le disminuyó recursos importantes para su huida, se dio como consecuencia de la confesión de Manzur, con un escolta del ex gobernador, David Martínez, como protagonista. Martínez fue recomendado a Duarte por Arturo Bermúdez, ex secretario de Seguridad Pública y uno de los principales testigos de la PGR en el proceso contra el ex gobernador. Martínez, quien trabajó la planeación de las rutas de escape y la logística, había sembrado por instrucciones suyas paquetes de tres y cinco millones de pesos con personas leales a Duarte, para ser utilizadas en los momentos en que fueran necesarios.
Martínez utilizó a uno de sus ayudantes, Norberto García, quien entregaba el dinero a las personas seleccionadas. Cuando Manzur delató a Duarte y entró en acción el Plan B del ex gobernador, Martínez se comunicó con las personas a quienes les habían entregado los paquetes millonarios y les dijo que “su jefe” los necesitaba. No sospecharon trampa, según personas que supieron del Plan B, y le devolvieron el dinero que, sin embargo, nunca llegó. Desde ese momento nadie sabe nada de Martínez, quien escapó, estiman, con unos 100 millones de pesos.
Bermúdez, el jefe de todos ellos, no tardó mucho en darle la espalda a Duarte, quien presumía su confianza: “Él es quien cuida a mis hijos”. Bermúdez se hacía cargo de la logística familiar, que incluyó el escape por carretera, en vehículos separados –e intercambiados en la carretera de Veracruz a Coatzacoalcos- de Duarte y su esposa Karime Macías. El ex jefe policial le respondió hasta que lo atrapó la PGR, sin que se sepa qué tipo de presión ejerció contra él para que comenzara a hablar. Bermúdez tiene imputaciones de haber participado en crímenes.
Pero si en su caso se pudo haber ejercido algún tipo de coerción, hay otros ejemplos donde incondicionales de Duarte, le voltearon la espalda. Una persona muy importante es Adolfo Mota, quien fue secretario de Educación, y tenía una vieja relación con el senador Fernando Yunes, hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes, quien logró que Édgar Spinoso, oficial mayor de la Secretaría de Educación Veracruzana hasta 2014, aportara información sobre los presuntos desvíos de recursos de ese sector a Duarte, con lo cual se comenzaron a fincar las acusaciones penales en contra de él, y más relevante, dijo de cuáles cuentas salieron esos dineros.
Otra persona fundamental es Erick Lagos, quien antes de convertirse en diputado federal, fue secretario general de Gobierno. Lagos, según cercanos a Duarte, mantuvo comunicación permanente con el gobernador Yunes desde los tiempos de mayor enfrentamiento con su antecesor, y en la actualidad hace trabajo político para él en Xalapa y San Lázaro. Lagos le aportó la mecánica para desviar sin aparente rastro dinero público para sus empresas, y puso al descubierto los atajos y las formas empleadas para mantener el flujo de recursos públicos a sus bolsillos. Lagos, aunque criticado, no aparece por ningún lado en riesgo de ser procesado.
Es el caso también de Juan Manuel del Castillo, subsecretario de Administración y Finanzas, uno de los funcionarios de Duarte con mayor conocimiento de toda la red de plomería que se utilizaron en las operaciones de desvío de dinero, y era con quien hablada directamente Rodríguez Janeiro. Una persona más que decidió colaborar con Yunes, es Jorge Carvallo, ex secretario de Desarrollo Social, de donde salieron millones de pesos, presuntamente para convenios con medios, que nunca llegaron a la prensa.
El grupo de traidores del ex gobernador e informantes de Yunes lo cierra Vicente Benítez, quien fue destituido como Tesorero en 2012, cuando lo detuvo la Policía Federal en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos. Duarte lo sacó de la arena pública, pero no de sus operaciones. Cuando cesó a Spinoso como oficial mayor de la SEV, lo sustituyó con Benítez, quien se hacia cargo de pagar con dinero del erario, los gastos personales de Duarte, las cuentas de las tarjetas de crédito de su esposa, y pagar la nómina del gobernador en Casa Xalapa.
Duarte tenía en ellos a sus operadores financieros y a quienes, en las área de política y seguridad, le aportaban el blindaje que necesitaba para proteger los recursos sacados del erario. A todos ellos los benefició políticamente y desde Guatemala, donde estuvo preso en una prisión militar, les enviaba mensajes de texto por teléfono, generalmente en la madrugada, diciéndoles que aguantaran y que no hablaran. Si caía él caían todos, era la advertencia, según una persona que vio los mensajes, sin saber que ya era muy tarde. Su círculo interno lo había traicionado y estaba delatándolo con Yunes.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

Ante la devastación de cerros y sobreexplotación de minas de tezontle para abastecer de material al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México la Profepa se deslindó de actuar al argumentar que “no tiene atribuciones”.
En un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que hace un año clausuró sólo una mina en la que se presumió que hubo afectación forestal, medida que sí está dentro de su competencia.
Reforma publicó ayer que la demanda de tezontle y otros minerales para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ha provocado la proliferación de minas irregulares cercanas a la nueva terminal.
“La Profepa informa que no cuenta con atribuciones para realizar acciones de inspección en materia de extracción de materiales pétreos como lo son las minas de tezontle, ya que el tezontle que es extraído no es considerado como mineral o sustancia reservada a la federación”, indicó la dependencia.
Aclaró que cuando existe afectación de terrenos forestales para acceder a este material pétreo, los responsables deben contar autorización de la Semarnat.
Indicó que el 12 de febrero de 2016 inspeccionó una mina donde presuntamente se iba a extraer tezontle para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en un terreno de 18.75 hectáreas en la carretera Texcoco-Calpulalpan, en los municipios de Tepetlaoxtoc (Edomex) y Calpulalpan (Tlaxcala).
“Se constató remoción de vegetación forestal en 7.6 hectáreas, sin contar con la correspondiente autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, por lo que se impuso la clausura total temporal de las obras de extracción, así como el aseguramiento precautorio de la maquinaria”, detalló.
Actualmente, precisó, el área técnica y jurídica de la dependencia valora la investigación para la emisión de la resolución administrativa, las sanciones y multas correspondientes.
La sanción puede alcanzar una pena de 6 meses a 9 años de prisión.

Continúan incrementando los casos de enfermedades diarreicas, en comparación con el mismo periodo del año pasado el aumento es de un 30.68 por ciento en el estado, de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud (Ssa) federal.
Las autoridades de salud han recomendado el tener cuidado como el lavado de las manos antes de comer y después de ir al baño, así como tener precaución con los alimentos que se ingieren debido a las altas temperaturas que suelen descomponer los alimentos.
En lo que va del año en Guerrero se tienen registrados 81 mil 019 casos de infecciones intestinales, en el mismo periodo del año pasado se tenían 61 mil 997 casos. Lo que representa que hay un aumento del 30.68 por ciento en infecciones gastrointestinales. Hace dos semanas la diferencia entre los casos de este año y el año pasado fue del 23 por ciento.
De los casos registrados en el año, 45 mil 125 son mujeres y 35 mil 895 hombres; en la última semana hubo 3 mil 879 casos nuevos.
Otras cifras que presentan un aumento son los casos de fiebre paratifoidea de la cual se tiene 250 casos en el año, un aumento del 30.20 por ciento en comparación con el 2016 que se tuvieron en el mismo periodo 192 casos. Los casos de fiebre tifoidea son 788, un 4.6 por ciento más al año pasado que se tuvieron 753.
Por lo que las autoridades insisten en el cuidado de la higiene personal como el lavado constante de manos, evitar comer alimentos de dudosa calidad. (Mariana Labastida).

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Para celebrar el décimo aniversario del Programa Adopte un Talento (Pauta), se llevó a cabo el sábado en El Colegio Nacional el Segundo Encuentro Nacional de Niños y Jóvenes Investigadores.
Se presentó un total de 71 proyectos de investigación con impacto social, seleccionados de entre los 383 ejecutados por los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria de las cuatro sedes en las que el programa tiene presencia: Ciudad de México, Chiapas, Michoacán y Morelos.
Los proyectos se inscribieron en cinco categorías: Ciencias Exactas, Ciencias de los Materiales, Ciencias Sociales, Salud y Alimentación, y Ciencias Naturales y del Medio Ambiente.
“Pauta celebra 10 años de crear espacios para que ustedes puedan aprender y explorar la ciencia junto con otros niños y jóvenes que tienen la misma pasión”, destacó el investigador y miembro fundador de Pauta, Alejandro Frank, dirigiéndose a los más jóvenes del auditorio durante su discurso de inauguración.
“Desde su fundación, Pauta ha apoyado a más de 5 mil 600 niños y jóvenes de todas las edades escolares a que desarrollen sus aptitudes e inquietudes científicas”, destacó Frank.
El objetivo de Pauta es impulsar las habilidades científicas de niños y jóvenes con interés y talento para la ciencia, por medio de talleres en los que ellos deben resolver retos, experimentar, indagar y todo lo que comprende el método científico.
“El problema viene también de una inequidad social, de un reparto incorrecto de las posibilidades en este país”, destacó Julia Tagüeña, también directiva de Pauta.
En el acto se otorgaron premios y reconocimientos a los proyectos más destacados por edades y según su área de investigación, metodología, rigor científico y capacidad de divulgación.
Los ganadores recibieron una medalla Pauta un paquete de libros donados por la fundación SM y el Conacyt, el apoyo para participar en las ferias de ciencias estatales y nacionales para las que cumplan con los requisitos y una estancia en un centro de investigación de la UNAM patrocinada por la misma universidad.