Las fracciones del PRI y el PVEM, bloquearon con su voto un exhorto al gobierno federal y estatal para que se realicen estudios del impacto ambiental a las empresas mineras extractoras en el estado, y en caso de que o cumplan con los estándares de calidad se les apliquen sanciones.
En otro momento de la sesión el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso local, Silvano Blanco de Aquino, de Movimiento Ciudadano, mostró copia del amparo indirecto de la empresa minera Media Luna para con la que pretende evadir el pago del 7.5 por ciento de lo que anualmente reporta como ganancias.
De ese porcentaje, el 60 por ciento se entrega a los municipios donde hay minas, el 20 por ciento a la federación y el resto al gobierno del estado.
Ayer en la primera de las dos sesiones del Congreso local, el diputado perredista, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca, Isidro Duarte Cabrera, presentó una propuesta de exhorto al presidente de la República Enrique Peña Nieto, para que “instruya al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ejerza la facultad que le concede la fracción 14, de la Ley General de Equilibrio Ecológico, en correlación con la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007, y realice un estudio de impacto ambiental en las concesiones mineras que se encuentran operando en   el estado”.
Esto, para identificar a aquellas que no cumplan con la normatividad ambiental y “se apliquen las sanciones correspondientes; asimismo, se busquen mecanismos para que a través de la riqueza obtenida por la explotación se realicen acciones de mitigación de impacto ambiental en las localidades aledañas donde se ubiquen las explotaciones mineras”.
En su segundo punto, la propuesta del perredista establecía un exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que instruya a la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recurso Naturales, Karen Castrejón Trujillo, para que en coordinación con la dependencia federal realicen el estudio específico de impacto ambiental de cada una de las concesiones mineras que operan “y se establezcan los mecanismos de sanción, regulación y prevención debido a la explotación minera y de recuperación del medio ambiente en las localidades aledaña”.
Sin embargo la propuesta fue votada en contra por las fracciones del PRI y el PVEM, por lo que no alcanzó la votación para ser aprobada y fue turnada a comisiones.
La argumentación del diputado promotor fue que se pretendía hacer público el deterioro del medio ambiente en Guerrero provocado por la explotación minera, además de que planteó la “búsqueda de mecanismos compensatorios” para que a través de la riqueza obtenida por las empresas se realicen acciones de mitigación de impacto ambiental.
En tribuna Isidro Duarte apuntó que el 21.22 por ciento del territorio guerrerense se encuentra expuesto al deterioro ambiental, por las 28 concesiones otorgadas a diferentes empresas mineras, porque causa un fuerte impacto ambiental, “debido a la destrucción de los suelos naturales y creación de nuevos suelos, los cuales presentan fuertes limitaciones físicas, químicas y biológicas que dificultan el desarrollo de la vegetación. Eso sin contar la contaminación que producen los relaves sobre las fuentes de agua y los altos niveles de plomo y azufre que se quedan en el aire”.
En la sesión, el diputado Silvano Blanco de Aquino afirmó que las empresas mineras no cumplen con el pago al Fondo Minero que el último día de marzo las empresas deben de reportar cuanto ganaron para entregar el 7.5 por ciento de esos recursos.
De ellos, el 62.5 por ciento de los impuestos llega a los municipios, pero apuntó la empresa minera Media Luna decidió ampararse para no cumplir la ley Federal de Derechos.
El también presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso local, Silvano Blanco reprochó el doble discurso de la minera Media Luna porque “se asume como humanista y comprometida con el desarrollo de los pueblos en que opera, pero en los hechos recurre a los tribunales para evitar el pago del impuesto minero de reciente creación”.
En tribuna, el diputado de MC mostró la copia del amparo indirecto que promovió  la minera en junio pasado en contra de la ley Federal de Derechos, con lo que pretende dejar de pagar el impuesto especial, que es del 7.5 porciento.
También recordó que las empresas mineras no pagan predial ni el derecho de alumbrado público y que lo único que amortizan “en teoría es el 2 por ciento de la nómina”.
Pero en el caso de Media Luna, dijo que no paga el 2 porciento sobre la nómina, ya que “en aras de mantener la inversión, el gobierno de Guerrero les exentó dicho pago”.
Por su parte la diputada del PVEM María Luisa Vargas Mejía, afirmó que las empresas mineras con concesiones en el estado, cumplen todas con los pagos que la ley establece y festejó que generen empleos en el estado, además de que apuntó que estas no contaminan y que por eso tienen los permisos que necesitan para extraer minerales del estado.

Ley de ascensos y estímulos a policías, mal redactada: PRD

Ayer los diputados también aprobaron la iniciativa del gobernador Héctor Astudillo Flores de Ley de Ascensos, Estímulos y Reconocimientos de la Policía del Estado de Guerrero.
Las Comisiones unidas de Seguridad Pública y Desarrollo Económico y Trabajo, presentaron el dictamen al pleno.
La diputada perredista María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, argumentó en tribuna su decisión de abstenerse de votar el dictamen, porque consideró que este debe “ser cuidadosamente elaborado”, para que dé certeza, seguridad y confianza a los policías estatales.
Pero dijo que “desafortunadamente”, el proyecto de ley que presentaron las comisiones unidas “no ofrece esa certeza jurídica”, porque consideró que se tendría que realizar una reforma integral.
En ese sentido apuntó que debieron impulsar por lo menos las reformas a la ley Orgánica de la Fiscalía General, la Orgánica del Poder Judicial, la aplicable orgánicamente al Instituto de la Defensoría Pública del Estado y la propia Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, lo que hizo el Congreso fue “legislar por partes”, y ese dijo, es “un ejercicio desafortunado de remiendo irresponsable”.
Consideró que en la realización del dictamen de la propuesta de ley, no se aplicó la técnica legislativa y que esta tiene “innumerables las deficiencias”.
Y ejemplificó: “el artículo uno, establece que: la aplicación de la Ley corresponderá, al Presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a propuesta del Vicepresidente de dicho Consejo. Dicho de otra manera, queda al arbitrio del Vicepresidente proponer o no la aplicación de la Ley”.
Además de que en la ley se apunta que “se entiende por Policía Estatal a todas las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública”, en lo que se incluye desde el secretario hasta los trabajadores de oficinas, dijo la diputada perredista, y alude a leyes inexistentes, como la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
María del Carmen Cabrera apuntó que como consecuencia de la mala integración de la ley, se generarán conflictos laborales porque se establecerán sin criterio “las edades de retiro que corresponden a cada uno de los grados en la jerarquía del cuerpo policial”.
Por su parte, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez votó en contra la iniciativa de ley porque consideró que es violatoria de los derechos humanos los policías del estado porque a quien tenga 45 años “se le discrimina por su edad” y limita sus derechos.
Y consideró al ser la inseguridad y la violencia “el más grave flagelo de la sociedad guerrerense, esta ley debió ser consultada con las y los policías, con los mandos de seguridad pública, la Fiscalía General e incluso el Poder Judicial del Estado, para detectar las deficiencias que en muchos casos son exhibidas hasta el proceso judicial, lo que en el caso concreto no ocurrió y por eso al considerarla una norma que viola derechos humanos de estos servidores públicos, que en muchos casos están comprometidos hasta con la vida”.

Caso Robles Hurtado, patria potestad, liberación de aceras

Por otra parte el presidente de la Comisión de Justicia Héctor Vicario Castrejón leyó la argumentación del dictamen por el que se aprueba la renuncia al cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, presentada por Robespierre Robles Hurtado.
Tras la aprobación, quedó sin efectos el decreto por el que se le nombró presidente.
La fracción de MC presentó una iniciativa para reformar la fracción cuarta y se adiciona la quinta al artículo 622,  del Código Civil del estado, en el que se establecen las causales para la pérdida de la patria potestad.
Para establecer que en los casos en que se dicte sentencia por el delito de violencia familiar, trata de personas, pederastia, lesiones que pongan en peligro la vida del menor o delitos contra la libertad sexual por parte de quien ejerza la patria potestad o por la tolerancia para que otras personas lo hagan.
También se perderá la patria potestad de los niños por la falta de suministrar alimentos en forma definitiva a pesar de ser decretados de manera judicial, sin embargo esto “no exime al deudor alimentario de proporcionarlos con posterioridad a la pérdida”.
La diputada perredista Eloísa Hernández Valle, propuso un exhorto que fue aprobado, por el cual le piden al gobernador que a través del secretario general de Gobierno Florencio Salazar Adame, instruya al titular de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en Estado, “para que dé cumplimiento a lo dispuesto por la ley de Transporte y Vialidad en estado y su respectivo reglamento, a efecto de liberar las aceras y los espacios de vía pública que permitan a los peatones, personas con algún tipo de discapacidad motriz y de la tercera edad, poder circular sin poner en riesgo su vida”.
Por su parte el diputado del PVEM Mauricio Legarreta Martínez, presentó una propuesta para instituir el programa Palomas Mensajeras “en beneficio de la población migrante y sus familias”.
También el coordinador de la bancada del PVEM presentó una iniciativa para que labor de salvavidas y socorristas se incluyan a la ley de Protección Civil del Estado.
En la que se establece que a los salvavidas y socorristas se les debe de capacitar y dar instrumentos necesarios y que los ayuntamientos turísticos puedan otorgar la capacitación y equipo.

 

El gobierno del estado cuenta con un diagnóstico de las autodefensas y policías ciudadanas o comunitarias que actúan al margen de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y se propone recuperar la seguridad en las zonas donde actúan, con la participación de los tres órdenes de gobierno, dijo este martes el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
No obstante, evadió precisar cuántos grupos existen como tales pues es un número “dinámico” y aclaró que en este diagnóstico no está considerado la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, que recientemente se creó en Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo, debido a que las autoridades estatales todavía no han dialogado con ellos.
También dijo en este caso particular que  desconoce si está vinculado con algún grupo de la delincuencia organizada.
Explicó que el caso no ha sido analizado, incluso, por el Grupo de Coordinación Guerrero, “por eso no te pudiera yo decir alguna posición en particular sobre ese grupo”, declaró vía telefónica.
Sin embargo informó que este caso, como otros, “son muy delicados porque finalmente son grupos que se organizan en las comunidades cuando sienten que no existe una presencia permanente de los cuerpos de policías, lo que los lleva a organizar sus propios grupos de autodefensa”.
Pero advirtió que eso implica suplantar una obligación del Es-tado que es garantizar la seguridad a los ciudadanos.
Informó que al respecto se ha convenido en el Grupo de Coordinación Guerrero que es necesario fortalecer a las policías municipales para que tengan presencia en aquellas zonas donde son muy limitadas, insuficientes o incluso inexistentes.
Y reconoció que esto representa “el principal incentivo de las comunidades para formar sus propios grupos de autodefensa”.
Destacó que es en estos espacios en donde estos grupos son infiltrados o instrumento de grupos delictivos.
Cuando se conformó la Guardia en Vallecitos, uno de los promotores, Artemio Sánchez, informó que habían dialogado con mandos del Ejército y de la Marina, pero no con el gobierno del estado porque no asistieron representantes. Además dijo que antes de conformarse estuvieron pidiendo el apoyo de los gobiernos federal y estatal para someter a una gavilla que ha venido cometiendo asaltos, robos, abigeato y extorsiones, sobre todo a comerciantes y ganaderos, pero que no tuvieron respuesta.
Al respecto Álvarez Heredia reconoció que en esa zona hay grupos delictivos que actúan contra la población, pero que las autoridades estatales no han entablado diálogo con esta nueva autodefensa, como sí lo ha hecho con otros grupos, para conminarlos a que no se aparten de la ley, “por ejemplo no hacer detenciones y crear sus propios sistemas de justicia, negándoles a las personas privadas de su libertad el derecho a un debido proceso”, explicó.
“Ha habido diálogo permanente con otros grupos de autodefensa por parte de la Policía Estatal junto con otras corporaciones para pedirles, exhortarles y conminarles a que no se aparten de lo que establece la ley y que no porten armas que estén prohibidas por la ley”, insistió.
También reconoció que el Grupo de Coordinación Guerrero no ha realizado un análisis de esta Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero) para determinar si está vinculado o responde a intereses del crimen organizado: “no ha sido tema todavía pero seguramente se va a analizar, pero no tengo yo conocimiento de que ya haya sido analizado en las sesiones en las que yo he estado presente”, informó.

Hay disposición al diálogo

–¿No hay planes de diálogo con ellos?
–Siempre ha habido una disposición al diálogo frente a los grupos de autodefensa para que no se aparten de lo que establece la ley, y, obviamente, conminarlos a que no utilicen armas que estén prohibidas expresamente por la Ley Federal de Armas y Explosivos.
–Hay un diagnóstico en el gobierno del estado para saber cuántos grupos de autodefensas o grupos que se hacen llamar policías ciudadanas o comunitarias que están fuera de la Ley 701?
–Sí, existe un diagnóstico. Hay un diagnóstico y la responsabilidad sobre el trato de estos grupos tanto de autodefensa como expresiones como la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), FUSDEG (Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero), o bien la que sí está amparada por la Ley 701 que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Siempre ha habido diálogos permanentes con estos grupos, siempre con el mismo ánimo, de que no se aparten de la ley.
–¿Cuantos grupos tenemos que están fuera de la protección de la Ley 701?
–Son distintas expresiones que están actuando fuera de esta Ley. En estos momentos hay un trabajo de revisión y de adaptación para implementar las iniciativas en ese sentido, precisamente para actualizar esta ley y encuadrarla a lo que establece la Ley federal y la Constitución.
“Pero el diagnóstico que señala el número específico de grupos y expresiones de autodefensa es un tema que está siendo abordado y analizado bajo la responsabilidad de la secretaría de Gobierno”.
Explicó, sin embargo, que el diagnóstico es dinámico, “porque de repente hay alguna comunidad que se presenta como autodefensa, como en el caso de Vallecitos de Zaragoza”, admitió.
–¿Pero si ya existe este diagnóstico cuantos grupos hay?
–No tengo en mis manos ese documento.
Pero advirtió que “ya hay una posición muy clara” del gobernador Héctor Astudillo Flores con respecto a estos grupos que no están amparados por la Ley 701.
“El gobernador asume una posición tajante con respecto a estos grupos de autodefensa”, dijo en referencia a la declaración que hizo el lunes Astudillo en el sentido de que la policía de la UPOEG, está fuera de la ley porque usa armamento del Ejército y actúa fuera del territorio indígena.
“El propósito es recuperar la rectoría de la seguridad en aquellos lugares en donde están presentes las expresiones de autodefensa como lo son la UPOEG o el FUSDEG, es un mandato constitucional, que el Estado mexicano debe tener la rectoría en seguridad y bajo la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno”, sentenció.

 

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el priista Héctor Vicario Castrejón, advirtió que en la reforma para homologar la Ley 701 no dejarán “resquicios para que grupos delincuenciales” se aprovechen de la legislación.
Adelantó que solamente se reconocerá la existencia de la Policía Comunitaria de la Coor-dinadora Regional de Autori-dades Comunitarias (CRAC) y reiteró que mientras no se apruebe la nueva ley de derechos indígenas, la actual seguirá vigente.
Dijo que la ley que dictaminarán con la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, será de “avanzada”, cumplirá con los reclamos de los pueblos originarios y dará “mayor certeza a los derechos indígenas”.
Pero adelantó que será una ley en la que “de ninguna manera se dejará un resquicio para que grupos delincuenciales que nada tienen que ver con el tema indígena, se aprovechen de la misma”.
A pregunta de si esa ley incluirá el desarme de grupos de autodefensa, respondió que “nadie tiene derecho a armarse y hacer justicia por su propia mano”.
Y apuntó que sólo las comunidades indígenas podrán estar amparadas por la ley y que “el antecedente más firme que se pudiera tener es la CRAC con sus sistemas”.
Vicario dijo que la limitante que tendrán será la asignación de recursos. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

 

El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó que en la reunión de gabinete estatal realizada la mañana de ayer en Casa Guerrero, la cual fue encabezada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, se analizaron las reformas aplicadas a la ley estatal para instaurar el Sistema Estatal Anticorrupción.
Este martes a las 9 de la mañana, en Casa Guerrero en la Sala de Gabinete, se celebró de manera privada el encuentro entre el gobernador y sus secretarios.
Consultado vía telefónica, Álvarez Heredia detalló hasta antes de las 11 la reunión se realizó a puerta cerrada y participó el gabinete en pleno.
Declaró que se habló de las reformas aplicadas a las leyes para instaurar en el estado el Sistema estatal anticorrupción, y adelantó que la instrucción del gobernador es que la próxima semana inicie un ciclo de conferencias y capacitaciones al personal para que todas las instituciones conozcan a fondo cada uno de los instrumentos legales para poder instaurar en el estado este sistema.
Detalló que el tema que llevó más tiempo fue la revisión de cada una de las reformas que se hicieron en las distintas leyes estatales para el sistema anticorrupción.
A pregunta expresa dio a conocer que en relación al paso de la tormenta tropical Hilary, el gobernador le pidió al secretario de Protección Civil, Marco César Mayares Salvador, que le informara de cómo se vienen presentando los fenómenos climatológicos y de cómo se atendieron las contingencias por los daños ocasionados en el estado por el paso de este fenómeno.
Agregó que por instrucción del gobernador, se le pidió a Mayares que dispusiera del helicóptero oficial para que de inmediato se hiciera un recorrido en las zonas donde se presentaron daños.
Si entrar en detalles, informó que también se abordaron otros temas como las próximas giras de trabajo del mandatario y la agenda de la semana. También se realizó un estudio de “consumo interno” de las actividades del gobierno.

El alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena, pidió al vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, que antes de dar alguna opinión se informe para evitar especulaciones que confunda a la población.
La petición del alcalde priista fue en respuesta a una publicación en la cuenta personal de Facebook del vocero en materia de Seguridad, en la que Álvarez Heredia opinó que, “hay dos grandes ausentes: no hay una policía preventiva municipal confiable, decidida y presente que esté sumada. En las calles es más fácil observar a la Policía Federal y Estatal, así como al Ejército y nunca ves a los municipales”.
En conferencia de prensa la mañana de este martes, en la sala de Cabildos del Palacio Municipal, Leyva Mena comenzó pidiendo respeto a la corporación policiaca de su municipio que, aseguró, cuenta con el 100 por ciento de la certificación establecida por el gobierno federal.
“En cuanto señala que hay una policía municipal ausente y no confiable, quiero decirle, con todo respeto, el hecho de la palabra no confiable tiene que ver con la certificación de nuestras policías municipales y le quiero recordar, señor vocero, que Chilpancingo tiene el 100 porciento de su policía certificada por el gobierno federal”, agregó.
Detalló que promueve la confiabilidad de la policía contar con la certificación, mientras que del ausentismo, justificó que se debe a que sólo hay 110 policías municipales disponibles para todo el territorio que integran las comunidades y la ciudad.
“Con los 110 elementos hemos estado haciendo operativos con el Ejército, con la Policía del Estado y la Policía Federal que no es un asunto fácil”, agregó.
Insistió que siempre ha solicitado al gobierno del estado a que establezca los requerimientos que hacen falta para cumplir con la seguridad y se cuente con un grado de certificación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
“Es decir, si un municipio tiene su policía certificada, a sus patrullas haciendo rondines, si el cuerpo de policía tiene las prestaciones necesarias y el sueldo necesario, si tienen chalecos antibalas y armas, creo que todas esas características deben de llegar a confluir en una calificación por municipio”, agregó.
Indicó que si se contara con este mecanismo público, que exhibiera esta calificación le ayudaría a los municipios.
“Yo invito al señor vocero a que platique antes de dar sus comentarios, porque no se sabe si son a título personal o de vocero, y si son como vocero, tiene que tener toda una información adecuada para poder dar su opinión”, enfatizó.
Insistió en que Roberto Álvarez Heredia no puede dividirse entre la función de la vocería y con los comentarios personales, ya que el cargo que se le dio es para que lo cumpla durante 24 horas.
“Yo lo invito a que se informe con nosotros y le doy la información para que pueda hacer sus comentarios más certeros”, agregó.

El problema con las policías comunitarias es cuando quieren controlar territorios, dice

El alcalde Marco Antonio Leyva Mena subrayó que se debe de reconocer que las policías comunitarias, en primer momento, bajaron el índice delictivo en sus comunidades, el problema se viene cuando quieren controlar espacios o territorios donde no acepten la presencia de la autoridad.
A pregunta expresa sobre la determinación de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), de no desarmarse, señaló que en gran parte de los municipios se ha recurrido a la presencia de las policías comunitarias para tener mayor seguridad.
“Mi forma de ver, es que si no está reglamentada es una salida fácil, y es una salida que nos puede llevar a la permanente violación de derechos humanos a la utilización de la fuerza para resolver los conflictos, y obviamente la generación de ínsulas de impunidad en contradicción directa con las instituciones establecidas por el Estado mexicano”, agregó.
Aseguró que en el caso específico de Chilpancingo, las policías han sido coadyuvantes para dar seguridad y tranquilidad, pero se debe dar un debate para encontrar el punto medio en el que se resuelva.
Señaló que él esta convencido que el esquema de las policías comunitarias, se llegase a generar a través de la participación de una comunidad donde elijan a sus policías es importante.

Los 33 diputados asistentes a la sesión de ayer del Congreso local aprobaron el acuerdo por el que se instituye el 20 de agosto de cada año, como “aniversario luctuoso” del perredista Armando Chavarría Barrera, asesinado en 2009 cuando era presidente de la Comisión de Gobierno de la 59 legislatura, y solicitaron al secretario General de Gobierno Florencio Salazar Adame, que se incluya en el calendario oficial del gobierno del estado.
Los promotores fueron los integrantes de la Junta de Coordinación Política Flor Añorve Ocampo, del PRI; Erika Alcaraz Sosa, del PRD; Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, del PVEM; Ricardo Mejía Berdeja, de MC, Fredy García Guevara, independiente, María de Jesús Cisneros Martínez, de Morena, e Iván Pachuca Domínguez, del PAN.
La propuesta de acuerdo parlamentario fue presentado como un asunto de urgente y obvia resolución. En la argumentación, el diputado Fredy García Guevara recordó que la mañana del 20 de agosto del 2009, al salir de su casa, Armando Chavarría fue asesinado dentro de su vehículo.
Y agregó que el hecho fue condenado y calificado como infame, siniestro, desconcertante, lamentable, condenable y perverso.
Se informó al pleno que desde el 10 de julio pasado, la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obezo Cázares, solicitó al Congreso local que se emitiera una declaratoria para que de manera definitiva el día 20 de agosto de cada año se declare como Día de duelo para que se conmemore en todo el estado.
La misma solicitud la realizó a las dos legislaturas pasadas y a los ex gobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, pero ninguno la aceptó.
En tribuna, el diputado de MC Silvano Blanco de Aquino, dijo que el homicidio del perredista difícilmente se va a aclarar, a pesar de los anuncios del fiscal Javier Olea Peláez, quien en su comparecencia hace un mes en el Congreso se comprometió a entregar resultados en dos o tres semanas.
“Armando iba a ser gobernador, iba a transformar de fondo al estado y bueno la elite del poder decidió asesinarlo”, dijo Silvano Blanco.
Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que los asesinos de Armando Chavarría “quisieron dejar el antecedente de que cualquier persona es vulnerable y puede ser asesinado y no va a pasar absolutamente nada”.
Señaló que al instituirse el 20 de agosto, será el recordatorio permanente de un crimen político.
Apuntó que si Javier Olea no da resultados quedará como un fiscal que “procura impunidad”, pero que “nosotros –los diputados– sí podemos empezar a combatir la impunidad poniendo la fecha en el calendario del estado”.
Y festejó la insistencia de la viuda para que se instituyera el día del asesinato de su esposo, porque “no ha caído en la seducción del poder”.

La negociación

Se supo que ya existía un acuerdo entre la viuda de Armando Chavarría Barrera y el gobernador Héctor Astudillo Flores, en el sentido de que el Congreso local aprobaría instituir el 20 de agosto como el aniversario luctuoso del ex presidente del poder Legislativo, y que el fiscal no presentaría las supuestas conclusiones de su investigación en el caso, porque mantenía la tesis de que fue un grupo guerrillero el que planeó y ejecutó el asesinato.
La viuda y el ahora diputado federal por el PRD, David Jiménez Rumbo, han demandado que se investigue al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo como el presunto autor intelectual del crimen. Sin embargo, ayer las fracciones del PRI y el PRD negociaron puntos del orden del día a cambio de aprobar la propuesta de instituir el aniversario luctuoso de Armando Chavarría en el calendario del estado.
Fuentes de ambas fracciones comentaron que el PRI pidió al PRD que retirara del orden del día dos de sus propuestas. La primera fue un punto de acuerdo de la fracción perredista por el que el Congreso “requiere al fiscal general del estado que presente por escrito un informe de avances y resultados relacionados con la investigación realizada por el homicidio” de Armando Chavarría.
El PRD también retiró la participación de la diputada Erika Alcaraz Sosa, en el que hablaría de su solicitud que está en comisiones, que se refiere a la comparecencia ante diputados del secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y del alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena.
También Erika Alcaraz pidió a la Mesa Directiva que retirara su propuesta de punto de acuerdo por el que pide por segunda ocasión al fiscal general del estado, presente al poder Legislativo para su “visto bueno” los nombramientos de los fiscales especializados en delitos electorales, combate a la corrupción y en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas.
En la negociación entre las fracciones, el PRD solo consiguió que el diputado priista Samuel Reséndiz Peñaloza, quien es presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, retirara también del orden del día un punto de acuerdo por el que el poder Legislativo instruía una auditoría al ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), “para que detecte y en su caso denuncie ante la Fiscalía” posibles actos de corrupción.

 

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez Perulero, dijo que el magisterio estatal y nacional está en una etapa de reorganización y podría no comenzar el próximo ciclo escolar para exigir con un paro de labores la reinstalación de unos 500 maestros que fueron cesados en Veracruz y Nuevo León por no participar en la evaluación del Servicio Profesional Docente.
El lunes, el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, y el gobernador Héctor Astudillo Flores, celebraron que este año no se usó la fuerza pública para vigilar la aplicación de la evaluación docente ni contener protestas.
González de la Vega Otero dijo que se ha cumplido con la entrega de claves para la promoción al personal docente sobresaliente y por esa razón, se superaron las expectativas de la jornada en el estado.
Al respecto, en declaraciones telefónicas, Ramírez Perulero dijo que la CETEG no tuvo necesidad de manifestarse durante la aplicación de evaluación este mes, debido a que ésta fue “voluntaria”, sin embargo, de manera extraoficial, el magisterio disidente conoce que las autoridades pretenden aplicar una evaluación de permanencia en noviembre próximo y para ello preparan una etapa de notificaciones que se darán mediante un sorteo, por lo que le preocupa que los maestros sean presionados para participar en el proceso.
“A lo mejor (por eso) es su alegría, porque se está preparando una etapa de notificaciones para noviembre y si se trata de compañeros con base y derechos adquiridos, si los compañeros son amenazados, estamos con toda la postura de defenderlos”, expresó.
Dijo que si las autoridades presionan a los maestros para que se evalúen y los amenazan con cesarlos, habrá un movimiento estatal y nacional, para protestar por estas prácticas que atentan en contra de sus derechos laborales.
Se le preguntó si la división de la CETEG afectó al movimiento magisterial y tuvo efecto en la disminución de protestas en este ciclo escolar, a lo que contestó que la organización “no está dividida”, pero sí en una etapa de reorganización, en la que se preparan manifestaciones para los siguientes meses.
Resaltó que hubo quienes pretendieron dividir a la CETEG, pero el Comité Ejecutivo Seccional Democrático que representa ya fue reconocido por grupos que se apartaron durante el cambio de la dirigencia.
A pregunta de si hay un acuerdo con las autoridades para que no haya manifestaciones en contra de la reforma educativa y la evaluación docente, dijo que “nuestra primera postura es el diálogo, si se agota tenemos que actuar y lo hemos hecho, pero en sí más bien hay un reflujo nacional y estatal del movimiento a partir de que la evaluación se determinó voluntaria, por ello hubo tranquilidad, pero de ninguna manera hay acuerdos con las autoridades para que no haya manifestaciones, si no se nos da la atención debida, saldremos a protestar, nuestros derechos, pues no son negociables”.
Dijo que la CETEG y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se preparan por lo que se prevé que pudiera pasar en los próximos meses, incluso hay una propuesta de no iniciar el ciclo escolar 2017-2018, ya que aún no se reinstala a unos 500 maestros que fueron cesados por no evaluarse en años anteriores.
Precisó que los maestros que fueron cesados son de estados en los que la CNTE no tiene presencia firme, como en Veracruz y Nuevo León, contrario a lo que ocurrió en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde el magisterio disidente se opuso a la evaluación y no se despidió a ningún docente.
Por otra parte, expuso que hay otras demandas del magisterio disidente nacional que no se han cumplido, como la reinstalación de la mesa de negociación que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, se comprometió a retomar, por lo que también se definirán acciones para exigir que se abra el diálogo.
Dijo que estas acciones se definirán en la próxima Asamblea Nacional Representantiva (ANR) de la CNTE, para la que aún no hay fecha, pero que podría llevarse a cabo los primeros días de agosto próximo. Por último, dijo que el magisterio disidente podría irse a una huelga nacional, si las autoridades no resuelven sus demandas.

 

La calificadora Fitch and Raitings ratificó la “perspectiva negativa” de la administración de Acapulco en su manejo financiero, en un reporte especial sobre los factores clave de calificación de los municipios.
En febrero, la calificadora Fitch and Ratings informó que el municipio de Acapulco tenía una percepción crediticia negativa debido a la falta de control en el gasto corriente, el incremento del 20.7 por ciento en la nómina, la debilidad financiera y operativa de la CAPAMA y el adeudo con el ISSSPEG.
El pasado viernes, la calificadora publicó un reporte especial sobre un análisis de cuatro de los factores clave para determinar la calidad crediticia de los municipios.
En el listado de los 107 municipios evaluados, Acapulco mantiene su calificación BBB (mex) con perspectiva negativa por su manejo de deuda y el desempeño presupuestal.
En el análisis del indicador de Deuda y otros pasivos de largo plazo, la agencia evaluó su sostenibilidad, las necesidades de inversión y los requerimientos de deuda, la planeación de capital de largo plazo, las características de la deuda y el uso de coberturas financieras.
Asimismo, analiza la deuda indirecta de las entidades del sector público (ESP), la liquidez disponible, los requerimientos de deuda de corto plazo y los pasivos contingentes, tales como los pensionales y lo que encontró es que la administración municipal tiene un “estatus estable” pero con “tendencia negativa”.
En el análisis de Economía, se evalúa la amplitud, diversidad y estabilidad de la base económica y de las industrias o empleadores, la concentración de los contribuyentes de un gobierno local y regional y la base tributaria, el crecimiento poblacional, los indicadores de riqueza, la infraestructura y el ambiente de negocios en una entidad, Fitch Ratings consideró que Acapulco tiene un “estatus neutral” y una “tendencia estable”.
En el factor de Desempeño presupuestal, la calificadora “examina la volatilidad, diversificación, dinamismo y predictibilidad de las fuentes de ingresos. Además,
analiza las tendencias en el gasto, la flexibilidad del emisor para ajustar sus gastos tanto durante el proceso anual de elaboración del presupuesto como durante el transcurso del año fiscal, y la estabilidad prevista en cada uno de los grandes rubros presupuestarios.
Además, evalúa la generación de AI (márgenes operativos), el fondeo de la inversión y los niveles de reserva”, la conclusión de la calificadora es que la administración de Acapulco tiene un “estatus débil” con “tendencia negativa”.
En la revisión de Gestión y Administración mediante el cual se califica la institucionalización de las políticas, el proceso de toma de decisiones, la cooperación dentro de una administración pública y con los diferentes poderes y niveles de gobierno, las políticas financieras y de manejo de la deuda, el proceso presupuestario, la transparencia, la rendición de cuentas y el entorno político, el resultado que presenta la calificadora es que el municipio tiene un “estatus débil” y una “tendencia estable” (Daniel Velázquez).

Dirigentes que simpatizan con la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador informaron que independientemente de las decisiones de las cúpulas de los partidos de izquierda sobre si presentan un candidato de unidad, van a construir una estructura en los nueve distritos electorales federales en Guerrero para respaldar las aspiraciones del dirigente de Morena, pues éste debe obtener un “triunfo contundente” ante la elección de Estado que se avecina.
En conferencia de prensa, el también conocido como movimiento Pro-AMLO que reúne a ex presidentes estatales del PRD, aclaró que promoverán la unidad desde la base en los nueve distritos electorales federales que hay en la entidad, y el resultado se reflejará el 1 de julio de próximo año, en las urnas.
En la conferencia donde estuvieron los ex dirigentes del PRD, Saúl López Sollano, Mauro García Medina y Misael Medrano Baza, así como el ex priista Carlos Sánchez Barrios, el ex diputado de lo que fue el partido Convergencia, Félix Bautista Matías, además de Apolinar Segueda, Marcos Antonio Miranda y el universitario Andrés Nájera, el dirigente de la Unión de Organizaciones Regionales Campesinas en Guerrero (UNORCA), Marco Antonio Miranda, dio lectura al llamado “para integrar comités distritales para defender el voto casilla por casilla, y coordinarse con los candidatos populares en todos los niveles que garanticen el triunfo contundente de López Obrador”.
Advirtieron que se van a enfrentar a una elección de Estado, “fiel reflejo de las prácticas autoritarias que se han repetido en la historia de las elecciones”, y deben superar los llamados a la abstención y la dispersión de las opciones democráticas, en alusión al Congreso Nacional Indígena que ya nombró a una representante que buscará ser candidata a la presidencia.
Medrano subrayó que independientemente de la decisión de la dirigencia nacional del PRD, que rechaza la alianza con Morena, ese movimiento va a promover la unidad de las organizaciones más diversas.
“Creemos que lo más importante es unificarnos aquí, abajo, si arriba hay diferencias, por eso estamos promoviendo iniciativas por la unidad de base con esquemas flexibles, respetamos a Morena, PT, MC, somos un movimiento sin siglas, pero evidentemente con AMLO”.
Confió en que al final la unidad se va a dar porque la están construyendo en el territorio, dándole forma en los distritos, para que tenga eficacia el 1 de julio de 2018.
Confirmó que no comparte la decisión de la dirigencia perredista, “que nada tiene que ver con los postulado de origen, la trayectoria ni con lo que el pueblo esperaba del PRD”.
Sobre las distintas organizaciones que respaldan esa propuesta, Bautista Matías señaló al Frente Progresista Guerrerense que encabeza Eloy Cisneros Guillén, y el Movimiento Ciudadano de Acapulco, del ex alcalde Alberto López Rosas.
El dirigente de la Unión de Transportistas Democráticos, Apolinar Segueda Dorantes, aclaró que en este frente puede haber personas que aspiren a cargos de elección popular, y será un tema que deberán dirimir en los partidos, no en ese movimiento.
En la convocatoria, lanzaron un llamado amplio a realizar asambleas en todos los municipios para construir este movimiento por un cambio de gobierno, donde se defina y se acuerde un programa mínimo que unifique el movimiento de izquierda.

 

El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Javier Chona Gutiérrez, admitió que hay retraso en la entrega de los informes financieros de la paramunicipal al Congreso local. Justificó que están en elaboración y ofreció entregarlos el próximo miércoles. El alcalde Evodio Velázquez Aguirre no quiso hablar del tema.
El miércoles pasado, durante su comparecencia ante diputados locales, el director de la CAPAMA ofreció que el pasado viernes entregaría a los diputados el informe de facturación y los reportes de ingresos y gastos de la paramunicipal.
En declaraciones a reporteros antes de la audiencia pública que se llevó a cabo en el parque de la colonia Icacos, Chona Gutiérrez explicó que el retraso se debe a que esperaban que la Auditoria General del Estado no pusiera inconveniente y como no lo hubo, “estamos en condiciones de poderlo entregar sin ningún problema”.
Indicó que la información que le entregará a los diputados será la misma que diio a la Auditoría General del Estado (AGE)
“Estamos preparando la información, yo hice el compromiso de hacerles llegar la información y así lo hare en su momento”.
Aclaró que la información relativa a los pagos a la CFE no se entregará a los diputados porque no hay “diálogo cercano” con la paraestatal, “el compromiso sólo fue entregar información financiera”.
Insistió en que se deben revisar las tarifas que por consumo de energía eléctrica cobra la CFE pues de 11.5 millones de pesos se elevó a 18 millones de pesos y este incremento lo tenemos que revisar.
Sobre las pláticas con la CFE para resolver el adeudo que mantiene la CAPAMA con la paraestatal, Javier Chona indicó que están en proceso de “reiniciar las mesas de trabajo” con la CFE para acordar sobre las tarifas por consumo de energía eléctrica (Daniel Velázquez).